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Tema 9. Políticas de igualdad y contra la violencia de género: régimen jurídico. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El ordenamiento español dispone de un marco normativo propio para las políticas de igualdad y contra la violencia de género, para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, y para la protección de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, materializado en la Ley Orgánica 3/2007, la Ley Orgánica 1/2004, la Ley 4/2023 y el Real Decreto Legislativo 1/2013, entre otras normas.

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La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural (art. 1). Define los conceptos de discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y establece la obligación de las Administraciones públicas de integrar el principio de igualdad de trato en el conjunto de sus políticas (transversalidad o mainstreaming de género), así como la exigencia de planes de igualdad en las empresas y Administraciones de determinado tamaño.

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1). Establece medidas de sensibilización, prevención y detección; derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales y de Seguridad Social, derechos económicos); tutela institucional (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer); y tutela penal y judicial (Juzgados de Violencia sobre la Mujer).

Igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, junto con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (que incorpora el contenido de las Directivas europeas de igualdad de trato), configuran el marco de protección frente a la discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Se reconocen medidas de protección en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de acceso a bienes y servicios, la rectificación registral del sexo y del nombre sin necesidad de informe médico ni tratamiento hormonal previo, y la creación, por la Ley 15/2022, de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como órgano de tutela (su puesta en funcionamiento efectiva debe contrastarse).

Discapacidad y dependencia: régimen jurídico

El Real Decreto Legislativo 1/2013, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, integra en un único texto la normativa sobre no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definiéndolas como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que reconoce prestaciones y servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, atención residencial, prestaciones económicas) a las personas valoradas en alguno de los tres grados de dependencia legalmente establecidos.

El principio de igualdad en la Constitución (arts. 14 y 9.2 CE)

El art. 14 CE proclama la igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión u otra condición, como derecho fundamental con recurso de amparo. El art. 9.2 CE impone a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo obstáculos: es el fundamento constitucional de las acciones positivas.

Discriminación directa e indirecta, acoso y consecuencias jurídicas (arts. 6 a 10 LO 3/2007)

El art. 3 LO 3/2007 formula el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El art. 6 define la discriminación directa (situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo) e indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que sitúan a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro, salvo justificación objetiva y razonable); toda orden de discriminar es también discriminación. El art. 7 define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo; el art. 8 declara discriminatorio todo trato desfavorable a las mujeres por embarazo o maternidad; el art. 9 protege frente a represalias (indemnidad). Conforme al art. 10, los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones.

El principio de transversalidad de género (art. 15 LO 3/2007)

Mainstreaming de género: el principio de igualdad debe integrarse de forma activa en la adopción y ejecución de disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos, y en el desarrollo de toda la actividad de los poderes públicos, no como política sectorial aislada. Exige informe de impacto de género en proyectos normativos y planes de especial relevancia.

Las acciones positivas (art. 11 LO 3/2007)

Los poderes públicos pueden adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho, aplicables mientras subsistan, razonables y proporcionadas al objetivo perseguido. Se diferencian de la discriminación prohibida en que compensan una desigualdad estructural verificable, con exigencia de temporalidad.

Los Planes de Igualdad en la Administración General del Estado (art. 64 LO 3/2007)

El Gobierno debe aprobar periódicamente un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE, con objetivos y estrategias en acceso al empleo público, clasificación profesional, formación, promoción, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para la conciliación, y prevención del acoso sexual y por razón de sexo, negociado con la representación de los empleados públicos.

La composición equilibrada en los nombramientos (art. 16 y disp. adicional 1ª LO 3/2007)

Los poderes públicos deben procurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad, entendiendo por composición equilibrada que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40%. Se proyecta sobre órganos de selección y tribunales de oposiciones.

La tutela judicial contra la discriminación y la inversión de la carga de la prueba (arts. 12-13 LO 3/2007)

Reconoce tutela judicial efectiva frente a la discriminación por razón de sexo, con medidas cautelares y resarcimiento del daño. En procedimientos fundados en actuaciones discriminatorias, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación, una vez que la demandante aporta indicios razonables (no aplicable en procesos penales).

Objeto de la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género

Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados por relación de afectividad análoga, aun sin convivencia. Combina medidas de sensibilización, educativas, de tutela institucional y de tutela penal y judicial.

Concepto legal de violencia de género

Comprende la violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, ejercidas sobre la mujer por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o por quienes estén o hayan estado ligados a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1.3). La legislación posterior ha reconocido a los menores que viven en entornos de violencia de género la condición de víctimas directas, y se ha impulsado una regulación específica de la violencia vicaria (la ejercida sobre hijas e hijos para causar daño a la madre); el estado de esa reforma debe contrastarse con el BOE. Debe distinguirse de la violencia doméstica (art. 173.2 del Código Penal, ámbito familiar) y de la violencia sexual, regulada por la LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual.

Derechos de las víctimas: información y asistencia social integral (arts. 18-19 LO 1/2004)

Derecho a recibir información y asesoramiento adaptado a su situación personal sobre medidas de protección y ayudas. Derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral, organizados por CCAA y Entidades Locales en coordinación con cuerpos de seguridad, juzgados y servicios sanitarios.

Derechos laborales y de Seguridad Social de las víctimas (arts. 21-22 LO 1/2004)

Reducción o reordenación de jornada, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo y suspensión de la relación laboral con reserva del puesto. Derecho a la extinción del contrato con derecho a prestación por desempleo cuando la víctima se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo.

Los órganos judiciales de violencia sobre la mujer

Órganos judiciales especializados con competencia, en el orden penal, para la instrucción de los delitos de violencia de género y, en conexión, para determinadas causas civiles (familia, filiación, custodia, alimentos) cuando concurran los requisitos legales (arts. 43 y ss. LO 1/2004 y art. 87 ter LOPJ), con atribuciones que se han ido ampliando a otras formas de violencia contra la mujer. Creados como Juzgados de Violencia sobre la Mujer por la LO 1/2004, la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los integra como Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, conforme a su calendario escalonado de implantación (verificar la fecha de aplicación en cada partido judicial). Existe también la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer, con un Fiscal de Sala coordinador.

La orden de protección a las víctimas (art. 544 ter LECrim)

Resolución judicial que integra medidas cautelares penales (alejamiento, prohibición de comunicación o acercamiento) y civiles (uso de la vivienda, custodia, alimentos), activando además el estatuto integral de protección de la víctima. Puede solicitarla la víctima, el Ministerio Fiscal o personas de su entorno, exigiendo indicios fundados del delito y situación objetiva de riesgo.

El Sistema VioGén

Herramienta informática de valoración policial del riesgo, implantada en 2007, que mediante un cuestionario de factores (antecedentes, armas, consumo de sustancias, separación reciente) determina el nivel de riesgo de la víctima (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo) y las medidas de protección policial a activar, permitiendo el seguimiento coordinado del caso entre los cuerpos policiales intervinientes.

El art. 49 CE y el modelo social de la discapacidad

El art. 49 CE fue reformado en febrero de 2024 (reforma constitucional publicada en el BOE el 17 de febrero) para sustituir el término «disminuidos» y adoptar el modelo social. Su redacción vigente dispone que las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, que la ley regulará la protección especial necesaria, que los poderes públicos impulsarán políticas que garanticen su plena autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles, que fomentarán la participación de sus organizaciones representativas y que se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Responde al compromiso de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva York, 2006, ratificada por España y en vigor desde 2008, y por tanto parte del ordenamiento interno conforme al art. 96.1 CE), que supuso el tránsito del modelo médico-asistencial a un modelo social y de derechos humanos, centrado en la autonomía y la eliminación de barreras.

Objeto de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

Regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, mediante el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), configurando por primera vez un auténtico derecho subjetivo, no una mera prestación graciable.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)

Conjunto coordinado de servicios y prestaciones en el que participan AGE, CCAA y Entidades Locales, correspondiendo a las CCAA la gestión efectiva dentro del marco de mínimos comunes estatal. Catálogo: prevención de la dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, atención residencial, y prestaciones económicas vinculadas o para cuidados en el entorno familiar.

Los grados de dependencia

Grado I (moderada): ayuda para varias actividades básicas al menos una vez al día. Grado II (severa): ayuda dos o tres veces al día, sin apoyo permanente. Grado III (gran dependencia): ayuda varias veces al día con pérdida total de autonomía y apoyo indispensable y continuo de otra persona. El RD-ley 20/2012 suprimió la distinción de niveles dentro de cada grado.

Objeto de la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI

Establece los derechos y garantías para la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantiza los derechos de las personas LGTBI, eliminando toda discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales, en el ámbito público y privado, con medidas en los ámbitos sanitario, educativo, laboral y publicitario, y prohibición de las «terapias de conversión».

El principio de autodeterminación de género (Ley 4/2023)

Despatologiza la transexualidad. Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años puede solicitar por sí misma la rectificación registral de la mención del sexo mediante declaración ante el Registro Civil, sin informe médico ni tratamiento previo, con una posterior ratificación tras un plazo de reflexión. Entre los 14 y los 16 años, la solicitud se formula asistida por los representantes legales; entre los 12 y los 14 años, se requiere autorización judicial. La Ley 4/2023 derogó la Ley 3/2007, que exigía diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento médico. El régimen de menores de 12 años y las particularidades del cambio de nombre deben contrastarse con el texto vigente.

Medidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género

Catálogo de medidas de prevención, protección y reparación: sensibilización y formación (especialmente en ámbito educativo, sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), protección frente a delitos de odio LGTBIfobos (conectados con la agravante del art. 22.4 CP y el delito de odio del art. 510 CP), y régimen sancionador administrativo propio para conductas discriminatorias sin relevancia penal.

Distinción entre igualdad de género, violencia de género, discapacidad/dependencia y LGTBI como políticas transversales diferenciadas

Aunque comparten fundamento en los arts. 14 y 9.2 CE, cada ámbito cuenta con ley propia y especializada: LO 3/2007 (igualdad de trato general), LO 1/2004 (violencia de género en el ámbito de pareja o expareja), Ley 39/2006 (dependencia) y Ley 4/2023 (LGTBI y personas trans), sin perjuicio de su tratamiento coordinado en las políticas públicas transversales de cada Administración.

Estructura de la LO 3/2007 y órganos de impulso

La LO 3/2007, de 22 de marzo, se estructura en un Título Preliminar (objeto y ámbito, art. 1-2), Título I (el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, arts. 3-13), Título II (políticas públicas para la igualdad, desde el art. 14: criterios de actuación, Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, informes de impacto de género, ámbitos educativo, cultural, salud, sociedad de la información, desarrollo rural), Título III (igualdad y medios de comunicación), Título IV (derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, arts. 42-50), Título V (principio de igualdad en el empleo público, desde el art. 51) y los Títulos dedicados a la igualdad en la responsabilidad social de las empresas y a la organización institucional. Los órganos de impulso son el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres (organismo autónomo), el Consejo de Participación de la Mujer y las Unidades de Igualdad de los Ministerios.

La igualdad en el empleo público (Título V LO 3/2007)

Las Administraciones públicas deben remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación para garantizar la igualdad de trato y oportunidades (art. 51): facilitar la conciliación, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración (art. 53), garantizar la presencia equilibrada en los órganos directivos (art. 54), establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo (art. 62: protocolo de actuación en la AGE) y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad. El art. 64 impone al Gobierno aprobar al inicio de cada legislatura un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE y en sus organismos públicos, cuyo contenido debe ser objeto de negociación colectiva. Se vinculan a estas previsiones los permisos de nacimiento y cuidado del menor, equiparados para ambos progenitores (19 semanas cada uno tras el Real Decreto-ley 9/2025, y 32 en los supuestos de monoparentalidad, con seis de ellas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto), y las medidas de conciliación del TREBEP.

Planes de igualdad y registro retributivo en las empresas

Las empresas de 50 o más personas trabajadoras están obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad, negociado con la representación legal de los trabajadores (art. 45 LO 3/2007, en la redacción del Real Decreto-ley 6/2019). Los planes y su registro se desarrollan por el Real Decreto 901/2020 y la igualdad retributiva (registro salarial, auditoría retributiva y valoración de puestos) por el Real Decreto 902/2020. La Directiva (UE) 2023/970, sobre transparencia retributiva, obliga a los Estados a adaptar su normativa (el plazo de transposición vence en 2026; verificar el estado de la norma española).

La representación paritaria: LO 2/2024

La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, refuerza la presencia equilibrada en órganos de decisión públicos y privados (Gobierno y Administración General del Estado, órganos constitucionales, sociedades cotizadas y empresas de determinado tamaño, entre otros), con el umbral del 40-60% de cada sexo que ya recogía la disposición adicional primera de la LO 3/2007, y con criterios para los procesos de selección y nombramiento.

Estructura y garantías de la LO 1/2004

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, se articula en un Título Preliminar (art. 1, objeto), Título I (medidas de sensibilización, prevención y detección, arts. 3-16: ámbitos educativo, publicitario y de los medios, sanitario), Título II (derechos de las mujeres víctimas, arts. 17-28), Título III (tutela institucional, arts. 29-32), Título IV (tutela penal, arts. 33-42) y Título V (tutela judicial, arts. 43-72). Los derechos de las víctimas (art. 17) se garantizan con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición, e incluyen información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada (art. 20), derechos laborales y de Seguridad Social, ayudas económicas (art. 27, para víctimas con especiales dificultades) y derechos de las funcionarias públicas (arts. 24-25).

Tutela institucional: Delegación del Gobierno y Observatorio

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29), adscrita al Ministerio de Igualdad, formula las políticas públicas en la materia y coordina e impulsa las actuaciones. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30) es un órgano colegiado de asesoramiento, evaluación y colaboración institucional. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con unidades especializadas (art. 31) y el servicio telefónico 016 ofrece información y asesoramiento jurídico, gratuito y confidencial, las 24 horas. La Conferencia Sectorial de Igualdad coordina con las Comunidades Autónomas. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, y la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 marcan las líneas de actuación; el Real Decreto-ley 9/2018 reforzó las competencias de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y amplió los medios de acreditación de la condición de víctima (servicios sociales, sanitarios, sentencia, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal).

La acreditación de la condición de víctima (art. 23 LO 1/2004)

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en el Título II se acreditan mediante sentencia condenatoria, resolución judicial que otorgue una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima. Tras el RDL 9/2018 pueden además acreditarla informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de las Administraciones públicas competentes, y otros títulos que se determinen reglamentariamente.

La orden de protección y las medidas de alejamiento

La orden de protección (art. 544 ter LECrim) se dicta por el Juez de Instrucción (hoy, de la Sección competente) cuando existan indicios fundados de delito contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de una persona de las contempladas en el art. 173.2 del Código Penal y resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima. Se resuelve en audiencia urgente, en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. Puede conllevar medidas penales (prohibición de aproximación y comunicación, privación del derecho a residir en determinados lugares, retirada de armas) y civiles (atribución del uso de la vivienda, régimen de guarda y visitas, alimentos). El control del cumplimiento de la medida puede efectuarse mediante dispositivos telemáticos de control de alejamiento, y el servicio ATENPRO ofrece atención telefónica móvil a las víctimas.

Derechos de las víctimas en el ámbito laboral y de Seguridad Social (detalle)

Las trabajadoras víctimas tienen derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto (inicialmente hasta seis meses, ampliable por el juez) y a la extinción del contrato; las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación de violencia no se consideran faltas injustificadas. Se considera en situación legal de desempleo a la trabajadora que extingue su contrato por esa causa. La suspensión y la extinción se consideran situaciones asimiladas al alta y se cotiza como período de cotización efectiva a efectos de determinadas prestaciones. Las funcionarias gozan de derechos equivalentes (reducción o reordenación de jornada, movilidad, excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios, con reserva del puesto durante un período inicial).

La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

Reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y a no ser discriminada por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética a sufrir patologías, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 2). Contempla la discriminación directa e indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple e interseccional, el acoso discriminatorio, las represalias y la inducción, orden o instrucción de discriminar; prevé la inversión de la carga de la prueba, la nulidad de los actos discriminatorios, la legitimación de entidades representativas y un régimen sancionador, y crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

Ley 4/2023: estructura y principales medidas

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, comprende medidas de políticas públicas para la promoción de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI (Estrategia estatal, formación del personal público, participación social), medidas en los ámbitos laboral (planes con medidas para la igualdad de trato en empresas de más de 50 trabajadores, protocolos contra el acoso), sanitario (atención integral sin patologización), educativo, de la cultura, el ocio y el deporte, de la comunicación y de la publicidad; garantías en materia de familia y filiación (reconocimiento de la filiación de hijas e hijos de parejas de mujeres), prohibición de las terapias de conversión, protección de personas LGTBI refugiadas y de las personas intersexuales (prohibición de cirugías de modificación genital en menores salvo supuestos de riesgo para la salud), y un régimen de infracciones y sanciones. Se vincula con la Ley 13/2005, que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Régimen jurídico de la discapacidad: definición, derechos y empleo (RDL 1/2013)

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDL 1/2013, de 29 de noviembre) refundió la Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003 (LIONDAU) y la Ley 49/2007 (infracciones y sanciones). A efectos de la ley, tienen la consideración de personas con discapacidad quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás, y, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, aquellas a quienes se haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento (art. 4). Sus principios (art. 3) incluyen el respeto a la dignidad, la vida independiente, la no discriminación, la accesibilidad universal, el diseño universal o diseño para todas las personas, la normalización y el diálogo civil. Impone a las empresas con 50 o más trabajadores la reserva del 2% de los puestos para personas con discapacidad (art. 42) y exige en el empleo público una reserva de plazas en las ofertas de empleo; la reserva general vigente en el acceso al empleo público debe contrastarse con el TREBEP.

Normas complementarias en materia de discapacidad

La Ley 8/2021, de 2 de junio, reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, suprimiendo la incapacitación y la patria potestad prorrogada y sustituyendo la tutela por un sistema de apoyos (curatela, guarda de hecho, defensor judicial), de acuerdo con el art. 12 de la Convención. La Ley 27/2007 reconoce las lenguas de signos españolas. La Ley 6/2022, de 31 de marzo, modifica el TRLGD para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. El Real Decreto 888/2022 regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. La Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 recoge las líneas de actuación estatales, y el Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, para la participación del movimiento asociativo (CERMI como plataforma representativa).

Ley 39/2006: estructura de la protección y procedimiento

Los titulares del derecho son los españoles que no perciban prestaciones de otros sistemas de forma incompatible y cumplan requisitos de residencia, y los extranjeros con arreglo a la normativa de extranjería. Las prestaciones del SAAD son servicios (art. 15: prevención y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, atención residencial) y prestaciones económicas (arts. 17-19: vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, de carácter excepcional, y de asistencia personal). Los servicios tienen carácter prioritario. El grado se determina mediante el baremo de valoración de la dependencia (Real Decreto 174/2011). El Consejo Territorial del SAAD (art. 8) es el órgano de cooperación entre la AGE y las Comunidades Autónomas, que acuerda criterios de intensidad de protección, condiciones y cuantías de prestaciones y el marco de cooperación interadministrativa. La persona beneficiaria recibe un Programa Individual de Atención (PIA) elaborado por los servicios sociales autonómicos con su participación.

La Constitución y el reparto de competencias en estas políticas

La igualdad y la no discriminación (art. 14 CE, art. 9.2) vinculan a todos los poderes públicos. El Estado tiene competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales (art. 149.1.1ª CE), y para la legislación laboral y la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (149.1.7ª y 17ª). Las Comunidades Autónomas han asumido la competencia exclusiva en asistencia social y servicios sociales (art. 148.1.20ª CE y Estatutos), por lo que gestionan el SAAD, y cuentan con leyes y organismos autonómicos de igualdad, violencia de género y diversidad. El principio de igualdad entre mujeres y hombres tiene además base en el art. 14 y en el art. 9.2 CE, y en el Derecho de la Unión (art. 157 TFUE, igualdad de retribución).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LO 3/2007 impone la transversalidad de género (mainstreaming) en toda la actuación de las Administraciones públicas y regula los planes de igualdad.
  • La LO 1/2004 protege frente a la violencia ejercida por cónyuges o parejas (actuales o pasadas), aun sin convivencia, con tutela integral: sensibilización, asistencia, derechos laborales/económicos y tutela penal-judicial (Juzgados de Violencia sobre la Mujer).
  • La Ley 4/2023 permite la rectificación registral del nombre y sexo sin informe médico ni tratamiento hormonal previo.
  • La Ley 39/2006 (SAAD) reconoce tres grados de dependencia, con prestaciones de servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, residencial) y económicas.
  • El art. 14 CE (igualdad, derecho fundamental con amparo) se complementa con el art. 9.2 CE (mandato de igualdad real y efectiva mediante remoción de obstáculos), fundamento de las acciones positivas.
  • Discriminación directa (trato menos favorable comparado) frente a indirecta (criterio aparentemente neutro que perjudica a un sexo, salvo justificación objetiva); los actos discriminatorios son nulos de pleno derecho.
  • El principio de transversalidad de género (mainstreaming, art. 15 LO 3/2007) exige integrar la igualdad en toda política pública, con informe de impacto de género en normas y planes relevantes.
  • Las acciones positivas (art. 11 LO 3/2007) corrigen desigualdades de hecho verificables, con exigencia de temporalidad y proporcionalidad, distintas de la discriminación prohibida.
  • La composición equilibrada en nombramientos exige que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40%, proyectándose sobre tribunales de oposiciones.
  • En procedimientos por discriminación se invierte la carga de la prueba: corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación una vez aportados indicios razonables (no en procesos penales).
  • El concepto legal de violencia de género (art. 1.3 LO 1/2004) abarca la violencia física y psicológica, la libertad sexual, las amenazas, coacciones y privación de libertad, ejercida por cónyuges o parejas actuales o pasadas, aun sin convivencia; los menores expuestos son víctimas directas.
  • Las víctimas de violencia de género tienen derecho a reducción/reordenación de jornada, movilidad geográfica y extinción del contrato con derecho a prestación por desempleo.
  • La LO 1/2025 (eficiencia del Servicio Público de Justicia) integra los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia como Secciones especializadas, según su calendario escalonado de implantación, manteniendo sus competencias penales y civiles conexas.
  • La orden de protección (art. 544 ter LECrim) integra medidas cautelares penales (alejamiento) y civiles (uso de vivienda, custodia), exigiendo indicios del delito y riesgo objetivo.
  • El Sistema VioGén valora policialmente el riesgo de la víctima (no apreciado a extremo) mediante un cuestionario de factores, activando las medidas de protección correspondientes.
  • El art. 49 CE, reformado en febrero de 2024, habla de «personas con discapacidad», de autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles y de participación de sus organizaciones; la Convención ONU de 2006 consagra el modelo social frente al antiguo médico-asistencial.
  • El SAAD reconoce un auténtico derecho subjetivo (no graciable) a la promoción de la autonomía personal, con Grado I (moderada), Grado II (severa) y Grado III (gran dependencia).
  • La Ley 4/2023 despatologiza la transexualidad: rectificación registral por manifestación de voluntad desde los 16 años; 14-16 años con asistencia de representantes; 12-14 años con autorización judicial.
  • Definiciones de la LO 3/2007: discriminación directa e indirecta en el art. 6 (no en el art. 3, que formula el principio de igualdad de trato); acoso sexual y por razón de sexo, art. 7; nulidad de actos discriminatorios, art. 10; acciones positivas, art. 11; transversalidad, art. 15; composición equilibrada, 40-60% (DA 1ª); Plan para la Igualdad en la AGE, art. 64.
  • Planes de igualdad: obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras (desde el RDL 6/2019); registro y contenido en el RD 901/2020; igualdad retributiva en el RD 902/2020.
  • Permisos de nacimiento y cuidado del menor: 19 semanas para cada progenitor tras el RDL 9/2025, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias inmediatamente posteriores al parto.
  • La orden de protección (art. 544 ter LECrim) se resuelve en un máximo de 72 horas desde su solicitud; no confundir con la orden europea de protección ni con las penas de alejamiento (art. 48 CP).
  • Acreditación de la condición de víctima (art. 23 LO 1/2004): sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución cautelar, o informe del Ministerio Fiscal; el RDL 9/2018 añadió informes de servicios sociales y sanitarios.
  • Estructura de la LO 1/2004: sensibilización (T. I), derechos de las víctimas (T. II, arts. 17-28), tutela institucional (T. III, arts. 29-32), tutela penal (T. IV) y tutela judicial (T. V).
  • La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer son los órganos de tutela institucional de la LO 1/2004; el 016 es el servicio telefónico de información y asesoramiento.
  • Discapacidad (art. 4 RDL 1/2013): se presume la condición de persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento; las empresas con 50 o más trabajadores reservan el 2% de sus puestos.
  • Ley 8/2021: desaparece la incapacitación judicial; las personas con discapacidad actúan con apoyos (curatela, guarda de hecho, defensor judicial), con arreglo al art. 12 de la Convención ONU.
  • Ley 15/2022: crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y establece la inversión de la carga de la prueba; no confundir con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que ya existía.
  • Ley 4/2023: sustituye a la Ley 3/2007 de rectificación registral del sexo; la autodeterminación a partir de los 16 años no exige diagnóstico médico ni tratamiento; tramos 14-16 (asistencia) y 12-14 (autorización judicial).
  • SAAD: la AGE, las CCAA y las EELL colaboran; el Consejo Territorial del SAAD (art. 8 Ley 39/2006) es el órgano de cooperación; los servicios son prioritarios sobre las prestaciones económicas, que son excepcionales (cuidados en el entorno familiar).
  • Competencias: el Estado fija las condiciones básicas de igualdad (149.1.1ª CE) y la legislación laboral y de Seguridad Social; las CCAA ejercen en exclusiva la asistencia social y servicios sociales, y por ello gestionan la dependencia.
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Pregunta 1 de 150 aciertos

¿Qué proporción máxima y mínima identifica la «composición equilibrada» de mujeres y hombres según la disposición adicional primera de la LO 3/2007?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Gestión AGE?

El ordenamiento español dispone de un marco normativo propio para las políticas de igualdad y contra la violencia de género, para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, y para la protección de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, materializado en la Ley Orgánica 3/2007, la Ley Orgánica 1/2004, la Ley 4/2023 y el Real Decreto Legislativo 1/2013, entre otras normas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

La LO 3/2007 impone la transversalidad de género (mainstreaming) en toda la actuación de las Administraciones públicas y regula los planes de igualdad. La LO 1/2004 protege frente a la violencia ejercida por cónyuges o parejas (actuales o pasadas), aun sin convivencia, con tutela integral: sensibilización, asistencia, derechos laborales/económicos y tutela penal-judicial (Juzgados de Violencia sobre la Mujer). La Ley 4/2023 permite la rectificación registral del nombre y sexo sin informe médico ni tratamiento hormonal previo. La Ley 39/2006 (SAAD) reconoce tres grados de dependencia, con prestaciones de servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, residencial) y económicas. El art. 14 CE (igualdad, derecho fundamental con amparo) se complementa con el art. 9.2 CE (mandato de igualdad real y efectiva mediante remoción de obstáculos), fundamento de las acciones positivas. Discriminación directa (trato menos favorable comparado) frente a indirecta (criterio aparentemente neutro que perjudica a un sexo, salvo justificación objetiva); los actos discriminatorios son nulos de pleno derecho. El principio de transversalidad de género (mainstreaming, art. 15 LO 3/2007) exige integrar la igualdad en toda política pública, con informe de impacto de género en normas y planes relevantes. Las acciones positivas (art. 11 LO 3/2007) corrigen desigualdades de hecho verificables, con exigencia de temporalidad y proporcionalidad, distintas de la discriminación prohibida. La composición equilibrada en nombramientos exige que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40%, proyectándose sobre tribunales de oposiciones. En procedimientos por discriminación se invierte la carga de la prueba: corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación una vez aportados indicios razonables (no en procesos penales). El concepto legal de violencia de género (art. 1.3 LO 1/2004) abarca la violencia física y psicológica, la libertad sexual, las amenazas, coacciones y privación de libertad, ejercida por cónyuges o parejas actuales o pasadas, aun sin convivencia; los menores expuestos son víctimas directas. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a reducción/reordenación de jornada, movilidad geográfica y extinción del contrato con derecho a prestación por desempleo. La LO 1/2025 (eficiencia del Servicio Público de Justicia) integra los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia como Secciones especializadas, según su calendario escalonado de implantación, manteniendo sus competencias penales y civiles conexas. La orden de protección (art. 544 ter LECrim) integra medidas cautelares penales (alejamiento) y civiles (uso de vivienda, custodia), exigiendo indicios del delito y riesgo objetivo. El Sistema VioGén valora policialmente el riesgo de la víctima (no apreciado a extremo) mediante un cuestionario de factores, activando las medidas de protección correspondientes. El art. 49 CE, reformado en febrero de 2024, habla de «personas con discapacidad», de autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles y de participación de sus organizaciones; la Convención ONU de 2006 consagra el modelo social frente al antiguo médico-asistencial. El SAAD reconoce un auténtico derecho subjetivo (no graciable) a la promoción de la autonomía personal, con Grado I (moderada), Grado II (severa) y Grado III (gran dependencia). La Ley 4/2023 despatologiza la transexualidad: rectificación registral por manifestación de voluntad desde los 16 años; 14-16 años con asistencia de representantes; 12-14 años con autorización judicial. Definiciones de la LO 3/2007: discriminación directa e indirecta en el art. 6 (no en el art. 3, que formula el principio de igualdad de trato); acoso sexual y por razón de sexo, art. 7; nulidad de actos discriminatorios, art. 10; acciones positivas, art. 11; transversalidad, art. 15; composición equilibrada, 40-60% (DA 1ª); Plan para la Igualdad en la AGE, art. 64. Planes de igualdad: obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras (desde el RDL 6/2019); registro y contenido en el RD 901/2020; igualdad retributiva en el RD 902/2020. Permisos de nacimiento y cuidado del menor: 19 semanas para cada progenitor tras el RDL 9/2025, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias inmediatamente posteriores al parto. La orden de protección (art. 544 ter LECrim) se resuelve en un máximo de 72 horas desde su solicitud; no confundir con la orden europea de protección ni con las penas de alejamiento (art. 48 CP). Acreditación de la condición de víctima (art. 23 LO 1/2004): sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución cautelar, o informe del Ministerio Fiscal; el RDL 9/2018 añadió informes de servicios sociales y sanitarios. Estructura de la LO 1/2004: sensibilización (T. I), derechos de las víctimas (T. II, arts. 17-28), tutela institucional (T. III, arts. 29-32), tutela penal (T. IV) y tutela judicial (T. V). La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer son los órganos de tutela institucional de la LO 1/2004; el 016 es el servicio telefónico de información y asesoramiento. Discapacidad (art. 4 RDL 1/2013): se presume la condición de persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento; las empresas con 50 o más trabajadores reservan el 2% de sus puestos. Ley 8/2021: desaparece la incapacitación judicial; las personas con discapacidad actúan con apoyos (curatela, guarda de hecho, defensor judicial), con arreglo al art. 12 de la Convención ONU. Ley 15/2022: crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y establece la inversión de la carga de la prueba; no confundir con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que ya existía. Ley 4/2023: sustituye a la Ley 3/2007 de rectificación registral del sexo; la autodeterminación a partir de los 16 años no exige diagnóstico médico ni tratamiento; tramos 14-16 (asistencia) y 12-14 (autorización judicial). SAAD: la AGE, las CCAA y las EELL colaboran; el Consejo Territorial del SAAD (art. 8 Ley 39/2006) es el órgano de cooperación; los servicios son prioritarios sobre las prestaciones económicas, que son excepcionales (cuidados en el entorno familiar). Competencias: el Estado fija las condiciones básicas de igualdad (149.1.1ª CE) y la legislación laboral y de Seguridad Social; las CCAA ejercen en exclusiva la asistencia social y servicios sociales, y por ello gestionan la dependencia.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 15 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9.2, 14, 49, 96.1 y 149.1.1ª.
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115).
  • Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760).
  • Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE-A-2022-11589).
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (BOE-A-2023-5366).
  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE-A-2013-12632).
  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE-A-2006-21990).
  • Real Decreto 901/2020 y Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre (planes de igualdad e igualdad retributiva).
  • Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

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