Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
El acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad se garantizan mediante una reserva de, al menos, el 7% de las vacantes de cada oferta de empleo público (art. 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015), de las que al menos un 2% se reserva a personas con discapacidad intelectual; mediante adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos; y mediante la adaptación de los puestos de trabajo. En la Administración General del Estado el régimen específico lo contiene el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Todo ello desarrolla los arts. 9.2 y 49 de la Constitución y el Real Decreto Legislativo 1/2013 (Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).
Fundamento constitucional: arts. 9.2 y 49 CE tras la reforma de 2024
El art. 9.2 CE obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y a remover los obstáculos que las impidan. El art. 49 CE fue reformado por la reforma constitucional de 15 de febrero de 2024 (BOE de 17 de febrero de 2024), que sustituyó el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y adoptó el modelo social de derechos. Según el nuevo texto, las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y se regulará por ley la protección especial necesaria para ese ejercicio. Los poderes públicos impulsarán políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles, fomentarán la participación de sus organizaciones representativas y atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. La redacción anterior, que hablaba de «previsión, tratamiento, rehabilitación e integración» de los disminuidos, ha quedado superada.
La Convención de la ONU de 2006 y el modelo social de la discapacidad
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en 2007 (en vigor desde mayo de 2008), supuso el tránsito del modelo médico-asistencial al modelo social y de derechos, centrado en la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras. Forma parte del ordenamiento interno conforme al art. 96 CE y sirve de criterio de interpretación de los derechos fundamentales (art. 10.2 CE). Su art. 27 reconoce el derecho al trabajo en igualdad de condiciones y exige a los Estados promover el empleo en el sector público y realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo.
El Real Decreto Legislativo 1/2013: texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, refunde la Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003 (LIONDAU) y la Ley 49/2007 (infracciones y sanciones). Su art. 4 define a las personas con discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Tienen la consideración legal de personas con discapacidad quienes tengan reconocido un grado igual o superior al 33%. Se considera acreditado ese grado, sin necesidad de nueva valoración, en los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en los pensionistas de Clases Pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Principios del texto: vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal o diseño para todas las personas, normalización, diálogo civil, transversalidad e igualdad de oportunidades.
El reconocimiento del grado de discapacidad y el certificado
La condición legal de persona con discapacidad se acredita mediante certificado emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o, en Ceuta y Melilla, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). El procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y el baremo se rigen por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, que sustituyó al anterior Real Decreto 1971/1999. En los procesos selectivos, el certificado ha de presentarse en el plazo y forma que indique la convocatoria; lo habitual es acreditar el grado al presentar la solicitud y, en la fase final, la compatibilidad con el desempeño de las funciones.
Acceso al empleo público: la reserva del art. 59.1 TREBEP
El art. 59.1 TREBEP dispone que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el art. 4.2 del RDL 1/2013 (grado igual o superior al 33%), siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de cada Administración Pública. La reserva se efectuará de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto del cupo para quienes acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Hay que distinguir dos cifras que no deben confundirse: el 7% (porcentaje de vacantes de cada oferta) y el 2% (objetivo de efectivos totales de la plantilla; y, por otro lado, mínimo de las plazas ofertadas para discapacidad intelectual).
El Real Decreto 2271/2004: régimen en la Administración General del Estado
El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, tanto para personal funcionario como laboral. Establece, entre otros extremos, la reserva en las ofertas de empleo, la acreditación de la discapacidad y de la compatibilidad con el desempeño de las funciones, las adaptaciones de tiempos y medios en las pruebas, el régimen de las plazas reservadas que quedan sin cubrir y las medidas de adaptación del puesto una vez ingresado el empleado. Es la norma específica a la que remiten las convocatorias de los cuerpos generales de la AGE, como el Cuerpo de Gestión. Sus preceptos deben leerse conjuntamente con el art. 59 TREBEP, que prevalece como norma básica en cuanto al porcentaje de reserva.
El turno de reserva como turno independiente y las plazas sin cubrir
El turno de reserva para personas con discapacidad es un turno de acceso diferenciado del acceso libre general y de la promoción interna. Quienes concurren por este turno realizan pruebas de idéntico contenido y nivel de exigencia que el resto de aspirantes, con las adaptaciones de tiempo y medios que procedan, y se les aplica el mismo baremo. Las convocatorias prevén que los aspirantes del turno de reserva que superen alguno de los ejercicios pero no obtengan plaza en dicho turno, y alcancen una puntuación superior a la del último aspirante del turno general que obtiene plaza, sean incluidos en el turno general por orden de puntuación. Las plazas reservadas que queden sin cubrir por falta de aspirantes que superen el proceso se acumulan a las del turno de acceso libre.
Adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo
El art. 59.2 TREBEP exige a cada Administración adoptar las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. Las adaptaciones de tiempo se ajustan a los criterios de la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Las adaptaciones de medios incluyen formatos alternativos, ayudas técnicas, intérpretes de lengua de signos, bucles de inducción magnética o aulas accesibles. Han de ser proporcionadas a la discapacidad de cada aspirante, solicitarse al presentar la instancia y acompañarse, cuando lo exija la convocatoria, del dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad. No pueden suponer una minoración del nivel de exigencia para acreditar la capacidad.
Concepto de ajuste razonable y accesibilidad universal
Se entiende por ajustes razonables las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que supongan una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás (RDL 1/2013, a partir de la Convención de 2006). La negativa a realizar ajustes razonables constituye una forma de discriminación. La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad. La Ley 6/2022, de 31 de marzo, incorporó al RDL 1/2013 la accesibilidad cognitiva como componente de la accesibilidad universal.
Provisión de puestos de trabajo y adaptación del puesto
La política de empleo público no termina en el ingreso: el art. 59.2 TREBEP y el Real Decreto 2271/2004 exigen adaptar el puesto de trabajo a las necesidades del empleado con discapacidad (mobiliario, medios técnicos, accesibilidad física, señalización, formación y software accesible) y garantizar la accesibilidad del entorno laboral, obligación conectada con la prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, protección de los trabajadores especialmente sensibles). En los procedimientos de provisión por concurso o libre designación pueden solicitarse adaptaciones y la Administración puede recabar informe de los órganos competentes sobre la compatibilidad de las funciones del puesto. La adaptación no puede suponer la exención de las funciones esenciales del puesto ni condicionar de modo desproporcionado la organización del servicio.
Discapacidad sobrevenida durante la relación de servicio
Cuando la discapacidad aparece después del ingreso, el empleado tiene derecho a las adaptaciones de puesto que resulten razonables y, cuando la limitación no permita desempeñar las funciones, procede la jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo o escala (art. 67.1.c TREBEP), con efectos sobre la condición de funcionario. El reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33% no determina por sí solo la jubilación ni la pérdida del puesto. Los funcionarios con discapacidad pueden además beneficiarse de los permisos y reducciones de jornada que la normativa de función pública establece para el cuidado de personas con discapacidad.
Compatibilidad con la reserva laboral general en el empleo privado
La reserva del art. 59 TREBEP en el empleo público es complementaria de la cuota general del art. 42 del RDL 1/2013: las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2% de su plantilla sean trabajadores con discapacidad. Las empresas pueden cumplir temporalmente mediante medidas alternativas (contratos con centros especiales de empleo o con trabajadores autónomos con discapacidad, donaciones o acciones de patrocinio), reguladas por el Real Decreto 364/2005. Ambos mandatos responden al mismo principio de integración laboral, pero tienen ámbitos distintos: empleo público y empleo privado.
Colaboración con centros especiales de empleo: contratos reservados
La disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, permite reservar el derecho a participar en determinados procedimientos de adjudicación a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. Es una medida complementaria de la política de empleo público, no un sustituto de la reserva de plazas del art. 59 TREBEP.
Igualdad de trato y no discriminación: responsabilidad disciplinaria
El art. 95.2.b TREBEP tipifica como falta disciplinaria muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, refuerza la protección frente a la discriminación por discapacidad en todos los ámbitos, incluido el empleo, y el RDL 1/2013 contiene el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades.
Capacidad jurídica y apoyos: la Ley 8/2021
La Ley 8/2021, de 2 de junio, reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Sustituyó el sistema de incapacitación y tutela por un sistema de apoyos, priorizando la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Es una pieza del cambio de modelo (social y de derechos) que inspira también las políticas de empleo, aunque no regula directamente el acceso al empleo público.
Seguimiento y planificación de la política de empleo público de personas con discapacidad
El objetivo es alcanzar progresivamente el 2% de efectivos con discapacidad en cada Administración. Los boletines estadísticos del personal al servicio de las Administraciones Públicas, elaborados a partir del Registro Central de Personal y registros autonómicos, ofrecen datos sobre el cumplimiento de la reserva. La Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, aprobada por el Consejo de Ministros en 2022, contiene objetivos sobre empleo público e inclusión laboral. Los datos estadísticos concretos de cada año deben consultarse en las publicaciones oficiales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Reserva mínima del 7% de las vacantes de cada oferta de empleo público para personas con discapacidad (art. 59.1 TREBEP), con al menos un 2% de las plazas ofertadas para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otra discapacidad.
No confundir: 7% es la reserva en cada oferta; 2% es el objetivo de efectivos totales de la plantilla; y 2% es también el mínimo de plazas para discapacidad intelectual.
Discapacidad a estos efectos: grado igual o superior al 33% (art. 4.2 RDL 1/2013); se presume en los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en los de Clases Pasivas por incapacidad permanente para el servicio.
El aspirante debe superar el proceso selectivo y acreditar su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
La norma específica de la AGE es el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Coincide con el epígrafe oficial del tema.
Las adaptaciones de tiempo y medios se solicitan al presentar la instancia; se aplican los criterios de la Orden PRE/1822/2006; puede exigirse dictamen técnico facultativo.
La adaptación no puede suponer minoración del nivel de exigencia ni exención de funciones esenciales del puesto.
El turno de reserva es independiente del libre y de la promoción interna; las plazas reservadas sin cubrir se acumulan al turno libre y los aspirantes con mejor nota que los del turno libre pasan a este.
El art. 49 CE fue reformado en febrero de 2024: ya no habla de «disminuidos», sino de personas con discapacidad, en un modelo social de derechos con entornos universalmente accesibles.
El RDL 1/2013 (29 de noviembre) refunde LISMI (Ley 13/1982), LIONDAU (Ley 51/2003) y la Ley 49/2007.
El certificado de discapacidad lo expide la Comunidad Autónoma o, en Ceuta y Melilla, el IMSERSO; el baremo se rige por el RD 888/2022.
Ajuste razonable: modificación necesaria y adecuada que no suponga carga desproporcionada; su denegación es forma de discriminación. La accesibilidad cognitiva se incorporó por la Ley 6/2022.
Cuota privada: art. 42 RDL 1/2013, 2% en empresas de 50 o más trabajadores, con medidas alternativas reguladas en el RD 364/2005.
Discriminación por razón de discapacidad = falta muy grave (art. 95.2.b TREBEP).
Discapacidad sobrevenida: adaptación del puesto o, en su caso, jubilación por incapacidad permanente (art. 67.1.c TREBEP).
Contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social: disposición adicional 4ª de la Ley 9/2017 (LCSP).
Marco internacional: Convención de la ONU de 13 de diciembre de 2006; la Ley 8/2021 sustituyó la incapacitación por un sistema de apoyos.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué sucede con las plazas del turno de reserva para personas con discapacidad que quedan sin cubrir por falta de aspirantes que superen el proceso?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Gestión AGE?
El acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad se garantizan mediante una reserva de, al menos, el 7% de las vacantes de cada oferta de empleo público (art. 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015), de las que al menos un 2% se reserva a personas con discapacidad intelectual; mediante adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos; y mediante la adaptación de los puestos de trabajo. En la Administración General del Estado el régimen específico lo contiene el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Todo ello desarrolla los arts. 9.2 y 49 de la Constitución y el Real Decreto Legislativo 1/2013 (Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
Reserva mínima del 7% de las vacantes de cada oferta de empleo público para personas con discapacidad (art. 59.1 TREBEP), con al menos un 2% de las plazas ofertadas para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otra discapacidad. No confundir: 7% es la reserva en cada oferta; 2% es el objetivo de efectivos totales de la plantilla; y 2% es también el mínimo de plazas para discapacidad intelectual. Discapacidad a estos efectos: grado igual o superior al 33% (art. 4.2 RDL 1/2013); se presume en los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en los de Clases Pasivas por incapacidad permanente para el servicio. El aspirante debe superar el proceso selectivo y acreditar su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. La norma específica de la AGE es el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Coincide con el epígrafe oficial del tema. Las adaptaciones de tiempo y medios se solicitan al presentar la instancia; se aplican los criterios de la Orden PRE/1822/2006; puede exigirse dictamen técnico facultativo. La adaptación no puede suponer minoración del nivel de exigencia ni exención de funciones esenciales del puesto. El turno de reserva es independiente del libre y de la promoción interna; las plazas reservadas sin cubrir se acumulan al turno libre y los aspirantes con mejor nota que los del turno libre pasan a este. El art. 49 CE fue reformado en febrero de 2024: ya no habla de «disminuidos», sino de personas con discapacidad, en un modelo social de derechos con entornos universalmente accesibles. El RDL 1/2013 (29 de noviembre) refunde LISMI (Ley 13/1982), LIONDAU (Ley 51/2003) y la Ley 49/2007. El certificado de discapacidad lo expide la Comunidad Autónoma o, en Ceuta y Melilla, el IMSERSO; el baremo se rige por el RD 888/2022. Ajuste razonable: modificación necesaria y adecuada que no suponga carga desproporcionada; su denegación es forma de discriminación. La accesibilidad cognitiva se incorporó por la Ley 6/2022. Cuota privada: art. 42 RDL 1/2013, 2% en empresas de 50 o más trabajadores, con medidas alternativas reguladas en el RD 364/2005. Discriminación por razón de discapacidad = falta muy grave (art. 95.2.b TREBEP). Discapacidad sobrevenida: adaptación del puesto o, en su caso, jubilación por incapacidad permanente (art. 67.1.c TREBEP). Contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social: disposición adicional 4ª de la Ley 9/2017 (LCSP). Marco internacional: Convención de la ONU de 13 de diciembre de 2006; la Ley 8/2021 sustituyó la incapacitación por un sistema de apoyos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.2 y 49 (redacción de la reforma de 15 de febrero de 2024).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 59, 67 y 95.
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos de personas con discapacidad.
Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2%.
Ley 6/2022, de 31 de marzo (accesibilidad cognitiva); Ley 8/2021, de 2 de junio (apoyo a la capacidad jurídica); Ley 15/2022, de 12 de julio (igualdad de trato).
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, disposición adicional 4ª.
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 13 de diciembre de 2006.
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