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Tema 11. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones, con carácter básico en virtud del art. 149.1.18ª CE. Sus fases esenciales son la iniciación, la ordenación, la instrucción y la terminación. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), es su norma gemela: regula la organización y el funcionamiento del sector público (principios de actuación, órganos administrativos, potestad sancionadora, responsabilidad patrimonial, funcionamiento electrónico, convenios, Administración General del Estado, sector público institucional y relaciones interadministrativas). La obligación de resolver expresamente y el régimen del silencio administrativo constituyen garantías esenciales frente a la inactividad de la Administración.

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Las dos leyes de 2015: reparto de materias

Ambas leyes se aprobaron el 1 de octubre de 2015 y derogaron la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La LPAC se ocupa de las relaciones ad extra: derechos de los ciudadanos, interesados, actos administrativos (requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad), procedimiento común, ejecución, revisión de actos y recursos, e iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. La LRJSP se ocupa de la organización y el funcionamiento ad intra del sector público: sus principios, los órganos administrativos (competencia, delegación, avocación, órganos colegiados, abstención y recusación), la potestad sancionadora, la responsabilidad patrimonial, el funcionamiento electrónico, los convenios, la Administración General del Estado, el sector público institucional y las relaciones interadministrativas. El Derecho común de la responsabilidad patrimonial se reparte entre ambas: lo sustantivo en la LRJSP, el procedimiento en la LPAC.

Estructura de la Ley 39/2015

Título Preliminar (disposiciones generales, arts. 1 y 2); Título I, De los interesados en el procedimiento (arts. 3 a 12: capacidad de obrar, concepto de interesado, representación, registros de apoderamientos, identificación y firma); Título II, De la actividad de las Administraciones Públicas (arts. 13 a 33: derechos de las personas, relación electrónica, registros, archivos, obligación de resolver, silencio, términos y plazos); Título III, De los actos administrativos (arts. 34 a 52: requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad); Título IV, De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común (arts. 53 a 105: garantías, iniciación, ordenación, instrucción, finalización, tramitación simplificada y ejecución); Título V, De la revisión de los actos en vía administrativa (arts. 106 a 126); y Título VI, De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones (arts. 127 a 133).

Objeto y ámbito subjetivo de la LPAC (arts. 1 y 2)

El art. 1 señala que la Ley regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas (incluyendo el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios a los que ha de ajustarse el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, necesario y proporcionado, pueden incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley. El art. 2 la aplica al sector público: la AGE, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Este incluye los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (que se sujetan a las normas que específicamente se refieran a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas); y las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPAC.

Carácter básico y competencia estatal (art. 149.1.18ª CE)

La LPAC se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y sobre el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas. El Estado fija un común denominador normativo, y las Comunidades Autónomas pueden establecer especialidades de procedimiento ligadas a sus competencias sustantivas, pero no alterar los principios y trámites comunes. Es importante no confundir 'procedimiento administrativo común' con 'procedimiento uniforme': existen procedimientos especiales (sancionador, de responsabilidad patrimonial, de revisión) dentro del marco común.

Concepto de procedimiento administrativo

Cauce formal, serie ordenada de actos y trámites a través del cual se forma y exterioriza la voluntad administrativa para un fin de interés general, garantizando el acierto de la decisión y los derechos de los interesados. A diferencia del proceso judicial, la Administración es simultáneamente parte interesada y órgano que instruye y resuelve. El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (art. 70 LPAC); se formará mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlo, y es electrónico.

La responsabilidad de la tramitación (art. 20 LPAC)

Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones públicas que tengan a su cargo el despacho de los asuntos son responsables directos de su tramitación y deben adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de los procedimientos. Su incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan.

La obligación de resolver (art. 21 LPAC)

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consiste en la declaración de la circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Los titulares de los órganos competentes y el personal que despacha los asuntos son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa en plazo.

Plazo máximo para resolver y notificar

El plazo máximo es el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo, este es de tres meses. El plazo se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio y desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación en los iniciados a solicitud del interesado. Las Administraciones deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración y de los efectos que produzca el silencio administrativo. Además, deben informar al interesado, mediante comunicación dirigida dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro, del plazo máximo y del sentido del silencio (art. 21.4).

Efectos de la falta de resolución expresa según la forma de iniciación

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa produce silencio administrativo, estimatorio o desestimatorio (art. 24). En los iniciados de oficio (art. 25): si de ellos pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo; si se trata del ejercicio de potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad, y la resolución que la declare ordena el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 95.

La suspensión del plazo máximo para resolver (art. 22 LPAC)

El plazo máximo legal para resolver puede suspenderse, entre otros supuestos: cuando deba requerirse a un interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento; cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea; cuando sea preciso solicitar informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a un órgano de la misma o de distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que debe comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, sin que pueda exceder en ningún caso de tres meses; cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados; y durante las negociaciones previas a un pacto o convenio. Existen también supuestos de suspensión obligatoria (por ejemplo, cuando se trate de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o cuando para resolver sea indispensable un pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional).

La ampliación del plazo para resolver (art. 23 LPAC)

Cuando el número de las solicitudes formuladas o de las personas afectadas pudiera suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta en su caso del órgano instructor, puede acordar excepcionalmente y de forma motivada la ampliación del plazo máximo, que no puede ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo de ampliación, que debe notificarse a los interesados, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda alegarse al recurrir la resolución final. No se confunda con la ampliación general de plazos del art. 32 (hasta la mitad del plazo, sin que exceda de la mitad, y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros) ni con la reducción a la mitad por tramitación de urgencia (art. 33).

Términos y plazos: cómputo (arts. 29 a 33 LPAC)

Los términos y plazos son obligatorios para las autoridades, el personal al servicio de las Administraciones y los interesados. Salvo que por ley o en el Derecho de la Unión se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por meses o años se computan de fecha a fecha. Los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo expira el último día del mes. La Administración puede conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. La tramitación de urgencia (art. 33) reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos; contra el acuerdo de declaración o denegación de la urgencia no cabe recurso.

El silencio administrativo: concepto, fundamento y efectos

Técnica por la que el ordenamiento atribuye un efecto estimatorio o desestimatorio a la falta de resolución expresa en plazo; es una garantía frente a la inactividad administrativa. Su producción no exime a la Administración de resolver expresamente, aunque con límites. El silencio positivo tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento: la resolución expresa posterior solo puede dictarse si es confirmatoria del mismo (art. 24.3.a). El silencio negativo es una mera ficción legal que permite al interesado acudir a la vía administrativa o jurisdiccional que proceda; la resolución expresa posterior se adopta sin vinculación alguna al sentido del silencio (art. 24.3.b). Los actos producidos por silencio positivo pueden hacerse valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y se acreditan mediante certificación emitida de oficio o a solicitud del interesado en el plazo máximo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver (art. 24.4).

Silencio positivo y silencio negativo (art. 24 LPAC)

Regla general: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin notificación de resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la UE o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. Tendrá efecto desestimatorio el silencio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), en aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. También es desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, se entiende estimado el recurso si el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa en plazo, siempre que no se refiera a las materias antes enumeradas. En ningún caso se entienden adquiridas por silencio facultades o derechos que contravengan el ordenamiento jurídico (art. 47.1.f LPAC, nulidad de pleno derecho).

La iniciación del procedimiento: de oficio y a solicitud (arts. 54 a 62 LPAC)

Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado (art. 54). La iniciación de oficio se hace por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia (art. 58). La orden superior es la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico al competente; la petición razonada es la propuesta de iniciación formulada por un órgano que no tiene competencia para iniciar, pero sí conocimiento de las circunstancias; la denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio (art. 62); la presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado. Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas (art. 55). El acuerdo de iniciación se comunica al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan, y se notifica a los interesados.

Requisitos formales de la solicitud de iniciación (art. 66 LPAC)

La solicitud debe contener: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación; los hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud; lugar y fecha; firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las pretensiones idénticas de una pluralidad de personas pueden formularse en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. Las Administraciones deben establecer modelos específicos de presentación de solicitudes y los pondrán a disposición de los interesados en las sedes electrónicas.

Las medidas provisionales (art. 56 LPAC)

Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar, de oficio o a instancia de parte, y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Antes de la iniciación, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, el órgano competente puede adoptarlas de forma motivada. Estas medidas deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que debe efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción; el acuerdo podrá ser objeto del recurso que proceda. Las medidas se extinguen cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Subsanación y mejora de la solicitud (art. 68 LPAC)

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del art. 66 o de la legislación específica aplicable, se requiere al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 21. Este plazo puede ampliarse prudencialmente hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

Declaración responsable y comunicación (art. 69 LPAC)

Se entiende por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho ejercicio. La comunicación es aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Ambas permiten, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o información, o la no presentación de la declaración o comunicación, determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas.

La ordenación del procedimiento: impulso de oficio, acumulación y concentración de trámites (arts. 57, 70 a 74)

El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites (art. 71). En el despacho de los expedientes se guarda el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El órgano que inicie o tramite un procedimiento puede disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver; contra el acuerdo de acumulación no procede recurso alguno (art. 57). Se acuerdan en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (concentración de trámites, art. 72). Los trámites que deban ser cumplidos por los interesados deben realizarse en el plazo de diez días a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso en que la norma fije plazo distinto (art. 73). Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación (art. 74).

Los actos de instrucción y las alegaciones (arts. 75 y 76 LPAC)

Los actos de instrucción son aquellos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, y se realizan de oficio y por medios electrónicos, a través del órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. Los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que deben ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. Pueden también alegar defectos de tramitación, y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados u omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.

La prueba (arts. 77 y 78 LPAC)

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acuerda la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas se consideren pertinentes. El instructor solo puede rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

Los informes (arts. 79 a 81 LPAC)

A efectos de resolución del procedimiento, se solicitan los informes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes. Deben emitirse por medios electrónicos y, con carácter general, en el plazo de diez días, salvo que una disposición legal establezca otro plazo. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se pueden proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe, excepto cuando se trate de un informe preceptivo y determinante para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se puede suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver (hasta un máximo de tres meses, art. 22). Preceptivo es el que debe solicitarse obligatoriamente; vinculante, el que obliga a seguir su contenido; determinante, el que condiciona el contenido de la resolución.

El trámite de audiencia (art. 82 LPAC)

Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se ponen de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo cual se tiene en cuenta lo dispuesto en el art. 83 si hubiera habido información pública. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, pueden alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tiene por realizado el trámite. Se puede prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. La omisión del trámite, cuando es preceptivo y causa indefensión, vicia el acto (anulabilidad, art. 48 LPAC) o, si se prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo hace nulo (art. 47.1.e).

La información pública (art. 83 LPAC)

El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, puede acordar un período de información pública. A tal efecto, se anuncia en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señala el lugar de exhibición y determina el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso puede ser inferior a veinte días. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que puede ser común para todas las que planteen cuestiones sustancialmente iguales. La incomparecencia no impide a los interesados interponer los recursos procedentes.

Formas de terminación del procedimiento (art. 84 LPAC)

Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico), la declaración de caducidad, la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y la terminación convencional (art. 86). También pone fin al procedimiento la imposibilidad material sobrevenida, que se declara motivadamente. Aceptado de plano el desistimiento o la renuncia, la Administración declara concluso el procedimiento. En los procedimientos sancionadores existen además reglas propias de terminación (reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, art. 85). El silencio administrativo no es una forma de terminación en sentido propio: es una ficción legal que opera ante la falta de resolución expresa.

Desistimiento y renuncia (arts. 93 y 94 LPAC)

Todo interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afecta a aquellos que la hubieran formulado. Ambos pueden hacerse por cualquier medio que permita su constancia. La Administración los acepta de plano y declara concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instaren estos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración puede limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. La Administración, en los procedimientos iniciados de oficio, puede desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes (art. 93). Doctrinalmente, el desistimiento afecta al procedimiento y no impide plantear de nuevo la pretensión, mientras que la renuncia afecta al derecho material.

La caducidad del procedimiento (art. 95 LPAC)

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se produce la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acuerda el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procede el recurso pertinente. No es aplicable la caducidad si la cuestión suscitada afecta al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. En los procedimientos iniciados de oficio, la caducidad se produce por el transcurso del plazo máximo sin resolución cuando son sancionadores o de intervención con efectos desfavorables (art. 25.1.b).

La terminación convencional (art. 86 LPAC)

Las Administraciones Públicas pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule. Pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Los acuerdos que se suscriban no pueden suponer alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.

Actuaciones complementarias y contenido de la resolución (arts. 87 y 88 LPAC)

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver puede acordar, mediante resolución motivada, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo se notifica a los interesados, y las actuaciones se realizan en un plazo no superior a quince días, quedando suspendido el plazo para resolver. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a quince días. Las resoluciones serán congruentes con las peticiones formuladas por el interesado, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial (prohibición de la reformatio in peius). Deben ser motivadas en los casos del art. 35 y expresar los recursos que procedan, el órgano ante el que interponerse y el plazo.

La tramitación simplificada (art. 96 LPAC)

Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones pueden acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. Si el acuerdo se adopta de oficio, se notifica a los interesados, que pueden oponerse expresamente en el plazo de cinco días; en tal caso, el procedimiento sigue por la tramitación ordinaria. El plazo para resolver los procedimientos simplificados es de treinta días, a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Si en algún momento antes de la resolución el órgano competente aprecia que el asunto no puede resolverse mediante esta tramitación, acuerda continuar por la ordinaria, conservando los trámites ya realizados. No debe confundirse con la tramitación de urgencia (art. 33), que no simplifica trámites, sino que reduce a la mitad los plazos.

Principios de actuación del sector público (LRJSP, arts. 3 y 4)

La Ley 40/2015 enumera en su art. 3 los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas: servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; eficacia en el cumplimiento de objetivos fijados; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; y cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. Las Administraciones se relacionan entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos. El art. 4 regula los principios de intervención de las Administraciones para el desarrollo de una actividad: necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión de la competencia, garantizando que la medida elegida sea la menos restrictiva.

Estructura de la Ley 40/2015

Título Preliminar: disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público, órganos de las Administraciones Públicas (competencia, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma, suplencia, órganos colegiados, abstención y recusación), principios de la potestad sancionadora (arts. 25 a 31), responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (arts. 32 a 37), funcionamiento electrónico del sector público y convenios. Título I: Administración General del Estado (organización, Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, organización territorial). Título II: organización y funcionamiento del sector público institucional (organismos públicos, agencias estatales, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público, consorcios, autoridades administrativas independientes). Título III: relaciones interadministrativas (principios, deber de colaboración, cooperación, conferencias sectoriales, convenios).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LPAC regula los requisitos de validez y eficacia de los actos, el procedimiento común (incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; sustituyó, junto a la LRJSP, a la Ley 30/1992 (ambas, 1 de octubre de 2015).
  • La LRJSP regula la organización y funcionamiento del sector público (principios, órganos, sancionador, responsabilidad patrimonial, funcionamiento electrónico, convenios, AGE, sector público institucional y relaciones interadministrativas).
  • Se aplica al sector público (AGE, CCAA, EELL, sector público institucional) al amparo de la competencia exclusiva del art. 149.1.18ª CE; las Universidades públicas, supletoriamente.
  • El impulso de oficio (art. 71) corresponde a la Administración, no a los interesados; el plazo del trámite de audiencia es de 10 a 15 días (art. 82).
  • La Administración está siempre obligada a resolver expresamente (art. 21), salvo terminación por pacto o convenio y declaración responsable o comunicación previa.
  • Plazo máximo para resolver: el que fije la norma, sin exceder de 6 meses salvo ley o Derecho de la UE; si no hay plazo, 3 meses (art. 21.2 y 3).
  • El plazo se cuenta desde el acuerdo de iniciación (de oficio) o desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente (a solicitud).
  • Silencio positivo: regla general en los procedimientos a solicitud (art. 24.1). Silencio negativo: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, y procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y de revisión de oficio a instancia.
  • El silencio positivo es acto finalizador; la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria. El silencio negativo es una ficción; la resolución expresa posterior no queda vinculada al sentido del silencio.
  • Alzada contra desestimación por silencio: se entiende estimada si vence el plazo sin resolución expresa, salvo en las materias de silencio negativo.
  • En los procedimientos iniciados de oficio: silencio desestimatorio (pretensiones favorables, comparecientes) o caducidad (sancionadores y de intervención con efectos desfavorables o de gravamen), art. 25.
  • Suspensión del plazo (art. 22): requerimiento de subsanación, informes preceptivos y determinantes (máximo 3 meses), pruebas técnicas, pronunciamientos previos de la UE o de órganos judiciales, negociaciones para pacto o convenio.
  • Ampliación excepcional del plazo (art. 23): acuerdo motivado, sin que supere el plazo de tramitación del procedimiento; no cabe recurso. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos.
  • Días hábiles: se excluyen sábados, domingos y festivos; los plazos en meses se cuentan de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación.
  • La iniciación (art. 54) puede ser de oficio (propia iniciativa, orden superior, petición razonada, denuncia) o a solicitud del interesado; la denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado.
  • Medidas provisionales (art. 56): antes de la iniciación solo en casos de urgencia inaplazable; deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación dentro de 15 días.
  • Subsanación (art. 68): 10 días, ampliable hasta 5 días en casos de especial dificultad, con apercibimiento de desistimiento.
  • Declaración responsable y comunicación (art. 69): permiten ejercer el derecho o iniciar la actividad desde su presentación, sin perjuicio de la comprobación posterior.
  • Prueba (art. 77): período de 10 a 30 días; el instructor solo puede rechazar pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias, de forma motivada.
  • Informes (arts. 79 y 80): facultativos y no vinculantes, salvo disposición en contra; se emiten en 10 días; si el informe es preceptivo y determinante, el retraso puede suspender el plazo (máximo 3 meses).
  • Audiencia (art. 82): 10 a 15 días, inmediatamente antes de la propuesta de resolución; se puede prescindir cuando no se tengan en cuenta otros hechos o alegaciones distintos de los aducidos por el interesado. Información pública (art. 83): plazo no inferior a 20 días.
  • Formas de terminación (art. 84): resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material sobrevenida y terminación convencional. El silencio no es una forma de terminación en sentido propio.
  • Caducidad (art. 95): paralización por causa imputable al interesado; advertencia y 3 meses; no interrumpe la prescripción.
  • Tramitación simplificada (art. 96): por interés público o falta de complejidad; el interesado puede oponerse en 5 días; resolución en 30 días. No se confunda con la urgencia (que reduce plazos a la mitad).
  • Resolución (art. 88): decide todas las cuestiones planteadas; congruente; prohíbe la reformatio in peius; indica los recursos procedentes.
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¿A quién corresponde el impulso de oficio del procedimiento administrativo?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Gestión AGE?

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones, con carácter básico en virtud del art. 149.1.18ª CE. Sus fases esenciales son la iniciación, la ordenación, la instrucción y la terminación. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), es su norma gemela: regula la organización y el funcionamiento del sector público (principios de actuación, órganos administrativos, potestad sancionadora, responsabilidad patrimonial, funcionamiento electrónico, convenios, Administración General del Estado, sector público institucional y relaciones interadministrativas). La obligación de resolver expresamente y el régimen del silencio administrativo constituyen garantías esenciales frente a la inactividad de la Administración.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

La LPAC regula los requisitos de validez y eficacia de los actos, el procedimiento común (incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; sustituyó, junto a la LRJSP, a la Ley 30/1992 (ambas, 1 de octubre de 2015). La LRJSP regula la organización y funcionamiento del sector público (principios, órganos, sancionador, responsabilidad patrimonial, funcionamiento electrónico, convenios, AGE, sector público institucional y relaciones interadministrativas). Se aplica al sector público (AGE, CCAA, EELL, sector público institucional) al amparo de la competencia exclusiva del art. 149.1.18ª CE; las Universidades públicas, supletoriamente. El impulso de oficio (art. 71) corresponde a la Administración, no a los interesados; el plazo del trámite de audiencia es de 10 a 15 días (art. 82). La Administración está siempre obligada a resolver expresamente (art. 21), salvo terminación por pacto o convenio y declaración responsable o comunicación previa. Plazo máximo para resolver: el que fije la norma, sin exceder de 6 meses salvo ley o Derecho de la UE; si no hay plazo, 3 meses (art. 21.2 y 3). El plazo se cuenta desde el acuerdo de iniciación (de oficio) o desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente (a solicitud). Silencio positivo: regla general en los procedimientos a solicitud (art. 24.1). Silencio negativo: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, y procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y de revisión de oficio a instancia. El silencio positivo es acto finalizador; la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria. El silencio negativo es una ficción; la resolución expresa posterior no queda vinculada al sentido del silencio. Alzada contra desestimación por silencio: se entiende estimada si vence el plazo sin resolución expresa, salvo en las materias de silencio negativo. En los procedimientos iniciados de oficio: silencio desestimatorio (pretensiones favorables, comparecientes) o caducidad (sancionadores y de intervención con efectos desfavorables o de gravamen), art. 25. Suspensión del plazo (art. 22): requerimiento de subsanación, informes preceptivos y determinantes (máximo 3 meses), pruebas técnicas, pronunciamientos previos de la UE o de órganos judiciales, negociaciones para pacto o convenio. Ampliación excepcional del plazo (art. 23): acuerdo motivado, sin que supere el plazo de tramitación del procedimiento; no cabe recurso. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos. Días hábiles: se excluyen sábados, domingos y festivos; los plazos en meses se cuentan de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación. La iniciación (art. 54) puede ser de oficio (propia iniciativa, orden superior, petición razonada, denuncia) o a solicitud del interesado; la denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado. Medidas provisionales (art. 56): antes de la iniciación solo en casos de urgencia inaplazable; deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación dentro de 15 días. Subsanación (art. 68): 10 días, ampliable hasta 5 días en casos de especial dificultad, con apercibimiento de desistimiento. Declaración responsable y comunicación (art. 69): permiten ejercer el derecho o iniciar la actividad desde su presentación, sin perjuicio de la comprobación posterior. Prueba (art. 77): período de 10 a 30 días; el instructor solo puede rechazar pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias, de forma motivada. Informes (arts. 79 y 80): facultativos y no vinculantes, salvo disposición en contra; se emiten en 10 días; si el informe es preceptivo y determinante, el retraso puede suspender el plazo (máximo 3 meses). Audiencia (art. 82): 10 a 15 días, inmediatamente antes de la propuesta de resolución; se puede prescindir cuando no se tengan en cuenta otros hechos o alegaciones distintos de los aducidos por el interesado. Información pública (art. 83): plazo no inferior a 20 días. Formas de terminación (art. 84): resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material sobrevenida y terminación convencional. El silencio no es una forma de terminación en sentido propio. Caducidad (art. 95): paralización por causa imputable al interesado; advertencia y 3 meses; no interrumpe la prescripción. Tramitación simplificada (art. 96): por interés público o falta de complejidad; el interesado puede oponerse en 5 días; resolución en 30 días. No se confunda con la urgencia (que reduce plazos a la mitad). Resolución (art. 88): decide todas las cuestiones planteadas; congruente; prohíbe la reformatio in peius; indica los recursos procedentes.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 149.1.18ª.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 1-2, 20-25, 29-33, 54-96.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), arts. 3-4 y estructura general.

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