Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, fruto de un proceso constituyente de consenso entre las principales fuerzas políticas tras la dictadura franquista. Se estructura en un preámbulo, un título preliminar y diez títulos, con 169 artículos más disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final, y contempla dos procedimientos de reforma según la trascendencia de la materia afectada.
Estructura, valores superiores y principios (arts. 1 y 9.3 CE)
La Constitución consta de un preámbulo, un Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. El art. 1 define España como «un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (1.1); la soberanía nacional reside en el pueblo español (1.2); y la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (1.3). El art. 9.3 garantiza, además, siete principios distintos de esos valores: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El Título Preliminar (arts. 1 a 9 CE): contenido general
El Título Preliminar condensa las decisiones políticas fundamentales del constituyente: forma de Estado y valores superiores (art. 1), unidad de la Nación y derecho a la autonomía (art. 2), régimen lingüístico (art. 3), bandera (art. 4), capital (art. 5), partidos políticos (art. 6), sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), Fuerzas Armadas (art. 8) y sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento, con los principios del art. 9.3.
La soberanía nacional y la forma política del Estado (art. 1.2 y 1.3 CE)
El art. 1.2 CE dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El art. 1.3 CE declara que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria: el Rey reina pero no gobierna, y la confianza que sostiene al Gobierno procede de las Cortes, no de la Corona.
Unidad de la Nación y derecho a la autonomía (art. 2 CE)
El art. 2 CE equilibra dos principios: la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, junto con la solidaridad entre todas ellas. Es el precepto matriz del Estado autonómico desarrollado en el Título VIII.
El régimen lingüístico constitucional (art. 3 CE)
El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (art. 3.1 CE). Es el único idioma respecto del cual la Constitución impone expresamente el deber de conocimiento; las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos (art. 3.2), y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección (art. 3.3). La cooficialidad no es automática: depende de lo que disponga cada Estatuto. El Tribunal Constitucional ha precisado que el deber de conocer el castellano no supone un deber de conocer las demás lenguas oficiales.
Bandera, capital y símbolos del Estado (arts. 4 y 5 CE)
La bandera de España es la roja y gualda, de tres franjas horizontales roja-amarilla-roja, siendo la amarilla de doble anchura. Los Estatutos pueden reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, que se utilizarán junto a la de España en edificios públicos y actos oficiales. El art. 5 CE fija la capital del Estado en la villa de Madrid, precepto cerrado sin remisión a desarrollo legal ni estatutario.
Partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales (arts. 6 y 7 CE)
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación; los sindicatos y asociaciones empresariales defienden y promueven intereses económicos y sociales. Ambos tienen creación y actividad libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y deben tener estructura interna y funcionamiento democráticos.
Las Fuerzas Armadas (art. 8 CE)
Constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art. 8.1 CE). Una ley orgánica regula las bases de la organización militar de acuerdo con los principios de la Constitución (art. 8.2). El mando supremo corresponde al Rey (art. 62.h CE), con carácter simbólico, mientras que la dirección de la Administración militar y de la defensa del Estado corresponde al Gobierno (art. 97 CE). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no forman parte de las Fuerzas Armadas y se regulan en el art. 104 CE.
Clasificación de derechos y deberes: los cinco capítulos del Título I
El Título I (arts. 10 a 55) se divide en Capítulo I, españoles y extranjeros (arts. 11-13); Capítulo II, derechos y libertades (arts. 14-38), con la Sección 1ª de derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-29) y la Sección 2ª de derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38); Capítulo III, principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52); Capítulo IV, garantías (arts. 53-54); y Capítulo V, suspensión (art. 55). Esta clasificación determina el nivel de garantía de cada derecho, desarrollado en el tema siguiente.
El resto de títulos de la Constitución: panorámica
Tras el Título Preliminar y el Título I (derechos y deberes fundamentales), la Constitución regula la Corona (Título II), las Cortes Generales (Título III), el Gobierno y la Administración (Título IV), las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (Título V), el Poder Judicial (Título VI), Economía y Hacienda (Título VII), la Organización Territorial del Estado (Título VIII), el Tribunal Constitucional (Título IX) y la Reforma constitucional (Título X).
El preámbulo de la Constitución
Sin valor normativo directo pero con relevancia interpretativa, el preámbulo proclama la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, proteger a todos los españoles en el ejercicio de sus derechos humanos, promover el progreso de la cultura y de la economía, y establecer una sociedad democrática avanzada, colaborando en el fortalecimiento de relaciones pacíficas entre todos los pueblos de la Tierra.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final
Además del articulado, la Constitución cierra con 4 disposiciones adicionales (referidas a los derechos históricos de los territorios forales), 9 disposiciones transitorias (regulando el tránsito del régimen anterior, entre ellas el acceso de los territorios con estatuto de autonomía en el pasado a la vía agravada del art. 151), una disposición derogatoria (que deroga la Ley para la Reforma Política de 1977 y las Leyes Fundamentales del franquismo) y una disposición final (fija la entrada en vigor el mismo día de la publicación oficial del texto aprobado por referéndum, el 29 de diciembre de 1978).
La Constitución como norma jurídica suprema
A diferencia de las anteriores Constituciones españolas del siglo XIX, meramente programáticas, la de 1978 es una norma jurídica directamente aplicable y vinculante para todos los poderes públicos y los ciudadanos (art. 9.1 CE), dotada de fuerza activa (deroga lo que la contradiga) y pasiva (resiste su modificación por normas ordinarias), lo que la sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico español.
El principio de rigidez constitucional
La Constitución española es una norma rígida: su modificación exige un procedimiento agravado y distinto del legislativo ordinario, con mayorías cualificadas y, en su caso, referéndum. Esta rigidez, unida al control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional, garantiza la supremacía normativa de la Constitución frente al legislador ordinario.
El proceso constituyente (1977-1978)
Tras las elecciones generales de junio de 1977, primeras democráticas desde 1936, el Congreso de los Diputados constituyó una Ponencia de siete miembros («los padres de la Constitución») encargada de redactar el anteproyecto. El texto, fruto del consenso entre las principales fuerzas políticas, fue aprobado por el Congreso y el Senado el 31 de octubre de 1978, ratificado en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionado por el Rey el 27 de diciembre de 1978.
La reforma de la Constitución (Título X, arts. 166-169 CE): iniciativa
La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166, por remisión al art. 87.1 y 2 CE), quedando excluida la iniciativa popular (el art. 166 no remite al art. 87.3). El art. 169 CE prohíbe iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o vigente alguno de los estados de alarma, excepción o sitio del art. 116 CE, garantía frente a reformas impuestas en contextos de excepcionalidad. Esta prohibición afecta al inicio de la reforma, no a su tramitación ya comenzada, y alcanza a ambos procedimientos.
El procedimiento ordinario de reforma (art. 167 CE)
Exige la aprobación por mayoría de 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, se intenta mediante una comisión mixta paritaria, y si aun así no se logra la mayoría de 3/5 en el Senado, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de 2/3 siempre que el Senado la hubiera aprobado por mayoría absoluta. Aprobada la reforma, cabe referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días siguientes: es, por tanto, un referéndum facultativo.
El procedimiento agravado de reforma (art. 168 CE)
Reservado a la revisión total de la Constitución o a la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II (De la Corona), exige: 1) aprobación del principio de reforma por mayoría de 2/3 de cada Cámara; 2) disolución inmediata de las Cortes; 3) ratificación de la decisión por las Cámaras elegidas y estudio del nuevo texto, que deberá aprobarse por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras; y 4) referéndum de ratificación obligatorio (art. 168.3 CE), a diferencia del facultativo del art. 167 CE. Es un procedimiento especialmente rígido y, en la práctica, equivalente a un nuevo proceso constituyente. Nunca se ha utilizado.
Comparación entre los dos procedimientos de reforma
El procedimiento ordinario (art. 167) es aplicable a cualquier precepto no reservado al art. 168, exige mayorías de 3/5 (o, en caso de discrepancia entre Cámaras, 2/3 del Congreso con mayoría absoluta previa del Senado) y referéndum solo facultativo. El agravado (art. 168) se reserva a la revisión total o a las materias más sensibles, exige mayorías de 2/3, disolución de las Cortes con elecciones intermedias y referéndum siempre obligatorio. Ningún precepto es jurídicamente irreformable: el art. 168 permite incluso la revisión total.
Reformas constitucionales realizadas hasta la fecha
La Constitución de 1978 se ha reformado formalmente en tres ocasiones, todas por el procedimiento ordinario del art. 167 CE y sin que llegara a celebrarse referéndum: 1) en 1992, para adaptar el art. 13.2 CE al derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea en elecciones municipales (exigencia del Tratado de Maastricht); 2) en 2011, para incorporar al art. 135 CE el principio de estabilidad presupuestaria y el límite de déficit estructural (desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera); y 3) en febrero de 2024 (BOE de 17 de febrero), para reformar el art. 49 CE, sustituyendo el término «disminuidos» por la referencia a las personas con discapacidad y reforzando su plena autonomía personal e inclusión social.
Interpretación de la Constitución y bloque de constitucionalidad
La Constitución se interpreta conforme a los criterios generales del art. 3 del Código Civil, con la particularidad de que, en materia de derechos fundamentales, el art. 10.2 CE exige interpretarlos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España. El Tribunal Constitucional es su intérprete supremo, y junto a ella, ciertas normas (Estatutos de Autonomía, LOTC) integran el llamado «bloque de constitucionalidad» a efectos del control de otras normas.
La garantía de la supremacía constitucional: remisión al Tribunal Constitucional
La rigidez del procedimiento de reforma se complementa con un sistema de control de constitucionalidad de las leyes, atribuido en España al Tribunal Constitucional mediante el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, que se estudia en detalle en el tema siguiente dedicado a este órgano.
Antecedentes constitucionales y tránsito a la democracia
El constitucionalismo español arranca con el Estatuto de Bayona (1808) y la Constitución de Cádiz de 1812. Le siguieron las Constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876 (esta última, la de mayor vigencia, hasta 1923) y, en el siglo XX, la de la Segunda República de 1931. Tras el régimen franquista, basado en las llamadas Leyes Fundamentales, el tránsito a la democracia se canalizó mediante la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, que convocó las primeras elecciones generales democráticas (15 de junio de 1977). Estas Cortes asumieron funciones constituyentes. La Constitución de 1978 se elaboró, así, desde la legalidad anterior mediante un proceso de reforma pactada («de la ley a la ley»).
La Ponencia constitucional y la aprobación del texto
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso designó una Ponencia de siete miembros, los llamados «padres de la Constitución»: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE-PSUC), Manuel Fraga (AP) y Miquel Roca (Minoría Catalana). El anteproyecto se publicó en enero de 1978 y se tramitó en ambas Cámaras, completándose con una Comisión Mixta Congreso-Senado para armonizar las diferencias. Las Cortes aprobaron el texto definitivo el 31 de octubre de 1978; el pueblo español lo ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978; el Rey lo sancionó ante las Cortes el 27 de diciembre y se publicó en el BOE el 29 de diciembre, día de su entrada en vigor.
Caracteres de la Constitución de 1978
Es una Constitución escrita, codificada (un solo texto), extensa (169 artículos), compromisoria o de consenso, democrática, rígida (arts. 167-168), normativa (norma directamente aplicable y no mero programa político) y de origen mixto. Combina la soberanía nacional (art. 1.2) con el reconocimiento de una amplia descentralización territorial. En su dimensión material establece un modelo de Estado social y democrático de Derecho, forma política de Monarquía parlamentaria y organización territorial basada en la autonomía de nacionalidades y regiones. No es una Constitución de «democracia militante»: según la doctrina del Tribunal Constitucional (por ejemplo, SSTC 48/2003 y 103/2008), cabe defender cualquier idea o proyecto político, incluso contrario a la Constitución, siempre que se haga por medios pacíficos y mediante los cauces de reforma previstos.
Estructura sistemática por títulos y artículos
Título Preliminar (arts. 1-9); Título I, De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10-55); Título II, De la Corona (arts. 56-65); Título III, De las Cortes Generales (arts. 66-96); Título IV, Del Gobierno y de la Administración (arts. 97-107); Título V, De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108-116); Título VI, Del Poder Judicial (arts. 117-127); Título VII, Economía y Hacienda (arts. 128-136); Título VIII, De la Organización Territorial del Estado (arts. 137-158); Título IX, Del Tribunal Constitucional (arts. 159-165); y Título X, De la reforma constitucional (arts. 166-169). Memorizar los intervalos de artículos permite ubicar con rapidez cualquier cita en el examen.
El art. 9 CE: sujeción a la Constitución y principios del Estado de Derecho
El art. 9.1 sujeta a los ciudadanos y a los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El art. 9.2 impone a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (igualdad material, que da contenido al Estado social). El art. 9.3 enumera los siete principios: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Constitución y Derecho de la Unión Europea
El art. 93 CE permite, mediante ley orgánica, autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución; es el fundamento de la integración en la Unión Europea. La Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional (sobre el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa) sostuvo que la primacía del Derecho de la Unión se asienta en el art. 93 CE, sin que ello implique la supremacía de ese ordenamiento sobre la Constitución, que conserva la suya en el ámbito interno. La reforma constitucional de 1992 (art. 13.2) se debió precisamente al Tratado de Maastricht.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La CE tiene 169 artículos, estructurados en preámbulo, título preliminar y diez títulos; fue ratificada en referéndum el 6-12-1978 y entró en vigor el 29-12-1978.
Los valores superiores del art. 1.1 (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) no coinciden con los siete principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad).
El procedimiento agravado (art. 168) es el único con referéndum de ratificación obligatorio y exige disolución de las Cortes; se reserva al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I y al Título II (Corona).
El procedimiento ordinario (art. 167) exige 3/5 de cada Cámara (o 2/3 del Congreso si el Senado aprobó por mayoría absoluta), con referéndum solo facultativo, a petición de una décima parte de los miembros de cualquier Cámara.
Art. 1 CE: España como Estado social y democrático de Derecho (1.1); la soberanía nacional reside en el pueblo español (1.2); la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (1.3).
El Título Preliminar (arts. 1-9) condensa las decisiones políticas fundamentales: forma de Estado, unidad de la Nación y derecho a la autonomía, régimen lingüístico, bandera, capital, partidos políticos, sindicatos, Fuerzas Armadas y sujeción de todos al ordenamiento (art. 9.3).
El art. 2 CE equilibra la indisoluble unidad de la Nación española con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones: es el precepto matriz del Estado autonómico del Título VIII.
El art. 3 CE hace del castellano la única lengua oficial cuyo conocimiento es a la vez deber y derecho; las demás lenguas españolas son cooficiales según los Estatutos respectivos.
El Título I (arts. 10-55) se divide en cinco capítulos (españoles/extranjeros, derechos y libertades con dos secciones, principios rectores, garantías y suspensión), clasificación que determina el nivel de protección de cada derecho.
Panorámica de títulos tras el Preliminar y el I: Corona (II), Cortes Generales (III), Gobierno y Administración (IV), relaciones Gobierno-Cortes (V), Poder Judicial (VI), Economía y Hacienda (VII), Organización Territorial (VIII), Tribunal Constitucional (IX) y Reforma (X).
El preámbulo carece de valor normativo directo pero tiene relevancia interpretativa.
Cierre de la CE: 4 disposiciones adicionales (derechos históricos forales), 9 transitorias, una derogatoria (deroga la Ley para la Reforma Política de 1977 y las Leyes Fundamentales franquistas) y una final (entrada en vigor).
La Constitución de 1978, a diferencia de las constituciones españolas del s. XIX de carácter programático, es norma jurídica directamente aplicable y vinculante para poderes públicos y ciudadanos (art. 9.1 CE).
El principio de rigidez constitucional (procedimiento agravado y distinto del legislativo ordinario) garantiza, junto al control de constitucionalidad del TC, la supremacía normativa de la Constitución.
El proceso constituyente: Ponencia de 7 miembros ('los padres de la Constitución'), aprobación por Congreso y Senado el 31-10-1978, referéndum el 6-12-1978 y sanción regia el 27-12-1978.
Solo ha habido tres reformas formales, todas por el art. 167 CE y sin referéndum: 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo municipal de ciudadanos UE, exigencia de Maastricht), 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria y límite de déficit estructural) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad). Es un error muy frecuente decir que solo han sido dos.
Solo ha habido dos reformas formales: 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo municipal de ciudadanos UE, exigencia de Maastricht) y 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria y límite de déficit estructural).
Los derechos fundamentales se interpretan conforme al art. 10.2 CE (Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados ratificados por España); el TC es su intérprete supremo dentro del bloque de constitucionalidad.
Trampa: el art. 3 CE impone el deber de conocer solo el castellano; las demás lenguas son cooficiales únicamente si lo establece el Estatuto de la Comunidad respectiva.
El Título I son los arts. 10-55, el II 56-65, el III 66-96, el IV 97-107, el V 108-116, el VI 117-127, el VII 128-136, el VIII 137-158, el IX 159-165 y el X 166-169.
Plazos y mayorías de reforma: art. 167 = 3/5 de cada Cámara, comisión mixta paritaria, 2/3 Congreso con mayoría absoluta previa del Senado, referéndum si lo piden 1/10 de los miembros de cualquier Cámara en 15 días; art. 168 = 2/3, disolución, 2/3 de nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.
La iniciativa popular está excluida en la reforma constitucional (art. 166 remite solo al art. 87.1 y 2); la prohibición del art. 169 impide iniciar la reforma en guerra o con estado de alarma, excepción o sitio.
Los siete miembros de la Ponencia constitucional representaban a UCD (3), PSOE, PCE, AP y Minoría Catalana (1 cada uno).
España no es una democracia militante: la Constitución es reformable en su totalidad (art. 168) y no contiene cláusulas de intangibilidad.
Toda reforma que afecte al Título Preliminar, a los arts. 15-29 o al Título II exige el procedimiento agravado del art. 168.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 169 CE, la reforma constitucional no puede iniciarse:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Gestión AGE?
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, fruto de un proceso constituyente de consenso entre las principales fuerzas políticas tras la dictadura franquista. Se estructura en un preámbulo, un título preliminar y diez títulos, con 169 artículos más disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final, y contempla dos procedimientos de reforma según la trascendencia de la materia afectada.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La CE tiene 169 artículos, estructurados en preámbulo, título preliminar y diez títulos; fue ratificada en referéndum el 6-12-1978 y entró en vigor el 29-12-1978. Los valores superiores del art. 1.1 (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) no coinciden con los siete principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad). El procedimiento agravado (art. 168) es el único con referéndum de ratificación obligatorio y exige disolución de las Cortes; se reserva al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I y al Título II (Corona). El procedimiento ordinario (art. 167) exige 3/5 de cada Cámara (o 2/3 del Congreso si el Senado aprobó por mayoría absoluta), con referéndum solo facultativo, a petición de una décima parte de los miembros de cualquier Cámara. Art. 1 CE: España como Estado social y democrático de Derecho (1.1); la soberanía nacional reside en el pueblo español (1.2); la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (1.3). El Título Preliminar (arts. 1-9) condensa las decisiones políticas fundamentales: forma de Estado, unidad de la Nación y derecho a la autonomía, régimen lingüístico, bandera, capital, partidos políticos, sindicatos, Fuerzas Armadas y sujeción de todos al ordenamiento (art. 9.3). El art. 2 CE equilibra la indisoluble unidad de la Nación española con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones: es el precepto matriz del Estado autonómico del Título VIII. El art. 3 CE hace del castellano la única lengua oficial cuyo conocimiento es a la vez deber y derecho; las demás lenguas españolas son cooficiales según los Estatutos respectivos. El Título I (arts. 10-55) se divide en cinco capítulos (españoles/extranjeros, derechos y libertades con dos secciones, principios rectores, garantías y suspensión), clasificación que determina el nivel de protección de cada derecho. Panorámica de títulos tras el Preliminar y el I: Corona (II), Cortes Generales (III), Gobierno y Administración (IV), relaciones Gobierno-Cortes (V), Poder Judicial (VI), Economía y Hacienda (VII), Organización Territorial (VIII), Tribunal Constitucional (IX) y Reforma (X). El preámbulo carece de valor normativo directo pero tiene relevancia interpretativa. Cierre de la CE: 4 disposiciones adicionales (derechos históricos forales), 9 transitorias, una derogatoria (deroga la Ley para la Reforma Política de 1977 y las Leyes Fundamentales franquistas) y una final (entrada en vigor). La Constitución de 1978, a diferencia de las constituciones españolas del s. XIX de carácter programático, es norma jurídica directamente aplicable y vinculante para poderes públicos y ciudadanos (art. 9.1 CE). El principio de rigidez constitucional (procedimiento agravado y distinto del legislativo ordinario) garantiza, junto al control de constitucionalidad del TC, la supremacía normativa de la Constitución. El proceso constituyente: Ponencia de 7 miembros ('los padres de la Constitución'), aprobación por Congreso y Senado el 31-10-1978, referéndum el 6-12-1978 y sanción regia el 27-12-1978. Solo ha habido tres reformas formales, todas por el art. 167 CE y sin referéndum: 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo municipal de ciudadanos UE, exigencia de Maastricht), 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria y límite de déficit estructural) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad). Es un error muy frecuente decir que solo han sido dos. Solo ha habido dos reformas formales: 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo municipal de ciudadanos UE, exigencia de Maastricht) y 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria y límite de déficit estructural). Los derechos fundamentales se interpretan conforme al art. 10.2 CE (Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados ratificados por España); el TC es su intérprete supremo dentro del bloque de constitucionalidad. Trampa: el art. 3 CE impone el deber de conocer solo el castellano; las demás lenguas son cooficiales únicamente si lo establece el Estatuto de la Comunidad respectiva. El Título I son los arts. 10-55, el II 56-65, el III 66-96, el IV 97-107, el V 108-116, el VI 117-127, el VII 128-136, el VIII 137-158, el IX 159-165 y el X 166-169. Plazos y mayorías de reforma: art. 167 = 3/5 de cada Cámara, comisión mixta paritaria, 2/3 Congreso con mayoría absoluta previa del Senado, referéndum si lo piden 1/10 de los miembros de cualquier Cámara en 15 días; art. 168 = 2/3, disolución, 2/3 de nuevas Cámaras y referéndum obligatorio. La iniciativa popular está excluida en la reforma constitucional (art. 166 remite solo al art. 87.1 y 2); la prohibición del art. 169 impide iniciar la reforma en guerra o con estado de alarma, excepción o sitio. Los siete miembros de la Ponencia constitucional representaban a UCD (3), PSOE, PCE, AP y Minoría Catalana (1 cada uno). España no es una democracia militante: la Constitución es reformable en su totalidad (art. 168) y no contiene cláusulas de intangibilidad. Toda reforma que afecte al Título Preliminar, a los arts. 15-29 o al Título II exige el procedimiento agravado del art. 168.
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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229), Título Preliminar y Título X (arts. 166-169).
Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024 (BOE de 17 de febrero de 2024).
Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
Reforma del artículo 13, apartado 2, de la Constitución Española (agosto de 1992).
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.
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