Tema 1. El personal al servicio de las Administraciones públicas: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen jurídico.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
El personal al servicio de las Administraciones públicas (empleados públicos) se clasifica en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual, cada uno con un régimen jurídico propio regulado, en lo básico, por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). Además existe el personal directivo profesional y categorías con legislación específica (art. 4 TREBEP). La condición de funcionario de carrera se adquiere y se pierde por requisitos y causas tasadas legalmente (arts. 62 y 63 TREBEP), siempre bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE). La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, modificó el régimen de los interinos y del personal laboral temporal.
Concepto y clases de empleados públicos (art. 8 TREBEP)
Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en: funcionarios de carrera (vinculados a una Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente); funcionarios interinos (nombrados para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando concurran razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, en los supuestos tasados del art. 10 TREBEP); personal laboral (vinculado mediante contrato de trabajo, pudiendo ser fijo, por tiempo indefinido o temporal); y personal eventual (que ocupa puestos de confianza o asesoramiento especial, con nombramiento y cese libres). Los empleados públicos se rigen, además de por el TREBEP, por la legislación de función pública de cada Administración y, en el caso del personal laboral, por la legislación laboral.
El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: ámbito de aplicación
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que sustituye al Estatuto Básico de 2007 (Ley 7/2007). Establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público y, en particular, las bases del régimen estatutario de los funcionarios. Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los organismos públicos, las Agencias y demás entidades de derecho público dependientes, y las Universidades públicas (art. 2). El personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se rigen por la legislación específica dictada por el Estado y las Comunidades Autónomas, con respeto a lo básico del Estatuto. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones no incluido en su ámbito. El art. 4 enumera personal con legislación específica propia (entre otros, personal de las Cortes Generales y de los demás órganos constitucionales y estatutarios, Jueces, Magistrados y Fiscales, personal militar, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), al que el Estatuto solo se aplica directamente cuando su legislación específica así lo disponga.
El carácter básico del TREBEP y las fuentes de la relación de empleo público
La mayor parte de sus preceptos son legislación básica dictada al amparo de la competencia estatal sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18ª CE), vinculando y condicionando la normativa de desarrollo de cada Administración. La Constitución es la base: art. 103.3 (reserva de ley para el estatuto de los funcionarios, el acceso conforme a mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación y las incompatibilidades) y art. 23.2 (acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas). El personal laboral se rige, además de por el TREBEP en lo que proceda, por la legislación laboral común (Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y por los convenios colectivos. Hay preceptos de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública que, en el ámbito de la Administración General del Estado, han seguido vigentes transitoriamente hasta su sustitución por la normativa de desarrollo.
El personal funcionario de carrera (art. 9 TREBEP)
Es el vinculado a una Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Su relación nace de un nombramiento (acto unilateral), no de un contrato, previa superación de un proceso selectivo. La relación es estatutaria: sus condiciones pueden modificarse por ley o reglamento, sin que exista contrato. Reserva funcionarial (art. 9.2): el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que establezca la ley de desarrollo de cada Administración. Entre sus derechos individuales figura la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera (art. 14).
El personal funcionario interino (art. 10 TREBEP)
Son nombrados, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; sustitución transitoria de los titulares; ejecución de programas de carácter temporal, de duración máxima de tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de función pública; y exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses. La selección se realiza mediante procedimientos ágiles que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Tras la Ley 20/2021, las plazas vacantes ocupadas por interinos deben incluirse en la oferta de empleo público, el interino cesa cuando la plaza se cubre por un funcionario de carrera, y el abuso de la temporalidad da lugar a una compensación económica; se prevén además procesos extraordinarios de estabilización. A los funcionarios interinos se les aplica, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
El personal laboral: fijo, indefinido y temporal (art. 11 TREBEP)
Es el que presta servicios mediante contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral. En función de la duración del contrato, puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Su relación se rige por el Derecho laboral, nace de un contrato bilateral y sus condiciones se negocian colectivamente (en la AGE, el Convenio Único). La figura del indefinido no fijo, de creación jurisprudencial, designa a quien presta servicios en virtud de una contratación temporal irregular y no adquiere automáticamente la condición de fijo, porque el acceso al empleo público exige superar proceso selectivo conforme a mérito y capacidad. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de la temporalidad (Directiva 1999/70/CE) está en el origen de las reformas de 2021. Las Administraciones deben cubrir sus plazas de personal laboral mediante convocatoria pública y mediante procesos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El personal eventual (art. 12 TREBEP)
Es quien, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Su nombramiento y cese son libres, y cesa automáticamente, en todo caso, cuando se produce el cese de la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento. La condición de personal eventual no puede constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. Las leyes de función pública determinan los órganos de gobierno que pueden disponer de personal eventual y cuál es el número máximo.
El personal directivo profesional (art. 13 TREBEP)
Es el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. Es una categoría de desarrollo normativo propio de cada Administración, y puede ser funcionario o personal laboral, según proceda.
Estructura del empleo público: cuerpos y escalas, y grupos de clasificación (arts. 75 y 76 TREBEP)
Los Cuerpos y Escalas se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y agrupan funcionarios que comparten competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través del proceso selectivo. Los cuerpos y escalas se clasifican en grupos según la titulación exigida para el ingreso: Grupo A, dividido en subgrupos A1 y A2, que exige título universitario de Grado (salvo que la ley exija otro), con distinto nivel de responsabilidad de las funciones; Grupo B, que exige título de Técnico Superior; Grupo C, dividido en subgrupos C1 (título de Bachiller o Técnico) y C2 (título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). Existen, además, agrupaciones profesionales para las que no se exige titulación (disposición adicional sexta). El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se encuadra en el subgrupo A2.
Cuerpos generales y cuerpos especiales
Los cuerpos generales, como el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, agrupan a quienes desarrollan funciones administrativas comunes a toda la Administración sin exigir una titulación específica más allá de la general del grupo. Los cuerpos especiales exigen una titulación concreta vinculada a las funciones a desempeñar (por ejemplo, cuerpos técnicos de ingeniería, letrados o facultativos). Dentro de un cuerpo pueden existir especialidades.
Acceso al empleo público: requisitos y sistemas selectivos (arts. 55 a 57 y 61 TREBEP)
Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y conforme a lo previsto en el TREBEP y en el resto del ordenamiento (art. 55). Para participar en procesos selectivos se exige, entre otros requisitos (art. 56): tener la nacionalidad española (sin perjuicio del art. 57); poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos; y poseer la titulación exigida. El art. 57 permite el acceso a los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, a los de Estados con tratados aplicables y, con límites, a otros extranjeros, en las condiciones que establece (y con exclusión de los empleos que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público). Los sistemas selectivos para funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición, y con carácter excepcional el concurso (art. 61); para el personal laboral, concurso, oposición o concurso-oposición. La ejecución de la oferta de empleo público debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años (art. 70).
Adquisición de la condición de funcionario de carrera (art. 62 TREBEP)
La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: superación del proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, que debe publicarse en el diario oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Si no se toma posesión en el plazo señalado sin causa justificada, decaen los derechos derivados de la superación del proceso. Solo con la toma de posesión se adquiere plenamente la condición de funcionario de carrera. Hasta que concurren los cuatro requisitos, el aspirante tiene una mera expectativa de derecho.
Pérdida de la condición de funcionario (art. 63 TREBEP)
La condición de funcionario de carrera se pierde por: renuncia a la condición de funcionario; pérdida de la nacionalidad, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable; jubilación total del funcionario; sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. Cada causa debe ser declarada mediante resolución del órgano competente, motivada. El art. 66 regula la rehabilitación de la condición de funcionario: en los casos de pérdida de la nacionalidad, una vez recuperada; y, con carácter excepcional, para quienes hayan perdido la condición por inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y a la entidad del delito.
La renuncia a la condición de funcionario (art. 64 TREBEP)
La renuncia debe ser manifestada por escrito y ser aceptada expresamente por la Administración, que no puede presumirla por actos concluyentes. No inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración pública mediante un nuevo proceso selectivo. No puede aceptarse cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
La jubilación como causa de pérdida de la condición (art. 67 TREBEP)
La jubilación puede ser voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente para el ejercicio de la función. La jubilación voluntaria procede a solicitud del funcionario, siempre que reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, sin perjuicio de que la legislación de desarrollo permita prolongar la permanencia en el servicio activo hasta, como máximo, los setenta años. La jubilación por incapacidad permanente se declara de oficio o a instancia del interesado. Los funcionarios civiles del Estado que ingresaron a partir del 1 de enero de 2011 quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social (Real Decreto-ley 13/2010), mientras que los anteriores lo están en el Régimen de Clases Pasivas (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987) y en el mutualismo administrativo (MUFACE, regulado por el Real Decreto Legislativo 4/2000).
La separación del servicio y la inhabilitación como causas de pérdida de la condición
La separación del servicio es la sanción disciplinaria de mayor gravedad, que solo puede imponerse por falta muy grave tras el correspondiente procedimiento disciplinario (art. 96 TREBEP); en el caso de los funcionarios interinos supone la revocación de su nombramiento. A diferencia de la suspensión de funciones, es definitiva: implica la pérdida de la condición de funcionario cuando la sanción es firme. La inhabilitación (absoluta o especial) exige sentencia penal firme: la absoluta priva de todos los honores, empleos y cargos públicos y de la capacidad para obtenerlos; la especial, solo del empleo o cargo concreto sobre el que recae.
Régimen jurídico: derechos, deberes, situaciones administrativas e incompatibilidades
Los empleados públicos tienen derechos individuales (art. 14: inamovilidad de los funcionarios de carrera, progresión en la carrera profesional, retribuciones, formación, libertad sindical, vacaciones, permisos y licencias, etc.) y derechos de ejercicio colectivo (negociación colectiva, representación y participación institucional). Sus deberes y el código de conducta (arts. 52 a 54) se basan en los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera (art. 85) son: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia (voluntaria por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género, por razón de violencia terrorista) y suspensión de funciones. El régimen de incompatibilidades se regula en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el disciplinario, en el título VII del TREBEP, que clasifica las faltas en muy graves, graves y leves.
Competencias en materia de personal
La ordenación general del empleo público (planificación, oferta de empleo público) y la fijación de las bases del régimen estatutario corresponden, en la AGE, al Ministerio competente en materia de función pública, sin perjuicio de las competencias propias de cada Departamento ministerial en la gestión de su propio personal. En las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la competencia corresponde a los órganos que determine su respectiva normativa de organización, dentro del marco básico estatal.
Los registros de personal: el Registro Central de Personal
Cada Administración pública constituye un registro de personal en el que se inscriben los datos relativos a la vida administrativa de sus empleados. En la Administración General del Estado, el Registro Central de Personal, dependiente del Ministerio competente en materia de función pública, inscribe de oficio los datos de los empleados de la AGE y sus organismos públicos (toma de posesión, situaciones administrativas, permisos, licencias, sanciones disciplinarias, entre otros), garantizando la gestión unitaria y coordinada de los recursos humanos y sirviendo de soporte a la elaboración de las nóminas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Cuatro clases de empleados públicos (art. 8 TREBEP): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual, de nombramiento y cese libres. El personal directivo profesional se regula en el art. 13.
La reserva funcionarial (art. 9.2 TREBEP) impide que el personal laboral ejerza funciones que impliquen potestades públicas o salvaguarda de intereses generales.
Solo con la toma de posesión se adquiere plenamente la condición de funcionario de carrera (art. 62 TREBEP), tras superar el proceso selectivo, el nombramiento publicado y el acatamiento de la Constitución.
Causas de pérdida (art. 63): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción firme de separación del servicio y pena firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
El TREBEP (RDLeg 5/2015, de 30 de octubre) es legislación básica (art. 149.1.18ª CE) y supletoria para el personal no incluido en su ámbito; el art. 4 enumera personal con legislación específica.
Para el personal laboral, la fuente principal es la legislación laboral común (Estatuto de los Trabajadores) y el convenio colectivo aplicable, además del TREBEP en lo que proceda.
El funcionario interino se nombra por necesidad y urgencia justificada: vacante, sustitución transitoria, programa temporal (máx. 3 años, ampliable 12 meses) o exceso de tareas (máx. 9 meses dentro de un período de 18, tras la Ley 20/2021). Error típico: confundir los 6 meses en 12 con otros plazos.
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, reformó el régimen de interinidad y temporalidad: cese del interino al cubrirse la plaza, inclusión de las vacantes en la oferta de empleo y compensación por abuso de la temporalidad.
El personal eventual ocupa puesto de confianza o asesoramiento especial, cesa automáticamente al cesar la autoridad a la que sirve, y no constituye mérito para el acceso ni la promoción interna.
El personal directivo profesional (art. 13 TREBEP) se designa por mérito, capacidad e idoneidad con publicidad y concurrencia, y se somete a evaluación por eficacia y eficiencia y a control de resultados.
Los cuerpos y escalas se crean, modifican y suprimen por ley, y se adscriben a grupos de clasificación (A1, A2, B, C1, C2) según la titulación exigida para el ingreso.
El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se encuadra en el subgrupo A2, y es cuerpo general (funciones comunes sin exigir titulación específica más allá de la general del grupo).
Cuerpos generales (funciones comunes a toda la Administración) frente a cuerpos especiales (exigen titulación concreta vinculada a las funciones: ingeniería, letrados, facultativos).
La renuncia debe ser expresa y por escrito, no inhabilita para un nuevo ingreso por proceso selectivo, y no puede aceptarse si el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o a auto de procesamiento o apertura de juicio oral por delito (art. 64).
Jubilación forzosa a los 65 años (art. 67.3 TREBEP), con posible prolongación hasta los 70 en los términos de la legislación aplicable; es causa de pérdida de la condición de funcionario.
La sanción de separación del servicio solo se impone por falta muy grave y requiere firmeza para producir la pérdida de la condición; en interinos supone la revocación del nombramiento.
Rehabilitación (art. 66): procede tras recuperar la nacionalidad y, excepcionalmente, tras la inhabilitación; no confundir con el reingreso desde la excedencia.
Situaciones administrativas (art. 85): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones.
Plazo de ejecución de la oferta de empleo público: tres años improrrogables (art. 70).
El Registro Central de Personal inscribe de oficio la vida administrativa del personal de la AGE y sirve de soporte a la elaboración de nóminas.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿En qué grupo de clasificación profesional se encuadra el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Gestión AGE?
El personal al servicio de las Administraciones públicas (empleados públicos) se clasifica en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual, cada uno con un régimen jurídico propio regulado, en lo básico, por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). Además existe el personal directivo profesional y categorías con legislación específica (art. 4 TREBEP). La condición de funcionario de carrera se adquiere y se pierde por requisitos y causas tasadas legalmente (arts. 62 y 63 TREBEP), siempre bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE). La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, modificó el régimen de los interinos y del personal laboral temporal.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
Cuatro clases de empleados públicos (art. 8 TREBEP): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual, de nombramiento y cese libres. El personal directivo profesional se regula en el art. 13. La reserva funcionarial (art. 9.2 TREBEP) impide que el personal laboral ejerza funciones que impliquen potestades públicas o salvaguarda de intereses generales. Solo con la toma de posesión se adquiere plenamente la condición de funcionario de carrera (art. 62 TREBEP), tras superar el proceso selectivo, el nombramiento publicado y el acatamiento de la Constitución. Causas de pérdida (art. 63): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción firme de separación del servicio y pena firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. El TREBEP (RDLeg 5/2015, de 30 de octubre) es legislación básica (art. 149.1.18ª CE) y supletoria para el personal no incluido en su ámbito; el art. 4 enumera personal con legislación específica. Para el personal laboral, la fuente principal es la legislación laboral común (Estatuto de los Trabajadores) y el convenio colectivo aplicable, además del TREBEP en lo que proceda. El funcionario interino se nombra por necesidad y urgencia justificada: vacante, sustitución transitoria, programa temporal (máx. 3 años, ampliable 12 meses) o exceso de tareas (máx. 9 meses dentro de un período de 18, tras la Ley 20/2021). Error típico: confundir los 6 meses en 12 con otros plazos. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, reformó el régimen de interinidad y temporalidad: cese del interino al cubrirse la plaza, inclusión de las vacantes en la oferta de empleo y compensación por abuso de la temporalidad. El personal eventual ocupa puesto de confianza o asesoramiento especial, cesa automáticamente al cesar la autoridad a la que sirve, y no constituye mérito para el acceso ni la promoción interna. El personal directivo profesional (art. 13 TREBEP) se designa por mérito, capacidad e idoneidad con publicidad y concurrencia, y se somete a evaluación por eficacia y eficiencia y a control de resultados. Los cuerpos y escalas se crean, modifican y suprimen por ley, y se adscriben a grupos de clasificación (A1, A2, B, C1, C2) según la titulación exigida para el ingreso. El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se encuadra en el subgrupo A2, y es cuerpo general (funciones comunes sin exigir titulación específica más allá de la general del grupo). Cuerpos generales (funciones comunes a toda la Administración) frente a cuerpos especiales (exigen titulación concreta vinculada a las funciones: ingeniería, letrados, facultativos). La renuncia debe ser expresa y por escrito, no inhabilita para un nuevo ingreso por proceso selectivo, y no puede aceptarse si el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o a auto de procesamiento o apertura de juicio oral por delito (art. 64). Jubilación forzosa a los 65 años (art. 67.3 TREBEP), con posible prolongación hasta los 70 en los términos de la legislación aplicable; es causa de pérdida de la condición de funcionario. La sanción de separación del servicio solo se impone por falta muy grave y requiere firmeza para producir la pérdida de la condición; en interinos supone la revocación del nombramiento. Rehabilitación (art. 66): procede tras recuperar la nacionalidad y, excepcionalmente, tras la inhabilitación; no confundir con el reingreso desde la excedencia. Situaciones administrativas (art. 85): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones. Plazo de ejecución de la oferta de empleo público: tres años improrrogables (art. 70). El Registro Central de Personal inscribe de oficio la vida administrativa del personal de la AGE y sirve de soporte a la elaboración de nóminas.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 23.2, 103.3 y 149.1.18ª.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 2, 4, 8-13, 55-57, 61-64, 66, 67, 70, 75, 76, 85 y 96).
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
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