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Tema 4. La Seguridad Social: estructura y financiación. Problemas actuales y líneas de actuación. El régimen general y los regímenes especiales. La acción protectora de la Seguridad Social. Tipos y características de las prestaciones.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La Seguridad Social es un sistema público de protección social, garantizado por el art. 41 CE, estructurado en un Régimen General y varios regímenes especiales, que se financia principalmente mediante cotizaciones sociales y mediante aportaciones del Estado (cada vez más para prestaciones no contributivas y gastos de naturaleza no contributiva). El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) constituye su norma de cabecera. Su acción protectora comprende prestaciones contributivas y no contributivas, y se enfrenta a retos de sostenibilidad derivados del envejecimiento demográfico, abordados por las reformas de 2021-2023 (Ley 21/2021, RDL 2/2023) y por las recomendaciones del Pacto de Toledo.

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El fundamento constitucional de la Seguridad Social (art. 41 CE)

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. El art. 41 CE se ubica en el Capítulo III del Título I (principios rectores de la política social y económica), por lo que informa la legislación y la práctica judicial pero solo puede alegarse ante los tribunales conforme a lo que dispongan las leyes que lo desarrollen (art. 53.3 CE). Por ello se concibe como una garantía institucional de un sistema público con prestaciones suficientes, cuya configuración concreta corresponde al legislador, lo que permite que coexistan un nivel contributivo, ligado a la actividad profesional, y un nivel no contributivo de carácter universal. La competencia sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social es exclusiva del Estado (art. 149.1.17ª CE), sin perjuicio de la ejecución de los servicios por las Comunidades Autónomas.

El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015)

Norma de cabecera del sistema de Seguridad Social español, que regula su estructura, campo de aplicación, régimen de afiliación, cotización y recaudación, la acción protectora en sus distintas modalidades, y el régimen jurídico de las entidades gestoras y servicios comunes. Fue aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE-A-2015-11724), y refundió la anterior Ley General de la Seguridad Social de 1994 (RDL 1/1994) y sus sucesivas modificaciones. El art. 2 enuncia los principios del sistema: universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, y su carácter de sistema público que garantiza prestaciones suficientes. Rige también el principio de suficiencia de las prestaciones y la intervención del Estado como garante. Las últimas reformas relevantes son la Ley 21/2021 (garantía del poder adquisitivo de las pensiones) y el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.

La estructura del Sistema de la Seguridad Social

Se estructura en un Régimen General, que integra a los trabajadores por cuenta ajena y asimilados de la práctica totalidad de los sectores de actividad, y varios Regímenes Especiales, establecidos para aquellas actividades profesionales en que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, resulte necesario para su adecuada aplicación un sistema de encuadramiento diferenciado (art. 10 LGSS). Dentro de los regímenes pueden existir sistemas especiales, que son conjuntos de normas particulares aplicables a determinadas actividades (agraria, empleados de hogar, entre otros) sin llegar a constituir un régimen distinto. El campo de aplicación comprende a los españoles que residan y ejerzan su actividad en territorio nacional, y a los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que estén incluidos en alguno de los regímenes.

Los Regímenes Especiales de la Seguridad Social

Conforme al art. 10 LGSS, los regímenes especiales son el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y el Régimen Especial de la Minería del Carbón. En el Régimen General se integran, como sistemas especiales, el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y el Sistema Especial para Empleados de Hogar. Los trabajadores agrarios por cuenta propia se encuadran en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del RETA. Fuera de la LGSS subsisten regímenes especiales de funcionarios con normativa propia: el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), el de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y el de la Administración de Justicia (MUGEJU), que gestionan el mutualismo administrativo. Distinto es el Régimen de Clases Pasivas del Estado (Real Decreto Legislativo 670/1987), sistema de pensiones públicas que no forma parte de la Seguridad Social y que pagan directamente los Presupuestos Generales del Estado; los funcionarios que ingresaron a partir del 1 de enero de 2011 quedaron incluidos en el Régimen General (Real Decreto-ley 13/2010) en lugar de en Clases Pasivas.

El proceso histórico de simplificación de regímenes especiales

La legislación de Seguridad Social ha perseguido tradicionalmente la simplificación del número de regímenes especiales mediante su progresiva integración en el Régimen General o en el RETA, en línea con el principio de unidad del sistema recogido en la propia Ley General de la Seguridad Social. Los hitos más recientes fueron: la integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General (trabajadores por cuenta ajena) y en el RETA (cuenta propia), con efectos desde el 1 de enero de 2012 (Ley 28/2011); la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General como sistema especial, también desde el 1 de enero de 2012 (Ley 27/2011); y la inclusión en el Régimen General de los funcionarios de nuevo ingreso desde 2011. Subsisten, no obstante, el RETA, el Régimen del Mar y el de la Minería del Carbón.

La afiliación, altas y bajas en el sistema de Seguridad Social

La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria y única para toda la vida de la persona y para todo el sistema (art. 15 LGSS): es un acto por el que se incluye por primera vez a una persona en el sistema, con independencia del régimen que le corresponda, y se le asigna un número de afiliación. El alta se produce con cada nueva situación de actividad protegida, y la baja al cesar en la actividad, correspondiendo a los empresarios, con carácter general, la obligación de solicitar el alta, la baja y las variaciones de datos de sus trabajadores en los plazos reglamentarios (con carácter previo al inicio de la actividad en el caso del alta). Las altas, bajas y variaciones de los trabajadores autónomos se solicitan por ellos mismos. El alta de pleno derecho y la asimilada a la de alta (por ejemplo, la situación legal de desempleo con prestación) permiten acceder a las prestaciones en los supuestos previstos por la ley.

La financiación de la Seguridad Social: cotizaciones sociales

El sistema se financia fundamentalmente mediante cotizaciones sociales, aportadas por empresarios y trabajadores (o exclusivamente por el trabajador en el caso de autónomos), calculadas sobre bases de cotización sujetas a topes máximo y mínimo, y aplicando distintos tipos según la contingencia cubierta (contingencias comunes, desempleo, formación profesional, Fondo de Garantía Salarial, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). En el Régimen General, el tipo general de contingencias comunes es del 28,30%, de los que el 23,60% corresponde a la empresa y el 4,70% al trabajador. Las cotizaciones por desempleo, formación profesional y FOGASA se suman, y las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (tarifa de primas) corren íntegramente a cargo del empresario. Desde 2023 los autónomos cotizan por sus rendimientos netos reales, mediante un sistema de tramos, con un calendario de convergencia que se extiende hasta 2032 (Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio).

Los recursos del sistema: el art. 109 LGSS y las aportaciones del Estado

Junto a las cotizaciones, el art. 109 LGSS enumera los recursos generales del sistema: las aportaciones del Estado, las cuotas, los recargos, las sanciones, los frutos y rentas de su patrimonio, los ingresos por prestación de servicios y cualquier otro ingreso. Las aportaciones estatales con cargo a los Presupuestos Generales son crecientes en las últimas reformas para separar la financiación de las prestaciones contributivas (financiadas con cotizaciones) de las no contributivas, los complementos a mínimos y los llamados «gastos impropios» (políticas de género, reducciones y bonificaciones de cuotas, entre otros), en aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre separación de fuentes de financiación. En el ámbito de la gestión financiera, los excedentes se destinan al Fondo de Reserva.

El Pacto de Toledo

Acuerdo político-parlamentario alcanzado en 1995 en el seno de una Comisión no permanente del Congreso de los Diputados, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, renovado periódicamente (informes de 2003, 2011 y 2020), que fija las recomendaciones básicas para la reforma del sistema de Seguridad Social español: separación de fuentes de financiación, constitución de reservas (Fondo de Reserva de la Seguridad Social), mejora de las bases de cotización, simplificación e integración de regímenes y adecuación de las pensiones al aumento de la esperanza de vida, entre otras, sirviendo de marco de consenso para las sucesivas reformas. De él derivó la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social («hucha de las pensiones»)

Fondo creado por la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, constituido con los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de nivel contributivo, destinado a atender las necesidades futuras del sistema en materia de prestaciones contributivas ante posibles insuficiencias coyunturales de ingresos. Su gestión corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, y su utilización está sometida a los límites y condiciones legalmente previstos. Alcanzó su máximo en los años anteriores a la crisis y se redujo drásticamente entre 2012 y 2019 para financiar el déficit de la Seguridad Social; con la reforma de 2023 se incorporan a él los ingresos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad

Instrumento de financiación complementaria creado por la reforma de pensiones de 2021-2023 (Real Decreto-ley 2/2023), consistente en una cotización adicional finalista a cargo de empresarios y trabajadores, destinada a reforzar el Fondo de Reserva para hacer frente al impacto del incremento del gasto en pensiones derivado de la jubilación de la generación del «baby boom». Se aplica desde 2023 hasta 2050 con una cotización creciente: 0,6% en 2023 (0,5% la empresa y 0,1% el trabajador), 0,7% en 2024, 0,8% en 2025 y así sucesivamente hasta alcanzar el 1,2% en 2029 (1% empresa y 0,2% trabajador), que se mantiene hasta 2050. El MEI se revisará en 2031. Junto a él, la norma estableció la cuota de solidaridad, una cotización adicional sobre la parte del salario que excede de la base máxima de cotización, que se aplica de forma progresiva entre 2025 y 2045, y vinculó el incremento de la base máxima a un porcentaje adicional al IPC cada año hasta 2050 (el denominado «destope» gradual de las bases), con un incremento paralelo, más contenido, de la pensión máxima.

Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social

Son entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), competente en el reconocimiento y gestión de las pensiones y demás prestaciones económicas del sistema (salvo las de desempleo, que corresponden al SEPE); el Instituto Social de la Marina (ISM), para el Régimen Especial del Mar; el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), para los servicios sociales complementarios y la gestión de la dependencia; y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es el servicio común encargado de la gestión de la afiliación, cotización y recaudación, y también son servicios comunes la Intervención General de la Seguridad Social y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Colaboran con el sistema las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (Ley 35/2014), asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que gestionan las contingencias profesionales y la incapacidad temporal por contingencias comunes, bajo tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Servicio común del sistema de la Seguridad Social que tiene por objeto la gestión de los recursos económicos y la administración financiera del sistema, en aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, siendo responsable de la afiliación, la gestión de la cotización y la recaudación de las cuotas y demás recursos financieros de la Seguridad Social, así como de la gestión del Fondo de Reserva. Tiene competencia sobre la inscripción de empresas, la afiliación, altas y bajas de los trabajadores, el aplazamiento y fraccionamiento de deudas y la recaudación ejecutiva.

La acción protectora de la Seguridad Social: modalidad contributiva y no contributiva

La acción protectora (art. 42 LGSS) comprende la asistencia sanitaria, la recuperación profesional, las prestaciones económicas (incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, incapacidad permanente, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, desempleo, muerte y supervivencia), las prestaciones familiares, los servicios sociales y las prestaciones por cese de actividad. Se articula en un nivel contributivo, condicionado a periodos previos de cotización y proporcional a las bases cotizadas, y un nivel no contributivo, dirigido a garantizar prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad a quienes, careciendo de recursos, no han cotizado o no lo han hecho el tiempo suficiente, financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en coherencia con el mandato universal del art. 41 CE. Las prestaciones son intransmisibles y el derecho a su reconocimiento prescribe a los cinco años.

El catálogo de prestaciones del nivel contributivo

Incapacidad temporal (duración máxima de 365 días prorrogables por otros 180), nacimiento y cuidado del menor (diecinueve semanas para cada progenitor tras el Real Decreto-ley 9/2025, y treinta y dos en las familias monoparentales, de las que seis son de disfrute obligatorio e inmediato tras el parto), riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, incapacidad permanente (parcial, total, absoluta y gran invalidez), jubilación, muerte y supervivencia (viudedad, orfandad, en favor de familiares), y prestaciones por desempleo de nivel contributivo, cada una con sus propios requisitos de acceso, período de cotización exigido, base reguladora y cuantía. Las pensiones contributivas cuyo importe sea inferior al mínimo legal se complementan hasta el mínimo (complementos por mínimos) si el pensionista no supera ciertos ingresos. Desde el Real Decreto-ley 3/2021 existe el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, que sustituyó al complemento por maternidad tras la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019.

El catálogo de prestaciones del nivel no contributivo

Pensiones no contributivas de jubilación (65 o más años, con diez años de residencia en España entre los 16 años y la fecha de devengo, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud) e invalidez (entre 18 y 64 años, con grado de discapacidad igual o superior al 65% y cinco años de residencia, dos de ellos consecutivos), prestaciones familiares por hijo a cargo y el Ingreso Mínimo Vital. Este último, creado en 2020 por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, y regulado actualmente por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, es una prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, careciendo de recursos económicos suficientes; es gestionado por el INSS y financiado íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Los beneficiarios en edad laboral deben inscribirse como demandantes de empleo, salvo supuestos exceptuados, y participan en estrategias de inclusión. La Ley 19/2021 incorpora además un complemento de ayuda para la infancia.

El sistema de pensiones de jubilación: régimen general

Prestación económica, en forma de pensión vitalicia, reconocida al trabajador que, reuniendo los requisitos de edad ordinaria de jubilación y de un período mínimo de cotización (quince años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al hecho causante), cesa en su actividad laboral. La edad ordinaria se eleva progresivamente hasta los 67 años (calendario de la Ley 27/2011), alcanzándose en 2027; en 2026 es de 66 años y 10 meses para quienes no acrediten carreras de cotización largas, y puede ser de 65 años para quienes acrediten 38 años y 6 meses de cotización (cuando se complete el calendario). La base reguladora se calcula conforme a un período de referencia de veinticinco años, con reglas de cálculo reformadas por el RDL 2/2023, y el porcentaje aplicable depende de los años cotizados (el 100% de la base reguladora solo se alcanza con una carrera de cotización larga, que el calendario transitorio eleva hasta el año 2027). Existen modalidades de jubilación anticipada, demorada (con incentivos para quien retrase el retiro), flexible y activa (compatible con trabajo). La revalorización anual de las pensiones contributivas se vincula al IPC (Ley 21/2021), por lo que desaparece el índice de revalorización de 2013 (Ley 23/2013).

Los problemas actuales del sistema y las líneas de reforma

El sistema afronta como principales retos el impacto del envejecimiento demográfico y el incremento de la esperanza de vida sobre la sostenibilidad financiera del gasto en pensiones (con la jubilación de las generaciones del baby boom en las próximas dos décadas), la necesidad de ampliar las bases de financiación (MEI, cuota de solidaridad, destope de bases máximas), la lucha contra la economía sumergida y el fraude en la cotización, la brecha de género en las pensiones y la adaptación de la acción protectora a nuevas formas de trabajo (economía de plataformas, trabajo autónomo). Las respuestas legislativas son: la Ley 21/2021 (separación de fuentes, revalorización por IPC, incentivos a la jubilación demorada y endurecimiento de la jubilación anticipada), el RDL 13/2022 (cotización de autónomos por ingresos reales) y el RDL 2/2023 (MEI, cuota de solidaridad, destope, reforma de períodos de cómputo), derivadas de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El principio de solidaridad y caja única del sistema

El patrimonio único de la Seguridad Social, afecto a sus fines, se administra bajo el principio de caja única, sin que puedan asignarse específicamente los recursos financieros a un régimen o territorio determinado con exclusión de los demás, garantizando la solidaridad interterritorial y entre los distintos colectivos protegidos que constituye una de las señas de identidad estructurales del sistema público español de Seguridad Social. El sistema funciona en régimen de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones vigentes. Las Comunidades Autónomas no pueden ejercer competencias sobre el régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17ª CE, con jurisprudencia constitucional que reafirma la unidad de caja).

La gestión informatizada e interoperable de la Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social han desarrollado sistemas de gestión electrónica avanzados (Sistema RED para la comunicación de datos por las empresas, la sede electrónica de la Seguridad Social, el servicio «Tu Seguridad Social», Import@ss y los sistemas de confección de nóminas y liquidación de cuotas) que permiten la tramitación telemática de la práctica totalidad de los trámites de afiliación, cotización y solicitud de prestaciones, en línea con los principios generales de la Administración electrónica aplicados al ámbito específico de la Seguridad Social. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social coordina estas tecnologías, y los empresarios están obligados a relacionarse de forma electrónica con la Administración de la Seguridad Social.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 41 CE encomienda a los poderes públicos un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad; es un principio rector (art. 53.3 CE) y la competencia sobre legislación básica y régimen económico es exclusiva del Estado (art. 149.1.17ª CE).
  • Estructura dual: Régimen General (mayoría de trabajadores por cuenta ajena) y Regímenes Especiales (RETA, Mar, Minería del Carbón); los funcionarios tienen mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS, MUGEJU).
  • El Régimen de Clases Pasivas del Estado no forma parte de la Seguridad Social; los funcionarios de nuevo ingreso desde el 1 de enero de 2011 se integran en el Régimen General (RDL 13/2010).
  • Los Regímenes Agrario y de Empleados de Hogar se integraron en el Régimen General (como sistemas especiales) y en el RETA con efectos desde el 1 de enero de 2012 (Leyes 27/2011 y 28/2011).
  • El Pacto de Toledo propugna la separación de fuentes: cotizaciones para prestaciones contributivas, impuestos para las no contributivas y universales.
  • El Ingreso Mínimo Vital (RDL 20/2020, regulado hoy por la Ley 19/2021) es una prestación no contributiva de la Seguridad Social orientada a prevenir la pobreza y la exclusión social, gestionada por el INSS y financiada por los PGE.
  • El Texto Refundido de la LGSS (RDL 8/2015) es la norma de cabecera del sistema: estructura, afiliación, cotización, acción protectora y entidades gestoras.
  • Los complementos por mínimos forman parte de las pensiones contributivas (se pagan para elevar la pensión contributiva al mínimo), aunque se financian con aportaciones del Estado; no son prestaciones no contributivas.
  • La afiliación es única, obligatoria y para toda la vida (art. 15 LGSS); el alta se produce con cada nueva situación de actividad protegida y la baja al cesar, correspondiendo al empresario solicitarlas con carácter general.
  • El tipo general de contingencias comunes en el Régimen General es del 28,30% (23,60% empresa y 4,70% trabajador); los autónomos cotizan por ingresos reales desde 2023 con calendario hasta 2032.
  • El art. 109 LGSS enumera los recursos generales del sistema: aportaciones del Estado, cuotas, recargos, sanciones, rentas de su patrimonio y otros ingresos.
  • El Pacto de Toledo (1995, Comisión no permanente del Congreso) recomienda separación de fuentes, Fondo de Reserva, mejora de bases de cotización y adecuación de pensiones a la esperanza de vida; fue renovado en 2003, 2011 y 2020.
  • El Fondo de Reserva de la Seguridad Social («hucha de las pensiones») fue creado por la Ley 28/2003 y se nutre de excedentes de cotizaciones por contingencias comunes; lo gestiona la TGSS.
  • El MEI (RDL 2/2023) es una cotización adicional finalista de 2023 a 2050: 0,6% en 2023, hasta alcanzar el 1,2% en 2029 (1% empresa, 0,2% trabajador).
  • El RDL 2/2023 también creó la cuota de solidaridad (cotización adicional sobre salarios por encima de la base máxima, de 2025 a 2045) y el destope gradual de la base máxima.
  • Entidades gestoras: INSS (pensiones y prestaciones económicas), ISM (Régimen del Mar), IMSERSO (servicios sociales y dependencia) e INGESA (sanidad en Ceuta/Melilla); la TGSS es un servicio común de afiliación/cotización/recaudación bajo el principio de caja única.
  • La acción protectora (art. 42 LGSS) distingue nivel contributivo (según cotización previa) y no contributivo (garantiza mínimos ante necesidad, financiado con impuestos), coherente con el mandato universal del art. 41 CE.
  • Prestaciones contributivas: incapacidad temporal (365 días + 180), nacimiento y cuidado del menor (19 semanas por progenitor, 32 en monoparentalidad), incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia (viudedad, orfandad) y desempleo contributivo.
  • Prestaciones no contributivas: pensiones no contributivas de jubilación (65 años, 10 años de residencia) e invalidez (65% de discapacidad, 5 años de residencia), prestaciones familiares y el Ingreso Mínimo Vital, financiadas con cargo a los PGE.
  • Incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez; las lesiones permanentes no invalidantes se indemnizan a tanto alzado.
  • La jubilación ordinaria exige edad progresiva hasta 67 años (2027) y 15 años de cotización, 2 de ellos en los 15 años anteriores; las pensiones se revalorizan con el IPC (Ley 21/2021).
  • Retos actuales: envejecimiento demográfico, ampliación de bases de financiación (MEI, destope de bases máximas), lucha contra la economía sumergida y adaptación a la economía de plataformas.
  • El principio de caja única impide asignar recursos financieros a un régimen o territorio con exclusión de los demás, garantizando la solidaridad interterritorial del sistema.
  • Error típico: confundir el complemento para la reducción de la brecha de género (RDL 3/2021) con el antiguo complemento por maternidad, que fue declarado contrario al Derecho de la UE por el TJUE el 12 de diciembre de 2019.
  • Error típico: Clases Pasivas no es un régimen de la Seguridad Social, mientras que MUFACE, ISFAS y MUGEJU sí son regímenes especiales de funcionarios con gestión mutualista.
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¿Qué precepto constitucional encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Gestión AGE?

La Seguridad Social es un sistema público de protección social, garantizado por el art. 41 CE, estructurado en un Régimen General y varios regímenes especiales, que se financia principalmente mediante cotizaciones sociales y mediante aportaciones del Estado (cada vez más para prestaciones no contributivas y gastos de naturaleza no contributiva). El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) constituye su norma de cabecera. Su acción protectora comprende prestaciones contributivas y no contributivas, y se enfrenta a retos de sostenibilidad derivados del envejecimiento demográfico, abordados por las reformas de 2021-2023 (Ley 21/2021, RDL 2/2023) y por las recomendaciones del Pacto de Toledo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

El art. 41 CE encomienda a los poderes públicos un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad; es un principio rector (art. 53.3 CE) y la competencia sobre legislación básica y régimen económico es exclusiva del Estado (art. 149.1.17ª CE). Estructura dual: Régimen General (mayoría de trabajadores por cuenta ajena) y Regímenes Especiales (RETA, Mar, Minería del Carbón); los funcionarios tienen mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS, MUGEJU). El Régimen de Clases Pasivas del Estado no forma parte de la Seguridad Social; los funcionarios de nuevo ingreso desde el 1 de enero de 2011 se integran en el Régimen General (RDL 13/2010). Los Regímenes Agrario y de Empleados de Hogar se integraron en el Régimen General (como sistemas especiales) y en el RETA con efectos desde el 1 de enero de 2012 (Leyes 27/2011 y 28/2011). El Pacto de Toledo propugna la separación de fuentes: cotizaciones para prestaciones contributivas, impuestos para las no contributivas y universales. El Ingreso Mínimo Vital (RDL 20/2020, regulado hoy por la Ley 19/2021) es una prestación no contributiva de la Seguridad Social orientada a prevenir la pobreza y la exclusión social, gestionada por el INSS y financiada por los PGE. El Texto Refundido de la LGSS (RDL 8/2015) es la norma de cabecera del sistema: estructura, afiliación, cotización, acción protectora y entidades gestoras. Los complementos por mínimos forman parte de las pensiones contributivas (se pagan para elevar la pensión contributiva al mínimo), aunque se financian con aportaciones del Estado; no son prestaciones no contributivas. La afiliación es única, obligatoria y para toda la vida (art. 15 LGSS); el alta se produce con cada nueva situación de actividad protegida y la baja al cesar, correspondiendo al empresario solicitarlas con carácter general. El tipo general de contingencias comunes en el Régimen General es del 28,30% (23,60% empresa y 4,70% trabajador); los autónomos cotizan por ingresos reales desde 2023 con calendario hasta 2032. El art. 109 LGSS enumera los recursos generales del sistema: aportaciones del Estado, cuotas, recargos, sanciones, rentas de su patrimonio y otros ingresos. El Pacto de Toledo (1995, Comisión no permanente del Congreso) recomienda separación de fuentes, Fondo de Reserva, mejora de bases de cotización y adecuación de pensiones a la esperanza de vida; fue renovado en 2003, 2011 y 2020. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social («hucha de las pensiones») fue creado por la Ley 28/2003 y se nutre de excedentes de cotizaciones por contingencias comunes; lo gestiona la TGSS. El MEI (RDL 2/2023) es una cotización adicional finalista de 2023 a 2050: 0,6% en 2023, hasta alcanzar el 1,2% en 2029 (1% empresa, 0,2% trabajador). El RDL 2/2023 también creó la cuota de solidaridad (cotización adicional sobre salarios por encima de la base máxima, de 2025 a 2045) y el destope gradual de la base máxima. Entidades gestoras: INSS (pensiones y prestaciones económicas), ISM (Régimen del Mar), IMSERSO (servicios sociales y dependencia) e INGESA (sanidad en Ceuta/Melilla); la TGSS es un servicio común de afiliación/cotización/recaudación bajo el principio de caja única. La acción protectora (art. 42 LGSS) distingue nivel contributivo (según cotización previa) y no contributivo (garantiza mínimos ante necesidad, financiado con impuestos), coherente con el mandato universal del art. 41 CE. Prestaciones contributivas: incapacidad temporal (365 días + 180), nacimiento y cuidado del menor (19 semanas por progenitor, 32 en monoparentalidad), incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia (viudedad, orfandad) y desempleo contributivo. Prestaciones no contributivas: pensiones no contributivas de jubilación (65 años, 10 años de residencia) e invalidez (65% de discapacidad, 5 años de residencia), prestaciones familiares y el Ingreso Mínimo Vital, financiadas con cargo a los PGE. Incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez; las lesiones permanentes no invalidantes se indemnizan a tanto alzado. La jubilación ordinaria exige edad progresiva hasta 67 años (2027) y 15 años de cotización, 2 de ellos en los 15 años anteriores; las pensiones se revalorizan con el IPC (Ley 21/2021). Retos actuales: envejecimiento demográfico, ampliación de bases de financiación (MEI, destope de bases máximas), lucha contra la economía sumergida y adaptación a la economía de plataformas. El principio de caja única impide asignar recursos financieros a un régimen o territorio con exclusión de los demás, garantizando la solidaridad interterritorial del sistema. Error típico: confundir el complemento para la reducción de la brecha de género (RDL 3/2021) con el antiguo complemento por maternidad, que fue declarado contrario al Derecho de la UE por el TJUE el 12 de diciembre de 2019. Error típico: Clases Pasivas no es un régimen de la Seguridad Social, mientras que MUFACE, ISFAS y MUGEJU sí son regímenes especiales de funcionarios con gestión mutualista.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 41, 53.3 y 149.1.17ª.
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724).
  • Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, y Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
  • Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
  • Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.
  • Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
  • Ley 27/2011, de 1 de agosto, y Ley 28/2011, de 22 de septiembre (integración de regímenes).
  • Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
  • Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero (complemento para la reducción de la brecha de género).

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