Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La política ambiental española se articula en un sistema de distribución de competencias entre el Estado (legislación básica sobre protección del medio ambiente, art. 149.1.23ª CE) y las Comunidades Autónomas (normas adicionales de protección, desarrollo y ejecución), con instrumentos específicos para la conservación de la biodiversidad (Ley 42/2007, Red Natura 2000, espacios protegidos) y para la prevención de la contaminación (evaluación ambiental, autorización ambiental integrada, responsabilidad medioambiental, calidad del aire, residuos y aguas) y la lucha contra el cambio climático (Ley 7/2021, comercio de derechos de emisión), en un marco fuertemente condicionado por el Derecho de la Unión Europea y los compromisos internacionales asumidos por España.
El derecho al medio ambiente en la Constitución (art. 45 CE)
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo (45.1). Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva (45.2). Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado (45.3). El art. 45 está ubicado en el Capítulo III del Título I (principios rectores de la política social y económica), por lo que, conforme al art. 53.3 CE, solo puede ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen; no es un derecho fundamental ni es susceptible de recurso de amparo. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente se tipifican en el Código Penal (Título XVI, Capítulo III, arts. 325 y ss.).
Distribución de competencias en materia de medio ambiente (arts. 148.1.9ª y 149.1.23ª CE)
Corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección; también la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias (149.1.23ª). Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias de gestión en materia de protección del medio ambiente (148.1.9ª CE) y, en la práctica, todas las han asumido, además del desarrollo legislativo y la ejecución. Según la doctrina del Tribunal Constitucional (por ejemplo, STC 102/1995, sobre la Ley de espacios naturales), la legislación básica estatal es un mínimo común que las CCAA pueden mejorar con normas adicionales pero nunca rebajar, y el Estado debe dejar a las CCAA un espacio normativo y de ejecución. Otros títulos estatales relevantes son la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad (149.1.22ª) y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (149.1.13ª), que sustenta parte de la política energética y de cambio climático. El resultado es un sistema de competencias compartidas de gran complejidad práctica, con la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como principal instrumento de cooperación entre el Estado y las CCAA.
Los principios de la política ambiental de la Unión Europea
La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente persigue la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas a escala internacional para hacer frente a los problemas regionales o mundiales (art. 191.1 TFUE). Se basa en los principios de cautela, de acción preventiva, de corrección de los atentados al medio ambiente preferentemente en la fuente misma y de quien contamina paga (art. 191.2 TFUE). La Unión comparte la competencia con los Estados miembros en materia de medio ambiente (art. 4.2.e TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales (art. 37) incorpora un alto nivel de protección ambiental. Las Directivas exigen transposición al ordenamiento interno; los Reglamentos son de aplicación directa. El Pacto Verde Europeo (2019) y la Ley Europea del Clima (Reglamento (UE) 2021/1119) fijan los grandes objetivos de neutralidad climática en 2050 y de reducción de emisiones del 55% en 2030 respecto de 1990.
La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental
Unifica en un único texto la evaluación ambiental estratégica de planes y programas y la evaluación de impacto ambiental de proyectos, estableciendo los procedimientos ordinario y simplificado aplicables según la naturaleza y magnitud del plan, programa o proyecto, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección ambiental integrando los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes, programas y proyectos. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. La ley distingue el órgano sustantivo (el que tiene competencia para autorizar o aprobar el plan o proyecto) del órgano ambiental (que formula la declaración o el informe ambiental); el promotor es la persona que impulsa el plan o proyecto. Los proyectos del Anexo I se someten a evaluación de impacto ambiental ordinaria; los del Anexo II, a evaluación simplificada (salvo que el promotor solicite la ordinaria), a menos que afecten a la Red Natura 2000 u otros supuestos en que se exige la ordinaria.
La evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental: procedimientos y actos finales
En la evaluación ambiental estratégica (planes y programas) el procedimiento ordinario culmina en la declaración ambiental estratégica y el simplificado en el informe ambiental estratégico. En la evaluación de impacto ambiental (proyectos) el procedimiento ordinario culmina en la declaración de impacto ambiental (DIA) y el simplificado en el informe de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo instrumental respecto del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, que analiza los efectos previsibles de un proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural, y sus interacciones. La DIA determina si procede o no, a los solos efectos ambientales, la realización del proyecto y fija las condiciones en que puede desarrollarse; es vinculante para el órgano sustantivo en los términos de la ley y no es recurrible por sí sola, sino que se impugna junto con el acto de autorización del proyecto. Se publica en el boletín oficial correspondiente y pierde vigencia si el proyecto no se inicia en el plazo de cuatro años desde su publicación. Fases del procedimiento ordinario: solicitud de inicio, consultas previas y documento de alcance, estudio de impacto ambiental, información pública y consultas a Administraciones afectadas, análisis técnico del expediente y declaración. Seguimiento: el órgano sustantivo vigila el cumplimiento de las condiciones de la DIA.
La conservación de la biodiversidad: la Ley 42/2007
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (modificada de forma sustancial por la Ley 33/2015), establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, así como el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Catálogo Español de Especies Amenazadas (categorías «en peligro de extinción» y «vulnerable», regulado por el Real Decreto 139/2011, junto con el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial) y el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013). Constituye el marco español de transposición de las Directivas de Aves y de Hábitats. Se inspira en los principios de conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad, uso ordenado de los recursos, integración de los requisitos de conservación en las políticas sectoriales, precaución, y participación ciudadana. Instrumentos de planificación: el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN, que prevalecen sobre cualquier otro instrumento de ordenación territorial o física) y las estrategias de conservación de especies amenazadas.
La Red Natura 2000
Red ecológica europea coherente de Zonas de Especial Conservación (ZEC, designadas a partir de los Lugares de Importancia Comunitaria, LIC, propuestos por los Estados) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), constituida en aplicación de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y de la Directiva 2009/147/CE de Aves (codificación de la 79/409/CEE), dirigida a garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y de las especies de interés comunitario en su área de distribución natural. España es el Estado miembro que aporta mayor superficie a la red. Los planes o proyectos que, sin tener relación directa con la gestión de un espacio de la Red, puedan afectar de forma apreciable a éste se someten a una evaluación de repercusiones (art. 6 de la Directiva de Hábitats), y solo pueden autorizarse si no causan perjuicio a la integridad del espacio o, en su defecto, por razones imperiosas de interés público de primer orden y con medidas compensatorias. Las CCAA declaran y gestionan los espacios de la Red en su territorio.
Los espacios naturales protegidos
La Ley 42/2007 clasifica los espacios naturales protegidos en: Parques (áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, fauna o de su geomorfología, poseen valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente), Reservas Naturales (espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial), Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. A ellos se suman las figuras de protección internacional: las Reservas de la Biosfera (programa MaB de la UNESCO), los humedales de importancia internacional (Convenio Ramsar de 1971), los Sitios del Patrimonio Mundial natural y las áreas protegidas por instrumentos internacionales (OSPAR, Barcelona). La declaración y gestión ordinaria de los espacios corresponde a las Comunidades Autónomas; la Administración General del Estado declara y gestiona las áreas marinas protegidas en el ámbito de su competencia.
Los Parques Nacionales: régimen singular
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, regula la Red de Parques Nacionales, espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o actividad humana, cuya declaración corresponde a las Cortes Generales mediante ley, a propuesta de la Comunidad Autónoma o Comunidades en cuyo territorio se ubican, y cuya gestión ordinaria corresponde a la Comunidad Autónoma, tras las SSTC 194/2004 y 101/2005, que anularon la gestión estatal conjunta; el Estado conserva competencias de coordinación general de la Red a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), con apoyo en la Comisión de Coordinación, el Consejo de la Red y el Comité Científico. La Red cuenta con dieciséis parques nacionales, el último de los cuales, Sierra de las Nieves, se declaró en 2021.
El principio de «quien contamina paga» y los principios de cautela y prevención
Principio general del Derecho ambiental, tanto de la Unión Europea (art. 191.2 TFUE) como del ordenamiento español, conforme al cual el causante de la contaminación debe soportar los costes de las medidas de prevención, reducción y control de la contaminación que genera, plasmado normativamente en la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental. Junto a él operan el principio de cautela o precaución (la falta de certeza científica no justifica retrasar medidas para evitar un daño grave), el de prevención (es preferible evitar el daño antes que repararlo) y el de corrección en la fuente.
La Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental
Ley 26/2007, de 23 de octubre. Regula la responsabilidad de los operadores de actividades económicas o profesionales de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales causados a las aguas, la ribera del mar y de las rías, el suelo y las especies silvestres y hábitats protegidos, conforme al principio de quien contamina paga. Distingue dos regímenes: las actividades del Anexo III están sometidas a responsabilidad objetiva (sin necesidad de culpa) de prevención, evitación y reparación; las demás actividades responden solo si media dolo, culpa o negligencia. Impone a los operadores del Anexo III la constitución de garantías financieras obligatorias (seguro, aval o reserva técnica) para cubrir la responsabilidad, con un límite máximo de 20 millones de euros en su cuantía, y establece que no se exigirá responsabilidad cuando hayan transcurrido treinta años desde la emisión, suceso o incidente. La autoridad competente es, con carácter general, la Comunidad Autónoma, y el procedimiento puede iniciarse de oficio o a instancia de los interesados (incluidas las organizaciones ambientales). Quedan fuera los daños amparados por convenios internacionales sobre ciertos supuestos (contaminación por hidrocarburos, energía nuclear).
La prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)
El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (que refunde la Ley 16/2002), exige a determinadas instalaciones industriales de mayor potencial contaminante, enumeradas en su Anexo 1, la obtención de una Autorización Ambiental Integrada (AAI), que fija los valores límite de emisión aplicando las Mejores Técnicas Disponibles (MTD, determinadas en las conclusiones sobre las MTD de la Unión Europea) e integra en un único procedimiento y una única autorización las distintas intervenciones administrativas ambientales sectoriales (emisiones a la atmósfera, vertidos, residuos). Transpone la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales, desarrollada por el Real Decreto 815/2013. La AAI es otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, se revisa periódicamente y el titular está sujeto a inspección ambiental. La directiva se ha revisado en 2024 (Directiva (UE) 2024/1785), cuya transposición al ordenamiento español es obligada.
La legislación de residuos y la economía circular
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, transpone el paquete europeo de economía circular (Directiva 2008/98/CE modificada por la 2018/851 y la Directiva (UE) 2019/904 sobre plásticos de un solo uso) y establece la jerarquía de residuos (prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización incluida la energética y, como última opción, eliminación), la responsabilidad ampliada del productor y objetivos vinculantes de reducción, reutilización y reciclaje de residuos, en particular de envases y de residuos de la construcción y demolición. Crea además dos impuestos: el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración. Prevé la recogida separada de biorresiduos y, para los municipios, la obligación de implantar tasas o prestaciones patrimoniales específicas por el servicio de gestión de residuos. El Real Decreto 1055/2022 regula los envases y residuos de envases, y el Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases será aplicable a partir de agosto de 2026.
La política de aguas: la Ley de Aguas y las Confederaciones Hidrográficas
El Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio) declara las aguas continentales, superficiales y subterráneas renovables, dominio público hidráulico del Estado, gestionado a través de las Confederaciones Hidrográficas (organismos autónomos adscritos al Ministerio competente en materia de medio ambiente) en las cuencas intercomunitarias, mediante instrumentos de planificación hidrológica (Planes Hidrológicos de cuenca y Plan Hidrológico Nacional) que armonizan el uso del agua con la protección ambiental. En las cuencas intracomunitarias la gestión corresponde a la Comunidad Autónoma. La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) impone alcanzar el buen estado de las masas de agua y organiza la gestión por demarcaciones hidrográficas, con planes de cuenca revisados cada seis años. Los usos privativos del agua requieren concesión administrativa. La competencia sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad es exclusiva del Estado (art. 149.1.22ª CE).
La contaminación atmosférica, la calidad del aire y el ruido
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, establece las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica, con el fin de evitar y, cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de esta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y los demás bienes de cualquier naturaleza, incorporando los estándares de calidad del aire fijados por la normativa de la Unión Europea (Directivas 2008/50/CE y 2004/107/CE; la Directiva (UE) 2024/2881 de calidad del aire ambiente refuerza los valores límite). Las Comunidades Autónomas y las entidades locales tienen competencias de evaluación y planes de mejora de la calidad del aire. La Ley 7/2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones. En materia de ruido rige la Ley 37/2003, del Ruido.
El cambio climático: marco jurídico español
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, fija como objetivo alcanzar la neutralidad climática de España a más tardar en 2050 y un sistema eléctrico 100% renovable en esa fecha, y establece objetivos mínimos vinculantes para 2030 respecto de 1990: reducción de al menos el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 42% de energías renovables sobre el uso final de la energía, 74% de generación eléctrica renovable y mejora de la eficiencia energética de al menos el 39,5%. Dispone la prohibición de nuevas autorizaciones de exploración e investigación de hidrocarburos, que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos no destinados a usos comerciales sean de emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro a más tardar en 2040, la creación de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes, y crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética. Sus instrumentos de planificación son el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC, con revisión periódica; su versión actualizada para 2023-2030 eleva los objetivos nacionales de reducción de emisiones por encima del 23%), la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), en coherencia con el Pacto Verde Europeo, la Ley Europea del Clima y el Acuerdo de París de 2015.
El régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
La Ley 1/2005, de 9 de marzo, regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (EU ETS, Directiva 2003/87/CE), instrumento de mercado de la Unión Europea que fija un límite máximo de emisiones para determinados sectores industriales, energéticos y de aviación y permite a las instalaciones comprar y vender derechos de emisión entre sí (cap and trade), incentivando la reducción de emisiones al menor coste posible. Cada instalación necesita una autorización de emisión de gases de efecto invernadero y debe entregar anualmente derechos equivalentes a sus emisiones verificadas. Complementan el sistema el nuevo régimen para edificios y transporte por carretera (ETS2, Directiva (UE) 2023/959) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, Reglamento (UE) 2023/956), con fase definitiva desde el 1 de enero de 2026.
La organización administrativa ambiental en España
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ejerce las competencias estatales, con organismos especializados como las Confederaciones Hidrográficas y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (organismos autónomos), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, agencia estatal), la Fundación Biodiversidad (fundación del sector público) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, entidad pública empresarial). En su estructura destaca la Oficina Española de Cambio Climático. Las Comunidades Autónomas cuentan, con carácter general, con una Consejería competente en la materia y sus propios organismos de cuenca en el caso de cuencas intracomunitarias. La cooperación se articula mediante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Medio Ambiente (Ley 27/2006), órgano consultivo y de participación ciudadana.
La participación ciudadana en materia ambiental: el Convenio de Aarhus
España, como Estado parte del Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998 (de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ha desarrollado la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula estos tres derechos. Establece que la información ambiental debe facilitarse en el plazo de un mes (ampliable a dos si el volumen o la complejidad lo justifican), y atribuye una legitimación reforzada a las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos estatutos tengan por objeto la protección del medio ambiente (con al menos dos años de constitución y ejercicio de actividad), para ejercer la acción popular en materia de medio ambiente ante las Administraciones y los tribunales.
La fiscalidad ambiental
Conjunto de tributos e incentivos fiscales orientados a internalizar los costes ambientales de determinadas actividades y a incentivar comportamientos más sostenibles, entre los que destacan a nivel estatal los de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, canon por utilización de aguas continentales), el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Ley 16/2013) y, a partir de la Ley 7/2022, el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración, así como diversos tributos propios autonómicos sobre emisiones y vertidos.
La política de biodiversidad en el marco internacional y europeo
España es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992) y de otros instrumentos como el Convenio Ramsar (humedales, 1971), CITES (comercio internacional de especies amenazadas, 1973), el Convenio de Berna (conservación de la vida silvestre y los hábitats naturales de Europa, 1979) y el Convenio de Bonn (especies migratorias). En 2022 la COP15 de la biodiversidad adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que incluye la meta de proteger al menos el 30% de las tierras y los mares para 2030. En la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2024/1991 de Restauración de la Naturaleza establece objetivos jurídicamente vinculantes de restauración de ecosistemas, que cada Estado miembro debe concretar en un plan nacional de restauración.
Los organismos internacionales de referencia en política ambiental
España participa activamente en los principales foros internacionales de política ambiental, en particular en las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 1992), en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y en las políticas ambientales de la Unión Europea, que condicionan de forma creciente el desarrollo normativo interno en la materia mediante directivas de armonización y reglamentos de aplicación directa. El Acuerdo de París (2015), adoptado en la COP21, fija el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC respecto de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 ºC, mediante contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) revisables cada cinco años.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica en medio ambiente (art. 149.1.23 CE); las CCAA pueden establecer normas adicionales de protección, nunca rebajar el nivel mínimo estatal.
La Ley 42/2007 regula la Red Natura 2000 y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, transponiendo las Directivas de Aves y de Hábitats; fue modificada por la Ley 33/2015.
La Ley 7/2021 fija el objetivo de neutralidad climática a más tardar en 2050, con objetivos mínimos para 2030: reducción de al menos el 23% de emisiones respecto de 1990, 42% de renovables en el uso final de la energía, 74% de generación eléctrica renovable y 39,5% de mejora de eficiencia energética.
La Ley 21/2013 integra la evaluación ambiental estratégica (planes y programas) y la evaluación de impacto ambiental (proyectos) como instrumentos de prevención; fue modificada por la Ley 9/2018.
El art. 45 CE reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo, con sanciones penales/administrativas y obligación de reparar el daño causado; es un principio rector (Cap. III, Título I), no un derecho fundamental.
El Estado tiene también legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias (149.1.23ª); las CCAA pueden asumir competencias de gestión ambiental (148.1.9ª).
Actos finales de la Ley 21/2013: EAE ordinaria, declaración ambiental estratégica; EAE simplificada, informe ambiental estratégico; EIA ordinaria, declaración de impacto ambiental (DIA); EIA simplificada, informe de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental de proyectos es instrumental respecto de la autorización sustantiva; la DIA condiciona o deniega la autorización, no se recurre por sí sola y pierde vigencia si el proyecto no se inicia en cuatro años.
La Red Natura 2000 se compone de Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA); España es el Estado miembro que más superficie aporta.
Los espacios naturales protegidos de la Ley 42/2007 son: Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos; su declaración y gestión corresponde a las CCAA salvo las áreas marinas de competencia estatal.
Los Parques Nacionales (Ley 30/2014) se declaran por ley de las Cortes Generales; su gestión ordinaria corresponde a la CA (SSTC 194/2004 y 101/2005), con coordinación general del Estado mediante el Organismo Autónomo Parques Nacionales; la Red tiene 16 parques.
El principio «quien contamina paga» (art. 191.2 TFUE) se plasma en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental: responsabilidad objetiva para las actividades del Anexo III y por dolo, culpa o negligencia para las demás; garantía financiera obligatoria para el Anexo III.
La Ley 26/2007 no exige responsabilidad pasados treinta años desde la emisión, suceso o incidente que causó el daño.
La autorización ambiental integrada (RDL 1/2016, IPPC) fija valores límite de emisión según las Mejores Técnicas Disponibles, integrando en un único procedimiento las intervenciones ambientales sectoriales; la otorga la Comunidad Autónoma.
La Ley 7/2022 de Residuos establece la jerarquía (prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, eliminación), la responsabilidad ampliada del productor y crea los impuestos sobre envases de plástico no reutilizables y sobre vertido e incineración de residuos.
Las aguas continentales son dominio público hidráulico estatal (RDL 1/2001), gestionado por las Confederaciones Hidrográficas (organismos autónomos) en cuencas intercomunitarias mediante Planes Hidrológicos de cuenca.
La Ley 7/2021 obliga a establecer zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares, y fija 2040 para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos sean de cero emisiones.
El régimen de comercio de derechos de emisión (Ley 1/2005, EU ETS) fija un límite máximo de emisiones para sectores industriales y energéticos, permitiendo comprar/vender derechos entre instalaciones.
El Convenio de Aarhus (1998), desarrollado por la Ley 27/2006, reconoce acceso a la información (un mes, ampliable a dos), participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, con legitimación reforzada de organizaciones ambientales sin ánimo de lucro.
La fiscalidad ambiental incluye los tributos de la Ley 15/2012 (valor de la producción de energía eléctrica, combustible nuclear gastado, canon de aguas), el impuesto sobre gases fluorados y los impuestos de la Ley 7/2022 sobre envases de plástico y residuos.
La AEMET es una agencia estatal, no un organismo autónomo; las Confederaciones Hidrográficas y el OAPN sí son organismos autónomos adscritos al MITECO.
Principios del art. 191.2 TFUE: cautela, acción preventiva, corrección en la fuente y quien contamina paga.
Error típico: el art. 45 CE no atribuye competencias; las competencias ambientales se reparten por los arts. 148.1.9ª y 149.1.23ª CE.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué tipo de competencia atribuye el art. 149.1.23 CE al Estado en materia de medio ambiente?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Gestión AGE?
La política ambiental española se articula en un sistema de distribución de competencias entre el Estado (legislación básica sobre protección del medio ambiente, art. 149.1.23ª CE) y las Comunidades Autónomas (normas adicionales de protección, desarrollo y ejecución), con instrumentos específicos para la conservación de la biodiversidad (Ley 42/2007, Red Natura 2000, espacios protegidos) y para la prevención de la contaminación (evaluación ambiental, autorización ambiental integrada, responsabilidad medioambiental, calidad del aire, residuos y aguas) y la lucha contra el cambio climático (Ley 7/2021, comercio de derechos de emisión), en un marco fuertemente condicionado por el Derecho de la Unión Europea y los compromisos internacionales asumidos por España.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica en medio ambiente (art. 149.1.23 CE); las CCAA pueden establecer normas adicionales de protección, nunca rebajar el nivel mínimo estatal. La Ley 42/2007 regula la Red Natura 2000 y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, transponiendo las Directivas de Aves y de Hábitats; fue modificada por la Ley 33/2015. La Ley 7/2021 fija el objetivo de neutralidad climática a más tardar en 2050, con objetivos mínimos para 2030: reducción de al menos el 23% de emisiones respecto de 1990, 42% de renovables en el uso final de la energía, 74% de generación eléctrica renovable y 39,5% de mejora de eficiencia energética. La Ley 21/2013 integra la evaluación ambiental estratégica (planes y programas) y la evaluación de impacto ambiental (proyectos) como instrumentos de prevención; fue modificada por la Ley 9/2018. El art. 45 CE reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo, con sanciones penales/administrativas y obligación de reparar el daño causado; es un principio rector (Cap. III, Título I), no un derecho fundamental. El Estado tiene también legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias (149.1.23ª); las CCAA pueden asumir competencias de gestión ambiental (148.1.9ª). Actos finales de la Ley 21/2013: EAE ordinaria, declaración ambiental estratégica; EAE simplificada, informe ambiental estratégico; EIA ordinaria, declaración de impacto ambiental (DIA); EIA simplificada, informe de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental de proyectos es instrumental respecto de la autorización sustantiva; la DIA condiciona o deniega la autorización, no se recurre por sí sola y pierde vigencia si el proyecto no se inicia en cuatro años. La Red Natura 2000 se compone de Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA); España es el Estado miembro que más superficie aporta. Los espacios naturales protegidos de la Ley 42/2007 son: Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos; su declaración y gestión corresponde a las CCAA salvo las áreas marinas de competencia estatal. Los Parques Nacionales (Ley 30/2014) se declaran por ley de las Cortes Generales; su gestión ordinaria corresponde a la CA (SSTC 194/2004 y 101/2005), con coordinación general del Estado mediante el Organismo Autónomo Parques Nacionales; la Red tiene 16 parques. El principio «quien contamina paga» (art. 191.2 TFUE) se plasma en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental: responsabilidad objetiva para las actividades del Anexo III y por dolo, culpa o negligencia para las demás; garantía financiera obligatoria para el Anexo III. La Ley 26/2007 no exige responsabilidad pasados treinta años desde la emisión, suceso o incidente que causó el daño. La autorización ambiental integrada (RDL 1/2016, IPPC) fija valores límite de emisión según las Mejores Técnicas Disponibles, integrando en un único procedimiento las intervenciones ambientales sectoriales; la otorga la Comunidad Autónoma. La Ley 7/2022 de Residuos establece la jerarquía (prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, eliminación), la responsabilidad ampliada del productor y crea los impuestos sobre envases de plástico no reutilizables y sobre vertido e incineración de residuos. Las aguas continentales son dominio público hidráulico estatal (RDL 1/2001), gestionado por las Confederaciones Hidrográficas (organismos autónomos) en cuencas intercomunitarias mediante Planes Hidrológicos de cuenca. La Ley 7/2021 obliga a establecer zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares, y fija 2040 para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos sean de cero emisiones. El régimen de comercio de derechos de emisión (Ley 1/2005, EU ETS) fija un límite máximo de emisiones para sectores industriales y energéticos, permitiendo comprar/vender derechos entre instalaciones. El Convenio de Aarhus (1998), desarrollado por la Ley 27/2006, reconoce acceso a la información (un mes, ampliable a dos), participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, con legitimación reforzada de organizaciones ambientales sin ánimo de lucro. La fiscalidad ambiental incluye los tributos de la Ley 15/2012 (valor de la producción de energía eléctrica, combustible nuclear gastado, canon de aguas), el impuesto sobre gases fluorados y los impuestos de la Ley 7/2022 sobre envases de plástico y residuos. La AEMET es una agencia estatal, no un organismo autónomo; las Confederaciones Hidrográficas y el OAPN sí son organismos autónomos adscritos al MITECO. Principios del art. 191.2 TFUE: cautela, acción preventiva, corrección en la fuente y quien contamina paga. Error típico: el art. 45 CE no atribuye competencias; las competencias ambientales se reparten por los arts. 148.1.9ª y 149.1.23ª CE.
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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 45, 148.1.9ª, 149.1.22ª y 149.1.23ª.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE-A-2007-21490), modificada por la Ley 33/2015.
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE-A-2021-8447).
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE-A-2013-12913), modificada por la Ley 9/2018.
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE-A-2022-5809).
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, arts. 191-193.
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