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Tema 4. Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El control del gasto público en España se articula en un control interno, ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a través de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública (Título VI de la Ley 47/2003, General Presupuestaria), y un control externo, ejercido por el Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público (art. 136 CE), dependiente directamente de las Cortes Generales, con función fiscalizadora y función jurisdiccional en materia de responsabilidad contable (Ley Orgánica 2/1982 y Ley 7/1988). El control interno es previo o concomitante y se ejerce dentro del Poder Ejecutivo; el externo es posterior y depende del Parlamento. Se completa con el control parlamentario y con los órganos autonómicos de control externo.

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Panorámica: clases de control de la actividad económico-financiera

El control del gasto público puede clasificarse por el órgano que lo ejerce (interno, dentro de la propia Administración, y externo, por un órgano ajeno e independiente), por el momento (previo, concomitante o posterior) y por el contenido (de legalidad, financiero y de eficacia o eficiencia). En España: el control interno lo ejerce la IGAE y, en el ámbito de la Seguridad Social y de otras entidades, sus propias intervenciones; el control externo corresponde al Tribunal de Cuentas (y a los órganos autonómicos de control externo), y el control político lo realizan las Cortes Generales.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): naturaleza y organización

La IGAE es un centro directivo del Ministerio de Hacienda, adscrito orgánicamente a este departamento pero con independencia funcional respecto de los órganos gestores del gasto. Es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal y centro directivo de la contabilidad pública, función que ejerce con la Oficina Nacional de Contabilidad. Cuenta con la Oficina Nacional de Auditoría, con las intervenciones delegadas en los departamentos ministeriales, organismos y entidades, y con intervenciones territoriales. Integra el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (AFCOS). Forma las cuentas del sector público, entre ellas la Cuenta General del Estado, y propone las normas de contabilidad.

El control interno: formas de ejercicio

La Ley 47/2003 (Título VI) establece que el control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se ejerce mediante la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. La función interventora tiene carácter previo; el control financiero permanente y la auditoría pública se ejercen con carácter posterior o continuado. Además, la IGAE ejerce el control financiero de subvenciones y ayudas públicas (Ley 38/2003, General de Subvenciones, Título III) y el control de los fondos de la Unión Europea. El régimen de desarrollo del control interno de la IGAE está en el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.

La función interventora: concepto y contenido

Tiene por objeto controlar, antes de que se dicten, los actos de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Comprende: la fiscalización previa (intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico), la intervención formal de la ordenación del pago, la intervención material del pago y la intervención y comprobación material de las inversiones.

Fiscalización previa plena y fiscalización previa limitada de requisitos básicos

La fiscalización previa plena verifica todos los extremos relevantes del expediente. La fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos verifica un número reducido de extremos esenciales fijados normativamente (existencia de crédito adecuado y suficiente, competencia del órgano y otros) y se completa con un control posterior en el marco del control financiero permanente. Es el régimen general en muchos gastos corrientes por razón de agilidad. Algunos gastos de pequeña cuantía y otros determinados quedan exentos de la fiscalización previa.

Los reparos y las discrepancias

Si el interventor discrepa del acto, documento o expediente examinado, debe formular su oposición por escrito, motivando la discrepancia y citando las normas en que se apoya: es el reparo. Cuando el reparo se refiere a la existencia de crédito inadecuado o insuficiente, a la omisión de requisitos o trámites esenciales, o deriva de comprobaciones materiales, suspende la tramitación del expediente hasta que sea solventado. Si el órgano gestor no acepta el reparo, plantea discrepancia, que se resuelve por el órgano que la LGP determina según el caso (el superior jerárquico, el Ministro o, en los supuestos de mayor trascendencia, el Consejo de Ministros). La omisión de la fiscalización preceptiva impide reconocer la obligación y tramitar el pago hasta que se conozca y resuelva esa omisión.

El control financiero permanente

Tiene por objeto la verificación de una forma continua de la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades en los aspectos económico-financieros, para comprobar el cumplimiento de la normativa y de los principios de buena gestión financiera. Se ejerce sobre la base de un plan anual y puede sustituir a la fiscalización previa en determinadas entidades y actos, por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda. Sus resultados se plasman en informes de control financiero, con recomendaciones, y se elabora un informe resumen que se remite al Consejo de Ministros.

La auditoría pública

Consiste en la verificación, realizada con posterioridad y de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público, mediante la aplicación de procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la IGAE. Se clasifica en: auditoría de regularidad contable (revisión de las cuentas anuales), auditoría de cumplimiento (adecuación a la normativa) y auditoría operativa (evaluación de la economía, eficacia y eficiencia). Se ejecuta mediante el Plan Anual de Auditorías y de Control Financiero de la IGAE, que puede contar con la colaboración de firmas privadas bajo su dirección.

El control financiero de subvenciones y de fondos europeos

La IGAE ejerce el control financiero de subvenciones y ayudas públicas (arts. 44 y siguientes de la Ley 38/2003), verificando la adecuada obtención, disfrute y aplicación de las subvenciones por los beneficiarios y entidades colaboradoras. Respecto de los fondos de la Unión Europea, ejerce funciones como autoridad de auditoría de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos gestionados en España y participa en el control del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude actúa como punto de contacto con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

El Tribunal de Cuentas: naturaleza y fundamento constitucional (art. 136 CE)

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (art. 136.1 CE). Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rinden al Tribunal y son censuradas por este; sin perjuicio de su propia jurisdicción, remite a las Cortes un informe anual en el que comunica las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiera incurrido (136.2). Sus miembros gozan de la misma independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces (136.3). La ley orgánica regula su composición, organización y funciones (136.4): Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Composición y organización del Tribunal de Cuentas

Está compuesto por doce Consejeros de Cuentas, designados por las Cortes Generales (seis por el Congreso y seis por el Senado) mediante votación por mayoría de tres quintos de cada Cámara, por un periodo de nueve años. El Presidente es elegido por el Pleno entre sus miembros y nombrado por el Rey por un periodo de tres años, renovable. Sus órganos son el Pleno, la Comisión de Gobierno, el Presidente, la Sección de Fiscalización y la Sección de Enjuiciamiento, los departamentos (por sectores: estatal, autonómico y local, entre otros), la Fiscalía y la Secretaría General. La Sección de Enjuiciamiento incluye la Sala de Justicia, que resuelve los recursos de apelación.

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas

Consiste en el examen y comprobación de la actividad económico-financiera del sector público (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y demás entes), a través de informes de fiscalización, memorias y mociones que se elevan a las Cortes Generales, y la fiscalización de la Cuenta General del Estado. Se extiende a la contabilidad de los partidos políticos y a las subvenciones y ayudas públicas, y a los fondos europeos. La iniciativa de fiscalización puede proceder del propio Tribunal, de las Cortes o de las asambleas autonómicas y corporaciones locales respecto de su ámbito. El Tribunal eleva un informe anual a las Cortes, que se examina por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas: la responsabilidad contable

El Tribunal enjuicia la responsabilidad contable en que incurren quienes, por acción u omisión contraria a la ley, causan menoscabo en los caudales o efectos públicos que tienen a su cargo, por dolo, culpa o negligencia grave. La responsabilidad contable es distinta y compatible con la penal y la disciplinaria. Los procedimientos jurisdiccionales son el procedimiento de reintegro por alcance (alcance es el saldo deudor injustificado de una cuenta, o la ausencia de numerario o de justificación de la inversión de los fondos públicos) y el juicio de cuentas, además de expedientes de cancelación de fianzas. En primera instancia resuelven los consejeros de la Sección de Enjuiciamiento; contra sus resoluciones cabe apelación ante la Sala de Justicia, y casación y revisión ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La Cuenta General del Estado

Es el documento que refleja la situación económica, financiera y patrimonial del sector público estatal y los resultados de su actividad. La forma la IGAE a partir de las cuentas rendidas por los distintos entes y se remite al Tribunal de Cuentas, que la fiscaliza y emite su declaración, para su posterior remisión a las Cortes Generales, que la examinan a través de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Se rinde dentro de los plazos de la LGP (en torno al 31 de octubre del año siguiente).

Relación entre control interno y control externo

Ambos controles son complementarios. El control interno se ejerce desde dentro del Poder Ejecutivo, con carácter previo o continuado, y su finalidad es asegurar la legalidad y la buena gestión antes de que el gasto se consolide. El control externo se ejerce con carácter posterior por un órgano ajeno e independiente, dependiente de las Cortes, y su resultado es político (informes al Parlamento) y, en su caso, jurisdiccional (responsabilidad contable). Existen mecanismos de colaboración y aprovechamiento recíproco de la información generada por ambos.

Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas

Sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Cuentas sobre todo el sector público, incluido el autonómico y local, numerosas Comunidades Autónomas han creado sus propios órganos de control externo (Cámaras o Sindicaturas de Cuentas, Consejo de Cuentas, Audiencia de Cuentas, entre otras denominaciones), que fiscalizan la actividad económico-financiera de la Administración autonómica y de las entidades locales de su territorio, con coordinación con el Tribunal de Cuentas para evitar duplicidades. La función jurisdiccional contable corresponde solo al Tribunal de Cuentas.

Legislación y contabilidad pública: el marco normativo

La Ley 47/2003 (Título IV sobre contabilidad y Título VI sobre control) sustenta la actividad de la IGAE. El Plan General de Contabilidad Pública fue aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. La Ley 38/2003, General de Subvenciones, regula el control financiero de subvenciones. La Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, y la Ley Orgánica 3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, atribuyen al Tribunal de Cuentas la fiscalización de sus cuentas. Conviene comprobar si se ha aprobado una nueva regulación del control interno, pues el reglamento básico (Real Decreto 2188/1995) es anterior a la LGP.

Esquema de memorización: control interno frente a control externo

Control interno: IGAE; dentro del Ejecutivo; previo (función interventora) y concomitante o posterior (control financiero permanente, auditoría pública). Control externo: Tribunal de Cuentas; dependiente de las Cortes; posterior; fiscalizador y jurisdiccional. Control político: Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y de los instrumentos parlamentarios de control. Control autonómico: Cámaras y Sindicaturas de Cuentas, sin jurisdicción contable.

Diferencia entre responsabilidad contable, penal, disciplinaria y patrimonial

La responsabilidad contable exige menoscabo de caudales o efectos públicos por quien los maneja y se enjuicia por el Tribunal de Cuentas; la penal (malversación, entre otros delitos) corresponde a los tribunales penales; la disciplinaria, al órgano disciplinario de la Administración; y la patrimonial es la que la Administración debe a los particulares por los daños causados por su funcionamiento. Pueden concurrir pero son compatibles y autónomas.

Principios y garantías del control interno

La IGAE actúa con independencia funcional frente a los órganos gestores; los interventores tienen acceso a los datos y documentos necesarios y pueden recabar los asesoramientos precisos. Los órganos de control quedan sometidos al deber de confidencialidad y los gestores están obligados a colaborar. Los informes de control, con recomendaciones, se comunican al gestor, quien debe informar de las medidas adoptadas para corregir las deficiencias detectadas.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Control interno = IGAE (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública). Control externo = Tribunal de Cuentas. Control político = Cortes Generales.
  • La función interventora es previa; incluye fiscalización previa, intervención formal de la ordenación del pago, intervención material del pago e intervención y comprobación material de inversiones.
  • La fiscalización previa limitada de requisitos básicos se completa con control financiero permanente posterior de mayor alcance.
  • El control financiero permanente puede sustituir a la fiscalización previa en determinadas entidades por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda.
  • El reparo debe ser escrito y motivado; suspende la tramitación en supuestos de crédito inadecuado o insuficiente, omisión de requisitos o trámites esenciales y comprobaciones materiales. La discrepancia puede llegar al Consejo de Ministros.
  • La auditoría pública se clasifica en regularidad contable, cumplimiento y operativa.
  • IGAE: centro directivo del Ministerio de Hacienda, con independencia funcional; incluye la Oficina Nacional de Auditoría, la Oficina Nacional de Contabilidad y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
  • La IGAE forma la Cuenta General del Estado y la rinde al Tribunal de Cuentas.
  • Art. 136 CE: el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público; depende directamente de las Cortes Generales; sus miembros tienen la independencia, inamovilidad e incompatibilidades de los jueces.
  • Composición: 12 Consejeros de Cuentas (6 Congreso + 6 Senado), mayoría de tres quintos de cada Cámara, nueve años; Presidente elegido por el Pleno entre los Consejeros y nombrado por el Rey por tres años.
  • Función jurisdiccional: responsabilidad contable por menoscabo de caudales públicos con dolo, culpa o negligencia grave; procedimientos: reintegro por alcance y juicio de cuentas. Apelación ante la Sala de Justicia; casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
  • Alcance: saldo deudor injustificado de una cuenta, o ausencia de numerario o de justificación de la inversión de fondos públicos.
  • La responsabilidad contable es compatible con la penal y la disciplinaria.
  • El Tribunal de Cuentas fiscaliza también los partidos políticos (LO 8/2007 y LO 3/2015).
  • Los órganos autonómicos de control externo no tienen jurisdicción contable: esa función es exclusiva del Tribunal de Cuentas.
  • El informe anual del Tribunal se examina por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
  • El control financiero de subvenciones lo ejerce la IGAE (Ley 38/2003); la IGAE actúa como autoridad de auditoría de fondos europeos.
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Pregunta 1 de 100 aciertos

¿Qué efecto tiene el reparo del interventor cuando se refiere, por ejemplo, a la inexistencia de crédito adecuado y suficiente?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Gestión AGE?

El control del gasto público en España se articula en un control interno, ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a través de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública (Título VI de la Ley 47/2003, General Presupuestaria), y un control externo, ejercido por el Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público (art. 136 CE), dependiente directamente de las Cortes Generales, con función fiscalizadora y función jurisdiccional en materia de responsabilidad contable (Ley Orgánica 2/1982 y Ley 7/1988). El control interno es previo o concomitante y se ejerce dentro del Poder Ejecutivo; el externo es posterior y depende del Parlamento. Se completa con el control parlamentario y con los órganos autonómicos de control externo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

Control interno = IGAE (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública). Control externo = Tribunal de Cuentas. Control político = Cortes Generales. La función interventora es previa; incluye fiscalización previa, intervención formal de la ordenación del pago, intervención material del pago e intervención y comprobación material de inversiones. La fiscalización previa limitada de requisitos básicos se completa con control financiero permanente posterior de mayor alcance. El control financiero permanente puede sustituir a la fiscalización previa en determinadas entidades por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. El reparo debe ser escrito y motivado; suspende la tramitación en supuestos de crédito inadecuado o insuficiente, omisión de requisitos o trámites esenciales y comprobaciones materiales. La discrepancia puede llegar al Consejo de Ministros. La auditoría pública se clasifica en regularidad contable, cumplimiento y operativa. IGAE: centro directivo del Ministerio de Hacienda, con independencia funcional; incluye la Oficina Nacional de Auditoría, la Oficina Nacional de Contabilidad y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. La IGAE forma la Cuenta General del Estado y la rinde al Tribunal de Cuentas. Art. 136 CE: el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público; depende directamente de las Cortes Generales; sus miembros tienen la independencia, inamovilidad e incompatibilidades de los jueces. Composición: 12 Consejeros de Cuentas (6 Congreso + 6 Senado), mayoría de tres quintos de cada Cámara, nueve años; Presidente elegido por el Pleno entre los Consejeros y nombrado por el Rey por tres años. Función jurisdiccional: responsabilidad contable por menoscabo de caudales públicos con dolo, culpa o negligencia grave; procedimientos: reintegro por alcance y juicio de cuentas. Apelación ante la Sala de Justicia; casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Alcance: saldo deudor injustificado de una cuenta, o ausencia de numerario o de justificación de la inversión de fondos públicos. La responsabilidad contable es compatible con la penal y la disciplinaria. El Tribunal de Cuentas fiscaliza también los partidos políticos (LO 8/2007 y LO 3/2015). Los órganos autonómicos de control externo no tienen jurisdicción contable: esa función es exclusiva del Tribunal de Cuentas. El informe anual del Tribunal se examina por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. El control financiero de subvenciones lo ejerce la IGAE (Ley 38/2003); la IGAE actúa como autoridad de auditoría de fondos europeos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 136. BOE-A-1978-31229.
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Título VI (control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal). BOE-A-2003-21614.
  • Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
  • Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
  • Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Título III (control financiero).
  • Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
  • Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.

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