Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La política económica actual se articula en torno a los objetivos de estabilidad macroeconómica, sostenibilidad de las finanzas públicas y garantía de la unidad de mercado interior, en un marco condicionado por la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria (política monetaria única del BCE, disciplina fiscal europea y Semestre Europeo). La política presupuestaria se somete a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del art. 135 CE, desarrollados por la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), y se instrumenta mediante los Presupuestos Generales del Estado (art. 134 CE y Ley 47/2003, General Presupuestaria). La política fiscal persigue la suficiencia financiera y la equidad en el reparto de la carga tributaria (art. 31 CE), y la unidad de mercado, con fundamento en los arts. 139.2, 157.2, 38 y 149.1.1ª y 13ª CE, se garantiza mediante la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado.
El marco constitucional de la política económica (arts. 1, 38, 40, 128 y 131 CE)
La Constitución configura un Estado social y democrático de Derecho que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38), pero somete toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1) y permite la iniciativa pública en la actividad económica (art. 128.2). El art. 40.1 CE encomienda a los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica, y realizar una política orientada al pleno empleo. El art. 131 CE habilita al Estado, mediante ley, para planificar la actividad económica general con el fin de atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (131.1). El Gobierno elaborará los proyectos de planificación previo asesoramiento y colaboración de sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas, para lo cual se constituirá un Consejo (131.2), que es el Consejo Económico y Social (Ley 21/1991), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral.
La distribución de competencias en materia económica (art. 149.1.13ª CE)
Corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (149.1.13ª), título horizontal que habilita al Estado a intervenir en sectores en principio atribuidos a las Comunidades Autónomas cuando resulte necesario para garantizar la unidad del sistema económico nacional, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (que exige, no obstante, que las medidas sean de carácter básico o de coordinación y no vacíen las competencias autonómicas de fomento económico). Junto a él, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales (149.1.1ª), la Hacienda general y la Deuda del Estado (149.1.14ª), el sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad y las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros (149.1.11ª) y la legislación mercantil (149.1.6ª). Las Comunidades Autónomas asumen competencias de fomento del desarrollo económico de su territorio dentro de los objetivos marcados por la política económica general (art. 148.1.13ª CE).
La pertenencia a la Unión Económica y Monetaria: política monetaria y coordinación de políticas económicas
Desde la adopción del euro, la política monetaria es competencia exclusiva del Banco Central Europeo y del Eurosistema, de modo que el Gobierno español carece de instrumentos monetarios propios y la estabilización macroeconómica recae principalmente en la política fiscal y en las reformas estructurales. Los Estados miembros consideran su política económica una cuestión de interés común y la coordinan en el seno del Consejo (art. 121 TFUE). Los criterios de Maastricht fijan como valores de referencia un déficit público no superior al 3% del PIB y una deuda pública no superior al 60% del PIB (Protocolo n.º 12 anejo a los Tratados), y el art. 126 TFUE regula el procedimiento de déficit excesivo, en el que la Comisión y el Consejo pueden dirigir recomendaciones al Estado miembro y, en el caso de los Estados de la zona euro, imponer sanciones.
Los objetivos de la política económica actual
Se orientan a la consolidación de la estabilidad macroeconómica (crecimiento, estabilidad de precios, equilibrio exterior), el impulso de la competitividad y del crecimiento potencial de la economía, la transformación digital y la transición ecológica (ejes vertebradores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), la reducción del desempleo estructural y la corrección progresiva del déficit y de la deuda pública, que se elevaron de forma extraordinaria durante la crisis financiera de 2008-2013 y la pandemia de COVID-19. Las prioridades y las previsiones macroeconómicas concretas se fijan cada ejercicio en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado y en el Informe Anual de Progreso presentado a la Comisión Europea.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next Generation EU
El PRTR articula las inversiones y reformas financiadas por España con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento (UE) 2021/241), principal instrumento de Next Generation EU. Fue aprobado por el Gobierno en abril de 2021 y respaldado por el Consejo de la UE en julio de 2021. Se estructura en cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género), diez políticas palanca y treinta componentes. Su ejecución se ordena mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR (nuevos instrumentos como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE, y la gobernanza del Plan). El desembolso está vinculado al cumplimiento de hitos y objetivos; el Mecanismo tiene como límite temporal 2026 para la consecución de hitos y objetivos, por lo que los ejercicios 2026 y siguientes están marcados por su cierre y por la sustitución de esa fuente de financiación.
La política presupuestaria: principios generales
Se rige por los principios de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit estructural), sostenibilidad financiera (capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad) y plurianualidad, contenidos en el art. 135 CE, reformado el 27 de septiembre de 2011 (reforma constitucional exprés), y desarrollados por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta ley enuncia como principios rectores la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera, la plurianualidad, la transparencia, la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, la responsabilidad y la lealtad institucional. Su ámbito subjetivo abarca el sector público definido conforme al Sistema Europeo de Cuentas (SEC): Administración central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de Seguridad Social, y el resto de entidades públicas.
El art. 135 CE: estabilidad presupuestaria
Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria (135.1). El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea a sus Estados miembros; una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto, y las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario (135.2). El Estado y las Comunidades Autónomas necesitarán autorización por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta; estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión (135.3). El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones en relación con el PIB no podrá superar el valor de referencia establecido en el TFUE (60%). Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados (135.4).
La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: reglas fiscales
Desarrolla el art. 135 CE fijando el marco de disciplina presupuestaria para el conjunto de las Administraciones Públicas. Establece tres reglas fundamentales: a) la regla de estabilidad presupuestaria (art. 11): ninguna Administración podrá incurrir en déficit estructural (déficit ajustado de ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales), con excepciones limitadas para el Estado y las Comunidades Autónomas en caso de reformas estructurales con efectos a largo plazo, y con superávit o equilibrio exigido a la Seguridad Social y a las Entidades Locales; b) la regla de gasto (art. 12): la variación del gasto computable de las Administraciones no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española; c) el límite de deuda pública (art. 13): el volumen de deuda del conjunto de las Administraciones no podrá superar el 60% del PIB, repartido entre la Administración central (44%), el conjunto de Comunidades Autónomas (13%) y las Corporaciones Locales (3%). La ley contempla también el control del periodo medio de pago a proveedores, que no debe superar el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad (30 días). Las reglas pueden suspenderse en circunstancias excepcionales apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso, como ocurrió con la pandemia de COVID-19 en 2020 y los ejercicios posteriores hasta que se reactivaron las reglas fiscales.
Instrumentos preventivos, correctivos y coercitivos de la LOEPSF
Ante el riesgo o la realidad del incumplimiento, la ley prevé un sistema escalonado: a) medidas preventivas (advertencia de riesgo de incumplimiento por el Gobierno y, en su caso, aprobación de un plan de ajuste); b) medidas correctivas, en particular el plan económico-financiero (art. 21), con horizonte de un año, que debe presentar la Administración que incumpla la estabilidad, la regla de gasto o el límite de deuda, y el plan de reequilibrio (art. 22) en los supuestos de déficit estructural permitido por la ley; c) medidas automáticas de corrección (art. 25), con prohibición de endeudamiento neto o de operaciones de crédito a largo plazo sin autorización cuando se incumpla el plan; d) medidas coercitivas (art. 26) y de cumplimiento forzoso (art. 27), que incluyen la declaración de no disponibilidad de créditos, la constitución de un depósito con intereses y, como último recurso, el envío de una comisión de expertos y la adopción de medidas por el Gobierno de la Nación para ejecutar el plan, con el trámite previsto en el art. 155 CE. Además, la ley crea el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31), destinado a atender necesidades imprevistas, con una dotación del 2% del límite de gasto no financiero del Estado en la ley de presupuestos.
El objetivo de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto
Cada año el Gobierno, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública (que se fijan para un horizonte de tres ejercicios y para cada subsector), y teniendo en cuenta el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre las previsiones macroeconómicas y sobre los objetivos propuestos, somete la propuesta de objetivos al Congreso de los Diputados y al Senado para su aprobación (art. 15 LOEPSF). Aprobados los objetivos, el Gobierno fija el límite de gasto no financiero del Estado (techo de gasto, art. 30), coherente con los objetivos de estabilidad y con la regla de gasto, que constituye el marco de referencia obligado para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio siguiente. El CPFF (art. 3 de la LO 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA) es el órgano de coordinación de la política presupuestaria entre el Estado y las Comunidades Autónomas, presidido por el titular del Ministerio de Hacienda e integrado por los consejeros de Hacienda autonómicos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
Creada por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, es una institución independiente de naturaleza pública, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, cuya misión es velar por el cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el art. 135 CE mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Su Estatuto Orgánico se aprobó por Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo. Actúa con independencia funcional y no recibe instrucciones; sus informes y opiniones no son vinculantes, pero rige el principio de «cumplir o explicar»: la Administración destinataria que no siga una recomendación debe motivarlo y se hace público. Emite, entre otros, informes sobre las previsiones macroeconómicas del Gobierno (las avala o no), sobre el proyecto de Presupuestos, sobre los objetivos de estabilidad y deuda y sobre el cumplimiento de la regla de gasto, así como opiniones y estudios. Su Presidencia es nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa comparecencia en el Congreso, por un mandato de seis años no renovable.
Los Presupuestos Generales del Estado: art. 134 CE y Ley General Presupuestaria
Corresponde al Gobierno la elaboración de los PGE y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación (134.1). Los PGE tienen carácter anual, incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y consignan el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado (134.2). El Gobierno debe presentarlos al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior (134.3, es decir, antes del 1 de octubre). Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (134.4), lo que ha ocurrido en ejercicios recientes con los presupuestos aprobados para 2023. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación (134.6). La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea (134.7). La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula el régimen presupuestario, la contabilidad y el control interno (IGAE) del sector público estatal, mientras que el control externo corresponde al Tribunal de Cuentas (art. 136 CE).
Principios presupuestarios y clasificaciones del presupuesto
Son principios clásicos del presupuesto: anualidad, unidad, universalidad, especialidad (cualitativa, cuantitativa y temporal), no afectación de ingresos a gastos, equilibrio y transparencia. Los créditos presupuestarios se clasifican por tres criterios: orgánico (quién gasta: sección y órgano), por programas (para qué: política de gasto) y económico (qué se gasta). La clasificación económica distingue capítulos: 1 Gastos de personal; 2 Gastos corrientes en bienes y servicios; 3 Gastos financieros; 4 Transferencias corrientes; 5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos; 6 Inversiones reales; 7 Transferencias de capital; 8 Activos financieros; 9 Pasivos financieros. La clasificación funcional internacional COFOG agrupa el gasto por finalidad: servicios públicos generales, defensa, orden público y seguridad, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, salud, ocio y cultura, educación y protección social.
Evolución y distribución actual del gasto público
El gasto público español se caracteriza por el peso predominante de la protección social (pensiones, desempleo y otras prestaciones), seguida de sanidad y educación, y por un volumen creciente de gasto en intereses de la deuda pública derivado del elevado nivel de endeudamiento y de la subida de tipos. Por subsectores, la Seguridad Social concentra el gasto en pensiones y prestaciones; las Comunidades Autónomas gestionan la mayor parte de la sanidad, la educación y los servicios sociales (competencias transferidas); la Administración central retiene la defensa, la seguridad, las infraestructuras de interés general, la deuda y las transferencias a otras Administraciones; y las Corporaciones Locales atienden servicios de proximidad. Históricamente, el gasto aumentó con la crisis de 2008 y se redujo en el periodo de consolidación fiscal de 2010-2018; con la pandemia de COVID-19 volvió a dispararse (ERTE, ayudas a empresas, sanidad) y, posteriormente, el gasto se ha mantenido condicionado por el envejecimiento, la revalorización de las pensiones con el IPC y los fondos europeos. Las cifras concretas de cada ejercicio deben consultarse en la Ley de Presupuestos y en los informes de la IGAE y la AIReF.
El nuevo marco de gobernanza económica europea y su incidencia en España
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor en abril de 2024 (Reglamento (UE) 2024/1263 sobre la vertiente preventiva, Reglamento (UE) 2024/1264 sobre el procedimiento de déficit excesivo y Directiva (UE) 2024/1265 sobre los marcos presupuestarios nacionales), sustituye el sistema de reglas numéricas uniformes (reducción anual del exceso de deuda, saldo estructural) por un marco centrado en una senda de gasto primario neto, acordada individualmente con la Comisión Europea. Cada Estado presenta un Plan Fiscal-Estructural a medio plazo, de cuatro años (ampliable hasta siete si se asumen reformas e inversiones), que debe asegurar que la deuda se sitúe en una senda descendente plausible y que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB. España presentó su plan en octubre de 2024, con ampliación del periodo de ajuste a siete años. Cada año debe presentarse un Informe Anual de Progreso, y los Estados de la zona euro remiten a la Comisión, antes del 15 de octubre, el proyecto de plan presupuestario del año siguiente. Se mantienen el Semestre Europeo y el procedimiento de déficit excesivo, y los Estados pueden solicitar la activación de cláusulas de salvaguardia nacional por circunstancias excepcionales.
La política fiscal: concepto y finalidad
Conjunto de decisiones sobre ingresos y gastos públicos dirigidas a influir sobre el nivel de actividad económica, el empleo, los precios y la distribución de la renta, complementaria de la política monetaria (esta última, competencia del Banco Central Europeo para los Estados de la eurozona, no del Gobierno español), articulada principalmente a través del sistema tributario y de los Presupuestos Generales del Estado. Se distingue entre los estabilizadores automáticos (impuestos progresivos y prestaciones por desempleo, que amortiguan el ciclo sin decisión nueva) y la política fiscal discrecional (cambios deliberados en tipos impositivos o en gasto), y entre el saldo presupuestario total y el saldo estructural (ajustado de ciclo y neto de medidas temporales).
Los principios constitucionales del sistema tributario (arts. 31 y 133 CE)
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio (art. 31.1 CE); el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía (art. 31.2); y solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley (art. 31.3, reserva de ley tributaria). La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley (art. 133.1); las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (133.2); y todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado requiere ley (133.3). Los recursos de las Comunidades Autónomas se enumeran en el art. 157.1 CE y se desarrollan en la LOFCA y en la Ley 22/2009 (sistema de financiación de régimen común); el País Vasco y Navarra disponen de régimen foral (Concierto y Convenio económicos).
Estructura del sistema tributario estatal
Los principales tributos son: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF, progresivo, cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas); el Impuesto sobre Sociedades (IS); el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), armonizado por el Derecho de la UE, y los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol, tabaco, electricidad, matriculación). La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) gestiona el sistema, y la Ley 58/2003, General Tributaria, contiene el régimen común de gestión, inspección, recaudación y revisión. Los ingresos tributarios se completan con las cotizaciones sociales (Seguridad Social), las tasas, los precios públicos y las transferencias de la UE.
La reforma fiscal y la lucha contra el fraude
La política fiscal reciente ha incorporado, entre otras medidas: la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (limitación de pagos en efectivo, prohibición del software de doble uso, obligación de informar sobre bienes en el extranjero y otras); el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (leyes de 2020); los gravámenes temporales sobre entidades de crédito y empresas energéticas (Ley 38/2022); la implantación de la tributación mínima global del 15% para grandes grupos multinacionales (Pilar 2 de la OCDE, Directiva (UE) 2022/2523, incorporada al ordenamiento español por la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, que establece un impuesto complementario) y la facturación electrónica obligatoria entre empresas y autónomos, prevista en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley «Crea y Crece»), pendiente de desarrollo reglamentario. Todo ello se enmarca en el Plan de Control Tributario de la AEAT y en las recomendaciones de la OCDE y la UE.
La unidad de mercado: fundamento constitucional (arts. 139, 157.2, 38 y 149.1 CE)
El art. 139.1 CE consagra la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado, y el art. 139.2 prohíbe que ninguna autoridad pueda adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. El art. 157.2 CE añade que las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. A ello se suma el art. 38 CE (libertad de empresa en el marco de la economía de mercado) y los títulos competenciales estatales del art. 149.1.1ª (condiciones básicas de igualdad) y 149.1.13ª (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica). A nivel europeo, el mercado interior (art. 26 TFUE) garantiza la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, y la Directiva 2006/123/CE de servicios se transpuso mediante la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM)
Tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional, garantizando la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda imponer requisitos, trámites o cargas desproporcionadas o discriminatorias por razón del lugar de origen del operador o del bien o servicio. Se aplica al acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado, y a la circulación de bienes y servicios, por cualquier Administración pública. Establece que las autoridades competentes solo pueden limitar el ejercicio de actividades económicas por razones imperiosas de interés general (las enumeradas en la Ley 17/2009) y mediante los instrumentos menos restrictivos (autorización solo cuando sea necesaria y proporcionada; con carácter general, declaración responsable o comunicación).
Los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado
La LGUM enuncia los principios de garantía de la libertad de establecimiento y de circulación: no discriminación; cooperación y confianza mutua entre autoridades; necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes (art. 5); eficacia de las actuaciones administrativas en todo el territorio nacional (art. 6, principio de eficacia nacional); simplificación de cargas; y transparencia. Su finalidad es evitar la fragmentación regulatoria autonómica y local del mercado interior español. La libre iniciativa económica no puede estar sometida a más límites que los que respeten dichos principios, y cualquier requisito, exigencia o trámite debe estar motivado en una razón imperiosa de interés general.
El Consejo para la Unidad de Mercado y los instrumentos de cooperación
La LGUM crea el Consejo para la Unidad de Mercado como órgano de cooperación interadministrativa en el que participan representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de la Administración Local; su misión es impulsar, coordinar y supervisar las actuaciones en materia de unidad de mercado, servir de cauce de cooperación y comunicación entre las Administraciones y elaborar el informe anual sobre la aplicación de la ley. Como instrumentos de cooperación e información la ley prevé además los puntos de contacto, la Secretaría para la Unidad de Mercado (SECUM), integrada en el Ministerio de Economía, y el Sistema de Intercambio de Información sobre el Mercado Interior (SIM).
El principio de eficacia en todo el territorio nacional
Un operador económico legalmente establecido en cualquier lugar del territorio nacional podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio español, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad establecidos por la autoridad de origen, sin que pueda exigírsele el cumplimiento de nuevos requisitos por parte de otra autoridad competente distinta de la de origen, salvo excepciones tasadas. Este principio de eficacia nacional (art. 6) fue uno de los más discutidos: en la STC 79/2017, de 22 de junio, el Tribunal Constitucional, al resolver el recurso interpuesto por el Parlamento de Cataluña, validó el objetivo de la ley (con apoyo en los títulos competenciales estatales de los arts. 149.1.1ª y 13ª CE) pero declaró inconstitucionales y nulos algunos preceptos ligados a la eficacia nacional de las actuaciones administrativas y a determinados mecanismos de garantía, por invadir competencias autonómicas.
Los mecanismos de protección de los operadores económicos frente a barreras a la unidad de mercado
La LGUM habilita varias vías para que los operadores y las Administraciones puedan reaccionar frente a actuaciones o disposiciones que consideren contrarias a la libertad de establecimiento o de circulación: a) el procedimiento de reclamación ante la Secretaría para la Unidad de Mercado (SECUM), con un breve plazo de presentación (un mes) y resolución rápida, que culmina en un informe que debe ser atendido por la autoridad autora de la actuación; b) la posibilidad de solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ejerza su legitimación para impugnar la actuación o disposición; c) la legitimación de la CNMC para interponer recurso contencioso-administrativo (Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional) mediante un procedimiento especial regulado en la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, con suspensión cautelar posible; y d) las vías ordinarias de recurso administrativo y judicial. La finalidad es una tutela reforzada y ágil frente a las trabas a la unidad de mercado.
La política de competitividad y las reformas estructurales
Las políticas de competitividad se articulan mediante reformas estructurales orientadas a mejorar la productividad, simplificar el marco regulatorio empresarial (por ejemplo, la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas), impulsar la digitalización y la formación del capital humano, y facilitar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, ejes centrales de los componentes del PRTR financiado con fondos europeos. A ello se suman la defensa de la competencia (Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, aplicada por la CNMC, creada por la Ley 3/2013), la regulación de la contratación pública (Ley 9/2017) y las ayudas de Estado, sometidas al control de la Comisión Europea (arts. 107-109 TFUE).
Distribución de competencias en política económica entre Estado, CCAA y Unión Europea
La política económica española se desenvuelve en un marco de tres niveles: la Unión Europea fija el marco de disciplina fiscal y monetaria (para la eurozona), la política de competencia, el mercado interior y las grandes orientaciones de política económica; el Estado ejerce las competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planificación económica general, Hacienda general y sistema monetario (en lo que no corresponda a la UE); y las Comunidades Autónomas desarrollan competencias de fomento económico dentro de su territorio, siempre dentro del marco de coordinación estatal y europeo. Los instrumentos de coordinación son el CPFF, la LOEPSF, las conferencias sectoriales y la propia LGUM.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Semestre Europeo coordina anualmente la supervisión de las políticas presupuestarias y estructurales, culminando en Recomendaciones Específicas por País.
La protección social es la función de mayor peso en el gasto público español según la clasificación COFOG, seguida de sanidad y educación; las CCAA gestionan la mayor parte de sanidad y educación y la Seguridad Social las pensiones.
La Ley 20/2013 de unidad de mercado se articula sobre los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad (art. 5), eficacia nacional de las actuaciones administrativas (art. 6), simplificación de cargas y transparencia.
La CNMC está legitimada para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Audiencia Nacional) las disposiciones y actos que vulneren la libertad de establecimiento o circulación (Ley 20/2013).
El art. 40 CE encomienda promover condiciones favorables para el progreso social/económico y una distribución de la renta más equitativa; el art. 131 CE habilita al Estado a planificar la actividad económica general mediante ley, con asesoramiento de un Consejo (el CES).
Corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª CE), título horizontal que habilita intervenir en sectores autonómicos por razón de unidad económica.
La política presupuestaria se rige por estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y plurianualidad (art. 135 CE, reformado en 2011, desarrollado por la LO 2/2012).
El art. 135 CE exige a todas las Administraciones adecuar sus actuaciones a la estabilidad presupuestaria, prohíbe déficit estructural superior a los márgenes de la UE, reserva a LO fijar el déficit estructural máximo y da prioridad absoluta de pago a los intereses y capital de la deuda pública.
Los límites de déficit estructural y deuda del art. 135 CE solo se superan en catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria apreciadas por mayoría absoluta del Congreso (135.4).
La LO 2/2012 (LOEPSF) fija tres reglas: estabilidad (sin déficit estructural), regla de gasto (no superar la tasa de referencia del PIB a medio plazo) y límite de deuda (60% del PIB: 44% Administración central, 13% CCAA, 3% EELL).
La LOEPSF prevé medidas preventivas, correctivas (plan económico-financiero, plan de reequilibrio), automáticas de corrección, coercitivas y de cumplimiento forzoso, y crea el Fondo de Contingencia (2% del techo de gasto).
El Gobierno fija los objetivos de estabilidad y deuda (previo informe del CPFF y con informe de la AIReF), que aprueban el Congreso y el Senado, y después el techo de gasto no financiero del Estado; la AIReF es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no el «Consejo Fiscal».
La AIReF (LO 6/2013) tiene personalidad jurídica propia e independencia funcional; sus informes no son vinculantes, pero se rige por el principio de «cumplir o explicar»; su presidente tiene un mandato de seis años no renovable.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 3 LOFCA) coordina la política presupuestaria entre el Estado y las CCAA; lo preside el titular del Ministerio de Hacienda.
Art. 134 CE: los PGE son anuales, los elabora el Gobierno y se presentan al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores (1 de octubre); si no se aprueban a tiempo, se prorrogan automáticamente los del ejercicio anterior (134.4); la Ley de Presupuestos no puede crear tributos (134.7).
Capítulos del presupuesto de gastos: 1 personal, 2 gastos corrientes, 3 gastos financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros y 9 pasivos financieros.
Criterios de Maastricht: déficit no superior al 3% del PIB y deuda no superior al 60% del PIB (Protocolo n.º 12 anejo a los Tratados).
Tras la reforma del Pacto de Estabilidad de 2024 (Reglamentos (UE) 2024/1263 y 2024/1264), España debe presentar un Plan Fiscal-Estructural a medio plazo (4 años, ampliable hasta 7) basado en una senda de gasto primario neto con supervisión individualizada de la Comisión.
Los Estados de la zona euro remiten a la Comisión el proyecto de plan presupuestario del año siguiente antes del 15 de octubre.
El sistema tributario (art. 31 CE): contribución según capacidad económica con principios de igualdad y progresividad sin alcance confiscatorio (31.1); asignación equitativa del gasto (31.2); reserva de ley para prestaciones patrimoniales públicas (31.3). La potestad originaria de crear tributos es del Estado, mediante ley (art. 133.1).
La reforma fiscal reciente incorpora la tributación mínima efectiva del 15% en Sociedades para grandes grupos (Pilar 2 OCDE, Ley 7/2024), la Ley 11/2021 antifraude y la facturación electrónica de la Ley 18/2022 «Crea y Crece».
La unidad de mercado se fundamenta en el art. 139 CE (igualdad de derechos y prohibición de obstaculizar la circulación y el establecimiento), el art. 157.2 CE (límite a las medidas tributarias autonómicas), el art. 38 CE (libertad de empresa) y los arts. 149.1.1ª y 13ª CE.
La Ley 20/2013 (LGUM) garantiza la libre circulación y establecimiento de operadores, bienes y servicios sin requisitos desproporcionados o discriminatorios por razón de origen; solo cabe limitar la actividad por razones imperiosas de interés general.
Principio de eficacia nacional (art. 6 LGUM): el operador legalmente establecido puede operar en todo el territorio sin nuevos requisitos de otra autoridad, salvo excepciones tasadas; la STC 79/2017 anuló parcialmente la ley en lo relativo a este principio y a algunos mecanismos de garantía.
El Consejo para la Unidad de Mercado es un órgano de cooperación de la AGE, las CCAA, Ceuta y Melilla y la Administración Local; la SECUM tramita las reclamaciones de los operadores y la CNMC puede recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El PRTR (Reglamento (UE) 2021/241) tiene cuatro ejes, diez políticas palanca y treinta componentes; se gobierna por el RDL 36/2020 y su plazo de ejecución finaliza en 2026.
Error típico: la política monetaria no es competencia del Gobierno español sino del BCE; la AGE solo dispone de la política fiscal y de las reformas estructurales para estabilizar la economía.
Error típico: confundir la regla de gasto (art. 12 LOEPSF, límite de crecimiento del gasto) con el techo de gasto (art. 30, límite de gasto no financiero del Estado que se fija anualmente).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué función del gasto público tiene, con carácter general, mayor peso en España según la clasificación COFOG?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Gestión AGE?
La política económica actual se articula en torno a los objetivos de estabilidad macroeconómica, sostenibilidad de las finanzas públicas y garantía de la unidad de mercado interior, en un marco condicionado por la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria (política monetaria única del BCE, disciplina fiscal europea y Semestre Europeo). La política presupuestaria se somete a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del art. 135 CE, desarrollados por la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), y se instrumenta mediante los Presupuestos Generales del Estado (art. 134 CE y Ley 47/2003, General Presupuestaria). La política fiscal persigue la suficiencia financiera y la equidad en el reparto de la carga tributaria (art. 31 CE), y la unidad de mercado, con fundamento en los arts. 139.2, 157.2, 38 y 149.1.1ª y 13ª CE, se garantiza mediante la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
El Semestre Europeo coordina anualmente la supervisión de las políticas presupuestarias y estructurales, culminando en Recomendaciones Específicas por País. La protección social es la función de mayor peso en el gasto público español según la clasificación COFOG, seguida de sanidad y educación; las CCAA gestionan la mayor parte de sanidad y educación y la Seguridad Social las pensiones. La Ley 20/2013 de unidad de mercado se articula sobre los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad (art. 5), eficacia nacional de las actuaciones administrativas (art. 6), simplificación de cargas y transparencia. La CNMC está legitimada para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Audiencia Nacional) las disposiciones y actos que vulneren la libertad de establecimiento o circulación (Ley 20/2013). El art. 40 CE encomienda promover condiciones favorables para el progreso social/económico y una distribución de la renta más equitativa; el art. 131 CE habilita al Estado a planificar la actividad económica general mediante ley, con asesoramiento de un Consejo (el CES). Corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª CE), título horizontal que habilita intervenir en sectores autonómicos por razón de unidad económica. La política presupuestaria se rige por estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y plurianualidad (art. 135 CE, reformado en 2011, desarrollado por la LO 2/2012). El art. 135 CE exige a todas las Administraciones adecuar sus actuaciones a la estabilidad presupuestaria, prohíbe déficit estructural superior a los márgenes de la UE, reserva a LO fijar el déficit estructural máximo y da prioridad absoluta de pago a los intereses y capital de la deuda pública. Los límites de déficit estructural y deuda del art. 135 CE solo se superan en catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria apreciadas por mayoría absoluta del Congreso (135.4). La LO 2/2012 (LOEPSF) fija tres reglas: estabilidad (sin déficit estructural), regla de gasto (no superar la tasa de referencia del PIB a medio plazo) y límite de deuda (60% del PIB: 44% Administración central, 13% CCAA, 3% EELL). La LOEPSF prevé medidas preventivas, correctivas (plan económico-financiero, plan de reequilibrio), automáticas de corrección, coercitivas y de cumplimiento forzoso, y crea el Fondo de Contingencia (2% del techo de gasto). El Gobierno fija los objetivos de estabilidad y deuda (previo informe del CPFF y con informe de la AIReF), que aprueban el Congreso y el Senado, y después el techo de gasto no financiero del Estado; la AIReF es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no el «Consejo Fiscal». La AIReF (LO 6/2013) tiene personalidad jurídica propia e independencia funcional; sus informes no son vinculantes, pero se rige por el principio de «cumplir o explicar»; su presidente tiene un mandato de seis años no renovable. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 3 LOFCA) coordina la política presupuestaria entre el Estado y las CCAA; lo preside el titular del Ministerio de Hacienda. Art. 134 CE: los PGE son anuales, los elabora el Gobierno y se presentan al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores (1 de octubre); si no se aprueban a tiempo, se prorrogan automáticamente los del ejercicio anterior (134.4); la Ley de Presupuestos no puede crear tributos (134.7). Capítulos del presupuesto de gastos: 1 personal, 2 gastos corrientes, 3 gastos financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros y 9 pasivos financieros. Criterios de Maastricht: déficit no superior al 3% del PIB y deuda no superior al 60% del PIB (Protocolo n.º 12 anejo a los Tratados). Tras la reforma del Pacto de Estabilidad de 2024 (Reglamentos (UE) 2024/1263 y 2024/1264), España debe presentar un Plan Fiscal-Estructural a medio plazo (4 años, ampliable hasta 7) basado en una senda de gasto primario neto con supervisión individualizada de la Comisión. Los Estados de la zona euro remiten a la Comisión el proyecto de plan presupuestario del año siguiente antes del 15 de octubre. El sistema tributario (art. 31 CE): contribución según capacidad económica con principios de igualdad y progresividad sin alcance confiscatorio (31.1); asignación equitativa del gasto (31.2); reserva de ley para prestaciones patrimoniales públicas (31.3). La potestad originaria de crear tributos es del Estado, mediante ley (art. 133.1). La reforma fiscal reciente incorpora la tributación mínima efectiva del 15% en Sociedades para grandes grupos (Pilar 2 OCDE, Ley 7/2024), la Ley 11/2021 antifraude y la facturación electrónica de la Ley 18/2022 «Crea y Crece». La unidad de mercado se fundamenta en el art. 139 CE (igualdad de derechos y prohibición de obstaculizar la circulación y el establecimiento), el art. 157.2 CE (límite a las medidas tributarias autonómicas), el art. 38 CE (libertad de empresa) y los arts. 149.1.1ª y 13ª CE. La Ley 20/2013 (LGUM) garantiza la libre circulación y establecimiento de operadores, bienes y servicios sin requisitos desproporcionados o discriminatorios por razón de origen; solo cabe limitar la actividad por razones imperiosas de interés general. Principio de eficacia nacional (art. 6 LGUM): el operador legalmente establecido puede operar en todo el territorio sin nuevos requisitos de otra autoridad, salvo excepciones tasadas; la STC 79/2017 anuló parcialmente la ley en lo relativo a este principio y a algunos mecanismos de garantía. El Consejo para la Unidad de Mercado es un órgano de cooperación de la AGE, las CCAA, Ceuta y Melilla y la Administración Local; la SECUM tramita las reclamaciones de los operadores y la CNMC puede recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El PRTR (Reglamento (UE) 2021/241) tiene cuatro ejes, diez políticas palanca y treinta componentes; se gobierna por el RDL 36/2020 y su plazo de ejecución finaliza en 2026. Error típico: la política monetaria no es competencia del Gobierno español sino del BCE; la AGE solo dispone de la política fiscal y de las reformas estructurales para estabilizar la economía. Error típico: confundir la regla de gasto (art. 12 LOEPSF, límite de crecimiento del gasto) con el techo de gasto (art. 30, límite de gasto no financiero del Estado que se fija anualmente).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 31, 38, 40, 128, 131, 133, 134, 135, 139, 149.1.13ª y 157.2.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE-A-2012-5730).
Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (BOE-A-2013-12888).
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, de 22 de junio.
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición (Directiva (UE) 2022/2523).
Reglamento (UE) 2024/1263 y Reglamento (UE) 2024/1264 (reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento); Reglamento (UE) 2021/241 (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).
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