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Tema 2. Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen disciplinario.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) reconoce a los empleados públicos un amplio catálogo de derechos individuales (art. 14) y de ejercicio colectivo (art. 15) y les impone unos deberes que se agrupan en el Código de Conducta (arts. 52 a 54), integrado por principios éticos y principios de conducta. El régimen disciplinario (título VII, arts. 93 a 98) es de naturaleza sancionadora, está presidido por los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia, tipifica con rango básico las faltas muy graves, remite las graves y leves a la legislación de desarrollo, prevé un catálogo de sanciones y exige un procedimiento con separación entre instrucción y resolución. La responsabilidad disciplinaria es compatible con la civil y la penal. En la Administración General del Estado sigue siendo relevante el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986, de 10 de enero).

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Deberes de los empleados públicos y Código de Conducta (art. 52 TREBEP)

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, actuando con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Estos principios inspiran el Código de Conducta, que se configura por los principios éticos (art. 53) y los principios de conducta (art. 54). Se trata de un código de carácter básico, aplicable a funcionarios y a personal laboral, cuya infracción puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

Derechos individuales de los empleados públicos (art. 14 TREBEP)

Entre los derechos individuales reconocidos a los empleados públicos, que en algunos casos se limitan a los funcionarios de carrera, figuran: la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; el desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional; la progresión en la carrera profesional y la promoción interna, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad; la percepción de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio; la participación en la consecución de los objetivos de su unidad; la defensa jurídica y la protección de la Administración en los procedimientos judiciales derivados del legítimo ejercicio de sus funciones; la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento; la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo; las vacaciones, descansos, permisos y licencias; la jubilación; las prestaciones de la Seguridad Social del régimen aplicable; el respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, en especial frente al acoso; la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social; la formación continua; y el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y frente a la videovigilancia y la geolocalización, así como a la desconexión digital, incorporados por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15 TREBEP)

Son derechos individuales que solo pueden ejercerse de forma conjunta con otros, no derechos colectivos de titularidad grupal: la libertad sindical; la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo; el ejercicio de la huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo; el derecho de reunión; y el derecho de información, consulta y participación en materia de prevención de riesgos laborales. La libertad sindical se regula en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la huelga, en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, con fijación de los servicios mínimos por la autoridad competente.

Representación, participación y negociación colectiva (arts. 31 a 46 TREBEP)

Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal (art. 39): los primeros en las unidades electorales con entre seis y cuarenta y nueve funcionarios y las segundas en las que cuenten con cincuenta o más. El personal laboral se representa mediante delegados de personal y comités de empresa, conforme al Estatuto de los Trabajadores. La negociación colectiva se desarrolla en las Mesas de Negociación (por ejemplo, la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado), y se instrumenta en Pactos, que versan sobre materias de competencia del órgano que los suscribe y son directamente aplicables, y Acuerdos, que requieren la aprobación expresa y formal del órgano de gobierno de la Administración para su validez cuando versan sobre materias de su competencia (art. 38). El art. 37 enumera las materias objeto de negociación y excluye otras, como la potestad de organización de las Administraciones y las decisiones que afecten a sus potestades de organización.

Carrera profesional y evaluación del desempeño (arts. 16 a 20 TREBEP)

Las leyes de función pública pueden regular la carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin necesidad de cambiar de puesto), la carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), la promoción interna vertical (ascenso a cuerpos o escalas de grupo superior) y la promoción interna horizontal (acceso a cuerpos o escalas del mismo grupo profesional). La evaluación del desempeño (art. 20) es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados; debe basarse en los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, y se aplica sin menoscabo de los derechos de los empleados. Sus efectos pueden proyectarse sobre la carrera, la formación, la provisión de puestos y las retribuciones complementarias, y puede determinar la remoción de un puesto obtenido por concurso.

Jornada, teletrabajo, vacaciones, permisos y licencias (arts. 47 a 51 TREBEP)

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado se fija en 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre). El teletrabajo (art. 47 bis, introducido por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre) es una modalidad de prestación de servicios a distancia, que debe ser expresamente autorizada, es compatible con la modalidad presencial y tiene carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales justificados. Vacaciones (art. 50): veintidós días hábiles por año natural, o la parte proporcional si el tiempo de servicio durante el año fue menor, sin perjuicio de los días adicionales por antigüedad que establezca la normativa. Permisos (art. 48): causas tasadas, entre ellas el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares, el traslado de domicilio, el deber inexcusable de carácter público y personal, los asuntos particulares y el matrimonio; permisos por motivos de conciliación y violencia de género (art. 49), con permiso por nacimiento para ambos progenitores que el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, equiparó en dieciséis semanas y que el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, amplió a diecinueve semanas, y a treinta y dos en los supuestos de monoparentalidad, de las que seis son de disfrute obligatorio e inmediato tras el parto. El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (transposición de la Directiva (UE) 2019/1158), amplió los permisos de conciliación (por ejemplo, con el permiso parental). Las licencias (por ejemplo, por asuntos propios sin retribución) se regulan en la normativa de cada Administración.

El Código de Conducta: principios éticos (art. 53 TREBEP)

Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico; perseguirán la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y fundamentarán su actuación en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio; basarán su conducta en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación; se abstendrán en los asuntos en que tengan un interés personal y de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de conflicto de intereses con su puesto público; no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada; actuarán con lealtad y buena fe con la Administración, sus superiores, compañeros, subordinados y ciudadanos; y guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté legalmente prohibida, manteniendo la debida discreción sobre los asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros o en perjuicio del interés público.

El Código de Conducta: principios de conducta (art. 54 TREBEP)

Los empleados públicos tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos; desempeñarán las tareas de su puesto de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos; obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes; informarán a los ciudadanos sobre las materias que tengan derecho a conocer y facilitarán el ejercicio de sus derechos; administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, sin utilizarlos en provecho propio o de personas allegadas; rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio del Código Penal; garantizarán la constancia y permanencia de los documentos; mantendrán actualizada su formación y cualificación; observarán las normas sobre seguridad y salud laboral; propondrán medidas para mejorar el servicio; y garantizarán la atención al ciudadano en la lengua cooficial que solicite, siempre que sea oficial en el territorio.

Función del Código de Conducta y deber de secreto

Los principios éticos y de conducta orientan el comportamiento cotidiano del empleado público más allá de la mera legalidad formal e informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario, de modo que su infracción, cuando reviste suficiente entidad, puede fundamentar la comisión de una falta tipificada. El deber de secreto tiene dos vertientes: la obligación de guardar secreto de las materias clasificadas u otras de difusión legalmente prohibida y la de mantener la debida discreción sobre los asuntos que se conozcan por razón del cargo, sin hacer uso de la información para beneficio propio o de terceros (art. 53). Tiene proyección disciplinaria (la publicación o utilización indebida de información a la que se tiene acceso por razón del cargo y la negligencia en la custodia de secretos oficiales son faltas muy graves) e incluso penal en los supuestos más graves de revelación de secretos. Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, protege a los empleados públicos que comuniquen irregularidades a través de los canales de información.

Incompatibilidades (Ley 53/1984)

El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas se regula en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y se basa en el principio de dedicación a un solo puesto de trabajo en el sector público, con la prohibición de percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones (con excepciones legales). El ejercicio de actividades privadas, con o sin relación con las funciones del puesto, exige reconocimiento de compatibilidad, que no puede concederse al personal que perciba complemento específico o concepto equiparable (con los límites que la ley establece). El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad, es falta muy grave (art. 95.2 TREBEP).

Régimen disciplinario: sujetos, naturaleza y principios (arts. 93 y 94 TREBEP)

Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el título VII del TREBEP y en las normas que las leyes de función pública dicten en desarrollo del mismo; el personal laboral se rige, en lo no previsto, por la legislación laboral. Las Administraciones corrigen disciplinariamente las infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. La potestad disciplinaria se ejerce de acuerdo con los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones; irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables; proporcionalidad, tanto en la clasificación de las infracciones y sanciones como en su aplicación; culpabilidad; y presunción de inocencia. Rige también el non bis in idem (art. 31 de la Ley 40/2015: no cabe sancionar dos veces los mismos hechos con identidad de sujeto, hecho y fundamento). La Administración debe suspender el procedimiento cuando los hechos puedan constituir delito, comunicándolo al Ministerio Fiscal, y los hechos declarados probados por sentencia penal firme vinculan a la Administración (art. 77.4 de la Ley 39/2015).

Las faltas muy graves (art. 95.2 TREBEP)

Son faltas muy graves, entre otras: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía en el ejercicio de la función pública; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por tales motivos y el acoso moral, sexual y por razón de sexo; el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas encomendadas; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de la documentación o información a la que se tenga acceso por razón del cargo; la negligencia en la custodia de secretos oficiales que sea causa de su difusión indebida; el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo; la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales; el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga y la no prestación de los servicios mínimos; y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

Faltas graves y leves: remisión a la normativa de desarrollo

El TREBEP tipifica con rango básico las faltas muy graves y remite a las leyes de función pública de desarrollo (y, para el personal laboral, a los convenios colectivos en el caso de las graves) la determinación de las faltas graves y leves, atendiendo a criterios como el grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos, y la reiteración. En la Administración General del Estado se aplica, en lo no incompatible, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986, de 10 de enero), que tipifica faltas muy graves, graves y leves.

Las sanciones disciplinarias (art. 96 TREBEP)

Por razón de las faltas cometidas pueden imponerse las siguientes sanciones: separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comporta la revocación de su nombramiento, solo por faltas muy graves; despido disciplinario del personal laboral, solo por faltas muy graves, con inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato con funciones similares; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que se establezca; demérito, penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; apercibimiento (sanción propia de las faltas leves); y cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se determina teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación.

El procedimiento disciplinario y las medidas provisionales (art. 98 TREBEP)

No puede imponerse sanción por la comisión de faltas graves o muy graves sino mediante el procedimiento previamente establecido, con instrucción previa y audiencia del interesado; la imposición de sanciones por faltas leves se lleva a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Se garantiza el principio de separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos. Son trámites habituales de la normativa de desarrollo la incoación, el pliego de cargos, la práctica de pruebas, la propuesta de resolución con alegaciones y la resolución motivada. Pueden adoptarse medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final; la suspensión provisional como medida cautelar no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado, y durante ella el funcionario conserva el derecho a las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Las resoluciones sancionadoras son recurribles conforme a la Ley 39/2015 y ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Prescripción de faltas y sanciones (art. 97 TREBEP) y caducidad

Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido (o desde el cese de la infracción si es continuada) y se interrumpe con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento disciplinario o de la información reservada, reanudándose si el procedimiento se paraliza durante más de seis meses por causa no imputable al interesado. El procedimiento está sujeto a un plazo máximo de tramitación fijado por la normativa de desarrollo, cuyo incumplimiento determina la caducidad del procedimiento, sin impedir la incoación de uno nuevo mientras la falta no haya prescrito.

Abstención y recusación de los instructores

Al instructor del procedimiento disciplinario le son aplicables las causas de abstención y recusación de la legislación de régimen jurídico del sector público (arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015: parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, interés personal en el asunto, entre otras), garantía de imparcialidad que se suma a la exigencia de que el instructor sea distinto del órgano que finalmente resuelve.

Las tres modalidades de responsabilidad: civil, penal y disciplinaria

La responsabilidad civil persigue la reparación del daño mediante indemnización. La penal se exige cuando la conducta es constitutiva de delito (entre otros, la prevaricación, el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias, previstos en el Código Penal). La disciplinaria deriva del incumplimiento de deberes estatutarios y se exige por procedimiento sancionador interno. Son responsabilidades independientes que pueden exigirse simultáneamente por los mismos hechos, sin que ello vulnere el non bis in idem cuando el fundamento es distinto (relación de sujeción especial). Cuando la Administración haya indemnizado directamente a un tercero por la actuación de su personal, debe exigir de oficio la responsabilidad en que hubieran incurrido las autoridades y demás personal por dolo, o culpa o negligencia graves, ponderando el daño producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado dañoso (art. 36 de la Ley 40/2015).

Derechos y deberes del personal laboral en comparación con los funcionarios

El personal laboral comparte con los funcionarios el catálogo básico de derechos y deberes individuales y colectivos del TREBEP, si bien sus derechos colectivos (negociación colectiva, huelga) y su régimen de jornada, vacaciones y permisos se rigen además por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos (art. 51 TREBEP). En materia disciplinaria, la sanción equivalente a la separación del servicio es el despido disciplinario, y la jurisdicción competente para su revisión es la social.

Control jurisdiccional de las sanciones disciplinarias

Las sanciones disciplinarias impuestas a funcionarios son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Según la LJCA, los Juzgados conocen de las cuestiones de personal, salvo las que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera: por tanto, la sanción de separación del servicio de un funcionario de carrera se revisa en la Sala del Tribunal Superior de Justicia (o, en su caso, de la Audiencia Nacional), y el resto de sanciones, en los Juzgados. Las sanciones al personal laboral se impugnan ante la jurisdicción social.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Solo el TREBEP tipifica directamente las faltas muy graves (art. 95.2); las graves y leves se remiten a las leyes de función pública de desarrollo (y a convenios en el caso de personal laboral).
  • La separación del servicio (funcionarios) o el despido disciplinario (laborales) solo proceden por faltas muy graves; la suspensión firme de funciones tiene un máximo de seis años (art. 96).
  • Las faltas graves y muy graves exigen expediente disciplinario previo; las leves, procedimiento sumario; ambos con audiencia al interesado, y con separación entre instructor y órgano resolutor (art. 98).
  • La suspensión provisional como medida cautelar no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado, con derecho a retribuciones básicas.
  • Prescripción de faltas: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses (art. 97). Error típico: confundir los plazos de las faltas con los de las sanciones (3 años, 2 años y 1 año).
  • La responsabilidad disciplinaria es independiente de la civil o penal y pueden exigirse simultáneamente por los mismos hechos.
  • Los deberes (arts. 52 a 54 TREBEP) exigen actuar con objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia y ejemplaridad, sujetos a la Constitución y al ordenamiento.
  • Derechos individuales (art. 14): inamovilidad, desempeño efectivo de funciones, carrera y promoción interna, retribuciones, formación continua, respeto a intimidad y dignidad, no discriminación y desconexión digital.
  • Derechos individuales de ejercicio colectivo (art. 15): libertad sindical, negociación colectiva, huelga con garantía de servicios esenciales, conflictos colectivos, reunión e información y consulta en prevención de riesgos.
  • Vacaciones: 22 días hábiles por año natural (o parte proporcional); la jornada general en la AGE es de 37,5 horas semanales de promedio anual; teletrabajo voluntario, reversible y autorizado (art. 47 bis).
  • Permiso por nacimiento de 19 semanas para ambos progenitores, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias e inmediatas tras el parto (RDL 9/2025).
  • El Código de Conducta distingue principios éticos (art. 53: lealtad, buena fe, abstención en interés personal, secreto y discreción) de principios de conducta (art. 54: trato respetuoso, diligencia, obediencia salvo infracción manifiesta, rechazo de regalos).
  • El deber de secreto tiene doble vertiente: materias clasificadas o de difusión prohibida, y discreción sobre asuntos conocidos por razón del cargo; con proyección disciplinaria e incluso penal.
  • Principios disciplinarios (art. 94): legalidad y tipicidad, irretroactividad desfavorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; rige también el non bis in idem (art. 31 Ley 40/2015).
  • Faltas muy graves (art. 95.2): incumplimiento del deber de respeto a la CE y a los Estatutos, discriminación y acoso, abandono del servicio, acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave, publicación o uso indebido de información, negligencia en la custodia de secretos oficiales, notorio incumplimiento de funciones esenciales, incumplimiento de servicios mínimos en huelga e incompatibilidades.
  • Sanciones (art. 96): separación del servicio, despido disciplinario, suspensión firme (máx. 6 años), traslado forzoso, demérito y apercibimiento.
  • En la AGE se aplica el Reglamento de Régimen Disciplinario aprobado por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, en lo no incompatible con el TREBEP.
  • La Administración debe exigir de oficio la responsabilidad a su personal por dolo, culpa o negligencia graves cuando haya indemnizado a un tercero (art. 36 Ley 40/2015).
  • La separación del servicio de un funcionario de carrera se impugna ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ (extinción de la relación de servicio), y no ante los Juzgados.
  • Representación de los funcionarios: delegados de personal (de 6 a 49 funcionarios) y juntas de personal (50 o más); la negociación se articula en mesas y se plasma en pactos y acuerdos (art. 38).
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Respecto de las faltas disciplinarias graves y leves, el TREBEP:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Gestión AGE?

El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) reconoce a los empleados públicos un amplio catálogo de derechos individuales (art. 14) y de ejercicio colectivo (art. 15) y les impone unos deberes que se agrupan en el Código de Conducta (arts. 52 a 54), integrado por principios éticos y principios de conducta. El régimen disciplinario (título VII, arts. 93 a 98) es de naturaleza sancionadora, está presidido por los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia, tipifica con rango básico las faltas muy graves, remite las graves y leves a la legislación de desarrollo, prevé un catálogo de sanciones y exige un procedimiento con separación entre instrucción y resolución. La responsabilidad disciplinaria es compatible con la civil y la penal. En la Administración General del Estado sigue siendo relevante el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986, de 10 de enero).

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

Solo el TREBEP tipifica directamente las faltas muy graves (art. 95.2); las graves y leves se remiten a las leyes de función pública de desarrollo (y a convenios en el caso de personal laboral). La separación del servicio (funcionarios) o el despido disciplinario (laborales) solo proceden por faltas muy graves; la suspensión firme de funciones tiene un máximo de seis años (art. 96). Las faltas graves y muy graves exigen expediente disciplinario previo; las leves, procedimiento sumario; ambos con audiencia al interesado, y con separación entre instructor y órgano resolutor (art. 98). La suspensión provisional como medida cautelar no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado, con derecho a retribuciones básicas. Prescripción de faltas: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses (art. 97). Error típico: confundir los plazos de las faltas con los de las sanciones (3 años, 2 años y 1 año). La responsabilidad disciplinaria es independiente de la civil o penal y pueden exigirse simultáneamente por los mismos hechos. Los deberes (arts. 52 a 54 TREBEP) exigen actuar con objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia y ejemplaridad, sujetos a la Constitución y al ordenamiento. Derechos individuales (art. 14): inamovilidad, desempeño efectivo de funciones, carrera y promoción interna, retribuciones, formación continua, respeto a intimidad y dignidad, no discriminación y desconexión digital. Derechos individuales de ejercicio colectivo (art. 15): libertad sindical, negociación colectiva, huelga con garantía de servicios esenciales, conflictos colectivos, reunión e información y consulta en prevención de riesgos. Vacaciones: 22 días hábiles por año natural (o parte proporcional); la jornada general en la AGE es de 37,5 horas semanales de promedio anual; teletrabajo voluntario, reversible y autorizado (art. 47 bis). Permiso por nacimiento de 19 semanas para ambos progenitores, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias e inmediatas tras el parto (RDL 9/2025). El Código de Conducta distingue principios éticos (art. 53: lealtad, buena fe, abstención en interés personal, secreto y discreción) de principios de conducta (art. 54: trato respetuoso, diligencia, obediencia salvo infracción manifiesta, rechazo de regalos). El deber de secreto tiene doble vertiente: materias clasificadas o de difusión prohibida, y discreción sobre asuntos conocidos por razón del cargo; con proyección disciplinaria e incluso penal. Principios disciplinarios (art. 94): legalidad y tipicidad, irretroactividad desfavorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; rige también el non bis in idem (art. 31 Ley 40/2015). Faltas muy graves (art. 95.2): incumplimiento del deber de respeto a la CE y a los Estatutos, discriminación y acoso, abandono del servicio, acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave, publicación o uso indebido de información, negligencia en la custodia de secretos oficiales, notorio incumplimiento de funciones esenciales, incumplimiento de servicios mínimos en huelga e incompatibilidades. Sanciones (art. 96): separación del servicio, despido disciplinario, suspensión firme (máx. 6 años), traslado forzoso, demérito y apercibimiento. En la AGE se aplica el Reglamento de Régimen Disciplinario aprobado por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, en lo no incompatible con el TREBEP. La Administración debe exigir de oficio la responsabilidad a su personal por dolo, culpa o negligencia graves cuando haya indemnizado a un tercero (art. 36 Ley 40/2015). La separación del servicio de un funcionario de carrera se impugna ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ (extinción de la relación de servicio), y no ante los Juzgados. Representación de los funcionarios: delegados de personal (de 6 a 49 funcionarios) y juntas de personal (50 o más); la negociación se articula en mesas y se plasma en pactos y acuerdos (art. 38).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 14-20, 31-46, 47-51, 52-54 y 93-98.
  • Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 23, 24, 31 y 36).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 77).
  • Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
  • Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas.
  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

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