Ver esquema

Tema 9. El sector público institucional: entidades que lo integran y régimen jurídico.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El sector público institucional integra el conjunto de organismos y entidades con personalidad jurídica propia, vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, regulados en el Título II de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, arts. 81 y ss.). El sector público institucional estatal (art. 84) se compone de organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas. Cada tipo cuenta con un régimen jurídico propio en cuanto a fines, personal, patrimonio, control y sometimiento al Derecho público o privado.

← Ver el índice completo del temario

Ámbito subjetivo de la LRJSP y concepto de sector público institucional (art. 2)

El art. 2 LRJSP delimita el sector público en tres bloques: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional. Este último comprende: a) cualesquiera organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas; b) las entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones, que quedan sujetas a la LRJSP en lo que específicamente se disponga y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; y c) las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LRJSP.

Composición del sector público institucional estatal (art. 84 LRJSP)

El sector público institucional estatal se integra por: a) los organismos públicos vinculados o dependientes de la AGE, que comprenden los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; b) las autoridades administrativas independientes; c) las sociedades mercantiles estatales; d) los consorcios; e) las fundaciones del sector público; f) los fondos sin personalidad jurídica; y g) las universidades públicas no transferidas. Todas estas entidades se inscriben en el Inventario de Entidades del Sector Público.

Principios generales de actuación (art. 81 LRJSP)

La creación, mantenimiento y extinción de las entidades del sector público institucional se somete a los principios de legalidad, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de eficiencia en el uso de los recursos y de transparencia. Cada entidad debe estar sujeta a un control de eficacia y a una supervisión continua que verifique la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. La creación de organismos públicos exige un plan de actuación que contenga el análisis de su necesidad, la forma jurídica elegida, la sostenibilidad financiera y la ausencia de duplicidades, y se hace por ley.

El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (INVENTE, art. 82)

Registro público, gestionado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que contiene las entidades integrantes del sector público institucional estatal, autonómico y local, con información sobre su naturaleza jurídica, finalidad, régimen de financiación y Administración a la que están vinculadas. La inscripción es obligatoria; sin ella, no se atribuye el número de identificación fiscal definitivo a la entidad. Es el instrumento básico para la racionalización y el control del sector público institucional.

Los organismos públicos: concepto y tipología

Los organismos públicos estatales son entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, creadas por ley, a las que se encomienda la realización de actividades administrativas, de fomento, prestacionales, de contenido económico o de gestión de servicios públicos, en régimen de descentralización funcional y bajo el principio de especialidad. Se clasifican en organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Se adscriben a la AGE, a través de un Ministerio, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de eficacia de su actividad. Su creación, fusión y extinción se hace por ley; sus estatutos se aprueban por Real Decreto.

Los organismos autónomos (arts. 98 y ss. LRJSP)

Entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía de gestión, que desarrollan, en régimen de descentralización funcional, actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Se rigen por el Derecho administrativo, y su personal es funcionario o laboral con arreglo a la legislación de empleo público y sus estatutos. Dependen de un Ministerio. Ejemplos clásicos: Instituto Nacional de Estadística (INE), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Consejo Superior de Deportes (CSD) o Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

Las entidades públicas empresariales (arts. 103-108 LRJSP)

Entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión, a las que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, financiándose en lo esencial con ingresos de mercado. Se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados por la LRJSP, su normativa de creación y la legislación presupuestaria. Su personal es, en general, laboral, con reserva de puestos a funcionarios cuando impliquen ejercicio de potestades públicas. Ejemplos: ADIF, Renfe-Operadora, ENAIRE, ICO o SEPI.

Diferencias entre organismos autónomos y entidades públicas empresariales

Ambos son organismos públicos, de Derecho público, con personalidad jurídica propia y adscritos a un Ministerio. La diferencia esencial es el régimen aplicable y la naturaleza de la actividad: los organismos autónomos ejercen actividades administrativas, de fomento o servicios públicos y se rigen íntegramente por el Derecho administrativo, financiándose principalmente con transferencias y recursos públicos; las entidades públicas empresariales realizan actividades susceptibles de contraprestación, se financian de modo sustancial con ingresos de mercado y se rigen por el Derecho privado salvo en los aspectos tasados.

Las autoridades administrativas independientes (arts. 109-110 LRJSP)

Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, creadas por ley, que tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, con independencia funcional o una especial autonomía respecto de la AGE. No están sometidas a instrucciones, están sujetas a control parlamentario y se rigen por el ordenamiento jurídico-administrativo. Sus titulares tienen un mandato y causas de cese tasadas. Ejemplos: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Autoridad Independiente de Protección del Informante (Ley 2/2023). El Banco de España tiene un régimen específico por su pertenencia al Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Las sociedades mercantiles estatales (arts. 111-117 LRJSP)

Son sociedades mercantiles estatales aquellas en las que concurre alguna de estas circunstancias: a) que la participación directa en su capital social de la AGE o de sus organismos públicos y demás entidades del sector público institucional estatal sea superior al 50%; b) que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio respecto de las entidades anteriores. Se rigen íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Su constitución se autoriza por acuerdo del Consejo de Ministros.

Los consorcios (arts. 118-127 LRJSP)

Entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a las Administraciones, dentro del ámbito de sus competencias. Se rigen por sus estatutos, que determinan la Administración pública a la que estarán adscritos, así como su régimen orgánico, funcional y financiero. La adscripción se determina en cada ejercicio presupuestario atendiendo a criterios de prelación entre los que figuran disponer de la mayoría de votos en el órgano de gobierno y la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. Se crean mediante convenio, y las entidades pueden separarse del consorcio en los términos legales.

Las fundaciones del sector público estatal (arts. 128-136 LRJSP)

Son fundaciones del sector público estatal las fundaciones en las que concurra alguna de estas circunstancias: a) que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la AGE o de sus organismos públicos u otras entidades del sector público estatal; b) que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las citadas entidades; c) que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público estatal. Se rigen por la Ley 50/2002, de Fundaciones, y por la LRJSP, y no pueden ejercer potestades públicas. Su personal es, en general, laboral.

Los fondos carentes de personalidad jurídica

Fondos sin personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del Estado u otros presupuestos del sector público institucional estatal. Su normativa reguladora debe determinar el órgano de la AGE al que se adscriben y las funciones de administración y gestión que se les encomienden, así como el régimen jurídico presupuestario, contable, de control económico-financiero y de contratación aplicable. Se tratan como instrumentos de gestión financiera sin personalidad propia, siendo sus actuaciones imputables a la Administración a la que se adscriben.

Las universidades públicas no transferidas

La LRJSP incluye entre las entidades del sector público institucional estatal las universidades públicas no transferidas a las Comunidades Autónomas (el caso paradigmático es la UNED), que se rigen por su normativa específica (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario) y supletoriamente por la LRJSP. Gozan de la autonomía universitaria del art. 27.10 CE, lo que las distingue del resto de entes instrumentales de la AGE.

Los medios propios personificados (art. 86 LRJSP y art. 32 LCSP)

Determinadas entidades del sector público institucional pueden ser calificadas como medios propios personificados de una o varias Administraciones, que les encargan prestaciones sin necesidad de licitar. Requisitos (art. 32 LCSP): que el poder adjudicador ejerza sobre el ente un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, que más del 80% de las actividades del ente se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador, y que la totalidad del capital o patrimonio sea de titularidad pública. Ejemplo: el Grupo Tragsa. La calificación debe constar en sus estatutos o norma de creación.

Control de eficacia, supervisión continua y control económico-financiero

El Ministerio de adscripción ejerce el control de eficacia sobre la actividad de organismos públicos, orientado a comprobar el grado de cumplimiento de sus objetivos y la adecuada utilización de los recursos. Además, la LRJSP estableció la supervisión continua, a cargo del Ministerio de Hacienda, para verificar la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de cada entidad. El control económico-financiero corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), mediante la función interventora (en organismos autónomos), el control financiero permanente y la auditoría pública; el control externo corresponde al Tribunal de Cuentas (art. 136 CE), que fiscaliza el sector público.

Reorganización: fusión, transformación y extinción

La LRJSP regula la fusión de organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la AGE del mismo o distinto tipo, así como su transformación, disolución, liquidación y extinción, con el objetivo declarado de racionalizar el sector público institucional y evitar duplicidades. Las entidades que incurran en causas de disolución (por ejemplo, incumplimiento de los fines o inactividad) deben ser disueltas, y los organismos públicos y sociedades que dejan de cumplir los requisitos deben transformarse o liquidarse.

El régimen de personal y de contratación del sector público institucional

El personal varía según la entidad: funcionario o laboral en los organismos autónomos, predominantemente laboral en las entidades públicas empresariales, sociedades y fundaciones, con reserva a funcionarios de los puestos que impliquen ejercicio de potestades públicas; en todo caso, la oferta de empleo se integra en la Oferta de Empleo Público del Estado y se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público. En contratación, todas las entidades del sector público institucional quedan sujetas a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, con distinto alcance según tengan o no la consideración de Administración Pública (organismos autónomos: Administración Pública; entidades públicas empresariales y sociedades: poderes adjudicadores que no son Administración Pública), lo que determina el procedimiento de adjudicación aplicable y el régimen de recursos.

Las Agencias Estatales

La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, creó la Agencia Estatal como figura organizativa basada en la gestión por objetivos y la rendición de cuentas. La LRJSP de 2015 no la recoge como categoría propia de organismo público en su art. 84 y previó un régimen transitorio de adaptación de las agencias existentes a los tipos de organismos públicos que ella regula; algunas entidades conservan hoy la denominación de agencia estatal (por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología). Este es un punto a contrastar con la normativa de cada entidad.

Clasificación a efectos presupuestarios (Ley 47/2003, General Presupuestaria)

A efectos de la Ley General Presupuestaria, el sector público estatal se clasifica en sector público administrativo (AGE, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, entre otros, financiados mayoritariamente con recursos no comerciales), sector público empresarial (entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales) y sector público fundacional (fundaciones del sector público estatal). Esta clasificación es relevante para el régimen presupuestario, contable y de estabilidad presupuestaria (LO 2/2012).

Descentralización funcional y sector público institucional

La creación de entidades del sector público institucional es la manifestación organizativa del principio de descentralización funcional (art. 3.1 LRJSP): la Administración matriz traspasa el ejercicio de determinadas funciones a un ente instrumental dotado de personalidad jurídica propia, manteniendo sobre él las potestades de dirección estratégica, control de eficacia y tutela que correspondan según su naturaleza. A diferencia de la desconcentración, el ente instrumental tiene personalidad jurídica propia.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El sector público institucional estatal incluye (art. 84 LRJSP): organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas.
  • Se regula en el Título II de la LRJSP (arts. 81 y ss.), no en el Título I (que regula la AGE).
  • Los organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo; las entidades públicas empresariales, por el Derecho privado salvo en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de potestades administrativas y los aspectos específicamente regulados.
  • Los organismos públicos (OOAA y EPE) se crean por ley; las sociedades mercantiles estatales se constituyen con autorización del Consejo de Ministros.
  • Las sociedades mercantiles estatales nunca pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública; se consideran estatales si la participación del sector público estatal es superior al 50% o concurre un supuesto del art. 42 del Código de Comercio.
  • La creación de un organismo público exige un plan de actuación que justifique su necesidad, forma jurídica, sostenibilidad y ausencia de duplicidades.
  • Las fundaciones del sector público estatal exigen aportación inicial mayoritaria, patrimonio de más de un 50% público o mayoría de derechos de voto en el patronato; se rigen por la Ley 50/2002 y la LRJSP y no ejercen potestades públicas.
  • El criterio práctico de distinción entre organismos autónomos y entidades públicas empresariales es el tipo de actividad y de financiación: administrativa y presupuestaria en los primeros, de mercado y contraprestación en las segundas.
  • Las autoridades administrativas independientes se crean por ley, ejercen funciones de regulación o supervisión con independencia funcional y control parlamentario (CNMV, CNMC, AEPD, Consejo de Seguridad Nuclear, AIReF...).
  • Los consorcios se crean por varias Administraciones, entre sí o con entidades privadas, con estatutos propios que determinan la Administración de adscripción, que se fija cada ejercicio presupuestario según criterios de prelación (primero, la mayoría de votos en el órgano de gobierno).
  • El Ministerio de adscripción ejerce el control de eficacia; la supervisión continua, a cargo del Ministerio de Hacienda, comprueba la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de cada entidad.
  • La LRJSP regula la fusión, transformación, disolución y liquidación de entidades del sector público institucional para racionalizarlo y evitar duplicidades.
  • Régimen de personal: funcionario o laboral en OOAA; predominantemente laboral en EPE, sociedades y fundaciones, con reserva a funcionarios de los puestos que impliquen potestades públicas.
  • Las Agencias Estatales (Ley 28/2006) no se recogen como categoría propia en el art. 84 LRJSP; las existentes siguieron un régimen transitorio de adaptación.
  • El Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE), gestionado por la IGAE, registra todas las entidades del sector público institucional estatal, autonómico y local; sin inscripción no hay NIF definitivo.
  • Control económico-financiero: IGAE (función interventora, control financiero permanente, auditoría pública) y control externo del Tribunal de Cuentas.
  • Medios propios personificados: control análogo, más del 80% de actividad encomendada por el poder adjudicador y capital totalmente público (art. 32 LCSP).
  • A efectos de la Ley General Presupuestaria, el sector público estatal se clasifica en administrativo, empresarial y fundacional.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 100 aciertos

¿Cómo se crean los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales estatales?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Gestión AGE?

El sector público institucional integra el conjunto de organismos y entidades con personalidad jurídica propia, vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, regulados en el Título II de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, arts. 81 y ss.). El sector público institucional estatal (art. 84) se compone de organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas. Cada tipo cuenta con un régimen jurídico propio en cuanto a fines, personal, patrimonio, control y sometimiento al Derecho público o privado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

El sector público institucional estatal incluye (art. 84 LRJSP): organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas. Se regula en el Título II de la LRJSP (arts. 81 y ss.), no en el Título I (que regula la AGE). Los organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo; las entidades públicas empresariales, por el Derecho privado salvo en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de potestades administrativas y los aspectos específicamente regulados. Los organismos públicos (OOAA y EPE) se crean por ley; las sociedades mercantiles estatales se constituyen con autorización del Consejo de Ministros. Las sociedades mercantiles estatales nunca pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública; se consideran estatales si la participación del sector público estatal es superior al 50% o concurre un supuesto del art. 42 del Código de Comercio. La creación de un organismo público exige un plan de actuación que justifique su necesidad, forma jurídica, sostenibilidad y ausencia de duplicidades. Las fundaciones del sector público estatal exigen aportación inicial mayoritaria, patrimonio de más de un 50% público o mayoría de derechos de voto en el patronato; se rigen por la Ley 50/2002 y la LRJSP y no ejercen potestades públicas. El criterio práctico de distinción entre organismos autónomos y entidades públicas empresariales es el tipo de actividad y de financiación: administrativa y presupuestaria en los primeros, de mercado y contraprestación en las segundas. Las autoridades administrativas independientes se crean por ley, ejercen funciones de regulación o supervisión con independencia funcional y control parlamentario (CNMV, CNMC, AEPD, Consejo de Seguridad Nuclear, AIReF...). Los consorcios se crean por varias Administraciones, entre sí o con entidades privadas, con estatutos propios que determinan la Administración de adscripción, que se fija cada ejercicio presupuestario según criterios de prelación (primero, la mayoría de votos en el órgano de gobierno). El Ministerio de adscripción ejerce el control de eficacia; la supervisión continua, a cargo del Ministerio de Hacienda, comprueba la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de cada entidad. La LRJSP regula la fusión, transformación, disolución y liquidación de entidades del sector público institucional para racionalizarlo y evitar duplicidades. Régimen de personal: funcionario o laboral en OOAA; predominantemente laboral en EPE, sociedades y fundaciones, con reserva a funcionarios de los puestos que impliquen potestades públicas. Las Agencias Estatales (Ley 28/2006) no se recogen como categoría propia en el art. 84 LRJSP; las existentes siguieron un régimen transitorio de adaptación. El Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE), gestionado por la IGAE, registra todas las entidades del sector público institucional estatal, autonómico y local; sin inscripción no hay NIF definitivo. Control económico-financiero: IGAE (función interventora, control financiero permanente, auditoría pública) y control externo del Tribunal de Cuentas. Medios propios personificados: control análogo, más del 80% de actividad encomendada por el poder adjudicador y capital totalmente público (art. 32 LCSP). A efectos de la Ley General Presupuestaria, el sector público estatal se clasifica en administrativo, empresarial y fundacional.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Título II (arts. 81 y ss.), BOE-A-2015-10566.
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, BOE-A-2003-21614.
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, BOE-A-2017-12902.
  • Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
  • Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
  • Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión AGE.

Empieza gratis ahora