Tema 3. La organización de la Unión Europea (II): el Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión elegida por sufragio universal directo, con quien el Consejo comparte la función legislativa y presupuestaria y a quien controla políticamente a la Comisión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados; el Tribunal de Cuentas fiscaliza la legalidad, regularidad y buena gestión de los ingresos y gastos de la Unión; y el Banco Central Europeo, junto con los bancos centrales nacionales, dirige la política monetaria de la zona euro con el objetivo primordial de la estabilidad de precios. Además existen órganos consultivos (Comité Económico y Social, Comité de las Regiones), el Defensor del Pueblo Europeo y el Banco Europeo de Inversiones, que no son instituciones en sentido estricto.
El art. 14.2 TUE fija un máximo de 750 diputados más su Presidente, elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto cada cinco años, con distribución de escaños por proporcionalidad decreciente (mínimo de seis y máximo de noventa y seis diputados por Estado miembro). La distribución concreta la fija el Consejo Europeo por unanimidad, a iniciativa del Parlamento y con su aprobación. Para la legislatura 2024-2029 (elecciones celebradas del 6 al 9 de junio de 2024) el Parlamento cuenta con 720 diputados; Alemania tiene 96 escaños (el máximo), España 61 y Chipre, Luxemburgo y Malta seis cada uno (el mínimo). Las elecciones se celebran simultáneamente en todos los Estados miembros, aunque cada uno conserva su propio sistema electoral (en España, circunscripción única nacional, listas cerradas y bloqueadas, fórmula D'Hondt, conforme a la LOREG) dentro de los principios comunes fijados por el Derecho de la Unión (Acta electoral de 1976, modificada). Los diputados votan individualmente y de forma personal y no están ligados por instrucciones ni mandato imperativo; gozan de las inmunidades del Protocolo sobre privilegios e inmunidades.
Funciones del Parlamento Europeo
Función legislativa, ejercida junto con el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario (y, en los procedimientos especiales, mediante consulta o aprobación); función presupuestaria, compartida con el Consejo (art. 314 TFUE), con capacidad de rechazar el presupuesto en su conjunto; y función de control político, que incluye elegir al Presidente de la Comisión (por mayoría de los miembros que lo componen), aprobar al Colegio de Comisarios, interrogar a la Comisión y al Consejo, aprobar la gestión presupuestaria de la Comisión (art. 319 TFUE) y aprobar una moción de censura contra la Comisión (art. 234 TFUE, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen la mayoría de sus miembros). Funciones adicionales: aprobación de acuerdos internacionales relevantes (art. 218.6 TFUE), constitución de comisiones temporales de investigación (art. 226 TFUE), recepción de peticiones de los ciudadanos (art. 227 TFUE), elección del Defensor del Pueblo Europeo (art. 228 TFUE), solicitud a la Comisión de propuestas legislativas (art. 225 TFUE) y legitimación para recurrir ante el Tribunal de Justicia. El Parlamento no tiene, en general, iniciativa legislativa propia.
El procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión)
Sitúa a Parlamento y Consejo en pie de igualdad como colegisladores (art. 294 TFUE). Se inicia con propuesta de la Comisión; tras hasta dos lecturas en cada institución, si persisten discrepancias se convoca un Comité de Conciliación paritario (seis semanas desde la convocatoria para aprobar un proyecto común); si el Comité no logra acuerdo, el acto se considera no adoptado, y si lo logra, la tercera lectura dura seis semanas (prorrogables a ocho). En la práctica, la gran mayoría de los actos se adopta en primera lectura tras negociaciones informales en «trílogos» entre Parlamento, Consejo y Comisión. Las decisiones del Parlamento se adoptan, salvo disposición en contrario, por mayoría de los votos emitidos (art. 231 TFUE).
Organización interna del Parlamento Europeo
Funciona en Pleno (sesiones plenarias mensuales en Estrasburgo, con sesiones adicionales en Bruselas), Comisiones parlamentarias permanentes especializadas por materia (que preparan los informes y dictámenes que se someten al Pleno), delegaciones y Grupos políticos (agrupaciones transnacionales de partidos afines; el Reglamento del Parlamento exige un mínimo de 23 diputados elegidos en al menos una cuarta parte de los Estados miembros para constituir un grupo). El Presidente del Parlamento, elegido para periodos de dos años y medio, preside la Mesa (compuesta por el Presidente, catorce Vicepresidentes y los cuestores), y la Conferencia de Presidentes de grupos organiza los trabajos. La Secretaría General del Parlamento tiene su sede en Luxemburgo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 19 TUE)
Comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados que se creen (en la actualidad no existe ninguno: el Tribunal de la Función Pública fue disuelto en 2016 y sus competencias pasaron al Tribunal General). El Tribunal de Justicia está compuesto por un Juez por Estado miembro (27) y asistido por Abogados Generales (once), que presentan conclusiones motivadas, imparciales e independientes, no vinculantes, previas a la sentencia. Jueces y Abogados Generales son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta de un comité (art. 255 TFUE), para un mandato de seis años renovable, con renovación parcial cada tres años. Garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, la legalidad de los actos de las instituciones y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Su sede está en Luxemburgo; elige a su Presidente entre los jueces por tres años.
El Tribunal General
Creado en 1988 (inicialmente como Tribunal de Primera Instancia, en funcionamiento desde 1989), el Tribunal General cuenta con dos jueces por Estado miembro (54 jueces). Conoce en primera instancia de los recursos directos interpuestos por particulares y empresas contra actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, de los recursos de los Estados contra la Comisión, de litigios en materia de competencia, ayudas de Estado, propiedad intelectual y función pública europea, y de los recursos por responsabilidad extracontractual, con posibilidad de recurso de casación, limitado a cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia (art. 256 TFUE). Desde el 1 de octubre de 2024 conoce también, en determinadas materias específicas, de las cuestiones prejudiciales, tras la reforma de su Estatuto. No conoce, en cambio, de las cuestiones prejudiciales en el resto de materias, que siguen en el Tribunal de Justicia.
La cuestión prejudicial (art. 267 TFUE)
Mecanismo de cooperación judicial que permite a cualquier órgano jurisdiccional nacional plantear al Tribunal de Justicia dudas sobre la interpretación de los Tratados o sobre la validez y la interpretación de los actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cuando considere necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Es obligatoria para los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno (art. 267 TFUE), salvo que la cuestión sea irrelevante, que la disposición ya haya sido interpretada por el Tribunal («acto aclarado») o que la correcta aplicación del Derecho de la Unión sea tan evidente que no deje lugar a duda razonable («acto claro», sentencia CILFIT, 1982). Solo el Tribunal de Justicia puede declarar inválido un acto de la Unión (sentencia Foto-Frost, 1987). La respuesta vincula al juez remitente; el procedimiento nacional queda suspendido hasta la resolución. Existe un procedimiento prejudicial de urgencia para el espacio de libertad, seguridad y justicia (por ejemplo, personas privadas de libertad).
El recurso por incumplimiento (arts. 258 a 260 TFUE)
Permite a la Comisión Europea (art. 258 TFUE) o, más excepcionalmente, a otro Estado miembro (art. 259 TFUE, previa puesta en conocimiento de la Comisión) demandar ante el Tribunal de Justicia a un Estado miembro que haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, tras una fase administrativa previa que incluye la carta de emplazamiento y el dictamen motivado. Si el Estado no ejecuta la sentencia declarativa del incumplimiento, la Comisión puede solicitar al Tribunal que imponga una suma a tanto alzado o una multa coercitiva (art. 260.2 TFUE); cuando se trata de la falta de comunicación de las medidas de transposición de una directiva legislativa, la Comisión puede pedir las sanciones ya en la primera sentencia (art. 260.3 TFUE). La Comisión no está obligada a iniciar el procedimiento (discrecionalidad).
El recurso de anulación (art. 263 TFUE)
Permite el control de legalidad de los actos legislativos y de otros actos destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, por motivos de incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o desviación de poder. Pueden interponerlo los Estados miembros, el Parlamento, el Consejo y la Comisión (legitimación activa universal o «privilegiados»); el Tribunal de Cuentas, el BCE y el Comité de las Regiones, para salvaguardar sus prerrogativas; y cualquier persona física o jurídica contra los actos de los que sea destinataria, los que le afecten directa e individualmente o los actos reglamentarios que le afecten directamente y no incluyan medidas de ejecución (art. 263 TFUE). El plazo es de dos meses desde la publicación, notificación o conocimiento del acto. Si el recurso es fundado, el acto se declara nulo y no avenido (art. 264 TFUE). Con independencia del plazo, cualquier parte puede invocar la inaplicabilidad de un reglamento mediante la excepción de ilegalidad (art. 277 TFUE).
El Tribunal de Cuentas Europeo (arts. 285-287 TFUE)
Con sede en Luxemburgo, fiscaliza las cuentas de la Unión y de sus órganos y organismos, examina la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y se asegura de la buena gestión financiera (arts. 285-287 TFUE). Presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración de fiabilidad de las cuentas y de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, y elabora el Informe Anual, informes especiales y dictámenes. Compuesto por un nacional de cada Estado miembro, nombrado por el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, para un mandato de seis años renovable; los miembros ejercen sus funciones con plena independencia. Su Presidente es elegido por los miembros por tres años, renovable. No tiene competencias jurisdiccionales ni sancionadoras (su control es externo e informativo), a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal de Cuentas español.
El Banco Central Europeo (arts. 282-284 TFUE)
Con sede en Fráncfort, el BCE (arts. 282-284 TFUE y Protocolo nº 4, Estatutos del SEBC y del BCE) tiene personalidad jurídica propia y es una de las siete instituciones. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) lo integran el BCE y los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros; el Eurosistema lo forman el BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados cuya moneda es el euro (21 desde la adhesión de Bulgaria el 1 de enero de 2026). Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios y, sin perjuicio de ello, apoyar las políticas económicas generales de la Unión (art. 127.1 TFUE). Goza de independencia reforzada frente a instrucciones de instituciones, gobiernos o cualquier otro organismo (art. 130 TFUE) y de la prohibición de financiación monetaria de los déficits públicos (art. 123 TFUE). Ostenta el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de euro dentro de la Unión (art. 128 TFUE); los Estados emiten monedas con aprobación del BCE del volumen. Desde 2014 ejerce además la supervisión prudencial de las entidades de crédito significativas en el Mecanismo Único de Supervisión (Reglamento (UE) nº 1024/2013).
Órganos de gobierno del Banco Central Europeo
El Consejo de Gobierno, órgano decisorio principal, integrado por los seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados de la zona euro, define la política monetaria (objetivos intermedios, tipos de interés, suministro de reservas) y adopta las orientaciones para su ejecución. El Comité Ejecutivo, compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y cuatro miembros más, nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, previa recomendación del Consejo y consulta al Parlamento y al Consejo de Gobierno, para un mandato de ocho años no renovable (art. 283 TFUE), ejecuta la política monetaria conforme a las orientaciones del Consejo de Gobierno y gestiona los asuntos corrientes. El Consejo General (Presidente, Vicepresidente y gobernadores de todos los Estados miembros de la UE) es un órgano transitorio mientras haya Estados fuera del euro. El Presidente actual es Christine Lagarde (desde el 1 de noviembre de 2019, mandato hasta el 31 de octubre de 2027).
El Comité Económico y Social Europeo
Órgano consultivo (art. 300 TFUE), de composición máxima de 350 miembros (329 en la actualidad, 21 por España), que representa a los distintos componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada, repartidos en tres grupos (empresarios, trabajadores y actividades diversas). Sus miembros son nombrados por el Consejo por mayoría cualificada, a propuesta de los Estados, para un mandato de cinco años. Emite dictámenes preceptivos cuando los Tratados lo prevean y facultativos en el resto, por iniciativa propia o a petición de las instituciones; sus dictámenes no son vinculantes. Fue creado por el Tratado de Roma (1957).
El Comité de las Regiones
Órgano consultivo (art. 300 TFUE) integrado por un máximo de 350 representantes (329 en la actualidad, 21 por España) de entes regionales y locales que ostentan un mandato electoral en su territorio de origen o son políticamente responsables ante una asamblea elegida, nombrados por el Consejo para cinco años a propuesta de los Estados. Creado por el Tratado de Maastricht. Emite dictámenes preceptivos en materias de especial incidencia territorial (cohesión económica y social, redes transeuropeas, salud pública, educación, juventud, cultura, medio ambiente, entre otras) y facultativos en el resto. Puede interponer recursos ante el Tribunal de Justicia en defensa de sus prerrogativas y por violación del principio de subsidiariedad en actos legislativos para cuya adopción el TFUE exige su consulta (art. 8 del Protocolo nº 2). Sus dictámenes no son vinculantes.
El Defensor del Pueblo Europeo
Elegido por el Parlamento Europeo para la duración de la legislatura (art. 228 TFUE), investiga las reclamaciones relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con excepción del Tribunal de Justicia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Puede actuar de oficio o a instancia de cualquier ciudadano de la Unión o persona física o jurídica residente o con domicilio social en un Estado miembro, e informa al Parlamento. Ejerce sus funciones con plena independencia. Su control se limita a la Administración europea; no es competente respecto de las Administraciones nacionales, que corresponde a los Defensores nacionales (en España, el Defensor del Pueblo, art. 54 CE).
El Banco Europeo de Inversiones
Banco de la Unión Europea con personalidad jurídica propia (arts. 308 y 309 TFUE y Protocolo nº 5, Estatutos del BEI), distinto de las instituciones del art. 13 TUE, con sede en Luxemburgo. Sus miembros son los Estados miembros, que suscriben su capital. Su misión es contribuir, recurriendo al mercado de capitales y a sus propios recursos, al desarrollo equilibrado y sin altibajos del mercado interior en interés de la Unión, mediante préstamos y garantías (sin ánimo de lucro) para proyectos de infraestructuras, cohesión, innovación y acción climática. Con el Fondo Europeo de Inversiones forma el Grupo BEI.
Distribución de sedes de las instituciones de la Unión
Las sedes de las instituciones están fijadas de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros (art. 341 TFUE) y recogidas en el Protocolo nº 6. El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebran las doce sesiones plenarias mensuales (incluida la de presupuesto), con comisiones y sesiones adicionales en Bruselas y Secretaría General en Luxemburgo; el Consejo Europeo, el Consejo (que celebra sesiones en Luxemburgo en abril, junio y octubre) y la Comisión (aunque con servicios en Luxemburgo) tienen su sede en Bruselas; el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo de Inversiones, en Luxemburgo; y el Banco Central Europeo, en Fráncfort. Otros organismos: Europol (La Haya), Frontex (Varsovia), Fiscalía Europea (Luxemburgo).
El control jurisdiccional del respeto del principio de subsidiariedad
Los Parlamentos nacionales pueden emitir un dictamen motivado sobre la conformidad de un proyecto de acto legislativo con el principio de subsidiariedad (mecanismo de «tarjeta amarilla» o «tarjeta naranja» según el número de dictámenes desfavorables recibidos, Protocolo nº 2). El Tribunal de Justicia controla jurisdiccionalmente el respeto del principio mediante el recurso de anulación que pueden interponer los Estados miembros (en nombre de su Parlamento nacional o de una cámara de este) y, en el caso de actos legislativos para cuya adopción el TFUE exige su consulta, el Comité de las Regiones.
La responsabilidad extracontractual de la Unión Europea (art. 340 TFUE)
La Unión debe reparar, conforme a los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (art. 340 TFUE, párrafo segundo); el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para estos litigios (art. 268 TFUE), y en primera instancia lo es el Tribunal General. Los requisitos son: ilicitud del comportamiento imputado a la institución (violación suficientemente caracterizada de una norma que confiera derechos a los particulares), existencia de un daño real y cierto, y relación de causalidad directa. La acción prescribe a los cinco años del hecho que la motiva (art. 46 del Estatuto del Tribunal). El BCE debe reparar los daños causados por él o sus agentes.
El recurso por omisión (art. 265 TFUE)
Permite denunciar ante el Tribunal de Justicia la abstención de una institución, órgano u organismo de la Unión que, en violación de los Tratados, se abstenga de pronunciarse (art. 265 TFUE). Solo es admisible si la institución ha sido requerida previamente para actuar; si en el plazo de dos meses desde el requerimiento no ha definido su posición, el recurso puede interponerse en un nuevo plazo de dos meses. Pueden interponerlo los Estados miembros y las demás instituciones y, bajo determinadas condiciones, una persona física o jurídica que reproche a una institución no haberle dirigido un acto distinto de una recomendación o dictamen.
La competencia del Tribunal de Justicia: otras vías procesales
Además de los recursos anteriores, el Tribunal de Justicia es competente para: dictaminar con carácter previo sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional proyectado con los Tratados (dictamen, art. 218.11 TFUE; así, el Dictamen 2/13 sobre la adhesión de la Unión al CEDH); resolver litigios en virtud de cláusula compromisoria (art. 272 TFUE), litigios entre Estados en relación con el objeto de los Tratados (compromiso, art. 273 TFUE), conflictos en materia de función pública europea (art. 270 TFUE) y de propiedad intelectual de la Unión (art. 262 TFUE); ejercer una competencia de plena jurisdicción sobre las sanciones previstas en actos de la Unión (art. 261 TFUE); y sancionar la omisión del cumplimiento de una sentencia mediante multa. No es competente, con carácter general, respecto de la PESC (art. 24.1 TUE y art. 275 TFUE), salvo para controlar el respeto del art. 40 TUE y los recursos contra decisiones que establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas.
Reglas de funcionamiento y presupuesto del Parlamento: sesiones y mayorías
Las deliberaciones del Parlamento son públicas. El quórum es de un tercio de los diputados cuando se solicita su comprobación. Salvo disposición en contrario, se decide por mayoría de los votos emitidos. Mayorías cualificadas relevantes: mayoría de los miembros que lo componen (elección del Presidente de la Comisión, rechazo o enmienda en segunda lectura, aprobación del MFP); dos tercios de los votos emitidos y mayoría de los miembros (moción de censura a la Comisión, art. 234 TFUE); mayoría de los miembros para solicitar a la Comisión propuestas legislativas. El Parlamento puede reunirse en periodo extraordinario por petición de la mayoría de sus miembros, del Consejo o de la Comisión (art. 229 TFUE).
Distinción entre instituciones, órganos consultivos y agencias
Las instituciones son exclusivamente las siete del art. 13 TUE. Son órganos consultivos el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones (art. 13.4 TUE). Son «otros órganos»: el Banco Europeo de Inversiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Fiscalía Europea (Reglamento (UE) 2017/1939, en funcionamiento desde junio de 2021 con sede en Luxemburgo y competencia respecto de delitos contra los intereses financieros de la Unión; participan la mayoría de los Estados miembros mediante cooperación reforzada, incluida España). Las agencias descentralizadas (como Europol, Eurojust, Frontex, la Agencia Europea de Medio Ambiente) son organismos con personalidad jurídica propia creados mediante actos de Derecho derivado.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Parlamento Europeo comparte la función legislativa y presupuestaria con el Consejo y puede censurar a la Comisión (2/3 de los votos emitidos y mayoría de sus miembros). El Tratado fija un máximo de 750 diputados más el Presidente; la legislatura 2024-2029 cuenta con 720 (61 españoles).
La cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) es obligatoria para los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia, y garantiza la interpretación uniforme del Derecho de la Unión.
El objetivo principal del BCE es la estabilidad de precios; goza de plena independencia respecto de instituciones de la Unión y de Gobiernos nacionales.
El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones son órganos consultivos, sin capacidad decisoria, distintos de las siete instituciones del art. 13.1 TUE.
El Parlamento (art. 14 TUE) se elige por sufragio universal directo cada 5 años, con proporcionalidad decreciente (mínimo 6, máximo 96 diputados por Estado); las elecciones son simultáneas en todos los Estados.
Funciones del Parlamento: legislativa y presupuestaria compartidas con el Consejo; control político de la Comisión (elección de Presidente, aprobación del Colegio, moción de censura); elección del Defensor del Pueblo Europeo.
El procedimiento legislativo ordinario sitúa a Parlamento y Consejo en pie de igualdad; si persisten discrepancias tras dos lecturas, se convoca un Comité de Conciliación paritario.
El Parlamento funciona en Pleno (Estrasburgo, con sesiones en Bruselas), Comisiones parlamentarias y Grupos políticos (mínimo eurodiputados de 1/4 de los Estados miembros para constituirse).
El TJUE comprende Tribunal de Justicia (un Juez por Estado, con Abogados Generales), Tribunal General y tribunales especializados; garantiza el respeto del Derecho de la Unión.
El Tribunal General (1988) conoce en primera instancia de recursos directos de particulares y empresas, con casación limitada a cuestiones de Derecho ante el Tribunal de Justicia.
El recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE) lo interpone la Comisión (o excepcionalmente otro Estado) tras dictamen motivado; si no se ejecuta la sentencia, cabe multa coercitiva o suma a tanto alzado.
El recurso de anulación (art. 263 TFUE) controla la legalidad de actos de las instituciones por incompetencia, vicio de forma, violación de los Tratados o desviación de poder; recurrentes privilegiados: Estados, Parlamento, Consejo y Comisión.
El Tribunal de Cuentas Europeo (Luxemburgo) fiscaliza legalidad y regularidad de ingresos/gastos de la Unión; un miembro por Estado, nombrado por el Consejo tras consultar al Parlamento, mandato de 6 años.
El BCE (Fráncfort) forma el Eurosistema con los bancos centrales nacionales de la eurozona; goza de independencia reforzada y del derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros.
Órganos del BCE: Consejo de Gobierno (Comité Ejecutivo + gobernadores nacionales, define la política monetaria) y Comité Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente y 4 miembros, la ejecuta).
El Comité Económico y Social Europeo (empresarios, trabajadores, sociedad civil) y el Comité de las Regiones (entes regionales y locales) emiten dictámenes preceptivos en materias tasadas y facultativos en el resto.
El Defensor del Pueblo Europeo, elegido por el Parlamento, investiga la mala administración de instituciones y órganos de la Unión, salvo el Tribunal de Justicia en funciones jurisdiccionales.
Reparto de sedes: Parlamento en Estrasburgo (con Comisiones en Bruselas y Secretaría en Luxemburgo); Consejo Europeo, Consejo y Comisión en Bruselas; TJUE y Tribunal de Cuentas en Luxemburgo; BCE en Fráncfort.
El mecanismo de 'tarjeta amarilla/naranja' permite a los Parlamentos nacionales emitir dictamen motivado sobre el respeto de la subsidiariedad en un proyecto legislativo.
La Unión debe reparar los daños extracontractuales de sus instituciones/agentes conforme a principios comunes de los Derechos nacionales (art. 340 TFUE), siendo competente el TJUE.
Recurso de anulación (art. 263 TFUE): plazo de dos meses; legitimados universales: Estados, Parlamento, Consejo y Comisión; semiprivilegiados: Tribunal de Cuentas, BCE y Comité de las Regiones; particulares: destinatarios o afectados directa e individualmente, o por acto reglamentario sin medidas de ejecución que les afecte directamente.
Recurso por omisión (art. 265 TFUE): requerimiento previo; dos meses para definir la posición; nuevo plazo de dos meses para recurrir.
Cuestión prejudicial: facultativa para cualquier órgano jurisdiccional, obligatoria para los de última instancia (con las excepciones acto claro y acto aclarado); solo el TJUE puede declarar inválido un acto de la Unión (Foto-Frost).
El Tribunal de Justicia tiene un Juez por Estado (27) y once Abogados Generales; el Tribunal General tiene dos jueces por Estado (54). Los mandatos son de seis años renovables, con renovación parcial cada tres años.
No existen en la actualidad tribunales especializados: el Tribunal de la Función Pública se disolvió en 2016.
El Comité Ejecutivo del BCE: seis miembros, nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para ocho años no renovables. El Consejo de Gobierno: Comité Ejecutivo y gobernadores de la zona euro.
El Eurosistema (BCE + bancos centrales de la zona euro) se distingue del SEBC (BCE + bancos centrales de todos los Estados miembros).
El BCE tiene derecho exclusivo a autorizar la emisión de billetes; los Estados acuñan las monedas con autorización del volumen por el BCE. Prohibición de financiación monetaria (art. 123 TFUE).
El Tribunal de Cuentas (Luxemburgo) es un órgano de control externo sin funciones jurisdiccionales; emite la declaración de fiabilidad sobre las cuentas de la Unión.
El CESE y el Comité de las Regiones: máximo 350 miembros cada uno, mandato de 5 años, nombrados por el Consejo; sus dictámenes no son vinculantes. El BEI no es una institución.
Las instituciones son siete (art. 13.1 TUE); el CESE y el Comité de las Regiones son órganos consultivos; el BEI, el Defensor del Pueblo Europeo y la Fiscalía Europea no son instituciones.
El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo (doce sesiones plenarias mensuales); su Secretaría General, en Luxemburgo; las comisiones y sesiones adicionales, en Bruselas.
Un grupo político del Parlamento exige 23 diputados de al menos una cuarta parte de los Estados miembros.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Conforme al art. 14.2 TUE, ¿cuál es el número máximo de escaños por Estado miembro en el Parlamento Europeo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Gestión AGE?
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión elegida por sufragio universal directo, con quien el Consejo comparte la función legislativa y presupuestaria y a quien controla políticamente a la Comisión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados; el Tribunal de Cuentas fiscaliza la legalidad, regularidad y buena gestión de los ingresos y gastos de la Unión; y el Banco Central Europeo, junto con los bancos centrales nacionales, dirige la política monetaria de la zona euro con el objetivo primordial de la estabilidad de precios. Además existen órganos consultivos (Comité Económico y Social, Comité de las Regiones), el Defensor del Pueblo Europeo y el Banco Europeo de Inversiones, que no son instituciones en sentido estricto.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
El Parlamento Europeo comparte la función legislativa y presupuestaria con el Consejo y puede censurar a la Comisión (2/3 de los votos emitidos y mayoría de sus miembros). El Tratado fija un máximo de 750 diputados más el Presidente; la legislatura 2024-2029 cuenta con 720 (61 españoles). La cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) es obligatoria para los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia, y garantiza la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. El objetivo principal del BCE es la estabilidad de precios; goza de plena independencia respecto de instituciones de la Unión y de Gobiernos nacionales. El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones son órganos consultivos, sin capacidad decisoria, distintos de las siete instituciones del art. 13.1 TUE. El Parlamento (art. 14 TUE) se elige por sufragio universal directo cada 5 años, con proporcionalidad decreciente (mínimo 6, máximo 96 diputados por Estado); las elecciones son simultáneas en todos los Estados. Funciones del Parlamento: legislativa y presupuestaria compartidas con el Consejo; control político de la Comisión (elección de Presidente, aprobación del Colegio, moción de censura); elección del Defensor del Pueblo Europeo. El procedimiento legislativo ordinario sitúa a Parlamento y Consejo en pie de igualdad; si persisten discrepancias tras dos lecturas, se convoca un Comité de Conciliación paritario. El Parlamento funciona en Pleno (Estrasburgo, con sesiones en Bruselas), Comisiones parlamentarias y Grupos políticos (mínimo eurodiputados de 1/4 de los Estados miembros para constituirse). El TJUE comprende Tribunal de Justicia (un Juez por Estado, con Abogados Generales), Tribunal General y tribunales especializados; garantiza el respeto del Derecho de la Unión. El Tribunal General (1988) conoce en primera instancia de recursos directos de particulares y empresas, con casación limitada a cuestiones de Derecho ante el Tribunal de Justicia. El recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE) lo interpone la Comisión (o excepcionalmente otro Estado) tras dictamen motivado; si no se ejecuta la sentencia, cabe multa coercitiva o suma a tanto alzado. El recurso de anulación (art. 263 TFUE) controla la legalidad de actos de las instituciones por incompetencia, vicio de forma, violación de los Tratados o desviación de poder; recurrentes privilegiados: Estados, Parlamento, Consejo y Comisión. El Tribunal de Cuentas Europeo (Luxemburgo) fiscaliza legalidad y regularidad de ingresos/gastos de la Unión; un miembro por Estado, nombrado por el Consejo tras consultar al Parlamento, mandato de 6 años. El BCE (Fráncfort) forma el Eurosistema con los bancos centrales nacionales de la eurozona; goza de independencia reforzada y del derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros. Órganos del BCE: Consejo de Gobierno (Comité Ejecutivo + gobernadores nacionales, define la política monetaria) y Comité Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente y 4 miembros, la ejecuta). El Comité Económico y Social Europeo (empresarios, trabajadores, sociedad civil) y el Comité de las Regiones (entes regionales y locales) emiten dictámenes preceptivos en materias tasadas y facultativos en el resto. El Defensor del Pueblo Europeo, elegido por el Parlamento, investiga la mala administración de instituciones y órganos de la Unión, salvo el Tribunal de Justicia en funciones jurisdiccionales. Reparto de sedes: Parlamento en Estrasburgo (con Comisiones en Bruselas y Secretaría en Luxemburgo); Consejo Europeo, Consejo y Comisión en Bruselas; TJUE y Tribunal de Cuentas en Luxemburgo; BCE en Fráncfort. El mecanismo de 'tarjeta amarilla/naranja' permite a los Parlamentos nacionales emitir dictamen motivado sobre el respeto de la subsidiariedad en un proyecto legislativo. La Unión debe reparar los daños extracontractuales de sus instituciones/agentes conforme a principios comunes de los Derechos nacionales (art. 340 TFUE), siendo competente el TJUE. Recurso de anulación (art. 263 TFUE): plazo de dos meses; legitimados universales: Estados, Parlamento, Consejo y Comisión; semiprivilegiados: Tribunal de Cuentas, BCE y Comité de las Regiones; particulares: destinatarios o afectados directa e individualmente, o por acto reglamentario sin medidas de ejecución que les afecte directamente. Recurso por omisión (art. 265 TFUE): requerimiento previo; dos meses para definir la posición; nuevo plazo de dos meses para recurrir. Cuestión prejudicial: facultativa para cualquier órgano jurisdiccional, obligatoria para los de última instancia (con las excepciones acto claro y acto aclarado); solo el TJUE puede declarar inválido un acto de la Unión (Foto-Frost). El Tribunal de Justicia tiene un Juez por Estado (27) y once Abogados Generales; el Tribunal General tiene dos jueces por Estado (54). Los mandatos son de seis años renovables, con renovación parcial cada tres años. No existen en la actualidad tribunales especializados: el Tribunal de la Función Pública se disolvió en 2016. El Comité Ejecutivo del BCE: seis miembros, nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para ocho años no renovables. El Consejo de Gobierno: Comité Ejecutivo y gobernadores de la zona euro. El Eurosistema (BCE + bancos centrales de la zona euro) se distingue del SEBC (BCE + bancos centrales de todos los Estados miembros). El BCE tiene derecho exclusivo a autorizar la emisión de billetes; los Estados acuñan las monedas con autorización del volumen por el BCE. Prohibición de financiación monetaria (art. 123 TFUE). El Tribunal de Cuentas (Luxemburgo) es un órgano de control externo sin funciones jurisdiccionales; emite la declaración de fiabilidad sobre las cuentas de la Unión. El CESE y el Comité de las Regiones: máximo 350 miembros cada uno, mandato de 5 años, nombrados por el Consejo; sus dictámenes no son vinculantes. El BEI no es una institución. Las instituciones son siete (art. 13.1 TUE); el CESE y el Comité de las Regiones son órganos consultivos; el BEI, el Defensor del Pueblo Europeo y la Fiscalía Europea no son instituciones. El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo (doce sesiones plenarias mensuales); su Secretaría General, en Luxemburgo; las comisiones y sesiones adicionales, en Bruselas. Un grupo político del Parlamento exige 23 diputados de al menos una cuarta parte de los Estados miembros.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Tratado de la Unión Europea (TUE), arts. 13, 14 y 19.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), arts. 223-234, 251-281 (Tribunal de Justicia), 282-284 (BCE), 285-287 (Tribunal de Cuentas), 300-309 (CESE, Comité de las Regiones y BEI), 340 y 341.
Protocolo nº 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Protocolo nº 4 sobre los Estatutos del SEBC y del BCE; Protocolo nº 5 sobre los Estatutos del BEI; Protocolo nº 6 sobre la fijación de las sedes de las instituciones.
Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al BCE tareas específicas respecto de las políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece la Fiscalía Europea.
Jurisprudencia del TJUE: CILFIT (1982) y Foto-Frost (1987).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión AGE.