Ver esquema

Tema 3. El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El Tribunal Constitucional, regulado en el Título IX de la Constitución (arts. 159-165) y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, es el máximo intérprete de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Ejerce el control de constitucionalidad de las leyes, resuelve los recursos de amparo y dirime conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

← Ver el índice completo del temario

El Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159-165 CE; LO 2/1979)

Es el máximo intérprete de la Constitución. Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado con la misma mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 CE). Su mandato es de 9 años, renovándose por terceras partes cada 3. El Título IX CE (arts. 159-165) se completa con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. Su sede está en Madrid y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.

Composición y mandato del Tribunal Constitucional (art. 159 CE)

Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado (ambos por mayoría de 3/5 de cada Cámara), 2 a propuesta del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 CE). Deben ser magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional (art. 159.2). El mandato es de 9 años, con renovación por terceras partes cada 3 años (art. 159.3), y no cabe la reelección inmediata, salvo que se hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años (art. 159.5). La condición de miembro es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, el empleo al servicio de los mismos, el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil (art. 159.4).

El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey, a propuesta del propio Tribunal en pleno y entre sus miembros, por un periodo de 3 años renovable una sola vez. Dirige la actividad del Tribunal, convoca y preside el Pleno, y ostenta su representación. El Vicepresidente le sustituye en caso de vacante, ausencia o enfermedad y preside una de las dos Salas del Tribunal.

Independencia y estatuto de los magistrados constitucionales

Los miembros del Tribunal Constitucional actúan con independencia y sometidos únicamente a la Constitución y a su Ley Orgánica; son inamovibles durante su mandato y solo pueden ser separados por las causas tasadas en la LOTC (incumplimiento grave, incompatibilidad, incapacidad, entre otras). Su cargo es incompatible con cualquier mandato representativo, cargo político o administrativo y actividad profesional o mercantil.

Las competencias del Tribunal Constitucional (art. 161 CE y LOTC)

El recurso de inconstitucionalidad (control abstracto, iniciado por sujetos legitimados frente a leyes o normas con rango de ley) y la cuestión de inconstitucionalidad (planteada por un juez cuando, al aplicar una norma, dude de su constitucionalidad en un litigio concreto); el recurso de amparo; los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí; los conflictos entre órganos constitucionales del Estado; y el control previo de tratados internacionales.

Diferencia entre recurso y cuestión de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad es un control abstracto y directo, promovido por el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, el Defensor del Pueblo o los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las CCAA, dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la norma. La cuestión de inconstitucionalidad la plantea un órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, cuando la validez de la norma aplicable al caso condiciona el fallo, suspendiéndose el proceso hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

El recurso de amparo constitucional

Mecanismo extraordinario y subsidiario frente a violaciones del art. 14 CE y de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15-29), más la objeción de conciencia (art. 30.2). Es subsidiario: exige agotar previamente la vía judicial ordinaria. Pueden interponerlo la persona afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, frente a disposiciones, actos o vías de hecho de los poderes públicos, incluidas resoluciones judiciales.

El requisito de especial trascendencia constitucional en el recurso de amparo

Desde la reforma de la LOTC operada por la LO 6/2007, la admisión del recurso de amparo exige, además del cumplimiento de los requisitos formales, que la parte recurrente justifique en la demanda la especial trascendencia constitucional del recurso, requisito que ha convertido el amparo en un recurso de carácter marcadamente objetivo, orientado a fijar doctrina constitucional.

Los conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional resuelve los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA o de estas entre sí (art. 161.1.c CE; arts. 60 y ss. LOTC), positivos (cuando una parte considera que otra invade su ámbito competencial) o negativos (cuando ninguna se considera competente). El conflicto positivo exige, con carácter general, requerimiento previo de incompetencia al órgano autor de la disposición, resolución o acto controvertido; el plazo para plantearlo es de 2 meses desde la publicación o conocimiento del acto. Si el requerimiento no es atendido, se acude al Tribunal. El Gobierno puede invocar el art. 161.2 CE para suspender la disposición o acto de la Comunidad Autónoma. Además, existe el conflicto en defensa de la autonomía local (arts. 75 bis y ss. LOTC), que pueden promover los municipios y provincias frente a normas con rango de ley del Estado o de una Comunidad Autónoma que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado

El Tribunal Constitucional resuelve también los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios del Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial, cuando alguno de estos órganos entienda que otro adopta decisiones que asumen atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero.

El control previo de constitucionalidad de tratados internacionales

El Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiera prestado aún el consentimiento del Estado (art. 95.2 CE). Si el Tribunal aprecia contradicción, la celebración del tratado exige previa revisión constitucional.

Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el BOE con los votos particulares, si los hubiere, y tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación, sin que quepa recurso alguno contra ellas (art. 164.1 CE). Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos (erga omnes), salvo que en el fallo se disponga otra cosa respecto de las situaciones jurídicas ya consolidadas (art. 164.2 CE). La declaración de inconstitucionalidad de una norma implica su nulidad (art. 39 LOTC), pero no permite revisar procesos fenecidos con sentencia de cosa juzgada en que se hubiera hecho aplicación de la norma inconstitucional, salvo en procesos penales o contencioso-administrativos sancionadores en que, como consecuencia de la nulidad, resulte una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (art. 40.1 LOTC). El Tribunal puede dictar sentencias interpretativas, que declaran que una norma solo es constitucional si se interpreta en el sentido fijado por el Tribunal.

Organización interna: Pleno, Salas y Secciones

El Tribunal Constitucional funciona en Pleno, en dos Salas (compuestas por 6 magistrados cada una) y en Secciones (de 3 magistrados) para asuntos de trámite y determinados recursos de amparo. El Pleno se reserva el conocimiento de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad de mayor relevancia y de los conflictos constitucionales, pudiendo deferir a las Salas el conocimiento de recursos de amparo y otros asuntos de su competencia.

El Tribunal Constitucional frente al Poder Judicial

El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial: es un órgano constitucional autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, situado fuera de la organización judicial ordinaria (Título VI CE), aunque sus resoluciones vinculan también a los jueces y tribunales ordinarios, especialmente en materia de interpretación de derechos fundamentales.

Legitimación activa diferenciada según el tipo de proceso constitucional

La legitimación varía según el proceso: en el recurso de inconstitucionalidad, sujetos institucionales tasados (Presidente del Gobierno, 50 Diputados o Senadores, Defensor del Pueblo, órganos colegiados ejecutivos y Asambleas de las CCAA); en la cuestión de inconstitucionalidad, cualquier órgano judicial; en el recurso de amparo, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Plazos e inadmisión en el recurso de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad debe interponerse dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la norma impugnada (art. 33.1 LOTC). El plazo se amplía hasta 9 meses cuando el Presidente del Gobierno o los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas acuerdan en una Comisión Bilateral de Cooperación iniciar negociaciones para resolver las discrepancias, comunicándolo al Tribunal dentro de los 3 meses (art. 33.2 LOTC). Los órganos ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas solo pueden impugnar normas del Estado que afecten a su propio ámbito de autonomía (art. 32 LOTC). Transcurrido el plazo sin recurso, la norma solo puede impugnarse por la vía indirecta de la cuestión de inconstitucionalidad. Por la LO 12/2015 se suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomía y leyes orgánicas.

La cuestión de inconstitucionalidad: procedimiento

El órgano judicial que, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, quedando entretanto suspendido el proceso judicial.

El Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución

El art. 1 LOTC califica al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sus resoluciones son vinculantes para todos los poderes públicos, incluido el legislador.

La cuestión interna de inconstitucionalidad en el recurso de amparo

Cuando una Sala o Sección del Tribunal Constitucional considere, al resolver un recurso de amparo, que la ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, elevará la cuestión al Pleno, que podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha ley en una nueva sentencia, con los mismos efectos generales que tendría una sentencia recaída en un recurso o cuestión de inconstitucionalidad ordinarios.

El Tribunal Constitucional y el control de las Comunidades Autónomas

Además de resolver los conflictos de competencia, el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las leyes autonómicas mediante el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, y puede impugnar disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas a instancia del Gobierno, con el efecto de suspender automáticamente la disposición impugnada durante un plazo máximo de 5 meses (art. 161.2 CE).

Ejecución de las resoluciones: la reforma de la LOTC de 2015

La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, reforma la LOTC para reforzar la ejecución de sus resoluciones. El Tribunal puede requerir a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan, imponer multas coercitivas (entre 3.000 y 30.000 euros), acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que incumplan (por el tiempo necesario para asegurar el cumplimiento) y deducir testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal. Además, el Tribunal puede requerir la colaboración del Gobierno para asegurar el cumplimiento, incluida la ejecución sustitutoria. La LO 12/2015 suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos y leyes orgánicas.

El Pleno, las Salas y las Secciones: quién decide qué

El Pleno está formado por todos los magistrados, lo preside el Presidente y adopta sus acuerdos por mayoría; en caso de empate, decide el voto de calidad del Presidente. Conoce, entre otros, de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, los conflictos de competencia, los conflictos entre órganos constitucionales, la declaración sobre tratados y la impugnación de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley. Las dos Salas (de 6 magistrados), presididas la primera por el Presidente y la segunda por el Vicepresidente, conocen de los recursos de amparo que el Pleno no avoque para sí. Las Secciones, de 3 magistrados, resuelven sobre la admisión de los amparos y otros trámites. La admisión a trámite del amparo por la Sección exige unanimidad; si no la hay, decide la Sala.

La especial trascendencia constitucional: supuestos

El art. 50.1.b LOTC exige que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. La STC 155/2009 enumeró, a título orientativo, los supuestos en que concurre: problema o faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina; ocasión de aclarar o cambiar la doctrina; aplicación de una ley que pudiera ser inconstitucional; incumplimiento reiterado de la doctrina; interpretación jurisprudencial contraria a la Constitución; negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina; y asunto de relevante repercusión social o económica o de consecuencias políticas generales. La carga de justificar su concurrencia recae en el recurrente.

Atribuciones del Tribunal Constitucional: cuadro resumen

Conforme al art. 161 CE y al art. 2 LOTC, el Tribunal conoce de: 1) recurso de inconstitucionalidad (control abstracto) contra leyes y normas con fuerza de ley; 2) cuestión de inconstitucionalidad planteada por jueces y tribunales; 3) recurso de amparo por violación de derechos y libertades del art. 53.2; 4) conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las CCAA o de estas entre sí; 5) conflictos entre órganos constitucionales del Estado; 6) conflictos en defensa de la autonomía local; 7) requerimiento previo sobre tratados internacionales; 8) impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas sin fuerza de ley (Título V LOTC, art. 161.2 CE); y 9) las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. En la doctrina se distingue entre control normativo (1, 2), garantía de los derechos (3), control territorial (4, 6, 8) y control orgánico (5).

El Tribunal Constitucional y el Derecho de la Unión Europea

El Tribunal Constitucional no es juez de la aplicación del Derecho de la Unión Europea: la infracción del Derecho de la UE por una norma nacional no convierte a esta en inconstitucional, sino que es una cuestión de aplicación del ordenamiento europeo por los jueces ordinarios. Los órganos judiciales deben inaplicar la norma interna contraria al Derecho de la UE con efecto directo, y el propio Tribunal Constitucional puede plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su Declaración 1/2004 delimitó la relación entre primacía del Derecho de la UE y supremacía de la Constitución.

Estatuto de los magistrados: causas de cese

Conforme al art. 23 LOTC, los magistrados cesan por expiración del plazo de su nombramiento, renuncia aceptada por el Presidente, incapacidad judicialmente declarada, incompatibilidad sobrevenida, dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, violar la reserva propia de su función o haber sido condenado por delito doloso o por culpa grave. Los magistrados gozan de las garantías de independencia e inamovilidad, y su mandato no se prorroga por falta de renovación: continúan en funciones en tanto no tomen posesión sus sucesores.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • 12 miembros: 4 Congreso + 4 Senado (ambos por 3/5) + 2 Gobierno + 2 CGPJ; mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3.
  • Recurso de inconstitucionalidad: plazo de 3 meses, legitimación tasada (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados/Senadores, órganos de las CCAA en su ámbito).
  • Recurso de amparo: rige la subsidiariedad (agotar la vía judicial ordinaria) y, desde 2007, exige 'especial trascendencia constitucional'.
  • Las sentencias del TC no admiten recurso, vinculan a todos los poderes públicos y las que declaran inconstitucionalidad tienen efectos erga omnes, sin permitir revisar procesos ya fenecidos salvo excepciones en materia penal/sancionadora favorables al reo.
  • El TC (LO 2/1979) es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la CE y a su propia Ley Orgánica.
  • El Presidente del TC es nombrado por el Rey a propuesta del Pleno entre sus miembros, por 3 años renovable una sola vez; el Vicepresidente le sustituye y preside una de las dos Salas.
  • Los magistrados constitucionales son inamovibles durante su mandato, solo removibles por causas tasadas en la LOTC, e incompatibles con mandato representativo, cargo político/administrativo y actividad profesional o mercantil.
  • Diferencia clave: el recurso de inconstitucionalidad es control abstracto y directo con legitimación tasada y plazo de 3 meses; la cuestión de inconstitucionalidad la plantea un órgano judicial cuando la validez de la norma condiciona el fallo, suspendiéndose el proceso.
  • Desde la LO 6/2007, el recurso de amparo exige justificar en la demanda la 'especial trascendencia constitucional', requisito que lo ha convertido en un recurso de carácter marcadamente objetivo orientado a fijar doctrina.
  • Conflictos de competencia Estado-CCAA (o entre CCAA): positivos (invasión del propio ámbito competencial, exigen requerimiento previo de incompetencia) o negativos (ninguna Administración se considera competente).
  • Conflictos entre órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado, CGPJ) sobre competencias asignadas por la CE o por leyes orgánicas.
  • Control previo de constitucionalidad de tratados internacionales (art. 95.2 CE): si el TC aprecia contradicción, la celebración del tratado exige previa revisión constitucional.
  • Organización interna: Pleno, dos Salas (6 magistrados cada una) y Secciones (3 magistrados) para asuntos de trámite y ciertos recursos de amparo.
  • El TC no forma parte del Poder Judicial: es un órgano constitucional autónomo situado fuera de la organización judicial ordinaria del Título VI, aunque sus resoluciones vinculan también a jueces y tribunales.
  • Plazo del recurso de inconstitucionalidad: 3 meses desde la publicación de la norma, salvo el plazo especial de 9 meses en ciertos supuestos con Comisión Bilateral de Cooperación; transcurrido el plazo solo cabe la vía indirecta de la cuestión de inconstitucionalidad.
  • Cuestión interna de inconstitucionalidad en el recurso de amparo: si una Sala o Sección aprecia que la ley aplicada lesiona derechos fundamentales, eleva la cuestión al Pleno.
  • El Gobierno puede impugnar disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de órganos autonómicos ante el TC, con el efecto de suspender automáticamente la disposición impugnada hasta un máximo de 5 meses (art. 161.2 CE).
  • Requisitos para ser magistrado: jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional como magistrado, fiscal, profesor de universidad, funcionario público o abogado (art. 159.2 CE).
  • Los magistrados no pueden ser reelegidos de inmediato, salvo que hubieran ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años (art. 159.5 CE).
  • Plazos: recurso de inconstitucionalidad 3 meses (9 con Comisión Bilateral); conflicto positivo de competencia, requerimiento en 2 meses; suspensión del art. 161.2 CE, máximo 5 meses.
  • La LO 12/2015 suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad; la LO 15/2015 reforzó la ejecución de las resoluciones (multas coercitivas, suspensión de autoridades).
  • El Presidente del Tribunal es elegido por el Pleno y nombrado por el Rey por 3 años, reelegible una sola vez; el Vicepresidente preside la Sala Segunda y el Presidente la Primera; el voto del Presidente es de calidad.
  • Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares; valen como cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación; las que declaran inconstitucionalidad de una ley tienen efectos generales (art. 164 CE).
  • La declaración de inconstitucionalidad no permite revisar procesos fenecidos (cosa juzgada) salvo en materia penal o sancionadora si de ello resulta reducción de pena o sanción o exclusión de la responsabilidad (art. 40.1 LOTC).
  • Legitimados para recurrir en inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos ejecutivos y Asambleas autonómicas (estos, solo contra normas que afecten a su ámbito de autonomía).
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Por quién es nombrado el Presidente del Tribunal Constitucional?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Gestión AGE?

El Tribunal Constitucional, regulado en el Título IX de la Constitución (arts. 159-165) y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, es el máximo intérprete de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Ejerce el control de constitucionalidad de las leyes, resuelve los recursos de amparo y dirime conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

12 miembros: 4 Congreso + 4 Senado (ambos por 3/5) + 2 Gobierno + 2 CGPJ; mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3. Recurso de inconstitucionalidad: plazo de 3 meses, legitimación tasada (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados/Senadores, órganos de las CCAA en su ámbito). Recurso de amparo: rige la subsidiariedad (agotar la vía judicial ordinaria) y, desde 2007, exige 'especial trascendencia constitucional'. Las sentencias del TC no admiten recurso, vinculan a todos los poderes públicos y las que declaran inconstitucionalidad tienen efectos erga omnes, sin permitir revisar procesos ya fenecidos salvo excepciones en materia penal/sancionadora favorables al reo. El TC (LO 2/1979) es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la CE y a su propia Ley Orgánica. El Presidente del TC es nombrado por el Rey a propuesta del Pleno entre sus miembros, por 3 años renovable una sola vez; el Vicepresidente le sustituye y preside una de las dos Salas. Los magistrados constitucionales son inamovibles durante su mandato, solo removibles por causas tasadas en la LOTC, e incompatibles con mandato representativo, cargo político/administrativo y actividad profesional o mercantil. Diferencia clave: el recurso de inconstitucionalidad es control abstracto y directo con legitimación tasada y plazo de 3 meses; la cuestión de inconstitucionalidad la plantea un órgano judicial cuando la validez de la norma condiciona el fallo, suspendiéndose el proceso. Desde la LO 6/2007, el recurso de amparo exige justificar en la demanda la 'especial trascendencia constitucional', requisito que lo ha convertido en un recurso de carácter marcadamente objetivo orientado a fijar doctrina. Conflictos de competencia Estado-CCAA (o entre CCAA): positivos (invasión del propio ámbito competencial, exigen requerimiento previo de incompetencia) o negativos (ninguna Administración se considera competente). Conflictos entre órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado, CGPJ) sobre competencias asignadas por la CE o por leyes orgánicas. Control previo de constitucionalidad de tratados internacionales (art. 95.2 CE): si el TC aprecia contradicción, la celebración del tratado exige previa revisión constitucional. Organización interna: Pleno, dos Salas (6 magistrados cada una) y Secciones (3 magistrados) para asuntos de trámite y ciertos recursos de amparo. El TC no forma parte del Poder Judicial: es un órgano constitucional autónomo situado fuera de la organización judicial ordinaria del Título VI, aunque sus resoluciones vinculan también a jueces y tribunales. Plazo del recurso de inconstitucionalidad: 3 meses desde la publicación de la norma, salvo el plazo especial de 9 meses en ciertos supuestos con Comisión Bilateral de Cooperación; transcurrido el plazo solo cabe la vía indirecta de la cuestión de inconstitucionalidad. Cuestión interna de inconstitucionalidad en el recurso de amparo: si una Sala o Sección aprecia que la ley aplicada lesiona derechos fundamentales, eleva la cuestión al Pleno. El Gobierno puede impugnar disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de órganos autonómicos ante el TC, con el efecto de suspender automáticamente la disposición impugnada hasta un máximo de 5 meses (art. 161.2 CE). Requisitos para ser magistrado: jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional como magistrado, fiscal, profesor de universidad, funcionario público o abogado (art. 159.2 CE). Los magistrados no pueden ser reelegidos de inmediato, salvo que hubieran ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años (art. 159.5 CE). Plazos: recurso de inconstitucionalidad 3 meses (9 con Comisión Bilateral); conflicto positivo de competencia, requerimiento en 2 meses; suspensión del art. 161.2 CE, máximo 5 meses. La LO 12/2015 suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad; la LO 15/2015 reforzó la ejecución de las resoluciones (multas coercitivas, suspensión de autoridades). El Presidente del Tribunal es elegido por el Pleno y nombrado por el Rey por 3 años, reelegible una sola vez; el Vicepresidente preside la Sala Segunda y el Presidente la Primera; el voto del Presidente es de calidad. Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares; valen como cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación; las que declaran inconstitucionalidad de una ley tienen efectos generales (art. 164 CE). La declaración de inconstitucionalidad no permite revisar procesos fenecidos (cosa juzgada) salvo en materia penal o sancionadora si de ello resulta reducción de pena o sanción o exclusión de la responsabilidad (art. 40.1 LOTC). Legitimados para recurrir en inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos ejecutivos y Asambleas autonómicas (estos, solo contra normas que afecten a su ámbito de autonomía).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título IX (arts. 159-165), BOE-A-1978-31229.
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (texto consolidado).
  • Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC.
  • Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de reforma de la LOTC en materia de recurso previo de inconstitucionalidad.
  • Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la LOTC para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.
  • STC 155/2009 (especial trascendencia constitucional) y Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004.

Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión AGE.

Empieza gratis ahora