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Tema 3. El reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los tratados internacionales.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El reglamento es toda norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria del art. 97 CE, sujeta a los límites de la reserva de ley, la jerarquía normativa y la interdicción de la arbitrariedad. Junto a él, los principios generales del Derecho y los tratados internacionales completan el sistema de fuentes del Derecho Administrativo más allá de la ley y el propio reglamento.

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El reglamento: concepto, clases y límites

El reglamento es toda norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria. Se clasifica, por su relación con la ley, en ejecutivos (desarrollan una ley previa), independientes (regulan materias no reservadas a la ley, en ámbitos organizativos internos) y de necesidad (dictados en situaciones de urgencia o emergencia); y por su origen, en estatales, autonómicos y locales. Sus límites son: la reserva de ley, la jerarquía normativa, la irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales, y la interdicción de la arbitrariedad. El reglamento ilegal es nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015).

El Reglamento: concepto y fundamento (art. 97 CE)

Norma de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria, con generalidad y abstracción como la ley pero en posición subordinada, sujeto a control jurisdiccional pleno. El art. 97 CE atribuye al Gobierno esta potestad «de acuerdo con la Constitución y las leyes»; se desarrolla en la Ley 50/1997 y el Título VI de la Ley 39/2015 (arts. 127-133).

Clases de reglamentos: ejecutivos, independientes y de necesidad

Ejecutivos: desarrollan y complementan una ley previa, exigiendo con frecuencia dictamen del Consejo de Estado. Independientes: regulan materias no reservadas a la ley, típicamente organización interna, sin ley previa habilitante. De necesidad: se dictan ante urgencia o grave riesgo (epidemias, catástrofes), con eficacia normativa limitada mientras subsista la circunstancia excepcional.

La titularidad de la potestad reglamentaria

En el Estado corresponde con carácter general al Consejo de Ministros (Reales Decretos), pudiendo los Ministros dictar Órdenes Ministeriales con la oportuna habilitación. Las CCAA la ejercen a través de sus Consejos de Gobierno. Las Entidades Locales gozan de potestad reglamentaria propia (ordenanzas y reglamentos aprobados por el Pleno), garantizada por la autonomía local.

Límites formales y materiales de la potestad reglamentaria

Formales: competencia del órgano y respeto al procedimiento de elaboración (participación, informes preceptivos, dictamen consultivo, publicación). Materiales: imposibilidad de regular materias reservadas a la ley sin habilitación, prohibición de contradecir norma superior, irretroactividad sancionadora desfavorable, y principio de inderogabilidad singular.

La jerarquía entre reglamentos (arts. 128.2 y 128.3 LPAC y Ley 50/1997)

Los reglamentos y disposiciones administrativas no pueden vulnerar la Constitución o las leyes, ni regular materias reservadas a la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas (art. 128.2 LPAC), ni tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni crear tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes y ninguna podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior (art. 128.3 LPAC). Entre los reglamentos del Gobierno de la Nación, el orden jerárquico se establece en la Ley 50/1997: Reales Decretos del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno, órdenes ministeriales y disposiciones de los órganos inferiores.

La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 Ley 39/2015)

Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Ni siquiera el órgano que dictó el reglamento puede dispensar su aplicación en un caso concreto: debe modificarlo o derogarlo con carácter general. Son nulas las resoluciones que vulneren una disposición reglamentaria. Está recogido en el art. 37 LPAC y es manifestación del principio de legalidad y de igualdad.

El control jurisdiccional de los reglamentos

No son susceptibles de recurso administrativo (art. 112.3 LPAC): su control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), mediante recurso directo contra el propio reglamento (en el plazo de dos meses desde su publicación, art. 46.1 LJCA) o recurso indirecto contra un acto de aplicación, alegando la ilegalidad del reglamento (art. 26 LJCA). Si el juez o tribunal que estima un recurso indirecto no es competente para conocer del recurso directo, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente (art. 27 LJCA). La competencia para el recurso directo contra disposiciones generales corresponde, según el órgano autor, al Tribunal Supremo (Consejo de Ministros), a la Audiencia Nacional o a los Tribunales Superiores de Justicia. La sentencia que anula una disposición general tiene efectos generales (erga omnes) desde el día en que se publique el fallo y los preceptos anulados en el diario oficial (art. 72.2 LJCA), y no afecta por sí misma a las sentencias y actos firmes anteriores que lo aplicaron (art. 73 LJCA). Además, cualquier juez puede inaplicar un reglamento ilegal (art. 6 LOPJ).

El procedimiento de elaboración de los reglamentos (Título V Ley 50/1997 y arts. 127-133 LPAC)

Para el Gobierno de la Nación, el procedimiento se regula en el Título V de la Ley 50/1997, del Gobierno (arts. 22 a 28), y en particular su art. 26. Comprende, entre otros trámites: la planificación normativa anual (Plan Anual Normativo, art. 25 Ley 50/1997 y art. 132 LPAC); la consulta pública previa a través del portal web, con las excepciones legales (art. 133 LPAC y art. 26.2 Ley 50/1997); la elaboración del texto acompañado de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN, Real Decreto 931/2017); los informes y dictámenes preceptivos (incluido, en su caso, el dictamen del Consejo de Estado para los reglamentos ejecutivos de leyes); el trámite de audiencia e información pública; su aprobación por el órgano competente según su rango y la publicación oficial como requisito de eficacia (art. 131 LPAC). Deben respetarse los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, art. 129 LPAC). La STC 55/2018 declaró que varios preceptos de los arts. 129 a 133 LPAC (como la consulta pública previa y la planificación normativa) no son aplicables a las Comunidades Autónomas, que se rigen por su propia normativa.

Los principios generales del Derecho: función y contenido

Se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Los más relevantes en Derecho Administrativo son la buena fe y la confianza legítima (que limitan el ejercicio de potestades administrativas cuando defraudan expectativas generadas por la propia Administración), la proporcionalidad (adecuación entre medios empleados y fines perseguidos) y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), que exige motivación suficiente de las decisiones discrecionales.

Los Tratados internacionales: procedimiento de celebración (arts. 93-96 CE)

Se distinguen tres vías según su contenido. 1) Tratados que exigen autorización de las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 93 CE: los que atribuyen a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución). 2) Tratados que requieren previa autorización de las Cortes Generales (art. 94.1 CE) para obligar al Estado, sin necesidad de forma de ley: de carácter político; de carácter militar; que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 3) El resto, de los que basta con informar inmediatamente al Congreso y al Senado de su conclusión (art. 94.2 CE). La denuncia de los tratados sigue el mismo procedimiento que su aprobación (art. 96.2 CE). La Ley 25/2014 detalla las fases (negociación, adopción, autenticación y manifestación del consentimiento, por firma, ratificación, adhesión, etc.), distingue los tratados de los acuerdos internacionales administrativos (que ejecutan o concretan un tratado y se celebran por órganos competentes de la Administración) y los acuerdos no normativos (no vinculantes), y regula la aplicación provisional.

Rango y eficacia de los tratados internacionales en el ordenamiento español

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, con rango superior a las leyes ordinarias, solo por debajo de la Constitución. Sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional (art. 96.1 CE), sin que una ley posterior interna pueda derogarlos unilateralmente.

El control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales

El Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado pero al que no se hubiera prestado aún el consentimiento del Estado (art. 95 CE); de apreciarse contradicción, la celebración del tratado exige la previa revisión constitucional.

Distinción entre reglamento y acto administrativo

El reglamento es una norma jurídica de carácter general y abstracto, que innova el ordenamiento y forma parte de él de manera estable; el acto administrativo es la aplicación singular y concreta de una norma a un supuesto de hecho determinado, que agota sus efectos con dicha aplicación. Esta distinción es relevante a efectos de su régimen de impugnación: los reglamentos no son recurribles en vía administrativa, mientras que los actos sí lo son.

El principio de inderogabilidad singular y su fundamento en el principio de igualdad

La prohibición de que un acto singular contradiga lo dispuesto en un reglamento, aunque proceda del mismo órgano que dictó este, se fundamenta en la garantía del principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) y en la seguridad jurídica: permitir excepciones singulares no formalizadas mediante la modificación del propio reglamento abriría la puerta a la arbitrariedad y al trato desigual entre los destinatarios de la norma.

Los reglamentos independientes: debate doctrinal sobre su admisibilidad

Un sector doctrinal cuestiona la admisibilidad de los reglamentos independientes (aquellos que no desarrollan una ley previa) fuera del estricto ámbito organizativo interno de la Administración, por entender que, en un sistema de vinculación positiva a la legalidad como el español, toda actuación administrativa con efectos externos sobre los ciudadanos requiere habilitación legal previa, mientras que otro sector admite su procedencia en materias no reservadas a la ley y de mera organización, sin proyección directa sobre derechos de terceros.

Los reglamentos de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales

Las Comunidades Autónomas ejercen la potestad reglamentaria a través de sus Consejos de Gobierno, con el mismo esquema de límites que el reglamento estatal (reserva de ley, jerarquía). Las Entidades Locales, en ejercicio de su autonomía constitucionalmente garantizada, aprueban ordenanzas y reglamentos mediante acuerdo del Pleno, con un procedimiento de elaboración propio (aprobación inicial, información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva) regulado en la legislación de régimen local.

Los reglamentos ilegales: consecuencias de su declaración de nulidad

El reglamento que incurre en cualquiera de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47.2 LPAC (vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior; regular materias reservadas a la ley; o establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales) es nulo de pleno derecho, de modo que no puede producir efectos válidos. La anulación judicial tiene efectos generales desde la publicación del fallo y de los preceptos anulados (art. 72.2 LJCA), sin afectar por sí sola a los actos firmes anteriores que lo aplicaron (art. 73 LJCA), salvo en materia sancionadora si la anulación reduce o excluye la responsabilidad. Además, la Administración puede declarar de oficio la nulidad de las disposiciones administrativas en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado (art. 106.2 LPAC).

El dictamen del Consejo de Estado en la elaboración de reglamentos ejecutivos

Los reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones, requieren el dictamen preceptivo (aunque no vinculante, salvo excepciones tasadas por ley) del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente, trámite que constituye una garantía adicional de calidad técnica y jurídica en el ejercicio de la potestad reglamentaria de desarrollo normativo.

Los principios generales del Derecho como límite a la discrecionalidad administrativa

Cuando la Administración ejerce potestades discrecionales, tanto en el ejercicio de la potestad reglamentaria como en la aplicación singular de normas, los principios generales del Derecho (proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, igualdad, buena fe) operan como límites jurídicos plenamente exigibles y controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa, evitando que la discrecionalidad se convierta en pura arbitrariedad.

Los reglamentos no vinculados a una ley: organización y relaciones de sujeción especial

Los reglamentos de organización regulan la estructura y funcionamiento internos de la Administración sin incidir directamente en los derechos de los ciudadanos, y pueden aprobarse sin ley previa, siempre dentro de las competencias del órgano. En las relaciones de sujeción especial (funcionarios, usuarios de servicios públicos, internos en centros penitenciarios), la potestad reglamentaria no está exenta de la reserva de ley cuando se afecten derechos fundamentales o se establezcan sanciones. Los reglamentos parlamentarios (arts. 72 CE) y los de otras instituciones constitucionales no son reglamentos administrativos: se aprueban en ejercicio de su autonomía y están sometidos al control del Tribunal Constitucional como normas con valor de ley.

Potestad reglamentaria de entes locales: ordenanzas y reglamentos (LRBRL)

Los municipios, provincias e islas gozan de potestad reglamentaria y de autoorganización (art. 4.1.a LRBRL). La aprobación de las ordenanzas y reglamentos corresponde al Pleno (art. 22.2.d LRBRL). El procedimiento del art. 49 LRBRL exige aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas ellas y aprobación definitiva por el Pleno; si no se presentan reclamaciones, el acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo. Las ordenanzas fiscales se rigen por la legislación de haciendas locales. Las ordenanzas están subordinadas a la ley estatal y autonómica y no pueden tipificar infracciones ni sanciones al margen de lo previsto en el Título XI LRBRL.

Principios generales del Derecho: reconocimiento constitucional y legal

El art. 1.4 del Código Civil dispone que los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza varios principios (art. 9.3 CE): legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. A ellos se añaden la igualdad (art. 14 CE), el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE) y los principios de actuación de la Administración (art. 3 Ley 40/2015). Los principios de la potestad sancionadora (arts. 25 a 31 Ley 40/2015: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones o non bis in idem) y los de buena regulación (art. 129 LPAC) son principios positivizados.

Principios jurisprudenciales de relevancia administrativa

La jurisprudencia ha elaborado o reconocido, entre otros: la doctrina de los actos propios (nadie puede ir contra sus propios actos, venire contra factum proprium), la prohibición del enriquecimiento injusto, el principio pro actione (interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción), el principio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), el favor libertatis (interpretación restrictiva de limitaciones a derechos), la audiencia del interesado (audiatur et altera pars) y la interdicción de la arbitrariedad. Muchos de ellos, aunque tengan origen jurisprudencial, hoy son aplicables como límite a la discrecionalidad y su infracción puede dar lugar a la anulación del acto o de la disposición.

Eficacia de los tratados: publicación y aplicación directa (art. 96.1 CE y art. 1.5 CC)

Para formar parte del ordenamiento interno, los tratados válidamente celebrados deben publicarse oficialmente en España (art. 96.1 CE). El art. 1.5 del Código Civil precisa que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE. Una vez publicados, tienen fuerza superior a la ley, pero inferior a la Constitución. Los tratados pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional por recurso o cuestión de inconstitucionalidad (art. 27.2.c LOTC). Los tratados sobre derechos fundamentales ratificados por España sirven de criterio de interpretación de los derechos y libertades constitucionales (art. 10.2 CE).

El control previo de constitucionalidad de tratados: doctrina

El requerimiento al Tribunal Constitucional del art. 95.2 CE, desarrollado por el art. 78 LOTC, está legitimado para el Gobierno y cualquiera de las Cámaras, y la declaración del Tribunal tiene carácter vinculante. El Tribunal se ha pronunciado en dos ocasiones: la Declaración 1/1992 (Tratado de Maastricht), que condujo a la reforma del art. 13.2 CE (sufragio pasivo de ciudadanos de la Unión en elecciones municipales), y la Declaración 1/2004 (Tratado por el que se establece una Constitución para Europa), que afirmó que no existía contradicción con la Constitución. De apreciarse contradicción, la celebración exige la previa revisión constitucional (art. 95.1 CE).

Reglamentos y potestad sancionadora

El reglamento no puede crear por sí solo infracciones ni sanciones (arts. 25.1 CE y 128.2 LPAC). Solo puede, en el marco de la ley, introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes (art. 27.3 Ley 40/2015). Se trata de la reserva de ley relativa propia del Derecho sancionador administrativo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El reglamento ilegal es nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015), controlable tanto por vía de recurso directo/indirecto contencioso-administrativo como por inaplicación judicial difusa (art. 6 LOPJ).
  • Los reglamentos ejecutivos desarrollan una ley previa; los independientes regulan materias organizativas no reservadas a ley; los de necesidad responden a situaciones de urgencia.
  • Los tratados del art. 93 CE exigen ley orgánica; los del art. 94.1, autorización previa de las Cortes Generales, sin forma de ley; el resto solo requiere información inmediata al Congreso y al Senado (art. 94.2).
  • Los principios generales del Derecho cumplen función de fuente subsidiaria, función informadora y límite a la discrecionalidad; muchos están hoy positivizados como principios de actuación en la Ley 40/2015.
  • El reglamento se dicta en ejercicio de la potestad reglamentaria del art. 97 CE, desarrollada en la Ley 50/1997 y el Título VI de la LPAC (arts. 127-133).
  • La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde con carácter general al Consejo de Ministros (Reales Decretos), a los Ministros (Órdenes Ministeriales con habilitación) y, en las EELL, al Pleno (ordenanzas y reglamentos).
  • Límites formales (competencia del órgano, procedimiento de elaboración) y materiales (reserva de ley, no contradecir norma superior, irretroactividad sancionadora, inderogabilidad singular) de la potestad reglamentaria.
  • La jerarquía entre reglamentos del Gobierno: Real Decreto (Presidente o Consejo de Ministros) > orden de Comisión Delegada > orden ministerial > disposiciones de órganos inferiores (Ley 50/1997); el art. 128.3 LPAC prohíbe que una disposición administrativa vulnere otra de rango superior.
  • El principio de inderogabilidad singular (art. 37 LPAC) impide que un acto particular vulnere lo establecido en un reglamento aunque tenga igual o superior rango, ni siquiera dispensado por el propio órgano que lo dictó.
  • Los reglamentos no son recurribles en vía administrativa (art. 112.3 LPAC): control jurisdiccional mediante recurso directo (2 meses desde publicación) o recurso indirecto (contra un acto de aplicación).
  • El procedimiento de elaboración de reglamentos (Título V Ley 50/1997; arts. 127-133 LPAC) incluye consulta pública previa, MAIN, informes preceptivos (dictamen del Consejo de Estado en reglamentos ejecutivos), audiencia e información pública y publicación; la STC 55/2018 limitó la aplicación autonómica de varios de esos preceptos.
  • Los principios generales más relevantes: buena fe y confianza legítima (limitan potestades que defraudan expectativas), proporcionalidad y la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE, exige motivación de decisiones discrecionales).
  • Los tratados siguen tres vías: autorización de las Cortes mediante ley orgánica para la cesión de competencias a organización internacional (art. 93); autorización previa de las Cortes, sin forma de ley, para los de carácter político, militar, integridad territorial o derechos fundamentales, obligaciones financieras o que modifiquen leyes (art. 94.1); y mera información inmediata al Congreso y al Senado en el resto (art. 94.2).
  • Los tratados válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento interno con rango superior a la ley ordinaria, solo derogables/modificables según lo previsto en ellos o el Derecho Internacional.
  • El control previo de constitucionalidad de tratados (art. 95 CE) exige, si hay contradicción apreciada por el TC, la previa revisión constitucional antes de celebrar el tratado.
  • El reglamento (norma general y abstracta que innova el ordenamiento) se distingue del acto administrativo (aplicación singular que agota sus efectos), con distinto régimen de impugnación.
  • Las causas de nulidad de pleno derecho del reglamento (art. 47.2 LPAC): vulnerar la Constitución/leyes/normas superiores, regular materias reservadas a ley, y establecer retroactividad sancionadora desfavorable.
  • Los reglamentos ejecutivos de desarrollo de leyes exigen dictamen preceptivo (no vinculante salvo excepción legal) del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.
  • Ley 50/1997, del Gobierno: el procedimiento de elaboración de reglamentos se regula en su Título V (arts. 22-28), no en el Título VI; el Título VI LPAC (arts. 127-133) regula la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en general.
  • Art. 128.2 LPAC: el reglamento no puede vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias reservadas a la ley, ni tipificar infracciones o sanciones ni crear tributos u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales.
  • Tratados del art. 94.1 CE: la autorización de las Cortes no exige forma de ley (a diferencia del art. 93, que exige ley orgánica); el art. 94.2 solo exige información inmediata al Congreso y al Senado.
  • Recurso directo contra reglamentos: plazo de dos meses desde su publicación (art. 46.1 LJCA); recurso indirecto contra un acto de aplicación (art. 26 LJCA) y cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA).
  • La sentencia que anula un reglamento tiene efectos erga omnes desde la publicación del fallo (art. 72.2 LJCA) y no afecta a las sentencias o actos firmes que lo aplicaron previamente (art. 73 LJCA).
  • La STC 55/2018 limitó la aplicación a las Comunidades Autónomas de varios preceptos de los arts. 129 a 133 LPAC (planificación normativa, consulta pública previa, etc.).
  • Procedimiento local (art. 49 LRBRL): aprobación inicial del Pleno, información pública y audiencia mínimo 30 días, resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Pleno (definitiva automática si no hay reclamaciones).
  • Art. 1.5 CC: los tratados no son de aplicación directa mientras no se publiquen íntegramente en el BOE; art. 96.2 CE: la denuncia sigue el mismo procedimiento que la aprobación.
  • Control previo de tratados (art. 95 CE): Declaración 1/1992 (Maastricht, reforma del art. 13.2 CE) y Declaración 1/2004 (Constitución Europea, sin contradicción). Son vinculantes.
  • Los reglamentos solo pueden desarrollar la graduación de infracciones y sanciones previstas en la ley, sin crear nuevas ni alterar su naturaleza o límites (art. 27.3 Ley 40/2015).
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Gestión AGE?

El reglamento es toda norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria del art. 97 CE, sujeta a los límites de la reserva de ley, la jerarquía normativa y la interdicción de la arbitrariedad. Junto a él, los principios generales del Derecho y los tratados internacionales completan el sistema de fuentes del Derecho Administrativo más allá de la ley y el propio reglamento.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

El reglamento ilegal es nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015), controlable tanto por vía de recurso directo/indirecto contencioso-administrativo como por inaplicación judicial difusa (art. 6 LOPJ). Los reglamentos ejecutivos desarrollan una ley previa; los independientes regulan materias organizativas no reservadas a ley; los de necesidad responden a situaciones de urgencia. Los tratados del art. 93 CE exigen ley orgánica; los del art. 94.1, autorización previa de las Cortes Generales, sin forma de ley; el resto solo requiere información inmediata al Congreso y al Senado (art. 94.2). Los principios generales del Derecho cumplen función de fuente subsidiaria, función informadora y límite a la discrecionalidad; muchos están hoy positivizados como principios de actuación en la Ley 40/2015. El reglamento se dicta en ejercicio de la potestad reglamentaria del art. 97 CE, desarrollada en la Ley 50/1997 y el Título VI de la LPAC (arts. 127-133). La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde con carácter general al Consejo de Ministros (Reales Decretos), a los Ministros (Órdenes Ministeriales con habilitación) y, en las EELL, al Pleno (ordenanzas y reglamentos). Límites formales (competencia del órgano, procedimiento de elaboración) y materiales (reserva de ley, no contradecir norma superior, irretroactividad sancionadora, inderogabilidad singular) de la potestad reglamentaria. La jerarquía entre reglamentos del Gobierno: Real Decreto (Presidente o Consejo de Ministros) > orden de Comisión Delegada > orden ministerial > disposiciones de órganos inferiores (Ley 50/1997); el art. 128.3 LPAC prohíbe que una disposición administrativa vulnere otra de rango superior. El principio de inderogabilidad singular (art. 37 LPAC) impide que un acto particular vulnere lo establecido en un reglamento aunque tenga igual o superior rango, ni siquiera dispensado por el propio órgano que lo dictó. Los reglamentos no son recurribles en vía administrativa (art. 112.3 LPAC): control jurisdiccional mediante recurso directo (2 meses desde publicación) o recurso indirecto (contra un acto de aplicación). El procedimiento de elaboración de reglamentos (Título V Ley 50/1997; arts. 127-133 LPAC) incluye consulta pública previa, MAIN, informes preceptivos (dictamen del Consejo de Estado en reglamentos ejecutivos), audiencia e información pública y publicación; la STC 55/2018 limitó la aplicación autonómica de varios de esos preceptos. Los principios generales más relevantes: buena fe y confianza legítima (limitan potestades que defraudan expectativas), proporcionalidad y la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE, exige motivación de decisiones discrecionales). Los tratados siguen tres vías: autorización de las Cortes mediante ley orgánica para la cesión de competencias a organización internacional (art. 93); autorización previa de las Cortes, sin forma de ley, para los de carácter político, militar, integridad territorial o derechos fundamentales, obligaciones financieras o que modifiquen leyes (art. 94.1); y mera información inmediata al Congreso y al Senado en el resto (art. 94.2). Los tratados válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento interno con rango superior a la ley ordinaria, solo derogables/modificables según lo previsto en ellos o el Derecho Internacional. El control previo de constitucionalidad de tratados (art. 95 CE) exige, si hay contradicción apreciada por el TC, la previa revisión constitucional antes de celebrar el tratado. El reglamento (norma general y abstracta que innova el ordenamiento) se distingue del acto administrativo (aplicación singular que agota sus efectos), con distinto régimen de impugnación. Las causas de nulidad de pleno derecho del reglamento (art. 47.2 LPAC): vulnerar la Constitución/leyes/normas superiores, regular materias reservadas a ley, y establecer retroactividad sancionadora desfavorable. Los reglamentos ejecutivos de desarrollo de leyes exigen dictamen preceptivo (no vinculante salvo excepción legal) del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Ley 50/1997, del Gobierno: el procedimiento de elaboración de reglamentos se regula en su Título V (arts. 22-28), no en el Título VI; el Título VI LPAC (arts. 127-133) regula la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en general. Art. 128.2 LPAC: el reglamento no puede vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias reservadas a la ley, ni tipificar infracciones o sanciones ni crear tributos u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales. Tratados del art. 94.1 CE: la autorización de las Cortes no exige forma de ley (a diferencia del art. 93, que exige ley orgánica); el art. 94.2 solo exige información inmediata al Congreso y al Senado. Recurso directo contra reglamentos: plazo de dos meses desde su publicación (art. 46.1 LJCA); recurso indirecto contra un acto de aplicación (art. 26 LJCA) y cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA). La sentencia que anula un reglamento tiene efectos erga omnes desde la publicación del fallo (art. 72.2 LJCA) y no afecta a las sentencias o actos firmes que lo aplicaron previamente (art. 73 LJCA). La STC 55/2018 limitó la aplicación a las Comunidades Autónomas de varios preceptos de los arts. 129 a 133 LPAC (planificación normativa, consulta pública previa, etc.). Procedimiento local (art. 49 LRBRL): aprobación inicial del Pleno, información pública y audiencia mínimo 30 días, resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Pleno (definitiva automática si no hay reclamaciones). Art. 1.5 CC: los tratados no son de aplicación directa mientras no se publiquen íntegramente en el BOE; art. 96.2 CE: la denuncia sigue el mismo procedimiento que la aprobación. Control previo de tratados (art. 95 CE): Declaración 1/1992 (Maastricht, reforma del art. 13.2 CE) y Declaración 1/2004 (Constitución Europea, sin contradicción). Son vinculantes. Los reglamentos solo pueden desarrollar la graduación de infracciones y sanciones previstas en la ley, sin crear nuevas ni alterar su naturaleza o límites (art. 27.3 Ley 40/2015).

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9.3, 10.2, 93 a 97, 103.1, 106.1.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 37, 47.2, 112.3 y 127 a 133.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3 y 25 a 31.
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, Título V.
  • Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 26, 27, 46, 72 y 73.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 6.
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22.
  • Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 4, 22 y 49.
  • Código Civil, arts. 1.4 y 1.5.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo; Declaraciones del Tribunal Constitucional 1/1992 y 1/2004.

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