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Tema 4. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El Derecho de la Unión Europea se estructura en Derecho originario (los Tratados y sus Protocolos, la Carta de los Derechos Fundamentales y, según la doctrina, los principios generales) y Derecho derivado (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, adoptados por las instituciones conforme al art. 288 TFUE), junto con otras fuentes (acuerdos internacionales de la Unión, jurisprudencia, acuerdos interinstitucionales y actos atípicos). Se relaciona con el Derecho interno de los Estados miembros conforme a los principios de primacía, efecto directo, interpretación conforme y responsabilidad del Estado por incumplimiento, elaborados por el Tribunal de Justicia y asumidos, con matices, por el Tribunal Constitucional español.

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El sistema de fuentes del Derecho de la Unión Europea

Se distingue entre Derecho originario o primario (los Tratados constitutivos y sus reformas, junto con sus Protocolos y Anexos, que tienen idéntico valor jurídico, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), Derecho derivado o secundario (los actos jurídicos adoptados por las instituciones de la Unión en ejercicio de las competencias atribuidas por los Tratados: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, art. 288 TFUE) y otras fuentes: los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, los principios generales del Derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la costumbre y los acuerdos entre los Estados miembros o entre instituciones. Rige además una jerarquía: el Derecho originario prevalece sobre el derivado, que debe respetarlo; los acuerdos internacionales de la Unión obligan a las instituciones y tienen primacía sobre los actos derivados (art. 216.2 TFUE) pero se subordinan a los Tratados.

El Derecho originario: los Tratados

Comprende el TUE y el TFUE, con idéntico valor jurídico (art. 1 TUE), los Protocolos y Anexos (art. 51 TUE), el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom, que mantiene su existencia jurídica propia), los Tratados de adhesión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 6.1 TUE: tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, desde Lisboa). Los principios generales del Derecho de la Unión, incluidos los derechos fundamentales tal y como los garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros (art. 6.3 TUE), se consideran por el Tribunal de Justicia de rango primario. La Unión se adherirá al CEDH (art. 6.2 TUE), aunque el Tribunal de Justicia declaró incompatible con los Tratados el primer proyecto de acuerdo de adhesión (Dictamen 2/13, 2014). Las reformas de los Tratados siguen el procedimiento de revisión ordinario (art. 48 TUE, con Convención y conferencia de representantes de los Gobiernos y ratificación por todos los Estados) o simplificado.

El reglamento (art. 288 TFUE)

Tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, sin necesidad de ningún acto de transposición o recepción por el Derecho interno; los Estados no pueden reproducirlo en su ordenamiento ni adoptar medidas que oculten su origen europeo (sentencia Variola, 1973), aunque sí adoptar las normas de aplicación necesarias. Se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y entra en vigor en la fecha que él mismo fije o, en su defecto, a los veinte días de su publicación (art. 297 TFUE). Es el instrumento típico de unificación del Derecho de la Unión. Tipos: reglamentos legislativos (adoptados por procedimiento legislativo), reglamentos delegados y reglamentos de ejecución.

La directiva (art. 288 TFUE)

Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Requiere un acto de transposición al Derecho interno mediante norma vinculante (ley o reglamento nacional, no una mera práctica administrativa) dentro del plazo fijado en la propia directiva, siendo el instrumento típico de aproximación de legislaciones nacionales dejando margen a la diversidad. El Estado debe comunicar a la Comisión las medidas de transposición; si no lo hace, puede incurrir en un procedimiento de infracción con posibilidad de sanciones desde la primera sentencia (art. 260.3 TFUE). Tras el vencimiento del plazo de transposición, las directivas claras, precisas e incondicionales pueden tener efecto directo vertical, y durante el plazo los Estados no pueden adoptar medidas que comprometan gravemente el resultado de la directiva (sentencia Inter-Environnement Wallonie, 1997).

La decisión (art. 288 TFUE)

Es obligatoria en todos sus elementos; cuando designa destinatarios, solo será obligatoria para estos. Tras el Tratado de Lisboa, la decisión puede carecer de destinatario (decisión de alcance general, p. ej. las adoptadas en el marco de la PESC) o designar destinatarios concretos (uno o varios Estados miembros, o personas físicas o jurídicas: p. ej., decisiones de la Comisión en materia de competencia o ayudas de Estado). No debe confundirse con la antigua «decisión» del Tratado CE, que era siempre individual.

Las recomendaciones y los dictámenes (art. 288 TFUE)

Carecen de fuerza vinculante: las recomendaciones invitan a los destinatarios a adoptar determinada conducta sin obligación jurídica; los dictámenes expresan la opinión de la institución que los emite sobre una cuestión determinada. No obstante su falta de efecto obligatorio, el Tribunal de Justicia ha reconocido que los jueces nacionales deben tenerlos en cuenta para la interpretación de disposiciones nacionales o del Derecho de la Unión relacionadas (sentencia Grimaldi, 1989). No pueden ser objeto de recurso de anulación al no producir efectos jurídicos obligatorios.

Los actos delegados y los actos de ejecución (arts. 290 y 291 TFUE)

Un acto legislativo puede delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo (actos delegados, art. 290 TFUE); el acto legislativo fija los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación, y el Parlamento o el Consejo pueden revocarla o formular objeciones. Los actos de ejecución (art. 291 TFUE) se adoptan por los Estados miembros (regla general) o, cuando se requieren condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, por la Comisión (o, excepcionalmente y en PESC, por el Consejo), con control de los Estados mediante comitología (Reglamento (UE) 182/2011). Los elementos esenciales de una materia están reservados al acto legislativo.

Los acuerdos internacionales de la Unión Europea

La Unión, dotada de personalidad jurídica propia (art. 47 TUE), puede celebrar acuerdos internacionales con terceros Estados u organizaciones internacionales dentro de sus competencias (arts. 216 y 218 TFUE). El Consejo autoriza la apertura de negociaciones, adopta las directrices de negociación, autoriza la firma y celebra el acuerdo; las negociaciones las lleva la Comisión (o el Alto Representante en PESC). Requieren aprobación del Parlamento Europeo los acuerdos de asociación, los que creen un marco institucional específico, los que tengan implicaciones presupuestarias importantes y los que se refieran a ámbitos regidos por el procedimiento legislativo ordinario; en los demás casos basta su consulta. Los acuerdos celebrados son vinculantes para las instituciones y los Estados miembros y forman parte integrante del ordenamiento de la Unión (art. 216.2 TFUE), con primacía sobre el Derecho derivado, aunque se subordinan al Derecho originario (control previo de compatibilidad por dictamen del Tribunal de Justicia, art. 218.11 TFUE). Los acuerdos mixtos son los celebrados conjuntamente por la Unión y los Estados miembros cuando el acuerdo afecta también a competencias estatales.

Los principios generales del Derecho de la Unión

Fuente no escrita del Derecho de la Unión, elaborada jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia a partir de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y de los tratados internacionales de derechos humanos: seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad, no discriminación, derecho de defensa, tutela judicial efectiva y protección de los derechos fundamentales, entre otros, hoy en su mayoría codificados en la Carta de los Derechos Fundamentales. Sirven para interpretar el Derecho de la Unión, completar sus lagunas y controlar la validez de los actos derivados.

El principio de primacía del Derecho de la Unión

Formulado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Costa/ENEL (15 de julio de 1964) y reforzado en Internationale Handelsgesellschaft (1970) y Simmenthal (1978), el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, incluido el de rango constitucional, de modo que el juez nacional debe inaplicar de oficio la norma interna contraria al Derecho de la Unión, sin necesidad de plantear previamente su inconstitucionalidad ni de esperar a su derogación formal por el legislador nacional. La primacía no implica la nulidad de la norma nacional, sino su inaplicación en el caso concreto («desplazamiento»). La Declaración nº 17 aneja al Tratado de Lisboa recuerda la primacía como jurisprudencia consolidada. En España, el Tribunal Constitucional ha distinguido entre primacía (aplicativa, art. 93 CE) y supremacía (de la Constitución como norma fundamental), sin considerar el Derecho de la Unión canon de constitucionalidad de las leyes (Declaración 1/2004, de 13 de diciembre; STC 28/1991).

El principio de efecto directo

Formulado en la sentencia Van Gend en Loos (5 de febrero de 1963), determinadas normas del Derecho de la Unión pueden ser invocadas directamente por los particulares ante los tribunales nacionales, generando derechos y obligaciones exigibles sin necesidad de un acto interno de desarrollo. Requisitos: que la norma sea clara, precisa e incondicional, y que su aplicación no dependa de medidas de ejecución discrecionales. Los Tratados (cuando cumplen esos requisitos) y los reglamentos tienen efecto directo, y las directivas pueden tenerlo únicamente en su efecto directo vertical, esto es, del particular frente al Estado, una vez vencido el plazo de transposición o ante una transposición incorrecta. No debe confundirse efecto directo (posibilidad de invocar la norma ante el juez) con aplicabilidad directa (la norma se integra en el ordenamiento sin transposición, característica del reglamento).

El efecto directo vertical y horizontal de las directivas

El Tribunal de Justicia admite el efecto directo vertical de las directivas no transpuestas o mal transpuestas (invocables por el particular frente al Estado, concepto amplio que incluye cualquier organismo, sea cual sea su forma jurídica, encargado de prestar un servicio público bajo el control del Estado y dotado de poderes exorbitantes: sentencia Foster, 1990), pero rechaza su efecto directo horizontal (entre particulares) por entender que la directiva solo obliga a su destinatario, el Estado (sentencias Marshall, 1986, y Faccini Dori, 1994). El Estado no puede invocar contra el particular su propia falta de transposición (efecto vertical «ascendente» únicamente). En caso de litigio entre particulares, el juez nacional debe recurrir a la interpretación conforme del Derecho interno con la directiva, y el perjudicado puede reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Algunos principios generales, como la no discriminación por razón de edad, pueden invocarse también horizontalmente a través de una directiva que los concreta (sentencias Mangold, 2005, y Kücükdeveci, 2010).

La responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión

Formulada por el Tribunal de Justicia desde la sentencia Francovich (19 de noviembre de 1991), y desarrollada en Brasserie du Pêcheur y Factortame III (1996), un Estado miembro que incumple sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión (por ejemplo, no transponiendo una directiva en plazo, o mediante un acto legislativo contrario) incurre en responsabilidad patrimonial frente a los particulares perjudicados, siempre que la norma vulnerada tenga por objeto conferirles derechos, la violación sea suficientemente caracterizada y exista relación de causalidad directa entre la violación y el daño sufrido. Se extiende a las violaciones del Derecho de la Unión por los órganos jurisdiccionales de última instancia (sentencia Köbler, 2003). Su regulación procedimental se rige por el Derecho nacional, respetando los principios de equivalencia y efectividad.

La relación del Derecho de la Unión con el ordenamiento español (art. 93 CE)

La integración de España en la Unión se fundamenta en el art. 93 CE (autorización por ley orgánica de la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución) y la adhesión se realizó por la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, con efectos desde el 1 de enero de 1986. El Tribunal Constitucional distingue entre primacía del Derecho de la Unión y supremacía de la Constitución (Declaración 1/2004) y considera que el Derecho de la Unión no es parámetro de constitucionalidad (STC 28/1991), sin perjuicio de que su infracción por el juez ordinario pueda dar lugar a violación del derecho a la tutela judicial (STC 58/2004, sobre la omisión de planteamiento de la cuestión prejudicial). La responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión se reparte internamente entre las Administraciones que lo hayan causado: la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consagra el principio de responsabilidad, que desarrolla el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

El procedimiento de infracción y sus consecuencias económicas para España

Cuando el Tribunal de Justicia declara que un Estado miembro ha incumplido el Derecho de la Unión y este no adopta las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, la Comisión puede solicitar la imposición de una suma a tanto alzado o una multa coercitiva (art. 260.2 TFUE). En España, la normativa interna prevé la posibilidad de repercutir estas sanciones sobre las Administraciones públicas responsables del incumplimiento, en función de su grado de responsabilidad (Real Decreto 515/2013).

La interpretación conforme del Derecho interno con el Derecho de la Unión

Los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretar, en la medida de lo posible, el Derecho interno a la luz de la letra y de la finalidad de las directivas de la Unión, para alcanzar el resultado que estas persiguen (sentencias von Colson, 1984, y Marleasing, 1990), incluso cuando no concurran los requisitos para reconocerles efecto directo y también en litigios entre particulares. Es una técnica complementaria al principio de primacía, con el límite de no poder conducir a una interpretación contra legem del Derecho nacional.

La jerarquía interna del Derecho derivado

Dentro del Derecho derivado se distingue entre actos legislativos (adoptados mediante el procedimiento legislativo ordinario o un procedimiento legislativo especial, con intervención del Parlamento y/o el Consejo), actos delegados (adoptados por la Comisión por delegación de un acto legislativo) y actos de ejecución (adoptados por la Comisión, o excepcionalmente el Consejo, para garantizar condiciones uniformes de ejecución), reflejando una jerarquía normativa interna al propio Derecho de la Unión.

La publicación y entrada en vigor del Derecho de la Unión

Los actos legislativos, los reglamentos no legislativos, las directivas dirigidas a todos los Estados miembros y las decisiones que no indiquen destinatario se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L, legislación) y entran en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, en su defecto, a los veinte días de su publicación (art. 297 TFUE); los demás actos se notifican a sus destinatarios y surten efecto en virtud de dicha notificación. Desde octubre de 2023 el Diario Oficial se publica en formato electrónico auténtico, con publicación acto por acto.

Los procedimientos legislativos especiales

Frente al procedimiento legislativo ordinario (regla general, con Parlamento y Consejo como colegisladores en pie de igualdad), los Tratados prevén, para determinadas materias tasadas (por ejemplo, la fiscalidad indirecta, art. 113 TFUE, o la cláusula de flexibilidad, art. 352 TFUE), procedimientos legislativos especiales en los que el acto se adopta por el Parlamento con la participación del Consejo, o por el Consejo con la participación del Parlamento (que se limita a un dictamen no vinculante, procedimiento de consulta, o a la aprobación previa, procedimiento de aprobación). La política exterior y de seguridad común queda fuera del régimen legislativo: en ella no se adoptan actos legislativos (art. 24.1 TUE).

La obligación de motivación de los actos de la Unión (art. 296 TFUE)

Los actos jurídicos de la Unión deben estar motivados y hacer referencia a las propuestas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes exigidos por los Tratados (art. 296 TFUE), exigencia que constituye una garantía esencial para el control jurisdiccional de su legalidad por el Tribunal de Justicia y para el conocimiento por sus destinatarios de las razones que fundamentan la decisión adoptada. Cuando los Tratados no especifican el tipo de acto, las instituciones lo elegirán conforme a los procedimientos aplicables y al principio de proporcionalidad. Los actos legislativos se adoptan por la Unión previo control de la competencia (principio de atribución), la subsidiariedad y la proporcionalidad (art. 5 TUE).

Otras fuentes: acuerdos interinstitucionales y Derecho blando

Las instituciones pueden celebrar acuerdos interinstitucionales de carácter vinculante (art. 295 TFUE), como el Acuerdo «Legislar mejor» de 2016. Los Estados miembros adoptan también decisiones de los representantes de los Gobiernos reunidos en el seno del Consejo y convenios complementarios (como el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad). Pertenecen al denominado Derecho blando (soft law) los actos atípicos sin efectos vinculantes: comunicaciones, Libros Verdes y Blancos, resoluciones, conclusiones, códigos de conducta o directrices. Aunque no vinculan, la Comisión se autolimita aplicándolos y el Tribunal de Justicia los toma en consideración como elemento de interpretación. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no es formalmente fuente del Derecho, pero su interpretación del Derecho de la Unión tiene alcance obligatorio de hecho para los jueces nacionales y, a través de las sentencias prejudiciales, fija el sentido de las normas con carácter retroactivo (salvo limitación temporal expresa).

La Carta de los Derechos Fundamentales: ámbito de aplicación

La Carta (proclamada en Niza en 2000 y con valor jurídico vinculante desde el 1 de diciembre de 2009) vincula a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión (art. 51.1 de la Carta; sentencia Åkerberg Fransson, 2013), sin ampliar las competencias de la Unión. Sus derechos pueden limitarse solo por ley, respetando el contenido esencial y el principio de proporcionalidad (art. 52.1). El nivel de protección no puede ser inferior al del CEDH cuando los derechos correspondan (art. 52.3). Se distingue entre derechos, que pueden invocarse directamente, y principios, que requieren desarrollo normativo. El Protocolo nº 30 estableció un régimen particular de aplicación de la Carta para Polonia (y, antes de su salida, para el Reino Unido).

Principios de equivalencia y efectividad: autonomía procesal de los Estados

El Derecho de la Unión se aplica, en defecto de reglas europeas, mediante las normas procesales de cada Estado miembro (autonomía procesal), con dos límites fijados por el Tribunal de Justicia: el principio de equivalencia (las condiciones de los recursos para proteger derechos derivados del Derecho de la Unión no pueden ser menos favorables que las de recursos similares de Derecho interno) y el principio de efectividad (las normas nacionales no pueden hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por la Unión; sentencias Rewe y Comet, 1976). Además, los Estados miembros deben establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión (art. 19.1 TUE) y respetar el principio de cooperación leal (art. 4.3 TUE), que los obliga a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de los Tratados.

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión en España

El art. 32.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la responsabilidad del Estado por daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada contraria al Derecho de la Unión Europea: procede la indemnización cuando el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada, y concurran los tres requisitos de la jurisprudencia Francovich (norma que confiera derechos, violación suficientemente caracterizada y relación de causalidad directa). El derecho a reclamar prescribe al año de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare la contradicción (art. 67.1 de la Ley 39/2015).

Instrumentos de las instituciones en el control de la aplicación del Derecho de la Unión

La aplicación uniforme del Derecho de la Unión se garantiza mediante varios mecanismos: el recurso por incumplimiento iniciado por la Comisión (arts. 258-260 TFUE), que culmina en sanciones pecuniarias; la cuestión prejudicial de interpretación y validez (art. 267 TFUE); el recurso de anulación contra los actos de las instituciones (art. 263 TFUE); la responsabilidad del Estado frente al particular; los procedimientos EU Pilot y de infracción previa con carta de emplazamiento y dictamen motivado; y la obligación de los jueces nacionales, que son jueces comunes del Derecho de la Unión, de aplicarlo de oficio e inaplicar la norma interna contraria.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Derecho originario: Tratados (TUE, TFUE) y Carta de Derechos Fundamentales (mismo valor jurídico desde Lisboa). Derecho derivado: reglamentos (directamente aplicables), directivas (obligan en cuanto al resultado, dejan margen en la forma) y decisiones (obligatorias en todos sus elementos).
  • El reglamento es directamente aplicable sin transposición; la directiva exige transposición dentro de plazo, pudiendo tener efecto directo vertical si no se transpone correctamente.
  • El principio de primacía (Costa/ENEL, 1964) obliga a inaplicar cualquier norma interna contraria, cualquiera que sea su rango; el efecto directo (Van Gend en Loos, 1963) permite invocar la norma europea directamente ante los tribunales nacionales.
  • Las directivas no transpuestas solo tienen efecto directo vertical (frente al Estado), no horizontal (frente a particulares), sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento (doctrina Francovich).
  • El Derecho derivado (art. 288 TFUE) comprende reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, adoptados por las instituciones en ejercicio de las competencias atribuidas.
  • El Derecho originario incluye también los principios generales del Derecho de la Unión, entre ellos los derechos fundamentales según el CEDH y las tradiciones constitucionales comunes (art. 6.3 TUE).
  • El reglamento se publica en el DOUE y entra en vigor en la fecha fijada o, en su defecto, a los 20 días de su publicación; es el instrumento típico de armonización uniforme.
  • La decisión es obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo obliga a estos; carece del carácter general del reglamento (ej. materia de competencia o ayudas de Estado).
  • Las recomendaciones y dictámenes carecen de fuerza vinculante, aunque el TJUE exige tenerlos en cuenta para la interpretación de disposiciones relacionadas.
  • Los actos delegados (art. 290 TFUE, completan/modifican elementos no esenciales) y los actos de ejecución (art. 291 TFUE, condiciones uniformes de ejecución) están sujetos a control del Parlamento y el Consejo.
  • Los acuerdos internacionales de la Unión, negociados por la Comisión (o el Alto Representante en PESC) bajo mandato del Consejo, forman parte del ordenamiento de la Unión una vez celebrados.
  • Los principios generales del Derecho de la Unión (seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad, no discriminación) son fuente no escrita elaborada por el TJUE, hoy en su mayoría codificados en la Carta.
  • El efecto directo (Van Gend en Loos) alcanza siempre a Tratados y reglamentos; las directivas solo tienen efecto directo vertical si son claras, precisas, incondicionales y no transpuestas o mal transpuestas.
  • Ante la falta de efecto directo horizontal de las directivas, el juez nacional recurre a la técnica de la interpretación conforme del Derecho interno con la directiva.
  • La responsabilidad del Estado por incumplimiento (doctrina Francovich, 1991) exige que la norma vulnerada confiera derechos a particulares, violación suficientemente caracterizada y relación de causalidad con el daño.
  • La responsabilidad interna por incumplimiento del Derecho de la UE se rige por la LO 2/2012 (principio de responsabilidad) y el Real Decreto 515/2013; el daño causado por una ley contraria al Derecho de la UE se indemniza conforme al art. 32.5 Ley 40/2015, con plazo de reclamación de un año desde la publicación de la sentencia del TJUE (art. 67.1 Ley 39/2015).
  • El procedimiento de infracción (art. 260.2 TFUE): si el Estado no ejecuta la sentencia declarativa de incumplimiento, la Comisión puede pedir suma a tanto alzado o multa coercitiva, repercutible sobre la Administración responsable.
  • Jerarquía interna del Derecho derivado: actos legislativos (procedimiento ordinario o especial), actos delegados (por la Comisión) y actos de ejecución (Comisión o, excepcionalmente, Consejo).
  • Los procedimientos legislativos especiales (por ejemplo, fiscalidad indirecta, art. 113 TFUE) se apartan del ordinario: el acto lo adopta el Parlamento con participación del Consejo, o el Consejo con participación del Parlamento (consulta o aprobación). En la PESC no se adoptan actos legislativos (art. 24.1 TUE).
  • Los actos jurídicos de la Unión deben estar motivados (art. 296 TFUE), garantía esencial para el control jurisdiccional de legalidad por el TJUE.
  • Fuentes del Derecho de la Unión: originario (TUE, TFUE, Euratom, Protocolos, Carta), derivado (art. 288 TFUE), acuerdos internacionales de la Unión (art. 216.2 TFUE: primacía sobre el derivado, subordinación al originario) y principios generales.
  • No confundir aplicabilidad directa (reglamento, sin transposición) con efecto directo (invocabilidad ante el juez: Tratados, reglamentos y directivas con requisitos de claridad, precisión e incondicionalidad).
  • Directivas: efecto directo vertical (frente al Estado y organismos asimilados, doctrina Foster), no horizontal (Marshall, Faccini Dori); en litigios entre particulares, interpretación conforme (Marleasing) y responsabilidad del Estado.
  • Primacía: Costa/ENEL (1964), Simmenthal (1978): el juez nacional inaplica la norma interna contraria sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. Efecto directo: Van Gend en Loos (1963). Responsabilidad del Estado: Francovich (1991), Brasserie du Pêcheur (1996), Köbler (2003).
  • Requisitos de la responsabilidad del Estado: la norma confiere derechos, violación suficientemente caracterizada y nexo causal directo con el daño.
  • Decisión (post-Lisboa): obligatoria en todos sus elementos; puede no tener destinatarios (alcance general) o tenerlos (solo obliga a estos). Recomendaciones y dictámenes no vinculan, pero los jueces deben tenerlos en cuenta (Grimaldi).
  • Entrada en vigor (art. 297 TFUE): fecha fijada en el acto o, en su defecto, a los 20 días de su publicación en el DOUE.
  • La Carta vincula a los Estados solo cuando aplican el Derecho de la Unión (art. 51.1 Carta, Åkerberg Fransson).
  • Autonomía procesal de los Estados limitada por los principios de equivalencia y efectividad (Rewe, Comet).
  • Tribunal Constitucional: primacía del Derecho de la Unión (art. 93 CE) frente a supremacía de la Constitución (Declaración 1/2004); el Derecho de la UE no es canon de constitucionalidad (STC 28/1991).
  • Los acuerdos internacionales de la Unión: la Comisión negocia (el Alto Representante en PESC), el Consejo autoriza la apertura, firma y celebra; el Parlamento aprueba en los supuestos del art. 218.6 TFUE; el Tribunal de Justicia puede dictaminar previamente su compatibilidad (art. 218.11).
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¿Qué característica distingue al reglamento europeo de la directiva?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Gestión AGE?

El Derecho de la Unión Europea se estructura en Derecho originario (los Tratados y sus Protocolos, la Carta de los Derechos Fundamentales y, según la doctrina, los principios generales) y Derecho derivado (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, adoptados por las instituciones conforme al art. 288 TFUE), junto con otras fuentes (acuerdos internacionales de la Unión, jurisprudencia, acuerdos interinstitucionales y actos atípicos). Se relaciona con el Derecho interno de los Estados miembros conforme a los principios de primacía, efecto directo, interpretación conforme y responsabilidad del Estado por incumplimiento, elaborados por el Tribunal de Justicia y asumidos, con matices, por el Tribunal Constitucional español.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

Derecho originario: Tratados (TUE, TFUE) y Carta de Derechos Fundamentales (mismo valor jurídico desde Lisboa). Derecho derivado: reglamentos (directamente aplicables), directivas (obligan en cuanto al resultado, dejan margen en la forma) y decisiones (obligatorias en todos sus elementos). El reglamento es directamente aplicable sin transposición; la directiva exige transposición dentro de plazo, pudiendo tener efecto directo vertical si no se transpone correctamente. El principio de primacía (Costa/ENEL, 1964) obliga a inaplicar cualquier norma interna contraria, cualquiera que sea su rango; el efecto directo (Van Gend en Loos, 1963) permite invocar la norma europea directamente ante los tribunales nacionales. Las directivas no transpuestas solo tienen efecto directo vertical (frente al Estado), no horizontal (frente a particulares), sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento (doctrina Francovich). El Derecho derivado (art. 288 TFUE) comprende reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, adoptados por las instituciones en ejercicio de las competencias atribuidas. El Derecho originario incluye también los principios generales del Derecho de la Unión, entre ellos los derechos fundamentales según el CEDH y las tradiciones constitucionales comunes (art. 6.3 TUE). El reglamento se publica en el DOUE y entra en vigor en la fecha fijada o, en su defecto, a los 20 días de su publicación; es el instrumento típico de armonización uniforme. La decisión es obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo obliga a estos; carece del carácter general del reglamento (ej. materia de competencia o ayudas de Estado). Las recomendaciones y dictámenes carecen de fuerza vinculante, aunque el TJUE exige tenerlos en cuenta para la interpretación de disposiciones relacionadas. Los actos delegados (art. 290 TFUE, completan/modifican elementos no esenciales) y los actos de ejecución (art. 291 TFUE, condiciones uniformes de ejecución) están sujetos a control del Parlamento y el Consejo. Los acuerdos internacionales de la Unión, negociados por la Comisión (o el Alto Representante en PESC) bajo mandato del Consejo, forman parte del ordenamiento de la Unión una vez celebrados. Los principios generales del Derecho de la Unión (seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad, no discriminación) son fuente no escrita elaborada por el TJUE, hoy en su mayoría codificados en la Carta. El efecto directo (Van Gend en Loos) alcanza siempre a Tratados y reglamentos; las directivas solo tienen efecto directo vertical si son claras, precisas, incondicionales y no transpuestas o mal transpuestas. Ante la falta de efecto directo horizontal de las directivas, el juez nacional recurre a la técnica de la interpretación conforme del Derecho interno con la directiva. La responsabilidad del Estado por incumplimiento (doctrina Francovich, 1991) exige que la norma vulnerada confiera derechos a particulares, violación suficientemente caracterizada y relación de causalidad con el daño. La responsabilidad interna por incumplimiento del Derecho de la UE se rige por la LO 2/2012 (principio de responsabilidad) y el Real Decreto 515/2013; el daño causado por una ley contraria al Derecho de la UE se indemniza conforme al art. 32.5 Ley 40/2015, con plazo de reclamación de un año desde la publicación de la sentencia del TJUE (art. 67.1 Ley 39/2015). El procedimiento de infracción (art. 260.2 TFUE): si el Estado no ejecuta la sentencia declarativa de incumplimiento, la Comisión puede pedir suma a tanto alzado o multa coercitiva, repercutible sobre la Administración responsable. Jerarquía interna del Derecho derivado: actos legislativos (procedimiento ordinario o especial), actos delegados (por la Comisión) y actos de ejecución (Comisión o, excepcionalmente, Consejo). Los procedimientos legislativos especiales (por ejemplo, fiscalidad indirecta, art. 113 TFUE) se apartan del ordinario: el acto lo adopta el Parlamento con participación del Consejo, o el Consejo con participación del Parlamento (consulta o aprobación). En la PESC no se adoptan actos legislativos (art. 24.1 TUE). Los actos jurídicos de la Unión deben estar motivados (art. 296 TFUE), garantía esencial para el control jurisdiccional de legalidad por el TJUE. Fuentes del Derecho de la Unión: originario (TUE, TFUE, Euratom, Protocolos, Carta), derivado (art. 288 TFUE), acuerdos internacionales de la Unión (art. 216.2 TFUE: primacía sobre el derivado, subordinación al originario) y principios generales. No confundir aplicabilidad directa (reglamento, sin transposición) con efecto directo (invocabilidad ante el juez: Tratados, reglamentos y directivas con requisitos de claridad, precisión e incondicionalidad). Directivas: efecto directo vertical (frente al Estado y organismos asimilados, doctrina Foster), no horizontal (Marshall, Faccini Dori); en litigios entre particulares, interpretación conforme (Marleasing) y responsabilidad del Estado. Primacía: Costa/ENEL (1964), Simmenthal (1978): el juez nacional inaplica la norma interna contraria sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. Efecto directo: Van Gend en Loos (1963). Responsabilidad del Estado: Francovich (1991), Brasserie du Pêcheur (1996), Köbler (2003). Requisitos de la responsabilidad del Estado: la norma confiere derechos, violación suficientemente caracterizada y nexo causal directo con el daño. Decisión (post-Lisboa): obligatoria en todos sus elementos; puede no tener destinatarios (alcance general) o tenerlos (solo obliga a estos). Recomendaciones y dictámenes no vinculan, pero los jueces deben tenerlos en cuenta (Grimaldi). Entrada en vigor (art. 297 TFUE): fecha fijada en el acto o, en su defecto, a los 20 días de su publicación en el DOUE. La Carta vincula a los Estados solo cuando aplican el Derecho de la Unión (art. 51.1 Carta, Åkerberg Fransson). Autonomía procesal de los Estados limitada por los principios de equivalencia y efectividad (Rewe, Comet). Tribunal Constitucional: primacía del Derecho de la Unión (art. 93 CE) frente a supremacía de la Constitución (Declaración 1/2004); el Derecho de la UE no es canon de constitucionalidad (STC 28/1991). Los acuerdos internacionales de la Unión: la Comisión negocia (el Alto Representante en PESC), el Consejo autoriza la apertura, firma y celebra; el Parlamento aprueba en los supuestos del art. 218.6 TFUE; el Tribunal de Justicia puede dictaminar previamente su compatibilidad (art. 218.11).

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Tratado de la Unión Europea (TUE), arts. 1, 4.3, 5, 6, 19, 24, 47, 48 y 51.
  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), arts. 216, 218, 258-260, 263, 267, 288-297.
  • Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 51 y 52.
  • Constitución Española, arts. 93 y 96; Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre; STC 28/1991 y STC 58/2004.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 32.5; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 67.1.
  • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
  • Reglamento (UE) nº 182/2011, de 16 de febrero de 2011 (comitología).
  • Jurisprudencia del TJUE: Van Gend en Loos (1963), Costa/ENEL (1964), Simmenthal (1978), Marshall (1986), Von Colson (1984), Marleasing (1990), Francovich (1991), Brasserie du Pêcheur y Factortame III (1996), Köbler (2003), Åkerberg Fransson (2013).

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