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Tema 10. Organización territorial (I): las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Organización política y administrativa. La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El Título VIII de la Constitución (arts. 137-158) configura el Estado autonómico: reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2), prevé dos vías de acceso a la autonomía (arts. 143 y 151, además de las disposiciones transitorias), exige un Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147), fija la organización institucional básica de las Comunidades (art. 152) y distribuye las competencias entre el Estado y las Comunidades mediante un doble listado (arts. 148 y 149) cerrado por la cláusula residual del art. 149.3. España cuenta con 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).

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Principios generales (arts. 2, 137-139 CE)

El art. 2 CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El art. 137 organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 138 obliga al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular; las diferencias entre los Estatutos no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. El art. 139 proclama la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio y prohíbe a las autoridades adoptar medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes.

Estructura del Título VIII CE y proceso autonómico

El Título VIII se divide en tres capítulos: Principios generales (arts. 137-139), Administración Local (arts. 140-142) y Comunidades Autónomas (arts. 143-158). La Constitución no cierra el mapa autonómico: sigue un principio dispositivo, permitiendo a las provincias, territorios insulares y entidades regionales decidir si acceden a la autonomía. Hitos: Estatutos del País Vasco (LO 3/1979) y de Cataluña (LO 4/1979), ambos en 1979; Galicia (LO 1/1981) y Andalucía (LO 6/1981); el resto de Estatutos entre 1981 y 1983; los Pactos Autonómicos de 1992 y la LO 9/1992 (transferencia de competencias a las Comunidades del art. 143); y las reformas estatutarias de segunda generación a partir de 2006 (Cataluña, LO 6/2006, parcialmente anulada e interpretada por la STC 31/2010).

La vía ordinaria de acceso a la autonomía (arts. 143 y 148.2 CE)

El art. 143.1 permite acceder al autogobierno a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla (art. 143.2). Los Estatutos así aprobados asumían inicialmente las competencias del art. 148 CE, y podían ampliarlas transcurridos cinco años, mediante reforma de sus Estatutos, dentro del marco del art. 149 (art. 148.2). Se prevé un plazo de seis meses para ejercer la iniciativa tras el primer acuerdo (art. 143.3).

La vía agravada de acceso a la autonomía (art. 151 CE y disposición transitoria 2ª)

El art. 151.1 exige que la iniciativa sea acordada por las Diputaciones o los órganos interinsulares y por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y que sea ratificada mediante referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Con ella se accedía desde el inicio al máximo nivel competencial del art. 149. La disposición transitoria segunda permitió una vía más simple a los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto (Cataluña, País Vasco y Galicia). Andalucía utilizó el art. 151 tras el referéndum del 28 de febrero de 1980. Navarra accedió por la vía de la disposición adicional primera (amejoramiento del régimen foral, LO 13/1982), y la Comunidad Valenciana y Canarias recibieron sus competencias a través de leyes orgánicas de transferencia del art. 150.2 (LO 12/1982 y LO 11/1982).

Otras vías: art. 144 CE y Ceuta y Melilla

El art. 144 CE permite a las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, a) autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1 (vía utilizada por la Comunidad de Madrid); b) autorizar o acordar un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial (supuesto de Ceuta y Melilla); y c) sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales del art. 143.2. Ceuta y Melilla se constituyeron en Ciudades con Estatuto de Autonomía por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, en virtud de la disposición transitoria quinta CE.

Los Estatutos de Autonomía (arts. 146-147 CE)

Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1). Su contenido mínimo (art. 147.2): a) la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; b) la delimitación de su territorio; c) la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; d) las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Elaboración (art. 146): el proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Se aprueban mediante ley orgánica (art. 81 CE).

Naturaleza jurídica del Estatuto y su reforma

El Estatuto es formalmente una ley orgánica del Estado, pero materialmente es la norma institucional básica de la Comunidad y goza de una posición singular: forma parte del bloque de la constitucionalidad (parámetro para enjuiciar la validez de las leyes del Estado y de la Comunidad en materia de competencias). La reforma sigue el procedimiento previsto en el propio Estatuto, requiriendo en todo caso la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3). En las Comunidades del art. 151 (y en los Estatutos que así lo prevén) la reforma exige referéndum de los electores. Es posible el control previo o a posteriori por el Tribunal Constitucional, como en la STC 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña de 2006.

Organización institucional básica de las CCAA (art. 152 CE)

El art. 152.1 CE exige para las Comunidades de la vía del art. 151 una organización institucional basada en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad. Todas las Comunidades han reproducido, en la práctica, este modelo. Los Presidentes son responsables políticamente ante la Asamblea. Pueden existir instituciones como el Defensor del Pueblo autonómico, el Consejo consultivo y el Tribunal de Cuentas o Cámara de Cuentas autonómicos.

Prohibición de federación y convenios entre CCAA (art. 145 CE)

En ningún caso se admite la federación de Comunidades Autónomas (art. 145.1). Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades puedan celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales (art. 145.2).

Distribución de competencias: sistema general (arts. 148, 149 y 150 CE)

Sistema de doble lista cerrado por una cláusula residual: el art. 148.1 enumera las materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir (organización de sus instituciones de autogobierno; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; obras públicas de interés de la Comunidad; ferrocarriles y carreteras de su ámbito; agricultura y ganadería; montes; medio ambiente; asistencia social; sanidad e higiene; cultura, patrimonio monumental, turismo, deporte, entre otras); el art. 149.1 enumera las materias de competencia exclusiva del Estado; el art. 149.3 dispone que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las CCAA en virtud de sus Estatutos; la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas; y el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Competencias exclusivas del Estado más relevantes (art. 149.1 CE)

1ª regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales; 2ª nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; 3ª relaciones internacionales; 4ª Defensa y Fuerzas Armadas; 5ª Administración de Justicia; 6ª legislación mercantil, penal y penitenciaria, y legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades en el orden jurisdiccional derivadas de las particularidades del derecho sustantivo de las CCAA; 7ª legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las CCAA; 8ª legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las CCAA de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; 9ª propiedad intelectual e industrial; 13ª bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; 14ª Hacienda general y Deuda del Estado; 16ª sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos; 17ª legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; 18ª bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, legislación sobre expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones, y legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; 23ª legislación básica sobre protección del medio ambiente; 29ª seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las CCAA; 30ª condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE; 32ª autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Tipos de competencias: exclusivas, compartidas, ejecutivas y concurrentes

Las competencias pueden ser exclusivas (potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva del mismo titular); compartidas (el Estado fija las bases o legislación básica y la Comunidad desarrolla y ejecuta, p. ej. sanidad, medio ambiente, régimen local); de mera ejecución (la legislación corresponde al Estado y la ejecución a la Comunidad, p. ej. legislación laboral); y concurrentes (ambos actúan sobre la misma materia desde títulos distintos, como la cultura, art. 149.2 CE). El Tribunal Constitucional ha exigido que las bases tengan carácter formal (norma con rango de ley) y material (contenido básico, común). La supletoriedad del derecho estatal del art. 149.3 no es una cláusula atributiva de competencia al Estado (SSTC 118/1996 y 61/1997).

Ampliación competencial y flexibilización del sistema (art. 150 CE)

El art. 150.1 permite a las Cortes atribuir a todas o a alguna de las Comunidades, en materia de competencia estatal, la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal (leyes marco). El art. 150.2 permite al Estado transferir o delegar en las Comunidades, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación (ejemplos: LO 12/1982 y LO 11/1982, para Valencia y Canarias, y LO 9/1992). El art. 150.3 prevé las leyes de armonización, que el Estado puede dictar aun en materias de competencia de las Comunidades cuando así lo exija el interés general, apreciado por la mayoría absoluta de cada Cámara. La LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) fue declarada en gran parte inconstitucional por la STC 76/1983.

Los conflictos de competencia y el control jurisdiccional

El Tribunal Constitucional resuelve los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (art. 161.1.c CE; LO 2/1979, del Tribunal Constitucional). Los conflictos positivos requieren requerimiento previo de incompetencia, que ha de formularse dentro de los dos meses siguientes a la publicación o comunicación de la disposición controvertida; si no es atendido, se acude al Tribunal. Los conflictos negativos se suscitan cuando ninguna Administración se considera competente. Además, el recurso de inconstitucionalidad contra leyes (plazo de tres meses) puede ser interpuesto por el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades. El Gobierno puede invocar el art. 161.2 CE para provocar la suspensión de las disposiciones o resoluciones autonómicas impugnadas, que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.

El control de la actividad de los órganos de las CCAA (art. 153 CE)

Se ejerce: a) por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; b) por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el art. 150.2; c) por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y d) por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

La coerción estatal del art. 155 CE

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para ello, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Se aplicó por primera y única vez en octubre de 2017 respecto de Cataluña (acuerdo del Senado de 27 de octubre de 2017).

La financiación de las Comunidades Autónomas (arts. 156-158 CE)

Las CCAA gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (art. 156). El art. 157 enumera sus recursos: impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. Las CCAA no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Desarrollo: Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El País Vasco y Navarra tienen un régimen foral propio (Concierto y Convenio económicos) reconocido por la disposición adicional primera CE.

El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE)

Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. El art. 158.1 prevé además que en los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las CCAA en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Vía ordinaria (art. 143): iniciativa de las Diputaciones y de 2/3 de los municipios que representen la mayoría del censo; competencias iniciales del art. 148; ampliación a los 5 años (148.2). Vía especial (art. 151): iniciativa con 3/4 de los municipios y referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia; techo competencial máximo desde el inicio.
  • El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada CA, aprobado y reformado mediante ley orgánica (arts. 81 y 147 CE).
  • El art. 152 CE exige para las CCAA de vía del art. 151 una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional, un Consejo de Gobierno y un Presidente, y un Tribunal Superior de Justicia.
  • La cláusula residual del art. 149.3 CE atribuye al Estado las materias no asumidas por los Estatutos, el derecho estatal prevalece en caso de conflicto en lo no atribuido a la exclusiva competencia autonómica, y es siempre supletorio del autonómico.
  • El Título VIII se estructura en tres capítulos: Principios generales (137-139), Administración Local (140-142) y Comunidades Autónomas (143-158).
  • Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron por la disposición transitoria 2ª; Andalucía, por el art. 151 (referéndum de 28-2-1980); Navarra, por la disposición adicional 1ª; Valencia y Canarias, con leyes de transferencia del art. 150.2.
  • El art. 144 CE permite a las Cortes autorizar por ley orgánica la constitución de una CA uniprovincial sin los requisitos del 143.1 (Madrid) o un Estatuto para territorios no integrados en la organización provincial (Ceuta y Melilla), o sustituir la iniciativa local.
  • El contenido mínimo del Estatuto (147.2): denominación, territorio, instituciones (denominación, organización y sede) y competencias asumidas con bases para el traspaso de servicios.
  • Competencias exclusivas del Estado (149.1): nacionalidad e inmigración, relaciones internacionales, Defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, penitenciaria y procesal, laboral (ejecución autonómica), civil (con Derecho foral), Hacienda general y bases del régimen jurídico de las AAPP.
  • Transcurridos 5 años desde sus Estatutos, las CCAA pueden ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del art. 149 mediante reforma estatutaria (art. 148.2).
  • Art. 150: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización, con mayoría absoluta de cada Cámara (150.3). La LOAPA fue declarada en gran parte inconstitucional (STC 76/1983).
  • Art. 145: se prohíbe la federación de CCAA; los convenios entre CCAA se comunican a las Cortes y los acuerdos de cooperación requieren su autorización.
  • Principio de igualdad territorial (139): mismos derechos y obligaciones en todo el territorio, y prohibición de obstáculos a la libertad de circulación, establecimiento y libre circulación de bienes.
  • El control de la actividad de las CCAA (153) corresponde al TC (constitucionalidad de normas con fuerza de ley), al Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (funciones delegadas del 150.2), a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas.
  • La coerción estatal (art. 155) exige requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado; se aplicó en octubre de 2017 respecto de Cataluña.
  • La financiación autonómica (156-157) se basa en impuestos cedidos, tributos propios, transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y operaciones de crédito, bajo los principios de coordinación y solidaridad; régimen foral en País Vasco y Navarra.
  • El Fondo de Compensación Interterritorial (158.2) corrige desequilibrios económicos entre territorios, se destina a gastos de inversión y lo distribuyen las Cortes Generales.
  • El conflicto positivo de competencia exige requerimiento previo de incompetencia dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la norma controvertida; el recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo de tres meses; la suspensión del art. 161.2 CE se ratifica o levanta en cinco meses.
  • España tiene 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla, LO 1/1995 y LO 2/1995).
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¿Qué establece la cláusula residual del art. 149.3 CE respecto de las materias no atribuidas expresamente al Estado?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 10 de Gestión AGE?

El Título VIII de la Constitución (arts. 137-158) configura el Estado autonómico: reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2), prevé dos vías de acceso a la autonomía (arts. 143 y 151, además de las disposiciones transitorias), exige un Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147), fija la organización institucional básica de las Comunidades (art. 152) y distribuye las competencias entre el Estado y las Comunidades mediante un doble listado (arts. 148 y 149) cerrado por la cláusula residual del art. 149.3. España cuenta con 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).

¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?

Vía ordinaria (art. 143): iniciativa de las Diputaciones y de 2/3 de los municipios que representen la mayoría del censo; competencias iniciales del art. 148; ampliación a los 5 años (148.2). Vía especial (art. 151): iniciativa con 3/4 de los municipios y referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia; techo competencial máximo desde el inicio. El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada CA, aprobado y reformado mediante ley orgánica (arts. 81 y 147 CE). El art. 152 CE exige para las CCAA de vía del art. 151 una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional, un Consejo de Gobierno y un Presidente, y un Tribunal Superior de Justicia. La cláusula residual del art. 149.3 CE atribuye al Estado las materias no asumidas por los Estatutos, el derecho estatal prevalece en caso de conflicto en lo no atribuido a la exclusiva competencia autonómica, y es siempre supletorio del autonómico. El Título VIII se estructura en tres capítulos: Principios generales (137-139), Administración Local (140-142) y Comunidades Autónomas (143-158). Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron por la disposición transitoria 2ª; Andalucía, por el art. 151 (referéndum de 28-2-1980); Navarra, por la disposición adicional 1ª; Valencia y Canarias, con leyes de transferencia del art. 150.2. El art. 144 CE permite a las Cortes autorizar por ley orgánica la constitución de una CA uniprovincial sin los requisitos del 143.1 (Madrid) o un Estatuto para territorios no integrados en la organización provincial (Ceuta y Melilla), o sustituir la iniciativa local. El contenido mínimo del Estatuto (147.2): denominación, territorio, instituciones (denominación, organización y sede) y competencias asumidas con bases para el traspaso de servicios. Competencias exclusivas del Estado (149.1): nacionalidad e inmigración, relaciones internacionales, Defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, penitenciaria y procesal, laboral (ejecución autonómica), civil (con Derecho foral), Hacienda general y bases del régimen jurídico de las AAPP. Transcurridos 5 años desde sus Estatutos, las CCAA pueden ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del art. 149 mediante reforma estatutaria (art. 148.2). Art. 150: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización, con mayoría absoluta de cada Cámara (150.3). La LOAPA fue declarada en gran parte inconstitucional (STC 76/1983). Art. 145: se prohíbe la federación de CCAA; los convenios entre CCAA se comunican a las Cortes y los acuerdos de cooperación requieren su autorización. Principio de igualdad territorial (139): mismos derechos y obligaciones en todo el territorio, y prohibición de obstáculos a la libertad de circulación, establecimiento y libre circulación de bienes. El control de la actividad de las CCAA (153) corresponde al TC (constitucionalidad de normas con fuerza de ley), al Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (funciones delegadas del 150.2), a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas. La coerción estatal (art. 155) exige requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado; se aplicó en octubre de 2017 respecto de Cataluña. La financiación autonómica (156-157) se basa en impuestos cedidos, tributos propios, transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y operaciones de crédito, bajo los principios de coordinación y solidaridad; régimen foral en País Vasco y Navarra. El Fondo de Compensación Interterritorial (158.2) corrige desequilibrios económicos entre territorios, se destina a gastos de inversión y lo distribuyen las Cortes Generales. El conflicto positivo de competencia exige requerimiento previo de incompetencia dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la norma controvertida; el recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo de tres meses; la suspensión del art. 161.2 CE se ratifica o levanta en cinco meses. España tiene 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla, LO 1/1995 y LO 2/1995).

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 2, 81, 137-158 y 161, BOE-A-1978-31229.
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, BOE-A-1979-23709.
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
  • Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
  • Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, de Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla.
  • Sentencias del Tribunal Constitucional 76/1983 (LOAPA), 118/1996 y 61/1997 (supletoriedad) y 31/2010 (Estatuto de Cataluña).

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