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Tema 6. El poder ejecutivo. El Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. El Consejo de Estado.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. El Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo del Gobierno, dictamina los asuntos de mayor trascendencia jurídica de la Administración.

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Composición y funciones del Gobierno (arts. 97-98 CE; Ley 50/1997)

El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1); el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión (art. 98.2). Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni ninguna otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3); la ley regula su estatuto e incompatibilidades (art. 98.4). El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97). Los miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100). Desarrollo legal en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Designación del Presidente del Gobierno (art. 99 CE)

Tras cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales (dimisión, fallecimiento, pérdida de la confianza o moción de censura), el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso (art. 99.1). El candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara (art. 99.2). La confianza se otorga por mayoría absoluta en primera votación; si no se alcanza, se somete a nueva votación 48 horas después y bastará la mayoría simple (art. 99.3). Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso (art. 99.5). Otorgada la confianza, el Rey nombra al Presidente (art. 99.3), que toma posesión y propone a los demás miembros del Gobierno.

Cese y responsabilidad del Gobierno (arts. 101, 108, 112, 113 CE)

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101.1); el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (101.2). El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108). La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente ante el Congreso, entendiéndose otorgada por mayoría simple. La moción de censura (art. 113), «constructiva», se propone al menos por la décima parte de los Diputados, y requiere mayoría absoluta para prosperar.

Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno; a su vez, estos tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones, con derecho a ser oídos siempre que lo soliciten (art. 110 CE). El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, existiendo un tiempo mínimo semanal reservado a esta función (art. 111 CE).

El Consejo de Ministros: naturaleza y competencias

Órgano colegiado del Gobierno, integrado por el Presidente, los Vicepresidentes y los Ministros, al que corresponde aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso o, en su caso, al Senado; aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos; y acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, entre otras funciones ejecutivas y normativas de mayor relevancia.

Las Comisiones Delegadas del Gobierno

Órganos colegiados de coordinación, creados por Real Decreto del Consejo de Ministros, para examinar cuestiones de carácter general que afecten a varios Ministerios, coordinar la actividad de los Departamentos afectados por una misma directriz política, y estudiar asuntos que, por su especial trascendencia, requieren la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros u otro órgano superior.

El cese del Gobierno y el Gobierno en funciones (art. 101 CE)

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101.1). El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101.2). El Gobierno en funciones, regulado en el art. 21 de la Ley 50/1997, debe facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, y limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, abstiéndose de adoptar otras medidas salvo casos de urgencia debidamente acreditados o cuando lo exija el interés general. No puede ser sometido a una moción de censura ni plantear la cuestión de confianza, ni proponer la disolución de las Cámaras, ni aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado. Sigue sometido al control parlamentario y, en caso de urgencia acreditada, puede dictar decretos-leyes.

La moción de censura constructiva (art. 113 CE)

Debe proponerla al menos una décima parte de los Diputados e incluir necesariamente un candidato alternativo a la Presidencia, de modo que su aprobación invista automáticamente a un nuevo Presidente. Exige mayoría absoluta del Congreso. Si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

La cuestión de confianza (art. 112 CE)

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso si este le sigue otorgando su confianza, sobre su programa o una declaración de política general. Basta la mayoría simple para su otorgamiento. Si se deniega, el Presidente dimite y se inicia un nuevo procedimiento de investidura.

La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (art. 102 CE)

La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Los Decretos-leyes (art. 86 CE)

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o derogación.

Los Decretos Legislativos: leyes de bases y textos refundidos (art. 82 CE)

Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a ley orgánica, mediante una ley de bases (para elaborar textos articulados) o mediante una ley ordinaria (para refundir varios textos legales en uno solo). La delegación debe otorgarse de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo; se agota por su uso mediante la publicación de la norma correspondiente.

La iniciativa legislativa del Gobierno: los anteproyectos de ley

El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante la elaboración de anteproyectos de ley, aprobados en primera instancia por el Consejo de Ministros, sometidos después a los informes, dictámenes y consultas preceptivas (incluido, en su caso, el del Consejo de Estado) antes de su aprobación definitiva como proyecto de ley y su remisión al Congreso de los Diputados.

El Gobierno en funciones: límites de su actuación

Tras su cese, el Gobierno continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, y su gestión debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos (art. 21 Ley 50/1997). No puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado; tampoco puede proponer la disolución de las Cámaras ni ser objeto de moción de censura ni plantear la cuestión de confianza. Sus decisiones siguen siendo recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa y su actividad sometida al control político de las Cortes.

La potestad reglamentaria del Gobierno

El art. 97 CE atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria, esto es, la facultad de dictar reglamentos (Reales Decretos del Consejo de Ministros o del Presidente, Órdenes Ministeriales) de desarrollo y ejecución de las leyes, o de organización interna de la Administración, siempre con sometimiento pleno a la ley y sujetos a control jurisdiccional por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE).

El Presidente del Gobierno: funciones de dirección y coordinación

Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión (art. 98.2 CE). Le corresponde, entre otras funciones, proponer al Rey el nombramiento y cese de los demás miembros del Gobierno, plantear ante el Congreso la cuestión de confianza y proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado: naturaleza y regulación (art. 107 CE; LO 3/1980)

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107 CE), regulado por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Actúa con autonomía orgánica y funcional en garantía de su objetividad e independencia, velando por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. No forma parte de la Administración activa ni del Poder Judicial. Su dictamen, con carácter general no vinculante (salvo excepciones tasadas por ley), tiene sin embargo un notable peso jurídico e institucional. Los asuntos se pueden remitir a consulta por el Gobierno, los Ministros, los Presidentes de las Comunidades Autónomas y, en determinados supuestos, otros sujetos.

Composición y funcionamiento del Consejo de Estado

El Consejo de Estado está presidido por su Presidente, nombrado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. Se integra por Consejeros permanentes (juristas de reconocido prestigio, nombrados por Real Decreto), Consejeros natos (titulares de altos cargos que determina la ley, como el Fiscal General del Estado, el Abogado General del Estado o los Directores de varias Reales Academias, entre otros) y Consejeros electivos (de designación temporal por el Gobierno). Funciona en Pleno, Comisión Permanente, Comisión de Estudios y Secciones por materias. El Pleno conoce de los asuntos de especial trascendencia, y la Comisión Permanente de la mayor parte de los dictámenes ordinarios. La Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, reformó profundamente la LO 3/1980.

Dictámenes preceptivos del Consejo de Estado

El Consejo de Estado debe ser consultado preceptivamente, entre otros supuestos, en: los proyectos de decretos legislativos; los anteproyectos de ley que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados internacionales y del Derecho de la Unión Europea; los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones; los expedientes de revisión de oficio de disposiciones y actos administrativos (en que el dictamen debe ser favorable para poder declarar la nulidad); y las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Los dictámenes son, por regla general, no vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario; el dictamen es facultativo cuando lo solicita el Gobierno sin que la ley lo exija. Además, el Consejo emite una Memoria anual sobre su actividad y puede elaborar informes sobre reformas normativas.

Distinción entre el Consejo de Estado y otros órganos consultivos sectoriales

El Consejo de Estado es el órgano consultivo superior y de ámbito general de toda la Administración General del Estado, sin perjuicio de la existencia de órganos consultivos autonómicos equivalentes (Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas) que asumen funciones análogas respecto de la Administración autonómica y local de su territorio, con los que el Consejo de Estado no mantiene relación jerárquica.

Estatuto y funciones del Presidente del Gobierno (Ley 50/1997)

El Presidente representa al Gobierno, determina las directrices de la política interior y exterior, vela por su cumplimiento, convoca y preside el Consejo de Ministros, propone al Rey el nombramiento y cese de los Vicepresidentes y Ministros, propone al Rey, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales (art. 115 CE), plantea la cuestión de confianza, propone la convocatoria del referéndum consultivo (art. 92) y puede interponer recurso de inconstitucionalidad (art. 162.1.a). Mediante Real Decreto del Presidente se crean, modifican y suprimen los Ministerios y las Secretarías de Estado.

La disolución anticipada de las Cortes (art. 115 CE)

El Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey con refrendo del propio Presidente del Gobierno. La propuesta no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución por este procedimiento. No procede durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio. El decreto fija la fecha de las elecciones, que se celebran el día 54 desde la convocatoria.

Los Decretos-leyes: control y doctrina del Tribunal Constitucional

El presupuesto habilitante del art. 86 CE es la extraordinaria y urgente necesidad, cuya concurrencia es controlable por el Tribunal Constitucional, que exige que el Gobierno explicite razones objetivas y que exista conexión entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas. El límite material de no «afectar» a las instituciones básicas, a los derechos del Título I, al régimen de las CCAA ni al Derecho electoral general ha sido interpretado por el Tribunal (desde la STC 111/1983, caso Rumasa) en sentido restrictivo: no veda cualquier regulación de la materia, sino alterar su régimen general. Convalidado, el decreto-ley puede tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3). El Decreto-ley puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad y de cuestión de inconstitucionalidad.

Relaciones Gobierno-Cortes: cuadro de instrumentos (Título V CE)

Instrumentos de información y control: información y ayuda que pueden recabar las Cámaras al Gobierno y a la Administración (art. 109); comparecencia de los miembros del Gobierno (art. 110); interpelaciones y preguntas, con una sesión de control semanal (art. 111); cuestión de confianza (art. 112); moción de censura (art. 113); dimisión del Gobierno (art. 114). Instrumentos de colaboración o dependencia mutua: investidura del Presidente (art. 99), delegación legislativa (arts. 82-85), decretos-leyes y su convalidación (art. 86), autorización previa de tratados (art. 94), presentación de proyectos de ley y de Presupuestos (arts. 88 y 134), declaración de estados excepcionales (art. 116) y disolución de las Cortes (art. 115). El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso, no ante el Senado (art. 108).

Estructura de los miembros del Gobierno y de la Administración General del Estado

La Ley 50/1997 regula el Presidente, los Vicepresidentes (que pueden asumir carteras ministeriales), los Ministros con cartera y, en su caso, sin cartera, y los Secretarios de Estado, que no son miembros del Gobierno pero dirigen y coordinan órganos superiores de los Ministerios. El Consejo de Ministros se asiste de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que prepara sus reuniones, y del Secretariado del Gobierno, que presta apoyo. Su actividad queda protegida por el secreto del Consejo de Ministros, cuyas deliberaciones son reservadas. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el régimen de los órganos superiores y directivos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La investidura (art. 99) exige mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple 48 horas después en segunda; si transcurren 2 meses sin investidura, el Rey disuelve las Cortes y convoca elecciones.
  • La moción de censura española es 'constructiva': debe incluir un candidato alternativo y requiere mayoría absoluta (art. 113); la cuestión de confianza (art. 112) solo requiere mayoría simple.
  • El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados (art. 108), no ante el Senado.
  • El Consejo de Estado (art. 107 CE, LO 3/1980) es el supremo órgano consultivo del Gobierno; sus dictámenes pueden ser preceptivos o facultativos, y no vinculan salvo que la ley disponga otra cosa.
  • El Gobierno se compone del Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (98.1); dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97).
  • El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (101.1); el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.
  • Relaciones Gobierno-Cortes: comparecencia a requerimiento de las Cámaras, acceso del Gobierno a las sesiones, y sometimiento a interpelaciones y preguntas con tiempo mínimo semanal reservado (arts. 110-111).
  • El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el proyecto de PGE, los Reales Decretos-leyes y Decretos Legislativos, y acuerda la negociación y firma de tratados internacionales.
  • Las Comisiones Delegadas del Gobierno, creadas por RD del Consejo de Ministros, coordinan cuestiones que afectan a varios Ministerios.
  • El Gobierno en funciones (art. 21 Ley 50/1997) limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos: no puede aprobar el proyecto de PGE ni presentar proyectos de ley, ni proponer la disolución, ni ser objeto de moción de censura ni plantear la cuestión de confianza; en caso de urgencia acreditada puede adoptar otras medidas, como decretos-leyes.
  • La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (102) se exige ante la Sala de lo Penal del TS; por traición o delito contra la seguridad del Estado, exige iniciativa de 1/4 del Congreso y aprobación por mayoría absoluta.
  • Los Decretos-leyes (86) exigen extraordinaria y urgente necesidad, no pueden afectar a instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general, y deben convalidarse o derogarse en 30 días.
  • Los Decretos Legislativos (82) requieren delegación mediante ley de bases (textos articulados) o ley ordinaria (textos refundidos), expresa, para materia concreta y con plazo; se agotan con su uso.
  • La potestad reglamentaria del Gobierno (97) se ejerce mediante Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, con sometimiento pleno a la ley y control jurisdiccional contencioso-administrativo (106.1).
  • El Consejo de Estado actúa con autonomía orgánica y funcional; se compone de Presidente, Consejeros permanentes, natos y electivos, funcionando en Pleno, Comisión Permanente y Secciones.
  • Dictámenes preceptivos del Consejo de Estado: anteproyectos que desarrollan leyes orgánicas, proyectos de decretos legislativos, reglamentos de ejecución de leyes, revisión de oficio y responsabilidad patrimonial de cuantía elevada.
  • El Presidente del Gobierno dirige y coordina la acción de sus miembros, propone al Rey su nombramiento y cese, plantea la cuestión de confianza y propone la disolución de las Cámaras (art. 98.2 CE).
  • El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso (art. 108); su cese y la moción de censura (113) constructiva suponen la investidura automática del candidato propuesto (art. 114.2).
  • Disolución anticipada (art. 115): decide el Presidente del Gobierno bajo su exclusiva responsabilidad; no cabe con moción de censura en trámite ni antes de un año de la anterior ni en estados excepcionales.
  • Los dictámenes del Consejo de Estado en revisión de oficio deben ser favorables para declarar la nulidad; en responsabilidad patrimonial son preceptivos desde 50.000 euros.
  • La LO 3/1980 fue reformada por la LO 3/2004; el Consejo de Estado emite una Memoria anual y no es órgano del Poder Judicial ni parte de la Administración activa.
  • La responsabilidad criminal del Gobierno (art. 102) se exige ante la Sala de lo Penal del TS; no cabe el derecho de gracia en esos supuestos (art. 102.3 CE).
  • Los miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100 CE); el Presidente es nombrado tras la investidura (art. 99 CE).
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¿Qué mayoría exige la moción de censura del art. 113 CE para prosperar?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Gestión AGE?

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. El Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo del Gobierno, dictamina los asuntos de mayor trascendencia jurídica de la Administración.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

La investidura (art. 99) exige mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple 48 horas después en segunda; si transcurren 2 meses sin investidura, el Rey disuelve las Cortes y convoca elecciones. La moción de censura española es 'constructiva': debe incluir un candidato alternativo y requiere mayoría absoluta (art. 113); la cuestión de confianza (art. 112) solo requiere mayoría simple. El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados (art. 108), no ante el Senado. El Consejo de Estado (art. 107 CE, LO 3/1980) es el supremo órgano consultivo del Gobierno; sus dictámenes pueden ser preceptivos o facultativos, y no vinculan salvo que la ley disponga otra cosa. El Gobierno se compone del Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (98.1); dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97). El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (101.1); el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Relaciones Gobierno-Cortes: comparecencia a requerimiento de las Cámaras, acceso del Gobierno a las sesiones, y sometimiento a interpelaciones y preguntas con tiempo mínimo semanal reservado (arts. 110-111). El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el proyecto de PGE, los Reales Decretos-leyes y Decretos Legislativos, y acuerda la negociación y firma de tratados internacionales. Las Comisiones Delegadas del Gobierno, creadas por RD del Consejo de Ministros, coordinan cuestiones que afectan a varios Ministerios. El Gobierno en funciones (art. 21 Ley 50/1997) limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos: no puede aprobar el proyecto de PGE ni presentar proyectos de ley, ni proponer la disolución, ni ser objeto de moción de censura ni plantear la cuestión de confianza; en caso de urgencia acreditada puede adoptar otras medidas, como decretos-leyes. La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (102) se exige ante la Sala de lo Penal del TS; por traición o delito contra la seguridad del Estado, exige iniciativa de 1/4 del Congreso y aprobación por mayoría absoluta. Los Decretos-leyes (86) exigen extraordinaria y urgente necesidad, no pueden afectar a instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general, y deben convalidarse o derogarse en 30 días. Los Decretos Legislativos (82) requieren delegación mediante ley de bases (textos articulados) o ley ordinaria (textos refundidos), expresa, para materia concreta y con plazo; se agotan con su uso. La potestad reglamentaria del Gobierno (97) se ejerce mediante Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, con sometimiento pleno a la ley y control jurisdiccional contencioso-administrativo (106.1). El Consejo de Estado actúa con autonomía orgánica y funcional; se compone de Presidente, Consejeros permanentes, natos y electivos, funcionando en Pleno, Comisión Permanente y Secciones. Dictámenes preceptivos del Consejo de Estado: anteproyectos que desarrollan leyes orgánicas, proyectos de decretos legislativos, reglamentos de ejecución de leyes, revisión de oficio y responsabilidad patrimonial de cuantía elevada. El Presidente del Gobierno dirige y coordina la acción de sus miembros, propone al Rey su nombramiento y cese, plantea la cuestión de confianza y propone la disolución de las Cámaras (art. 98.2 CE). El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso (art. 108); su cese y la moción de censura (113) constructiva suponen la investidura automática del candidato propuesto (art. 114.2). Disolución anticipada (art. 115): decide el Presidente del Gobierno bajo su exclusiva responsabilidad; no cabe con moción de censura en trámite ni antes de un año de la anterior ni en estados excepcionales. Los dictámenes del Consejo de Estado en revisión de oficio deben ser favorables para declarar la nulidad; en responsabilidad patrimonial son preceptivos desde 50.000 euros. La LO 3/1980 fue reformada por la LO 3/2004; el Consejo de Estado emite una Memoria anual y no es órgano del Poder Judicial ni parte de la Administración activa. La responsabilidad criminal del Gobierno (art. 102) se exige ante la Sala de lo Penal del TS; no cabe el derecho de gracia en esos supuestos (art. 102.3 CE). Los miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100 CE); el Presidente es nombrado tras la investidura (art. 99 CE).

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título IV (arts. 97-107) y Título V (arts. 108-116), BOE-A-1978-31229.
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
  • Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la LO 3/1980 del Consejo de Estado.
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 106, revisión de oficio; art. 81, responsabilidad patrimonial).

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