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Tema 6. Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y condición de refugiado.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El régimen de los extranjeros en España se regula en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, desarrollada por su Reglamento de ejecución (aprobado por el Real Decreto 1155/2024, que sustituyó al Reglamento de 2011), que distingue entre situaciones de estancia y residencia y establece los requisitos de entrada, permanencia y salida del territorio nacional. El Estado tiene competencia exclusiva en nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo (art. 149.1.2ª CE). El derecho de asilo y la condición de refugiado se regulan de forma separada por la Ley 12/2009, en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y del Sistema Europeo Común de Asilo, hoy renovado por el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

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El fundamento constitucional del régimen de extranjería (arts. 13 y 149.1.2ª CE)

El art. 13.1 CE dispone que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. El art. 13.2 establece que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23 (participación política), salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (texto resultante de la reforma constitucional de 1992). El art. 13.3 dispone que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y que quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. El art. 13.4 remite a la ley el derecho de asilo. El art. 149.1.2ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, sin perjuicio de las competencias autonómicas de integración social y de ejecución en materia laboral. La STC 107/1984 distingue tres grupos de derechos: los que corresponden por igual a españoles y extranjeros por pertenecer a la persona como tal (por ejemplo, la vida o la dignidad), los exclusivos de los españoles (art. 23) y los que dependen de lo que dispongan los tratados y las leyes.

La Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España

Reconoce a los extranjeros los derechos y libertades garantizados en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los tratados internacionales, en la propia ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos, distinguiendo entre extranjeros comunitarios (sujetos a régimen especial de libre circulación conforme al Derecho de la Unión, ajeno a la ley) y extranjeros extracomunitarios (sujetos al régimen general de la propia ley). La LO 4/2000, de 11 de enero, ha sido reformada en varias ocasiones (LO 8/2000, LO 11/2003, LO 14/2003, LO 2/2009, entre otras). Tras las SSTC 236/2007 y 259/2007, que declararon inconstitucional negar a los extranjeros en situación irregular los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga, educación no obligatoria y asistencia jurídica gratuita, la ley reconoce estos derechos con independencia de la situación administrativa, con la condición de que se trate de derechos inherentes a la dignidad de la persona. Reconoce también el derecho a la educación básica gratuita de los menores, el acceso a la sanidad en las condiciones legales y la tutela judicial efectiva.

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000

La ley se desarrolla reglamentariamente. El Reglamento de 2011 (Real Decreto 557/2011), reformado en 2022 (Real Decreto 629/2022), ha sido sustituido por un nuevo Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025. Este reglamento reorganiza las vías de regularización por arraigo, incorpora la figura del arraigo de segunda oportunidad, mejora el acceso a la residencia y trabajo de estudiantes extranjeros, modifica la reagrupación familiar y refuerza la tramitación electrónica y la gestión de la contratación en origen.

Situaciones de los extranjeros en España: estancia

La estancia es la permanencia en territorio español por un periodo de tiempo no superior a 90 días, salvo lo dispuesto para los estudiantes o en los supuestos en que resulte de aplicación un régimen específico (art. 30 LOEx); se acredita mediante visado de estancia o, en su caso, mediante la exención de dicho visado conforme al régimen aplicable al país de origen del extranjero. Con arreglo al Código de Fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399) y al Código de Visados (Reglamento (CE) 810/2009), la estancia de corta duración de nacionales de terceros países es de hasta 90 días en un periodo de 180 días. El Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la UE registra electrónicamente las entradas y salidas de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores desde octubre de 2025.

Situaciones de los extranjeros en España: residencia

Los extranjeros se encuentran en situación de residencia en España cuando son titulares de una autorización para permanecer en territorio español por un periodo superior a 90 días, distinguiéndose entre la residencia temporal (autorización que habilita para permanecer en España por un periodo superior a 90 días e inferior a cinco años, art. 31 LOEx) y la residencia de larga duración (autorización indefinida, obtenida con carácter general tras cinco años de residencia legal y continuada en España, art. 32 LOEx). Esta última habilita a residir y trabajar en España en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de los derechos políticos, y puede perderse por ausencias prolongadas. Los residentes de larga duración de otro Estado miembro pueden ejercer su derecho de movilidad en la UE conforme a la Directiva 2003/109/CE.

Tipos de autorización de residencia temporal

Residencia temporal sin autorización de trabajo (no lucrativa), residencia y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia (sujeta a la situación nacional de empleo, art. 65 LOEx, con el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura), residencia por circunstancias excepcionales (arraigo; protección internacional; razones humanitarias; colaboración con autoridades; víctimas de trata de seres humanos, art. 59 bis; víctimas de violencia de género, art. 31 bis), residencia por reagrupación familiar, y residencia de estudiantes, investigadores y trabajadores altamente cualificados (Tarjeta Azul UE y autorización para profesionales muy cualificados, Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores). La residencia por inversión inmobiliaria («visado de oro») fue suprimida en 2025 por la LO 1/2025.

El arraigo como vía de regularización

Mecanismo de regularización de extranjeros en situación irregular que acreditan una vinculación estable con España, regulado por el art. 31.3 LOEx y su Reglamento. Con el Reglamento de 2011 las modalidades eran arraigo social (permanencia continuada de tres años, contrato de trabajo e informe de integración), laboral (dos años de permanencia y relación laboral previa de al menos seis meses) y familiar (vínculo con ciudadano español o residente legal), a las que el Real Decreto 629/2022 añadió el arraigo para la formación. El Reglamento de 2024 (Real Decreto 1155/2024) reordena el sistema en cinco vías: arraigo social (permanencia continuada de dos años y vinculación con la comunidad, acreditada con un informe de integración o un programa de formación), arraigo sociolaboral (dos años de permanencia y relación laboral acreditada), arraigo socioformativo (dos años de permanencia y compromiso de formación), arraigo familiar (vínculo con ciudadano español o residente, ampliado a progenitores de menores españoles y a hijos de originariamente españoles) y arraigo de segunda oportunidad (para quienes tuvieron autorización de residencia y la perdieron). Como regla general, el periodo de permanencia continuada exigido para el arraigo social se reduce de tres a dos años.

La reagrupación familiar

Derecho reconocido al extranjero residente a reagrupar en España a determinados familiares (arts. 16-19 LOEx): el cónyuge o pareja análoga, los hijos menores de dieciocho años o mayores incapaces, y los ascendientes del reagrupante o de su cónyuge a su cargo que sean mayores de 65 años y respecto de los cuales existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España, siendo este último supuesto accesible únicamente a quienes tengan residencia de larga duración. El reagrupante debe haber residido legalmente un año y tener autorización para residir al menos otro año, y acreditar medios económicos suficientes y vivienda adecuada. El procedimiento comienza con la solicitud de autorización de residencia por reagrupación, seguida de la solicitud de visado por los familiares reagrupables. No procede la reagrupación de más de un cónyuge, aunque la ley personal admita la poligamia.

El régimen sancionador de extranjería

La Ley Orgánica 4/2000 tipifica infracciones leves (art. 52), graves (art. 53) y muy graves (art. 54), entre estas últimas la promoción de la inmigración clandestina, y entre las graves encontrarse irregularmente en territorio español. La sanción general es la multa, y la expulsión del territorio español (art. 57) se aplica en determinados supuestos tasados (infracciones muy graves; infracciones graves de estancia irregular con circunstancias agravantes, trabajo sin autorización, participación en actividades contrarias al orden público). Tras la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (sentencia de 23 de abril de 2015, Zaizoune) y del Tribunal Supremo, la multa y la expulsión son sanciones alternativas, no acumulables por la misma infracción de estancia irregular, y la expulsión exige valorar circunstancias agravantes. La expulsión lleva aparejada la prohibición de entrada en España por un periodo determinado (de tres a cinco años, y hasta diez en casos de amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, art. 58).

La expulsión, la devolución y el internamiento de extranjeros

Se distingue entre la expulsión, sanción administrativa impuesta tras el correspondiente procedimiento sancionador por la comisión de una infracción grave o muy grave, y la devolución (art. 58.3 LOEx), medida aplicable a los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país o hayan sido ya expulsados con prohibición de entrada vigente, que no exige expediente sancionador, y la denegación de entrada (art. 60) a quienes se presenten en la frontera sin cumplir los requisitos. La Directiva 2008/115/CE («Directiva de retorno») establece normas comunes sobre el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Las garantías procedimentales incluyen asistencia letrada e intérprete, y la posibilidad de internamiento cautelar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por un máximo de 60 días, acordado por el juez de instrucción. La disposición adicional décima de la LOEx (introducida por la LO 4/2015) regula el régimen especial de Ceuta y Melilla y el llamado «rechazo en frontera», declarado conforme a la Constitución por la STC 172/2020 con una interpretación determinada, tras la sentencia de la Gran Sala del TEDH de 13 de febrero de 2020 (N.D. y N.T. c. España).

Régimen de los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares

Sujeto a un régimen especial (Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, que transpone la Directiva 2004/38/CE), distinto del régimen general de extranjería, en aplicación del principio de libre circulación de personas del Derecho de la Unión: los ciudadanos comunitarios y sus familiares tienen derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio español, con meras obligaciones de inscripción registral (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión para estancias superiores a tres meses) en lugar de autorización administrativa previa. El derecho de residencia permanente se adquiere tras cinco años de residencia legal y continuada. Los familiares no comunitarios reciben una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Los nacionales del Reino Unido y sus familiares se acogen, desde el Brexit, al Acuerdo de Retirada.

El derecho de asilo (art. 13.4 CE)

La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España, remisión constitucional desarrollada por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que garantiza la protección internacional a las personas que huyen de la persecución o de daños graves en su país de origen. El Estado tiene competencia exclusiva en esta materia (art. 149.1.2ª CE). En el ámbito europeo, el Sistema Europeo Común de Asilo se apoya en las Directivas de cualificación (2011/95/UE), procedimientos (2013/32/UE) y acogida (2013/33/UE) y en el Reglamento de Dublín III (Reglamento (UE) 604/2013).

La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

Regula el derecho de asilo y su reconocimiento a través de la concesión del estatuto de refugiado, así como la protección subsidiaria, prevista para las personas de otros países y los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, acreditan motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos (art. 10): condena a pena de muerte o riesgo de su ejecución material; tortura o tratos inhumanos o degradantes; amenazas graves contra la vida o integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno. Ambos estatutos, asilo y protección subsidiaria, componen la protección internacional y otorgan derechos de residencia y trabajo, acceso a la educación, la asistencia sanitaria y la integración social. La ley regula también las causas de exclusión, cesación y revocación del estatuto.

El concepto de refugiado

Conforme a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y a su Protocolo de Nueva York de 1967, incorporados por la Ley 12/2009 (art. 3), es refugiada toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Es un reconocimiento declarativo, no constitutivo: la persona es refugiada desde que concurren los requisitos, no desde que se la reconoce. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) supervisa la aplicación de la Convención.

El procedimiento de protección internacional

Se inicia mediante solicitud formulada por la persona interesada ante las autoridades competentes (Oficina de Asilo y Refugio, puestos fronterizos, Centros de Internamiento de Extranjeros, comisarías de Policía Nacional y oficinas de extranjería), tras una entrevista individual, tramitándose por el procedimiento ordinario o, en determinados supuestos tasados, por el procedimiento de urgencia. La solicitud puede ser inadmitida a trámite por las causas previstas en la ley (plazo de un mes), y las presentadas en frontera o en CIE se resuelven por un procedimiento acelerado de plazos breves. La resolución final corresponde al Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), en cuyas reuniones participa el ACNUR con voz pero sin voto. Contra la resolución cabe recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Efectos de la solicitud de protección internacional

La mera presentación de la solicitud conlleva la autorización de permanencia en España hasta la resolución del procedimiento y la suspensión de cualquier proceso de expulsión, devolución o extradición que pudiera afectar a la persona solicitante, garantía derivada del principio de no devolución (non-refoulement), pilar esencial del Derecho internacional de los refugiados (art. 33 de la Convención de Ginebra). Las personas solicitantes reciben documentación provisional que acredita su condición y pueden obtener autorización de trabajo transcurridos seis meses desde la presentación, siempre que la solicitud haya sido admitida a trámite y no resuelta.

El Sistema de Acogida de Protección Internacional

Conjunto de recursos (centros de acogida, plazas de acogida en régimen de subvención a entidades del tercer sector, ayudas económicas) dirigidos a atender las necesidades básicas de alojamiento, manutención y atención social de las personas solicitantes de protección internacional durante la tramitación de su expediente, regulado por el Real Decreto 220/2022 y gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, en colaboración con organizaciones no gubernamentales especializadas. El sistema se articula en fases de valoración inicial y derivación, acogida temporal y preparación para la autonomía.

La protección temporal

La Directiva 2001/55/CE establece un régimen excepcional de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Se activó por primera vez el 4 de marzo de 2022 para las personas desplazadas desde Ucrania (Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo) y se ha prorrogado hasta marzo de 2027. En España se aplica mediante la Orden PCM/169/2022, y otorga residencia provisional y acceso al trabajo y a la asistencia sanitaria sin necesidad de solicitar asilo.

La condición de apátrida

Figura distinta de la de refugiado, regulada en España por el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, que desarrolla la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, dirigida a las personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado conforme a su legislación, reconociéndose a quienes obtienen el Estatuto de Apátrida un régimen de residencia y protección análogo, en gran medida, al de los refugiados. España es parte también de la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia.

La política migratoria en el marco de la Unión Europea

España participa en el desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo y del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado en mayo de 2024, que introduce procedimientos fronterizos armonizados, controles previos a la entrada (cribado), criterios comunes de determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes (Reglamento (UE) 2024/1351 de gestión del asilo y la migración, que sustituye al Reglamento de Dublín) y un mecanismo de solidaridad obligatoria pero flexible entre Estados miembros. El Pacto comprende, entre otros, el Reglamento de procedimientos (UE) 2024/1348, el de cribado (UE) 2024/1356, el de Eurodac (UE) 2024/1358, el de situaciones de crisis (UE) 2024/1359, el de requisitos de reconocimiento (UE) 2024/1347 y la Directiva de acogida (UE) 2024/1346. Sus disposiciones principales son aplicables desde junio de 2026, lo que exige la adaptación de la normativa interna española. Funciona también la Agencia de la Unión Europea para el Asilo y Frontex.

Integración social de las personas migrantes

La política de integración se articula a través de instrumentos como el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI, financiado por la Unión Europea), los planes estratégicos de ciudadanía e integración aprobados sucesivamente por el Gobierno, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y programas específicos de acogida, aprendizaje del idioma y acceso al empleo, competencia compartida entre la AGE, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, con un papel muy destacado del tercer sector social. La LOEx reconoce a las Comunidades Autónomas competencias de integración social y, en algunos Estatutos, de ejecución en materia de autorización inicial de trabajo.

Menores extranjeros no acompañados

La LOEx (art. 35) regula la situación de los menores extranjeros no acompañados: se pone a disposición de los servicios de protección de menores de las Comunidades Autónomas, que asumen la tutela, y la Administración General del Estado se encarga de la documentación y la autorización de residencia cuando se declara la situación de desamparo. Una reforma de 2025 estableció mecanismos de reparto solidario entre Comunidades Autónomas en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)

Órgano técnico adscrito al Ministerio competente en materia de migraciones, encargado del estudio del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia conexas, y de la promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico, que colabora con las entidades del tercer sector y con organismos internacionales en la elaboración de indicadores y estudios sobre discriminación. Se enmarca en la Directiva 2000/43/CE y en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 13 CE reconoce a los extranjeros las libertades del Título I en los términos de los tratados y la ley; solo los españoles son titulares del art. 23 CE, salvo el sufragio activo y pasivo municipal por reciprocidad.
  • El Estado tiene competencia exclusiva en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (art. 149.1.2ª CE).
  • La STC 107/1984 distingue derechos de todos, derechos exclusivos de españoles y derechos configurables por ley; las SSTC 236/2007 y 259/2007 reconocen derechos de reunión, asociación, sindicación, huelga y asistencia jurídica gratuita a los extranjeros irregulares.
  • Situaciones administrativas: estancia (hasta 90 días), residencia temporal (superior a 90 días e inferior a 5 años) y residencia de larga duración (tras 5 años, indefinida, con posibilidad de movilidad UE).
  • El derecho de asilo (Ley 12/2009) desarrolla el art. 13.4 CE, aplicando la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951 (y Protocolo de Nueva York de 1967).
  • La protección subsidiaria complementa al asilo para quienes, sin ser refugiados, se enfrentarían a un riesgo real de daños graves si regresasen a su país.
  • La LO 4/2000 distingue entre extranjeros comunitarios (régimen especial de libre circulación UE, RD 240/2007) y extracomunitarios (régimen general de la propia ley).
  • El Reglamento de la LOEx aprobado por el Real Decreto 1155/2024 sustituyó al de 2011 (RD 557/2011) y rige desde el 20 de mayo de 2025.
  • Tipos de autorización de residencia temporal: sin autorización de trabajo, por cuenta ajena/propia, por circunstancias excepcionales (arraigo, protección internacional, razones humanitarias, víctimas de trata o violencia de género), reagrupación familiar y estudiantes.
  • El arraigo (art. 31.3 LOEx) es la vía de regularización de extranjeros en situación irregular; el Reglamento de 2024 reduce la permanencia exigida para el arraigo social a dos años y crea el arraigo de segunda oportunidad.
  • La reagrupación familiar exige haber residido un año y tener autorización para otro más, medios económicos suficientes y vivienda adecuada; alcanza a cónyuge/pareja, hijos menores y ascendientes a cargo mayores de 65 solo si el reagrupante es residente de larga duración.
  • El régimen sancionador (arts. 52-54 LOEx) tipifica infracciones leves/graves/muy graves; la expulsión (sanción administrativa, art. 57) es distinta de la devolución (art. 58.3, para quien entra ilegalmente o vuelve tras expulsión), con internamiento cautelar en CIE hasta 60 días acordado por el juez.
  • La multa y la expulsión son sanciones alternativas, no acumulables por estancia irregular (jurisprudencia Zaizoune del TJUE y del Tribunal Supremo).
  • Los ciudadanos de la UE y sus familiares se someten al RD 240/2007, con mera obligación de inscripción registral (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión) en lugar de autorización previa; residencia permanente tras 5 años.
  • La Ley 12/2009 regula el derecho de asilo (estatuto de refugiado) y la protección subsidiaria (riesgo real de pena de muerte, tortura o violencia indiscriminada en conflicto armado).
  • El concepto de refugiado (Convención de Ginebra de 1951) exige fundados temores de persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política, grupo social, género u orientación sexual.
  • El procedimiento de protección internacional se inicia ante la Oficina de Asilo y Refugio, puestos fronterizos o CIE; resuelve el Ministro del Interior a propuesta de la CIAR, en la que el ACNUR participa con voz y sin voto, y la inadmisión se resuelve en el plazo de un mes.
  • La presentación de la solicitud de protección internacional autoriza la permanencia en España y suspende cualquier expulsión, devolución o extradición (principio de no devolución/non-refoulement); el solicitante puede trabajar a los seis meses de la presentación.
  • La condición de apátrida (RD 865/2001, Convención de 1954) es distinta de la de refugiado y reconoce un régimen de residencia y protección análogo a esta.
  • El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (2024) se aplica desde junio de 2026 y sustituye el Reglamento de Dublín III por el Reglamento (UE) 2024/1351.
  • La protección temporal (Directiva 2001/55/CE) se activó en marzo de 2022 para las personas desplazadas desde Ucrania.
  • El OBERAXE, adscrito al Ministerio de migraciones, estudia el racismo y la xenofobia y promueve la igualdad de trato por origen racial o étnico.
  • Error típico: en la legislación española la medida aplicable a quien entra ilegalmente se llama «devolución», no «retorno» (término propio de la Directiva 2008/115/CE).
  • Error típico: el ACNUR no emite un informe preceptivo que condicione la resolución; participa en el procedimiento y en la CIAR con voz pero sin voto.
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¿Cuál es el plazo máximo de internamiento de un extranjero en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) conforme a la LO 4/2000?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Gestión AGE?

El régimen de los extranjeros en España se regula en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, desarrollada por su Reglamento de ejecución (aprobado por el Real Decreto 1155/2024, que sustituyó al Reglamento de 2011), que distingue entre situaciones de estancia y residencia y establece los requisitos de entrada, permanencia y salida del territorio nacional. El Estado tiene competencia exclusiva en nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo (art. 149.1.2ª CE). El derecho de asilo y la condición de refugiado se regulan de forma separada por la Ley 12/2009, en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y del Sistema Europeo Común de Asilo, hoy renovado por el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

El art. 13 CE reconoce a los extranjeros las libertades del Título I en los términos de los tratados y la ley; solo los españoles son titulares del art. 23 CE, salvo el sufragio activo y pasivo municipal por reciprocidad. El Estado tiene competencia exclusiva en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (art. 149.1.2ª CE). La STC 107/1984 distingue derechos de todos, derechos exclusivos de españoles y derechos configurables por ley; las SSTC 236/2007 y 259/2007 reconocen derechos de reunión, asociación, sindicación, huelga y asistencia jurídica gratuita a los extranjeros irregulares. Situaciones administrativas: estancia (hasta 90 días), residencia temporal (superior a 90 días e inferior a 5 años) y residencia de larga duración (tras 5 años, indefinida, con posibilidad de movilidad UE). El derecho de asilo (Ley 12/2009) desarrolla el art. 13.4 CE, aplicando la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951 (y Protocolo de Nueva York de 1967). La protección subsidiaria complementa al asilo para quienes, sin ser refugiados, se enfrentarían a un riesgo real de daños graves si regresasen a su país. La LO 4/2000 distingue entre extranjeros comunitarios (régimen especial de libre circulación UE, RD 240/2007) y extracomunitarios (régimen general de la propia ley). El Reglamento de la LOEx aprobado por el Real Decreto 1155/2024 sustituyó al de 2011 (RD 557/2011) y rige desde el 20 de mayo de 2025. Tipos de autorización de residencia temporal: sin autorización de trabajo, por cuenta ajena/propia, por circunstancias excepcionales (arraigo, protección internacional, razones humanitarias, víctimas de trata o violencia de género), reagrupación familiar y estudiantes. El arraigo (art. 31.3 LOEx) es la vía de regularización de extranjeros en situación irregular; el Reglamento de 2024 reduce la permanencia exigida para el arraigo social a dos años y crea el arraigo de segunda oportunidad. La reagrupación familiar exige haber residido un año y tener autorización para otro más, medios económicos suficientes y vivienda adecuada; alcanza a cónyuge/pareja, hijos menores y ascendientes a cargo mayores de 65 solo si el reagrupante es residente de larga duración. El régimen sancionador (arts. 52-54 LOEx) tipifica infracciones leves/graves/muy graves; la expulsión (sanción administrativa, art. 57) es distinta de la devolución (art. 58.3, para quien entra ilegalmente o vuelve tras expulsión), con internamiento cautelar en CIE hasta 60 días acordado por el juez. La multa y la expulsión son sanciones alternativas, no acumulables por estancia irregular (jurisprudencia Zaizoune del TJUE y del Tribunal Supremo). Los ciudadanos de la UE y sus familiares se someten al RD 240/2007, con mera obligación de inscripción registral (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión) en lugar de autorización previa; residencia permanente tras 5 años. La Ley 12/2009 regula el derecho de asilo (estatuto de refugiado) y la protección subsidiaria (riesgo real de pena de muerte, tortura o violencia indiscriminada en conflicto armado). El concepto de refugiado (Convención de Ginebra de 1951) exige fundados temores de persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política, grupo social, género u orientación sexual. El procedimiento de protección internacional se inicia ante la Oficina de Asilo y Refugio, puestos fronterizos o CIE; resuelve el Ministro del Interior a propuesta de la CIAR, en la que el ACNUR participa con voz y sin voto, y la inadmisión se resuelve en el plazo de un mes. La presentación de la solicitud de protección internacional autoriza la permanencia en España y suspende cualquier expulsión, devolución o extradición (principio de no devolución/non-refoulement); el solicitante puede trabajar a los seis meses de la presentación. La condición de apátrida (RD 865/2001, Convención de 1954) es distinta de la de refugiado y reconoce un régimen de residencia y protección análogo a esta. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (2024) se aplica desde junio de 2026 y sustituye el Reglamento de Dublín III por el Reglamento (UE) 2024/1351. La protección temporal (Directiva 2001/55/CE) se activó en marzo de 2022 para las personas desplazadas desde Ucrania. El OBERAXE, adscrito al Ministerio de migraciones, estudia el racismo y la xenofobia y promueve la igualdad de trato por origen racial o étnico. Error típico: en la legislación española la medida aplicable a quien entra ilegalmente se llama «devolución», no «retorno» (término propio de la Directiva 2008/115/CE). Error típico: el ACNUR no emite un informe preceptivo que condicione la resolución; participa en el procedimiento y en la CIAR con voz pero sin voto.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 13 y 149.1.2ª.
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE-A-2000-544).
  • Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (sustituye al Real Decreto 557/2011).
  • Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
  • Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE-A-2009-17242).
  • Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951) y Protocolo de Nueva York (1967).
  • Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida.
  • Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.
  • Reglamento (UE) 2024/1351 y demás normas del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (2024).
  • Sentencias del Tribunal Constitucional 107/1984, 236/2007, 259/2007 y 172/2020.

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