Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La negociación colectiva de los empleados públicos se articula a través de las Mesas de Negociación (generales y sectoriales), en las que se determinan las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, laboral o a ambos, dentro de las materias del art. 37 TREBEP, con resultados jurídicos distintos según sean Pactos o Acuerdos (art. 38). La representación del personal funcionario se ejerce mediante Delegados de Personal y Juntas de Personal, y la del personal laboral mediante Delegados de Personal y Comités de Empresa, elegidos por elecciones sindicales cuyos resultados determinan la representatividad de los sindicatos. El derecho de huelga (art. 28.2 CE; art. 15.1.c TREBEP; Real Decreto-ley 17/1977) se reconoce a los empleados públicos con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, mediante servicios mínimos proporcionados y controlables judicialmente.
Derechos de ejercicio colectivo de los empleados públicos (art. 15 TREBEP)
El art. 15.1 TREBEP reconoce a los empleados públicos, como derechos individuales ejercidos colectivamente: a) la libertad sindical; b) la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo; c) el ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; d) el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo; e) el derecho de reunión; y f) la información y consulta y participación, en los términos de la normativa aplicable. Se desarrollan en el Capítulo IV del Título III (arts. 31 a 46).
Principios generales de la negociación colectiva (arts. 31 a 33 TREBEP)
Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. El personal laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del Capítulo IV que expresamente les son de aplicación (art. 32), y el personal funcionario por el propio TREBEP. La negociación colectiva es el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados públicos de las Administraciones públicas, dentro de su ámbito de competencias, con las organizaciones sindicales legitimadas, con el deber de negociar de buena fe, y a través de las Mesas de Negociación (art. 33).
Las Mesas de Negociación (arts. 34 a 36 TREBEP)
Existe una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (ámbito estatal), integrada por representantes de la AGE, de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, de la Federación Española de Municipios y Provincias en representación de la Administración local y por las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, autonómico y las que obtengan el diez por ciento o más de los representantes en las elecciones. Para las materias y condiciones comunes a su personal funcionario y laboral, cada Administración (AGE, Comunidades Autónomas, entidades locales) constituye su propia Mesa General de Negociación. Pueden constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de sectores concretos de funcionarios (docentes, sanitarios, justicia, etc.), cuyo ámbito se corresponde con las restantes Administraciones u organismos de la Mesa General.
Legitimación para negociar (art. 35 TREBEP)
Están legitimados para estar presentes en las Mesas Generales de Negociación, en la parte social, los sindicatos más representativos a nivel estatal, los sindicatos más representativos de Comunidad Autónoma y los sindicatos que hayan obtenido el diez por ciento o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, y en las Mesas Sectoriales los que hayan obtenido igual porcentaje en el ámbito sectorial. Según la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LO 11/1985), son más representativos a nivel estatal los sindicatos que acrediten el diez por ciento o más de los delegados de personal, miembros de comités de empresa y representantes sindicales, y a nivel autonómico los que acrediten el quince por ciento en su ámbito con un mínimo de mil quinientos representantes. La ponderación de la representatividad depende de los resultados electorales.
Materias objeto de negociación (art. 37.1 TREBEP)
Son objeto de negociación, en el ámbito de las competencias de cada Administración y con el alcance que legalmente proceda, entre otras: a) la aplicación del incremento de retribuciones; b) la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias; c) las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes de ordenación de recursos humanos; d) los planes de Previsión Social Complementaria; e) los criterios generales de los planes y fondos para formación y promoción interna; f) los criterios generales de acción social; g) las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño; h) los criterios generales sobre ofertas de empleo público; i) el calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos y licencias; j) los criterios generales sobre prevención de riesgos laborales; k) las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
Materias excluidas de la negociación (art. 37.2 TREBEP)
Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación las decisiones de las Administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización. Cuando las consecuencias de estas decisiones tengan repercusión sobre condiciones de trabajo, procede la negociación de dichas condiciones. También quedan excluidas: la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos; el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas; la determinación de condiciones de trabajo del personal directivo; y la regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional (los criterios generales sí son negociables).
Pactos y Acuerdos (art. 38 TREBEP)
Como resultado de la negociación colectiva se celebran Pactos y Acuerdos. Los Pactos se celebran sobre materias que correspondan al ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente al personal incluido en su ámbito. Los Acuerdos versan sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones y, para su validez y eficacia, requieren la aprobación expresa y formal de dichos órganos; si su contenido afecta a competencias de otros órganos, se aprueban por éstos. Los Pactos y Acuerdos deben determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, y se publican en el diario oficial correspondiente. Para su validez se requiere la mayoría de cada una de las partes. Son distintos de los convenios colectivos del personal laboral, regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Los órganos de gobierno pueden, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, suspender o modificar el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria (art. 38.10).
Los órganos de representación del personal funcionario (arts. 39 y 40 TREBEP)
La representación del personal funcionario se ejerce mediante Delegados de Personal y Juntas de Personal, elegidos por sufragio libre, personal, directo y secreto. Los Delegados de Personal se eligen en unidades electorales con un censo de entre 6 y 49 funcionarios (uno si hay entre 6 y 30, tres si hay entre 31 y 49). Las Juntas de Personal se eligen en unidades con 50 o más funcionarios, con un número de miembros proporcional al censo (cinco en 50 a 100, nueve en 101 a 250, trece en 251 a 500, diecisiete en 501 a 750, veintiuno en 751 a 1.000, y dos más por cada mil o fracción, con un máximo de setenta y cinco). El mandato es de cuatro años. Entre sus funciones están recibir información sobre la política de personal, emitir informe sobre traslados de instalaciones, ser informados de las sanciones por faltas muy graves, conocer las estadísticas sobre absentismo y accidentes, y vigilar el cumplimiento de las normas sobre condiciones de trabajo, prevención y Seguridad Social.
Los órganos de representación del personal laboral
El personal laboral tiene como órganos de representación unitaria los Delegados de Personal (en centros de entre 6 o 10 y 49 trabajadores) y los Comités de Empresa (50 o más trabajadores), regulados por el Estatuto de los Trabajadores (arts. 62 y ss.), con un mandato de cuatro años y una escala de miembros análoga a la de las Juntas. En sus funciones ejercen la representación, información, consulta y negociación colectiva. Los electores son los trabajadores mayores de dieciséis años con un mes de antigüedad como mínimo y son elegibles los mayores de dieciocho años con seis meses de antigüedad. Tienen un crédito horario mensual (quince horas hasta 100 trabajadores, veinte de 101 a 250, treinta de 251 a 500, treinta y cinco de 501 a 750 y cuarenta a partir de 751).
Representatividad sindical y elecciones sindicales
La representatividad de los sindicatos se determina por los resultados que obtienen en las elecciones a los órganos de representación del personal (Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa), criterio que condiciona la composición de las Mesas de Negociación y la capacidad para negociar con eficacia general. Las elecciones de la AGE se rigen por el reglamento específico para los órganos de representación de la AGE. Pueden promoverlas los sindicatos más representativos, los que cuenten con un mínimo de representantes (diez por ciento) o la mayoría de los trabajadores del centro. La libertad sindical (art. 28.1 CE; LO 11/1985) comprende el derecho a fundar sindicatos, afiliarse, actividad sindical en la empresa y sección sindical.
El derecho de huelga: fundamento y régimen jurídico
El art. 28.2 CE reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y remite a la ley que regule su ejercicio el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Al no haberse dictado la ley orgánica correspondiente, rige el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, depurado por la STC 11/1981, de 8 de abril. Es un derecho fundamental de contenido esencial (cese concertado de la prestación de trabajo), protegido por el recurso de amparo y por el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. El TREBEP lo recoge en su art. 15.1.c, con la garantía de servicios esenciales.
Ejercicio de la huelga: convocatoria, preaviso y efectos
Están facultados para acordar la declaración de huelga los trabajadores a través de sus representantes por decisión mayoritaria, o directamente los trabajadores del centro si lo decide el 25 por ciento de la plantilla, por mayoría y votación secreta, y los sindicatos. La declaración se comunica por escrito al empresario o Administración y a la autoridad laboral con un preaviso mínimo de cinco días naturales, que es de diez días naturales cuando se trate de servicios públicos. La comunicación indica los objetivos, las gestiones realizadas y la fecha. Durante la huelga se suspende el contrato de trabajo y no se tiene derecho a retribución; el trabajador mantiene el alta sin cotización. Está prohibido sustituir a los huelguistas con trabajadores no vinculados al centro al tiempo de la convocatoria. No puede sancionarse por el mero ejercicio de la huelga legal. La huelga ilegal (política ajena al interés profesional, de solidaridad sin interés propio, para alterar un convenio vigente o sin los requisitos legales) puede dar lugar a sanciones.
El Comité de Huelga
Es el órgano de los trabajadores o funcionarios convocantes de la huelga, con un máximo de doce miembros, encargado de participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto y de negociar con la Administración, entre otras materias, la fijación de los servicios mínimos. Sus miembros deben ser trabajadores del centro afectado y gozan de garantías en el ejercicio de su función.
La fijación de los servicios mínimos
Cuando la huelga afecta a servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, la autoridad gubernativa (en la AGE, el Ministro del departamento afectado o el órgano competente) acuerda las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. Esta decisión es un acto administrativo motivado, sujeto a control jurisdiccional, y debe respetar el juicio de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional (STC 26/1981 y STC 11/1981, entre otras) establece que los servicios esenciales son los que satisfacen derechos o bienes constitucionalmente protegidos, que la limitación del derecho de huelga debe ser la mínima imprescindible, que la autoridad no puede ser parte en el conflicto y que no puede vaciar de contenido el derecho. Se impugna por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales (Ley 29/1998, LJCA).
Colectivos con el derecho de huelga limitado o excluido
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden ejercer el derecho de huelga ni acciones sustitutivas (art. 6.8 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Los miembros de las Fuerzas Armadas tampoco lo tienen (Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas). Los jueces, magistrados y fiscales están igualmente excluidos por su normativa estatutaria. En otros servicios esenciales (sanidad, seguridad, justicia, transporte, educación), el derecho se ejerce con servicios mínimos reforzados.
Los conflictos colectivos y su solución extrajudicial
Además de la huelga, los empleados públicos pueden plantear conflictos colectivos para resolver las discrepancias sobre la interpretación o aplicación de una norma, pacto o acuerdo que afecte a intereses generales de un colectivo. El TREBEP prevé sistemas de solución extrajudicial de los conflictos colectivos (mediación y arbitraje) que se promueven por las Administraciones y las organizaciones sindicales. Los conflictos del personal laboral siguen el procedimiento de conflicto colectivo de la jurisdicción social; los del personal funcionario, el contencioso-administrativo.
El derecho de reunión (arts. 15.1.e y 46 TREBEP)
Los empleados públicos tienen derecho a reunirse en asamblea en el centro de trabajo. Pueden convocarlas las organizaciones sindicales, los órganos de representación y los propios empleados, con un mínimo del cuarenta por ciento del colectivo convocado, comunicándolo previamente al órgano competente y sujetas a los límites que garanticen la continuidad de los servicios. Las reuniones se celebran fuera del horario laboral, salvo acuerdo.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Derechos de ejercicio colectivo (art. 15 TREBEP): libertad sindical, negociación colectiva, huelga con garantía de servicios esenciales, conflictos colectivos, reunión, información y consulta; desarrollo en arts. 31-46.
Mesas: Mesa General de las Administraciones Públicas (estatal), Mesa General de cada Administración (funcionarios y laborales) y Mesas Sectoriales.
Legitimación (art. 35): sindicatos más representativos a nivel estatal o autonómico y los que obtengan el 10 % o más de los representantes en las elecciones.
Más representativos a nivel estatal (LOLS): 10 % de los representantes; a nivel autonómico, 15 % con mínimo de 1.500 representantes.
Art. 37.1: materias negociables (retribuciones, criterios generales de acceso, carrera y provisión, previsión social, acción social, evaluación del desempeño, OEP, calendarios, jornadas, vacaciones, permisos, prevención de riesgos).
Art. 37.2: excluidas las potestades de organización, los derechos de los ciudadanos, el procedimiento de los actos administrativos, el personal directivo y la regulación concreta de los procedimientos de acceso y promoción.
Pactos: materias del ámbito competencial del órgano que los suscribe, aplicación directa. Acuerdos: materias de los órganos de gobierno, requieren aprobación expresa y formal.
Art. 38.10: los órganos de gobierno pueden suspender o modificar excepcionalmente Pactos y Acuerdos por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas.
Delegados de Personal: unidades de 6 a 49 funcionarios; Juntas de Personal: 50 o más funcionarios.
Delegados de personal: uno si hay entre 6 y 30 funcionarios; tres si hay entre 31 y 49.
Juntas de Personal: cinco miembros de 50 a 100; nueve de 101 a 250; trece de 251 a 500; diecisiete de 501 a 750; veintiuno de 751 a 1.000.
El mandato de los órganos de representación es de cuatro años.
Personal laboral: Delegados de Personal y Comités de Empresa (50 o más trabajadores), regulados por el Estatuto de los Trabajadores.
La representatividad sindical se mide por los resultados electorales en los órganos de representación del personal.
El derecho de huelga (art. 28.2 CE) exige garantías de servicios esenciales; rige el RDL 17/1977 interpretado por la STC 11/1981.
Preaviso de huelga: cinco días naturales, diez en servicios públicos.
Comité de huelga: máximo doce miembros; negocia con la autoridad los servicios mínimos.
Durante la huelga se suspende el contrato y no se percibe salario; está prohibido sustituir a los huelguistas con personal ajeno.
Los servicios mínimos los fija la autoridad gubernativa mediante acto motivado y proporcionado, recurrible judicialmente por el procedimiento de derechos fundamentales.
Excluidos de la huelga: miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 6.8 LO 2/1986), Fuerzas Armadas, jueces, magistrados y fiscales.
Los conflictos colectivos se pueden resolver por mediación y arbitraje extrajudiciales.
Convocantes de asambleas: organizaciones sindicales, órganos de representación o el 40 % del colectivo.
Trampa de examen: confundir Pactos (aplicación directa) con Acuerdos (necesitan aprobación formal del órgano de gobierno) y con convenios colectivos (personal laboral, Estatuto de los Trabajadores).
Trampa de examen: la Junta de Personal representa al personal funcionario; el Comité de Empresa, al personal laboral.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál es el órgano de representación unitaria del personal laboral en centros con 50 o más trabajadores?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 8 de Gestión AGE?
La negociación colectiva de los empleados públicos se articula a través de las Mesas de Negociación (generales y sectoriales), en las que se determinan las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, laboral o a ambos, dentro de las materias del art. 37 TREBEP, con resultados jurídicos distintos según sean Pactos o Acuerdos (art. 38). La representación del personal funcionario se ejerce mediante Delegados de Personal y Juntas de Personal, y la del personal laboral mediante Delegados de Personal y Comités de Empresa, elegidos por elecciones sindicales cuyos resultados determinan la representatividad de los sindicatos. El derecho de huelga (art. 28.2 CE; art. 15.1.c TREBEP; Real Decreto-ley 17/1977) se reconoce a los empleados públicos con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, mediante servicios mínimos proporcionados y controlables judicialmente.
¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?
Derechos de ejercicio colectivo (art. 15 TREBEP): libertad sindical, negociación colectiva, huelga con garantía de servicios esenciales, conflictos colectivos, reunión, información y consulta; desarrollo en arts. 31-46. Mesas: Mesa General de las Administraciones Públicas (estatal), Mesa General de cada Administración (funcionarios y laborales) y Mesas Sectoriales. Legitimación (art. 35): sindicatos más representativos a nivel estatal o autonómico y los que obtengan el 10 % o más de los representantes en las elecciones. Más representativos a nivel estatal (LOLS): 10 % de los representantes; a nivel autonómico, 15 % con mínimo de 1.500 representantes. Art. 37.1: materias negociables (retribuciones, criterios generales de acceso, carrera y provisión, previsión social, acción social, evaluación del desempeño, OEP, calendarios, jornadas, vacaciones, permisos, prevención de riesgos). Art. 37.2: excluidas las potestades de organización, los derechos de los ciudadanos, el procedimiento de los actos administrativos, el personal directivo y la regulación concreta de los procedimientos de acceso y promoción. Pactos: materias del ámbito competencial del órgano que los suscribe, aplicación directa. Acuerdos: materias de los órganos de gobierno, requieren aprobación expresa y formal. Art. 38.10: los órganos de gobierno pueden suspender o modificar excepcionalmente Pactos y Acuerdos por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas. Delegados de Personal: unidades de 6 a 49 funcionarios; Juntas de Personal: 50 o más funcionarios. Delegados de personal: uno si hay entre 6 y 30 funcionarios; tres si hay entre 31 y 49. Juntas de Personal: cinco miembros de 50 a 100; nueve de 101 a 250; trece de 251 a 500; diecisiete de 501 a 750; veintiuno de 751 a 1.000. El mandato de los órganos de representación es de cuatro años. Personal laboral: Delegados de Personal y Comités de Empresa (50 o más trabajadores), regulados por el Estatuto de los Trabajadores. La representatividad sindical se mide por los resultados electorales en los órganos de representación del personal. El derecho de huelga (art. 28.2 CE) exige garantías de servicios esenciales; rige el RDL 17/1977 interpretado por la STC 11/1981. Preaviso de huelga: cinco días naturales, diez en servicios públicos. Comité de huelga: máximo doce miembros; negocia con la autoridad los servicios mínimos. Durante la huelga se suspende el contrato y no se percibe salario; está prohibido sustituir a los huelguistas con personal ajeno. Los servicios mínimos los fija la autoridad gubernativa mediante acto motivado y proporcionado, recurrible judicialmente por el procedimiento de derechos fundamentales. Excluidos de la huelga: miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 6.8 LO 2/1986), Fuerzas Armadas, jueces, magistrados y fiscales. Los conflictos colectivos se pueden resolver por mediación y arbitraje extrajudiciales. Convocantes de asambleas: organizaciones sindicales, órganos de representación o el 40 % del colectivo. Trampa de examen: confundir Pactos (aplicación directa) con Acuerdos (necesitan aprobación formal del órgano de gobierno) y con convenios colectivos (personal laboral, Estatuto de los Trabajadores). Trampa de examen: la Junta de Personal representa al personal funcionario; el Comité de Empresa, al personal laboral.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 28 y 103.3.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 15, 31-46.
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (huelga), interpretado por la STC 11/1981, de 8 de abril.
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, arts. 62-68.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 6.8.
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
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