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Tema 8. La Administración local, la provincia, el municipio, otras entidades locales.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

Los artículos 140 a 142 de la Constitución garantizan la autonomía de los municipios y las provincias para la gestión de sus respectivos intereses. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), modificada de forma muy relevante por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, desarrolla ese marco constitucional y regula la organización y competencias de las entidades locales: el municipio, la provincia (que en Canarias no tiene Diputación, pues el gobierno de cada isla corresponde al Cabildo Insular) y otras entidades locales, como las mancomunidades, las comarcas, las áreas metropolitanas y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En Canarias, el régimen local se completa con la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

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La garantía constitucional de la autonomía local (arts. 140-142 CE)

El artículo 140 CE garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley; los Alcaldes son elegidos por los Concejales o por los vecinos, y la ley regula las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. En la práctica, la LOREG opta por la elección del Alcalde por los Concejales, salvo en los municipios que funcionan en concejo abierto. El artículo 141 CE define a la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Su gobierno y administración autónoma corresponden a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo, si bien en los archipiélagos las islas tienen además su propia administración en forma de Cabildos o Consejos (art. 141.4 CE, base constitucional del régimen insular canario y balear). El artículo 142 CE garantiza la suficiencia financiera de las Haciendas locales para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, nutriéndose fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Conviene recordar la garantía institucional de la autonomía local, que la jurisprudencia constitucional protege frente al legislador (STC 32/1981), y la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por España en 1988.

El municipio: elementos, organización y competencias (LRBRL)

El artículo 1 de la LRBRL define al municipio como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad. Sus elementos son el territorio (término municipal), la población (todas las personas inscritas en el Padrón municipal, arts. 15 y ss. LRBRL; todo español o extranjero que viva en España está obligado a inscribirse en el Padrón del municipio en que resida habitualmente) y la organización (Ayuntamiento). Son órganos necesarios en todos los Ayuntamientos el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno; la Junta de Gobierno Local existe en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno; además existen órganos complementarios de estudio, informe o consulta (comisiones informativas), y en todos los municipios la Comisión Especial de Cuentas (art. 116 LRBRL), que examina las cuentas anuales. Los municipios de gran población (art. 121 LRBRL) cuentan con un régimen orgánico especial (Título X LRBRL). El artículo 25 LRBRL enumera las materias en que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias propias (urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua, infraestructura viaria, patrimonio histórico, tráfico, policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, servicios sociales, entre otras), y el art. 26 fija los servicios mínimos obligatorios según el tramo de población. Todos los municipios deben prestar: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. Los de población superior a 5.000 habitantes añaden parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos; los de más de 20.000, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; y los de más de 50.000, transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente urbano. Canarias cuenta con 88 municipios.

La provincia y su singularidad en Canarias: los Cabildos Insulares

El artículo 31 LRBRL define a la provincia como entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuyos fines propios y específicos son garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. Sus órganos de gobierno son el Presidente, los Vicepresidentes, el Pleno y la Junta de Gobierno. Sin embargo, el art. 141.4 CE y el régimen especial recogido en la propia LRBRL reconocen la singularidad insular: en Canarias no existen Diputaciones Provinciales, sino que los Cabildos Insulares asumen el gobierno, la administración y la representación de cada una de las siete islas, ostentando la doble naturaleza de instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y de corporaciones locales representativas de las islas, conforme al Estatuto de Autonomía y a su legislación específica (la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares). Los Cabildos se eligen por sufragio directo en cada isla y asumen, además de sus competencias propias y las transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma, las funciones que la legislación básica atribuye a las Diputaciones Provinciales.

Otras entidades locales

El artículo 3.2 LRBRL reconoce, además de municipio y provincia (o cabildo/consejo insular), otras entidades locales cuya creación pueden establecer las Comunidades Autónomas: las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con la propia LRBRL y los Estatutos de Autonomía, sin que su creación pueda suponer la pérdida por los municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el art. 26); las áreas metropolitanas, entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas con vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras; y las mancomunidades de municipios, que tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus propios Estatutos, pudiendo agrupar municipios de una o varias provincias e incluso, si las legislaciones autonómicas respectivas no lo prohíben, de distintas Comunidades Autónomas limítrofes. También existen las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (entidades locales menores), cuya creación corresponde a las Comunidades Autónomas.

Órganos necesarios y complementarios del Ayuntamiento

La LRBRL distingue entre órganos necesarios, existentes en todos los Ayuntamientos con independencia de su población (el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno), y órganos complementarios. Entre estos últimos, la Junta de Gobierno Local existe de forma necesaria en municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menor población cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. También son complementarios los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones, siempre que su existencia se prevea en el reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, y, en su caso, los órganos de participación ciudadana. La Comisión Especial de Cuentas es un órgano necesario de fiscalización de la cuenta general (art. 116 LRBRL). Los municipios pueden establecer, además, regímenes de organización complementarios adaptados a sus circunstancias mediante su propio reglamento orgánico, dentro del respeto a la legislación básica estatal y autonómica de régimen local.

El Alcalde: elección, atribuciones y cese

Conforme a la LOREG, el Alcalde es elegido por los Concejales de entre los que hayan encabezado las correspondientes listas electorales; si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio (salvo en el régimen de concejo abierto, donde es elegido directamente por los vecinos). El art. 21 LRBRL le atribuye, entre otras, dirigir el gobierno y la administración municipal, representar al Ayuntamiento, convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, dictar bandos, adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunio público o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno, y ejercer la jefatura superior de todo el personal y la jefatura de la Policía Municipal, lo que es especialmente relevante en la relación entre el Alcalde y los Cuerpos de Policía Local. El Alcalde cesa por moción de censura (que debe incluir un candidato alternativo, con mayoría absoluta de los Concejales) o por pérdida de una cuestión de confianza, además de por las causas generales de pérdida de la condición de Concejal.

El Pleno municipal: composición y funciones

El Pleno, integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. El art. 22 LRBRL le atribuye, entre otras, el control y la fiscalización de los órganos de gobierno; la aprobación de los reglamentos de carácter orgánico y las ordenanzas; la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística; la aprobación del presupuesto; la aprobación de las formas de gestión de los servicios; la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo; el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Ayuntamiento en materias de su competencia; y la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. Algunas de estas competencias (organización y funcionamiento del Pleno, gestión económico-patrimonial) son delegables en la Junta de Gobierno Local o en el Alcalde, mientras que otras son indelegables por su naturaleza esencial.

La Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local es el órgano que asiste al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, integrado por el Alcalde y un número de Concejales no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. Sus funciones ordinarias son la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. En los municipios de gran población (régimen del Título X LRBRL), la Junta de Gobierno Local tiene, además, atribuciones ejecutivas y administrativas propias más amplias, aproximándose a un modelo de gobierno de gabinete similar al estatal. Su régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos, salvo especialidades, sigue las reglas generales de los órganos colegiados.

Los Tenientes de Alcalde

Los Tenientes de Alcalde son libremente nombrados y removidos por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, o, donde esta no exista, de entre los Concejales; su función esencial es sustituir al Alcalde, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los supuestos de abstención legalmente señalados. Aunque su denominación evoca una jerarquía militar, su régimen jurídico es puramente administrativo y de sustitución del Alcalde, sin perjuicio de que puedan recibir además delegaciones específicas de áreas de gestión municipal. Su número no puede exceder del de miembros de la Junta de Gobierno Local, cuando esta exista, o de un tercio del número legal de miembros de la Corporación en otro caso.

El régimen de sesiones y acuerdos de los órganos locales: mayorías

El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones; cada dos meses en los municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes; y cada tres meses en los de hasta 5.000 habitantes (art. 46 LRBRL), sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que se convoquen. Los acuerdos se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes (más votos a favor que en contra); se exige mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para los supuestos tasados por el art. 47.2 LRBRL, entre ellos la creación y supresión de municipios y la alteración de términos municipales, la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio, la creación de entidades de ámbito inferior al municipio, la constitución y disolución de mancomunidades, la transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas y la cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales. El quórum de constitución exige la asistencia de un tercio del número legal de miembros, nunca inferior a tres, debiendo mantenerse ese mínimo durante toda la sesión, y en todo caso es necesaria la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.

Los municipios de gran población: régimen especial (Título X LRBRL)

El Título X de la LRBRL (arts. 121 a 138) establece un régimen orgánico especial para los municipios de gran población: los de más de 250.000 habitantes; los capitales de provincia con población superior a 175.000 habitantes; los que sean capitales de Comunidad Autónoma, capitales de provincia o sedes de las instituciones autonómicas; y, además, los municipios de más de 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, a solicitud del Ayuntamiento y previa decisión de la Asamblea Legislativa autonómica. Este régimen introduce, entre otras singularidades, una organización más ejecutiva de la Junta de Gobierno Local, la creación de distritos como divisiones territoriales para la desconcentración de la gestión, y órganos específicos de participación ciudadana y de defensa de los derechos de los vecinos (Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones). En Canarias, capitales como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (por su condición de sede de instituciones autonómicas) se acogen a este régimen especial.

El concejo abierto: régimen especial de pequeños municipios

El artículo 140 CE remite a la ley la regulación de las condiciones en que proceda el régimen de concejo abierto, desarrollado en el art. 29 LRBRL. Funcionan en concejo abierto los municipios con menos de 100 habitantes y los que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración, así como aquellos otros en que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable, mediante petición mayoritaria de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. En este régimen, el gobierno y la administración municipal corresponden a un Alcalde, elegido directamente por los vecinos, y a una Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores, ajustando su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en la LRBRL y en las leyes autonómicas de régimen local.

Potestades administrativas de las Entidades Locales (art. 4 LRBRL)

El artículo 4 LRBRL reconoce a los municipios, las provincias y las islas, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, las potestades reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; de presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; de ejecución forzosa y sancionadora; de revisión de oficio de sus actos y acuerdos; y las prelaciones y preferencias y las demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas; además, la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. Estas potestades son comunes al conjunto de las Administraciones Públicas territoriales, y su reconocimiento expreso a las Entidades Locales confirma su naturaleza de auténtica Administración Pública dotada de autotutela, y no de mera entidad de gestión de intereses privados.

Bienes de las Entidades Locales: clasificación (art. 79 LRBRL)

El artículo 79 LRBRL dispone que el patrimonio de las Entidades Locales está constituido por el conjunto de sus bienes, derechos y acciones, y clasifica sus bienes en bienes de dominio público (afectos a uso público, como calles, plazas, parques, o a un servicio público, como los edificios de la Casa Consistorial o los mercados municipales), bienes patrimoniales o de propios (aquellos que, siendo propiedad de la Entidad Local, no están destinados a uso público ni afectados a un servicio público, y se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado) y bienes comunales (aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos). Los bienes de dominio público y los comunales son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno (art. 132 CE; art. 80 LRBRL); los bienes patrimoniales, en cambio, son en principio enajenables conforme a las reglas generales de la legislación patrimonial y de contratación, con determinadas garantías procedimentales para evitar su enajenación irregular. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) desarrolla esta materia.

Las Haciendas Locales: recursos (Real Decreto Legislativo 2/2004)

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) desarrolla el mandato de suficiencia financiera del art. 142 CE, regulando los recursos de las Entidades Locales: los ingresos de derecho privado; los tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos, entre estos los obligatorios, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y los potestativos, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, reformado por el Real Decreto-ley 26/2021 tras la STC 182/2021); las participaciones en los tributos del Estado y, en su caso, de las Comunidades Autónomas; las subvenciones; los precios públicos; el producto de las operaciones de crédito; el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias (relevante en materia de tráfico y de ordenanzas municipales de convivencia); y las demás prestaciones de derecho público. En Canarias, la financiación local presenta singularidades vinculadas al Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

El personal al servicio de la Administración Local: funcionarios con habilitación de carácter nacional

Junto a las mismas clases de personal previstas por el TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) para el conjunto de las Administraciones Públicas (funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual), la Administración Local cuenta con una figura singular: los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención y Tesorería), regulados en el art. 92 bis LRBRL y en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, cuya selección y habilitación corresponde al Estado, aunque la provisión de los puestos concretos y el régimen disciplinario corresponden, según los casos, a las Comunidades Autónomas o a la propia Corporación Local, dentro de las bases estatales. Su función es garantizar en toda Corporación Local, con independencia de su color político, el asesoramiento legal preceptivo (Secretaría), el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria (Intervención) y la gestión de la tesorería y recaudación (Tesorería), como garantía de legalidad y estabilidad técnica frente a los cambios políticos derivados de cada proceso electoral municipal.

Régimen jurídico de la Policía Local: dependencia y funciones

Los arts. 51 a 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), y el art. 25 LRBRL reconocen la competencia municipal en materia de policía local. Los Cuerpos de Policía Local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, que dependen de la respectiva Corporación Local, bajo la superior autoridad y mando del correspondiente Alcalde. Su régimen estatutario básico se contiene en el Título V de la LOFCS, mientras que su coordinación autonómica, en el ámbito canario, se articula mediante la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, que homogeneiza aspectos como el acceso, la formación, la uniformidad, la homologación de categorías y la creación del Registro de Policías Locales de Canarias. Las funciones de la Policía Local, conforme al art. 53 LOFCS, incluyen la protección de autoridades locales y vigilancia de sus edificios e instalaciones, la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, la instrucción de atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano, funciones de policía administrativa en materia de ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales, la participación en las funciones de Policía Judicial en la forma establecida en el art. 29.2 LOFCS, y la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Comunidad Autónoma en la protección de la seguridad ciudadana conforme a lo acordado en las Juntas de Seguridad. La coordinación entre el CGPC y las Policías Locales de las islas es un eje esencial de la seguridad pública en el archipiélago.

Impugnación de actos y acuerdos de las Entidades Locales: control de legalidad

Los actos y acuerdos de las Entidades Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico son impugnables por los interesados mediante los recursos administrativos que procedan y, en todo caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, la LRBRL atribuye a la Administración del Estado y a la de las Comunidades Autónomas la posibilidad de impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales que infrinjan el ordenamiento jurídico (arts. 65 y 66), para lo cual las Entidades Locales deben remitirles copia o extracto de sus actos y acuerdos (art. 56). La Administración puede dirigir un requerimiento de anulación, con carácter previo a la vía judicial, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación del acto. El art. 67 LRBRL permite al Delegado del Gobierno, cuando un acto o acuerdo local atente gravemente contra el interés general de España, impugnarlo y solicitar su suspensión inmediata ante el órgano judicial competente. Este sistema de control jurisdiccional, que sustituyó al antiguo control de tutela administrativa previo a la Constitución, es coherente con la garantía constitucional de la autonomía local: el control de las Entidades Locales por otras Administraciones solo puede ser un control de legalidad, nunca un control de oportunidad política.

El derecho de los vecinos: participación ciudadana y acceso a la información municipal (art. 18 LRBRL)

El artículo 18 LRBRL reconoce a los vecinos, entre otros, el derecho a ser elector y elegible en los términos de la LOREG; a participar en la gestión municipal de acuerdo con las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal; a utilizar los servicios públicos municipales y a acceder a los aprovechamientos comunales; a ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación con todos los expedientes y documentación municipal; a pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley (art. 71 LRBRL: la convocatoria corresponde al Alcalde, previa autorización del Gobierno de la Nación); a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público cuando constituya competencia municipal propia de carácter obligatorio; y a ejercer la iniciativa popular en los términos del art. 70 bis LRBRL, que exige que las propuestas vayan suscritas por un porcentaje de vecinos que varía según la población (20 % hasta 5.000 habitantes, 15 % entre 5.001 y 20.000, y 10 % a partir de 20.001). Estos derechos vecinales conectan directamente con el principio democrático y de transparencia que debe presidir toda la actividad de la Administración Local.

La disolución de los órganos de las Corporaciones Locales por gestión gravemente dañosa (art. 61 LRBRL)

El artículo 61 LRBRL prevé, como mecanismo extraordinario, que los órganos de las Corporaciones Locales puedan ser disueltos por el Consejo de Ministros, por iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o a solicitud de este, y en todo caso con audiencia del Ayuntamiento y previo acuerdo favorable del Senado, en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. La disolución determina la convocatoria de nuevas elecciones y, entre tanto, los asuntos se gestionan por una Comisión Gestora. Es un mecanismo de aplicación excepcionalísima, próximo en su lógica al art. 155 CE respecto de las Comunidades Autónomas, aunque referido al nivel local.

Composición de la Corporación y elección de Concejales

El número de Concejales de cada Ayuntamiento depende de la población (art. 179 LOREG): hasta 100 residentes, 3; de 101 a 250, 5; de 251 a 1.000, 7; de 1.001 a 2.000, 9; de 2.001 a 5.000, 11; de 5.001 a 10.000, 13; de 10.001 a 20.000, 17; de 20.001 a 50.000, 21; de 50.001 a 100.000, 25; y a partir de 100.001, uno más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más si el resultado fuera un número par. Los Concejales se eligen por sistema proporcional con la fórmula D'Hondt, con listas cerradas y bloqueadas y una barrera del 5 % de los votos válidos emitidos en el municipio (art. 180 LOREG). El mandato es de cuatro años. La Corporación se constituye en sesión pública el vigésimo día posterior a las elecciones, y el Alcalde es elegido en esa misma sesión.

Clases de competencias de las Entidades Locales (arts. 7 y 25 a 28 LRBRL)

Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación (art. 7.1 LRBRL), sin perjuicio de que puedan ejercer también competencias distintas de las anteriores bajo ciertas condiciones. Las competencias propias se determinan por ley (estatal o autonómica), se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, y la ley debe evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Las competencias delegadas se ejercen en los términos de la disposición o del acuerdo de delegación, que debe prever la financiación necesaria, y la Administración delegante puede controlar su ejercicio. Las competencias distintas de las propias y de las delegadas solo pueden ejercerse si no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal y no se incurre en ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración, requiriéndose informes previos y vinculantes de la Administración competente. Las reformas introducidas por la Ley 27/2013 reforzaron el principio de «una Administración, una competencia» y el papel de las Diputaciones y entes equivalentes en la coordinación de servicios mínimos.

Competencias de las Diputaciones y de los Cabildos (art. 36 LRBRL)

El art. 36.1 LRBRL atribuye a las Diputaciones Provinciales, como competencias propias, la coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal; la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión; la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal, y el fomento o administración de los intereses peculiares de la provincia; y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial. En Canarias, los Cabildos Insulares ejercen estas funciones respecto de los municipios de cada isla, además de las competencias que les atribuye la legislación autonómica y las que la Comunidad Autónoma les transfiere o delega. Son funciones típicas de los Cabildos canarios la gestión de carreteras insulares, la ordenación del territorio insular y el apoyo a los municipios pequeños.

La legislación canaria de régimen local: Ley 7/2015 y Ley 8/2015

En Canarias, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, regula el estatuto propio de los municipios del archipiélago (competencias, organización, relaciones con los Cabildos y con la Comunidad Autónoma), y la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, regula la organización y competencias de los Cabildos. Ambas leyes desarrollan el marco básico estatal de la LRBRL con las especialidades derivadas del Estatuto de Autonomía y del hecho insular. El Estatuto de Autonomía reconoce al Cabildo Insular una doble condición: órgano de gobierno, administración y representación de cada isla, e institución de la Comunidad Autónoma, a la que ejecutan competencias por delegación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 140 CE: autonomía municipal; gobierno y administración por el Ayuntamiento (Alcalde + Concejales, elegidos estos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto).
  • Art. 141 CE: la provincia como entidad local con personalidad propia; el art. 141.4 CE reconoce la administración propia de las islas mediante Cabildos o Consejos.
  • Art. 142 CE: suficiencia financiera de las Haciendas locales, con tributos propios y participación en los del Estado y las CCAA.
  • LRBRL (Ley 7/1985), art. 25: competencias propias municipales (urbanismo, tráfico, policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios...). Art. 26: servicios mínimos según tramo de población.
  • Servicios mínimos de todos los municipios (art. 26): alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas.
  • En Canarias no hay Diputaciones Provinciales: los Cabildos Insulares (7 islas) ejercen simultáneamente como institución autonómica y corporación local. Hay 88 municipios.
  • Otras entidades locales (art. 3.2 LRBRL): entidades de ámbito territorial inferior al municipio, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios.
  • Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes.
  • Trampa: los órganos de gobierno de la provincia son Presidente, Vicepresidentes, Pleno y Junta de Gobierno (art. 32 LRBRL); no existe una Diputación Permanente en la LRBRL vigente.
  • Título X LRBRL (arts. 121 a 138): municipios de gran población (más de 250.000 hab.; capitales de provincia de más de 175.000; capitales autonómicas o de provincia o sedes de instituciones autonómicas; y municipios de más de 75.000 con circunstancias especiales).
  • Concejo abierto (art. 140 CE + art. 29 LRBRL): municipios de menos de 100 habitantes y los que tradicionalmente lo tengan; Alcalde elegido directamente y Asamblea Vecinal.
  • Sesiones ordinarias del Pleno: mensual en municipios de más de 20.000 hab., bimestral entre 5.001 y 20.000, trimestral hasta 5.000. Quórum: un tercio del número legal, nunca menos de tres.
  • Art. 4 LRBRL: potestades administrativas de las Entidades Locales (reglamentaria, tributaria, expropiatoria, sancionadora, ejecución forzosa, revisión de oficio...).
  • Bienes locales (art. 79 LRBRL): dominio público, patrimoniales o de propios y comunales; los de dominio público y los comunales son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no sujetos a tributo.
  • Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención y Tesorería): garantizan control técnico independiente del color político (art. 92 bis LRBRL; RD 128/2018).
  • Policía Local: depende de la Corporación Local bajo la superior autoridad del Alcalde (LOFCS, arts. 51 a 54); en Canarias, coordinación por la Ley 6/1997, de 4 de julio.
  • Arts. 65-67 LRBRL: el control del Estado o la CCAA sobre las Entidades Locales es de legalidad (requerimiento de anulación y recurso contencioso-administrativo), no de oportunidad.
  • Art. 61 LRBRL: disolución de órganos de Corporaciones Locales por el Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado, por gestión gravemente dañosa para los intereses generales.
  • Iniciativa popular (art. 70 bis LRBRL): 20 % de vecinos hasta 5.000 hab., 15 % de 5.001 a 20.000 y 10 % desde 20.001.
  • Legislación canaria de referencia: Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
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Pregunta 1 de 100 aciertos

¿Qué artículo de la Ley 7/1985 (LRBRL) enumera las materias en las que el municipio ejerce, en todo caso, competencias propias, entre ellas la policía local y la protección civil?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 8 de Policía Canaria?

Los artículos 140 a 142 de la Constitución garantizan la autonomía de los municipios y las provincias para la gestión de sus respectivos intereses. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), modificada de forma muy relevante por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, desarrolla ese marco constitucional y regula la organización y competencias de las entidades locales: el municipio, la provincia (que en Canarias no tiene Diputación, pues el gobierno de cada isla corresponde al Cabildo Insular) y otras entidades locales, como las mancomunidades, las comarcas, las áreas metropolitanas y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En Canarias, el régimen local se completa con la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?

Art. 140 CE: autonomía municipal; gobierno y administración por el Ayuntamiento (Alcalde + Concejales, elegidos estos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto). Art. 141 CE: la provincia como entidad local con personalidad propia; el art. 141.4 CE reconoce la administración propia de las islas mediante Cabildos o Consejos. Art. 142 CE: suficiencia financiera de las Haciendas locales, con tributos propios y participación en los del Estado y las CCAA. LRBRL (Ley 7/1985), art. 25: competencias propias municipales (urbanismo, tráfico, policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios...). Art. 26: servicios mínimos según tramo de población. Servicios mínimos de todos los municipios (art. 26): alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas. En Canarias no hay Diputaciones Provinciales: los Cabildos Insulares (7 islas) ejercen simultáneamente como institución autonómica y corporación local. Hay 88 municipios. Otras entidades locales (art. 3.2 LRBRL): entidades de ámbito territorial inferior al municipio, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes. Trampa: los órganos de gobierno de la provincia son Presidente, Vicepresidentes, Pleno y Junta de Gobierno (art. 32 LRBRL); no existe una Diputación Permanente en la LRBRL vigente. Título X LRBRL (arts. 121 a 138): municipios de gran población (más de 250.000 hab.; capitales de provincia de más de 175.000; capitales autonómicas o de provincia o sedes de instituciones autonómicas; y municipios de más de 75.000 con circunstancias especiales). Concejo abierto (art. 140 CE + art. 29 LRBRL): municipios de menos de 100 habitantes y los que tradicionalmente lo tengan; Alcalde elegido directamente y Asamblea Vecinal. Sesiones ordinarias del Pleno: mensual en municipios de más de 20.000 hab., bimestral entre 5.001 y 20.000, trimestral hasta 5.000. Quórum: un tercio del número legal, nunca menos de tres. Art. 4 LRBRL: potestades administrativas de las Entidades Locales (reglamentaria, tributaria, expropiatoria, sancionadora, ejecución forzosa, revisión de oficio...). Bienes locales (art. 79 LRBRL): dominio público, patrimoniales o de propios y comunales; los de dominio público y los comunales son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no sujetos a tributo. Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención y Tesorería): garantizan control técnico independiente del color político (art. 92 bis LRBRL; RD 128/2018). Policía Local: depende de la Corporación Local bajo la superior autoridad del Alcalde (LOFCS, arts. 51 a 54); en Canarias, coordinación por la Ley 6/1997, de 4 de julio. Arts. 65-67 LRBRL: el control del Estado o la CCAA sobre las Entidades Locales es de legalidad (requerimiento de anulación y recurso contencioso-administrativo), no de oportunidad. Art. 61 LRBRL: disolución de órganos de Corporaciones Locales por el Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado, por gestión gravemente dañosa para los intereses generales. Iniciativa popular (art. 70 bis LRBRL): 20 % de vecinos hasta 5.000 hab., 15 % de 5.001 a 20.000 y 10 % desde 20.001. Legislación canaria de referencia: Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 140 a 142 y 132
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local)
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Título V
  • Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
  • Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias; Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias

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