El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El procedimiento administrativo común está regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que unificó en un solo texto la regulación anteriormente dispersa entre la Ley 30/1992 y la Ley 11/2007 (administración electrónica), separando la vertiente procedimental (LPACAP) de la organizativa, que recoge la Ley 40/2015. Entró en vigor el 2 de octubre de 2016, con aplazamiento de algunos instrumentos electrónicos hasta octubre de 2020. El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración para garantizar el acierto de sus resoluciones y los derechos de los ciudadanos. El tema abarca el concepto y la naturaleza del procedimiento (fases, plazos, silencio, notificaciones, validez y eficacia de los actos), la especial referencia a la materia sancionadora (principios de la Ley 40/2015 y especialidades de la LPACAP) y el sistema de recursos administrativos y de revisión de oficio.
Concepto, naturaleza jurídica y estructura del procedimiento
El procedimiento administrativo es el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente reguladas que se suceden hasta producir un acto administrativo, y constituye una garantía tanto del interés público (acierto de la decisión) como de los derechos de los administrados (participación, audiencia, motivación). La LPACAP distingue, en cuanto a su estructura, tres fases: iniciación (de oficio, por acuerdo del órgano competente, a petición razonada de otro órgano, por denuncia, o a instancia de parte mediante solicitud, art. 54 y ss.), instrucción (actos de trámite necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos: alegaciones, informes, prueba, audiencia al interesado, información pública, art. 75 y ss.) y terminación (normal, mediante resolución expresa, o anormal, mediante desistimiento, renuncia, caducidad o terminación convencional, arts. 84 y ss.). El silencio administrativo (arts. 24-25) suple la falta de resolución expresa en plazo, con carácter general estimatorio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (salvo excepciones legales) y desestimatorio en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), cuando la estimación tuviera como consecuencia transferir al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, cuando implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y en los de impugnación de actos y disposiciones. La estimación por silencio tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento; la resolución expresa posterior solo puede dictarse si es confirmatoria, mientras que tras un silencio desestimatorio la resolución expresa posterior se adopta sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Los actos administrativos: requisitos, eficacia y nulidad
El artículo 34 LPACAP dispone que los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas se producirán por el órgano competente, ajustándose al procedimiento establecido. El art. 35 exige la motivación de determinados actos (los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos, procedimientos de arbitraje y los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, entre otros). Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39). La LPACAP distingue dos grados de invalidez: la nulidad de pleno derecho (art. 47, para actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, dictados por órgano manifiestamente incompetente, con contenido imposible, constitutivos de infracción penal, dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, entre otros supuestos tasados) y la anulabilidad (art. 48, cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, que no constituya nulidad de pleno derecho); los defectos de forma solo determinan anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión.
El procedimiento sancionador: principios de la potestad sancionadora y especialidades de la LPACAP
La potestad sancionadora se rige por los principios recogidos en los artículos 25 a 31 de la Ley 40/2015: legalidad (art. 25: solo puede ejercerse cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley), irretroactividad (art. 26: se aplican las disposiciones vigentes en el momento de producirse los hechos, salvo que las posteriores favorezcan al presunto infractor), tipicidad (art. 27: solo son infracciones las previstas como tales por una ley), responsabilidad (art. 28: a título de dolo o culpa), proporcionalidad (art. 29), prescripción (art. 30) y concurrencia de sanciones o non bis in idem (art. 31: no pueden sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento). La LPACAP regula las especialidades del procedimiento sancionador en los arts. 63, 64, 85, 89 y 90, entre otros. Rasgos esenciales: se inicia siempre de oficio; se distingue la fase instructora y la sancionadora, que se encomiendan a órganos distintos (art. 63); se reconoce el derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (art. 53.2) y el derecho a ser notificado de los hechos que se imputan, de las infracciones que puedan constituir y de las sanciones que se puedan imponer; el acuerdo de iniciación (art. 64) contiene los hechos, su calificación, la sanción, el instructor, el órgano competente y las medidas provisionales; puede adoptarse información o actuaciones previas (art. 55); la resolución debe ser congruente con lo notificado en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, sin que puedan aceptarse hechos distintos de los determinados en la instrucción, salvo su distinta valoración jurídica (art. 90). El art. 85 permite la terminación del procedimiento mediante el reconocimiento de responsabilidad o el pago voluntario, con reducciones sobre la sanción pecuniaria de, al menos, el 20 % cada una, acumulables.
Recursos administrativos
El Título V LPACAP regula la revisión de los actos en vía administrativa: la revisión de oficio (arts. 106 y ss.) y los recursos administrativos (arts. 112 a 126). Frente a las resoluciones y los actos de trámite cualificados (los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos) pueden interponerse los recursos de alzada y de reposición; la oposición al resto de actos de trámite puede alegarse para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112). El recurso de alzada (arts. 121-122) se interpone ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo (el superior jerárquico), contra resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa, en el plazo de un mes si el acto es expreso, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo si es presunto; el plazo máximo para resolver es de tres meses, transcurrido el cual podrá entenderse desestimado, salvo cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, en cuyo caso el silencio es estimatorio. El recurso potestativo de reposición (arts. 123-124) se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que pone fin a la vía administrativa, en el plazo de un mes (acto expreso), y se resuelve en el plazo de un mes; no puede interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta del de reposición. El recurso extraordinario de revisión (art. 125) procede contra actos firmes en vía administrativa, solo por los motivos tasados en la ley (error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; aparición de documentos de valor esencial; influencia esencial de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; y resolución adoptada por prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible); se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto, en el plazo de cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada en el caso del primer motivo y de tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme en los demás. Las resoluciones de los recursos no pueden agravar la situación inicial del recurrente (prohibición de reformatio in peius, art. 119.3).
Los interesados en el procedimiento administrativo (arts. 3-4 LPACAP)
El artículo 4 LPACAP considera interesados en el procedimiento administrativo a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; a quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. El art. 3 LPACAP regula la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, reconociéndola, además de a quienes la ostenten con arreglo a las normas civiles, a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela; asimismo se reconoce capacidad de obrar a los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos cuando la ley lo declare expresamente. La representación (art. 5) puede acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal o electrónica (apoderamiento apud acta). Los derechos del interesado en el procedimiento se recogen en el art. 53: conocer el estado de tramitación y obtener copias, identificar a las autoridades y al personal responsable, no presentar documentos ya aportados o elaborados por las Administraciones, formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia, y obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos exigidos.
Cómputo de plazos administrativos (arts. 30-33 LPACAP)
El artículo 30 LPACAP establece las reglas generales de cómputo: siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas se entiende que estas son hábiles y se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto sin superar las 24 horas; cuando se señalen por días se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos (el mes de agosto es hábil en vía administrativa). Los plazos señalados por días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio. Cuando los plazos se fijan en meses o años se computan de fecha a fecha, y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del mes; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. El art. 31 regula el cómputo de plazos en los registros electrónicos (rige la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso; un documento presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente). El art. 32 regula la ampliación de plazos, que no puede exceder de la mitad del plazo, debe acordarse antes del vencimiento, no perjudicar derechos de tercero y no es recurrible; y el art. 33, la tramitación de urgencia, que reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los de presentación de solicitudes y recursos.
La obligación de resolver y las excepciones al deber de resolver expresamente (art. 21 LPACAP)
El artículo 21.1 LPACAP impone a la Administración la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúan los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud o desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. El plazo máximo para resolver y notificar es el fijado por la norma reguladora del procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea; cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo, este es de tres meses (art. 21.3). El plazo se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio, y desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente en los iniciados a instancia de parte. El incumplimiento de los plazos puede dar lugar a responsabilidad del personal al servicio de las Administraciones, sin perjuicio de los efectos del silencio administrativo.
Las notificaciones administrativas: régimen general y electrónica (arts. 40-46 LPACAP)
El artículo 40 LPACAP exige que toda notificación se curse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y debe contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. El art. 41 LPACAP establece que, con carácter general, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, siendo en todo caso obligatorias para los sujetos que el art. 14 LPACAP obliga a relacionarse electrónicamente con la Administración (personas jurídicas, entidades sin personalidad, quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, y empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición). El art. 44 regula la notificación por medio de anuncio en el Boletín Oficial correspondiente cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar o medio de notificación, o intentada esta, no se hubiese podido practicar; el anuncio se publica en el Boletín Oficial del Estado. En las notificaciones en papel se realizan dos intentos en horas distintas, separadas al menos tres horas, y si ambos resultan infructuosos se acude al anuncio. En la notificación electrónica se entiende rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (art. 43), con efectos de notificación practicada. La notificación defectuosa surte efecto desde que el interesado realiza actuaciones que suponen el conocimiento del contenido y alcance de la resolución, o interpone el recurso procedente (art. 40.3).
Subsanación y mejora de la solicitud (art. 68 LPACAP)
El artículo 68 LPACAP dispone que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 21. Este plazo puede ampliarse prudencialmente, hasta cinco días, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Es un trámite de garantía a favor del ciudadano frente a un rechazo de plano de su solicitud por meros defectos formales subsanables, coherente con el principio antiformalista que debe presidir las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.
La prueba en el procedimiento administrativo (art. 77 LPACAP)
El artículo 77 LPACAP dispone que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, en el que se podrán practicar cuantas juzgue pertinentes, pudiendo rechazar motivadamente las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada que se notifica a los interesados con antelación suficiente a su realización.
El trámite de audiencia a los interesados (art. 82 LPACAP)
El artículo 82 LPACAP exige que, instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pongan de manifiesto a los interesados, o, en su caso, a sus representantes, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Este trámite es una manifestación directa del derecho a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE aplicado analógicamente a la vía administrativa) y su omisión indebida es uno de los vicios de procedimiento más invocados en la impugnación de actos administrativos, especialmente relevante en el ámbito sancionador.
La revisión de oficio de actos nulos y la declaración de lesividad (arts. 106-107 LPACAP)
El artículo 106 LPACAP permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (el Consejo Consultivo de Canarias, en su caso), declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, cuando estén incursos en alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho del art. 47. Para los actos anulables que sean favorables a los interesados, la Administración no puede revisarlos directamente: debe primero declararlos lesivos para el interés público (declaración de lesividad, art. 107) y después impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa; la declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto, y requiere audiencia de los interesados; se trata de una garantía adicional para el ciudadano frente a la revisión unilateral de actos que le son favorables. Las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes (art. 110).
La revocación de actos desfavorables y la rectificación de errores materiales (arts. 109-110 LPACAP)
El artículo 109.1 LPACAP permite a las Administraciones Públicas revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. El art. 109.2 permite, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Estas dos técnicas se distinguen de la revisión de oficio del art. 106 en que no requieren dictamen previo del órgano consultivo: la revocación solo opera sobre actos desfavorables y la rectificación sobre meros errores materiales sin contenido decisorio jurídico.
Medidas provisionales en el procedimiento administrativo (art. 56 LPACAP)
El artículo 56 LPACAP permite al órgano administrativo competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, dentro de los límites y con los requisitos legalmente previstos, siempre que exista un procedimiento posterior con el que guarden relación directa. Estas medidas provisionales previas deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda; en su defecto, quedarán automáticamente sin efecto. Una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar también las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución, conforme a los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad (art. 56.1). El art. 56.3 prohíbe adoptar medidas que puedan causar perjuicios de imposible o difícil reparación a los interesados, o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
La caducidad del procedimiento (arts. 25 y 95 LPACAP)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento, y con ese apercibimiento, si no se realiza la actividad necesaria para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones (art. 95). En los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen (típicamente, el procedimiento sancionador), el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa produce la caducidad, que la Administración debe declarar de oficio y notificar a los interesados, ordenando el archivo de las actuaciones, sin que ello impida iniciar un nuevo procedimiento mientras no haya prescrito la acción (art. 25.1.b LPACAP). Trampa de examen frecuente: la caducidad del expediente sancionador no equivale a la absolución del expedientado ni impide una nueva incoación dentro del plazo de prescripción de la infracción, salvo que este ya hubiera transcurrido. El procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción (art. 95.3), por lo que, si la infracción ha prescrito entre tanto, ya no cabe iniciar uno nuevo.
El procedimiento administrativo simplificado (art. 96 LPACAP)
El artículo 96 LPACAP regula el procedimiento administrativo simplificado, que la Administración puede acordar de oficio o a solicitud del interesado cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Si algún interesado manifiesta su oposición expresa, la Administración debe seguir la tramitación ordinaria, y en cualquier momento anterior a la resolución el órgano competente puede acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos simplificados deben resolverse en treinta días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada, y se reducen los trámites (por ejemplo, informes y audiencia solo cuando sean imprescindibles). En el ámbito sancionador, si el órgano competente considera que existen elementos para calificar la infracción como leve, puede optar por esta tramitación. No debe confundirse con la tramitación de urgencia del art. 33, que reduce los plazos a la mitad en el procedimiento ordinario.
Ejecutividad y ejecución forzosa de los actos administrativos (arts. 98-104 LPACAP)
El artículo 98 LPACAP dispone que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución de acuerdo con la ley, se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa (que no será ejecutiva hasta que ponga fin a dicha vía), o una disposición establezca lo contrario. El art. 99 exige, para proceder a la ejecución forzosa de los actos, apercibimiento previo de esta. El art. 100 enumera los medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria (cuando el acto sea susceptible de ser realizado por sujeto distinto del obligado), multa coercitiva (reiterable en lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado) y compulsión sobre las personas (solo cuando exista habilitación legal expresa y se respete siempre la debida consideración a la dignidad de la persona y a los derechos reconocidos en la Constitución), medio este último especialmente relevante para la actuación material de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el auxilio a la ejecución forzosa administrativa.
Las especialidades del procedimiento disciplinario del CGPC dentro del régimen sancionador general
El régimen disciplinario del Cuerpo General de la Policía Canaria constituye una modalidad especial de procedimiento sancionador dentro del marco general de la LPACAP y de los principios de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015, con las adaptaciones propias de la relación de sujeción especial que vincula al funcionario policial con la Administración (mayor intensidad de los deberes exigibles, medidas cautelares específicas, y plazos de instrucción y de prescripción propios fijados por su normativa sectorial, que se estudian en los temas específicos). Estas especialidades no excluyen la aplicación supletoria de la LPACAP en todo lo no regulado específicamente por la normativa disciplinaria policial, ni la vigencia de las garantías comunes a todo procedimiento sancionador: tipicidad, presunción de inocencia, separación entre instructor y órgano decisor, audiencia y non bis in idem.
La prescripción de infracciones y sanciones administrativas (art. 30 Ley 40/2015)
El artículo 30 de la Ley 40/2015 regula la prescripción de las infracciones y sanciones administrativas: prescriben según lo dispuesto en las leyes que las establezcan; si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, y las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido (o, en las infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora), y el de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpe la prescripción de las infracciones la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo si el expediente estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable; la de las sanciones se interrumpe por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Diferencia entre procedimiento administrativo común y procedimientos especiales ratione materiae
La disposición adicional primera de la LPACAP reconoce la existencia de procedimientos administrativos especiales ratione materiae, que mantienen su regulación específica en atención a la singularidad de la materia (por ejemplo, los procedimientos tributarios y aduaneros, los de Seguridad Social y desempleo, o los de extranjería y asilo), respecto de los cuales la LPACAP se aplica solo con carácter supletorio, en lo no previsto por su normativa específica. Fuera de estos supuestos expresamente exceptuados, la LPACAP constituye la regulación común y de aplicación general y directa a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), garantizando así un régimen jurídico uniforme de garantías mínimas para los ciudadanos en su relación con cualquier Administración, incluida la actividad administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria en todo lo que no tenga una regulación sectorial propia y específica (régimen disciplinario, licencias de armas, entre otras).
La iniciación del procedimiento y los derechos de los ciudadanos (arts. 13 y 53-62 LPACAP)
El art. 13 reconoce los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones: comunicarse a través de un punto de acceso general electrónico, ser asistidas en el uso de los medios electrónicos, utilizar las lenguas oficiales, acceder a la información pública, archivos y registros, ser tratadas con respeto y deferencia, exigir responsabilidades, obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica, y la protección de datos personales. El procedimiento puede iniciarse de oficio (art. 58: por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia) o a solicitud del interesado (art. 66: la solicitud debe contener la identificación del interesado y representante, hechos, razones y petición, lugar o medio de notificación, firma y órgano destinatario). La denuncia (art. 62) es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio; el denunciante no es por ello interesado en el procedimiento. Antes de la iniciación pueden practicarse actuaciones previas (art. 55) para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Cuando la denuncia procede de agentes de la autoridad, los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se recojan en documentos formalizados con los requisitos legales hacen prueba de estos salvo que se acredite lo contrario (art. 77.5), regla de gran importancia para la actuación policial.
Instrucción: alegaciones, informes e información pública
Los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio (art. 76); el órgano instructor acuerda los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución (art. 75). Los informes son, salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes (art. 79); se emiten en el plazo de diez días, salvo que una norma establezca otro mayor o menor o el órgano instructor, atendiendo al alcance del informe, solicite su emisión en plazo menor o mayor (art. 80). Si el informe es preceptivo y no se emite en plazo, pueden suspenderse el plazo máximo para resolver; si no es preceptivo, se pueden proseguir las actuaciones. El órgano al que corresponda la resolución puede acordar un periodo de información pública, que no puede ser inferior a veinte días, mediante anuncio en el diario oficial correspondiente (art. 83). Tras la instrucción y el trámite de audiencia, el órgano instructor formula la propuesta de resolución, y en los procedimientos sancionadores esta se notifica al interesado para que alegue (art. 89).
Terminación del procedimiento: resolución, desistimiento, renuncia y terminación convencional
Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando no esté prohibida por el ordenamiento), la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas (art. 84). La resolución decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento (art. 88), con motivación suficiente y con congruencia con las peticiones, sin que pueda agravarse la situación inicial del interesado en los procedimientos iniciados por él. Las Administraciones pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de Derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción (terminación convencional, art. 86). El desistimiento y la renuncia son facultades del interesado (art. 94); también la Administración puede desistir en los procedimientos iniciados de oficio (art. 93). La resolución final debe indicar los recursos que procedan, el órgano ante el que hayan de presentarse y el plazo para interponerlos.
Eficacia y suspensión de la ejecución al interponer recursos; acceso a la vía contenciosa
La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado (art. 117). No obstante, el órgano competente puede suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47. Si transcurre un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente sin que este haya dictado resolución expresa, se entiende suspendida la ejecución (suspensión por silencio). Agotada la vía administrativa, el interesado puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), con carácter general en el plazo de dos meses si el acto es expreso, y de seis meses si el acto es presunto. La resolución expresa y la presunta tienen, por tanto, regímenes de plazo distintos, una confusión frecuente en los exámenes.
Validez y eficacia de los actos: otros preceptos clave
Los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36). Los actos administrativos no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellos procedan de un órgano de igual o superior jerarquía (inderogabilidad singular de los reglamentos, art. 37). La eficacia del acto se demora cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior (art. 39). La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero (art. 49); el acto nulo o anulable que contenga los elementos constitutivos de otro distinto producirá los efectos de este (conversión, art. 50); el órgano que declare la nulidad o anule actuaciones dispondrá la conservación de actos y trámites que se hubiesen producido con independencia de la causa de invalidez (art. 51); y la Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan, con efectos retroactivos (art. 52).
Los actos de trámite cualificados y los actos que ponen fin a la vía administrativa
Ponen fin a la vía administrativa (art. 114): las resoluciones de los recursos de alzada; las resoluciones de los procedimientos de impugnación alternativos; las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario; los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial; y las demás resoluciones cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Contra estos actos solo cabe el recurso potestativo de reposición o el contencioso-administrativo directo, mientras que los que no ponen fin a la vía son recurribles en alzada. Esta distinción determina el recurso procedente y es la fuente de numerosas preguntas de examen.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 39/2015 (LPACAP): regula el procedimiento administrativo común; separada de la Ley 40/2015 (organización y régimen jurídico).
Fases del procedimiento: iniciación, instrucción, terminación (arts. 54 y ss., 75 y ss., 84 y ss. LPACAP).
Silencio administrativo: estimatorio con carácter general en procedimientos a instancia de parte (salvo excepciones), desestimatorio en derecho de petición y cuando implique transferir facultades del dominio o servicio público (arts. 24-25).
Invalidez de los actos: nulidad de pleno derecho (art. 47, supuestos tasados) y anulabilidad (art. 48, cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder).
Procedimiento sancionador: separación instructor/órgano sancionador, presunción de inocencia, principios de la potestad sancionadora (arts. 25-31 Ley 40/2015), incluido non bis in idem.
Recursos: alzada (jerárquico, 1 mes, resuelve en 3 meses), reposición (potestativo, mismo órgano, 1 mes), extraordinario de revisión (contra actos firmes, motivos tasados).
Art. 21 LPACAP: obligación de resolver expresamente; plazo fijado por la norma reguladora (máximo 6 meses salvo ley o Derecho de la UE); si no lo fija, 3 meses. Excepciones: terminación por pacto o convenio y derechos sujetos a comunicación previa.
Art. 68 LPACAP: subsanación de la solicitud en 10 días (ampliable 5 días más), con apercibimiento de desistimiento.
Art. 82 LPACAP: trámite de audiencia, entre 10 y 15 días, previo a la propuesta de resolución; se puede omitir si no hay hechos ni pruebas distintas de las del interesado.
Revisión de oficio (art. 106, actos nulos, con dictamen favorable del Consejo de Estado/Consultivo) vs. declaración de lesividad (art. 107, actos anulables favorables, no más de 4 años desde que se dictó) y recurso contencioso.
Caducidad (art. 25 y 95): en procedimientos sancionadores iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución produce caducidad y archivo, sin impedir nueva incoación si no ha prescrito la infracción.
Ejecución forzosa (art. 100 LPACAP): apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (con habilitación legal expresa).
Art. 30 Ley 40/2015: prescripción de infracciones (3 años muy graves, 2 graves, 6 meses leves) y de sanciones (3 años, 2 años, 1 año), si la ley sectorial no fija otro plazo. Las sanciones prescriben desde que son ejecutables o transcurre el plazo para recurrir.
Notificación electrónica: se entiende rechazada tras 10 días naturales sin acceso; notificación en papel: dos intentos con al menos 3 horas de diferencia y luego anuncio en el BOE.
Art. 77.5 LPACAP: los hechos constatados por agentes con condición de autoridad en documentos formalizados con los requisitos legales hacen prueba salvo prueba en contrario.
Art. 85 LPACAP: reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario reducen la sanción pecuniaria, al menos el 20 % cada uno.
Ampliación de plazos (art. 32): máximo la mitad, antes del vencimiento, no recurrible. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos.
Recurso extraordinario de revisión: contra actos firmes; plazo de 4 años para el error de hecho y 3 meses para los demás motivos.
Procedimiento caducado no interrumpe la prescripción (art. 95.3). Caducidad en sancionadores iniciados de oficio: archivo, y nuevo procedimiento solo si no ha prescrito.
La suspensión de la ejecución por silencio: un mes desde la solicitud sin resolución expresa (art. 117.3).
El contencioso-administrativo: 2 meses si el acto es expreso y 6 si es presunto (Ley 29/1998, art. 46).
Trámite de audiencia: 10 a 15 días; información pública: no inferior a 20 días; periodo de prueba: entre 10 y 30 días.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
La notificación electrónica de carácter obligatorio se entiende rechazada cuando transcurren:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 12 de Policía Canaria?
El procedimiento administrativo común está regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que unificó en un solo texto la regulación anteriormente dispersa entre la Ley 30/1992 y la Ley 11/2007 (administración electrónica), separando la vertiente procedimental (LPACAP) de la organizativa, que recoge la Ley 40/2015. Entró en vigor el 2 de octubre de 2016, con aplazamiento de algunos instrumentos electrónicos hasta octubre de 2020. El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración para garantizar el acierto de sus resoluciones y los derechos de los ciudadanos. El tema abarca el concepto y la naturaleza del procedimiento (fases, plazos, silencio, notificaciones, validez y eficacia de los actos), la especial referencia a la materia sancionadora (principios de la Ley 40/2015 y especialidades de la LPACAP) y el sistema de recursos administrativos y de revisión de oficio.
¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?
Ley 39/2015 (LPACAP): regula el procedimiento administrativo común; separada de la Ley 40/2015 (organización y régimen jurídico). Fases del procedimiento: iniciación, instrucción, terminación (arts. 54 y ss., 75 y ss., 84 y ss. LPACAP). Silencio administrativo: estimatorio con carácter general en procedimientos a instancia de parte (salvo excepciones), desestimatorio en derecho de petición y cuando implique transferir facultades del dominio o servicio público (arts. 24-25). Invalidez de los actos: nulidad de pleno derecho (art. 47, supuestos tasados) y anulabilidad (art. 48, cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder). Procedimiento sancionador: separación instructor/órgano sancionador, presunción de inocencia, principios de la potestad sancionadora (arts. 25-31 Ley 40/2015), incluido non bis in idem. Recursos: alzada (jerárquico, 1 mes, resuelve en 3 meses), reposición (potestativo, mismo órgano, 1 mes), extraordinario de revisión (contra actos firmes, motivos tasados). Art. 21 LPACAP: obligación de resolver expresamente; plazo fijado por la norma reguladora (máximo 6 meses salvo ley o Derecho de la UE); si no lo fija, 3 meses. Excepciones: terminación por pacto o convenio y derechos sujetos a comunicación previa. Art. 68 LPACAP: subsanación de la solicitud en 10 días (ampliable 5 días más), con apercibimiento de desistimiento. Art. 82 LPACAP: trámite de audiencia, entre 10 y 15 días, previo a la propuesta de resolución; se puede omitir si no hay hechos ni pruebas distintas de las del interesado. Revisión de oficio (art. 106, actos nulos, con dictamen favorable del Consejo de Estado/Consultivo) vs. declaración de lesividad (art. 107, actos anulables favorables, no más de 4 años desde que se dictó) y recurso contencioso. Caducidad (art. 25 y 95): en procedimientos sancionadores iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución produce caducidad y archivo, sin impedir nueva incoación si no ha prescrito la infracción. Ejecución forzosa (art. 100 LPACAP): apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (con habilitación legal expresa). Art. 30 Ley 40/2015: prescripción de infracciones (3 años muy graves, 2 graves, 6 meses leves) y de sanciones (3 años, 2 años, 1 año), si la ley sectorial no fija otro plazo. Las sanciones prescriben desde que son ejecutables o transcurre el plazo para recurrir. Notificación electrónica: se entiende rechazada tras 10 días naturales sin acceso; notificación en papel: dos intentos con al menos 3 horas de diferencia y luego anuncio en el BOE. Art. 77.5 LPACAP: los hechos constatados por agentes con condición de autoridad en documentos formalizados con los requisitos legales hacen prueba salvo prueba en contrario. Art. 85 LPACAP: reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario reducen la sanción pecuniaria, al menos el 20 % cada uno. Ampliación de plazos (art. 32): máximo la mitad, antes del vencimiento, no recurrible. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos. Recurso extraordinario de revisión: contra actos firmes; plazo de 4 años para el error de hecho y 3 meses para los demás motivos. Procedimiento caducado no interrumpe la prescripción (art. 95.3). Caducidad en sancionadores iniciados de oficio: archivo, y nuevo procedimiento solo si no ha prescrito. La suspensión de la ejecución por silencio: un mes desde la solicitud sin resolución expresa (art. 117.3). El contencioso-administrativo: 2 meses si el acto es expreso y 6 si es presunto (Ley 29/1998, art. 46). Trámite de audiencia: 10 a 15 días; información pública: no inferior a 20 días; periodo de prueba: entre 10 y 30 días.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 25 a 31 (potestad sancionadora)
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 46
Constitución Española, arts. 24, 29 y 105
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