Tema 29. El Decreto 77/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria: Régimen estatutario: derechos y deberes. El régimen disciplinario.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
Este tema estudia el régimen estatutario (derechos y deberes) y el régimen disciplinario del personal del Cuerpo General de la Policía Canaria desde la perspectiva del Reglamento de organización y funcionamiento aprobado por el Decreto 77/2010, de 8 de julio, que desarrolla las previsiones de la Ley 2/2008, de 28 de mayo. Se complementa con la Ley Orgánica 2/1986 (principios básicos de actuación), el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y la Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común), que fija las garantías esenciales del procedimiento sancionador. El régimen disciplinario exige dominar la clasificación de las faltas (muy graves, graves y leves), las sanciones, la competencia para incoar y resolver, las fases del procedimiento ordinario y del abreviado, las medidas provisionales, la prescripción y cancelación y los recursos. Aviso: no ha sido posible contrastar el articulado ni los plazos específicos del Decreto 77/2010; las reglas generales que se citan proceden de la legislación básica y deben completarse con el texto consolidado del Reglamento.
Relación entre la Ley 2/2008, el Decreto 77/2010 y la normativa básica
La Ley 2/2008 fija el marco legal del estatuto y de la disciplina del Cuerpo (reserva de ley en materia de infracciones y sanciones: art. 25.1 CE); el Decreto 77/2010 concreta aspectos reglamentarios de organización, funcionamiento y procedimiento sin poder crear faltas ni sanciones que no tengan cobertura legal. Como derecho supletorio y de contraste se aplican el TREBEP (deberes, código de conducta y régimen disciplinario de los funcionarios), la LOFCS y la Ley 39/2015. El estatuto policial se caracteriza por una relación de sujeción especial, que permite exigir deberes específicos (disponibilidad, jerarquía, secreto profesional, neutralidad) y justifica un régimen disciplinario propio, pero sin eliminar las garantías constitucionales (legalidad, tipicidad, defensa, presunción de inocencia, proporcionalidad y motivación).
Derechos de los miembros del Cuerpo
Derechos generales de los empleados públicos (TREBEP): inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; desempeño efectivo de funciones de su categoría; progresión en la carrera profesional; retribuciones y seguridad social; participación en la consecución de los objetivos; formación continua; respeto a la intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso; no discriminación; adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; vacaciones, descansos, permisos y licencias; defensa jurídica y protección frente a agresiones; y derechos sindicales y de negociación colectiva, con las limitaciones propias de los cuerpos policiales (prohibición del derecho de huelga). Derechos específicos del servicio policial: dotación de los medios materiales y de protección necesarios, vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales adaptada a la actividad, formación específica (uso de la fuerza, armas, primeros auxilios), asistencia jurídica en procedimientos derivados del servicio y régimen especial en caso de accidente en acto de servicio. Estos derechos pueden modularse por las exigencias del servicio y por los principios de disponibilidad y jerarquía.
Deberes y código de conducta
Los deberes se fundamentan en el art. 5 LOFCS (principios básicos de actuación) y en el código de conducta del TREBEP. El TREBEP establece como deberes de los empleados públicos: velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento; actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Principios de conducta destacados: tratar con atención y respeto a los ciudadanos, superiores y compañeros; abstenerse en los asuntos en que concurra causa legal; rechazar regalos y favores que puedan condicionar su actuación; no contraer obligaciones económicas que comprometan su objetividad; mantener actualizada su formación; y guardar secreto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo. Deberes policiales propios: dedicación profesional, secreto profesional, identificación, no abuso de la fuerza, uso reglamentario del uniforme y del armamento, respeto a la integridad y dignidad de los detenidos, y cumplimiento del régimen de incompatibilidades.
Jerarquía y obediencia debida
El deber de obediencia a las órdenes de los superiores es consustancial a un cuerpo jerarquizado, pero no es absoluto. Conforme al art. 5 LOFCS, la obediencia debida no puede amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Si la orden es manifiestamente ilegal, el funcionario no solo puede sino debe negarse a cumplirla, sin que esa negativa constituya falta disciplinaria. Si hay dudas sobre la legalidad de una orden que no es manifiestamente ilegal, el funcionario puede expresar sus reparos al superior y, en principio, debe cumplirla, sin perjuicio de la responsabilidad del superior que la dictó. Esta regla equilibra la eficacia de la organización jerarquizada con el sometimiento pleno a la legalidad.
Vacaciones, permisos, licencias y situaciones administrativas
El régimen de vacaciones, permisos y licencias se rige por el TREBEP y la normativa autonómica, con las adaptaciones del servicio policial (el TREBEP fija un mínimo de veintidós días hábiles de vacaciones anuales retribuidas). Su concesión corresponde a los órganos competentes en materia de personal y solo puede denegarse o aplazarse por necesidades del servicio, de forma motivada y no arbitraria. Las situaciones administrativas de los funcionarios, según el TREBEP, son: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia (voluntaria por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género o terrorismo, voluntaria incentivada, entre otras modalidades) y suspensión de funciones. En el ámbito policial se añade la segunda actividad, propia de los cuerpos policiales. Cada situación conlleva un régimen distinto de derechos económicos, reserva de puesto, cómputo de antigüedad y derechos pasivos.
Faltas disciplinarias: clasificación
Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves. La clasificación determina la sanción aplicable, el procedimiento (ordinario o abreviado), el órgano competente y los plazos de prescripción. Con carácter orientativo, y siguiendo el TREBEP y el régimen policial, entre las muy graves se encuentran el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, la discriminación, el abandono del servicio, la violación de la neutralidad política, los malos tratos a personas bajo custodia, el acoso laboral, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades y haber sido sancionado por tres faltas graves en un año; entre las graves, el abuso de autoridad, la desobediencia no calificable como muy grave, la negligencia grave en el servicio o en la custodia de material y armamento, y los incumplimientos reiterados de los deberes de puntualidad o presencia; y entre las leves, las incorrecciones de menor entidad, los retrasos y los descuidos en el uniforme o la presentación. Es frecuente que el examen confunda tipos próximos: lo decisivo es la gravedad, la intencionalidad y el perjuicio causado al servicio o a los ciudadanos.
Sanciones y su graduación
Sanciones del régimen disciplinario: separación del servicio (pérdida de la condición de funcionario), suspensión de funciones (en el TREBEP la suspensión firme no puede exceder de seis años), traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia, demérito (penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria) y apercibimiento. Las faltas muy graves se castigan con las sanciones más severas (separación del servicio o suspensiones prolongadas); las graves, con suspensiones de duración intermedia, traslado o inmovilización en el escalafón; y las leves, con apercibimiento o suspensión corta. La graduación de la sanción se hace atendiendo al grado de intencionalidad, la descortesía o perturbación del servicio, la atención al público, el daño o perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos, la reiteración o reincidencia, y el grado de participación. La resolución debe motivar expresamente la sanción elegida dentro del margen legal. Las cifras exactas de cada sanción en el CGPC deben consultarse en la ley consolidada.
Competencia para incoar y para resolver
La competencia para incoar el expediente y la competencia para resolverlo son distintas. El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente (propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia). Resolverá el órgano que la ley y el reglamento determinen en función de la gravedad de la falta y del empleo del expedientado: a mayor trascendencia de la sanción para el funcionario, mayor nivel jerárquico del órgano (las más graves, como la separación del servicio, se reservan a los órganos superiores del departamento o del Gobierno de Canarias; las leves pueden imponerse por la Jefatura o por mandos con competencia delegada). La Ley 39/2015 exige separar la fase instructora de la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos (art. 63). La instrucción corresponde a un funcionario designado, de empleo igual o superior al del expedientado, sujeto a las causas de abstención y recusación (arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015), quien puede contar con un secretario.
Procedimiento disciplinario ordinario
Se aplica a las faltas graves y muy graves (y a las leves que se determinen), y no puede imponerse sanción por falta grave o muy grave sin él (art. 98 TREBEP). Fases: (1) Incoación mediante acuerdo motivado que identifica los hechos, su posible calificación, el instructor (y secretario) y las medidas provisionales, notificado al interesado. (2) Instrucción: diligencias de investigación, declaraciones, informes, pruebas; la Ley 39/2015 prevé un periodo de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez cuando los hechos no se consideren probados (art. 77). (3) Pliego de cargos: expresa los hechos imputados, su calificación y las sanciones aplicables, con traslado al expedientado para alegaciones y proposición de prueba. (4) Propuesta de resolución: fija los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta (o el archivo). (5) Audiencia sobre la propuesta: el trámite de audiencia dura entre diez y quince días (art. 82 Ley 39/2015). (6) Resolución del órgano competente, motivada, congruente con lo instruido y con indicación de recursos; el órgano puede apartarse de la propuesta motivando su decisión, pero no introducir hechos nuevos no contrastados. Principios: contradicción, presunción de inocencia, derecho de defensa, información sobre los hechos y utilización de los medios de prueba.
Procedimiento abreviado o sumario
Para las faltas leves el TREBEP prevé que la sanción se imponga mediante procedimiento sumario con audiencia al interesado. El procedimiento abreviado simplifica trámites (puede prescindirse de algunas formalidades o reducirse plazos) pero mantiene las garantías esenciales: conocimiento de los hechos imputados, derecho a alegar y proponer prueba, y resolución motivada con indicación de recursos. No puede utilizarse para sancionar faltas muy graves, dado que afectan a derechos del funcionario de especial relevancia. Debe distinguirse del procedimiento simplificado de la Ley 39/2015, que se aplica solo en los supuestos del art. 96.
Medidas provisionales y suspensión provisional de funciones
El TREBEP permite adoptar, mediante resolución motivada, medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final. La suspensión provisional de funciones como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no puede exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado; el funcionario suspenso provisional tiene derecho a percibir, durante la suspensión, las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si la suspensión provisional se eleva a definitiva, el tiempo de permanencia en suspensión provisional se abona para el cumplimiento de la sanción; si el expediente concluye sin sanción o con una de menor entidad, se restituyen las diferencias retributivas. En el ámbito policial es habitual que la apertura de un expediente o la existencia de indicios de uso inadecuado del arma motive también la retirada cautelar del arma. La Ley 39/2015 (art. 56) exige que las medidas provisionales sean proporcionadas, necesarias y motivadas, y que se puedan alzar o modificar.
Prescripción de faltas y sanciones
La regla general del TREBEP: las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde que se hubieran cometido y, cuando se trate de faltas continuadas, desde el cese de la conducta; el plazo de prescripción de las sanciones comienza desde la firmeza de la resolución sancionadora. Se interrumpe la prescripción de la infracción por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento, reiniciándose el plazo si el expediente permanece paralizado durante un tiempo superior al fijado por la norma por causa no imputable al presunto responsable. Debe distinguirse la prescripción de la falta (impide sancionar) de la de la sanción (impide ejecutarla). Los plazos específicos del CGPC deben contrastarse con la ley y el reglamento, pues pueden variar.
Ejecutividad, anotación y cancelación
Las resoluciones sancionadoras son ejecutivas cuando ponen fin a la vía administrativa; en materia sancionadora la resolución es ejecutiva cuando no cabe contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa (art. 98 Ley 39/2015); la interposición de recursos no suspende por sí sola la ejecución, pero el interesado puede solicitar la suspensión cautelar. Las sanciones firmes se anotan en el expediente personal y pueden tenerse en cuenta para apreciar la reincidencia y como antecedente en procesos de provisión y promoción cuando la norma lo prevea. La cancelación de las anotaciones se produce, de oficio o a instancia del interesado, transcurrido el plazo fijado reglamentariamente (mayor cuanto más grave la sanción) sin nueva sanción; una vez cancelada, no puede tenerse en cuenta a ningún efecto, ni siquiera para apreciar reincidencia. Los datos del expediente se protegen conforme a la normativa de protección de datos.
Recursos contra las resoluciones disciplinarias
Contra la resolución que no ponga fin a la vía administrativa cabe recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que la dictó (un mes si el acto es expreso; tres meses si no lo es, art. 122 Ley 39/2015). Contra las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa cabe el recurso potestativo de reposición (plazo de un mes) o directamente el recurso contencioso-administrativo (plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación del acto expreso, art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). El recurso puede fundarse en motivos de fondo (inexistencia de los hechos, errónea calificación, desproporción) o de forma (vicios de procedimiento, indefensión, incompetencia). La sentencia puede anular la sanción y reconocer la situación jurídica individualizada con indemnización cuando proceda.
Compatibilidad con la responsabilidad penal y non bis in idem
Unos mismos hechos pueden originar responsabilidad disciplinaria y penal, porque protegen bienes jurídicos distintos (el funcionamiento del servicio y la relación de sujeción especial, de un lado; la sociedad en su conjunto, de otro). La doctrina constitucional admite la compatibilidad cuando el fundamento difiere, pero el principio non bis in idem prohíbe la doble sanción cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Cuando se tramita un proceso penal por los mismos hechos, la Administración suele suspender el expediente disciplinario hasta que recaiga sentencia firme, de modo que no se dicten pronunciamientos contradictorios; los hechos declarados probados en sentencia firme vinculan a la Administración al resolver el expediente. La absolución penal no impide sancionar disciplinariamente si los hechos, sin ser delito, son constitutivos de falta. Las condenas por delitos dolosos relacionados con el servicio pueden conllevar la pérdida de la condición de funcionario.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Decreto 77/2010 desarrolla la Ley 2/2008: no puede crear faltas ni sanciones sin cobertura legal (art. 25.1 CE).
Faltas: muy graves, graves y leves; la clasificación determina sanción, procedimiento, órgano y prescripción.
No puede imponerse sanción por falta grave o muy grave sin expediente previo (art. 98 TREBEP); las leves, procedimiento sumario con audiencia.
Fases del ordinario: incoación, instrucción, pliego de cargos, alegaciones y prueba, propuesta de resolución, audiencia, resolución.
Separación entre instrucción y resolución: órganos distintos (art. 63 Ley 39/2015). El instructor está sujeto a abstención y recusación.
Audiencia: plazo de 10 a 15 días (art. 82 Ley 39/2015). Periodo de prueba: entre 10 y 30 días (art. 77).
Suspensión provisional: máximo seis meses salvo paralización imputable al interesado (art. 98 TREBEP); percibe retribuciones básicas.
Suspensión firme de funciones: máximo seis años (TREBEP).
Prescripción de infracciones (TREBEP): 3 años muy graves, 2 graves, 6 meses leves; de sanciones: 3 años, 2 años y 1 año.
La prescripción de la falta impide sancionar; la de la sanción impide ejecutarla (comienza con la firmeza de la resolución).
Recursos: alzada (1 mes, 3 meses si presunto), reposición potestativa (1 mes), contencioso-administrativo (2 meses).
Obediencia debida: no ampara órdenes manifiestamente delictivas o contrarias a la Constitución y las leyes (art. 5 LOFCS).
La sentencia penal firme vincula a la Administración respecto de los hechos probados; non bis in idem solo con identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Cancelada una anotación desfavorable, no puede usarse ni para apreciar reincidencia.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuál es el número mínimo de días hábiles de vacaciones anuales retribuidas que fija el TREBEP para los empleados públicos?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 29 de Policía Canaria?
Este tema estudia el régimen estatutario (derechos y deberes) y el régimen disciplinario del personal del Cuerpo General de la Policía Canaria desde la perspectiva del Reglamento de organización y funcionamiento aprobado por el Decreto 77/2010, de 8 de julio, que desarrolla las previsiones de la Ley 2/2008, de 28 de mayo. Se complementa con la Ley Orgánica 2/1986 (principios básicos de actuación), el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y la Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común), que fija las garantías esenciales del procedimiento sancionador. El régimen disciplinario exige dominar la clasificación de las faltas (muy graves, graves y leves), las sanciones, la competencia para incoar y resolver, las fases del procedimiento ordinario y del abreviado, las medidas provisionales, la prescripción y cancelación y los recursos. Aviso: no ha sido posible contrastar el articulado ni los plazos específicos del Decreto 77/2010; las reglas generales que se citan proceden de la legislación básica y deben completarse con el texto consolidado del Reglamento.
¿Qué hay que memorizar del Tema 29 para el examen?
El Decreto 77/2010 desarrolla la Ley 2/2008: no puede crear faltas ni sanciones sin cobertura legal (art. 25.1 CE). Faltas: muy graves, graves y leves; la clasificación determina sanción, procedimiento, órgano y prescripción. No puede imponerse sanción por falta grave o muy grave sin expediente previo (art. 98 TREBEP); las leves, procedimiento sumario con audiencia. Fases del ordinario: incoación, instrucción, pliego de cargos, alegaciones y prueba, propuesta de resolución, audiencia, resolución. Separación entre instrucción y resolución: órganos distintos (art. 63 Ley 39/2015). El instructor está sujeto a abstención y recusación. Audiencia: plazo de 10 a 15 días (art. 82 Ley 39/2015). Periodo de prueba: entre 10 y 30 días (art. 77). Suspensión provisional: máximo seis meses salvo paralización imputable al interesado (art. 98 TREBEP); percibe retribuciones básicas. Suspensión firme de funciones: máximo seis años (TREBEP). Prescripción de infracciones (TREBEP): 3 años muy graves, 2 graves, 6 meses leves; de sanciones: 3 años, 2 años y 1 año. La prescripción de la falta impide sancionar; la de la sanción impide ejecutarla (comienza con la firmeza de la resolución). Recursos: alzada (1 mes, 3 meses si presunto), reposición potestativa (1 mes), contencioso-administrativo (2 meses). Obediencia debida: no ampara órdenes manifiestamente delictivas o contrarias a la Constitución y las leyes (art. 5 LOFCS). La sentencia penal firme vincula a la Administración respecto de los hechos probados; non bis in idem solo con identidad de sujeto, hecho y fundamento. Cancelada una anotación desfavorable, no puede usarse ni para apreciar reincidencia.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Decreto 77/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria
Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 50, 52-54 y 93-98)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
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