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Tema 3. Las Cortes Generales: funciones del Congreso y del Senado.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

El Título III de la Constitución (arts. 66 a 96) regula las Cortes Generales, que representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1). Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución (art. 66.2). El Congreso se elige por sufragio universal con criterio proporcional y circunscripción provincial (art. 68), mientras que el Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69), con predominio del criterio mayoritario en su elección directa. Las Cortes Generales son inviolables (art. 66.3) y sus miembros no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2). El Congreso concentra la investidura, la moción de censura y la última palabra legislativa, mientras que el Senado ejerce funciones singulares como la aprobación de las medidas del art. 155 CE.

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Composición y elección del Congreso de los Diputados

El artículo 68 CE fija el Congreso entre un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG, lo fija en 350); son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia, con representación mínima inicial y distribución de los demás en proporción a la población; las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional (sistema D'Hondt, según la LOREG). El Congreso es elegido por cuatro años, y el mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Las elecciones tendrán lugar entre treinta y sesenta días desde la terminación del mandato (art. 68.6), y el Reglamento del Congreso de los Diputados data de 10 de febrero de 1982. La LOREG (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio) asigna a cada provincia un mínimo inicial de dos Diputados y reparte los restantes según la población, con la excepción de Ceuta y Melilla, que eligen uno cada una.

Composición y elección del Senado

El artículo 69 CE define al Senado como la Cámara de representación territorial. En cada provincia se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas (art. 69.2). En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma (art. 69.3). En consecuencia, Canarias elige directamente once Senadores (tres por Gran Canaria, tres por Tenerife y uno por cada una de las otras cinco islas). Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una (art. 69.4). Además, las Comunidades Autónomas designan un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio; la designación corresponde a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional (art. 69.5). En Canarias, esa designación corresponde al Parlamento de Canarias. El Senado se elige por cuatro años (art. 69.6). Trampa de examen: en las islas, la circunscripción es la isla (o agrupación con Cabildo), no la provincia, y La Palma y La Gomera eligen un Senador cada una.

El procedimiento legislativo

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras, y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y a la iniciativa popular (art. 87 CE, esta última mediante Ley Orgánica 3/1984, con un mínimo de 500.000 firmas acreditadas y ciertas materias excluidas). Los proyectos de ley del Gobierno son aprobados en Consejo de Ministros y remitidos al Congreso, que los tramita en primer lugar; el Senado, en el plazo de dos meses desde su recepción (veinte días naturales para proyectos declarados urgentes por el Gobierno o el Congreso), puede vetar el texto por mayoría absoluta o introducir enmiendas; el veto puede ser levantado por el Congreso por mayoría absoluta, o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición (art. 90 CE). Corresponde por tanto al Congreso la última palabra en el procedimiento legislativo ordinario. Las leyes son sancionadas por el Rey en el plazo de quince días y promulgadas y publicadas de inmediato (art. 91).

Funciones de control del Gobierno: diferencias entre Congreso y Senado

El Congreso concentra las funciones de control político e investidura que hacen efectiva la responsabilidad del Gobierno ante él: otorga o deniega la confianza al candidato a Presidente del Gobierno en la sesión de investidura (art. 99), puede exigir responsabilidad política mediante moción de censura constructiva (art. 113, que exige la propuesta de un candidato alternativo y mayoría absoluta) o rechazar una cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno (art. 112, por mayoría simple); solo ante el Congreso responde políticamente el Gobierno de forma solidaria (art. 108). El Senado no participa en la investidura ni en la moción de censura, pero comparte con el Congreso las funciones de control ordinario (preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación) y tiene competencias singulares como la aprobación, por mayoría absoluta, de las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales o legales o para proteger el interés general (art. 155 CE): el Gobierno debe formular previamente un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, si no es atendido, adopta las medidas con la aprobación del Senado, pudiendo entonces dar instrucciones a todas las autoridades autonómicas (art. 155.2). Hasta ahora se ha aplicado una sola vez, en octubre de 2017 respecto de Cataluña. El art. 113 CE exige que la moción de censura sea propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, no pueda votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación y, si no prospera, no pueda repetirse por sus signatarios en el mismo periodo de sesiones. Ambas Cámaras se reúnen conjuntamente, bajo la presidencia del Presidente del Congreso, para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (art. 74), como el reconocimiento de la inhabilitación del Rey.

Estatuto de los Diputados y Senadores: prerrogativas (art. 71 CE)

El artículo 71.1 CE reconoce a los Diputados y Senadores la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones: no pueden ser perseguidos judicial ni disciplinariamente por votos y manifestaciones emitidos en el ejercicio de su cargo. El art. 71.2 les reconoce inmunidad durante su mandato: solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (el llamado suplicatorio). El art. 71.3 establece el fuero especial o aforamiento: en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estas tres garantías (inviolabilidad, inmunidad y aforamiento) protegen la función parlamentaria frente a injerencias del Poder Ejecutivo o Judicial que pudieran condicionar la libre formación de la voluntad de las Cámaras, y no son un privilegio personal del parlamentario sino una garantía institucional de la propia Cámara. Los Diputados y Senadores ejercen su cargo sin mandato imperativo (art. 67.2), nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente (art. 67.1) y las reuniones de parlamentarios celebradas sin convocatoria reglamentaria no vinculan a las Cámaras (art. 67.3). Las Cortes Generales son inviolables (art. 66.3). Conexión policial: los Presidentes de las Cámaras ejercen en su nombre todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus sedes, y las Fuerzas de Seguridad no podrán entrar en ellas sin autorización de su respectivo Presidente (art. 72.3). Además, el art. 77.1 permite a las Cámaras recibir peticiones individuales y colectivas siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

Adquisición y pérdida de la condición de Diputado o Senador; incompatibilidades

La condición plena de Diputado o Senador se adquiere, conforme a la LOREG y los Reglamentos de las Cámaras, mediante la presentación de la credencial expedida por la correspondiente Junta Electoral, la formulación de la declaración de bienes y actividades, y el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución en la sesión constitutiva. Se pierde por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación, por fallecimiento o incapacitación, por extinción del mandato al disolverse la Cámara o expirar el plazo del mandato, y por renuncia. El régimen de incompatibilidades (art. 70 CE, desarrollado por la LOREG) impide simultanear el cargo de Diputado y de Senador, y el art. 70.1 enumera, como causas mínimas de inelegibilidad e incompatibilidad que debe recoger la ley electoral: los componentes del Tribunal Constitucional; los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno; el Defensor del Pueblo; los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo; los militares profesionales y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo; y los miembros de las Juntas Electorales. Las incompatibilidades no se limitan a ellas: la ley puede ampliarlas.

Organización interna: Presidente, Mesa y Junta de Portavoces

Cada Cámara elige a su Presidente y a los demás miembros de su Mesa, que es el órgano rector de la Cámara y de su administración interna, ostenta la representación de la misma, agrupa a Vicepresidentes y Secretarios, y ejerce funciones de calificación y admisión a trámite de los escritos y documentos parlamentarios, así como de programación de los trabajos de los órganos de la Cámara (art. 72.2 CE remite a los Reglamentos parlamentarios). El Presidente del Congreso preside además las sesiones conjuntas de las Cortes Generales (art. 72.2 CE) y ostenta, en representación de la Cámara, todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. La Junta de Portavoces, integrada por los portavoces de cada Grupo Parlamentario bajo la presidencia del Presidente de la Cámara, fija el orden del día de las sesiones plenarias en colaboración con la Mesa y canaliza la actividad política de los grupos.

El Pleno, las Comisiones y los Grupos Parlamentarios

El Pleno es la reunión de todos los miembros de la Cámara y el órgano en el que, por regla general, se debaten y aprueban los proyectos y proposiciones de ley, salvo que la propia Cámara delegue en las Comisiones la aprobación de proyectos o proposiciones de ley (competencia legislativa plena de las Comisiones, prevista en el art. 75 CE, con excepción expresa de la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado, que siempre requieren debate y votación final en Pleno). Las Comisiones (permanentes legislativas, permanentes no legislativas y no permanentes o de investigación) estudian, informan y dictaminan los asuntos antes de su debate en Pleno. Los Grupos Parlamentarios, constituidos por Diputados o Senadores con afinidad política (con un número mínimo exigido por los respectivos Reglamentos, existiendo también un Grupo Mixto para quienes no alcanzan ese mínimo), son cauce esencial de la actividad parlamentaria: fijan posición, presentan iniciativas, enmiendas e interpelaciones, y sus portavoces distribuyen los tiempos de intervención en los debates.

La Diputación Permanente (art. 78 CE)

El artículo 78 CE crea en cada Cámara una Diputación Permanente, compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representan a los Grupos Parlamentarios en proporción a su importancia numérica (art. 78.1). Está presidida por el Presidente de la Cámara respectiva y tiene como funciones la prevista en el art. 73 (la convocatoria de sesiones extraordinarias a su petición), asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116 (convalidación de Decretos-leyes y control de los estados de alarma, excepción y sitio), en caso de que hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y velar por los poderes de las Cámaras cuando estas no estén reunidas (art. 78.2). Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta que se constituyan las nuevas Cortes Generales (art. 78.3). Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones (art. 78.4).

Sesiones, quórum y mayorías (arts. 73, 79 y 80 CE)

El artículo 73 CE fija dos periodos ordinarios de sesiones al año: de septiembre a diciembre y de febrero a junio; las Cámaras pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras, con un orden del día determinado y clausurándose una vez agotado este. El art. 79.1 exige que las Cámaras adopten sus acuerdos con la asistencia de la mayoría de sus miembros reglamentariamente reunidas (quórum de asistencia); el art. 79.2 fija la regla general de mayoría simple de los miembros presentes para la validez de los acuerdos, sin perjuicio de las mayorías especiales que la Constitución u otras leyes orgánicas exijan en supuestos concretos (mayoría absoluta, tres quintos o dos tercios); el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable (art. 79.3). Las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80).

Las leyes orgánicas (art. 81 CE)

El artículo 81.1 CE reserva a las leyes orgánicas el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II del Título I), la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución (por ejemplo, la LOFCS, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, los estados de alarma, excepción y sitio). El art. 81.2 exige, para su aprobación, modificación o derogación, mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La ley orgánica no está jerárquicamente por encima de la ley ordinaria, sino que se relaciona con esta por el principio de competencia: cada una regula las materias que la Constitución le reserva, de modo que una ley ordinaria que invadiera materia reservada a ley orgánica sería inconstitucional por incompetencia, no por infracción de jerarquía. La doctrina constitucional entiende que las reservas de ley orgánica deben interpretarse restrictivamente: una ley orgánica puede contener materias no reservadas, pero solo las materias reservadas exigen esta forma. Los Reglamentos de las Cámaras se aprueban por mayoría absoluta en votación final de totalidad (art. 72.1).

Los Decretos-leyes (art. 86 CE)

El artículo 86.1 CE permite al Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes; no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. El art. 86.2 exige su sometimiento a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, para su convalidación o derogación; durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3). Trampa de examen: el Decreto-ley entra en vigor inmediatamente tras su publicación, sin necesidad de convalidación previa, y, si el Congreso lo deroga en el plazo de treinta días, pierde su vigencia solo hacia el futuro (la derogación no tiene efectos retroactivos). La convalidación no convierte al Decreto-ley en ley, aunque las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley. El Tribunal Constitucional puede controlar la concurrencia del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad.

Los Decretos Legislativos (arts. 82 a 85 CE)

Los artículos 82 a 85 CE regulan la delegación legislativa del Congreso y el Senado en el Gobierno, que da lugar a los Decretos Legislativos, con dos modalidades: los textos articulados, mediante una ley de bases que delimita con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios a seguir (art. 82.4), y los textos refundidos, mediante una ley ordinaria que autoriza refundir varios textos legales en uno solo, precisando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir (art. 82.5). La delegación se otorga de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio, se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, y no puede subdelegarse en autoridades distintas del propio Gobierno (art. 82.3). Quedan excluidas de la delegación legislativa las materias reservadas a ley orgánica (art. 82.1). Cuando el Gobierno se excede de los términos de la delegación (ultra vires), la parte del Decreto Legislativo excedida carece de valor de ley y es fiscalizable por los tribunales ordinarios, además de por el Tribunal Constitucional (art. 82.6 y art. 1 LJCA). El art. 83 prohíbe que las leyes de bases autoricen su propia modificación, tengan efecto retroactivo o faculten para dictar normas con ese carácter; el art. 84 permite al Gobierno oponerse a la tramitación de proposiciones de ley o enmiendas contrarias a una delegación en vigor, y el art. 85 dispone que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciban el título de Decretos Legislativos.

Intervención de las Cortes en los tratados internacionales (arts. 93 a 96 CE)

El artículo 93 CE permite autorizar mediante ley orgánica la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (base de la integración de España en la Unión Europea); corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados. El art. 94.1 exige la previa autorización de las Cortes Generales para prestar el consentimiento del Estado en tratados o convenios de carácter político; de carácter militar; que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Conforme al art. 74.2, esta decisión se adopta por mayoría de cada una de las Cámaras y el procedimiento se inicia en el Congreso. El art. 94.2 exige que el Gobierno informe inmediatamente al Congreso y al Senado de la conclusión de los restantes tratados o convenios. El art. 95 dispone que la celebración de un tratado con estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional, y que el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción (control previo; el Tribunal se pronunció así sobre el Tratado de Maastricht en 1992 y sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en 2004). El art. 96.1 dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, y que sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional; el art. 96.2 exige para su denuncia el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el art. 94.

Los Presupuestos Generales del Estado (art. 134 CE)

El artículo 134.1 CE atribuye al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. El art. 134.2 dispone que los Presupuestos tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El art. 134.3 exige que el Gobierno los presente ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior; el art. 134.4 dispone que, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Una vez aprobados, el Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos del mismo ejercicio (art. 134.5), y toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación (art. 134.6). El art. 134.7 dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque sí modificarlos si una ley tributaria sustantiva así lo prevé. El art. 135 consagra el principio de estabilidad presupuestaria, que vincula a todas las Administraciones Públicas (reforma constitucional de 2011).

El Tribunal de Cuentas (art. 136 CE)

El artículo 136.1 CE configura al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, y dependerá directamente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. El art. 136.2 dispone que las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este, que, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. El art. 136.3 dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. Se desarrolla mediante la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, que le atribuye una función fiscalizadora (externa, dependiente de las Cortes) y una función jurisdiccional o de enjuiciamiento contable (para exigir responsabilidad contable a quienes manejan caudales o efectos públicos). Según la LO 2/1982, de 12 de mayo, el Pleno está integrado por doce Consejeros de Cuentas, elegidos por las Cortes Generales (seis por cada Cámara, por mayoría de tres quintos) para un mandato de nueve años.

Funciones de control ordinario del Gobierno (art. 76 CE)

El artículo 76 CE atribuye al Congreso y al Senado, y en su caso a ambas Cámaras conjuntamente, la posibilidad de nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público; sus conclusiones no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado, en su caso, al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. El art. 76.2 impone la obligatoriedad de comparecer, a requerimiento de las Cámaras, previéndose por ley las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación (Ley Orgánica 5/1984). Junto a las Comisiones de investigación, la práctica parlamentaria diaria de control se articula mediante las preguntas orales y escritas al Gobierno (con sesión de control semanal en el Congreso) y las interpelaciones, que pueden dar lugar a una moción posterior en la que la Cámara manifieste su posición.

El referéndum consultivo (art. 92 CE)

El artículo 92.1 CE permite someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos las decisiones políticas de especial trascendencia. El art. 92.2 atribuye al Rey su convocatoria, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. El art. 92.3 remite a una ley orgánica las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución (la Ley Orgánica 2/1980, sobre las distintas modalidades de referéndum). Se trata de un referéndum no vinculante jurídicamente (de ahí su carácter "consultivo"), distinto de los referéndums de ratificación previstos para la reforma constitucional (arts. 167 y 168) y de los propios de los procesos de elaboración o reforma de los Estatutos de Autonomía por la vía del art. 151 CE, que sí tienen carácter vinculante.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado

En su condición de Cámara de representación territorial (art. 69.1 CE), el Senado cuenta entre sus órganos con la Comisión General de las Comunidades Autónomas, prevista en su Reglamento para tratar asuntos de particular incidencia autonómica, y cuya intervención se contempla también en la tramitación de las medidas del art. 155 CE. Esta Comisión constituye uno de los cauces de participación de las Comunidades Autónomas en el debate parlamentario estatal sobre cuestiones que afectan al Estado autonómico en su conjunto, complementando la representación directa de las Comunidades Autónomas mediante los Senadores que estas designan conforme al art. 69.5 CE.

Publicidad de las sesiones parlamentarias (art. 80 CE)

El artículo 80 CE establece como regla general que las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (secreto de las sesiones, reservado a supuestos excepcionales tasados por los propios Reglamentos parlamentarios). Este principio de publicidad es una manifestación del principio democrático y de transparencia parlamentaria, y se complementa con la publicación de los Diarios de Sesiones y del Boletín Oficial de las Cortes Generales, que recogen respectivamente el desarrollo literal de los debates y los textos de las iniciativas parlamentarias en tramitación, siendo instrumentos esenciales de control ciudadano de la actividad legislativa.

Funciones electivas de las Cortes Generales: designación de órganos constitucionales

Además de legislar, aprobar los Presupuestos y controlar al Gobierno, las Cortes Generales participan en la designación de varios órganos. El Congreso otorga o niega la confianza en la investidura del Presidente del Gobierno (art. 99). Las Cortes eligen al Defensor del Pueblo como alto comisionado (art. 54 y LO 3/1981). El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, ambos por mayoría de tres quintos, dos a propuesta del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial, nombrados por el Rey por nueve años y renovados por terceras partes cada tres (art. 159 CE). El Consejo General del Poder Judicial se compone del Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y de veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años: doce entre Jueces y Magistrados y ocho juristas de reconocida competencia (cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, por mayoría de tres quintos) (art. 122.3). Los miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos por las Cortes (art. 136). Trampa de examen: el Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey a propuesta del propio Tribunal en pleno, por tres años.

Reglamentos parlamentarios y autonomía de las Cámaras (art. 72 CE)

El art. 72.1 CE reconoce a cada Cámara autonomía reglamentaria, presupuestaria y organizativa: las Cámaras establecen autónomamente sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma se someten a una votación final sobre su totalidad que requiere mayoría absoluta. Las Cámaras eligen a sus Presidentes y a los demás miembros de sus Mesas, y las sesiones conjuntas son presididas por el Presidente del Congreso y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara (art. 72.2). La autonomía parlamentaria impide la interferencia de otros poderes en la organización interna y es un pilar del principio de separación de poderes. Los actos parlamentarios sin valor de ley pueden ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 42 LOTC).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 66 CE: las Cortes Generales (Congreso + Senado) representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno.
  • Congreso: entre 300 y 400 Diputados (350 por LOREG), circunscripción provincial, representación proporcional, 4 años de mandato.
  • Senado: Cámara de representación territorial; 4 Senadores por provincia (reglas especiales insulares), más los designados por las CCAA (1 + 1 por millón de habitantes).
  • Iniciativa legislativa: Gobierno, Congreso, Senado, CCAA e iniciativa popular (art. 87 CE, LO 3/1984).
  • El Senado puede vetar (mayoría absoluta) o enmendar un proyecto en 2 meses (20 días si es urgente); el Congreso tiene la última palabra (art. 90 CE).
  • Solo el Congreso interviene en la investidura (art. 99), la moción de censura constructiva (art. 113) y la cuestión de confianza (art. 112); el Senado autoriza, por mayoría absoluta, las medidas del art. 155 CE.
  • Art. 71 CE: inviolabilidad (opiniones en el ejercicio del cargo), inmunidad (detención solo en flagrante delito, suplicatorio para procesar) y aforamiento ante la Sala de lo Penal del TS.
  • Art. 78 CE: Diputación Permanente, mínimo 21 miembros, vela por los poderes de la Cámara fuera de periodos de sesiones o tras disolución.
  • Art. 81 CE: leyes orgánicas para derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general; mayoría absoluta en votación final de conjunto.
  • Art. 86 CE: Decreto-ley, extraordinaria y urgente necesidad, no puede afectar instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de CCAA ni Derecho electoral; convalidación por el Congreso en 30 días.
  • Arts. 82-85 CE: Decretos Legislativos por ley de bases (textos articulados) o ley ordinaria (textos refundidos); no cabe delegación en materia orgánica ni subdelegación.
  • Art. 93 CE: ley orgánica para tratados que atribuyan competencias a organizaciones internacionales (base de la integración en la UE).
  • Art. 134 CE: Presupuestos Generales del Estado, anuales, elaborados por el Gobierno y aprobados por las Cortes; prórroga automática si no se aprueban a tiempo.
  • Art. 136 CE: Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador, depende de las Cortes Generales; sus miembros tienen el estatuto de los Jueces.
  • Art. 92 CE: referéndum consultivo, no vinculante, convocado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno con autorización previa del Congreso.
  • Senado: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen 3 Senadores cada una; Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, 1 cada una; Ceuta y Melilla, 2 cada una (art. 69). Canarias elige 11 Senadores directamente.
  • Art. 72.3 CE: los Presidentes de las Cámaras ejercen poderes de policía en las sedes; las Fuerzas de Seguridad no pueden entrar sin su autorización.
  • Art. 70.1 CE: son inelegibles e incompatibles, entre otros, jueces, fiscales, militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, Defensor del Pueblo y miembros del TC.
  • Art. 78 CE: la Diputación Permanente (mínimo 21 miembros) asume las facultades de las Cámaras disueltas en relación con los arts. 86 y 116.
  • Art. 86 CE: el Decreto-ley derogado por el Congreso pierde vigencia solo hacia el futuro; no se puede dictar sobre instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general.
  • Art. 94.1 CE: autorización previa de las Cortes para tratados políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o al Título I, con obligaciones financieras para la Hacienda o que modifiquen o deroguen leyes; art. 95: control previo del TC.
  • Art. 134.7 CE: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos; solo modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé.
  • Art. 155 CE: requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma y aprobación por mayoría absoluta del Senado; aplicado por primera vez en 2017.
  • Art. 77 CE: peticiones a las Cámaras solo por escrito; prohibida su presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
  • Art. 113 CE: moción de censura propuesta por 1/10 de los Diputados, con candidato alternativo, mayoría absoluta, votación no antes de cinco días.
  • Art. 112 CE: la confianza se entiende otorgada con la mayoría simple de los Diputados.
  • Art. 67 CE: sin mandato imperativo; nadie puede ser a la vez Diputado y Senador ni acumular acta con la de una Asamblea autonómica.
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¿Quién es competente en las causas contra Diputados y Senadores conforme al artículo 71.3 CE?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Policía Canaria?

El Título III de la Constitución (arts. 66 a 96) regula las Cortes Generales, que representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1). Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución (art. 66.2). El Congreso se elige por sufragio universal con criterio proporcional y circunscripción provincial (art. 68), mientras que el Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69), con predominio del criterio mayoritario en su elección directa. Las Cortes Generales son inviolables (art. 66.3) y sus miembros no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2). El Congreso concentra la investidura, la moción de censura y la última palabra legislativa, mientras que el Senado ejerce funciones singulares como la aprobación de las medidas del art. 155 CE.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

Art. 66 CE: las Cortes Generales (Congreso + Senado) representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno. Congreso: entre 300 y 400 Diputados (350 por LOREG), circunscripción provincial, representación proporcional, 4 años de mandato. Senado: Cámara de representación territorial; 4 Senadores por provincia (reglas especiales insulares), más los designados por las CCAA (1 + 1 por millón de habitantes). Iniciativa legislativa: Gobierno, Congreso, Senado, CCAA e iniciativa popular (art. 87 CE, LO 3/1984). El Senado puede vetar (mayoría absoluta) o enmendar un proyecto en 2 meses (20 días si es urgente); el Congreso tiene la última palabra (art. 90 CE). Solo el Congreso interviene en la investidura (art. 99), la moción de censura constructiva (art. 113) y la cuestión de confianza (art. 112); el Senado autoriza, por mayoría absoluta, las medidas del art. 155 CE. Art. 71 CE: inviolabilidad (opiniones en el ejercicio del cargo), inmunidad (detención solo en flagrante delito, suplicatorio para procesar) y aforamiento ante la Sala de lo Penal del TS. Art. 78 CE: Diputación Permanente, mínimo 21 miembros, vela por los poderes de la Cámara fuera de periodos de sesiones o tras disolución. Art. 81 CE: leyes orgánicas para derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general; mayoría absoluta en votación final de conjunto. Art. 86 CE: Decreto-ley, extraordinaria y urgente necesidad, no puede afectar instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de CCAA ni Derecho electoral; convalidación por el Congreso en 30 días. Arts. 82-85 CE: Decretos Legislativos por ley de bases (textos articulados) o ley ordinaria (textos refundidos); no cabe delegación en materia orgánica ni subdelegación. Art. 93 CE: ley orgánica para tratados que atribuyan competencias a organizaciones internacionales (base de la integración en la UE). Art. 134 CE: Presupuestos Generales del Estado, anuales, elaborados por el Gobierno y aprobados por las Cortes; prórroga automática si no se aprueban a tiempo. Art. 136 CE: Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador, depende de las Cortes Generales; sus miembros tienen el estatuto de los Jueces. Art. 92 CE: referéndum consultivo, no vinculante, convocado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno con autorización previa del Congreso. Senado: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen 3 Senadores cada una; Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, 1 cada una; Ceuta y Melilla, 2 cada una (art. 69). Canarias elige 11 Senadores directamente. Art. 72.3 CE: los Presidentes de las Cámaras ejercen poderes de policía en las sedes; las Fuerzas de Seguridad no pueden entrar sin su autorización. Art. 70.1 CE: son inelegibles e incompatibles, entre otros, jueces, fiscales, militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, Defensor del Pueblo y miembros del TC. Art. 78 CE: la Diputación Permanente (mínimo 21 miembros) asume las facultades de las Cámaras disueltas en relación con los arts. 86 y 116. Art. 86 CE: el Decreto-ley derogado por el Congreso pierde vigencia solo hacia el futuro; no se puede dictar sobre instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general. Art. 94.1 CE: autorización previa de las Cortes para tratados políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o al Título I, con obligaciones financieras para la Hacienda o que modifiquen o deroguen leyes; art. 95: control previo del TC. Art. 134.7 CE: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos; solo modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé. Art. 155 CE: requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma y aprobación por mayoría absoluta del Senado; aplicado por primera vez en 2017. Art. 77 CE: peticiones a las Cámaras solo por escrito; prohibida su presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Art. 113 CE: moción de censura propuesta por 1/10 de los Diputados, con candidato alternativo, mayoría absoluta, votación no antes de cinco días. Art. 112 CE: la confianza se entiende otorgada con la mayoría simple de los Diputados. Art. 67 CE: sin mandato imperativo; nadie puede ser a la vez Diputado y Senador ni acumular acta con la de una Asamblea autonómica.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, 1978 (BOE-A-1978-31229), Título III (arts. 66 a 96), arts. 112, 113, 122, 134 a 136, 155 y 159
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
  • Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982
  • Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular
  • Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum
  • Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras
  • Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas

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