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Tema 32. Homicidio y asesinato. Lesiones. Delitos contra la libertad. Torturas y otros delitos contra la integridad moral. Trata de seres humanos. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. La omisión del deber de socorro.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

Este tema estudia, desde la perspectiva de la actuación policial, los delitos contra las personas de mayor gravedad y frecuencia en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre): los delitos contra la vida humana independiente (homicidio y asesinato, arts. 138 a 143), las lesiones (arts. 147 a 156), los delitos contra la libertad (detención ilegal y secuestro, amenazas, coacciones y acoso, arts. 163 a 172 ter), los delitos contra la integridad moral (trato degradante y tortura, arts. 173 a 177), la trata de seres humanos (art. 177 bis), los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (arts. 178 a 194) y la omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196). El estudio exige distinguir con precisión figuras próximas: homicidio y asesinato, amenazas y coacciones, tortura y trato degradante, trata y tráfico de migrantes, agresión sexual básica y con acceso carnal, omisión del deber de socorro básica y del causante del accidente. La reforma más relevante de los últimos años en el ámbito sexual es la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Esta reforma suprimió la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, que quedaron unificados en el concepto de agresión sexual, y situó el consentimiento como eje de la tipificación. Se aborda el tema con lenguaje técnico: lo relevante para el examen y para la práctica policial son los elementos típicos, las penas de referencia, las circunstancias agravantes y las reglas de actuación (protección de la víctima, atestado, medidas cautelares).

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Delitos contra la vida: bien jurídico y sistemática

El artículo 15 de la Constitución reconoce el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El Título I del Libro II del Código Penal protege la vida humana independiente (homicidio y sus formas, asesinato, inducción y cooperación al suicidio), separada de la vida humana dependiente (aborto y lesiones al feto), que se regula en títulos distintos. La vida humana independiente comienza con el nacimiento. En la práctica policial resulta decisiva la calificación provisional del hecho (homicidio doloso, asesinato, homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte), porque de ella dependen las diligencias, la intervención de la policía judicial y la comunicación al Juzgado de Instrucción. Se distingue el dolo directo (el autor persigue el resultado), el dolo de consecuencias necesarias y el dolo eventual (el autor se representa como probable la muerte y acepta ese resultado); la imprudencia consiste en la infracción del deber objetivo de cuidado, y se gradúa en grave y menos grave.

El homicidio (art. 138 CP) y el homicidio imprudente (art. 142 CP)

El artículo 138.1 del Código Penal castiga al que matare a otro con la pena de prisión de diez a quince años como reo de homicidio, que es el tipo básico de los delitos contra la vida humana independiente. Sus elementos son una acción u omisión que cause la muerte de otra persona, la relación de causalidad entre la conducta y el resultado, y el dolo. El artículo 138.2 prevé la pena superior en grado, de quince a veintidós años y seis meses de prisión, cuando concurran alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140 (víctima menor de dieciséis años o especialmente vulnerable, hecho subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido sobre la víctima, o pertenencia del autor a un grupo u organización criminal) o cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550. La distinción entre homicidio en grado de tentativa y lesiones se resuelve por el ánimo de matar (animus necandi), que se infiere de indicios objetivos: arma empleada, zona del cuerpo afectada, número y entidad de los golpes, palabras del autor, actuación posterior. El homicidio imprudente (art. 142) se castiga con prisión de uno a cuatro años si la imprudencia es grave y con multa de tres a dieciocho meses si es menos grave (en este caso, delito leve perseguible previa denuncia de la persona agraviada o su representante legal); si se comete con vehículo a motor o ciclomotor, o con arma de fuego, se prevén penas privativas de derechos accesorias.

El asesinato (art. 139 CP)

El artículo 139.1 del Código Penal castiga con la pena de prisión de quince a veinticinco años al que matare a otro concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª con alevosía, que consiste en emplear medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para el autor pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido (la alevosía puede ser proditoria o de acecho, súbita o inopinada, y de desvalimiento, cuando se aprovecha la indefensión de la víctima, por ejemplo por su edad); 2.ª por precio, recompensa o promesa; 3.ª con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido; y 4.ª para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. El artículo 139.2 dispone que, cuando en un asesinato concurran más de una de estas circunstancias, se impondrá la pena en su mitad superior (veinte a veinticinco años). A diferencia del homicidio, que exige únicamente el dolo de matar, el asesinato requiere la concurrencia de alguna de estas circunstancias cualificadoras. Es un error frecuente creer que la pluralidad de circunstancias genera el tipo de prisión permanente revisable: esta pena no la prevé el artículo 139, sino el artículo 140.

Asesinato hipercualificado (art. 140 CP) y prisión permanente revisable

El artículo 140.1 del Código Penal castiga el asesinato con la pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de estas circunstancias: 1.ª que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; 2.ª que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; y 3.ª que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. El artículo 140.2 impone la misma pena al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas. Conviene retener que no basta la muerte de dos personas: se exige más de dos. La prisión permanente revisable, introducida por la Ley Orgánica 1/2015, es una pena de duración indeterminada cuya revisión judicial se sujeta a requisitos de cumplimiento mínimo y de pronóstico favorable de reinserción (arts. 36 y 92 CP); el Tribunal Constitucional ha declarado su conformidad con la Constitución (STC 169/2021). Su aplicación a la violencia de género o a otros supuestos no se encuentra en el catálogo del art. 140.1, por lo que la agravante de género debe analizarse con las circunstancias genéricas (art. 23 y art. 22.4 CP) y con los tipos específicos.

Inducción y cooperación al suicidio; eutanasia (art. 143 CP)

El artículo 143 del Código Penal regula la participación en el suicidio ajeno. Su apartado 1 castiga con prisión de cuatro a ocho años al que induzca al suicidio de otro; el apartado 2 castiga con prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona; y el apartado 3 castiga con prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. El apartado 4 contempla la causación o cooperación activa con actos necesarios y directos a la muerte de otro por petición expresa, seria e inequívoca de éste, cuando la víctima sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, con una pena inferior en uno o dos grados. El apartado 5, introducido por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, exime de responsabilidad penal a quien cause o coopere activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en esa ley orgánica. La clave del examen es que la inducción al suicidio no es homicidio: la víctima conserva la decisión final; si la víctima es menor o carece de capacidad o su voluntad está viciada, la conducta se califica como homicidio o asesinato.

Las lesiones: tipo básico (art. 147 CP)

El artículo 147.1 del Código Penal castiga al que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses. El criterio decisivo es el tratamiento: la primera asistencia (diagnóstico inicial, limpieza, observación, simple vigilancia) no convierte la lesión en delito, y el tratamiento médico exige un sistema curativo planificado, la prescripción de medicación con finalidad curativa o una intervención quirúrgica. La lesión que no cumple ese requisito es un delito leve castigado con multa de uno a tres meses (art. 147.2), y el simple golpe o maltrato de obra sin causar lesión se castiga también como delito leve (art. 147.3), perseguible solo previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Los informes de asistencia sanitaria, el parte de lesiones y el informe médico forense son elementos probatorios clave, y el atestado debe reflejar el mecanismo lesivo y el medio empleado.

Lesiones agravadas por el medio o por el resultado (arts. 148 a 150 CP)

El artículo 148 castiga con prisión de dos a cinco años las lesiones del artículo 147.1 cuando: 1.º en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosos para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado; 2.º hubiere mediado ensañamiento o alevosía; 3.º la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección; y 4.º la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; también se agrava cuando la víctima sea persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. El artículo 149 castiga con prisión de seis a doce años al que causare a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica; el mismo artículo castiga la mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. El artículo 150 castiga con prisión de tres a seis años la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad. La graduación obedece a la gravedad del resultado; en el atestado deben quedar acreditados el instrumento, la zona afectada y el parte de lesiones.

Lesiones imprudentes y maltrato en el ámbito familiar (arts. 152, 153 y 173.2 CP)

Las lesiones causadas por imprudencia grave se castigan según el resultado (art. 152), con penas de prisión graduadas según se trate de las lesiones del art. 147.1, del art. 149 o del art. 150; la imprudencia menos grave que cause lesiones del art. 147.1 es delito leve. Si el hecho se comete con vehículo a motor, ciclomotor o arma de fuego, se imponen penas de privación del derecho a conducir o a la tenencia y porte de armas. Dentro de las lesiones de ámbito familiar, el artículo 153.1 castiga al que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del art. 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, con prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años. El artículo 153.2 extiende la protección a otras personas del artículo 173.2 (descendientes, ascendientes, hermanos, menores y personas con discapacidad que convivan con el autor, etc.) con prisión de tres meses a un año. El artículo 173.2 castiga la violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar con prisión de seis meses a tres años, además de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y, en su caso, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. El policía debe valorar siempre el riesgo y activar los mecanismos de protección de la víctima: orden de protección (art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), penas y medidas cautelares de alejamiento y comunicación (art. 48 CP) y el sistema VioGén de seguimiento.

Detención ilegal y secuestro (arts. 163 a 167 y 530 CP)

El artículo 163.1 castiga al particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, con prisión de cuatro a seis años. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impone la pena inferior en grado (art. 163.2). El artículo 163.3 castiga con multa de seis a doce meses al particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad; esta regla es especialmente relevante para valorar la detención por particulares (art. 490 LECrim: detención en caso de delito flagrante). El artículo 164 castiga con prisión de seis a diez años el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, con la misma regla de rebaja si se libera en los tres primeros días sin lograr el objeto. El artículo 165 y siguientes agravan la pena cuando concurran circunstancias como la simulación de autoridad o función pública, la minoría de edad o discapacidad de la víctima o la prolongación de la privación de libertad por más de quince días, y el artículo 166 castiga con penas mayores a quienes no den razón del paradero de la persona detenida. Es un delito permanente: la consumación se mantiene mientras dure la privación de libertad, lo que permite la detención en flagrancia en cualquier momento. Para los agentes de la autoridad hay dos preceptos fundamentales: el artículo 167 (autoridad o funcionario que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito, comete la detención ilegal: penas del capítulo en su mitad superior e inhabilitación absoluta de ocho a doce años) y el artículo 530 (autoridad o funcionario que, mediando causa por delito y fuera de los casos permitidos por la ley, acuerda, practica o prolonga la privación de libertad: inhabilitación especial para empleo o cargo público). La diferencia entre ambos está en la existencia o no de causa legal por delito.

Las amenazas (arts. 169 a 171 CP)

La amenaza consiste en el anuncio de un mal futuro, injusto, determinado y posible, cuya realización depende de la voluntad del autor, con la finalidad de causar inquietud o temor al amenazado. El artículo 169 castiga al que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, con penas de prisión graduadas según se exija o no una condición y según se consiga o no el propósito; el hecho de exigir una condición (extorsión) agrava la pena. Cuando el mal con el que se amenaza no constituye delito, el artículo 171 prevé penas más leves, igualmente agravadas si hay condición. Las amenazas leves con armas u otros instrumentos peligrosos, y las dirigidas a quien sea o haya sido pareja del autor o a personas especialmente vulnerables que convivan con él, tienen reglas específicas y penas propias, con privación de armas y medidas de alejamiento. Elementos prácticos: el mal debe ser serio y verosímil, la amenaza debe poder perturbar la tranquilidad de una persona normal y no es necesario que el autor pretenda cumplirla. En el atestado se documenta el contenido literal de la amenaza, el medio empleado (verbal, escrito, mensaje electrónico, redes sociales), el contexto y los antecedentes.

Las coacciones y el acoso (arts. 172, 172 bis y 172 ter CP)

El artículo 172.1 castiga al que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se impone la pena en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto; también castiga quien de modo insistente y reiterado impida el legítimo disfrute de la vivienda. La violencia se entiende en sentido amplio: física, sobre las cosas con efecto compulsivo, o intimidación. Es un delito de carácter residual: cuando existen tipos más específicos (amenazas, detención ilegal, delitos sexuales) prevalecen éstos. Las coacciones leves son delito leve y, cuando afectan a la pareja o a las personas del art. 173.2, están castigadas con penas específicas. El artículo 172 bis castiga la coacción dirigida a contraer matrimonio. El artículo 172 ter tipifica el acoso (stalking): castiga con prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses al que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de estas conductas, y de ese modo altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: vigilar, perseguir o buscar su cercanía física; establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas; adquirir productos o mercancías, contratar servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella mediante el uso indebido de sus datos personales; o atentar contra su libertad o patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Si la víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o situación, la pena es de prisión de seis meses a dos años. Se persigue previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Delitos contra la integridad moral: trato degradante (art. 173 CP)

El artículo 173.1 castiga con prisión de seis meses a dos años al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Es un delito común, que puede cometer cualquier persona, y no exige finalidad específica. El menoscabo grave de la integridad moral requiere una afectación de la dignidad de la víctima (humillación, vejación, sensación de envilecimiento) de una intensidad que la distinga de los delitos de lesiones, amenazas o coacciones, y puede derivar de actos reiterados. El mismo apartado castiga, con la misma pena, a quienes en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial, y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro, de forma reiterada, actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima (acoso laboral), así como a quienes de forma reiterada lleven a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda (acoso inmobiliario). El apartado 2 del artículo 173 castiga la violencia habitual en el ámbito familiar (ver el punto sobre lesiones). La Ley Orgánica 10/2022 incluyó, entre los delitos contra la integridad moral relacionados con la violencia sexual, un tipo de acoso callejero de carácter leve, consistente en dirigir expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos.

La tortura y los atentados contra la integridad moral por autoridad o funcionario (arts. 174 a 177 CP)

El artículo 174.1 define la tortura: comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. La pena es de prisión de dos a seis años si el atentado fue grave y de prisión de uno a tres años si no lo es, y en todo caso se impone la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años. Las mismas penas se aplican a la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere los actos descritos en relación con detenidos, internos o presos. Se trata de un delito especial propio, que solo puede cometer quien tenga la condición de autoridad o funcionario público. Fuera de los supuestos de tortura, el artículo 175 castiga a la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo, atentare contra la integridad moral de una persona (prisión de dos a cuatro años si el atentado es grave y de seis meses a dos años si no lo es, con inhabilitación especial). El artículo 176 sanciona, con pena inferior en grado, a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos. El artículo 177 establece que, si en los delitos anteriores, además del atentado a la integridad moral, se produjera lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos. Desde la perspectiva institucional, el Defensor del Pueblo ejerce, desde 2009, las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984, y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos refuerzan la prohibición absoluta. Para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el deber de velar por la integridad de los detenidos se recoge en el art. 5.3 LOFCS.

La trata de seres humanos (art. 177 bis CP)

El artículo 177 bis castiga con la pena de prisión de cinco a ocho años, como reo de trata de seres humanos, al que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con alguna de estas finalidades: a) la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad; b) la explotación sexual, incluyendo la pornografía; c) la explotación para realizar actividades delictivas; d) la extracción de sus órganos corporales; y e) la celebración de matrimonios forzados. El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios señalados, y cuando la víctima sea menor de edad se considera trata aunque no se recurra a ninguno de esos medios. Se agrava la pena (superior en grado) cuando se haya puesto en grave peligro a la víctima o ésta sea especialmente vulnerable por enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o menor de edad; se prevén también agravaciones por pertenencia a organización criminal y por la condición de autoridad o funcionario público del autor, así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La víctima queda exenta de pena por los delitos cometidos en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación sea consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y exista una adecuada proporcionalidad. La trata es un delito pluriofensivo contra la dignidad y la libertad, independiente del delito de explotación efectivamente consumada, con el que puede concurrir.

Trata y tráfico ilícito de migrantes; identificación y protección de las víctimas

No deben confundirse la trata de seres humanos (art. 177 bis CP) y el tráfico ilícito de migrantes (art. 318 bis CP). La trata protege la dignidad y la libertad de la persona explotada, puede producirse sin cruce de fronteras y la víctima no consiente libremente; el tráfico de migrantes protege el interés estatal en el control de los flujos migratorios y la integridad de los derechos de los extranjeros, consiste en promover, favorecer o facilitar el tránsito o la estancia ilegal, y la persona migrante actúa en principio de forma voluntaria. Los instrumentos internacionales de referencia son el Protocolo de Palermo (2000) de las Naciones Unidas, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Varsovia, 2005) y la Directiva 2011/36/UE. En España, la actuación policial se rige por el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos (2011), que establece pautas de detección, identificación formal por unidades especializadas, derivación a recursos de asistencia y coordinación con el Ministerio Fiscal. Para las víctimas extranjeras en situación irregular, el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, prevé un período de restablecimiento y reflexión y la exención de responsabilidad administrativa por infracción de la normativa de extranjería. Son indicios habituales de trata: control de documentos por terceros, deudas desproporcionadas, restricciones de movimiento, ausencia de comunicación autónoma, condiciones de alojamiento y trabajo anómalas y relato inconsistente por miedo.

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual: la reforma de 2022 y 2023

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, reformó el Título VIII del Libro II del Código Penal. Sus ejes son: a) la supresión de la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, de modo que todos los atentados contra la libertad sexual sin consentimiento son agresión sexual; b) la definición del consentimiento como eje del tipo: el artículo 178.1 castiga al que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, y precisa que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona; c) la consideración, en todo caso, como agresión sexual de los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, los ejecutados sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abuse, y los cometidos anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto (sumisión química); d) el establecimiento de recursos de asistencia integral a las víctimas, entre ellos centros de crisis. La Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, modificó el Código Penal para ajustar las penas, de modo que el marco penal de las modalidades más graves recuperó mínimos superiores a los introducidos en 2022. En la práctica policial, el consentimiento se valora en el conjunto de las circunstancias del caso y no se exige a la víctima resistencia: ni el silencio ni la pasividad equivalen a consentimiento. El bien jurídico protegido es la libertad sexual (capacidad de decidir libremente sobre la propia actividad sexual) y, en el caso de menores y personas con discapacidad, la indemnidad sexual (desarrollo normal de la vida sexual, libre de interferencias).

Agresión sexual con acceso carnal y circunstancias de agravación (arts. 178 a 180 CP)

El artículo 179 del Código Penal configura el tipo agravado de agresión sexual cuando consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, y le atribuye la denominación legal de violación, con pena de prisión de hasta doce años (la LO 4/2023 ajustó el límite mínimo de la horquilla). El artículo 180 prevé penas superiores cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: actuación conjunta de dos o más personas; carácter particularmente degradante o vejatorio de la violencia o intimidación; especial vulnerabilidad de la víctima por razón de edad, enfermedad, discapacidad o cualquier otra circunstancia; que la víctima sea o haya sido pareja del autor, aun sin convivencia; que el autor se prevalga de una relación de superioridad o parentesco con la víctima; y el empleo de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir muerte o lesiones. La distinción entre el tipo básico del artículo 178 y la violación del artículo 179 es decisiva para la calificación en el atestado, porque cambia radicalmente el marco penal. Las dos recomendaciones operativas habituales son: tomar declaración a la víctima por personal con formación específica, evitando su revictimización, y asegurar con rapidez los indicios biológicos y la valoración forense, en coordinación con el centro sanitario y el Juzgado de Instrucción.

Agresiones sexuales a menores de dieciséis años y delitos de contacto con menores (arts. 181 a 183 CP)

El artículo 181 del Código Penal establece un régimen específico de protección de los menores de dieciséis años: castiga al que realice cualquier acto de carácter sexual con un menor de dieciséis años como responsable de agresión sexual a menor de dieciséis años, con independencia de que el menor haya consentido, porque el consentimiento de un menor de esa edad se considera jurídicamente irrelevante (la edad de consentimiento sexual es de dieciséis años desde la Ley Orgánica 1/2015). La violencia, la intimidación o el abuso de superioridad y el acceso carnal agravan la pena. El Código excluye la responsabilidad penal en los casos de relaciones consentidas entre personas próximas por edad y grado de desarrollo o madurez, siempre que no haya existido violencia, intimidación, abuso o engaño. También se castigan las conductas de determinar a un menor de dieciséis años a participar en comportamientos de naturaleza sexual y de hacerle presenciar actos de esa naturaleza, así como el contacto con un menor de dieciséis años a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación para proponerle un encuentro con fines sexuales, siempre que se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento (child grooming). La distinción conceptual es esencial: en los mayores de dieciséis años el eje es el consentimiento; en los menores de dieciséis el eje es la edad.

Acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual (arts. 184 a 186 CP)

El artículo 184 castiga el acoso sexual: solicitar favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, provocando a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante; se agrava cuando se cometa prevaliéndose de una situación de superioridad o con el anuncio expreso o tácito de causar un mal relacionado con las legítimas expectativas de la víctima. El artículo 185 castiga al que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, con prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. El artículo 186 castiga con la misma pena al que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Ninguno de estos delitos exige contacto físico: en el exhibicionismo basta la exposición de la víctima al acto; en la provocación, la entrega o difusión del material.

Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (arts. 187 y 188 CP)

El artículo 187 castiga al que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución, con prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses; la misma pena corresponde a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de ésta, cuando concurran circunstancias de explotación (condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas) o cuando la víctima esté en situación de vulnerabilidad. El artículo 188 protege específicamente a los menores de edad y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, castigando con penas más elevadas al que induzca, promueva, favorezca o facilite su prostitución o se lucre con ello, y agravando la pena cuando la víctima sea menor de dieciséis años, concurra violencia o intimidación, el autor sea ascendiente, tutor o funcionario público, o exista organización criminal; la solicitud o aceptación de una relación sexual a cambio de remuneración o promesa con un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección constituye también delito. La trata con fines de explotación sexual (art. 177 bis) concurre con estos delitos cuando existe captación, traslado o acogimiento con esa finalidad.

Pornografía infantil y delitos conexos (art. 189 CP)

El artículo 189.1 castiga con prisión de uno a cinco años al que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, y al que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición de ese material por cualquier medio, o lo poseyere para esos fines. El concepto de material pornográfico incluye el que represente de forma visual a un menor participando en una conducta sexualmente explícita o sus órganos sexuales con fines principalmente sexuales, así como las imágenes realistas de un menor o de personas con aspecto de menor en esa situación (pornografía virtual) y las imágenes que, sin ser pornográficas, representan a menores con fines sexuales. Se castiga, con pena inferior, la adquisición o posesión para uso propio y el acceso a sabiendas a este tipo de contenidos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Se prevén tipos agravados por la minoría de edad de la víctima (especialmente menores de dieciséis años o víctimas especialmente vulnerables), el carácter particularmente degradante del material, el empleo de violencia, la pertenencia a organización y el abuso de la condición de autoridad, funcionario o ascendiente. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), reforzó el deber de denuncia y la protección de los menores en este ámbito, y la actuación policial debe preservar la cadena de custodia digital sin reproducir ni difundir el material.

Actuación policial y protección de las víctimas en estos delitos

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, reconoce a las víctimas derechos de información, protección, participación y apoyo, y establece que la actuación policial debe evitar la victimización secundaria: trato respetuoso, información clara, evaluación individual de las necesidades de protección y, cuando proceda, adopción de medidas como la toma de declaración por personal especializado y en lugares adecuados. En los delitos de violencia de género y en la violencia doméstica, se activa la valoración policial del riesgo (sistema VioGén) y se tramita la orden de protección; el teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia contra la mujer y el 112 las emergencias. En los delitos sexuales y contra menores, el atestado debe recoger el relato de la víctima con las menores reiteraciones posibles, los indicios biológicos y digitales, los testigos, el parte médico y las medidas cautelares solicitadas (alejamiento, prohibición de comunicación). La policía tiene el deber de detener en flagrante delito (art. 490 LECrim), de comunicar la detención y de poner al detenido a disposición judicial en el plazo legal. Los agentes tienen el deber de denuncia de los delitos de que tengan conocimiento y, en los casos de delitos contra menores, de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de los servicios de protección de menores.

La omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196 CP)

El artículo 195.1 castiga con multa de tres a doce meses al que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Los elementos son: una situación de desamparo y de peligro manifiesto y grave para una persona, la posibilidad real de prestar auxilio sin riesgo y la omisión del auxilio. El artículo 195.2 impone las mismas penas al que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno, de modo que el deber se cumple pidiendo ayuda a los servicios de emergencia. El artículo 195.3 prevé el tipo agravado cuando la víctima lo fuere por accidente ocasionado por el que omitió el auxilio: prisión de seis a dieciocho meses si el accidente se produjo de forma fortuita y prisión de seis meses a cuatro años si se debió a imprudencia. Este tipo es muy frecuente en accidentes de tráfico con fuga del conductor causante y constituye un delito autónomo, que se castiga además de la causación imprudente del accidente. El artículo 196 castiga al profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, con las penas del art. 195 en su mitad superior e inhabilitación especial. Relacionado con ello, el artículo 450 castiga al que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual; los agentes de la autoridad están además obligados por el art. 5 LOFCS a intervenir siempre en defensa de la ley y la seguridad ciudadana.

Esquemas de memoria y diferencias entre figuras confusas

Homicidio (art. 138: 10 a 15 años) frente a asesinato (art. 139: 15 a 25 años, con alevosía, precio, ensañamiento o para facilitar u ocultar otro delito). Asesinato con más de una circunstancia: pena en su mitad superior (art. 139.2); prisión permanente revisable solo en los supuestos del art. 140 (víctima menor de dieciséis años o especialmente vulnerable, delito sexual previo sobre la víctima, grupo u organización criminal, más de dos víctimas). Lesiones: primera asistencia frente a tratamiento médico o quirúrgico (art. 147). Amenazas: anuncio de un mal futuro; coacciones: impedir o compeler mediante violencia; acoso (art. 172 ter): conducta insistente y reiterada que altera gravemente la vida cotidiana. Detención ilegal por particular (art. 163) frente a funcionario sin causa por delito (art. 167) y con causa por delito (art. 530). Trato degradante (art. 173.1: cualquier persona) frente a tortura (art. 174: autoridad o funcionario con finalidad específica). Trata (art. 177 bis) frente a tráfico de migrantes (art. 318 bis). Agresión sexual (art. 178) frente a violación (art. 179, acceso carnal). Menores de dieciséis años: la edad sustituye al consentimiento (art. 181). Omisión del deber de socorro: multa de tres a doce meses (art. 195.1); prisión si el omitente causó el accidente (art. 195.3).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Homicidio (art. 138 CP): prisión de 10 a 15 años. Asesinato (art. 139 CP): prisión de 15 a 25 años con alevosía, precio, ensañamiento o para facilitar u ocultar otro delito; con más de una circunstancia, pena en su mitad superior.
  • Prisión permanente revisable en el asesinato (art. 140 CP): víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable, hecho subsiguiente a un delito sexual sobre la víctima, grupo u organización criminal, o más de dos víctimas.
  • Art. 143 CP: inducción al suicidio (4 a 8 años), cooperación necesaria (2 a 5) y cooperación hasta ejecutar la muerte (6 a 10); exención en los supuestos de la LO 3/2021 de eutanasia.
  • Lesiones (art. 147.1 CP): requieren, además de primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico; si no, delito leve. Prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses.
  • Lesiones agravadas: art. 148 (prisión de 2 a 5 años: armas, ensañamiento, alevosía, víctima menor de 12 años o vulnerable, pareja), art. 149 (6 a 12 años), art. 150 (3 a 6 años).
  • Detención ilegal por particular (art. 163: 4 a 6 años); secuestro (art. 164: 6 a 10 años); funcionario sin causa por delito (art. 167) frente a funcionario con causa por delito (art. 530).
  • Amenazas: anuncio de un mal futuro, injusto, determinado y posible. Coacciones (art. 172): impedir con violencia o compeler. Acoso (art. 172 ter): conducta insistente y reiterada, prisión de 3 meses a 2 años o multa.
  • Trato degradante (art. 173.1: 6 meses a 2 años, cualquier persona) frente a tortura (art. 174: autoridad o funcionario; 2 a 6 años si grave, 1 a 3 años si no; inhabilitación absoluta de 8 a 12 años).
  • Trata de seres humanos (art. 177 bis): prisión de 5 a 8 años; el consentimiento es irrelevante si hay medios comisivos; fines: trabajo forzado, explotación sexual, actividades delictivas, órganos, matrimonios forzados.
  • No confundir trata (art. 177 bis, dignidad y libertad, sin necesidad de cruzar fronteras) con tráfico ilícito de migrantes (art. 318 bis, control migratorio, normalmente voluntario).
  • LO 10/2022, de 6 de septiembre (modificada por LO 4/2023, de 27 de abril): suprime la distinción entre abuso y agresión sexual; el consentimiento es el eje (art. 178.1); nunca hay consentimiento por silencio o pasividad.
  • Violación (art. 179 CP): agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías; agravantes del art. 180.
  • Menores de 16 años (art. 181 CP): cualquier acto sexual es agresión sexual con independencia del consentimiento; excepción por proximidad de edad y madurez.
  • Omisión del deber de socorro (art. 195 CP): multa de 3 a 12 meses; si el accidente lo causó el omitente, prisión (art. 195.3). Art. 196: denegación de asistencia sanitaria por profesional.
  • Los agentes de la autoridad deben intervenir en cualquier tiempo y lugar en defensa de la ley (art. 5.4 LOFCS), con trato correcto a las víctimas y evitando la victimización secundaria (Ley 4/2015, Estatuto de la víctima).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Cualquier acto de carácter sexual con un menor de dieciséis años se considera, conforme al art. 181 CP:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 32 de Policía Canaria?

Este tema estudia, desde la perspectiva de la actuación policial, los delitos contra las personas de mayor gravedad y frecuencia en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre): los delitos contra la vida humana independiente (homicidio y asesinato, arts. 138 a 143), las lesiones (arts. 147 a 156), los delitos contra la libertad (detención ilegal y secuestro, amenazas, coacciones y acoso, arts. 163 a 172 ter), los delitos contra la integridad moral (trato degradante y tortura, arts. 173 a 177), la trata de seres humanos (art. 177 bis), los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (arts. 178 a 194) y la omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196). El estudio exige distinguir con precisión figuras próximas: homicidio y asesinato, amenazas y coacciones, tortura y trato degradante, trata y tráfico de migrantes, agresión sexual básica y con acceso carnal, omisión del deber de socorro básica y del causante del accidente. La reforma más relevante de los últimos años en el ámbito sexual es la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Esta reforma suprimió la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, que quedaron unificados en el concepto de agresión sexual, y situó el consentimiento como eje de la tipificación. Se aborda el tema con lenguaje técnico: lo relevante para el examen y para la práctica policial son los elementos típicos, las penas de referencia, las circunstancias agravantes y las reglas de actuación (protección de la víctima, atestado, medidas cautelares).

¿Qué hay que memorizar del Tema 32 para el examen?

Homicidio (art. 138 CP): prisión de 10 a 15 años. Asesinato (art. 139 CP): prisión de 15 a 25 años con alevosía, precio, ensañamiento o para facilitar u ocultar otro delito; con más de una circunstancia, pena en su mitad superior. Prisión permanente revisable en el asesinato (art. 140 CP): víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable, hecho subsiguiente a un delito sexual sobre la víctima, grupo u organización criminal, o más de dos víctimas. Art. 143 CP: inducción al suicidio (4 a 8 años), cooperación necesaria (2 a 5) y cooperación hasta ejecutar la muerte (6 a 10); exención en los supuestos de la LO 3/2021 de eutanasia. Lesiones (art. 147.1 CP): requieren, además de primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico; si no, delito leve. Prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. Lesiones agravadas: art. 148 (prisión de 2 a 5 años: armas, ensañamiento, alevosía, víctima menor de 12 años o vulnerable, pareja), art. 149 (6 a 12 años), art. 150 (3 a 6 años). Detención ilegal por particular (art. 163: 4 a 6 años); secuestro (art. 164: 6 a 10 años); funcionario sin causa por delito (art. 167) frente a funcionario con causa por delito (art. 530). Amenazas: anuncio de un mal futuro, injusto, determinado y posible. Coacciones (art. 172): impedir con violencia o compeler. Acoso (art. 172 ter): conducta insistente y reiterada, prisión de 3 meses a 2 años o multa. Trato degradante (art. 173.1: 6 meses a 2 años, cualquier persona) frente a tortura (art. 174: autoridad o funcionario; 2 a 6 años si grave, 1 a 3 años si no; inhabilitación absoluta de 8 a 12 años). Trata de seres humanos (art. 177 bis): prisión de 5 a 8 años; el consentimiento es irrelevante si hay medios comisivos; fines: trabajo forzado, explotación sexual, actividades delictivas, órganos, matrimonios forzados. No confundir trata (art. 177 bis, dignidad y libertad, sin necesidad de cruzar fronteras) con tráfico ilícito de migrantes (art. 318 bis, control migratorio, normalmente voluntario). LO 10/2022, de 6 de septiembre (modificada por LO 4/2023, de 27 de abril): suprime la distinción entre abuso y agresión sexual; el consentimiento es el eje (art. 178.1); nunca hay consentimiento por silencio o pasividad. Violación (art. 179 CP): agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías; agravantes del art. 180. Menores de 16 años (art. 181 CP): cualquier acto sexual es agresión sexual con independencia del consentimiento; excepción por proximidad de edad y madurez. Omisión del deber de socorro (art. 195 CP): multa de 3 a 12 meses; si el accidente lo causó el omitente, prisión (art. 195.3). Art. 196: denegación de asistencia sanitaria por profesional. Los agentes de la autoridad deben intervenir en cualquier tiempo y lugar en defensa de la ley (art. 5.4 LOFCS), con trato correcto a las víctimas y evitando la victimización secundaria (Ley 4/2015, Estatuto de la víctima).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, art. 15
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 138 a 143, 147 a 153, 163 a 177 bis, 178 a 189, 195, 196, 318 bis, 450 y 530
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
  • Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, de modificación del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual
  • Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal
  • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, art. 59 bis
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura)
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 490 y 544 ter

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