Tema 20. La Ley de Función Pública Canaria. Derechos de los funcionarios. Deberes y responsabilidades. Situaciones. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Régimen de incompatibilidades.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regula el régimen estatutario del personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Convive con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que contiene la legislación básica del Estado en la materia (art. 149.1.18.ª CE) y prevalece sobre la ley autonómica en lo que la contradiga. Los apartados del epígrafe (derechos, deberes y responsabilidades, situaciones administrativas, adquisición y pérdida de la condición de funcionario e incompatibilidades) se estudian por ello a partir de las bases del TREBEP y de la Ley 53/1984 de incompatibilidades, con la remisión a la ley canaria como norma de desarrollo. La Ley 2/1987 es la norma general y supletoria para el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria en lo no previsto por su normativa específica (Ley 2/2008, del Cuerpo General de la Policía Canaria, y sus normas de desarrollo).
Fuentes y relación entre el TREBEP y la Ley 2/1987
La competencia sobre función pública se reparte: al Estado corresponde fijar las bases del régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18.ª CE), que están contenidas en el TREBEP, y a la Comunidad Autónoma de Canarias su desarrollo y ejecución respecto de su personal, que realiza mediante la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. El TREBEP ha sido modificado en varias ocasiones; entre las reformas relevantes figura la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que endureció el régimen del personal interino y la prevención del abuso de la temporalidad. Cuando la ley autonómica contradice las bases estatales, estas prevalecen. En el ámbito de la oposición debe retenerse que los preceptos del TREBEP constituyen la referencia más segura, y que la numeración concreta de artículos de la Ley 2/1987 debe consultarse siempre en su texto consolidado, ya que la norma ha sido reformada y puede haber sido objeto de nueva regulación en el desarrollo del empleo público canario.
Clases de personal al servicio de la Administración Pública canaria
El art. 8 TREBEP, al que se acomoda la normativa canaria, distingue cuatro clases de empleados públicos. Los funcionarios de carrera están vinculados a la Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente (art. 9.1). Los funcionarios interinos son nombrados por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera: plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, sustitución transitoria de titulares, ejecución de programas de carácter temporal y exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses en un periodo de doce (art. 10); tras la Ley 20/2021, el nombramiento por vacante cesa cuando se cubre o, en todo caso, a los tres años desde el nombramiento, salvo ciertos supuestos. El personal laboral se vincula mediante contrato de trabajo. El personal eventual realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, es de libre nombramiento y cese, cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta su función, no está sujeto a proceso selectivo y su condición nunca puede ser mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna (art. 12). El ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera (art. 9.2), por lo que el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria se produce siempre como funcionario de carrera.
Derechos de los funcionarios (arts. 14 a 15 TREBEP)
El TREBEP distingue entre derechos individuales (art. 14) y derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15). Entre los primeros, los empleados públicos tienen derecho: a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con su progresión en la carrera; a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio; a participar en la consecución de los objetivos de la unidad en que presten sus servicios y a ser informados por sus superiores; a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos; a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral; al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral; a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; a las vacaciones, descansos, permisos y licencias; a la jubilación según los términos y condiciones establecidos en las normas aplicables; a las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación; y a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entre los derechos ejercidos colectivamente (art. 15) figuran la libertad sindical, la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo, el ejercicio de la huelga (con garantía de los servicios mínimos), el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo y el derecho de reunión. Hay que advertir que el derecho de huelga y la sindicación de los miembros de los Cuerpos de Policía tienen sus propias limitaciones en la normativa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: los policías no pueden ejercer el derecho de huelga (art. 6.8 de la LO 2/1986).
Deberes de los funcionarios y principios éticos y de conducta (arts. 52 a 54 TREBEP)
El art. 52 TREBEP establece que los empleados públicos deben desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deben actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Estos principios informan la interpretación y aplicación del código de conducta. El art. 53 recoge los principios éticos (respetar la Constitución y el resto de normas, actuar con arreglo a los principios de eficacia, economía y eficiencia, no contraer obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras con entidades con las que se tengan relaciones por razón del cargo, abstenerse de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de conflicto de intereses, no aceptar regalos que superen los usos habituales, etc.) y el art. 54 los principios de conducta (tratar con atención y respeto a los ciudadanos, superiores y compañeros; desempeñar las tareas con diligencia; cumplir con el deber de obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes; administrar los recursos con austeridad; mantener actualizada su formación; guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente y mantener la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo). Un deber de obediencia que no ampara el cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegales: la norma permite solicitar que se formulen por escrito.
Responsabilidades de los funcionarios
El funcionario puede incurrir en tres tipos de responsabilidad: disciplinaria, civil/patrimonial y penal. La responsabilidad disciplinaria se exige por las infracciones tipificadas (arts. 93 a 98 TREBEP). La responsabilidad patrimonial: la Administración responde directamente frente a los particulares por los daños causados por sus autoridades y personal, y exigirá de oficio en vía de regreso la responsabilidad a las autoridades y personal a su servicio que hayan incurrido en dolo, culpa o negligencia graves (art. 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público). La responsabilidad penal se rige por el Código Penal, que tipifica los delitos de los funcionarios públicos contra la Administración Pública y el ejercicio de derechos fundamentales (por ejemplo, la inhabilitación especial o absoluta para cargo público como pena). Las responsabilidades son compatibles entre sí: la sanción disciplinaria es independiente de la responsabilidad penal, aunque la Administración no puede sancionar por los mismos hechos y fundamento una vez recaída sentencia penal firme sobre ellos (non bis in idem), y los hechos declarados probados en sentencia penal vinculan a la Administración.
Adquisición de la condición de funcionario (art. 62 TREBEP)
Según el art. 62.1 TREBEP, la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) superación del proceso selectivo; b) nombramiento por el órgano o autoridad competente, que se publica en el diario oficial correspondiente; c) acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y d) toma de posesión dentro del plazo que se establezca. En el caso de Canarias, el acatamiento se refiere a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias. El procedimiento de ingreso se rige por los principios de publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en su actuación, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desempeñar, y agilidad sin perjuicio de la objetividad (art. 55.2). Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición, que podrán incluir la superación de cursos, periodos de prácticas, exposición curricular, pruebas psicotécnicas o entrevistas; solo con carácter excepcional podrá aplicarse el sistema de concurso, que consiste únicamente en la valoración de méritos (art. 61).
Pérdida de la condición de funcionario (art. 63 TREBEP) y rehabilitación
La condición de funcionario de carrera se pierde por las siguientes causas (art. 63): a) la renuncia a la condición de funcionario; b) la pérdida de la nacionalidad, conforme a lo que se establezca en las normas específicas en esta materia; c) la jubilación total del funcionario; d) la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y e) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. La pérdida de la condición de funcionario por renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, sin perjuicio de la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo, a solicitud del interesado y con la aprobación de la Administración, hasta un máximo de setenta años (art. 67). Pueden también jubilarse voluntariamente, y por incapacidad permanente para el servicio. La rehabilitación de la condición de funcionario (art. 66) se concede, de forma excepcional, a quienes la perdieron por jubilación por incapacidad permanente cuando desaparezca la incapacidad, y por pena de inhabilitación a quienes la hubieran perdido por tal causa, concurriendo una serie de requisitos (cumplida la condena, y por otras causas, mediante decisión discrecional). Los efectos de la sanción de separación del servicio y de la inhabilitación sólo se producen cuando son firmes.
Situaciones administrativas (arts. 85 a 92 TREBEP)
El art. 85 TREBEP establece las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia (voluntaria o forzosa) y suspensión de funciones. Quien se encuentra en servicio activo presta efectivamente servicios en su puesto, y tiene derecho a las retribuciones, carrera y demás derechos inherentes. Servicios especiales (art. 87): se declara, entre otros supuestos, a quienes sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, miembros de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas autonómicas, altos cargos, quienes sean elegidos para el Parlamento Europeo o presten servicios en organismos internacionales, adquieran la condición de funcionario de organizaciones internacionales o cumplan el servicio militar... y quienes sean nombrados para cargo en el Tribunal Constitucional u otros órganos constitucionales o estatutarios; tienen derecho a reserva del puesto, cómputo de tiempo a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos. Servicio en otras Administraciones (art. 88): funcionarios transferidos o que obtienen destino en otra Administración mediante procesos de provisión. Excedencia (art. 89): voluntaria por interés particular (exigiendo haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores), voluntaria por agrupación familiar, voluntaria por prestación de servicios en el sector público (cuando se pasa a otro cuerpo o escala), por cuidado de familiares (duración no superior a tres años para el cuidado de cada hijo y de un familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida), por razón de violencia de género o terrorismo, y excedencia forzosa. La excedencia forzosa se produce por designación para un cargo en el que no procede la declaración de servicios especiales, y conlleva derecho a reingreso inmediato al declararse el cese. Suspensión de funciones (art. 90): puede ser provisional, cuando se instruya procedimiento judicial o disciplinario (la suspensión provisional por tramitación de procedimiento disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado), o firme, por sentencia penal o sanción disciplinaria; la suspensión firme por tiempo superior a seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo. Cada Administración puede desarrollar estas situaciones en su normativa.
Clasificación profesional: cuerpos, escalas y grupos (art. 76 TREBEP)
Los cuerpos y escalas de funcionarios se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el ingreso, en los siguientes grupos y subgrupos (art. 76 y disposición transitoria tercera): Grupo A, dividido en dos subgrupos, A1 y A2, que exige estar en posesión del título universitario de Grado (la clasificación en el subgrupo depende del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso); Grupo B, título de Técnico Superior; Grupo C, dividido en C1 (título de Bachiller o Técnico) y C2 (título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria); y las agrupaciones profesionales, para cuyo acceso no se exige titulación del sistema educativo. En el ámbito del Cuerpo General de la Policía Canaria, la Escala Básica se corresponde con el Subgrupo C1, de acuerdo con su normativa específica. Hay que tener en cuenta que el requisito de titulación se establece en la convocatoria.
Carrera profesional, promoción interna y evaluación del desempeño (arts. 16 a 20 TREBEP)
El TREBEP reconoce el derecho a la carrera profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Las modalidades son: la carrera horizontal (progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo); la carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión); la promoción interna vertical (ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo a otro del subgrupo o grupo superior) y la promoción interna horizontal (acceso a cuerpos o escalas del mismo grupo profesional); y la combinación de las anteriores. La promoción interna exige estar en posesión de la titulación requerida, tener una antigüedad de al menos dos años en el cuerpo o escala de origen y superar las correspondientes pruebas selectivas. La evaluación del desempeño (art. 20) es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Los sistemas de evaluación se adecuarán a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Los resultados se tienen en cuenta para la progresión en la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el art. 24 (en la medida en que el complemento de productividad así lo disponga). La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño, de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dando audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.
Provisión de puestos y movilidad
La provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de carrera se realiza mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 78 TREBEP). Los procedimientos ordinarios son el concurso, que consiste en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, y la libre designación con convocatoria pública, que consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto (art. 80). Los nombrados por libre designación pueden ser cesados con carácter discrecional, motivando la resolución. La Administración puede, además, utilizar fórmulas excepcionales: la comisión de servicios, que permite cubrir con carácter temporal un puesto vacante o realizar funciones concretas por necesidades del servicio (art. 81.3 recoge que, en caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos podrán proveerse con carácter provisional); la adscripción provisional (en supuestos de reingreso al servicio activo, remoción del puesto o supresión del puesto) y la movilidad por razón de violencia de género o terrorismo. La movilidad voluntaria entre Administraciones se articula mediante los concursos abiertos a funcionarios de otras Administraciones. Estas figuras son igualmente relevantes en la gestión de efectivos de un cuerpo policial.
Régimen retributivo (arts. 21 a 30 TREBEP)
Las retribuciones de los funcionarios de carrera se dividen en básicas y complementarias (art. 22). Las retribuciones básicas (art. 23) son: el sueldo, que se asigna a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional; los trienios, que consisten en una cantidad igual para cada subgrupo por cada tres años de servicio; y las pagas extraordinarias, que son dos al año, cada una por importe de una mensualidad de sueldo y trienios, y se devengan en los meses de junio y diciembre. Las retribuciones complementarias (art. 24) se fijan atendiendo a: a) la progresión alcanzada dentro del sistema de carrera administrativa (complemento de carrera); b) la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad del puesto (complemento específico); c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos (complemento de productividad); y d) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo (gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo). Se integra, además, el complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. Las cuantías de las retribuciones básicas son iguales en todo el Estado para cada subgrupo, y las complementarias las fija cada Administración. Las retribuciones de los empleados públicos se actualizan anualmente a través de las correspondientes leyes de presupuestos.
Jornada, permisos y vacaciones (arts. 47 a 50 TREBEP)
El TREBEP regula la jornada de trabajo (art. 47), los permisos de los funcionarios públicos (art. 48), los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género (art. 49) y las vacaciones (art. 50). Las vacaciones anuales retribuidas son de un mes natural o de veintidós días hábiles anuales, o los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor; se incrementan con días adicionales por antigüedad: un día hábil más al cumplir quince años de servicio, dos al cumplir veinte, tres al cumplir veinticinco y cuatro al cumplir treinta años o más. Los permisos incluyen, entre otros, fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar, traslado de domicilio, deberes inexcusables de carácter público o personal, funciones sindicales, realización de exámenes y pruebas, asuntos particulares y matrimonio, con duraciones que se detallan en la ley y en la norma autonómica correspondiente. Las Comunidades Autónomas pueden mejorar estos mínimos. Para los policías, la naturaleza operativa de sus funciones (turnos, disponibilidad, guardias) exige adaptaciones recogidas en su normativa específica.
Representación y negociación colectiva (arts. 31 a 46 TREBEP)
Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo (art. 31). La representación se articula en órganos unitarios: los Delegados de Personal, en las unidades electorales que cuenten con un censo de entre seis y cuarenta y nueve funcionarios (un delegado hasta treinta funcionarios y tres delegados entre treinta y uno y cuarenta y nueve), y las Juntas de Personal, en las unidades con cincuenta o más funcionarios, cuyo número de miembros oscila entre cinco (de 50 a 100 funcionarios) y 75 como máximo (art. 39). Son elegidos mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. Corresponde a las Juntas y Delegados, entre otras funciones, recibir información sobre la política de personal, emitir informes sobre traslado de instalaciones, vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y Seguridad Social, y colaborar con la Administración para conseguir el cumplimiento de las medidas que procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. La negociación colectiva (arts. 33 a 38) se desarrolla en las Mesas de Negociación, constituidas por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales legitimadas (art. 35 y 36); existe una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y mesas generales y sectoriales en cada Administración. Los resultados se plasman en pactos (que versan sobre materias de la competencia del órgano que los suscribe y se aplican directamente) y acuerdos (que deben ser aprobados por el órgano de gobierno de la Administración para tener eficacia y cuya aprobación expresa es necesaria). Son materias excluidas de la negociación, entre otras, las decisiones de las Administraciones que afecten a sus potestades de organización, la regulación del ejercicio de derechos de los ciudadanos o el procedimiento administrativo, y la determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo (art. 37.2). La legitimación para estar presente en las mesas viene determinada por los resultados de las elecciones a órganos de representación (sindicatos más representativos y con al menos un 10% de los miembros de los órganos unitarios, art. 31 y concordantes de la LO 11/1985, de Libertad Sindical).
Régimen de incompatibilidades (Ley 53/1984 y TREBEP)
La normativa básica de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas es la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, aplicable también al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de su desarrollo autonómico. El principio general es que el personal comprendido en su ámbito no puede compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público; ni con el desempeño de un segundo puesto o actividad en el sector público, salvo los supuestos legalmente previstos (art. 1 y ss.). En consecuencia, nadie puede percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas, salvo excepciones legales (funciones docentes y sanitarias en determinados supuestos, entre otras). El ejercicio de actividades privadas requiere previamente el reconocimiento de compatibilidad por el órgano competente, que se concede cuando la actividad privada no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes, no comprometa su imparcialidad o independencia, y respeta los límites de jornada. No se puede reconocer compatibilidad para actividades privadas al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complemento específico, o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (art. 16). Se exceptúan de la prohibición de compatibilidad actividades como la administración del patrimonio personal o familiar, la participación en tribunales de oposiciones y la producción literaria, científica, artística o técnica realizada al margen de un horario de trabajo y la participación ocasional en coloquios y programas. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades constituye una infracción disciplinaria (muy grave en los casos más relevantes, conforme al art. 95 TREBEP). El personal del Cuerpo General de la Policía Canaria está además sujeto a las especialidades de incompatibilidad previstas en su normativa específica.
Régimen disciplinario general (arts. 93 a 98 TREBEP)
Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el TREBEP y en las normas que las leyes de función pública dicten en su desarrollo. Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves. Son faltas muy graves (art. 95.2), entre otras: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave; la publicación o utilización indebida de secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento; la violación de la imparcialidad; la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior; el prevalerse de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades; la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga; el acoso laboral; y la participación en una huelga cuando esté prohibida legalmente. Las faltas graves y leves las tipifican las leyes de desarrollo. Las sanciones (art. 96) son: separación del servicio de los funcionarios (que en el caso de los funcionarios interinos supone la revocación de su nombramiento), despido disciplinario del personal laboral, suspensión firme de funciones (con una duración máxima de seis años), traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia por el periodo que en cada caso se establezca, demérito (penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria), apercibimiento y cualquier otra que se establezca por ley. Las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves a los tres años, por graves a los dos años y por leves al año (art. 97). No puede imponerse sanción sin procedimiento previo, con audiencia al interesado, y debe respetarse la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la separación entre instrucción y resolución (art. 98). Los Cuerpos de policía tienen su régimen disciplinario específico.
Seguridad Social del personal funcionario
El régimen de protección social de los funcionarios depende de su fecha de ingreso y del Cuerpo en que presten servicios. Con carácter general, los funcionarios de nuevo ingreso a partir del 1 de enero de 2011 quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de pensiones (Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre), mientras que los anteriores se mantienen en sus regímenes históricos (Clases Pasivas o mutualismo administrativo según el caso). La asistencia sanitaria y las prestaciones por incapacidad temporal siguen reglas propias. Los detalles de acción protectora de cada colectivo deben consultarse en la normativa específica y no son objeto de profundización en este epígrafe.
Igualdad efectiva de mujeres y hombres en el empleo público
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece criterios de actuación de las Administraciones Públicas (art. 51), entre ellos remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación para ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración, y establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo. En Canarias, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres desarrolla estos principios para el ámbito autonómico. Estas obligaciones se proyectan sobre el Cuerpo General de la Policía Canaria, tanto en el acceso (pruebas objetivas y no discriminatorias) como en el desarrollo profesional.
Formación de los empleados públicos y Policía Canaria
El derecho a la formación continua y a la actualización permanente de conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral, forma parte de los derechos individuales del art. 14 TREBEP. En el ámbito canario, la formación general corresponde al Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), y la formación específica en materia de seguridad y policía a la Academia Canaria de Seguridad, que imparte los cursos de formación básica de ingreso y la formación continua del personal de los Cuerpos de policía de Canarias. La superación del curso selectivo de formación es una fase del proceso de ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria.
Relación entre la Ley 2/1987 y la normativa del Cuerpo General de la Policía Canaria
La Ley 2/1987 es el régimen jurídico general y supletorio del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias; se aplica al personal del Cuerpo General de la Policía Canaria en lo que no esté específicamente regulado por su propia normativa estatutaria (la Ley 2/2008, del Cuerpo General de la Policía Canaria, y sus normas de desarrollo), que constituye lex specialis por la naturaleza de las funciones policiales (estructura jerarquizada, régimen disciplinario propio, segunda actividad, armamento, prohibición de huelga). Esta relación generalidad-especialidad, con aplicación supletoria de la ley general, es un esquema interpretativo que debe dominarse para resolver los supuestos de concurrencia normativa.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria: régimen del personal funcionario autonómico. Las bases estatales están en el TREBEP (RDLeg 5/2015, de 30 de octubre), que prevalece en lo básico.
Clases de empleados públicos (art. 8 TREBEP): funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual. Solo los funcionarios de carrera ejercen potestades públicas (art. 9.2).
Adquisición de la condición de funcionario (art. 62): superar el proceso selectivo, nombramiento, acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, y toma de posesión en plazo.
Pérdida de la condición (art. 63): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción de separación del servicio firme e inhabilitación absoluta o especial para cargo público firme.
Jubilación forzosa a los 65 años (prolongable a petición del funcionario hasta 70 años con autorización de la Administración).
Situaciones administrativas (art. 85): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones.
Excedencia voluntaria por interés particular: exige cinco años de servicios efectivos previos. Excedencia por cuidado de hijos o familiares: duración no superior a tres años.
Suspensión provisional por procedimiento disciplinario: máximo seis meses salvo paralización imputable al interesado. Suspensión firme superior a seis meses: pérdida del puesto.
Obediencia: no cabe cumplir órdenes que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; se puede pedir que se formulen por escrito.
Responsabilidad patrimonial: la Administración responde frente al particular y repite contra el funcionario si hubo dolo, culpa o negligencia graves (art. 36 Ley 40/2015).
Incompatibilidades: Ley 53/1984. No se concede compatibilidad para actividad privada si el complemento específico supera el 30 por 100 de la retribución básica (excluida la antigüedad).
Faltas disciplinarias del TREBEP: muy graves (tipificadas en el art. 95.2), graves y leves (leyes de desarrollo). Prescripción de las faltas: 3 años, 2 años y 6 meses; de las sanciones: 3 años, 2 años y 1 año.
Sanciones del art. 96 TREBEP: separación del servicio, despido disciplinario (laboral), suspensión firme de funciones (máximo 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento.
Grupos TREBEP: A1/A2 (Grado), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico), C2 (ESO) y Agrupaciones profesionales. Escala Básica de la Policía Canaria: subgrupo C1.
Vacaciones: 22 días hábiles al año, con incrementos por antigüedad (15, 20, 25 y 30 años: 1, 2, 3 y 4 días más).
Representación: Delegados de Personal (6 a 49 funcionarios) y Juntas de Personal (50 o más). Pactos (aplicación directa) frente a acuerdos (requieren aprobación expresa del órgano de gobierno).
Los policías no pueden ejercer el derecho de huelga (LO 2/1986). La Ley 2/1987 es supletoria respecto de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
La jubilación forzosa de los funcionarios se declara de oficio, con carácter general, al cumplir:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 20 de Policía Canaria?
La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regula el régimen estatutario del personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Convive con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que contiene la legislación básica del Estado en la materia (art. 149.1.18.ª CE) y prevalece sobre la ley autonómica en lo que la contradiga. Los apartados del epígrafe (derechos, deberes y responsabilidades, situaciones administrativas, adquisición y pérdida de la condición de funcionario e incompatibilidades) se estudian por ello a partir de las bases del TREBEP y de la Ley 53/1984 de incompatibilidades, con la remisión a la ley canaria como norma de desarrollo. La Ley 2/1987 es la norma general y supletoria para el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria en lo no previsto por su normativa específica (Ley 2/2008, del Cuerpo General de la Policía Canaria, y sus normas de desarrollo).
¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria: régimen del personal funcionario autonómico. Las bases estatales están en el TREBEP (RDLeg 5/2015, de 30 de octubre), que prevalece en lo básico. Clases de empleados públicos (art. 8 TREBEP): funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual. Solo los funcionarios de carrera ejercen potestades públicas (art. 9.2). Adquisición de la condición de funcionario (art. 62): superar el proceso selectivo, nombramiento, acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, y toma de posesión en plazo. Pérdida de la condición (art. 63): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción de separación del servicio firme e inhabilitación absoluta o especial para cargo público firme. Jubilación forzosa a los 65 años (prolongable a petición del funcionario hasta 70 años con autorización de la Administración). Situaciones administrativas (art. 85): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Excedencia voluntaria por interés particular: exige cinco años de servicios efectivos previos. Excedencia por cuidado de hijos o familiares: duración no superior a tres años. Suspensión provisional por procedimiento disciplinario: máximo seis meses salvo paralización imputable al interesado. Suspensión firme superior a seis meses: pérdida del puesto. Obediencia: no cabe cumplir órdenes que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; se puede pedir que se formulen por escrito. Responsabilidad patrimonial: la Administración responde frente al particular y repite contra el funcionario si hubo dolo, culpa o negligencia graves (art. 36 Ley 40/2015). Incompatibilidades: Ley 53/1984. No se concede compatibilidad para actividad privada si el complemento específico supera el 30 por 100 de la retribución básica (excluida la antigüedad). Faltas disciplinarias del TREBEP: muy graves (tipificadas en el art. 95.2), graves y leves (leyes de desarrollo). Prescripción de las faltas: 3 años, 2 años y 6 meses; de las sanciones: 3 años, 2 años y 1 año. Sanciones del art. 96 TREBEP: separación del servicio, despido disciplinario (laboral), suspensión firme de funciones (máximo 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento. Grupos TREBEP: A1/A2 (Grado), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico), C2 (ESO) y Agrupaciones profesionales. Escala Básica de la Policía Canaria: subgrupo C1. Vacaciones: 22 días hábiles al año, con incrementos por antigüedad (15, 20, 25 y 30 años: 1, 2, 3 y 4 días más). Representación: Delegados de Personal (6 a 49 funcionarios) y Juntas de Personal (50 o más). Pactos (aplicación directa) frente a acuerdos (requieren aprobación expresa del órgano de gobierno). Los policías no pueden ejercer el derecho de huelga (LO 2/1986). La Ley 2/1987 es supletoria respecto de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 36
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria
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