Tema 35. Noción de Derecho procesal penal. Los órganos de la jurisdicción penal. Formas de iniciación del proceso penal: denuncia. El atestado policial. La detención. El procedimiento de habeas corpus. El Ministerio Fiscal: investigación preprocesal. La Policía Judicial.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
Este tema introduce los conceptos básicos del Derecho procesal penal español y la organización de la jurisdicción penal, las formas de iniciación del proceso (de oficio, denuncia, querella y, muy especialmente, el atestado policial), la detención y sus garantías, el procedimiento de habeas corpus como control judicial inmediato de cualquier privación de libertad, el papel del Ministerio Fiscal en la fase preprocesal y la Policía Judicial como órgano de auxilio a jueces, tribunales y fiscales en la investigación del delito.
Para un futuro miembro del Cuerpo General de la Policía Canaria, el atestado y las diligencias de detención constituyen el núcleo de la actuación policial en la investigación criminal. Fuentes principales: Constitución (arts. 17, 24, 117 a 126), Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (LECrim), Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985), Ley Orgánica 6/1984 (habeas corpus), Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981) y Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Nota de actualización: desde la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los antiguos juzgados unipersonales se integran en Tribunales de Instancia, con entrada en funcionamiento escalonada a lo largo de 2025.
El Derecho procesal penal es la rama del ordenamiento que regula la organización de los órganos jurisdiccionales penales y el proceso a través del cual se investiga un delito, se determina la responsabilidad penal del autor y se impone, en su caso, la pena o medida de seguridad. Es Derecho público: el Estado ejerce el ius puniendi solo mediante el proceso (nulla poena sine iudicio), de modo que ninguna pena puede imponerse sin sentencia dictada tras un proceso con garantías.
Fuentes: 1) La Constitución Española, que consagra las garantías esenciales (arts. 17 libertad y detención, 24 tutela judicial efectiva, defensa, presunción de inocencia y juez ordinario predeterminado por la ley, 25 legalidad penal, 117 a 126 Poder Judicial, Ministerio Fiscal y Policía Judicial). 2) La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, norma básica, con numerosísimas reformas parciales (entre ellas la LO 5/2015 y la LO 13/2015, ley de medidas de investigación tecnológica y garantías procesales, y la Ley 41/2015, que introdujo la segunda instancia penal); a la fecha de esta revisión sigue vigente, sin perjuicio de los proyectos de una nueva ley procesal que atribuiría la dirección de la instrucción al Ministerio Fiscal, pendientes de aprobación. 3) La Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio), que regula organización y competencia. 4) Leyes especiales: LO 5/2000 (responsabilidad penal de los menores), LO 5/1995 (Tribunal del Jurado), LO 6/1984 (habeas corpus), Ley 50/1981 (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), LO 2/1986 (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), Ley 4/2015 (Estatuto de la víctima del delito). 5) Los tratados internacionales (Convenio Europeo de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que la interpretan.
Principios generales: legalidad procesal, oficialidad (la acción penal se ejerce de oficio, salvo delitos privados y semipúblicos), presunción de inocencia, derecho de defensa y juez imparcial. El art. 100 LECrim establece que de todo delito nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer acción civil; el art. 101 declara pública la acción penal, ejercitable por todos los ciudadanos españoles (acción popular).
Principio acusatorio y correlación entre acusación y sentencia
El principio acusatorio, derivado del derecho a un proceso con todas las garantías y a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE), exige separar las funciones de acusar y de juzgar: nadie puede ser condenado sin acusación formulada por sujeto distinto del órgano juzgador (Ministerio Fiscal, acusación particular o acusación popular), y el tribunal no puede apartarse de los hechos acusados ni imponer pena superior a la solicitada por las acusaciones.
Correlación entre acusación y sentencia: debe existir en el aspecto fáctico (la condena versa sobre los hechos sustancialmente iguales a los acusados) y en el jurídico (la calificación no puede introducir elementos de mayor gravedad no sometidos a contradicción). Se garantiza así el derecho de defensa. Corolario: en el procedimiento abreviado y en el sumario, la separación entre el órgano que instruye y el que juzga garantiza la imparcialidad objetiva del juzgador (nadie puede ser juez de una causa que ha instruido).
Otros principios del proceso penal español: de investigación o instrucción previa (fase de instrucción para decidir si procede el juicio), de legalidad y de oficialidad, de contradicción, de oralidad (en el juicio), de inmediación, de publicidad (art. 120 CE) y de concentración. No se confunda acusatorio con "dispositivo": el Fiscal ejerce la acción por razón de legalidad, no de oportunidad (salvo limitadas excepciones de conformidad).
Contradicción, oralidad, inmediación y valoración de la prueba
El principio de contradicción exige que las partes puedan conocer y rebatir las alegaciones y pruebas de la contraria; se proyecta desde la instrucción (el investigado puede intervenir en las diligencias) hasta el juicio oral, donde se manifiesta en el interrogatorio cruzado de testigos y peritos. El principio de oralidad (art. 120.2 CE: el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal) exige que la prueba se practique en el juicio oral ante el tribunal; la sentencia debe fundarse, en general, en prueba practicada con inmediación en el plenario, y no en las diligencias de investigación, que tienen valor preparatorio.
Excepciones tasadas: la prueba anticipada (para testigos que no podrán comparecer o menores víctimas) y la prueba preconstituida (diligencias irrepetibles practicadas con contradicción, como una inspección ocular), cuyo contenido puede introducirse en el juicio por lectura. Inmediación: la prueba debe practicarse ante el tribunal que dicta sentencia. Presunción de inocencia: la condena requiere prueba de cargo, practicada con garantías, lícita, que permita inferir la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Prueba ilícita: carece de efecto la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ), con la doctrina de la conexión de antijuridicidad para las pruebas derivadas.
El principio de publicidad del proceso
Art. 120.1 CE: las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento; art. 120.3: las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. El principio permite el control social de la Administración de Justicia y es garantía del acusado y de la sociedad. Se distingue la publicidad para las partes (derecho a conocer todas las actuaciones, salvo declaración de secreto del sumario, que no puede exceder del plazo legal y debe acordarse por el juez) y la publicidad general o erga omnes (acceso de terceros a la sala), que puede restringirse más.
Excepciones: el juicio puede celebrarse a puerta cerrada, por resolución motivada, por razones de orden público, de seguridad, de protección de los derechos y libertades, de protección de menores o de la intimidad de las víctimas (art. 680 LECrim y art. 232 LOPJ). La declaración de secreto del sumario (art. 302 LECrim) es una restricción de la publicidad interna durante la instrucción, que debe ser temporal y motivada. Las diligencias policiales se rigen por el deber de sigilo (la LECrim reserva la información a los intervinientes legítimos).
Clases de procedimiento penal
La LECrim contempla distintos cauces según la gravedad del delito: 1) Sumario ordinario (arts. 299 y siguientes), para delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años; la instrucción (sumario) la dirige el Juez de Instrucción y el enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Provincial. 2) Procedimiento abreviado (arts. 757 y siguientes), para delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años o cualesquiera otras de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años; la instrucción se denomina diligencias previas y el enjuiciamiento corresponde al Juzgado de lo Penal (hasta cinco años) o a la Audiencia Provincial (más de cinco años). 3) Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (arts. 795 y siguientes), para delitos con pena de prisión no superior a cinco años, o de otra naturaleza hasta diez años, cuando se trate de flagrancia o instrucción sencilla (entre otros, delitos contra la seguridad vial, lesiones, hurtos, robos y daños del catálogo del art. 795), con posibilidad de conformidad con rebaja de un tercio de la pena (art. 801). 4) Juicio por delitos leves (arts. 962 y siguientes). 5) Procedimiento ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995). 6) Procedimiento de menores (LO 5/2000).
Fases en el procedimiento abreviado: investigación o instrucción (preparación del juicio, a cargo del Juez de Instrucción), fase intermedia (auto de transformación y escritos de acusación, apertura del juicio oral o sobreseimiento) y juicio oral con sentencia.
Órganos de la jurisdicción penal: visión de conjunto y novedad de la LO 1/2025
La jurisdicción penal se ejerce por: Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Menores, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia (Sala de lo Civil y Penal), Audiencia Nacional (con Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, Sala de lo Penal y Sala de Apelación) y Tribunal Supremo (Sala Segunda). Existen además los Juzgados de Paz, con competencias limitadas, y el Tribunal del Jurado.
Novedad de organización: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, integrados por secciones: de Instrucción, Penal, de Violencia sobre la Mujer, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria (en los ámbitos que correspondan), sin alterar sus competencias. La entrada en funcionamiento fue escalonada por fases a lo largo de 2025. En este temario, las referencias a "Juzgado de Instrucción", "Juzgado de lo Penal", "Juzgado de Violencia sobre la Mujer" o "Juzgado de Menores" deben entenderse hechas a la sección correspondiente del Tribunal de Instancia. Los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia mantienen su configuración.
Reglas de competencia: objetiva (por la naturaleza y gravedad del delito), territorial (en general, el lugar de comisión del delito, art. 15 LECrim; a falta de este, los criterios subsidiarios) y funcional (instrucción, enjuiciamiento, recursos).
La Sección de Instrucción (antiguos Juzgados de Instrucción)
Los Juzgados de Instrucción (hoy Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia) dirigen la fase de instrucción: practican las diligencias necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento (art. 299 LECrim). Les corresponde incoar diligencias previas o sumario, adoptar medidas cautelares (prisión provisional, libertad provisional, órdenes de protección), autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales (entrada y registro, intervención de comunicaciones), resolver el habeas corpus en su ámbito territorial y enjuiciar y fallar los delitos leves, salvo los asignados a los juzgados de paz. El Juzgado de guardia atiende las diligencias urgentes y la puesta a disposición de detenidos fuera de los horarios ordinarios.
La competencia territorial se determina, en general, por el lugar de comisión del delito (fuero del delito; art. 15 LECrim). Su dirección técnica implica que la Policía Judicial queda funcionalmente subordinada al juez en las actuaciones que éste ordene (arts. 126 CE y 549 LOPJ). Durante la instrucción, el juez tiene un papel de garante de los derechos fundamentales (control de legalidad de las medidas restrictivas) y de dirección de la investigación; no acusa. La causa puede terminar con sobreseimiento (libre o provisional) o con auto de transformación y apertura del juicio oral.
La Sección Penal (antiguos Juzgados de lo Penal)
Los Juzgados de lo Penal (hoy Sección Penal del Tribunal de Instancia) enjuician y fallan las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o con multa cualquiera que sea su cuantía, o con otras penas de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años (art. 14.3 LECrim), tramitadas por el procedimiento abreviado o por el enjuiciamiento rápido. Son unipersonales: un magistrado dicta sentencia. Sus sentencias son apelables ante la Audiencia Provincial.
Garantía de imparcialidad: el órgano que instruye (Sección de Instrucción) es distinto del que enjuicia (Sección Penal o Audiencia Provincial), pues quien ha investigado los hechos puede haberse formado un prejuicio. Las causas con pena superior a cinco años en abreviado se enjuician por la Audiencia Provincial. Los delitos leves se enjuician por la Sección de Instrucción (o por el Juzgado de Paz si el municipio carece de juzgado de instrucción), con apelación a la Audiencia Provincial.
Las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia
Las Audiencias Provinciales, con sede en la capital de provincia y jurisdicción sobre toda ella, ejercen en el orden penal una doble función: 1) enjuician en primera instancia los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a cinco años (sumario ordinario, procedimiento abreviado cuando la pena exceda del límite de la Sección Penal) y los delitos de la competencia del Tribunal del Jurado, en cuyo caso el Magistrado-Presidente de la Audiencia preside el Tribunal; 2) resuelven los recursos de apelación contra las resoluciones de las secciones de Instrucción (delitos leves y autos) y Penal. Dentro de la Audiencia, la composición de las secciones debe garantizar la imparcialidad objetiva de los magistrados que resuelven una apelación.
Desde la Ley 41/2015 existe apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales: la resuelve la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (en Canarias, el TSJ de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria y Sala en Santa Cruz de Tenerife). Los Tribunales Superiores de Justicia enjuician también a los aforados autonómicos (por ejemplo, miembros del Gobierno y Parlamento de la comunidad), conforme al Estatuto de Autonomía y la LOPJ. Contra las sentencias en apelación cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los términos de la LECrim.
El Tribunal del Jurado
Regulado por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, y previsto en el art. 125 CE (los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado). Se compone de nueve jurados y un Magistrado-Presidente (más suplentes), y se constituye en el seno de la Audiencia Provincial. Los jurados deciden sobre los hechos (veredicto de culpabilidad o no culpabilidad) y el Magistrado-Presidente dicta sentencia. Los delitos de su competencia (art. 1 LO 5/1995) incluyen, entre otros, los delitos contra las personas (homicidio y sus formas), amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, infidelidad en la custodia de presos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos por funcionarios, entre otros.
Los jurados se seleccionan por sorteo entre los ciudadanos mayores de edad, españoles, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que sepan leer y escribir y sean vecinos de la provincia. Para la Policía Judicial, el atestado es la base de la causa que puede acabar ante un jurado, por lo que su exactitud es esencial.
La Audiencia Nacional: competencia penal
La Audiencia Nacional tiene sede en Madrid y jurisdicción en toda España. En el orden penal se compone de la Sala de lo Penal, la Sala de Apelación (creada por la Ley 41/2015), los Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. Su Sala de lo Penal conoce de delitos de especial trascendencia (art. 65 LOPJ), entre ellos: delitos contra el Titular de la Corona, su Consorte, el Heredero, Altos Organismos de la Nación y forma de gobierno; falsificación de moneda; tráfico de drogas cometido por bandas o grupos organizados cuando produzca efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias; delitos económicos que produzcan graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, el sistema crediticio o el patrimonio de una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia; delitos de terrorismo; y los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuyo enjuiciamiento corresponda a los tribunales españoles. También conoce de la cooperación judicial internacional (extradición, orden europea de detención).
La concentración responde a la necesidad de una respuesta especializada y unificada ante fenómenos delictivos complejos o supraterritoriales. La Policía Canaria, como Policía Judicial en su ámbito, colabora en la investigación bajo la dirección del Juzgado Central cuando corresponda.
El Tribunal Supremo: Sala de lo Penal
El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE), con jurisdicción en toda España. Su Sala Segunda, de lo Penal, desempeña: 1) la casación: resuelve los recursos de casación contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, en los supuestos de la LECrim (especialmente por infracción de ley o quebrantamiento de forma), con la finalidad de unificar la interpretación de la ley penal; 2) el enjuiciamiento en única instancia de los aforados: Presidente del Gobierno y miembros del Gobierno (art. 102 CE), diputados y senadores (art. 71.3 CE), Magistrados del Tribunal Constitucional y vocales del CGPJ, Fiscal General del Estado y otros miembros de altas magistraturas, conforme a la LOPJ.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento jurídico (art. 1.6 del Código Civil) y su infracción justifica el recurso de casación; no es fuente formal del Derecho en sentido estricto, pero orienta la interpretación uniforme. El Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, resuelve el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales (arts. 14 a 30 CE) tras agotar la vía judicial.
La Sección de Violencia sobre la Mujer (antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer)
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, creados por la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y hoy Sección de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, son órganos especializados. En el orden penal (art. 87 ter LOPJ) les corresponde la instrucción de los procesos por delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro cometido con violencia o intimidación, cuando se hayan cometido contra quien sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que convivan con él o estén sujetos a la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género; la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos contra los derechos y deberes familiares, y el conocimiento y fallo de los delitos leves de este ámbito. En el orden civil tienen competencias de familia (separación, divorcio, guarda y custodia), cuando existe simultaneidad con un proceso penal por violencia de género.
El enjuiciamiento y fallo de los delitos graves corresponde a la Sección Penal o a la Audiencia Provincial (con secciones especializadas en esta materia), y la competencia se atribuye según la gravedad. La LO 10/2022 y la reforma orgánica de 2025 han ampliado las competencias de estas secciones a la violencia sexual en los términos y fechas de las disposiciones transitorias (a contrastar).
La Sección de Menores (antiguos Juzgados de Menores)
Los Juzgados de Menores (hoy Sección de Menores del Tribunal de Instancia) son órganos especializados, de ámbito provincial con carácter general, competentes para conocer de los hechos cometidos por personas de entre catorce y dieciocho años tipificados como delitos en el Código Penal o en leyes penales especiales, conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Los menores de catorce años no responden penalmente (se aplica la normativa de protección de menores).
Peculiaridad: la instrucción corresponde al Ministerio Fiscal, no al juez; el Juez de Menores actúa como garante de los derechos fundamentales del menor (autoriza medidas cautelares y diligencias que afecten a derechos fundamentales), celebra la audiencia, dicta sentencia y controla la ejecución de las medidas. La finalidad es primordialmente educativa y de reinserción, no retributiva, con prevalencia del interés superior del menor. El equipo técnico (psicólogos, educadores y trabajadores sociales) asesora al Fiscal y al Juez. La detención de un menor no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, se pone a disposición del Fiscal en el plazo máximo legal previsto en la LO 5/2000 (que es menor que el de adultos). Se estudia en un tema posterior.
Formas de iniciación del proceso penal: de oficio, denuncia y querella
El proceso penal se inicia, según la LECrim, por: 1) Actuación de oficio del juez, a partir de la notitia criminis que conozca, o por el Ministerio Fiscal en la persecución de delitos públicos (arts. 105 y 308); 2) Denuncia (arts. 259 a 269); 3) Querella (arts. 270 a 281); 4) Atestado policial y actuación de la Policía Judicial (arts. 282 y siguientes). Los delitos públicos (la mayoría) se persiguen de oficio, sin necesidad de denuncia del ofendido; los semipúblicos (por ejemplo, las agresiones sexuales o el descubrimiento y revelación de secretos de particulares, en los términos legales) exigen denuncia de la persona agraviada, que no impide la actuación del Fiscal en los supuestos de menores o personas con discapacidad; y los delitos privados (calumnias e injurias entre particulares) exigen querella del ofendido.
Notitia criminis: el conocimiento por la autoridad de un hecho presuntamente delictivo. Principio de oficialidad: iniciada la acción por cualquiera de las vías, el proceso prosigue de oficio, salvo en los delitos privados, y el perdón del ofendido solo extingue la responsabilidad en los delitos en que la ley lo prevé.
La denuncia: concepto, forma y contenido
La denuncia (arts. 259 y siguientes LECrim) es el acto por el cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente (Juzgado, Ministerio Fiscal o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, sin ejercer por ello la acción penal. El denunciante no adquiere la condición de parte ni asume responsabilidad (salvo denuncia falsa o calumniosa).
Forma: puede hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por mandatario con poder especial (arts. 265 a 267 LECrim). Si es verbal, la autoridad receptora extiende el acta firmada por el denunciante (y por el funcionario). Contenido: identidad del denunciante, relato de los hechos con circunstancias de tiempo, lugar y modo, datos de los autores y testigos, y cuantos elementos ayuden a la investigación. No exige abogado ni procurador, ni la fijación de una pretensión punitiva. Las denuncias recibidas por la Policía se incorporan al atestado o se remiten al juez (art. 284 LECrim). La Policía debe informar al denunciante-víctima de sus derechos (Estatuto de la víctima del delito, Ley 4/2015, y arts. 109 y 110 y 771 LECrim) y puede, si el denunciante lo requiere, entregar copia o resguardo de la denuncia. Las denuncias falsas son constitutivas de delito (art. 456 CP).
Personas obligadas a denunciar y exentas del deber
El art. 259 LECrim impone a quien presencie la perpetración de cualquier delito público el deber de ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo. El art. 262 impone a quienes, por razón de sus cargos, profesiones u oficios, tuvieren noticia de algún delito público, la obligación de denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo, si fuera un delito flagrante. Se incluye a funcionarios públicos y profesionales sanitarios. El incumplimiento se sanciona con multa (arts. 259, 262 y 264 LECrim), de escasa aplicación práctica, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal (por ejemplo, el art. 408 CP para autoridades y funcionarios que omiten perseguir delitos).
Exentos del deber (arts. 260 y 261 LECrim): los menores de edad y quienes no gocen del pleno uso de razón; el cónyuge del delincuente, sus ascendientes, descendientes y hermanos, y los parientes por afinidad en los mismos grados; los abogados y procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones de sus clientes; los ministros de culto respecto de las noticias reveladas en el ejercicio de su ministerio; los intérpretes de las conversaciones entre abogado y cliente. En el ámbito policial, los agentes tienen el deber legal e inexcusable de actuar ante los hechos delictivos (art. 282 LECrim y art. 11 LO 2/1986).
La querella: concepto, requisitos y acción popular
La querella (arts. 270 a 281 LECrim) es el acto procesal por el que una persona ejercita formalmente la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, constituyéndose en parte acusadora (acusación particular si es ofendido; acusación popular si es ciudadano no ofendido, art. 270; o el Ministerio Fiscal). A diferencia del denunciante, el querellante es parte con derecho a proponer diligencias, recurrir y formular acusación.
Requisitos: se presenta por escrito, ante el juez de instrucción competente, con firma de abogado y procurador (art. 277), y expresa el juzgado, la identidad del querellante y del querellado, la narración circunstanciada de los hechos, las diligencias que se interesen y la petición de admisión y apertura de procedimiento. El querellante particular, y el acusador popular, deben prestar fianza (art. 280) para responder de las resultas del juicio, salvo exenciones (por ejemplo, el ofendido por el delito). En los delitos privados la querella del ofendido es presupuesto de procedibilidad. Si se admite a trámite, el juez incoa procedimiento; si no, puede inadmitirla por auto motivado cuando los hechos no sean constitutivos de delito.
Diferencias con la denuncia: la denuncia puede ser verbal, no exige abogado ni procurador, no confiere la condición de parte y no obliga a prestar fianza; la querella es siempre escrita, con letrado y procurador, confiere la condición de parte y puede exigir fianza.
El atestado policial: concepto y regulación
El atestado es el documento en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actuando como Policía Judicial, hacen constar las diligencias practicadas con ocasión de la investigación de un hecho presuntamente delictivo (arts. 282, 284, 292 y 293 LECrim). Se extiende para hacer constar la noticia del delito y las diligencias de prevención que la Policía Judicial haya de practicar con urgencia (identificación de personas, inspección ocular, intervención de efectos, declaraciones, detenciones).
Contenido (art. 292 LECrim y práctica policial): lugar, día y hora de la actuación; identificación de los agentes actuantes (con su número de identificación profesional); identificación de denunciantes, víctimas, testigos y presuntos autores; descripción detallada y objetiva de los hechos y circunstancias; diligencias de inspección ocular, planos, croquis o fotografías; declaraciones recibidas; efectos intervenidos y su cadena de custodia; información de derechos al detenido y a la víctima; hora de detención y de puesta a disposición judicial o libertad. Los agentes deben informar al ofendido de sus derechos (arts. 109, 110 y 771 LECrim y Ley 4/2015).
Remisión: según el art. 284 LECrim, los funcionarios de Policía Judicial que tuvieren conocimiento de un delito público lo participarán a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal a la mayor brevedad; si no hay autor conocido, el atestado no se remite salvo que lo solicite el juez o el Fiscal, o aparezcan datos relevantes, y se conserva a disposición de ambos. Cuando hay detenidos, se ponen a disposición judicial en los plazos legales. Es esencial su exactitud y objetividad, sin valoraciones jurídicas.
Valor probatorio del atestado policial
Art. 297 LECrim: los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales. Las demás declaraciones que hicieren se considerarán como declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. Por tanto, el atestado no es prueba de cargo por sí solo: es un instrumento de investigación que fundamenta la instrucción judicial, y su contenido solo adquiere valor probatorio si se ratifica y se somete a contradicción en el juicio oral mediante la declaración testifical de los agentes que lo suscribieron.
Excepciones y matices de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo: pueden valorarse sin necesidad de reproducción oral los elementos objetivos y las diligencias irrepetibles practicadas con las garantías legales (por ejemplo, croquis de accidente, fotografías, la inspección ocular de un lugar luego modificado, la prueba de alcoholemia con etilómetro, la intervención de efectos), siempre que consten en el atestado y puedan ser contradichos. Las declaraciones de los detenidos ante la Policía no son prueba (y su contenido solo puede introducirse en el juicio a través de los agentes como testigos de referencia en los términos admitidos); la declaración del investigado ante el juez, con letrado, sí puede valorarse. Los policías pueden declarar como testigos de lo que han percibido directamente (testigo directo) y como testigos de referencia respecto de lo que otros les han dicho, con valor limitado. Las diligencias policiales con vulneración de garantías (por ejemplo, ausencia de información de derechos al detenido) pueden ser nulas.
La detención: concepto, supuestos y plazos
La detención es una medida cautelar personal, provisionalísima, consistente en la privación de la libertad ambulatoria de una persona para ponerla a disposición de la autoridad judicial. Se regula en el art. 17 CE y en los arts. 489 y siguientes y 520 LECrim. Art. 17.1 CE: nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y en la forma previstos en la ley. Art. 17.2 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El art. 496 LECrim reitera esta obligación para quien practique la detención (setenta y dos horas); en la práctica, la regla de gestión es el menor tiempo posible.
Quién puede detener: cualquier persona (particular) en los casos del art. 490 LECrim (intentar cometer un delito en el momento de ir a cometerlo; delincuente in fraganti; evadido de un establecimiento penal o de la detención; procesado o condenado en rebeldía), con obligación de entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima. La autoridad o agente de Policía Judicial tiene la obligación de detener en los supuestos del art. 492 (entre otros, quien intente cometer un delito en el momento de ir a cometerlo, el delincuente in fraganti y el evadido), con el límite del art. 495 (no se detiene por delito leve, salvo falta de domicilio conocido y de fianza bastante). Flagrante delito (art. 795.1.1.ª LECrim): el que se está cometiendo o se acaba de cometer cuando el delincuente es sorprendido; según el Tribunal Constitucional (STC 341/1993), requiere inmediatez temporal y personal y necesidad urgente de intervención policial con evidencia sensorial del hecho.
Presupuestos de la detención policial: motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente caracteres de delito y en la participación del sujeto, valoración de necesidad y proporcionalidad, y práctica de la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio (art. 520.1). Terrorismo: plazos especiales (CE art. 55.2 y art. 520 bis LECrim): la detención puede prorrogarse por la autoridad judicial hasta un total de cinco días en los términos de la ley, con control judicial reforzado (a contrastar su redacción actual). La detención debe tener un registro (libro de detenidos) y comunicación al juez en los supuestos legales.
Derechos del detenido (art. 520 LECrim)
Toda persona detenida debe ser informada, por escrito y en un lenguaje comprensible y sencillo, de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyen y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten (art. 520.2; LO 5/2015, que transpuso las Directivas 2010/64/UE y 2012/13/UE, y LO 13/2015). Catálogo del art. 520.2 (orden y letras de la ley, a consultar en su redacción vigente): derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez; derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; derecho a designar abogado y a que éste asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad, o a ser asistido por abogado de oficio; derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su detención y el lugar de custodia; derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección, en presencia de un funcionario; derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país y a comunicarse con ellas (si es extranjero); derecho a ser asistido gratuitamente por intérprete cuando no comprenda o no hable castellano o la lengua oficial de la actuación; derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones; derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención; y derecho a ser informado del tiempo máximo de duración de la detención y del procedimiento por el que puede impugnar su legalidad (habeas corpus).
La información debe darse en el momento de la detención, o inmediatamente después, y constar documentalmente (diligencia de derechos, firma del detenido o constancia de su negativa a firmar) en el atestado; la omisión o defecto puede determinar la nulidad de las actuaciones y de la prueba obtenida. Debe facilitarse una carta de derechos por escrito. La detención de extranjeros exige comunicar el derecho consular; la de menores se rige por la LO 5/2000.
La asistencia letrada al detenido
La asistencia letrada al detenido (art. 17.3 CE: se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca; art. 520 LECrim) es preceptiva. El detenido puede designar abogado de su elección o, en su defecto, se solicita al Colegio de Abogados la designación de un letrado del turno de oficio, que debe comparecer con la mayor urgencia (la ley fija un plazo máximo de tres horas desde el requerimiento al Colegio para que comparezca, pasado el cual pueden practicarse las diligencias, en los términos del precepto; a contrastar). Funciones del letrado (art. 520.6): asistir a las diligencias policiales de declaración, reconocimiento, careo y reconstrucción de hechos; informar al detenido de las consecuencias de prestar o denegar su consentimiento a diligencias; entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración y al término de la diligencia; y velar por el respeto de sus derechos.
Renuncia: la asistencia letrada es preceptiva y, con carácter general, el detenido no puede renunciar a ella; la excepción legal es el detenido por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, que puede renunciar al abogado tras ser informado de sus consecuencias (art. 520.5 LECrim). En consecuencia, no es correcto afirmar que en el resto de los casos puede renunciar con carácter general: la presencia del letrado es obligatoria en las declaraciones. Incomunicación: excepcionalmente el juez puede acordarla (art. 509 LECrim) en los supuestos graves previstos (peligro para la vida o integridad, riesgo para el proceso penal), con limitación temporal; en tal caso el abogado es de oficio y no puede entrevistarse reservadamente con el detenido, aunque sí asiste a las diligencias.
El procedimiento de habeas corpus (LO 6/1984)
El habeas corpus, previsto en el art. 17.4 CE (la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente) y regulado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, es un procedimiento sumario y urgente de control judicial de la legalidad de la privación de libertad. Supuestos de detención ilegal (art. 1): a) las personas detenidas por una autoridad, agente o funcionario sin que concurran los supuestos legales o sin cumplir los requisitos y formalidades legales, o con extralimitación; b) las ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; c) las detenidas por plazo superior al señalado en las leyes si, transcurrido, no son puestas en libertad o entregadas al juez más próximo; d) las privadas de libertad a quienes no sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.
Legitimación (art. 3): el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y sus cónyuges, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y, de oficio, el juez competente. La solicitud puede formularse verbalmente o por escrito, sin necesidad de abogado ni procurador, y es gratuita. Se resuelve mediante auto en un plazo máximo de veinticuatro horas desde la incoación del procedimiento (arts. 7 y 8; a contrastar el cómputo exacto): el juez puede acordar la libertad inmediata, el mantenimiento de la situación si es legal, o que la persona pase a disposición judicial o se modifiquen las condiciones de la detención. El habeas corpus se refiere a la ilegalidad de la privación de libertad, no a la valoración de fondo del delito, y no procede contra la prisión provisional acordada por resolución judicial (que se impugna por los recursos ordinarios).
Órganos competentes en el habeas corpus y tramitación
Es competente el Juzgado de Instrucción (hoy Sección de Instrucción) del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produjo la detención; y, en su defecto, el del lugar donde se hubieran tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido (art. 2). Recibida la solicitud, el juez examina que concurren los presupuestos legales y, si se admite, dicta auto de incoación y ordena que la persona sea puesta inmediatamente a su disposición (comparecencia con el letrado o abogado de oficio). Si no concurren los presupuestos del art. 1 o falta algún requisito esencial, el juez puede inadmitir la solicitud mediante auto motivado.
Tramitación: el juez oye al detenido, a su abogado, al Ministerio Fiscal y a la autoridad que ordenó o ejecutó la privación de libertad, practica la prueba que estime necesaria y resuelve. La Policía debe, desde que se tiene noticia de la incoación, poner de inmediato a la persona a disposición del juez y facilitar los informes. El procedimiento tiene carácter sumarísimo: los plazos se miden en horas. En el atestado debe constar con detalle la hora de detención, el lugar, el motivo, la información de derechos y los trámites para evitar incidentes de habeas corpus fundados en irregularidades (por ejemplo, la no comunicación a familiares o la falta de asistencia letrada).
El Ministerio Fiscal: naturaleza, funciones y estatuto
El Ministerio Fiscal, regulado en el art. 124 CE y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre), tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Tiene personalidad jurídica propia y está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial (art. 2 EOMF). El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Funciones en lo penal: ejercer la acción penal pública, intervenir en el proceso penal velando por el respeto de las garantías procesales de los imputados y por la protección de los derechos de las víctimas y perjudicados, dirigir la instrucción en el proceso de menores, y practicar diligencias de investigación preprocesal. En el procedimiento actual, la dirección de la instrucción corresponde al Juez de Instrucción, y el Fiscal es parte acusadora; la LECrim vigente no le atribuye la instrucción en adultos, aunque los proyectos de reforma lo plantean. Principios: unidad de actuación y dependencia jerárquica (puede recibir órdenes e instrucciones de su superior jerárquico, y del Fiscal General del Estado), legalidad e imparcialidad (no se somete a órdenes del Poder Ejecutivo en su actuación procesal; el Gobierno puede interesar del Fiscal General que promueva actuaciones, art. 8 EOMF).
La investigación preprocesal del Ministerio Fiscal
El art. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal faculta al Fiscal para recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo (notificando el archivo al denunciante), o para practicar él mismo u ordenar a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, siempre que no se adopten medidas cautelares ni limitativas de derechos. Estas diligencias tienen una duración máxima de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado , y no pueden suponer medidas coercitivas: la entrada en domicilio, la intervención de comunicaciones o la detención requieren autoridad judicial (con la excepción de la detención policial en los casos legales). El art. 773.2 LECrim reitera la facultad del Fiscal de practicar u ordenar a la Policía Judicial diligencias para la comprobación del hecho. El investigado debe ser informado de sus derechos, y se respetan las garantías.
Cuando las diligencias ponen de manifiesto indicios de delito, el Fiscal presenta denuncia o querella ante el juez, que abre la fase de instrucción; si no los aprecia, decreta el archivo, sin perjuicio de que el denunciante pueda acudir a la vía judicial. Durante estas diligencias las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan bajo la dirección funcional del Fiscal. Las diligencias no tienen valor de prueba de cargo por sí solas.
La Policía Judicial: concepto y regulación (arts. 126 CE y 547 LOPJ)
El art. 126 CE establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Se trata de una función, más que de un cuerpo diferenciado. El art. 547 LOPJ dispone que la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, y que esta función compete, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno de la Nación como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
La LECrim (arts. 282 y 283) configura sus funciones: averiguar los delitos públicos que se cometan en su territorio, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger los efectos, instrumentos y pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. La LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, regula la Policía Judicial en los arts. 29 a 36: distingue la Policía Judicial en sentido genérico (todos los miembros, incluidas las policías autonómicas, como la Policía Canaria, y las locales, en los términos de los arts. 29.2 y 53.1.e) y la Policía Judicial en sentido específico (unidades orgánicas). El Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, desarrolla las unidades y la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial.
Dependencia funcional y orgánica de la Policía Judicial
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan como Policía Judicial están sometidos a una doble dependencia: orgánica, respecto de su propio cuerpo (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Cuerpo General de la Policía Canaria, policía local), en cuanto a organización, régimen disciplinario, personal y medios; y funcional, respecto de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal que dirige en cada caso la investigación, a cuyas instrucciones deben sujetarse en las diligencias de investigación (art. 31 LO 2/1986). Así, el mando y la disciplina siguen correspondiendo a su cuerpo, y la dirección técnico-jurídica de una investigación concreta corresponde al juez o fiscal.
Consecuencias: las órdenes del juez o fiscal vinculan a la policía en el ámbito de la investigación; los jefes del cuerpo no pueden dar órdenes que impidan o condicionen las diligencias judiciales; los agentes no pueden ser removidos de una investigación sin conocimiento de la autoridad judicial (garantías previstas en la LOPJ y el RD 769/1987); y la policía debe poner a disposición de la autoridad judicial lo actuado y a los detenidos. Los miembros de la Policía Judicial están obligados a comunicar inmediatamente al juez y al fiscal las novedades (art. 284 LECrim), y la desobediencia a requerimientos judiciales puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria o penal (art. 410 CP).
Unidades orgánicas de Policía Judicial
Junto a la función genérica de Policía Judicial, la LO 2/1986 y la LOPJ prevén unidades orgánicas de Policía Judicial, con personal específicamente adscrito con carácter permanente y exclusivo, dependientes funcionalmente de los jueces y fiscales (art. 31 LO 2/1986; art. 549 LOPJ), a las que se atribuye con carácter preferente, no excluyente, la investigación de mayor complejidad. Su organización se articula en unidades centrales y en unidades territoriales u orgánicas adscritas a los partidos judiciales, en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Las Comunidades Autónomas con policía propia pueden crear unidades de Policía Judicial en su cuerpo en los términos de convenios con el Ministerio del Interior y de su Estatuto.
Esta especialización responde a la complejidad técnica (delincuencia organizada, delitos económicos, delitos tecnológicos) o a la gravedad. No excluye que cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúe como Policía Judicial en sus funciones ordinarias de prevención y esclarecimiento de delitos. Los miembros de las unidades de Policía Judicial tienen asegurada su estabilidad y no pueden ser removidos sin causa durante la ejecución de la investigación, sin perjuicio de las garantías de la LOPJ. Funciones propias: investigación, atestados, auxilio al juez en las diligencias (inspecciones, registros), custodia de detenidos a disposición judicial y ejecución de órdenes de busca y captura.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LECrim de 1882 es la norma procesal penal básica (con reformas como la LO 13/2015 y la Ley 41/2015); la Constitución y la LOPJ complementan sus garantías y organización. La nueva ley procesal, a fecha de esta revisión, no está aprobada.
Principio acusatorio (art. 24.2 CE): quien acusa no juzga; correlación entre acusación y sentencia en hechos y calificación jurídica; el juez no puede imponer pena superior a la pedida.
Jerarquía penal: Sección de Instrucción (instruye; falla delitos leves) -> Sección Penal (hasta 5 años de prisión) o Audiencia Provincial (más de 5 años) -> TSJ (apelación contra sentencias de la Audiencia) -> Tribunal Supremo, Sala 2.ª (casación y aforados). LO 1/2025: los juzgados pasan a ser secciones de Tribunales de Instancia.
Procedimientos: sumario ordinario (pena superior a 9 años), abreviado (hasta 9 años), enjuiciamiento rápido (flagrancia, hasta 5 años), delitos leves, Jurado (LO 5/1995: 9 jurados y Magistrado-Presidente) y menores (LO 5/2000).
Audiencia Nacional: terrorismo, delitos contra la Corona, falsificación de moneda, tráfico de drogas organizado con efectos en varias Audiencias, delitos económicos supraprovinciales y delitos cometidos fuera de España; con Sala de Apelación desde 2015.
Denuncia: acto de mero conocimiento, verbal o escrita, sin abogado ni procurador, no da condición de parte. Querella: escrita, con abogado y procurador, ejerce la acción penal, da condición de parte y puede exigir fianza (acción popular).
Deber legal de denunciar (arts. 259 y 262 LECrim): quien presencie un delito público y quien por cargo, profesión u oficio tenga noticia de él; exentos los menores, cónyuge y parientes cercanos, abogados y procuradores, y ministros de culto.
Atestado (art. 297 LECrim): valor de denuncia; no es prueba de cargo por sí solo, necesita ratificación con contradicción en juicio, salvo diligencias objetivas irrepetibles (croquis, fotografías, alcoholemia). Se remite sin demora (art. 284); si no hay autor conocido se conserva a disposición de juez y fiscal.
Detención (art. 17.2 CE): tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, máximo de 72 horas; no se detiene por delito leve salvo falta de domicilio conocido y de fianza (art. 495 LECrim). Cualquier persona puede detener en los casos del art. 490 LECrim.
Derechos del detenido (art. 520 LECrim): silencio, no declarar contra sí mismo, abogado, comunicación a familiar, llamada a tercero, consulado, intérprete, reconocimiento médico y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones; información escrita y comprensible.
Asistencia letrada del detenido: preceptiva; solo es renunciable cuando la detención lo es exclusivamente por delitos contra la seguridad del tráfico (art. 520.5 LECrim). No es cierto que sea renunciable en general.
Habeas corpus (LO 6/1984; art. 17.4 CE): sumario y gratuito, sin abogado ni procurador; lo pueden instar el detenido, familiares, Fiscal, Defensor del Pueblo y el juez de oficio; el juez resuelve en 24 horas desde la incoación; no cabe contra prisión provisional acordada por juez.
Ministerio Fiscal (art. 124 CE; Ley 50/1981): unidad de actuación y dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad; diligencias de investigación preprocesal de hasta seis meses, prorrogables por decreto del Fiscal General del Estado (art. 5 EOMF); no puede adoptar medidas restrictivas de derechos.
Policía Judicial (art. 126 CE; art. 547 LOPJ; LO 2/1986, arts. 29 a 36): función, no cuerpo; todos los miembros de las FCS (estatales, autonómicas y locales) en sentido genérico; unidades orgánicas específicas; doble dependencia: orgánica (su cuerpo) y funcional (juez y fiscal).
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Están obligados a denunciar los delitos públicos de los que tengan noticia por razón de su cargo, profesión u oficio, entre otros:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 35 de Policía Canaria?
Este tema introduce los conceptos básicos del Derecho procesal penal español y la organización de la jurisdicción penal, las formas de iniciación del proceso (de oficio, denuncia, querella y, muy especialmente, el atestado policial), la detención y sus garantías, el procedimiento de habeas corpus como control judicial inmediato de cualquier privación de libertad, el papel del Ministerio Fiscal en la fase preprocesal y la Policía Judicial como órgano de auxilio a jueces, tribunales y fiscales en la investigación del delito.
Para un futuro miembro del Cuerpo General de la Policía Canaria, el atestado y las diligencias de detención constituyen el núcleo de la actuación policial en la investigación criminal. Fuentes principales: Constitución (arts. 17, 24, 117 a 126), Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (LECrim), Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985), Ley Orgánica 6/1984 (habeas corpus), Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981) y Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Nota de actualización: desde la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los antiguos juzgados unipersonales se integran en Tribunales de Instancia, con entrada en funcionamiento escalonada a lo largo de 2025.
¿Qué hay que memorizar del Tema 35 para el examen?
La LECrim de 1882 es la norma procesal penal básica (con reformas como la LO 13/2015 y la Ley 41/2015); la Constitución y la LOPJ complementan sus garantías y organización. La nueva ley procesal, a fecha de esta revisión, no está aprobada. Principio acusatorio (art. 24.2 CE): quien acusa no juzga; correlación entre acusación y sentencia en hechos y calificación jurídica; el juez no puede imponer pena superior a la pedida. Jerarquía penal: Sección de Instrucción (instruye; falla delitos leves) -> Sección Penal (hasta 5 años de prisión) o Audiencia Provincial (más de 5 años) -> TSJ (apelación contra sentencias de la Audiencia) -> Tribunal Supremo, Sala 2.ª (casación y aforados). LO 1/2025: los juzgados pasan a ser secciones de Tribunales de Instancia. Procedimientos: sumario ordinario (pena superior a 9 años), abreviado (hasta 9 años), enjuiciamiento rápido (flagrancia, hasta 5 años), delitos leves, Jurado (LO 5/1995: 9 jurados y Magistrado-Presidente) y menores (LO 5/2000). Audiencia Nacional: terrorismo, delitos contra la Corona, falsificación de moneda, tráfico de drogas organizado con efectos en varias Audiencias, delitos económicos supraprovinciales y delitos cometidos fuera de España; con Sala de Apelación desde 2015. Denuncia: acto de mero conocimiento, verbal o escrita, sin abogado ni procurador, no da condición de parte. Querella: escrita, con abogado y procurador, ejerce la acción penal, da condición de parte y puede exigir fianza (acción popular). Deber legal de denunciar (arts. 259 y 262 LECrim): quien presencie un delito público y quien por cargo, profesión u oficio tenga noticia de él; exentos los menores, cónyuge y parientes cercanos, abogados y procuradores, y ministros de culto. Atestado (art. 297 LECrim): valor de denuncia; no es prueba de cargo por sí solo, necesita ratificación con contradicción en juicio, salvo diligencias objetivas irrepetibles (croquis, fotografías, alcoholemia). Se remite sin demora (art. 284); si no hay autor conocido se conserva a disposición de juez y fiscal. Detención (art. 17.2 CE): tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, máximo de 72 horas; no se detiene por delito leve salvo falta de domicilio conocido y de fianza (art. 495 LECrim). Cualquier persona puede detener en los casos del art. 490 LECrim. Derechos del detenido (art. 520 LECrim): silencio, no declarar contra sí mismo, abogado, comunicación a familiar, llamada a tercero, consulado, intérprete, reconocimiento médico y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones; información escrita y comprensible. Asistencia letrada del detenido: preceptiva; solo es renunciable cuando la detención lo es exclusivamente por delitos contra la seguridad del tráfico (art. 520.5 LECrim). No es cierto que sea renunciable en general. Habeas corpus (LO 6/1984; art. 17.4 CE): sumario y gratuito, sin abogado ni procurador; lo pueden instar el detenido, familiares, Fiscal, Defensor del Pueblo y el juez de oficio; el juez resuelve en 24 horas desde la incoación; no cabe contra prisión provisional acordada por juez. Ministerio Fiscal (art. 124 CE; Ley 50/1981): unidad de actuación y dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad; diligencias de investigación preprocesal de hasta seis meses, prorrogables por decreto del Fiscal General del Estado (art. 5 EOMF); no puede adoptar medidas restrictivas de derechos. Policía Judicial (art. 126 CE; art. 547 LOPJ; LO 2/1986, arts. 29 a 36): función, no cuerpo; todos los miembros de las FCS (estatales, autonómicas y locales) en sentido genérico; unidades orgánicas específicas; doble dependencia: orgánica (su cuerpo) y funcional (juez y fiscal).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 17, 24, 117 a 126 (Poder Judicial, Ministerio Fiscal y Policía Judicial)
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal: arts. 100 y 101, 259 a 281 (denuncia y querella), 282 a 297 (Policía Judicial, atestado), 489 a 496 (detención), 520 y 520 bis (derechos del detenido), 757 y siguientes (procedimiento abreviado), 795 y siguientes (enjuiciamiento rápido)
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 547 a 550 (Policía Judicial) y preceptos sobre competencia de los órganos jurisdiccionales penales
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Tribunales de Instancia)
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, arts. 2 y 5
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, arts. 29 a 36 (Policía Judicial) y art. 53
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, y Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Ley 41/2015, de 5 de octubre; Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.