Tema 28. El Decreto 77/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria: Disposiciones generales. Organización y funcionamiento. Armamento y uso.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El Decreto 77/2010, de 8 de julio, aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y desarrolla reglamentariamente la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo. Concreta la estructura orgánica interna, la cadena de mando, el régimen de servicio, la uniformidad e identificación y el régimen del armamento (dotación, uso, custodia e incidencias). Es una norma reglamentaria de desarrollo, subordinada a la ley, que se inserta en el marco de la LOFCS (art. 5, principios de actuación, entre ellos congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de los medios). Este tema comprende las disposiciones generales, la organización y funcionamiento y el armamento y su uso; el régimen estatutario y disciplinario se estudia en el tema anterior. Aviso: no se ha podido contrastar el articulado exacto del Reglamento, por lo que el tema se centra en principios y estructura; cualquier numeración concreta debe consultarse en el texto consolidado.
Objeto, naturaleza jurídica y ámbito de aplicación del Reglamento
El Decreto 77/2010, de 8 de julio, aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, en desarrollo de la Ley 2/2008. Es una disposición administrativa de carácter general dictada por el Gobierno de Canarias en ejercicio de la potestad reglamentaria (reglamento ejecutivo): su contenido está subordinado a la ley que desarrolla y a la normativa básica estatal (Ley Orgánica 2/1986 y legislación básica de empleo público). Por el principio de jerarquía normativa, un reglamento no puede vulnerar la Constitución, las leyes ni otras disposiciones de rango superior; las disposiciones administrativas que lo hagan son nulas de pleno derecho (art. 47.2 de la Ley 39/2015). En su elaboración rige el procedimiento de la Ley 39/2015 para disposiciones de carácter general (planificación normativa, consulta pública previa, audiencia e información pública, informes preceptivos) y, por tratarse de un reglamento ejecutivo, el dictamen del órgano consultivo autonómico (Consejo Consultivo de Canarias). Es impugnable directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa e indirectamente a través de sus actos de aplicación. Su ámbito de aplicación alcanza a todo el personal del Cuerpo, cualquiera que sea su escala, empleo o destino en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Principios generales de organización y funcionamiento
La organización y el funcionamiento del Cuerpo responden a un conjunto de principios: jerarquía (relaciones de mando y subordinación entre empleos, con unidad de mando), división funcional del trabajo y especialización, coordinación (interna entre unidades y externa con otros cuerpos policiales y Administraciones), eficacia y eficiencia en el uso de los medios, legalidad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y los principios básicos de actuación policial del art. 5 LOFCS: adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional y secreto profesional. El Cuerpo es un instituto armado de naturaleza civil que actúa bajo la dependencia del Gobierno de Canarias, a través de la consejería competente en seguridad, y colabora con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con las Policías Locales de Canarias, en el marco del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias (Ley 9/2007) y de la normativa estatal.
Estructura orgánica del Cuerpo
La organización del Cuerpo combina un criterio jerárquico (empleos, escalas y niveles de mando), un criterio funcional (áreas y unidades especializadas por materia: seguridad ciudadana, policía judicial, tráfico y seguridad vial, protección del medio ambiente, administración y apoyo, entre otras) y un criterio territorial (despliegue de unidades por ámbito insular, adaptado a la realidad archipielágica). En el vértice se sitúa la Jefatura del Cuerpo, órgano superior de dirección, mando y coordinación, con la superior dirección del régimen de personal dentro de sus competencias y la representación del Cuerpo; la Jefatura cuenta con órganos de apoyo técnico y administrativo (planificación, asesoramiento, personal, régimen interior) sin mando operativo propio salvo delegación. Por debajo, el Cuerpo se organiza en unidades de distinto nivel cuyo mando se asigna a empleos de las escalas Superior, Ejecutiva y Básica en función de la responsabilidad. Las unidades territoriales mantienen dependencia jerárquica y funcional de la estructura central, de modo que las directrices generales se aplican uniformemente en todas las islas. NOTA: la denominación exacta de los niveles orgánicos (áreas, divisiones, jefaturas insulares, unidades, grupos) debe contrastarse con el texto vigente del Reglamento y con la relación de puestos de trabajo.
La cadena de mando y la jerarquía
La cadena de mando traduce el principio de jerarquía en términos operativos: cada miembro depende de un superior jerárquico inmediato; las órdenes descienden desde la Jefatura hasta las unidades de ejecución y la información sobre incidencias y resultados asciende en sentido inverso. Garantiza la unidad de actuación y la responsabilidad de cada mando. El deber de obediencia a las órdenes legítimas encuentra su límite en el art. 5 LOFCS: la obediencia debida no puede amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes; el subordinado debe, además, ejecutar las órdenes con arreglo a los principios de actuación. En ausencia de titular del mando por vacante, ausencia o enfermedad se aplica un régimen de sustitución o suplencia (por el mando inmediato inferior o por el empleo superior y de mayor antigüedad presente, salvo designación expresa), a fin de evitar situaciones de falta de dirección que comprometan el servicio.
Régimen de servicio: jornada, turnos, guardias y disponibilidad
El servicio policial es continuado (veinticuatro horas, todos los días del año), por lo que el personal presta servicio en turnos y horarios adaptados a las necesidades del servicio, con jornadas especiales, servicios extraordinarios y descansos compensatorios cuando proceda. La jornada se rige por la normativa general de función pública con las adaptaciones propias de la función policial. Además del régimen de turnos, existen servicios de guardia y de disponibilidad, que obligan a estar localizable y en condiciones de incorporarse al servicio en un plazo breve ante necesidades urgentes; da lugar a compensaciones horarias o económicas conforme a la normativa aplicable. La planificación de turnos corresponde a los responsables de unidad y debe compaginar la cobertura del servicio con los derechos de descanso y conciliación. El deber de intervención del policía, aun fuera de servicio, en defensa de la ley y la seguridad ciudadana, procede del art. 5 LOFCS (dedicación profesional).
Uniformidad, distintivos, placa-emblema e identificación profesional
El uniforme es la expresión externa de la pertenencia a la institución y de su carácter jerarquizado. Su uso es obligatorio en el servicio, salvo las excepciones autorizadas (servicios de paisano), y debe mantenerse en condiciones de decoro. Los distintivos de empleo (galones, estrellas y otros emblemas) permiten identificar visualmente el empleo y la jerarquía. Cada miembro dispone de placa-emblema y de documento de acreditación profesional (carné) con el número de identificación profesional, que le acreditan como agente de la autoridad; su pérdida, sustracción o deterioro debe comunicarse inmediatamente. La identificación es un deber general (art. 5 LOFCS: identificarse como policía en el momento de efectuar una detención) y forma parte de las garantías ciudadanas. El uso indebido del uniforme, de los distintivos o de la documentación profesional puede constituir infracción disciplinaria o incluso delito (usurpación o uso público indebido de uniforme o distintivos oficiales, en los términos del Código Penal).
Medios materiales: vehículos, comunicaciones y dependencias
El Reglamento contempla los medios materiales del servicio: vehículos policiales (identificados conforme a la normativa de rotulación y señalización, con uso reservado a fines de servicio), medios técnicos de comunicación y sistemas informáticos de gestión policial (cuya utilización debe respetar la normativa de protección de datos y la seguridad de la información), y dependencias policiales con condiciones de seguridad y accesibilidad y espacios diferenciados para la atención al público, la custodia de detenidos y el depósito de armamento y efectos. El tratamiento de datos personales en el ámbito policial se rige por la normativa específica en materia de protección de datos para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales (Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo).
Coordinación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policías Locales
La coordinación es un principio estructural del sistema español de seguridad pública. La LOFCS impone el deber de cooperación recíproca entre los distintos cuerpos y regula los órganos de coordinación (como las Juntas de Seguridad y los instrumentos de colaboración y los protocolos). En Canarias, la coordinación con las Policías Locales se canaliza a través de la normativa autonómica de coordinación (Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias) y de los órganos de coordinación del Sistema Canario de Seguridad (Ley 9/2007). Se refleja en operativos conjuntos, intercambio de información, y gestión de emergencias en coordinación con el CECOES 1-1-2. El Reglamento habilita a la Jefatura para proponer los convenios y protocolos de colaboración necesarios dentro del marco legal.
El armamento: concepto, dotación y asignación
El armamento reglamentario es el conjunto de armas y medios defensivos que el Cuerpo asigna a su personal para el ejercicio de sus funciones. El Reglamento regula su dotación: el arma corta reglamentaria de dotación individual y, para determinadas unidades, otros medios (armas largas, material específico), siempre atendiendo a la proporcionalidad entre el riesgo del servicio y los medios asignados. La entrega del arma se produce tras la formación en su manejo y en el marco jurídico del uso de la fuerza y se documenta en un registro de armamento, de modo que siempre pueda conocerse qué arma tiene asignada cada persona. El personal destinado en tareas administrativas puede no tener arma asignada de forma permanente sin perder su condición de agente de la autoridad. El armamento de los cuerpos policiales se rige además por la legislación de armas: Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y su control corresponde a la Guardia Civil (Intervención de Armas).
Principios del uso de la fuerza y de las armas: congruencia, oportunidad y proporcionalidad
El art. 5.2 de la LOFCS dispone que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Congruencia: adecuación entre el medio empleado y la situación; oportunidad: el uso de la fuerza debe ser el momento y la respuesta adecuados, valorando la inminencia y gravedad del peligro; proporcionalidad: relación razonable entre el medio empleado y el fin perseguido, con preferencia por medios menos lesivos. Respecto del arma de fuego, la LOFCS establece que solo deben utilizarla en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios antes indicados. En el plano internacional rigen el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Asamblea General de Naciones Unidas, 1979) y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego (Naciones Unidas, 1990), así como el Código Europeo de Ética de la Policía (Recomendación Rec(2001)10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa).
Supuestos de uso del arma de fuego y escala de uso de la fuerza
El uso del arma de fuego es el último recurso dentro de una escala gradual de medios: presencia policial y advertencia verbal, técnicas de control y reducción, medios de defensa de menor lesividad (defensa reglamentaria, medios de sujeción como los grilletes, aerosoles) y, solo si resulta imprescindible, el arma de fuego. Se reserva a situaciones de necesidad extrema en las que estén en juego la vida o la integridad física propia o ajena (legítima defensa propia o de terceros frente a una agresión actual e ilegítima, neutralización de un peligro grave e inminente), con criterios especialmente restrictivos. Siempre que sea posible debe precederse de advertencia y debe cesar en cuanto desaparezca el riesgo; tras su uso, se presta auxilio a los heridos y se informa a la autoridad competente. Desde el punto de vista penal, la actuación puede estar amparada por las eximentes de legítima defensa (art. 20.4 del Código Penal) y de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (art. 20.7), que exigen los requisitos legales, entre ellos la necesidad racional del medio empleado. Un uso fuera de estos supuestos puede generar responsabilidad disciplinaria, penal y patrimonial.
Medios de defensa distintos del arma de fuego
Los medios de defensa de menor lesividad (defensa reglamentaria, grilletes u otros medios de sujeción, aerosoles) se configuran como alternativas preferentes al arma de fuego, siempre que basten para neutralizar la situación de riesgo o resistencia. Su empleo se rige por los mismos principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y por el deber de graduar la fuerza según la resistencia mostrada. La formación en su manejo forma parte de la instrucción básica y continua. El uso indebido o desproporcionado de cualquiera de ellos puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria y, en su caso, penal (por ejemplo, delitos contra la integridad moral o de lesiones). En el tratamiento de personas detenidas el policía debe velar por su vida e integridad física y respetar su honor y dignidad (art. 5 LOFCS).
Custodia, conservación, revista y control del armamento
El policía tiene un deber especial de custodia y conservación del armamento asignado: mantenerlo bajo control directo y en condiciones que impidan el acceso de terceros, guardarlo en los dispositivos de seguridad previstos (armeros) cuando no se porte reglamentariamente, mantenerlo limpio y en buen estado y comunicar cualquier anomalía. El mantenimiento técnico corresponde a la armería del Cuerpo. El Cuerpo somete el armamento y la munición a revistas y controles periódicos, que verifican su estado y la correspondencia entre lo asignado y lo que realmente se tiene (trazabilidad), documentados en los registros de armamento. El incumplimiento de estos deberes, la negativa a someterse a las revistas o la falta de colaboración pueden tener consecuencias disciplinarias.
Pérdida, sustracción o deterioro del arma; retirada del arma
La pérdida, sustracción o deterioro grave del arma debe comunicarse de forma inmediata a los superiores y a los órganos competentes del Cuerpo; además se pone en conocimiento de la autoridad competente en materia de armas (Intervención de Armas de la Guardia Civil) y se formula denuncia cuando los hechos puedan constituir delito. La comunicación tardía o la ocultación constituyen infracción por sí mismas, con independencia de la responsabilidad por negligencia en la custodia. Se inician las diligencias internas pertinentes y se repone el arma. Por otra parte, el arma puede ser retirada, como medida cautelar y proporcionada, ante conductas que generen dudas sobre la capacidad del agente de hacer un uso responsable de ella (indicios de alteración psicofísica, consumo de alcohol o sustancias, apertura de expediente disciplinario o penal, suspensión de funciones, etc.), con pruebas psicotécnicas o de detección cuando proceda; la medida debe motivarse, comunicarse al interesado, que puede recurrirla, y cesar cuando desaparezca su causa. Normalmente se retira también el arma al pasar a situaciones administrativas que impiden su porte.
Responsabilidad derivada del uso de armas y medios coercitivos
El uso de las armas y de los medios coercitivos genera, en caso de ilegalidad o exceso, responsabilidad disciplinaria (faltas muy graves por uso indebido de armas), penal (homicidio, lesiones, o delitos de abuso en el ejercicio de funciones, con circunstancia agravante o específica cuando el sujeto es funcionario público) y patrimonial de la Administración, con acción de regreso contra el agente en caso de dolo o culpa o negligencia graves (Ley 40/2015). La LOFCS establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son responsables personal y directamente por los actos que lleven a cabo infringiendo o vulnerando las normas legales y reglamentarias, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Todo uso de arma debe documentarse mediante informe a los superiores y a la autoridad judicial cuando proceda.
Relación entre la ley y el Reglamento: qué se examina en cada tema
Para el aspirante es útil distinguir qué corresponde a cada norma: la Ley 2/2008 regula el marco estatutario (escalas y empleos, Jefatura, acceso, promoción, formación, provisión, segunda actividad, derechos, deberes y régimen disciplinario), mientras que el Decreto 77/2010 concreta la organización interna, el funcionamiento del servicio, la uniformidad e identificación y el armamento y su uso. El Reglamento puede ser modificado por decreto sucesivamente, siempre dentro de los límites de la ley; el opositor debe contrastar con la norma consolidada vigente. Regla práctica de examen: lo que afecta a derechos, deberes, infracciones y sanciones requiere ley; lo que afecta a organización interna, servicios y medios materiales puede desarrollarse por reglamento.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Decreto 77/2010, de 8 de julio: aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del CGPC, en desarrollo de la Ley 2/2008.
Reglamento ejecutivo: subordinado a la ley; los reglamentos que la contradigan son nulos de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015). Preceptivo el dictamen del órgano consultivo autonómico.
Organización: criterios jerárquico, funcional y territorial (unidades por islas); Jefatura con órganos de apoyo.
Jerarquía y obediencia debida: no ampara órdenes manifiestamente delictivas o contrarias a la Constitución o a las leyes (art. 5 LOFCS).
Servicio continuado 24 h/365 días: turnos, guardias y disponibilidad con compensación.
Principios de uso de la fuerza (art. 5.2 LOFCS): congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
Arma de fuego: solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física propia o de terceros, o grave riesgo para la seguridad ciudadana; último recurso en la escala de uso de la fuerza.
Eximentes penales relevantes: legítima defensa (art. 20.4 CP) y cumplimiento de un deber (art. 20.7 CP), con necesidad racional del medio.
Pérdida, sustracción o deterioro del arma: comunicación inmediata; la ocultación es infracción autónoma; se informa a la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
Retirada del arma: medida cautelar proporcionada y motivada, recurrible, que cesa al desaparecer la causa.
Placa-emblema y documento de identificación profesional acreditan la condición de agente de la autoridad; identificación obligatoria (art. 5 LOFCS).
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad responden personal y directamente de sus actos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Ley 2/2008 (QUÉ: estatuto, faltas y sanciones) frente a Decreto 77/2010 (CÓMO: organización, servicio, armamento).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el tema, ¿qué naturaleza jurídica tiene el Decreto 77/2010 respecto de la Ley 2/2008?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 28 de Policía Canaria?
El Decreto 77/2010, de 8 de julio, aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y desarrolla reglamentariamente la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo. Concreta la estructura orgánica interna, la cadena de mando, el régimen de servicio, la uniformidad e identificación y el régimen del armamento (dotación, uso, custodia e incidencias). Es una norma reglamentaria de desarrollo, subordinada a la ley, que se inserta en el marco de la LOFCS (art. 5, principios de actuación, entre ellos congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de los medios). Este tema comprende las disposiciones generales, la organización y funcionamiento y el armamento y su uso; el régimen estatutario y disciplinario se estudia en el tema anterior. Aviso: no se ha podido contrastar el articulado exacto del Reglamento, por lo que el tema se centra en principios y estructura; cualquier numeración concreta debe consultarse en el texto consolidado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 28 para el examen?
Decreto 77/2010, de 8 de julio: aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del CGPC, en desarrollo de la Ley 2/2008. Reglamento ejecutivo: subordinado a la ley; los reglamentos que la contradigan son nulos de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015). Preceptivo el dictamen del órgano consultivo autonómico. Organización: criterios jerárquico, funcional y territorial (unidades por islas); Jefatura con órganos de apoyo. Jerarquía y obediencia debida: no ampara órdenes manifiestamente delictivas o contrarias a la Constitución o a las leyes (art. 5 LOFCS). Servicio continuado 24 h/365 días: turnos, guardias y disponibilidad con compensación. Principios de uso de la fuerza (art. 5.2 LOFCS): congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Arma de fuego: solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física propia o de terceros, o grave riesgo para la seguridad ciudadana; último recurso en la escala de uso de la fuerza. Eximentes penales relevantes: legítima defensa (art. 20.4 CP) y cumplimiento de un deber (art. 20.7 CP), con necesidad racional del medio. Pérdida, sustracción o deterioro del arma: comunicación inmediata; la ocultación es infracción autónoma; se informa a la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Retirada del arma: medida cautelar proporcionada y motivada, recurrible, que cesa al desaparecer la causa. Placa-emblema y documento de identificación profesional acreditan la condición de agente de la autoridad; identificación obligatoria (art. 5 LOFCS). Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad responden personal y directamente de sus actos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Ley 2/2008 (QUÉ: estatuto, faltas y sanciones) frente a Decreto 77/2010 (CÓMO: organización, servicio, armamento).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Decreto 77/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria
Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, art. 20
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.