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Tema 41. La protección y tutela de menores en el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias. Normativa reguladora.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

La protección y tutela de menores en Canarias se articula en torno a un doble nivel normativo: la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que constituye el marco general básico estatal, y la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, que desarrolla en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias la distribución de competencias entre las distintas Administraciones Públicas canarias y regula con detalle las situaciones de riesgo y desamparo, las medidas de guarda, el acogimiento familiar y residencial, y la organización administrativa de la protección de menores en el archipiélago. Se trata de una materia de aplicación práctica frecuente para cualquier agente de la Policía Canaria, dado que la detección de situaciones de riesgo o desamparo de menores, así como la actuación ante menores extranjeros no acompañados, constituyen escenarios habituales de la actividad policial ordinaria. La correcta distinción entre situación de riesgo y situación de desamparo, así como el conocimiento de las distintas modalidades de acogimiento y de los cauces de comunicación con los servicios sociales y con la entidad pública competente en Canarias, resultan contenidos de aplicación práctica constante para la actuación policial en este ámbito.

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LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, es la norma básica estatal en materia de protección de menores. Modificó parcialmente el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y establece el marco general de derechos del menor y de actuación de los poderes públicos en su protección, con independencia de su nacionalidad, residencia o situación administrativa cuando se encuentre en territorio español. Fue reformada de forma sustancial en 2015 por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio (esta última ordinaria, no orgánica), de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y posteriormente por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). La ley reconoce a los menores como sujetos de derechos y no como meros objetos de protección: derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, a la información, a la libertad ideológica, a la participación y a ser oído y escuchado, entre otros, y sienta las bases del sistema de protección que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de asistencia social, desarrollan mediante legislación propia, como la Ley 1/1997 en Canarias.

El principio del interés superior del menor

El interés superior del menor (art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996) es un derecho sustantivo, un principio general de carácter interpretativo y una norma de procedimiento, y constituye el criterio prioritario de toda la normativa de protección de menores, estatal y autonómica: cualquier medida administrativa o judicial que afecte a un menor debe ponderar su bienestar y desarrollo integral por encima de otros intereses legítimos en conflicto, incluidos los de sus progenitores o guardadores. Tras la reforma de 2015 la ley fija criterios generales de interpretación y aplicación: la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor; la consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones; la conveniencia de que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, y el mantenimiento de su entorno familiar de origen salvo que no sea conveniente; y la preservación de su identidad, cultura, religión y lengua. También establece elementos generales de ponderación (edad y madurez, necesidad de garantizar igualdad y no discriminación, irreversibilidad de los efectos, etcétera). Las decisiones deben motivar expresamente cómo se ha ponderado este interés frente a otros que concurran, lo que supone una exigencia reforzada de motivación.

Ley 1/1997, de Atención Integral a los Menores de Canarias

La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, constituye la norma autonómica canaria que desarrolla, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el sistema de protección de menores, estableciendo la distribución de funciones y competencias entre las distintas Administraciones Públicas canarias (Comunidad Autónoma, Cabildos Insulares y Ayuntamientos), regulando las medidas administrativas de protección aplicables ante situaciones de riesgo y de desamparo de los menores, y organizando el sistema de colaboración y participación social en las actividades de atención a la infancia y la adolescencia en el archipiélago. La ley se estructura en torno a los conceptos básicos de situación de riesgo y situación de desamparo, que determinan, respectivamente, la intervención de los servicios sociales de atención primaria de los Ayuntamientos y Cabildos, o la asunción de la tutela o guarda por parte de la entidad pública competente de la Comunidad Autónoma, articulando así un sistema escalonado de intervención que pretende, en la medida de lo posible, mantener al menor en su entorno familiar de origen mientras ello resulte compatible con su interés superior, reservando las medidas más intensas de protección (acogimiento, tutela) para los supuestos de mayor gravedad.

La situación de riesgo del menor: concepto

La situación de riesgo (art. 17 de la Ley Orgánica 1/1996 y desarrollo autonómico por la Ley 1/1997) es aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se ve perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos, de forma que, sin alcanzar la gravedad que justificaría su separación del núcleo familiar, requiere la actuación de las Administraciones Públicas para eliminar, reducir o compensar las dificultades. La apreciación de una situación de riesgo conlleva la elaboración y aplicación de un proyecto de intervención social y educativo familiar, con seguimiento temporal, a cargo de los servicios sociales de atención primaria del municipio o Cabildo, en coordinación con servicios educativos y sanitarios, que permita superar las dificultades manteniendo al menor en su entorno familiar. Se declara mediante resolución administrativa motivada, con audiencia de los progenitores, tutores o guardadores y del menor, y se comunica al Ministerio Fiscal. La declaración de riesgo no implica la asunción de la tutela ni de la guarda por la Administración, que se reserva a los supuestos de desamparo. Si los progenitores no colaboran y el riesgo se agrava, puede evolucionar hacia el desamparo.

La situación de desamparo: concepto y efectos

La situación de desamparo, definida en el Código Civil (art. 172) y en la Ley Orgánica 1/1996 (art. 18, que enumera circunstancias como el abandono, el maltrato, la inducción a la mendicidad o a la delincuencia, la ausencia de escolarización o las negligencias graves en el cuidado), se produce de hecho por el incumplimiento, o el imposible o inadecuado ejercicio, de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos quedan privados de la necesaria asistencia moral o material. Es una situación de mayor gravedad que el riesgo y exige una actuación administrativa inmediata. La entidad pública competente de la Comunidad Autónoma, cuando constata el desamparo, asume por ministerio de la ley la tutela del menor y adopta las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y notificando en legal forma a los progenitores, tutores o guardadores en el plazo de cuarenta y ocho horas. La patria potestad o la tutela ordinaria quedan suspendidas, aunque los progenitores conservan la posibilidad de relacionarse con el menor en los términos que fije la entidad pública y de oponerse a la resolución ante la jurisdicción civil, así como de solicitar el cese de la medida cuando hayan variado las circunstancias que la motivaron.

La guarda de menores por la entidad pública

La guarda (art. 172 ter del Código Civil y arts. 19 y siguientes de la Ley Orgánica 1/1996) es distinta de la tutela derivada del desamparo. Se ejerce por la entidad pública en dos supuestos. Guarda voluntaria: cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no pueden cuidar del menor y así lo solicitan; la guarda es temporal, no puede exceder de dos años salvo que el interés superior del menor aconseje prolongarla, y no suspende la patria potestad, de modo que la entidad pública solo asume la vigilancia, cuidado y educación del menor. Guarda judicial: cuando así lo acuerde el juez. Existe además la guarda provisional, que la entidad pública asume en situaciones de urgencia, hasta que se constate el desamparo y se declare, en su caso, la tutela. La solicitud de guarda debe formalizarse por escrito, con constancia de las causas y del carácter temporal, con el fin de que la familia pueda recuperar cuanto antes el ejercicio pleno de sus responsabilidades. La guarda se ejerce mediante acogimiento familiar o residencial.

El acogimiento familiar: modalidades

El acogimiento familiar es una medida de protección que da al menor la plena participación en la vida de una familia distinta de la biológica, con la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Tras la reforma de 2015 (art. 173 bis del Código Civil), según su duración y objetivo se distinguen: el acogimiento de urgencia, principalmente para menores de seis años, de duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección que corresponda; el acogimiento temporal, de carácter transitorio, cuando se prevé la reintegración del menor en su familia o mientras se adopta una medida más estable, con duración máxima de dos años salvo que el interés superior aconseje prorrogarlo; y el acogimiento permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia lo aconsejan. Según el vínculo, el acogimiento puede ser en familia extensa (parientes del menor) o en familia ajena; y según la cualificación de los acogedores puede ser especializado o profesionalizado, cuando se dirige a menores con necesidades especiales y los acogedores reciben formación específica y, en su caso, compensación económica. La modalidad anterior del acogimiento simple y preadoptivo ha desaparecido tras la reforma de 2015. El acogimiento se formaliza por resolución de la entidad pública, con consentimiento de los acogedores y audiencia del menor, y se comunica al Ministerio Fiscal.

El acogimiento residencial

El acogimiento residencial consiste en el ingreso del menor en un centro específicamente destinado a la atención de menores. Se aplica con carácter subsidiario respecto del acogimiento familiar, conforme al principio, estatal y canario, de priorizar siempre que sea posible las medidas de carácter familiar sobre las residenciales. La reforma de 2015 (art. 21 de la Ley Orgánica 1/1996) limita el acogimiento residencial de los menores de seis años, que solo debe acordarse cuando sea imposible adoptar el familiar o no convenga al interés del menor, con limitación estricta para los menores de tres años y una duración, en principio, no superior a tres meses para los menores de seis años. No obstante, es la medida más adecuada en ciertos supuestos, como menores con necesidades específicas de atención especializada, grupos numerosos de hermanos que se pretende mantener unidos o situaciones de urgencia sin familia acogedora disponible. En los centros se garantiza la individualización, la normalización de la vida cotidiana, la participación del menor y la coordinación con su familia cuando sea compatible con su interés. Los centros de protección específicos para menores con problemas de conducta se someten a garantías reforzadas, incluida la autorización judicial para el ingreso.

La tutela administrativa

La tutela administrativa o tutela ex lege es la que asume automáticamente, por ministerio de la ley, la entidad pública de protección de menores de la Comunidad Autónoma cuando constata el desamparo del menor. Sustituye a la tutela ordinaria del Código Civil y comprende la representación legal del menor, el cuidado de su persona y la administración de sus bienes. No requiere constitución judicial previa: se asume por la resolución administrativa de desamparo, con control judicial posterior. Los progenitores, tutores o guardadores pueden oponerse ante la jurisdicción civil mediante el procedimiento de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores (arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en el plazo de dos meses desde la notificación, y el Ministerio Fiscal vela por los intereses del menor. La tutela cesa, entre otros supuestos, por la mayoría de edad o emancipación del menor, por su adopción, por el retorno a la familia de origen tras desaparecer las causas del desamparo o por su fallecimiento. La entidad pública debe revisar periódicamente las medidas adoptadas.

Órgano competente en Canarias en materia de protección de menores

En la Comunidad Autónoma de Canarias, el ejercicio de las funciones de protección de menores previstas en la Ley 1/1997 (declaración de desamparo, asunción de la tutela o guarda, resolución sobre las medidas de acogimiento) corresponde a la entidad pública de protección de menores, que es el órgano de la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de infancia, familias y servicios sociales; su denominación y adscripción concretas cambian con las reestructuraciones del Gobierno (en los últimos años se ha identificado con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias). La Ley 1/1997 reparte las funciones entre la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos: los Ayuntamientos asumen la prevención y los servicios sociales de atención primaria, y los Cabildos, a través de las transferencias y delegaciones previstas, intervienen en la ejecución de determinadas medidas de protección y en la gestión de recursos. El órgano autonómico ejerce además funciones de inspección y control de los centros de protección y de las familias acogedoras, y de gestión de los programas de acogimiento y adopción. Su coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Canaria, es esencial para la protección de los menores detectados en situación de vulnerabilidad. Conviene comprobar la denominación vigente y si ha entrado en vigor una norma canaria que sustituya o complete la Ley 1/1997.

Centros de protección de menores en Canarias

Los centros de protección de menores en Canarias son las instalaciones destinadas a la atención residencial de los menores respecto de los cuales se ha acordado esta medida de protección, sometidos a un régimen de autorización, registro e inspección por parte de la Administración autonómica competente, y clasificados en función de las características y necesidades específicas de los menores atendidos (centros de primera acogida, para situaciones de urgencia y valoración inicial; centros de acogimiento residencial ordinario; centros especializados para menores con problemas de conducta, con discapacidad, o con adicciones; y centros específicos para menores extranjeros no acompañados, dada la singular problemática que este colectivo presenta en el contexto canario). La Ley 1/1997 establece los principios generales de actuación que deben regir el funcionamiento de estos centros, entre los que se incluyen el respeto a la individualidad de cada menor, la normalización de su vida cotidiana en la medida de lo posible, la participación del menor en las decisiones que le afecten conforme a su edad y madurez, y la coordinación con el entorno familiar del menor, cuando ello resulte compatible con su interés superior, con vistas a facilitar su eventual reintegración familiar en el futuro.

Los menores extranjeros no acompañados

Los menores extranjeros no acompañados constituyen un colectivo de especial relevancia en Canarias, dada la condición del archipiélago como puerta de entrada de flujos migratorios irregulares. Son menores de dieciocho años de nacionalidad extranjera que llegan a España sin la compañía de un adulto responsable. Reciben protección con independencia de su situación administrativa, conforme a la Ley Orgánica 1/1996 y al artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España. Cuando se localiza a un menor, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proceden a su identificación inicial y lo ponen a disposición de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal; si existen dudas fundadas sobre su edad, el Fiscal dicta un decreto de determinación de la edad tras las pruebas médicas necesarias, practicadas con las garantías legales y sin perjuicio de que, mientras no se determine su mayoría de edad, se le trate como menor. La entidad pública asume la tutela o guarda del menor, cuando proceda, y se inscribe al menor en el registro correspondiente. La situación del sistema canario ha sido de saturación en determinados momentos, lo que ha motivado medidas estatales extraordinarias de cooperación y reparto entre Comunidades Autónomas y pronunciamientos judiciales; el alcance concreto de la normativa estatal aprobada en 2025 en esta materia y su aplicación debe consultarse en las fuentes oficiales.

Actuación policial ante menores en situación de desamparo

Ante la detección de un menor en posible situación de riesgo o desamparo, los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria deben, en primer lugar, garantizar la protección inmediata del menor cuando exista un peligro actual e inminente para su integridad. La Ley Orgánica 1/1996 (art. 14) impone a las autoridades y servicios públicos la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencia o de dar traslado al órgano competente, y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal. En supuestos de urgencia, los agentes pueden adoptar las medidas imprescindibles de protección (poner al menor a resguardo, ponerlo a disposición de la entidad pública o de un recurso de acogida), dando cuenta inmediata a la entidad pública y al Fiscal. Fuera de la urgencia extrema, la actuación debe canalizarse mediante comunicación a los servicios sociales municipales o insulares, sin que corresponda a los agentes la valoración técnica definitiva de la situación, reservada a los profesionales de los servicios sociales y a la entidad pública. La Policía Canaria actúa, con carácter general, como agente detector y comunicador, y no como órgano que decide las medidas de protección. Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, procede además la elaboración del atestado y la comunicación a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.

Notificación y comunicación de situaciones de riesgo

El artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996 establece que toda persona o autoridad, y especialmente quienes por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestar el auxilio inmediato que precise. Quien tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro de modo habitual y sin justificación durante el período obligatorio debe ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes. La LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021) refuerza este deber de comunicación, que es cualificado para los profesionales que, por razón de su cargo, tengan contacto habitual con menores, entre ellos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los profesionales de la educación y de la sanidad y los servicios sociales. La comunicación se dirige, según la gravedad, a los servicios sociales de atención primaria municipales o insulares, o directamente a la entidad pública de protección de menores, y al Ministerio Fiscal o la autoridad judicial si los hechos pueden ser delito. En Canarias se utilizan hojas o sistemas de notificación de maltrato infantil para registrar y coordinar las comunicaciones. La detección temprana por los distintos profesionales es el primer eslabón de la cadena de intervención.

Coordinación entre servicios sociales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La protección efectiva de los menores en situación de riesgo o desamparo exige una coordinación estrecha entre los servicios sociales (municipales, insulares y autonómicos) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Canaria, que se materializa en protocolos de actuación conjunta que fijan los cauces de comunicación, los criterios de valoración inicial de urgencia y las actuaciones que corresponde a cada institución. Es especialmente relevante en supuestos complejos: violencia intrafamiliar con menores presentes en el domicilio, menores extranjeros no acompañados llegados en embarcaciones, o menores en riesgo detectados en el ámbito escolar (absentismo, acoso escolar), que requieren una intervención combinada de los servicios educativos, sociales y, en su caso, policiales. Cuando existen agentes o unidades formados en atención a menores, la coordinación interinstitucional resulta más ágil y adaptada. La LOPIVI prevé la existencia de unidades especializadas en la atención a menores en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El derecho de audiencia del menor

El derecho del menor a ser oído y escuchado (art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996) rige tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Se proyecta con especial intensidad sobre los procedimientos de protección regulados por la Ley 1/1997 en Canarias: el menor debe poder expresar su opinión antes de cualquier medida de protección que le afecte (declaración de desamparo, acogimiento, cambio de centro), teniendo en cuenta su edad y madurez. Se considera que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos, sin perjuicio de que pueda tenerla antes, y la audiencia se hará con metodologías y espacios adaptados, con profesionales cualificados cuando sea necesario. La opinión del menor no es vinculante, pero debe ser ponderada junto con el resto de circunstancias en aplicación del interés superior, y la resolución debe motivar la decisión adoptada.

Programas de prevención e intervención familiar

Tanto la Ley Orgánica 1/1996 como la Ley 1/1997 en el ámbito canario apuestan decididamente por el desarrollo de programas de prevención e intervención familiar, dirigidos a evitar, en la medida de lo posible, que las situaciones de riesgo familiar deriven en supuestos de mayor gravedad que exijan la separación del menor de su núcleo familiar, mediante actuaciones de apoyo, orientación y formación a las familias en situación de vulnerabilidad, desarrolladas fundamentalmente por los servicios sociales de atención primaria de los Ayuntamientos y Cabildos Insulares canarios, en coordinación con los servicios educativos y sanitarios del archipiélago. Estos programas de prevención e intervención familiar incluyen, entre otras actuaciones, programas de educación y formación parental, programas de mediación familiar para la resolución de conflictos, programas específicos de apoyo a familias con menores con discapacidad o con problemas de conducta, y programas de intervención en situaciones de vulnerabilidad social especialmente vinculadas a la realidad canaria, como la insularidad, la dispersión geográfica de la población en determinadas islas, o las situaciones de pobreza y exclusión social vinculadas a determinados sectores económicos del archipiélago, todo ello con la finalidad última de reforzar las capacidades parentales y evitar, siempre que sea posible, la ruptura del núcleo familiar de origen del menor.

El maltrato infantil: detección e intervención

El maltrato infantil, en sus distintas modalidades (físico, psicológico, sexual, por negligencia o abandono), constituye una de las principales causas que pueden determinar la declaración de una situación de riesgo o de desamparo de un menor conforme a la Ley 1/1997, exigiendo una detección temprana por parte de los distintos profesionales y agentes sociales que entran en contacto con la infancia, entre ellos, de forma destacada, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dada su frecuente intervención en incidentes domésticos o familiares en los que puede detectarse este tipo de situaciones. La Ley 1/1997, en desarrollo del marco general estatal, establece protocolos y procedimientos específicos de actuación ante la detección de indicios de maltrato infantil, que exigen, en los supuestos de mayor gravedad, la comunicación inmediata a la entidad pública de protección de menores y, cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, la correspondiente puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial, sin perjuicio de la incoación simultánea del correspondiente atestado policial cuando la gravedad de los hechos así lo requiera, articulándose de este modo una respuesta institucional coordinada entre el ámbito de protección administrativa de menores y el ámbito propiamente penal cuando los hechos detectados alcancen la relevancia suficiente para ello.

Marco normativo: bloque constitucional, internacional y estatal

Fundamento constitucional: el artículo 39 de la Constitución obliga a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y la protección integral de los hijos, con independencia de su filiación, y prevé que los niños gocen de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos; el artículo 20.4 establece como límite de las libertades de expresión e información la protección de la juventud y de la infancia; y el artículo 148.1.20 permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en asistencia social. En el plano internacional destaca la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (20 de noviembre de 1989), ratificada por España en 1990, junto con el Convenio de Lanzarote (2007) sobre la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual y la Carta Europea de los Derechos del Niño. En el plano estatal: la Ley Orgánica 1/1996 (con las reformas de 2015 y 2021), los artículos 154 y siguientes y 172 y siguientes del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil (procedimientos de oposición a las medidas de protección), la Ley de Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015), la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores y la Ley Orgánica 4/2000 (menores extranjeros). En el plano canario: la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, y su normativa de desarrollo.

Los derechos del menor en la Ley Orgánica 1/1996

Los derechos reconocidos en el título preliminar de la Ley Orgánica 1/1996 incluyen: el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (con protección de la difusión de información que menoscabe su reputación y de su imagen sin consentimiento, correspondiendo al Ministerio Fiscal intervenir de oficio); el derecho a la información, adecuada a su desarrollo, y el acceso a medios de comunicación y a la sociedad de la información; el derecho a la libertad ideológica, de conciencia y de religión, con el derecho y deber de los padres de orientarle en el ejercicio de esos derechos; el derecho de participación, asociación y reunión; la libertad de expresión; y el derecho a ser oído y escuchado. Otros derechos se refieren a la protección frente a la violencia, la salud, la educación y el ocio. Los menores tienen también deberes, como los de respeto a sus padres, a los educadores y a los demás, y de colaboración en las tareas domésticas. Conviene recordar que el sistema parte de la presunción de capacidad progresiva: los menores pueden ejercer por sí mismos sus derechos conforme a su edad y madurez.

Cuadro escalonado de las medidas de protección

El sistema opera de manera escalonada, según la gravedad. 1) Prevención e intervención familiar, a cargo de los servicios sociales de atención primaria. 2) Situación de riesgo: proyecto de intervención con la familia, sin separación del menor. 3) Situación de desamparo: tutela por ministerio de la ley por la entidad pública y adopción de medidas de protección (guarda). 4) Guarda: voluntaria (a solicitud de los progenitores), provisional o judicial. 5) Modalidades de ejecución de la guarda: acogimiento familiar (urgencia, temporal, permanente; en familia extensa o ajena; especializado o profesionalizado) o acogimiento residencial. 6) Adopción como medida estable y definitiva, que produce la plena filiación. Diferencias que se preguntan con frecuencia: el riesgo no suspende la patria potestad ni transfiere la guarda; el desamparo supone tutela automática y suspensión de la patria potestad; la guarda voluntaria no suspende la patria potestad; la tutela ex lege no requiere intervención judicial previa, pero está sujeta a control judicial posterior; y el acogimiento no crea filiación, a diferencia de la adopción.

La adopción

La adopción es una medida de protección que, con carácter definitivo, crea un vínculo de filiación entre el adoptante y el adoptado (arts. 175 y siguientes del Código Civil) y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, salvo excepciones. Se constituye por resolución judicial, a propuesta de la entidad pública, que previamente declara la idoneidad de los adoptantes. Requisitos principales: el adoptante debe ser mayor de veinticinco años (en la adopción por ambos cónyuges, basta que uno lo sea) y tener al menos dieciséis años más que el adoptado; el adoptado debe ser, con carácter general, menor no emancipado; y se requiere el asentimiento del adoptante y del adoptado mayor de doce años, y el asentimiento de los progenitores del adoptando salvo que estén privados de la patria potestad (la ley regula los supuestos en que no se exige). La adopción internacional se rige por el Convenio de La Haya de 1993 y la Ley 54/2007, de 28 de diciembre. La adopción no se estudia como medida policial, pero conviene conocerla para comprender el itinerario del menor protegido.

Delitos que afectan a menores y relevancia en la actuación policial

Para la actuación policial resultan especialmente relevantes los delitos que tienen a los menores como sujetos pasivos. Entre ellos, el abandono de menores (art. 229 del Código Penal), el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 226), la sustracción de menores (art. 225 bis), los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de menores de dieciséis años (arts. 181 y siguientes), el embaucamiento de menores por medios tecnológicos o child grooming (art. 183 ter), los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y a la pornografía infantil (arts. 187 a 189) y el maltrato habitual y la violencia doméstica sobre menores (arts. 153 y 173.2), que concurren con la tutela administrativa. En estas actuaciones debe cuidarse especialmente la toma de declaración al menor, evitando la victimización secundaria. La LOPIVI refuerza la prueba preconstituida de las declaraciones de menores víctimas de determinados delitos, practicada en fase de instrucción con grabación y garantías, para evitar que el menor tenga que declarar de nuevo en el juicio. Las edades relevantes (catorce años para la responsabilidad penal de los menores, dieciséis para el consentimiento sexual) deben distinguirse con precisión.

Menores en el ámbito escolar y en situaciones de riesgo social

Un número importante de situaciones de riesgo se detecta en el entorno escolar y en la calle. El absentismo escolar reiterado e injustificado puede ser un indicador de riesgo y debe ser comunicado a la Administración educativa y a los servicios sociales (art. 13 de la Ley Orgánica 1/1996). El acoso escolar y el ciberacoso requieren la intervención coordinada de los centros educativos, los servicios sociales y, cuando los hechos son constitutivos de delito, de la Policía, la Fiscalía de Menores y la jurisdicción de menores. La LOPIVI exige a los centros educativos disponer de un coordinador o coordinadora de bienestar y protección y protocolos de actuación frente a la violencia. Los agentes que prestan servicios en entornos escolares deben conocer los protocolos específicos de actuación, evitar la estigmatización del menor y utilizar un lenguaje adaptado. Otras situaciones frecuentes incluyen menores que se escapan del domicilio o de un centro, menores consumidores de sustancias, menores que conducen sin permiso y menores en situación de calle; en estos supuestos la actuación policial debe combinar la protección, la información a los representantes legales y la comunicación a la entidad pública.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 1/1996, de 15 de enero (Protección Jurídica del Menor): reformada por la LO 8/2015, la Ley 26/2015 (ordinaria, de 28 de julio) y la LO 8/2021 (LOPIVI, de 4 de junio).
  • Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (Canarias): distribuye funciones entre Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos.
  • Riesgo: no hay separación del menor ni asunción de tutela; proyecto de intervención con la familia por los servicios sociales de atención primaria (art. 17 LO 1/1996).
  • Desamparo (art. 172 CC): tutela por ministerio de la ley a la entidad pública; suspensión de la patria potestad; comunicación al Fiscal y notificación a la familia en 48 horas.
  • Oposición a la resolución de desamparo ante la jurisdicción civil (arts. 779 y siguientes LEC): plazo de dos meses desde la notificación.
  • Guarda voluntaria: a solicitud de progenitores por circunstancias graves y transitorias; no suspende la patria potestad; no más de dos años salvo interés superior.
  • Acogimiento familiar tras 2015: urgencia (menores de 6 años, máximo 6 meses), temporal (máximo 2 años, salvo interés superior) y permanente; la modalidad "simple" ya no existe.
  • Acogimiento residencial: subsidiario del familiar; restricciones para menores de 6 años y, estrictamente, de 3 años.
  • Menor extranjero no acompañado: identificación por la policía, puesta a disposición de servicios de protección y Fiscal, y decreto del Fiscal para determinar la edad si hay dudas.
  • Deber de comunicación (art. 13 LO 1/1996): toda persona o autoridad, de forma cualificada los profesionales (FCS, educación, sanidad); reforzado por la LOPIVI.
  • Derecho de audiencia (art. 9): se presume suficiente madurez a partir de los doce años; la opinión del menor no es vinculante pero debe ponderarse y motivarse.
  • Actuación policial de urgencia: protección inmediata, traslado a recurso de acogida y comunicación a la entidad pública y al Fiscal; la valoración técnica corresponde a servicios sociales.
  • Adopción: adoptante mayor de 25 años (basta uno de los cónyuges) y al menos 16 años más que el adoptado; constituida por resolución judicial.
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La norma canaria de atención integral a los menores es la:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 41 de Policía Canaria?

La protección y tutela de menores en Canarias se articula en torno a un doble nivel normativo: la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que constituye el marco general básico estatal, y la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, que desarrolla en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias la distribución de competencias entre las distintas Administraciones Públicas canarias y regula con detalle las situaciones de riesgo y desamparo, las medidas de guarda, el acogimiento familiar y residencial, y la organización administrativa de la protección de menores en el archipiélago. Se trata de una materia de aplicación práctica frecuente para cualquier agente de la Policía Canaria, dado que la detección de situaciones de riesgo o desamparo de menores, así como la actuación ante menores extranjeros no acompañados, constituyen escenarios habituales de la actividad policial ordinaria. La correcta distinción entre situación de riesgo y situación de desamparo, así como el conocimiento de las distintas modalidades de acogimiento y de los cauces de comunicación con los servicios sociales y con la entidad pública competente en Canarias, resultan contenidos de aplicación práctica constante para la actuación policial en este ámbito.

¿Qué hay que memorizar del Tema 41 para el examen?

LO 1/1996, de 15 de enero (Protección Jurídica del Menor): reformada por la LO 8/2015, la Ley 26/2015 (ordinaria, de 28 de julio) y la LO 8/2021 (LOPIVI, de 4 de junio). Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (Canarias): distribuye funciones entre Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos. Riesgo: no hay separación del menor ni asunción de tutela; proyecto de intervención con la familia por los servicios sociales de atención primaria (art. 17 LO 1/1996). Desamparo (art. 172 CC): tutela por ministerio de la ley a la entidad pública; suspensión de la patria potestad; comunicación al Fiscal y notificación a la familia en 48 horas. Oposición a la resolución de desamparo ante la jurisdicción civil (arts. 779 y siguientes LEC): plazo de dos meses desde la notificación. Guarda voluntaria: a solicitud de progenitores por circunstancias graves y transitorias; no suspende la patria potestad; no más de dos años salvo interés superior. Acogimiento familiar tras 2015: urgencia (menores de 6 años, máximo 6 meses), temporal (máximo 2 años, salvo interés superior) y permanente; la modalidad "simple" ya no existe. Acogimiento residencial: subsidiario del familiar; restricciones para menores de 6 años y, estrictamente, de 3 años. Menor extranjero no acompañado: identificación por la policía, puesta a disposición de servicios de protección y Fiscal, y decreto del Fiscal para determinar la edad si hay dudas. Deber de comunicación (art. 13 LO 1/1996): toda persona o autoridad, de forma cualificada los profesionales (FCS, educación, sanidad); reforzado por la LOPIVI. Derecho de audiencia (art. 9): se presume suficiente madurez a partir de los doce años; la opinión del menor no es vinculante pero debe ponderarse y motivarse. Actuación policial de urgencia: protección inmediata, traslado a recurso de acogida y comunicación a la entidad pública y al Fiscal; la valoración técnica corresponde a servicios sociales. Adopción: adoptante mayor de 25 años (basta uno de los cónyuges) y al menos 16 años más que el adoptado; constituida por resolución judicial.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
  • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
  • Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código Civil (arts. 154, 172 a 180).
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 779 a 781).
  • Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (Canarias).
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (art. 35).
  • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 183 ter, 189, 225 bis, 226, 229).
  • Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
  • Constitución Española de 1978 (arts. 20.4, 39, 148.1.20).

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