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Tema 40. Normativa sobre protección de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Documentación e identificación personal. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Régimen sancionador: sujetos responsables, órganos competentes y reglas generales sobre las infracciones y la aplicación de las sanciones. Procedimiento sancionador.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, constituye la norma de referencia para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, sustituyendo a la anterior Ley Orgánica 1/1992 y adaptando el régimen de intervención administrativa a las exigencias derivadas de la jurisprudencia constitucional posterior a esta última. La ley regula, entre otras materias, la documentación e identificación personal, las actuaciones de comprobación y registro, las medidas de restablecimiento del orden en reuniones y manifestaciones, y un completo régimen sancionador que clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, con las correspondientes reglas de determinación de sujetos responsables, órganos competentes y procedimiento sancionador. Este tema tiene una relevancia práctica de primer orden para cualquier miembro del Cuerpo General de la Policía Canaria, dado que buena parte de las actuaciones cotidianas de seguridad ciudadana (identificaciones, registros, actuaciones ante manifestaciones, denuncias por infracciones administrativas) se fundamentan directamente en esta ley y en su desarrollo reglamentario.

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LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (publicada en el BOE de 31 de marzo de 2015 y en vigor desde el 1 de julio de 2015), derogó la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente por el nombre del entonces ministro. Su finalidad fue adaptar el régimen de intervención administrativa a la doctrina del Tribunal Constitucional (en particular la STC 341/1993, que anuló parte de la ley anterior, como la entrada en domicilio por conocimiento fundado) y a la evolución social, reforzando las garantías de la ciudadanía sin merma de la eficacia policial. Se estructura en disposiciones generales, documentación e identificación personal, potestades de policía de seguridad (actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana), régimen sancionador y procedimiento sancionador. Su carácter de ley orgánica responde a la incidencia de muchas de sus previsiones en derechos fundamentales (libertad, intimidad, reunión), aunque algunas disposiciones son de carácter ordinario. La norma ha sido objeto de recursos de inconstitucionalidad y de iniciativas de reforma; el estudiante debe comprobar en el texto consolidado si existen modificaciones posteriores a 2025.

Objeto, ámbito y fines de la ley

El artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2015 señala que la seguridad ciudadana es requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos y libertades y que el objeto de la ley es la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, mediante un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, delimitando su ámbito frente a otras materias afines como la seguridad nacional o la defensa. Entre sus fines (art. 3) figuran: la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y la garantía de la seguridad ciudadana; la garantía del normal funcionamiento de las instituciones; la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas; el respeto de las garantías constitucionales y de la dignidad de las personas en las actuaciones policiales; la pacífica utilización de vías y espacios públicos; y la prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas. Esta pluralidad de fines revela el carácter instrumental de la ley, orientada a garantizar mediante la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las condiciones necesarias para el ejercicio pacífico de los derechos.

Principios rectores y de actuación

El artículo 4 de la Ley Orgánica 4/2015 recoge los principios rectores de la acción de los poderes públicos en la aplicación de la ley: legalidad (sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento); igualdad de trato y no discriminación; oportunidad (adoptar la medida menos restrictiva de los derechos individuales cuando sea suficiente para el fin perseguido); proporcionalidad en el uso de las facultades y en el empleo de la fuerza física y los medios coercitivos, que debe ser adecuado a los fines perseguidos y de duración no superior al tiempo estrictamente necesario; eficacia en la prevención y en la restauración de la seguridad; eficiencia en la gestión de los recursos; responsabilidad (bajo la responsabilidad de quien ordena la actuación); e intervención mínima. Estos principios coinciden en gran medida con los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad), y actúan como criterio interpretativo obligado de todo el articulado.

Concepto de seguridad ciudadana

Aunque la Ley Orgánica 4/2015 no ofrece una definición cerrada del concepto de seguridad ciudadana, su exposición de motivos y su articulado permiten identificarlo como aquella situación en la que se garantiza el ejercicio pacífico y ordenado de los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico, mediante la protección de las personas y sus bienes frente a hechos delictivos o infracciones administrativas, y el mantenimiento del normal funcionamiento de las instituciones y de la convivencia ciudadana, sin que ello suponga una restricción excesiva o injustificada de otros derechos fundamentales de las personas, como el derecho de reunión y manifestación o la libertad de circulación. La seguridad ciudadana se configura, así, como un bien jurídico colectivo cuya protección corresponde de forma primordial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si bien la propia ley reconoce, mediante la previsión de la colaboración ciudadana que se estudia en el punto siguiente, que su efectiva garantía exige también la implicación activa de toda la sociedad, en un modelo de seguridad ciudadana entendida no como una responsabilidad exclusiva del Estado, sino como un objetivo compartido entre los poderes públicos y la propia ciudadanía.

La colaboración ciudadana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Ley Orgánica 4/2015 regula la colaboración de los ciudadanos y de otras entidades con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de las funciones que la ley les encomienda, exigiendo a las autoridades y a sus agentes favorecer y facilitar dicha colaboración y establecer, en su caso, protocolos de colaboración con entidades ciudadanas y con el sector privado (por ejemplo, la seguridad privada) que puedan aportar información o medios relevantes. La colaboración se manifiesta en la identificación cuando es exigible, en la comunicación de hechos relevantes, en la aportación de datos o testimonios y en la participación en programas de colaboración vecinal. La ley precisa que debe entenderse siempre dentro de los límites del ordenamiento jurídico, sin que pueda exigirse a los particulares una implicación que ponga en riesgo su integridad o exceda de las obligaciones legales. El deber de colaboración se completa con las obligaciones de las personas y entidades que posean información relevante para la investigación.

El DNI como documento de identificación

La Ley Orgánica 4/2015 (arts. 8 y siguientes) reconoce el Documento Nacional de Identidad como el documento que, con sujeción a las condiciones que reglamentariamente se determinen, acredita la identidad y los datos personales de su titular y la nacionalidad española, es decir, el instrumento ordinario de identificación de los españoles en sus relaciones con las Administraciones Públicas, y en particular con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todos los españoles tienen el derecho y, a partir de los catorce años, la obligación de obtenerlo; su expedición corresponde en exclusiva al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía), que gestiona también el DNI electrónico, que permite acreditar electrónicamente la identidad. El régimen reglamentario del DNI se contiene en el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, modificado por el Real Decreto 414/2015, de 29 de mayo. Los extranjeros se identifican con su documento específico (el Número de Identidad de Extranjero asociado a la tarjeta de identidad de extranjero o, en su caso, el pasaporte). La ley precisa que la identidad puede acreditarse por otros medios cuando no se dispone del DNI en el momento del requerimiento.

La obligación general de identificarse

El artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 regula la identificación de las personas. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, podrán requerir la identificación de las personas en dos supuestos: cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, y cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. Si no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telefónica o telemática, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en que se disponga de los medios adecuados, a los solos efectos de identificación y por el tiempo imprescindible, que en ningún caso podrá superar las seis horas. Se informará de inmediato y de modo comprensible a la persona de las razones del requerimiento. La ley exige que el traslado se haga con respeto al principio de proporcionalidad, que no se practiquen identificaciones basadas en perfiles raciales o étnicos, que se lleve un libro-registro de las diligencias de identificación practicadas, y que, cuando la persona lo solicite o sea menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, se comunique a un familiar o persona que designe. La negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos constituye infracción grave (art. 36.6). La doctrina del Tribunal Constitucional desde la STC 341/1993 exige interpretar estas facultades de modo restrictivo y respetuoso con la libertad personal.

Identificación de personas en dependencias policiales

Cuando resulte necesario el traslado de una persona a dependencias policiales para su identificación, el traslado debe respetar los criterios de necesidad y proporcionalidad, y se comunicará, cuando la persona lo solicite o sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, a un familiar o a la persona que desee. En cualquier caso debe formalizarse un registro de las diligencias de identificación practicadas, accesible a la persona afectada, al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial. Esta diligencia, aunque limita la libertad ambulatoria, no tiene la consideración de detención, pues se practica exclusivamente a efectos identificativos y no por indicios de participación en un delito, pero queda sujeta al límite máximo de seis horas y a las garantías de información y comunicación. Si durante la identificación surgen indicios de delito, procede la detención con las garantías de los arts. 17 CE y 520 LECrim (derecho a abogado, información de derechos, etcétera). Estas garantías evitan que la figura pueda utilizarse como una detención encubierta.

Los registros corporales externos

El artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015 regula los registros corporales externos: el reconocimiento de la superficie corporal de la persona, con el fin de encontrar instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para las funciones de indagación y prevención, cuando existan indicios racionales para suponer que la medida conducirá a su hallazgo. Se practicará, con carácter general, por un agente del mismo sexo que la persona registrada y de modo que cause el menor perjuicio a su intimidad y dignidad, preferentemente en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se distingue de otras diligencias más intrusivas (registro corporal interno, inspecciones corporales que requieren intervención sanitaria, desnudo), que exigen un régimen reforzado de garantías y, en su caso, autorización judicial. El registro es una medida de policía administrativa o preventiva; si se practica en el marco de una investigación penal se regirá por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Comprobaciones y registros en lugares públicos

La Ley Orgánica 4/2015 habilita a los agentes para practicar comprobaciones y registros de personas, bienes, vehículos y equipajes en lugares públicos y establecimientos abiertos al público para prevenir delitos o garantizar la seguridad ciudadana, incluido el registro de vehículos y de sus ocupantes cuando existan indicios de un hecho delictivo o de una infracción, así como controles preventivos en vías públicas con carácter general o en circunstancias específicas (grandes eventos, aglomeraciones, alertas de seguridad), siempre con proporcionalidad y mínima injerencia. Se distinguen de los registros corporales externos en que pueden proyectarse sobre bienes materiales (vehículos, equipajes, bolsos) y no sólo sobre la persona. También se regula la posibilidad de restringir la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la convivencia pacífica. En Canarias la práctica de estos controles tiene particular importancia por el volumen de tránsito turístico y la singular configuración de determinados espacios públicos.

Restricción del tránsito y reuniones en lugares de tránsito público

La Ley Orgánica 4/2015 permite que las autoridades competentes acuerden la restricción del tránsito o el cierre al tráfico de vías o tramos de vías públicas cuando resulte necesario para prevenir o restablecer la seguridad ciudadana. Respecto de las reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público, remite a la regulación general del derecho de reunión (Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio) e impone obligaciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cualquier restricción debe ajustarse a la proporcionalidad, buscar el menor perjuicio posible para otros usuarios y coordinarse con los servicios de tráfico y las demás Administraciones, especialmente en un territorio como el canario, en el que la limitación de las infraestructuras viarias en algunas islas hace especialmente sensible la gestión de estos cortes.

La disolución de reuniones y manifestaciones

La disolución de reuniones y manifestaciones se rige, en su regulación sustantiva, por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que permite a la autoridad suspender y disolver las reuniones consideradas ilícitas conforme a las leyes penales, aquellas en que se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, y aquellas en que los asistentes lleven uniformes paramilitares. La Ley Orgánica 4/2015 se remite a ese régimen y establece reglas de actuación policial en reuniones y manifestaciones, junto con infracciones específicas. La disolución es una medida de última ratio: deben agotarse, siempre que las circunstancias lo permitan, medidas de menor intensidad (advertencias, aislamiento de los elementos perturbadores) y su ejecución debe ser gradual y proporcionada, dado el valor constitucional del derecho de reunión (art. 21 CE), manifestación del pluralismo democrático.

Entrada y registro en domicilio: régimen constitucional

La entrada y registro en un domicilio no se rige por una habilitación propia de la Ley Orgánica 4/2015, sino por el artículo 18.2 de la Constitución (consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito) y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras la STC 341/1993, que anuló la facultad de entrada por conocimiento fundado de la ley de 1992, la entrada domiciliaria sin autorización solo es lícita en flagrante delito, entendido como inmediatez temporal, inmediatez personal y necesidad urgente de intervención ya estudiadas en el tema de procedimiento penal, y debe interpretarse de forma restrictiva. Una extralimitación puede determinar la nulidad de la diligencia y de las pruebas derivadas. El estudiante debe contrastar con el texto consolidado de la ley la regulación de cualquier supuesto residual de entrada en domicilio.

El uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La utilización de videocámaras fijas y móviles por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos se rige por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, y su normativa de desarrollo, que exige la autorización de la instalación de videocámaras fijas por la autoridad gubernativa, previo informe de una comisión de garantías, y el respeto a los principios de idoneidad, proporcionalidad e intervención mínima en la captación, el tratamiento y la cesión de las imágenes. La Ley Orgánica 4/2015 se remite a esta normativa. El tratamiento de datos personales por las autoridades con fines de prevención e investigación de infracciones penales se rige además por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales. Los dispositivos portados por los agentes (cámaras corporales) deben ajustarse a los principios de protección de datos y respeto a la intimidad, sin perjuicio de su valor probatorio y de garantía para ciudadanía y agentes.

Medidas de seguridad extraordinarias

Ante circunstancias extraordinarias que puedan afectar gravemente a la seguridad ciudadana, las autoridades competentes pueden adoptar medidas de refuerzo de los dispositivos ordinarios y restricciones temporales (controles, limitaciones de circulación o de permanencia en determinados lugares, entre otras) en supuestos de especial gravedad o previsible alteración significativa del orden público (grandes eventos, riesgo terrorista elevado, catástrofes). La intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se deriva de la Ley Orgánica 4/2015, sino de la normativa de defensa y de protección civil y seguridad nacional (Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional; Ley 36/2015, de Seguridad Nacional). Estas medidas deben respetar los principios de proporcionalidad e intervención mínima, y se distinguen de la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE; Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio), que exigen presupuestos y procedimiento específicos.

Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos

El artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015 tipifica como infracción grave el consumo en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuvieran destinados al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en esos lugares de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. Es el complemento administrativo del delito de tráfico de drogas (art. 368 del Código Penal): la tenencia para el propio consumo queda fuera del ámbito penal y se sanciona administrativamente. La sanción puede suspenderse, en determinados supuestos, si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio acreditado, lo que refleja una orientación no solo punitiva sino de prevención y reinserción. Junto a este tipo, la ley contempla otras infracciones graves relacionadas con las drogas, como la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícito en lugares visibles al público.

Régimen sancionador: infracciones muy graves

El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2015 tipifica las infracciones muy graves. Entre ellas se incluyen, a título de ejemplo: las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras o instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad cuando se genere un riesgo para la vida o integridad física de las personas; la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, importación o exportación no autorizados de armas reglamentarias, así como su tenencia; la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas incumpliendo las prohibiciones o requisitos establecidos cuando se produzca riesgo para la integridad física de las personas; y el uso de armas reglamentarias fuera de los supuestos legalmente previstos. Se sancionan con multa de 30.001 a 600.000 euros, la de mayor cuantía del régimen sancionador, por el elevado riesgo o lesividad para bienes jurídicos de especial relevancia.

Régimen sancionador: infracciones graves

El artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015 tipifica las infracciones graves. Entre ellas se incluyen, a título de ejemplo: la perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, o ante las sedes de las instituciones representativas; la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes y la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación (art. 36.6); el consumo o la tenencia de drogas en lugares públicos (art. 36.16); la exhibición de armas prohibidas o de imitaciones que puedan generar alarma; y el uso no autorizado de imágenes o datos personales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones o el éxito de una operación (art. 36.23). Se sancionan con multa de 601 a 30.000 euros, y constituyen el nivel intermedio del régimen sancionador y el de mayor aplicación cotidiana.

Régimen sancionador: infracciones leves

El artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015 tipifica las infracciones leves. Entre ellas se incluyen, a título de ejemplo: las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando no sean constitutivas de infracción penal (art. 37.4), que recoge en el ámbito administrativo buena parte del contenido de la antigua falta de respeto a la autoridad del Código Penal (art. 634, suprimida por la Ley Orgánica 1/2015, no del desacato, que se suprimió en 1995); la ocupación de la vía pública contraviniendo lo dispuesto por la autoridad cuando se perjudique la circulación; el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana; y el uso indebido de números de emergencia. Se sancionan con multa de 100 a 600 euros, y su tramitación es susceptible del procedimiento abreviado por su escasa complejidad probatoria y reducida cuantía.

Sujetos responsables de las infracciones

El artículo 30 de la Ley Orgánica 4/2015 determina como sujetos responsables de las infracciones, con carácter general, a las personas físicas o jurídicas que las cometan, además de reglas de imputación específicas: responsabilidad solidaria de los padres, tutores o guardadores respecto de las infracciones cometidas por menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda, cuando concurra por su parte dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia; responsabilidad de los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones, y de espectáculos y actividades recreativas, respecto de las infracciones imputables a un déficit de organización o de control; y responsabilidad solidaria cuando varias personas deban cumplir conjuntamente una obligación, salvo disposición expresa en contrario. Los menores de edad pueden ser sujetos infractores, con las particularidades procedimentales previstas legalmente.

Órganos competentes para sancionar

La competencia sancionadora se distribuye entre órganos de la Administración General del Estado y, en su caso, de las demás Administraciones, según la gravedad de la infracción, la cuantía de la sanción y el ámbito territorial. Con carácter general corresponde a los Delegados y Subdelegados del Gobierno la competencia para sancionar la mayoría de las infracciones en su territorio, y a los órganos superiores del Ministerio del Interior y al Gobierno las sanciones de mayor cuantía; en determinadas materias la ley atribuye competencia a los alcaldes. En las Comunidades Autónomas con policía propia, como el Cuerpo General de la Policía Canaria, la normativa autonómica puede atribuir competencias a órganos autonómicos en su ámbito competencial. El detalle de los órganos y de las cuantías que determinan cada competencia debe contrastarse con el texto vigente de la ley, en especial en cuanto a la situación de Canarias y de la policía autonómica.

Reglas generales sobre graduación de las sanciones

La Ley Orgánica 4/2015 establece criterios para graduar las sanciones dentro de los márgenes legales de cada tipo: la entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o la integridad física de las personas; la cuantía del perjuicio causado; la trascendencia social de los hechos; el beneficio económico obtenido por el infractor; la intencionalidad; y la reincidencia, esto es, la comisión, en el plazo legalmente previsto, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. Estos criterios sirven tanto para fijar la cuantía concreta de la multa como, en su caso, para calificar una infracción, y garantizan el respeto al principio de proporcionalidad, evitando sanciones automáticas o desconectadas de las circunstancias del caso. La ley permite, además, sanciones accesorias en determinados casos, como el decomiso o la retirada de armas, instrumentos o efectos, y la posibilidad de suspensión de la sanción pecuniaria cuando el infractor se somete a tratamiento de deshabituación.

Prescripción de infracciones y sanciones

La Ley Orgánica 4/2015 fija los plazos de prescripción de las infracciones en tres años para las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves, contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Las sanciones impuestas prescriben, respectivamente, a los tres años (muy graves), a los dos años (graves) y al año (leves), contados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora. Estos plazos, más breves que los penales, son coherentes con la naturaleza administrativa de las infracciones y con el principio de seguridad jurídica, y exigen al órgano competente diligencia para evitar que las infracciones detectadas prescriban antes de resolverse el expediente. Los plazos de prescripción y su interrupción se complementan con las reglas generales de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El procedimiento sancionador general

El procedimiento sancionador de la Ley Orgánica 4/2015 se ajusta, con las particularidades de la propia ley, al procedimiento administrativo sancionador general previsto en la legislación de procedimiento administrativo común (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Comprende la iniciación (de oficio, por denuncia o por acta de los agentes actuantes), la instrucción con trámite de audiencia, alegaciones y propuesta de prueba, y la resolución motivada, que debe pronunciarse sobre los hechos probados, su calificación jurídica, la sanción y los recursos procedentes. La resolución pone fin a la vía administrativa o es susceptible de recurso de alzada, según el órgano que la dicte, y es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las denuncias formuladas por los agentes en el ejercicio de funciones de vigilancia y control gozan, conforme a la ley (art. 52), de valor probatorio respecto de los hechos constatados por el agente, salvo prueba en contrario (presunción iuris tantum), sin eximir a la Administración de su carga de acreditar los hechos. Si los hechos pueden ser constitutivos de delito, se suspende el procedimiento y se pasa el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, conforme al principio non bis in idem.

El procedimiento sancionador abreviado

Junto al procedimiento general, la ley prevé un procedimiento sancionador abreviado para las infracciones, fundamentalmente leves, de escasa complejidad probatoria. Se caracteriza por la reducción de trámites y plazos y puede concluir con el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario de la sanción, que conlleva una reducción de la cuantía de la multa (la normativa prevé una reducción del cincuenta por ciento si se paga en el plazo breve que se establece; debe contrastarse con la ley vigente) y el fin del procedimiento, aunque el pago no impide el recurso. Es de uso frecuente en la práctica policial, por ejemplo respecto de faltas de respeto o consumo de alcohol en lugares no autorizados, y permite gestionar con agilidad el elevado volumen de denuncias administrativas que genera la actividad de seguridad ciudadana.

Esquema de la ley y distribución por materias

Esquema útil para el estudio. Disposiciones generales: objeto, ámbito de aplicación, fines, principios rectores, coordinación y colaboración. Documentación e identificación personal: Documento Nacional de Identidad, documentación de extranjeros, obligaciones de los titulares, identificación en la vía pública. Potestades generales de policía de seguridad: órdenes y prohibiciones dentro de las competencias, restricciones de tránsito y controles en vías públicas, comprobaciones y registros, registros corporales externos, limitaciones de circulación y permanencia, reuniones y manifestaciones, medidas extraordinarias. Potestades especiales de policía administrativa de seguridad (armas, explosivos, espectáculos públicos y actividades recreativas, establecimientos con riesgo, seguridad privada). Régimen sancionador: infracciones (muy graves, graves y leves), sanciones, graduación, prescripción, responsabilidad y competencia. Procedimiento sancionador: general, abreviado, medidas cautelares y valor probatorio de las denuncias de los agentes. La numeración de capítulos y artículos concreta debe verificarse en el texto consolidado.

Las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Policía Canaria

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan en materia de seguridad ciudadana conforme a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (arts. 11 y siguientes, con la distribución entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y policías locales). Los principios básicos de actuación del artículo 5 de esa ley (adecuación al ordenamiento jurídico, respeto a la Constitución, relaciones con la comunidad, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad) se complementan con los de la LO 4/2015. El Cuerpo General de la Policía Canaria ejerce las funciones que le atribuyen su normativa de creación y el Estatuto de Autonomía de Canarias, básicamente de vigilancia y protección de personas, edificios e instalaciones de la Comunidad Autónoma, de colaboración con las demás fuerzas y de policía administrativa de las competencias autonómicas; sus funciones precisas y su relación con el resto de cuerpos policiales están fijadas en su legislación específica, que el opositor debe consultar en el bloque correspondiente.

Documentación e identificación de extranjeros y otros documentos

Además del DNI, la identificación personal puede acreditarse con otros documentos válidos. Los extranjeros deben disponer de la documentación acreditativa de su identidad y de su situación en España, conforme a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y a su reglamento de desarrollo. El pasaporte es documento válido para identificar a españoles y a extranjeros. Los agentes pueden requerir la identificación en los supuestos del artículo 16 de la LO 4/2015. En el caso de menores de edad, la identificación debe practicarse con especial cautela, comunicando el requerimiento a los padres o tutores cuando sea posible y respetando el interés superior del menor. Es importante recordar que la mera falta del DNI en el momento del requerimiento no constituye por sí misma una infracción si la persona puede acreditar su identidad por otros medios; sí la constituye la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos.

Potestades de policía administrativa de seguridad: armas, espectáculos y establecimientos

Más allá de las actuaciones de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, la ley regula medidas de policía administrativa de seguridad, entre ellas las relativas a armas y explosivos (régimen de autorizaciones, tenencia y control, con remisión al Reglamento de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y al Reglamento de Explosivos), a los espectáculos públicos y actividades recreativas, a los establecimientos e instalaciones que requieran medidas de seguridad, y a la seguridad privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada). La autoridad competente puede imponer medidas de seguridad, suspender la actividad o clausurar el establecimiento cuando existan riesgos graves. El incumplimiento de las obligaciones en estas materias constituye infracción tipificada, de manera que en la práctica la inspección policial de establecimientos y espectáculos, que en Canarias suelen realizar los cuerpos de policía local y autonómica, es una fuente de denuncias administrativas.

Medidas cautelares, intervenciones de efectos y decomiso

En el procedimiento sancionador pueden adoptarse medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución y evitar la continuación de la infracción, por ejemplo la intervención de armas, instrumentos o efectos, la clausura de establecimientos o la suspensión de actividades. En supuestos de infracciones relacionadas con drogas, los agentes intervienen la sustancia y los útiles, que se remiten a los servicios competentes para su análisis y destrucción. Las sanciones accesorias, como el comiso de los bienes, medios o instrumentos utilizados, o la retirada y suspensión de autorizaciones, se acuerdan en la resolución. Los agentes deben documentar con rigor en el acta de denuncia las circunstancias de la intervención (lugar, hora, identificación del denunciado, objeto intervenido, descripción objetiva de la conducta), pues el acta es la base del valor probatorio de la denuncia.

Garantías del denunciado y recursos

El presunto infractor tiene derecho a ser informado de la acusación, a ser oído, a proponer prueba y a recurrir. Por su condición de procedimiento sancionador, se aplican los principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem. La notificación de las denuncias y las resoluciones se practica conforme a la Ley 39/2015; en particular, las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Contra las resoluciones sancionadoras cabe recurso administrativo (alzada, según el órgano que las dicte) y recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados o Tribunales competentes. La Administración no puede sancionar los hechos que hayan sido ya sancionados penalmente cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si el procedimiento penal está en curso, se suspende el administrativo hasta que recaiga resolución judicial.

Cuadro resumen del régimen sancionador

Para el examen conviene memorizar el cuadro. Infracciones muy graves: multa de 30.001 a 600.000 euros; prescripción de la infracción a los tres años y de la sanción a los tres años. Infracciones graves: multa de 601 a 30.000 euros; prescripción de la infracción a los dos años y de la sanción a los dos años. Infracciones leves: multa de 100 a 600 euros; prescripción de la infracción a los seis meses y de la sanción al año. Ejemplos de infracción grave: desobediencia a agentes sin ser delito; negativa a identificarse o dar datos falsos; consumo o tenencia de drogas en lugares públicos; uso no autorizado de imágenes de agentes que ponga en peligro su seguridad. Ejemplos de infracción leve: faltas de respeto a agentes sin ser delito; consumo de alcohol en la vía pública que perturbe gravemente la tranquilidad; uso indebido de números de emergencia. Errores típicos: confundir las cuantías, atribuir la negativa a identificarse a una infracción leve, y pensar que la antigua falta de respeto a la autoridad sigue siendo delito.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: sustituye a la LO 1/1992; entró en vigor el 1 de julio de 2015.
  • Principios rectores (art. 4): legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad e intervención mínima.
  • Art. 16: identificación en dos supuestos (indicios de participación en infracción; necesidad razonable para prevenir un delito); si no es posible, traslado a dependencias por el tiempo imprescindible, máximo 6 horas; no es detención; se lleva libro-registro.
  • Art. 20: registros corporales externos por agente del mismo sexo, con indicios racionales y mínima injerencia; no confundir con el registro corporal interno (más garantías).
  • Cuantías: muy graves 30.001 a 600.000 euros; graves 601 a 30.000 euros; leves 100 a 600 euros.
  • Prescripción de infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Prescripción de sanciones: 3 años, 2 años y 1 año respectivamente.
  • Son infracciones graves: negativa a identificarse o alegar datos falsos (art. 36.6), consumo/tenencia de drogas en lugares públicos (art. 36.16) y uso no autorizado de imágenes de agentes que ponga en peligro su seguridad (art. 36.23).
  • Son infracciones leves: faltas de respeto a agentes sin ser delito (art. 37.4), antes falta penal del art. 634 CP suprimida por la LO 1/2015 (no desacato, derogado en 1995).
  • Las denuncias de los agentes tienen valor probatorio salvo prueba en contrario (art. 52): presunción iuris tantum de veracidad de los hechos constatados.
  • Procedimiento sancionador general: Ley 39/2015 con especialidades; procedimiento abreviado con pago voluntario y reducción de la multa.
  • Entrada en domicilio: solo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2 CE); la LO 4/2015 no es habilitación autónoma (STC 341/1993).
  • Desarrollo del derecho de reunión: LO 9/1983; videocámaras: LO 4/1997; datos personales en el ámbito penal: LO 7/2021; armas: Reglamento de Armas (RD 137/1993); seguridad privada: Ley 5/2014.
  • Responsabilidad solidaria de padres/tutores por infracciones de menores a su cargo si hay dolo, culpa o negligencia (art. 30).
  • Concurrencia con el orden penal: si los hechos pueden ser delito, se suspende el procedimiento administrativo y se da traslado al Fiscal o a la autoridad judicial.
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Pregunta 1 de 130 aciertos

Las infracciones leves de la LO 4/2015 prescriben a los:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 40 de Policía Canaria?

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, constituye la norma de referencia para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, sustituyendo a la anterior Ley Orgánica 1/1992 y adaptando el régimen de intervención administrativa a las exigencias derivadas de la jurisprudencia constitucional posterior a esta última. La ley regula, entre otras materias, la documentación e identificación personal, las actuaciones de comprobación y registro, las medidas de restablecimiento del orden en reuniones y manifestaciones, y un completo régimen sancionador que clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, con las correspondientes reglas de determinación de sujetos responsables, órganos competentes y procedimiento sancionador. Este tema tiene una relevancia práctica de primer orden para cualquier miembro del Cuerpo General de la Policía Canaria, dado que buena parte de las actuaciones cotidianas de seguridad ciudadana (identificaciones, registros, actuaciones ante manifestaciones, denuncias por infracciones administrativas) se fundamentan directamente en esta ley y en su desarrollo reglamentario.

¿Qué hay que memorizar del Tema 40 para el examen?

LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: sustituye a la LO 1/1992; entró en vigor el 1 de julio de 2015. Principios rectores (art. 4): legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad e intervención mínima. Art. 16: identificación en dos supuestos (indicios de participación en infracción; necesidad razonable para prevenir un delito); si no es posible, traslado a dependencias por el tiempo imprescindible, máximo 6 horas; no es detención; se lleva libro-registro. Art. 20: registros corporales externos por agente del mismo sexo, con indicios racionales y mínima injerencia; no confundir con el registro corporal interno (más garantías). Cuantías: muy graves 30.001 a 600.000 euros; graves 601 a 30.000 euros; leves 100 a 600 euros. Prescripción de infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Prescripción de sanciones: 3 años, 2 años y 1 año respectivamente. Son infracciones graves: negativa a identificarse o alegar datos falsos (art. 36.6), consumo/tenencia de drogas en lugares públicos (art. 36.16) y uso no autorizado de imágenes de agentes que ponga en peligro su seguridad (art. 36.23). Son infracciones leves: faltas de respeto a agentes sin ser delito (art. 37.4), antes falta penal del art. 634 CP suprimida por la LO 1/2015 (no desacato, derogado en 1995). Las denuncias de los agentes tienen valor probatorio salvo prueba en contrario (art. 52): presunción iuris tantum de veracidad de los hechos constatados. Procedimiento sancionador general: Ley 39/2015 con especialidades; procedimiento abreviado con pago voluntario y reducción de la multa. Entrada en domicilio: solo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2 CE); la LO 4/2015 no es habilitación autónoma (STC 341/1993). Desarrollo del derecho de reunión: LO 9/1983; videocámaras: LO 4/1997; datos personales en el ámbito penal: LO 7/2021; armas: Reglamento de Armas (RD 137/1993); seguridad privada: Ley 5/2014. Responsabilidad solidaria de padres/tutores por infracciones de menores a su cargo si hay dolo, culpa o negligencia (art. 30). Concurrencia con el orden penal: si los hechos pueden ser delito, se suspende el procedimiento administrativo y se da traslado al Fiscal o a la autoridad judicial.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 13 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE de 31 de marzo de 2015).
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.
  • Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
  • Constitución Española de 1978 (arts. 17, 18, 21, 116).
  • Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada; Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, Reglamento de Armas.

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