Tema 42. Ordenación del turismo en Canarias: infracciones y sanciones. Transporte terrestre en vías interurbanas y transporte marítimo interinsular: Inspección. Infracciones y sanciones.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
Este tema aborda dos bloques normativos de naturaleza sectorial pero de gran incidencia práctica en la actividad de vigilancia e inspección administrativa que corresponde desarrollar a la Policía Canaria: por un lado, la ordenación del turismo en Canarias, regulada fundamentalmente por la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, con su correspondiente régimen de infracciones y sanciones; y, por otro, el transporte terrestre en vías interurbanas y el transporte marítimo interinsular, actividades de especial relevancia dada la condición archipielágica de la Comunidad Autónoma, con sus respectivos regímenes de inspección, infracciones y sanciones.
Ambos sectores comparten una naturaleza económica estratégica para Canarias (el turismo como motor principal de la economía canaria, y el transporte interinsular como garantía de la cohesión territorial del archipiélago), lo que explica la intensidad de la intervención administrativa que sobre ellos se proyecta y la relevancia de la labor de vigilancia e inspección que, en coordinación con los servicios de inspección sectorial correspondientes, puede corresponder desarrollar a la Policía Canaria.
La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, es la norma básica autonómica reguladora de la actividad turística en el archipiélago. Regula, entre otras materias, el concepto y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos, los derechos y obligaciones de usuarios y empresarios, la promoción turística y un régimen de inspección y sanción dirigido a garantizar el cumplimiento de la normativa turística. Se complementa con otras normas autonómicas, entre ellas la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, que aprueba el Reglamento de la actividad turística de alojamiento, y el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, que aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales. La ley ha sido objeto de sucesivas modificaciones para adaptarse a las nuevas modalidades de alojamiento y comercialización surgidas con las plataformas digitales, y la regulación de las viviendas vacacionales ha experimentado reformas recientes, por lo que el opositor debe consultar el texto consolidado de la ley y de sus normas de desarrollo.
Concepto de empresa y establecimiento turístico
La Ley 7/1995 define como empresas turísticas aquellas personas físicas o jurídicas que, de forma habitual y con ánimo de lucro, se dedican a la prestación de servicios turísticos, entendiendo por tales, entre otros, el alojamiento, la restauración, la intermediación turística (agencias de viajes) y el transporte turístico, mientras que los establecimientos turísticos son los locales, edificaciones o instalaciones donde estas empresas desarrollan efectivamente su actividad de prestación de servicios turísticos a los usuarios. La ley exige, con carácter general, que toda empresa o establecimiento turístico se someta a un régimen de intervención administrativa que puede consistir, según los casos y conforme a la evolución normativa hacia fórmulas de intervención más ágiles, en la obtención de una autorización previa o en la presentación de una declaración responsable ante la Administración turística competente, debiendo en todo caso inscribirse en el correspondiente Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos de Canarias, cuya inscripción constituye un requisito habilitante para el ejercicio legal de la actividad turística, y cuya ausencia o irregularidad puede dar lugar a las correspondientes infracciones administrativas en materia de intrusismo turístico que se estudian en un punto posterior de este mismo tema.
Clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico
La normativa turística canaria (Ley 7/1995 y su desarrollo reglamentario, en particular el Decreto 142/2010) clasifica los establecimientos de alojamiento turístico en distintas modalidades: los establecimientos hoteleros (hoteles, hoteles apartamento y otros, con categorías habitualmente expresadas en estrellas), los establecimientos extrahoteleros (apartamentos, villas), el alojamiento en el medio rural (casas rurales y hoteles rurales) y las viviendas vacacionales, esta última modalidad de especial relevancia en los últimos años por el desarrollo de las plataformas digitales de intermediación, que ha exigido someterla a un régimen de control administrativo cada vez más exigente. Cada categoría está sujeta a requisitos de infraestructura, servicios mínimos y calidad exigibles para su clasificación, y corresponde a la Administración turística la verificación del cumplimiento tanto en la puesta en marcha como de forma periódica, mediante las actuaciones de inspección turística.
La inspección turística: funciones
La inspección turística es el servicio administrativo encargado de vigilar y comprobar el cumplimiento de la normativa turística por empresas y establecimientos. Sus funciones comprenden la comprobación de los requisitos para el ejercicio de la actividad, la verificación de la clasificación y categoría de los establecimientos, el control de precios y de la información facilitada a los usuarios, y, en general, la detección de infracciones. El personal inspector, que tiene la condición de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, puede acceder a los establecimientos turísticos, requerir la documentación pertinente y levantar actas de inspección que sirven de base para la incoación del expediente sancionador. El reparto de las funciones de inspección y sanción entre la Administración autonómica, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos depende de la normativa turística y de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, por lo que debe contrastarse con la regulación vigente. La inspección puede requerir la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Canaria, en supuestos de resistencia u obstrucción, o cuando la infracción turística concurra con hechos de relevancia penal (por ejemplo, explotación laboral irregular en establecimientos clandestinos).
Infracciones turísticas muy graves, graves y leves
La Ley 7/1995 clasifica las infracciones en materia turística en tres categorías, atendiendo a la gravedad de la conducta y a su repercusión sobre los bienes jurídicos protegidos. Infracciones muy graves: entre otras, el ejercicio de la actividad turística sin la autorización, la declaración responsable o la inscripción exigidas cuando ello suponga un grave riesgo para la seguridad o la salud de los usuarios, o la publicidad turística engañosa de especial trascendencia. Infracciones graves: incumplimientos relevantes de los requisitos exigidos para la categoría o modalidad del establecimiento, o deficiencias significativas de seguridad, higiene o calidad de los servicios. Infracciones leves: incumplimientos formales de menor entidad, como deficiencias en la información a los usuarios o en la exhibición de los distintivos de clasificación. Esta clasificación tripartita sigue el esquema general de los regímenes sancionadores administrativos (seguridad ciudadana, tráfico, armas). La numeración exacta de los artículos que tipifican cada categoría debe verificarse en el texto consolidado de la ley.
Sanciones en materia turística
La Ley 7/1995 establece sanciones para cada categoría de infracción: sanciones pecuniarias de cuantía creciente según la gravedad y, en los supuestos de mayor gravedad, sanciones accesorias como el cierre temporal o definitivo del establecimiento, la revocación de la autorización o la cancelación de la inscripción registral, o la inhabilitación para el ejercicio de la actividad turística durante un período determinado. La imposición debe respetar el principio de proporcionalidad, ponderando criterios como la reincidencia, el beneficio económico obtenido, el número de usuarios afectados o el riesgo generado para su seguridad o salud. La cuantía exacta de las multas por categoría debe consultarse en el texto consolidado de la ley y de sus actualizaciones. Estas sanciones tienen especial función disuasoria en un sector en el que la reputación y la calidad percibida son un activo económico de primer orden.
Órganos competentes para sancionar en materia turística
La competencia para instruir y resolver los expedientes sancionadores en materia turística se atribuye, en función de la gravedad de la infracción, a distintos órganos de la Administración autonómica competente en turismo o, en su caso, de los Cabildos Insulares y Ayuntamientos, según la distribución legal de competencias. Con carácter general las sanciones por infracciones muy graves corresponden a los órganos de mayor rango, y las graves y leves a órganos de rango inferior. La detección y la instrucción inicial corresponden al personal de inspección turística, aunque las actas y denuncias formuladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Canaria, pueden igualmente dar lugar a la incoación de expedientes cuando detecten indicios de infracciones en el ejercicio de sus funciones de vigilancia general. Los órganos concretos competentes en cada caso deben consultarse en la normativa vigente.
Prescripción de infracciones turísticas
Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones son los fijados por las leyes que las establecen y, a falta de plazos específicos, los previstos con carácter supletorio en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, y las sanciones impuestas por infracciones muy graves a los tres años, por graves a los dos años y por leves al año. El plazo de prescripción de las infracciones turísticas fijado por la Ley 7/1995 debe contrastarse con el texto consolidado, pues las leyes sectoriales pueden establecer plazos distintos. La prescripción impide incoar el expediente una vez transcurrido el plazo; se interrumpe por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, y el plazo vuelve a correr si el expediente permanece paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
El intrusismo en la actividad turística como infracción
El intrusismo turístico, consistente en el ejercicio de una actividad turística careciendo de la autorización, declaración responsable o inscripción registral exigida por la normativa aplicable, constituye una de las infracciones más relevantes y de mayor incidencia práctica dentro del régimen sancionador turístico canario, dada su frecuencia en un contexto de progresiva expansión de modalidades de alojamiento turístico comercializadas al margen de los cauces de intervención administrativa tradicionales, especialmente a través de plataformas digitales de intermediación. La calificación de esta conducta como infracción muy grave o grave depende, con carácter general, de las circunstancias concretas del caso, en particular de si el ejercicio irregular de la actividad supone o no un riesgo apreciable para la seguridad o la salud de los usuarios turísticos, resultando esta materia de especial actualidad e importancia para la actividad de vigilancia e inspección administrativa en el archipiélago, dada la incidencia que la proliferación de alojamientos turísticos irregulares puede tener tanto sobre la competencia leal en el sector como sobre la propia ordenación territorial y la convivencia vecinal en determinadas zonas de fuerte presión turística de las islas canarias.
El transporte terrestre en vías interurbanas: régimen competencial
El transporte terrestre de viajeros por carretera en vías interurbanas en Canarias se rige por la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y por la legislación estatal básica (Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su reglamento, aprobado por Real Decreto 1211/1990, con modificaciones posteriores), en el marco de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. La competencia sobre los servicios de transporte se reparte según el ámbito: los servicios que discurren íntegramente dentro de una isla corresponden, con carácter general, al Cabildo Insular respectivo, en virtud de las competencias que le atribuye la legislación de Cabildos (Ley 8/2015, de 1 de abril), mientras que la Comunidad Autónoma conserva las competencias de coordinación general y regulación del marco normativo para todo el archipiélago. Los taxis urbanos dependen de los Ayuntamientos. Esta distribución, coherente con el modelo de descentralización insular, exige una estrecha coordinación en tarifas, planificación de líneas regulares e inspección y sanción de las infracciones.
Concepto de transporte regular y discrecional de viajeros
La normativa de transporte terrestre distingue entre el transporte público regular de viajeros, que se presta con sujeción a itinerario, calendario, horarios y tarifas preestablecidos y de conocimiento general (líneas de guagua, en terminología canaria), y el transporte público discrecional de viajeros, que se presta sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido, en función de las necesidades de cada usuario o grupo (taxi, alquiler de vehículos con conductor, autocares de excursión y transporte turístico discrecional). Se distingue también el transporte privado complementario (vehículos de la propia empresa para sus actividades), que no es público. Esta distinción es relevante para el régimen de autorización administrativa (más intenso en el transporte regular, como servicio público de interés general sujeto a concesión o autorización específica), para las obligaciones exigibles a los operadores y para las infracciones y sanciones. Los vehículos de alquiler con conductor (VTC) están sujetos a una autorización específica y a una relación con el taxi regulada por la legislación estatal y autonómica.
La inspección del transporte terrestre
La inspección del transporte terrestre en vías interurbanas de Canarias corresponde, según el ámbito competencial, a los servicios de inspección de los Cabildos Insulares o de la Administración autonómica, y comprueba el cumplimiento de la normativa sobre autorizaciones de transporte, condiciones técnicas de los vehículos (inspección técnica periódica), cualificación de los conductores, tiempos de conducción y descanso (Reglamento (CE) 561/2006 y tacógrafo digital), y correcta prestación del servicio conforme a las condiciones de la autorización o concesión. También se controla el cumplimiento de la normativa de seguridad en el transporte escolar y de menores (Real Decreto 443/2001). La inspección puede requerir la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Canaria, en la detección del transporte ilegal de viajeros o intrusismo (vehículos particulares que prestan servicios remunerados sin autorización) y de incumplimientos graves de las condiciones de seguridad vial por los vehículos de transporte de viajeros, materia que conecta con las competencias de vigilancia y control del tráfico.
Infracciones y sanciones en materia de transporte terrestre
El régimen sancionador del transporte terrestre clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, según la gravedad y su repercusión sobre la seguridad, los derechos de los usuarios o la ordenación del sector. Entre las más graves figuran la prestación de servicios de transporte sin la autorización exigida (intrusismo), el incumplimiento grave de las condiciones de seguridad de los vehículos o la superación reiterada de los tiempos máximos de conducción sin el descanso correspondiente. Las sanciones incluyen multas de cuantía proporcional a la gravedad y medidas accesorias o cautelares como la inmovilización del vehículo cuando se detecta un servicio sin autorización, o la revocación de la autorización. La inmovilización y la paralización del vehículo se realizan por los agentes en los supuestos legalmente previstos, con garantías de información al conductor. Las cuantías y los tipos exactos deben consultarse en la Ley 13/2007 y en la legislación estatal aplicable, que se ha modificado en varias ocasiones.
El transporte marítimo interinsular: régimen jurídico
El transporte marítimo interinsular (pasajeros y mercancías entre islas) tiene una singular relevancia estratégica y constituye, junto con el transporte aéreo, el principal instrumento de cohesión territorial. Se rige por una combinación de normativa estatal y autonómica. Al Estado corresponde la competencia sobre marina mercante, puertos de interés general y seguridad de la navegación (art. 149.1.20.ª de la Constitución), con el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre) y la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima; la prestación del transporte entre puertos de un mismo Estado está además sujeta al Reglamento (CEE) n.º 3577/92 de cabotaje marítimo. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias en las materias vinculadas a la ordenación territorial insular, a los puertos de su competencia (Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias) y a las obligaciones de servicio público de conectividad. El reparto concreto de competencias sobre el transporte marítimo interinsular debe contrastarse con el Estatuto de Autonomía de Canarias y la normativa vigente; en todo caso exige una estrecha coordinación entre ambas Administraciones.
Obligaciones de las navieras en el transporte interinsular
Las compañías navieras que prestan servicios de transporte marítimo interinsular en Canarias están sujetas a un conjunto de obligaciones específicas derivadas tanto de la normativa estatal de marina mercante como de la normativa autonómica de ordenación del transporte, entre las que se incluyen la obtención de la correspondiente autorización de navegación para cada línea o ruta explotada, el mantenimiento de sus buques en condiciones adecuadas de seguridad y navegabilidad conforme a las inspecciones periódicas de la autoridad marítima competente, la contratación de los seguros obligatorios de responsabilidad civil frente a pasajeros y mercancías, y el cumplimiento de las obligaciones de información a los usuarios sobre horarios, tarifas y condiciones del servicio. Las navieras deben, además, dar cumplimiento efectivo a las obligaciones de servicio público que en su caso les sean impuestas por la Administración competente cuando exploten líneas declaradas de interés estratégico para la conectividad del archipiélago, según se detalla en el punto siguiente, no pudiendo suspender o alterar unilateralmente la prestación de estos servicios sin autorización previa cuando ello comprometa la conectividad básica de una isla, dada la relevancia que estas conexiones tienen para garantizar el derecho de los residentes canarios a la movilidad interinsular. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las navieras puede dar lugar a las correspondientes infracciones y sanciones administrativas que se estudian más adelante en este mismo tema.
La inspección del transporte marítimo interinsular
La inspección del transporte marítimo interinsular corresponde, en lo relativo a las condiciones técnicas de seguridad de los buques, la cualificación de las tripulaciones y el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima, a las autoridades marítimas estatales (Capitanías Marítimas, dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante). La Administración autonómica canaria ejerce funciones de control sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público establecidas para garantizar la conectividad interinsular (frecuencias, tarifas, atención a colectivos con derecho a descuento). La Policía Canaria puede colaborar en los puertos en materia de seguridad ciudadana portuaria, control de personas y mercancías y coordinación con otros cuerpos y autoridades (Guardia Civil, Capitanía Marítima, Autoridades Portuarias) en la vigilancia de los tráficos marítimos interinsulares, relevantes tanto para la movilidad legítima como, potencialmente, para la comisión de actividades delictivas.
Infracciones y sanciones en transporte marítimo
El régimen sancionador del transporte marítimo interinsular combina infracciones de naturaleza estatal, vinculadas a la seguridad de la navegación y reguladas por la legislación de marina mercante y puertos del Estado, e infracciones de naturaleza autonómica, vinculadas al incumplimiento de las obligaciones de servicio público y de conectividad impuestas por la normativa canaria. Ambos bloques se clasifican, siguiendo el esquema general de los regímenes sancionadores, en muy graves, graves y leves. Las sanciones incluyen multas de cuantía proporcional a la gravedad y medidas específicas del sector, como la suspensión temporal de la autorización de la naviera o la inmovilización cautelar del buque cuando se detecten deficiencias graves de seguridad que pongan en riesgo la vida de pasajeros y tripulantes.
Las obligaciones de servicio público en el transporte interinsular
Dada la relevancia del transporte marítimo interinsular para la cohesión territorial de Canarias, la normativa permite imponer obligaciones de servicio público a las navieras (el Reglamento (CEE) n.º 3577/92 admite estas obligaciones en el cabotaje marítimo con islas): frecuencias mínimas de conexión, tarifas máximas, descuentos para colectivos (residentes canarios, estudiantes, personas con discapacidad) y mantenimiento del servicio en las islas de menor población aunque sea menos rentable. Pueden articularse mediante condiciones impuestas a las autorizaciones, contratos-programa con las navieras o subvenciones directas al transporte, y responden a que la lógica puramente económica del mercado no comprometa el derecho de los residentes en las islas menores a una conectividad adecuada. La bonificación a los residentes en el transporte interinsular y con la Península se regula por la normativa estatal, y su porcentaje debe consultarse en la norma vigente.
Competencias de los Cabildos en materia de transportes
Los Cabildos Insulares ostentan, conforme a la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y a la Ley 13/2007, competencias propias en materia de transporte terrestre de viajeros dentro del ámbito de su isla: el otorgamiento de autorizaciones de transporte regular y discrecional de ámbito insular, la planificación de las líneas de transporte público insular, la fijación de tarifas y el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones cometidas en estos servicios. Esta atribución, coherente con el modelo de descentralización insular, permite adaptar la red de transporte a las características de cada isla, y exige coordinación con la Administración autonómica y con los demás Cabildos en los aspectos que trascienden de lo insular, como las conexiones de transporte combinado terrestre-marítimo entre islas. El alcance exacto de estas competencias debe contrastarse con el texto consolidado de ambas leyes.
Coordinación entre inspección de transportes y Policía Canaria
La correcta vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de transportes en Canarias, tanto terrestre como marítima interinsular, exige una coordinación efectiva entre los servicios de inspección sectorial (dependientes de los Cabildos Insulares o de la Administración autonómica en materia de transporte terrestre, y de las autoridades marítimas y portuarias en materia de transporte marítimo) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Canaria, cuya intervención puede resultar necesaria tanto para el apoyo material a la labor de inspección (por ejemplo, ante situaciones de resistencia u obstrucción a la actuación de los inspectores) como para la detección, en el ejercicio de sus funciones ordinarias de vigilancia general, de indicios de infracciones en materia de transporte que deban ser puestos en conocimiento del servicio de inspección competente. Esta coordinación interinstitucional resulta especialmente relevante en el contexto canario dada la trascendencia estratégica que tanto el transporte terrestre como el marítimo interinsular tienen para la movilidad de personas y mercancías en un territorio fragmentado en islas, así como por la creciente problemática del transporte ilegal de viajeros a través de plataformas digitales, fenómeno que exige respuestas coordinadas entre los distintos organismos con competencias concurrentes en esta materia.
Marco normativo del turismo en Canarias: cuadro de normas
Cuadro de memoria. Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre): competencia autonómica en turismo. Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: ley básica. Ley 19/2003, de 14 de abril: Directrices de Ordenación General y del Turismo. Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (incidencia en la ordenación territorial). Decreto 142/2010, de 4 de octubre: Reglamento de la actividad turística de alojamiento. Decreto 113/2015, de 22 de mayo: Reglamento de las viviendas vacacionales. A nivel estatal, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) y, en materia de arrendamientos de corta duración, la Ley de Arrendamientos Urbanos y las normas posteriores de ámbito estatal sobre registro de alquileres de corta duración. La ley aplicable a cada actividad concreta debe comprobarse en cada caso.
Derechos y obligaciones de usuarios y empresarios turísticos
Entre los derechos de los usuarios turísticos figuran la información veraz sobre precios, servicios y características, la seguridad e higiene, la prestación de los servicios contratados conforme a la categoría anunciada, la disposición de hojas de reclamaciones y el trato no discriminatorio. Las empresas turísticas deben cumplir los requisitos de apertura y clasificación, exhibir los distintivos y precios, mantener las condiciones de seguridad e higiene, conservar la documentación, colaborar con la inspección, y no ejercer la actividad sin los títulos habilitantes. El usuario turístico tiene también obligaciones: respetar las normas de uso y convivencia, pagar los precios convenidos y no causar daños. La protección de los consumidores se complementa con el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Canarias (Ley 3/2003, de 12 de febrero) y la normativa estatal.
Viviendas vacacionales y alquiler turístico
La vivienda vacacional es una modalidad de alojamiento turístico en la que se cede, a título oneroso y por períodos de corta duración, el uso de una vivienda amueblada y equipada, comercializada habitualmente a través de canales digitales. En Canarias se regula por el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, y por la normativa legal posterior de ordenación del uso turístico de las viviendas. Su ejercicio exige título habilitante (declaración responsable) y número de registro, que debe figurar en la publicidad. Desde el punto de vista estatal, los arrendamientos de uso turístico quedan excluidos del régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos y sometidos a la normativa sectorial, y la Ley de Propiedad Horizontal exige un acuerdo reforzado de las comunidades de propietarios para limitar o condicionar esta actividad. El Real Decreto 1312/2024 creó un Registro Único de Arrendamientos con alcance estatal, con obligación de número de registro para anunciar estas viviendas. Este fenómeno afecta a la competencia leal, a la ordenación territorial y a la convivencia vecinal, y es una fuente frecuente de denuncias y de actuación policial por molestias, que no siempre es turística sino de convivencia.
Normativa europea y estatal de transporte por carretera: tiempos de conducción y tacógrafo
El transporte profesional de viajeros por carretera se somete a la normativa de la Unión Europea sobre tiempos de conducción y descanso (Reglamento (CE) n.º 561/2006) y sobre el tacógrafo (Reglamento (UE) n.º 165/2014). Reglas básicas que conviene memorizar: el tiempo de conducción diario no puede exceder de nueve horas, ampliable a diez horas dos veces por semana; el tiempo de conducción semanal no puede exceder de cincuenta y seis horas, ni el acumulado en dos semanas consecutivas de noventa horas; tras cuatro horas y media de conducción el conductor debe hacer una pausa ininterrumpida de al menos cuarenta y cinco minutos (o dos pausas de quince y treinta minutos); y el descanso diario regular es de al menos once horas. El tacógrafo registra estos tiempos y su manipulación o ausencia constituye infracción grave o muy grave. Otras normas aplicables: Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1211/1990; Reglamentos (CE) 1071/2009 y 1072/2009 sobre acceso a la profesión y al mercado. Estas cifras se aplican a los vehículos sujetos al reglamento; ciertas excepciones afectan a servicios regulares de corto recorrido.
Taxis y vehículos de alquiler con conductor
El taxi es un servicio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, cuyo régimen se rige por la normativa autonómica y local (Ley 13/2007 en Canarias y ordenanzas municipales, y el Reglamento del taxi) y por la estatal. Los taxis urbanos dependen de los Ayuntamientos, que otorgan las licencias, y los interurbanos de los Cabildos o de la Administración autonómica según el ámbito. El Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, modificó la legislación estatal sobre arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y permitió a las Comunidades Autónomas regular el servicio de VTC en ámbito urbano y, de modo limitado, las condiciones de explotación. El control de la contratación previa, de los precios y de la autorización es tarea inspectora, y el transporte sin autorización (intrusismo) es infracción grave o muy grave. La Policía Canaria colabora en el control de los vehículos, especialmente cuando se presta un servicio ilegal a través de plataformas.
Los puertos de Canarias y la actuación policial portuaria
Los puertos de Canarias se dividen en puertos de interés general del Estado, gestionados por las Autoridades Portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife (Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), y puertos de competencia autonómica, regulados por la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, gestionados por el ente Puertos Canarios. La seguridad en las instalaciones portuarias se rige además por el Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (PBIP), con medidas de control de accesos. La Policía Canaria, en el ámbito de sus competencias, colabora con las Autoridades Portuarias, la Guardia Civil (control de fronteras y de la actividad marítima), la Capitanía Marítima y la Policía Nacional, y su intervención se circunscribe a las funciones que le atribuye su normativa propia, sin sustituir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo que es competencia exclusiva de estas (control de fronteras, inmigración, protección de infraestructuras).
Valor probatorio de las actas de inspección y entrada en domicilios
Las actas formalizadas por los inspectores y por los agentes de la autoridad, en las que se recogen los hechos constatados con los requisitos legales, hacen prueba de estos hechos salvo prueba en contrario (art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), sin eximir a la Administración de acreditar suficientemente los hechos. Por ello, el acta de denuncia o inspección debe describir de forma objetiva y detallada los hechos, el lugar, la hora, la identificación del denunciado y del establecimiento o vehículo, y las pruebas recogidas (fotografías, documentos). Cuando la inspección requiera acceder a un domicilio (por ejemplo, una vivienda vacacional en la que se ejerce una actividad) y el titular no consienta, la entrada exige autorización judicial concedida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo (art. 8.6 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), conforme al artículo 18.2 de la Constitución. En establecimientos abiertos al público no se exige tal autorización durante su horario de funcionamiento. La negativa a facilitar la inspección o la obstrucción constituye por sí misma infracción administrativa.
Procedimiento sancionador aplicable en los sectores turístico y de transportes
El procedimiento sancionador en los sectores turístico y de transportes se rige por la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las especialidades de las leyes sectoriales y de la normativa autonómica sobre procedimiento sancionador. Fases: iniciación (acuerdo de inicio del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia), instrucción (separación entre el órgano instructor y el sancionador, alegaciones, prueba, propuesta de resolución con audiencia), y resolución motivada. Principios aplicables: legalidad, tipicidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, presunción de inocencia y non bis in idem. Medidas provisionales: pueden adoptarse para asegurar la eficacia de la resolución, como el cierre del establecimiento, la inmovilización del vehículo o del buque. Contra la resolución cabe recurso de alzada o, en su caso, reposición y recurso contencioso-administrativo.
La actuación de la Policía Canaria en vigilancia turística y de transportes
La actuación de la Policía Canaria en estos sectores tiene un carácter de auxilio y colaboración con los servicios de inspección y de vigilancia general. Sus cometidos prácticos son: comprobar la exhibición de distintivos y la identidad del titular; levantar actas de denuncia cuando detecta actividad sin título habilitante (por ejemplo alojamientos clandestinos o transportes ilegales), con descripción objetiva de los hechos; auxiliar a los inspectores ante obstrucción o resistencia; intervenir cuando exista riesgo para la seguridad de personas; y dar traslado de los hechos con apariencia penal a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. La Policía Canaria como policía autonómica actúa en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma y de su normativa específica, que debe consultarse en el bloque correspondiente del temario. La coordinación con las policías locales, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de inspección es esencial para evitar duplicidades.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: norma básica; la regulación se completa con la Ley 19/2003 (Directrices), la Ley 2/2013 (renovación y modernización), el Decreto 142/2010 (alojamiento) y el Decreto 113/2015 (viviendas vacacionales).
Infracciones turísticas: muy graves, graves y leves (clasificación tripartita); sanciones accesorias: cierre, revocación de autorización/inscripción, inhabilitación.
Intrusismo turístico: ejercer sin autorización, declaración responsable o inscripción; es muy grave cuando implica grave riesgo para la seguridad o salud.
Prescripción supletoria (art. 30 Ley 40/2015): infracciones 3 años, 2 años y 6 meses; sanciones 3 años, 2 años y 1 año. Contrastar el plazo propio de la Ley 7/1995.
Transporte terrestre interurbano en Canarias: Ley 13/2007, de 17 de mayo; competencias de los Cabildos (servicios insulares); taxis urbanos de competencia municipal.
Transporte regular (itinerario, horario y tarifa preestablecidos) frente a discrecional (taxi, VTC, autocares de excursión).
Reglamento (CE) 561/2006: 9 horas de conducción diaria (10 dos veces por semana), 56 horas semanales, 90 horas bisemanales, pausa de 45 minutos tras 4,5 horas.
Marina mercante y seguridad de la navegación: competencia estatal (art. 149.1.20.ª CE), con Capitanías Marítimas de la Dirección General de la Marina Mercante; puertos autonómicos: Ley 14/2003.
Obligaciones de servicio público en transporte marítimo interinsular: frecuencias, tarifas, descuentos a residentes; garantizan la conectividad de las islas menores.
Sanciones accesorias del sector: inmovilización de vehículo o buque, suspensión o revocación de la autorización o título habilitante.
Valor probatorio de las actas: hacen prueba salvo prueba en contrario (art. 77.5 Ley 39/2015).
Entrada en domicilio para inspección sin consentimiento: autorización judicial del Juzgado de lo Contencioso-administrativo (art. 8.6 LJCA).
La Policía Canaria colabora con la inspección turística, de transportes y marítima, especialmente ante obstrucción a la labor inspectora o indicios de intrusismo o transporte ilegal.
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La Ley canaria de Ordenación del Transporte por Carretera es la:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 42 de Policía Canaria?
Este tema aborda dos bloques normativos de naturaleza sectorial pero de gran incidencia práctica en la actividad de vigilancia e inspección administrativa que corresponde desarrollar a la Policía Canaria: por un lado, la ordenación del turismo en Canarias, regulada fundamentalmente por la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, con su correspondiente régimen de infracciones y sanciones; y, por otro, el transporte terrestre en vías interurbanas y el transporte marítimo interinsular, actividades de especial relevancia dada la condición archipielágica de la Comunidad Autónoma, con sus respectivos regímenes de inspección, infracciones y sanciones.
Ambos sectores comparten una naturaleza económica estratégica para Canarias (el turismo como motor principal de la economía canaria, y el transporte interinsular como garantía de la cohesión territorial del archipiélago), lo que explica la intensidad de la intervención administrativa que sobre ellos se proyecta y la relevancia de la labor de vigilancia e inspección que, en coordinación con los servicios de inspección sectorial correspondientes, puede corresponder desarrollar a la Policía Canaria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 42 para el examen?
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: norma básica; la regulación se completa con la Ley 19/2003 (Directrices), la Ley 2/2013 (renovación y modernización), el Decreto 142/2010 (alojamiento) y el Decreto 113/2015 (viviendas vacacionales). Infracciones turísticas: muy graves, graves y leves (clasificación tripartita); sanciones accesorias: cierre, revocación de autorización/inscripción, inhabilitación. Intrusismo turístico: ejercer sin autorización, declaración responsable o inscripción; es muy grave cuando implica grave riesgo para la seguridad o salud. Prescripción supletoria (art. 30 Ley 40/2015): infracciones 3 años, 2 años y 6 meses; sanciones 3 años, 2 años y 1 año. Contrastar el plazo propio de la Ley 7/1995. Transporte terrestre interurbano en Canarias: Ley 13/2007, de 17 de mayo; competencias de los Cabildos (servicios insulares); taxis urbanos de competencia municipal. Transporte regular (itinerario, horario y tarifa preestablecidos) frente a discrecional (taxi, VTC, autocares de excursión). Reglamento (CE) 561/2006: 9 horas de conducción diaria (10 dos veces por semana), 56 horas semanales, 90 horas bisemanales, pausa de 45 minutos tras 4,5 horas. Marina mercante y seguridad de la navegación: competencia estatal (art. 149.1.20.ª CE), con Capitanías Marítimas de la Dirección General de la Marina Mercante; puertos autonómicos: Ley 14/2003. Obligaciones de servicio público en transporte marítimo interinsular: frecuencias, tarifas, descuentos a residentes; garantizan la conectividad de las islas menores. Sanciones accesorias del sector: inmovilización de vehículo o buque, suspensión o revocación de la autorización o título habilitante. Valor probatorio de las actas: hacen prueba salvo prueba en contrario (art. 77.5 Ley 39/2015). Entrada en domicilio para inspección sin consentimiento: autorización judicial del Juzgado de lo Contencioso-administrativo (art. 8.6 LJCA). La Policía Canaria colabora con la inspección turística, de transportes y marítima, especialmente ante obstrucción a la labor inspectora o indicios de intrusismo o transporte ilegal.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad turística de alojamiento.
Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias.
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba su Reglamento.
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
Reglamento (CE) n.º 561/2006 y Reglamento (UE) n.º 165/2014 (tiempos de conducción y tacógrafo).
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Canarias.
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