Tema 43. Patrimonio histórico-artístico de Canarias. Los pueblos aborígenes de Canarias. Actuaciones para su defensa y conservación. Protección del medio ambiente y recursos naturales: Infracciones y sanciones. Conservación de los ecosistemas en Canarias. Parques Nacionales.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
Este tema combina dos ámbitos de protección de gran relevancia identitaria y ambiental para Canarias. Por un lado, el patrimonio histórico-artístico (hoy denominado patrimonio cultural) del archipiélago, regulado en la actualidad por la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (que derogó y sustituyó a la antigua Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias), con especial atención a los pueblos aborígenes canarios y a la protección de su legado arqueológico. Por otro, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, articulada en torno a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a la legislación básica estatal (Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y a los cuatro Parques Nacionales situados en el archipiélago (Teide, Garajonay, Caldera de Taburiente y Timanfaya), verdaderos emblemas naturales de las islas en que se ubican.
Se trata de un tema que combina contenido histórico-cultural con contenido jurídico-administrativo, y que resulta de especial relevancia para la actuación de la Policía Canaria en su función de protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, funciones propias de un cuerpo de policía autonómica que se ejercen en colaboración con los agentes de medio ambiente de los Cabildos y con el SEPRONA de la Guardia Civil. Conviene dominar sobre todo: la distinción entre las normas derogadas y las vigentes, los pueblos aborígenes por isla, las categorías de espacios protegidos y los datos básicos (año de declaración, isla, singularidad) de cada Parque Nacional.
Marco normativo del patrimonio cultural: de la Ley 4/1999 a la Ley 11/2019
Fundamento constitucional y competencial. El artículo 46 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, y dispone que la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. El Estado conserva la competencia exclusiva sobre la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (art. 149.1.28 CE), mientras que las Comunidades Autónomas pueden asumir la competencia sobre patrimonio monumental de interés para la Comunidad (art. 148.1.16 CE); Canarias la ha asumido en su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto).
Normativa estatal. La norma básica es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), que define el patrimonio histórico español (inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico; patrimonio documental y bibliográfico; yacimientos y zonas arqueológicas; sitios naturales, jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico), crea la categoría de Bien de Interés Cultural y define el expolio (art. 4) como toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes del patrimonio histórico.
Normativa canaria. La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias fue la norma autonómica de referencia durante veinte años, pero actualmente está derogada: la sustituye la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. El cambio de denominación (de «histórico» a «cultural») refleja una concepción más amplia, que incorpora de forma expresa el patrimonio inmaterial y etnográfico junto a los bienes materiales. Dato de examen: aunque el título oficial del tema habla de «patrimonio histórico-artístico», la norma vigente a octubre de 2026 es la Ley 11/2019; si una pregunta cita la Ley 4/1999 como vigente, debe tenerse presente que fue derogada, aunque los conceptos básicos (BIC, régimen de autorizaciones, deber de comunicar hallazgos, expolio) se mantienen en lo esencial.
Competencias administrativas. El modelo canario reparte las funciones entre el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares (que tienen atribuidas competencias relevantes de gestión y tutela del patrimonio cultural de su isla, conforme a la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares) y los Ayuntamientos (catálogos municipales de protección en el planeamiento urbanístico). El reparto exacto de la competencia para declarar bienes de interés cultural entre Gobierno y Cabildos debe consultarse en el texto vigente de la Ley 11/2019.
Patrimonio histórico-artístico de Canarias: concepto, clases de bienes y niveles de protección
El patrimonio histórico-artístico (hoy, patrimonio cultural) de Canarias está integrado por los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que poseen interés histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, científico, técnico, documental o bibliográfico para la Comunidad Autónoma. Comprende desde monumentos y conjuntos históricos (por ejemplo, el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, inscrito por la UNESCO en 1999, o los barrios de Vegueta y Triana en Las Palmas de Gran Canaria) hasta yacimientos, arquitectura tradicional (casas canarias, molinos, salinas), archivos y bibliotecas, y manifestaciones inmateriales (lenguas, tradiciones, fiestas y oficios, juegos y deportes autóctonos como la lucha canaria o el silbo gomero).
Niveles de protección: bienes de interés cultural (máxima protección), bienes catalogados o inventariados (protección intermedia) y bienes protegidos por el planeamiento urbanístico municipal. Hay deberes generales de conservación para los titulares, y la Administración puede imponer órdenes de ejecución, ejercer derechos de tanteo y retracto y, en casos graves de incumplimiento, acudir a la expropiación.
Concepto y categorías de Bien de Interés Cultural
El Bien de Interés Cultural (BIC) es la máxima categoría de protección del patrimonio cultural, tanto en la legislación estatal (LPHE) como en la canaria. Se reserva a los bienes que, por su relevante interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico, merecen un régimen singular de protección y tutela. Las categorías de BIC inmuebles que recoge la tradición normativa canaria son: monumento, conjunto histórico, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica, zona paleontológica y sitio etnológico (estas dos últimas son categorías propias que la legislación canaria añade a las cinco de la LPHE: monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico y zona arqueológica). Los bienes muebles de especial relevancia pueden también ser declarados BIC, y el patrimonio inmaterial y etnográfico cuenta con instrumentos propios de salvaguarda.
La declaración se realiza mediante un procedimiento administrativo específico (expediente con información pública, informes técnicos y consultivos y resolución motivada) y se inscribe en el registro correspondiente. Su efecto principal es un régimen reforzado de protección: autorización administrativa previa para cualquier obra o intervención sobre el bien o su entorno, deber de conservación de los propietarios, limitaciones a la enajenación y derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración, y limitaciones a la publicidad e instalaciones que alteren su percepción. En los BIC inmuebles se delimita además un entorno de protección. Dato de examen: «BIC» no es sinónimo de «patrimonio cultural»; es solo la categoría superior de una escala de protección en la que existen otros niveles inferiores (bienes catalogados o inventariados).
Registro, catálogo e inventario de bienes: la protección escalonada
Para articular la protección de los bienes que no alcanzan la categoría de BIC, la legislación canaria establece un sistema escalonado de instrumentos de registro, catalogación e inventario: los bienes de máxima relevancia se inscriben en el registro de BIC; otros bienes de interés patrimonial se incluyen en catálogos o inventarios de la Administración autonómica o insular y, en el ámbito local, en los catálogos municipales de protección que forman parte del planeamiento urbanístico. La nomenclatura exacta y los artículos que regulan cada instrumento deben contrastarse con el texto vigente de la Ley 11/2019, ya que las denominaciones de la Ley 4/1999 pueden haber variado (el texto de partida atribuía la creación de un «Catálogo del Patrimonio Histórico de Canarias» a un artículo concreto de la Ley 4/1999 que no ha podido confirmarse).
Idea clave: la protección es graduada, de modo que la intensidad de la intervención administrativa se adapta a la relevancia del bien. La inscripción produce efectos urbanísticos (el planeamiento debe respetar y proteger los bienes y sus entornos) y de intervención administrativa (autorización previa para obras o actuaciones que puedan afectar al bien). La llevanza de los registros e inventarios corresponde a la consejería competente del Gobierno de Canarias, en coordinación con los Cabildos Insulares.
Protección del patrimonio arqueológico y hallazgos casuales
El patrimonio arqueológico canario goza de una atención singular por su valor para el conocimiento de la cultura aborigen prehispánica. Principios básicos, comunes a la LPHE y a la normativa canaria: (1) Los bienes arqueológicos descubiertos por excavaciones, remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar son bienes de dominio público (art. 44 LPHE). (2) Las excavaciones y prospecciones arqueológicas requieren autorización previa de la Administración competente, un proyecto científico y un equipo con la cualificación técnica exigida; las actuaciones no autorizadas son infracción. (3) Quien descubra casualmente restos de interés arqueológico o paleontológico tiene el deber de comunicarlo inmediatamente a la Administración competente (en Canarias, de forma ordinaria, al Cabildo Insular o a la consejería competente) y de no manipularlos ni retirarlos. (4) En obras públicas o privadas pueden imponerse estudios previos o control arqueológico de los movimientos de tierra en ámbitos de especial sensibilidad.
Las Cartas Arqueológicas son los instrumentos de inventario del patrimonio arqueológico y paleontológico y orientan tanto la planificación urbanística como la actuación de vigilancia. También se extiende la protección al patrimonio subacuático (restos de naufragios y yacimientos sumergidos), que sigue el mismo principio de dominio público y autorización previa; existe además la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático.
El papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de la Policía Canaria en su ámbito, es doble: recibir y canalizar las comunicaciones de hallazgos casuales (preservando la zona, evitando su alteración y avisando a la Administración competente) y prevenir y perseguir el expolio, fenómeno de especial incidencia en cuevas, necrópolis y yacimientos de fácil acceso. La extracción de materiales de los yacimientos y el uso de detectores de metales sin autorización en zonas protegidas son conductas típicas de expolio.
Los pueblos aborígenes de Canarias: guanches y otras culturas insulares
Con anterioridad a la conquista castellana, las islas estaban habitadas por poblaciones aborígenes de origen bereber norteafricano (amazigh) que, aunque compartían un tronco cultural y lingüístico, desarrollaron identidades diferenciadas en cada isla por el aislamiento geográfico. Denominaciones por isla: guanches (Tenerife), canarios (Gran Canaria), benahoaritas o auaritas (La Palma), gomeros (La Gomera), bimbaches (El Hierro), y majos o mahos (Lanzarote y Fuerteventura; los de Fuerteventura se conocen también como majoreros). En el uso popular se llama «guanches» a todos los aborígenes, pero con rigor histórico el término solo corresponde a los antiguos habitantes de Tenerife.
Organización política. En Gran Canaria existían dos territorios (guanartematos), con sede en Gáldar y Telde, gobernados por guanartemes; en Tenerife existían nueve menceyatos gobernados por menceyes (Anaga, Tegueste, Tacoronte, Taoro, Icode, Daute, Adeje, Abona y Güímar); en Fuerteventura existían dos reinos, Maxorata y Jandía, separados por un muro en el istmo; en La Palma, la isla se dividía en doce cantones o territorios. Los lugares de reunión y decisión colectiva se denominaban tagoror.
Economía y cultura material. Economía pastoril (cabras, ovejas y cerdos), complementada con una agricultura de cereales (cebada) y la recolección y el marisqueo; habitaban en cuevas naturales y también en estructuras de piedra; practicaban la momificación de los difuntos (especialmente conocida en Tenerife) y utilizaban graneros colectivos, como el Cenobio de Valerón en Gran Canaria. Dejaron grabados rupestres (petroglifos) con motivos geométricos y espirales y, en varias islas, inscripciones en escritura líbico-bereber. En Gran Canaria destacan los ídolos de arcilla y las pintaderas, y la Cueva Pintada de Gáldar es un ejemplo señalado de pintura mural aborigen.
Cronología básica de la conquista (aproximada): la conquista castellana se desarrolla entre 1402 y 1496; se inicia con la expedición normanda de Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle a Lanzarote (1402), continúa con Fuerteventura y El Hierro, la sumisión de La Gomera, y culmina con las conquistas de Gran Canaria (hacia 1483), La Palma (1492-1493) y Tenerife (1494-1496). El silbo gomero, lenguaje silbado de La Gomera de raíz aborigen, fue inscrito por la UNESCO en 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Patrimonio inmaterial y etnográfico
Un rasgo destacado de la legislación canaria es la protección del patrimonio etnográfico e inmaterial: modos de vida tradicionales, técnicas artesanales (cerámica, calado, cestería), la gastronomía, la música y el baile tradicionales (isa, folía, malagueña, tajaraste), los juegos y deportes autóctonos (lucha canaria, juego del palo, salto del pastor), el habla canaria y el silbo gomero. La categoría BIC de sitio etnológico protege lugares y paisajes vinculados a modos de vida tradicionales (por ejemplo, paisajes agrícolas de terrazas, salinas o caminos reales). La protección de estas manifestaciones atiende a su documentación, transmisión y difusión, y no tanto a la restricción de intervenciones físicas como en los bienes materiales.
Yacimientos arqueológicos aborígenes: ejemplos y actuaciones de defensa y conservación
El legado material de las culturas aborígenes se conserva en yacimientos dispersos por todo el archipiélago: cuevas de habitación y funerarias, grabados rupestres, poblados al aire libre, concheros, graneros colectivos y santuarios. Muchos están declarados BIC en la categoría de zona arqueológica. Ejemplos citados habitualmente: Cueva Pintada de Gáldar, Cenobio de Valerón, Roque Bentayga y Risco Caído (Gran Canaria; el Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2019), Montaña de Tindaya (Fuerteventura), los grabados de Belmaco (La Palma) y El Julán (El Hierro). Entre los museos destacan el Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria) y el Museo de la Naturaleza y el Hombre (Santa Cruz de Tenerife).
Actuaciones para su defensa y conservación (el epígrafe oficial las menciona expresamente): declaración como BIC y delimitación de entornos de protección; inventario mediante cartas arqueológicas; autorización y control de las intervenciones arqueológicas; medidas de conservación adaptadas a cada tipo de vestigio (estabilización de cuevas, protección de grabados frente a la erosión y el contacto, cerramientos y señalización); ordenación del uso público de los yacimientos visitables (parques arqueológicos y centros de interpretación); investigación y difusión; y vigilancia frente al expolio, el vandalismo y el deterioro intencionado. La Policía Canaria, en coordinación con los servicios técnicos de patrimonio de los Cabildos y del Gobierno de Canarias, colabora en la vigilancia y en la denuncia de las conductas lesivas.
Los restos humanos aborígenes (momias y restos óseos) exigen un tratamiento específico: su estudio y custodia requieren autorización y se realizan en instituciones museísticas.
Infracciones y sanciones en materia de patrimonio cultural
La legislación canaria de patrimonio cultural establece un régimen sancionador propio, que clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves atendiendo a la gravedad del daño causado y a la categoría de protección del bien. Como conductas típicas de mayor gravedad se citan la destrucción o el daño irreparable de un BIC, la realización de excavaciones o prospecciones arqueológicas sin autorización, y el expolio mediante la extracción no autorizada de piezas o materiales. La LPHE contiene además su propio cuadro de infracciones y sanciones aplicable a los bienes de competencia estatal.
Las consecuencias comprenden sanciones pecuniarias (proporcionales a la gravedad y al valor del bien afectado), la obligación de reponer el bien a su estado anterior o de reparar el daño causado y otras medidas accesorias. No debe confundirse la responsabilidad administrativa con la penal: el Código Penal tipifica los delitos sobre el patrimonio histórico en el Capítulo II del Título XVI del Libro II (arts. 321 a 324: derribo o alteración grave de edificios singularmente protegidos, informes favorables a sabiendas a proyectos ilícitos, daños en bienes de valor histórico, artístico, cultural o monumental y en yacimientos arqueológicos, y daños por imprudencia grave). Rige el principio non bis in idem: si los hechos constituyen delito, la Administración debe suspender el procedimiento sancionador y pasar el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.
Marco normativo ambiental: Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
Fundamento constitucional. El artículo 45 CE reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, impone a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales y establece que, para quienes violen lo dispuesto, se fijarán sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño causado. El Estado dicta la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección (art. 149.1.23 CE); a las Comunidades Autónomas les corresponde la gestión en materia de medio ambiente.
Legislación estatal básica. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (marco de los espacios naturales protegidos, la Red Natura 2000, el catálogo de especies amenazadas y las infracciones y sanciones en la materia); Ley 21/2013, de evaluación ambiental; Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental (principio «quien contamina paga»); Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; y Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Legislación canaria. La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias es la norma vigente que unifica la regulación del urbanismo, la ordenación del territorio y los espacios naturales protegidos. Sustituye, entre otras normas, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Regula de forma integrada ambas materias dada su estrecha relación en un territorio de limitada extensión y elevada fragilidad ambiental: establece las categorías de suelo rústico de protección ambiental, la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, los instrumentos de planificación de esos espacios y el régimen sancionador para infracciones que atenten contra los valores ambientales. Complementan este marco la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias y la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos es el sistema integrado por el conjunto de espacios naturales del archipiélago sometidos a un régimen específico de protección por sus valores ecológicos, geológicos, paisajísticos o científicos. Canarias, archipiélago volcánico con un elevadísimo grado de endemismo, tiene una proporción muy alta de su superficie bajo alguna figura de protección (cifra aproximada: en torno a cuatro de cada diez hectáreas del territorio), una de las mayores de España. A la Red Canaria se superponen otras figuras de reconocimiento internacional y europeo: la Red Natura 2000 (Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves, derivadas de las Directivas Hábitats y Aves), las Reservas de la Biosfera de la UNESCO (Lanzarote, La Palma, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera y el Macizo de Anaga en Tenerife) y los Geoparques (Lanzarote y Archipiélago Chinijo; El Hierro).
La gestión de la Red corresponde de forma compartida a la Administración autonómica, que fija el marco normativo y los instrumentos de planificación de rango superior, y a los Cabildos Insulares, que asumen con carácter general la gestión ordinaria de los espacios naturales situados en su isla. Cada espacio cuenta con instrumentos de ordenación propios (según la categoría: Plan Rector de Uso y Gestión, Plan Director, Norma de Conservación o Plan Especial) y, en muchos casos, con un órgano colegiado de participación. La excepción son los Parques Nacionales, de gestión compartida con el Estado conforme a la Ley 30/2014.
A la Policía Canaria le corresponde, en coordinación con los agentes de medio ambiente de cada Cabildo, la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa de protección en estos espacios.
Categorías de espacios naturales protegidos en Canarias
La legislación canaria, heredera de la clasificación establecida por la Ley 12/1994, de Espacios Naturales de Canarias, y mantenida en lo esencial por la vigente Ley 4/2017, distingue las siguientes categorías: Parques (Parques Nacionales, de declaración por ley de las Cortes Generales y gestión compartida con el Estado; Parques Naturales; y Parques Rurales, espacios en los que la actividad humana tradicional, especialmente agrícola y ganadera, forma parte del valor protegido), Reservas Naturales (Integrales, de máxima protección y acceso muy restringido, y Especiales), Monumentos Naturales (elementos naturales de singular relevancia, a menudo volcánicos o geológicos), Paisajes Protegidos (espacios de especial valor paisajístico, con frecuencia fruto de la interacción histórica entre el ser humano y el medio) y Sitios de Interés Científico (espacios de pequeña extensión y alto valor para la investigación).
Esta clasificación deriva en parte de la legislación básica estatal (Ley 42/2007), que reconoce como categorías básicas el parque, la reserva natural, el área marina protegida, el monumento natural y el paisaje protegido. Dato de examen: la categoría de Parque Rural es una nota distintiva del sistema canario y no debe omitirse al enumerar las categorías; asimismo, solo los Parques Nacionales se declaran por ley estatal, mientras que el resto de categorías se declaran por la Comunidad Autónoma.
Existen además figuras marinas de protección, como las reservas marinas de interés pesquero (por ejemplo, la de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote, la de La Palma o la del Mar de Las Calmas, en El Hierro).
Infracciones y sanciones en materia de medio ambiente
El régimen sancionador ambiental es plural, porque concurren la normativa estatal básica y la autonómica. La Ley 4/2017 y la legislación de espacios naturales protegidos clasifican las infracciones en muy graves, graves y leves según la entidad del daño causado a los valores ambientales y la categoría de protección del espacio afectado. Son conductas típicamente graves o muy graves la ejecución de construcciones o instalaciones no autorizadas en suelo rústico de protección ambiental o en espacios de máxima categoría de protección, la captura o extracción no autorizada de especies protegidas, la recolección de flora protegida y los vertidos o contaminaciones que causen daño grave a los ecosistemas protegidos. La Ley 42/2007 contiene su propio cuadro de infracciones y sanciones (muy graves, graves y leves) para el patrimonio natural y la biodiversidad.
Las consecuencias son sanciones pecuniarias proporcionales al daño y a la gravedad, y medidas de restauración de la legalidad (demolición de lo ilegalmente construido, reposición del medio natural alterado, indemnización de daños). El deber de reparar es independiente de la multa.
Responsabilidad penal. El Código Penal tipifica los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en el Capítulo III del Título XVI del Libro II (arts. 325 a 331: contaminación, vertidos, gestión de residuos), los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (arts. 332 a 337: flora amenazada, fauna protegida, caza y pesca ilegales, uso de medios prohibidos como el veneno) y las disposiciones comunes (arts. 338 a 340: agravación cuando los hechos afecten a un espacio natural protegido y atenuación por reparación). Cuando los hechos constituyan delito, la Administración paraliza el procedimiento sancionador (non bis in idem). Para el agente de policía es útil distinguir entre la denuncia administrativa (infracción de la ley ambiental) y el atestado por presunto delito.
Órganos competentes y vigilancia en materia de protección ambiental
La competencia para instruir y resolver los expedientes sancionadores ambientales se distribuye entre la Administración autonómica, que conserva las competencias de planificación y de sanción de las infracciones de mayor gravedad o de repercusión supra-insular, y los Cabildos Insulares, que asumen la gestión ordinaria de los espacios naturales protegidos de su isla y, por tanto, buena parte de la competencia sancionadora (conforme a la Ley 8/2015, de Cabildos Insulares). Los municipios intervienen en materias de disciplina urbanística, residuos y limpieza viaria en su término.
La labor de detección e instrucción inicial de las infracciones corresponde a los agentes de medio ambiente de la Administración autonómica y de los Cabildos, y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. La Policía Canaria puede colaborar activamente en la vigilancia y detección, especialmente en espacios de mayor afluencia o vulnerabilidad, y debe poner en conocimiento de los órganos competentes los hechos de que tenga noticia. Las policías locales ejercen también funciones de policía administrativa en materia de medio ambiente en su término municipal.
El Parque Nacional del Teide
El Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife, fue declarado en 1954 (junto con la Caldera de Taburiente, uno de los dos parques nacionales canarios más antiguos). Protege el macizo volcánico del Teide, cuyo pico alcanza 3.715 metros (altitud oficial actual; durante décadas se citó 3.718 m), la mayor altura de España; se suele indicar que es el tercer volcán más alto del mundo medido desde su base oceánica. Incluye la gran depresión de Las Cañadas del Teide, el estratovolcán Pico Viejo, formaciones como los Roques de García y un ecosistema de alta montaña volcánica con numerosos endemismos (retama del Teide, tajinaste rojo, violeta del Teide). Fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2007 por su valor geológico y paisajístico. Es el parque nacional más visitado de España, lo que exige una gestión cuidadosa del uso público; en él está prohibido extraer rocas, plantas o arena.
Su gestión corresponde de forma compartida a la Administración General del Estado y a las administraciones autonómica e insular, conforme al régimen de la Ley 30/2014, con un Patronato propio como órgano de participación.
El Parque Nacional de Garajonay
El Parque Nacional de Garajonay, situado en el centro y norte de La Gomera, fue declarado en 1981 y Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1986. Protege una de las mejores masas de laurisilva (bosque subtropical húmedo de lauráceas, de la era terciaria, hoy residual en Europa), cuya existencia depende de los vientos alisios y del llamado «mar de nubes», que aporta humedad casi constante por precipitación horizontal. Su nombre procede del Alto de Garajonay, el punto más elevado de la isla (1.487 metros); la leyenda de Gara y Jonay, un amor imposible entre jóvenes de La Gomera y Tenerife, es la explicación popular del topónimo. Es refugio de numerosos endemismos vegetales y animales, como las palomas de la laurisilva (rabiche y turqué). Su principal amenaza son los incendios forestales (el grave incendio de agosto de 2012 afectó a una parte significativa del parque).
El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en el centro de La Palma, fue declarado en 1954. Protege una gran depresión de origen erosivo (no un cráter volcánico, aunque se denomine caldera) de varios kilómetros de diámetro, con paredes de cientos de metros de desnivel, labrada por la combinación de procesos volcánicos y de erosión durante millones de años. Alberga extensos pinares de pino canario, abundante agua superficial (de los pocos lugares de Canarias con cursos permanentes, que drenan por el Barranco de Las Angustias) y numerosas especies endémicas. El Roque Idafe es un monolito de especial significado religioso para los benahoaritas. El nombre procede de la lengua de los aborígenes de La Palma (benahoarita) y no del guanche de Tenerife. Es objeto de uso público intenso (senderismo), que exige vigilancia. Debe distinguirse del volcán de Tajogaite (Cumbre Vieja), cuya erupción tuvo lugar entre el 19 de septiembre y el 25 de diciembre de 2021 en el sur de la isla, fuera del Parque Nacional.
El Parque Nacional de Timanfaya
El Parque Nacional de Timanfaya, en el suroeste de Lanzarote, fue declarado en 1974. Protege el campo de lava y volcanes generado por las erupciones de 1730 a 1736 (las llamadas «Montañas del Fuego»), que cubrieron una gran superficie de la isla y transformaron su paisaje en uno de singularidad excepcional, casi lunar. Mantiene una anomalía geotérmica residual: a poca profundidad se alcanzan temperaturas muy elevadas (varios centenares de grados), fenómeno aprovechado con fines divulgativos en las instalaciones del Islote de Hilario. A diferencia de Garajonay, su valor se fundamenta sobre todo en el paisaje volcánico reciente y no en un ecosistema forestal. La intensa afluencia turística exige limitar los accesos y regular el uso público. Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
Régimen jurídico general de los Parques Nacionales
Los Parques Nacionales, categoría de máxima protección del sistema español de espacios naturales protegidos, se rigen por la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. La ley declara que la Red de Parques Nacionales es de interés general del Estado, define los parques como espacios representativos de los sistemas naturales españoles, y establece un régimen de gestión compartida entre la Administración General del Estado (a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales) y las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se ubica cada parque. A las Comunidades Autónomas les corresponde con carácter general la gestión ordinaria de cada parque, que se rige por un Plan Rector de Uso y Gestión y se enmarca en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Los parques se declaran por ley de las Cortes Generales y cuentan con una zona periférica de protección y un área de influencia socioeconómica.
Organización. En cada parque existe un Patronato (órgano colegiado de participación en el que están representados el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo, los municipios y otras entidades con intereses legítimos) y un director-conservador. A escala de la Red existe el Consejo de la Red de Parques Nacionales como órgano consultivo y de cooperación.
Datos de memoria: España cuenta con 16 parques nacionales (el último en incorporarse fue Sierra de las Nieves, en 2021) y Canarias, con cuatro, es la Comunidad Autónoma con mayor número. Dos de ellos (Teide y Garajonay) son además Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Conservación de los ecosistemas en Canarias: ecosistemas insulares y amenazas
Los ecosistemas insulares canarios presentan problemáticas específicas respecto de los continentales: el aislamiento ha favorecido un elevadísimo grado de endemismo, con especies exclusivas de una isla o incluso de un enclave muy concreto, lo que los hace particularmente vulnerables a las alteraciones del medio, a las especies exóticas invasoras y a la presión humana (urbanística y turística).
Ecosistemas principales: el monteverde o laurisilva (bosque húmedo de lauráceas, en las medianías norteñas de las islas occidentales, con Garajonay como ejemplo emblemático); el pinar canario (Pinus canariensis, adaptado al fuego); el bosque termófilo (sabinares, acebuchales, dragos); el matorral de alta montaña (Teide); el cardonal-tabaibal (zonas áridas costeras); y los ecosistemas marinos, donde destacan los sebadales (praderas de seba) y las poblaciones de cetáceos y tortugas.
Amenazas principales: las especies exóticas invasoras (el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras; en Canarias son ejemplos el rabo de gato, el arruí, el muflón, la culebra real de California y la ardilla moruna), los incendios forestales, la sobreexplotación de recursos (agua, suelo), los vertidos y la contaminación, la presión urbanística y turística sobre espacios sensibles y el cambio climático. El riesgo volcánico (erupción de Tajogaite en La Palma, 2021) también condiciona la gestión.
Instrumentos: planificación de los espacios protegidos, programas de recuperación de especies amenazadas, control y erradicación de especies invasoras, restauración de hábitats y educación ambiental. La colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Canaria, resulta relevante en la vigilancia frente a actividades ilegales (caza y pesca furtivas, recolección ilegal de especies protegidas, vertidos incontrolados) y en la sensibilización ciudadana.
Especies protegidas de la flora y fauna canarias
El elevado endemismo del archipiélago se traduce en un amplio catálogo de especies protegidas, de ámbito estatal (Catálogo Español de Especies Amenazadas, integrado en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, regulado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y de ámbito canario (Catálogo Canario de Especies Protegidas, regulado por la Ley 4/2010, de 4 de junio).
Ejemplos emblemáticos de flora: el drago canario (Dracaena draco), cuyo ejemplar más famoso es el Drago Milenario de Icod de los Vinos; la palmera canaria, el pino canario, la sabina, el cardón, la retama del Teide y el tajinaste rojo. Ejemplos de fauna: el pinzón azul del Teide (Tenerife) y el pinzón azul de Gran Canaria, el lagarto gigante de El Hierro y el lagarto gigante de La Gomera (ambos del género Gallotia y amenazados), la paloma rabiche y la paloma turqué, el guirre o alimoche canario, la hubara canaria, aves marinas como las pardelas que nidifican en los acantilados, y la tortuga boba en el medio marino. (El texto de partida hablaba de «lagartija gigante»; la denominación correcta es lagarto gigante.)
La extracción, captura, comercio o daño intencionado de estas especies constituye infracción administrativa y, cuando concurren los elementos típicos, delito contra la flora y la fauna (arts. 332 a 337 del Código Penal). La identificación correcta de las especies es relevante para la actuación policial en operativos contra el tráfico ilegal de especies o la caza y pesca furtivas.
Actuación de la Policía Canaria en la protección del patrimonio y el medio ambiente
La Ley 2/2008, de 28 de abril, del Cuerpo General de la Policía Canaria, configura al Cuerpo como policía autonómica con funciones de vigilancia, protección y policía administrativa en las materias de competencia autonómica, entre ellas el patrimonio histórico-cultural y el medio ambiente. En la práctica esto se traduce en: vigilancia de yacimientos arqueológicos y bienes de interés cultural frente al expolio y el vandalismo; colaboración con los agentes de medio ambiente de los Cabildos y con el SEPRONA en la vigilancia de los espacios naturales y la persecución de las infracciones; participación en la prevención y extinción de incendios forestales en coordinación con otros servicios de emergencia; y atención a denuncias ciudadanas.
Pautas de actuación ante un hallazgo o un daño: preservar la zona sin manipular los restos, identificar y documentar (fotografías, croquis, coordenadas), avisar a la Administración competente (Cabildo o consejería), levantar el acta o denuncia correspondiente y, si hay indicios de delito, formular atestado y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal. Esta función conecta con la identidad del Cuerpo como policía autonómica integral cuyas competencias se extienden a ámbitos de especial relevancia identitaria, como el patrimonio cultural y la biodiversidad.
Planificación y uso público de los espacios naturales: instrumentos y limitaciones
Cada espacio natural protegido se ordena mediante instrumentos de planificación específicos (planes rectores de uso y gestión, planes directores, normas de conservación y planes especiales, según la categoría). Estos instrumentos zonifican el espacio, regulan los usos permitidos y establecen el régimen de acceso. Son limitaciones habituales: la prohibición de abandonar los senderos autorizados, de acampar, de hacer fuego, de recolectar plantas, rocas o fósiles, de introducir especies, de usar drones sin autorización, de realizar competiciones deportivas sin permiso y de circular con vehículos fuera de las pistas. El cumplimiento de las normas de uso público es una de las tareas más frecuentes de la vigilancia.
Riesgos para el patrimonio y el medio ambiente: expolio, incendios y vertidos
Principales riesgos que afectan a ambos bienes jurídicos: (1) Expolio arqueológico y comercio ilícito de piezas aborígenes. (2) Vandalismo, pintadas y grafitis en grabados rupestres y monumentos. (3) Incendios forestales, que en Canarias tienen especial incidencia en verano en el pinar y la laurisilva y suelen ser de origen humano (negligencias o intencionados); la prevención incluye restricciones al uso del fuego en época de peligro. (4) Vertidos incontrolados, abandono de residuos y contaminación marina. (5) Edificación ilegal en suelo rústico y en zonas costeras. (6) Introducción de especies invasoras y tráfico ilegal de fauna y flora. (7) Presión del uso público masivo. En todos ellos, la actuación policial combina prevención, disuasión, denuncia administrativa y, si hay indicios de delito, atestado.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Norma vigente de patrimonio cultural canario: Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias; la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias está DEROGADA. Estatal: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Fundamento constitucional: art. 46 CE (patrimonio histórico, cultural y artístico), art. 45 CE (medio ambiente; sanciones penales o administrativas y deber de reparar), art. 149.1.28 CE (Estado: defensa contra la expoliación) y art. 149.1.23 CE (legislación básica ambiental).
BIC = máxima categoría de protección; en Canarias las categorías de BIC incluyen, además de las cinco de la LPHE, la zona paleontológica y el sitio etnológico. No confundir BIC con cualquier bien catalogado o inventariado.
Hallazgos arqueológicos casuales: son bienes de dominio público (art. 44 LPHE); deber de comunicarlos inmediatamente a la Administración competente. Excavaciones y prospecciones: autorización previa.
Expolio (art. 4 LPHE): toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción los valores del patrimonio histórico. Delitos sobre el patrimonio histórico: arts. 321 a 324 del Código Penal.
Pueblos aborígenes por isla: guanches (Tenerife), canarios (Gran Canaria), benahoaritas (La Palma), gomeros (La Gomera), bimbaches (El Hierro), majos (Lanzarote y Fuerteventura); 'guanche' en sentido estricto es solo de Tenerife.
Jefaturas: guanartemes (Gran Canaria; guanartematos de Gáldar y Telde), menceyes (Tenerife; nueve menceyatos), dos reinos en Fuerteventura (Maxorata y Jandía), doce cantones en La Palma. Conquista castellana: 1402-1496.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: sustituye al Texto Refundido de 2000 (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo); regula conjuntamente urbanismo y espacios naturales.
Categorías de espacios naturales protegidos de Canarias: Parques (Nacionales, Naturales y Rurales), Reservas Naturales (Integrales y Especiales), Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Sitios de Interés Científico. No olvidar el Parque Rural.
4 Parques Nacionales en Canarias: Teide (Tenerife, 1954, Patrimonio Mundial UNESCO 2007), Garajonay (La Gomera, 1981, laurisilva, UNESCO 1986), Caldera de Taburiente (La Palma, 1954) y Timanfaya (Lanzarote, 1974, erupciones de 1730-1736). España tiene 16 parques nacionales; Canarias es la comunidad con más.
Pico del Teide: 3.715 m (techo de España). Alto de Garajonay: 1.487 m (punto más alto de La Gomera). Taburiente es término benahoarita, no guanche.
Gestión de los Parques Nacionales: compartida Estado-Comunidad Autónoma (Ley 30/2014, de 3 de diciembre); Patronato de cada parque; los declara una ley de las Cortes Generales.
Gestión ordinaria de espacios naturales protegidos (no Parques Nacionales): corresponde con carácter general a los Cabildos Insulares (Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares).
Catálogos de especies: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) y Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio). Delitos ambientales: arts. 325 a 340 del Código Penal (agravación si afecta a espacio protegido: art. 338).
Principio non bis in idem: si los hechos son constitutivos de delito, se suspende el procedimiento administrativo sancionador y se remite a la jurisdicción penal.
Alto grado de endemismo biológico canario: hace a los ecosistemas insulares especialmente vulnerables a especies invasoras y a la presión urbanística y turística.
La Ley 2/2008, de 28 de abril, del Cuerpo General de la Policía Canaria sitúa la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente entre las materias de actuación del Cuerpo, en colaboración con los agentes de medio ambiente de los Cabildos y el SEPRONA.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En Tenerife, antes de la conquista castellana, los territorios aborígenes gobernados por menceyes eran:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 43 de Policía Canaria?
Este tema combina dos ámbitos de protección de gran relevancia identitaria y ambiental para Canarias. Por un lado, el patrimonio histórico-artístico (hoy denominado patrimonio cultural) del archipiélago, regulado en la actualidad por la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (que derogó y sustituyó a la antigua Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias), con especial atención a los pueblos aborígenes canarios y a la protección de su legado arqueológico. Por otro, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, articulada en torno a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a la legislación básica estatal (Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y a los cuatro Parques Nacionales situados en el archipiélago (Teide, Garajonay, Caldera de Taburiente y Timanfaya), verdaderos emblemas naturales de las islas en que se ubican.
Se trata de un tema que combina contenido histórico-cultural con contenido jurídico-administrativo, y que resulta de especial relevancia para la actuación de la Policía Canaria en su función de protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, funciones propias de un cuerpo de policía autonómica que se ejercen en colaboración con los agentes de medio ambiente de los Cabildos y con el SEPRONA de la Guardia Civil. Conviene dominar sobre todo: la distinción entre las normas derogadas y las vigentes, los pueblos aborígenes por isla, las categorías de espacios protegidos y los datos básicos (año de declaración, isla, singularidad) de cada Parque Nacional.
¿Qué hay que memorizar del Tema 43 para el examen?
Norma vigente de patrimonio cultural canario: Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias; la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias está DEROGADA. Estatal: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Fundamento constitucional: art. 46 CE (patrimonio histórico, cultural y artístico), art. 45 CE (medio ambiente; sanciones penales o administrativas y deber de reparar), art. 149.1.28 CE (Estado: defensa contra la expoliación) y art. 149.1.23 CE (legislación básica ambiental). BIC = máxima categoría de protección; en Canarias las categorías de BIC incluyen, además de las cinco de la LPHE, la zona paleontológica y el sitio etnológico. No confundir BIC con cualquier bien catalogado o inventariado. Hallazgos arqueológicos casuales: son bienes de dominio público (art. 44 LPHE); deber de comunicarlos inmediatamente a la Administración competente. Excavaciones y prospecciones: autorización previa. Expolio (art. 4 LPHE): toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción los valores del patrimonio histórico. Delitos sobre el patrimonio histórico: arts. 321 a 324 del Código Penal. Pueblos aborígenes por isla: guanches (Tenerife), canarios (Gran Canaria), benahoaritas (La Palma), gomeros (La Gomera), bimbaches (El Hierro), majos (Lanzarote y Fuerteventura); 'guanche' en sentido estricto es solo de Tenerife. Jefaturas: guanartemes (Gran Canaria; guanartematos de Gáldar y Telde), menceyes (Tenerife; nueve menceyatos), dos reinos en Fuerteventura (Maxorata y Jandía), doce cantones en La Palma. Conquista castellana: 1402-1496. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: sustituye al Texto Refundido de 2000 (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo); regula conjuntamente urbanismo y espacios naturales. Categorías de espacios naturales protegidos de Canarias: Parques (Nacionales, Naturales y Rurales), Reservas Naturales (Integrales y Especiales), Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Sitios de Interés Científico. No olvidar el Parque Rural. 4 Parques Nacionales en Canarias: Teide (Tenerife, 1954, Patrimonio Mundial UNESCO 2007), Garajonay (La Gomera, 1981, laurisilva, UNESCO 1986), Caldera de Taburiente (La Palma, 1954) y Timanfaya (Lanzarote, 1974, erupciones de 1730-1736). España tiene 16 parques nacionales; Canarias es la comunidad con más. Pico del Teide: 3.715 m (techo de España). Alto de Garajonay: 1.487 m (punto más alto de La Gomera). Taburiente es término benahoarita, no guanche. Gestión de los Parques Nacionales: compartida Estado-Comunidad Autónoma (Ley 30/2014, de 3 de diciembre); Patronato de cada parque; los declara una ley de las Cortes Generales. Gestión ordinaria de espacios naturales protegidos (no Parques Nacionales): corresponde con carácter general a los Cabildos Insulares (Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares). Catálogos de especies: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) y Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio). Delitos ambientales: arts. 325 a 340 del Código Penal (agravación si afecta a espacio protegido: art. 338). Principio non bis in idem: si los hechos son constitutivos de delito, se suspende el procedimiento administrativo sancionador y se remite a la jurisdicción penal. Alto grado de endemismo biológico canario: hace a los ecosistemas insulares especialmente vulnerables a especies invasoras y a la presión urbanística y turística. La Ley 2/2008, de 28 de abril, del Cuerpo General de la Policía Canaria sitúa la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente entre las materias de actuación del Cuerpo, en colaboración con los agentes de medio ambiente de los Cabildos y el SEPRONA.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978: artículos 45, 46, 148.1.9 y 16, y 149.1.23 y 28.
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (que derogó la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias).
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Ley 2/2008, de 28 de abril, del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: arts. 321 a 324 y 325 a 340.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.