El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituye la norma de referencia en España para el abordaje integral de la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, combinando medidas de sensibilización y prevención, derechos de las víctimas en los ámbitos laboral, económico y de asistencia social, medidas de tutela institucional (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Fiscalía especializada), y medidas de tutela penal y procesal, entre ellas la orden de protección. Este tema desarrolla específicamente los derechos que la ley reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género y el aparato institucional y de valoración del riesgo que se ha construido en torno a esta ley, con especial atención al sistema VioGén como herramienta central de la actuación policial en esta materia.
Para un futuro miembro de la Policía Canaria, este tema tiene una relevancia práctica de primer orden, dado que la primera intervención policial ante un episodio de violencia de género resulta determinante tanto para la protección inmediata de la víctima como para la correcta valoración del riesgo que esta pueda seguir corriendo.
LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituye una respuesta legislativa global e integral frente a la violencia de género, combinando en un único texto normativo medidas de naturaleza muy diversa: medidas de sensibilización, prevención y detección en los ámbitos educativo, sanitario y publicitario, derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en los ámbitos laboral, económico, de la Seguridad Social y de la función pública, medidas de tutela institucional, mediante la creación de órganos especializados tanto en el ámbito judicial (Juzgados de Violencia sobre la Mujer) como en el policial y fiscal, y medidas de tutela penal, con la introducción de tipos agravados y de nuevas figuras delictivas específicamente orientadas a esta forma de violencia. Esta aproximación integral, pionera en su momento en el contexto europeo, responde a la constatación de que la violencia de género no puede combatirse eficazmente solo desde el Derecho Penal, sino que exige una respuesta coordinada desde múltiples ámbitos de la actuación de los poderes públicos, abarcando desde la prevención social más temprana hasta la protección jurídica más inmediata de las víctimas ya afectadas por esta forma de violencia.
Concepto de violencia de género en la ley
El artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 define la violencia de género, a los efectos de esta ley, como aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, comprendiendo todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Esta definición legal, más restringida que el concepto sociológico o internacional de violencia de género (que puede abarcar cualquier forma de violencia machista contra las mujeres, con independencia de la relación existente entre víctima y agresor), circunscribe el ámbito de aplicación de esta ley específicamente a la violencia ejercida en el contexto de una relación de pareja o expareja, quedando fuera de su ámbito de aplicación otras manifestaciones de violencia machista, como la violencia sexual ejercida por un desconocido, o la violencia ejercida por otros familiares distintos de la pareja o expareja, que reciben, en su caso, un tratamiento jurídico distinto conforme a otras normas del ordenamiento.
Ámbito de aplicación: relación de pareja o expareja
El ámbito subjetivo de la Ley Orgánica 1/2004 se circunscribe a la violencia ejercida por quien sea o haya sido cónyuge de la víctima, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, y exige que la víctima sea mujer y el agresor hombre, dado el fundamento de la ley en la desigualdad estructural como causa de esta forma específica de violencia. El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la agravación penal específica en estos casos (SSTC 59/2008 y 45/2009). Quedan fuera de la ley la violencia ejercida por una mujer contra un hombre o entre personas del mismo sexo en el seno de una pareja, que se sujeta al régimen general del Código Penal sobre violencia doméstica (art. 173.2) sin los tipos agravados específicos de violencia de género. No se exige convivencia ni matrimonio formalizado, bastando acreditar una relación de afectividad análoga a la conyugal, presente o pasada. Las reformas posteriores, como la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, han reforzado la consideración de los hijos e hijas menores como víctimas, de modo que la ley ampara también a los menores que conviven con la mujer víctima y sufren de manera directa o indirecta esa violencia.
El derecho a la información de las víctimas
El artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las víctimas de violencia de género el derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas, sobre las medidas contempladas en la ley relativas a su protección y seguridad, y sobre los derechos y ayudas previstos, así como sobre los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. La información debe ser accesible, con previsiones específicas para las mujeres con discapacidad y las que no conozcan el idioma. Este derecho se proyecta desde el primer momento de la actuación policial: los agentes deben informar a la víctima de forma clara y comprensible de sus derechos, de la posibilidad de solicitar una orden de protección, de los recursos de asistencia disponibles y de los pasos siguientes del procedimiento, pues muchos derechos exigen su solicitud expresa. Con carácter general, el Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015) completa estas obligaciones de información.
El derecho a la asistencia social integral
El artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las víctimas el derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, organizados por las Administraciones Públicas con las entidades especializadas. Estos servicios responden a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de las prestaciones y multidisciplinariedad profesional, e incluyen información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación en los valores de igualdad y desarrollo de habilidades para la participación social. Su organización corresponde a las comunidades autónomas y a las entidades locales; en Canarias se prestan a través de la red de recursos autonómicos, insulares y municipales, con el Instituto Canario de Igualdad y la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, como marco autonómico. Deben atender las particularidades de las mujeres más vulnerables (ámbito rural, discapacidad, inmigrantes en situación irregular, edad avanzada). Tienen también derecho a estos servicios los menores que se encuentren bajo la guarda de la mujer víctima.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita inmediata
El artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos, judiciales y administrativos, que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Esta asistencia es inmediata y especializada, y se presta sin necesidad de acreditar previamente insuficiencia de recursos para litigar (los trámites de reconocimiento se resuelven después), y en un mismo abogado siempre que sea posible. Corresponde a los agentes que atienden a la víctima informarle de este derecho y facilitar el contacto con el servicio de guardia de asistencia jurídica gratuita para que cuente con asesoramiento letrado especializado desde que decida denunciar, lo que resulta determinante para la orientación jurídica y la eventual solicitud de una orden de protección.
Derechos laborales: reducción y reordenación del tiempo de trabajo
El artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las trabajadoras víctimas de violencia de género el derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, cuando ello resulte necesario para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, correspondiendo la concreción de estos derechos a la negociación entre la trabajadora y la empresa, o, en su defecto, a la resolución de la jurisdicción social competente. Estas medidas de flexibilización de las condiciones laborales buscan facilitar que la víctima pueda compatibilizar el mantenimiento de su empleo, y por tanto de su independencia económica, con las gestiones y necesidades derivadas de su situación de víctima de violencia de género (asistencia a citas judiciales, atención psicológica, cambios de domicilio), constituyendo un instrumento esencial para evitar que la propia situación de violencia sufrida derive, además, en una pérdida de la estabilidad laboral y económica de la víctima, factor que en muchas ocasiones dificulta la ruptura efectiva del vínculo con el agresor.
Movilidad geográfica y suspensión de la relación laboral con reserva de puesto
El mismo artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las trabajadoras víctimas de violencia de género el derecho preferente al cambio de centro de trabajo en otra localidad, cuando la trabajadora se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, manteniendo la empresa obligada a este traslado la correspondiente reserva del puesto de trabajo originario durante un período determinado, así como el derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, durante un período inicial que no puede exceder de seis meses, prorrogable por el juez que hubiera dictado la orden de protección hasta un máximo de dieciocho meses cuando resulte necesario para la efectividad del derecho de protección de la víctima. Estos derechos de movilidad geográfica y de suspensión con reserva de puesto responden a la constatación de que, en muchas ocasiones, la efectiva protección de la víctima exige un alejamiento físico significativo respecto del entorno del agresor, lo que puede resultar incompatible con el mantenimiento del puesto de trabajo en su ubicación original, garantizando la ley que este alejamiento necesario no comporte, además, la pérdida definitiva del empleo de la víctima.
Derechos económicos: ayuda del artículo 27 y renta activa de inserción
El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las víctimas de violencia de género que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al setenta y cinco por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y que tengan especiales dificultades para obtener un empleo, una ayuda económica de pago único, cuya cuantía se calcula en función de la responsabilidad familiar y de las circunstancias personales de la víctima. Es una ayuda distinta de la renta activa de inserción (RAI), programa gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal para colectivos con especiales dificultades de inserción, entre los que las víctimas de violencia de género son un colectivo con acceso reconocido. Junto a ellas, la ley establece programas específicos de empleo (art. 22), el acceso preferente a la vivienda protegida y a residencias públicas para mayores (art. 28) y medidas para las funcionarias (arts. 24 y 25), como la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica de centro de trabajo y la excedencia.
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: competencia
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, creados por la Ley Orgánica 1/2004 y regulados en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son órganos especializados. En el orden penal conocen de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como contra los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con capacidad modificada judicialmente que con él convivan o se hallen sujetos a su potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. Conocen también de la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes familiares y del quebrantamiento de penas y medidas cautelares impuestas en estos casos. En el orden civil conocen de determinados procesos de familia (filiación, nulidad, separación y divorcio, guarda y custodia, alimentos, etcétera) cuando concurre alguna de las circunstancias legales, entre ellas que alguna de las partes sea víctima de violencia de género, que el otro sea investigado como autor, o que se hayan iniciado actuaciones penales o adoptado una orden de protección. En estos procesos está vedada la mediación (art. 87 ter.5 LOPJ). Reformas recientes han ampliado o están ampliando la competencia de la jurisdicción especializada a otras formas de violencia contra la mujer (por ejemplo, la violencia sexual); su alcance exacto debe contrastarse con el texto vigente. La Fiscalía cuenta con Fiscales contra la Violencia sobre la Mujer (art. 70 LO 1/2004).
La orden de protección de la víctima
La orden de protección, regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal e introducida por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica (norma anterior a la LO 1/2004, que luego la aplica a la violencia de género), permite al juez, ante indicios fundados de un delito que ponga de manifiesto una situación objetiva de riesgo para la víctima, adoptar en una única resolución medidas cautelares penales (alejamiento, prohibición de comunicación) y medidas civiles (uso de la vivienda familiar, custodia, visitas, alimentos), y activa la protección social prevista por la ley. Se dirige a las personas del artículo 173.2 del Código Penal, es decir, a quienes tengan con el investigado relaciones de matrimonio, afectividad análoga, parentesco, convivencia o especial vulnerabilidad. Puede solicitarla la propia víctima o persona con relación análoga, el Ministerio Fiscal, o acordarse de oficio por el juez; los servicios sociales y entidades asistenciales que conozcan los hechos deben ponerlos en conocimiento inmediato del juez o del Fiscal. Se tramita ante el Juzgado de guardia con carácter urgente y preferente: la audiencia entre víctima, solicitante, presunto agresor asistido de abogado y Ministerio Fiscal se celebra con la mayor rapidez y, en todo caso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la solicitud, y el juez resuelve mediante auto. La orden se notifica a las partes y se comunica a las Administraciones competentes; se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.
Medidas cautelares penales: alejamiento y prohibición de comunicación
Entre las medidas cautelares penales que puede incorporar la orden de protección, o acordarse de forma independiente (art. 544 bis LECrim), se encuentran la prohibición de residir en un lugar o acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximación del investigado a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro lugar que frecuente, con una distancia mínima fijada por el juez, la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio (incluso por terceras personas), la retirada de armas y, en los supuestos de mayor gravedad, la prisión provisional. El incumplimiento de una prohibición de aproximación o comunicación impuesta como pena o como medida cautelar constituye delito de quebrantamiento (art. 468 CP); cuando la víctima es alguna de las personas del artículo 173.2, el apartado 2 del art. 468 impone en todo caso pena de prisión de seis meses a un año. El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad al agresor, pues la medida protege un interés público, criterio confirmado por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2005.
Medidas civiles derivadas de la orden de protección
Junto a las medidas cautelares penales, la orden de protección puede incorporar medidas civiles, cuando existan hijos menores o vivienda familiar y no hayan sido ya adoptadas por un órgano del orden civil: atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, con independencia de su titularidad; régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos menores, pudiendo suspenderse total o parcialmente el régimen de visitas del progenitor investigado por violencia de género; régimen de prestación de alimentos; y cualquier disposición para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios. Estas medidas son provisionales: tendrán una vigencia temporal de treinta días y, si dentro de ese plazo se incoa a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante el orden civil, permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda, plazo dentro del cual deben ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez civil competente (art. 544 ter LECrim). La LO 1/2004 y reformas posteriores prevén además la suspensión del régimen de visitas y de la patria potestad en determinados supuestos de violencia de género o de condena penal.
El sistema de seguimiento integral VioGén: valoración policial del riesgo
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) es una herramienta informática y metodológica del Ministerio del Interior, en funcionamiento desde 2007, para la valoración policial del riesgo de nueva agresión y el seguimiento y protección continuada de las víctimas. Integra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías autonómicas con competencia y a las policías locales que se adhieren mediante convenio con el Ministerio del Interior, así como a instituciones penitenciarias y a otros organismos. El sistema se apoya en formularios, entre ellos la Valoración Policial del Riesgo (VPR), que se cumplimenta tras la denuncia y las circunstancias del caso y arroja un nivel de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, del que depende el nivel de protección y la frecuencia del seguimiento policial. Existe también la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER), que actualiza periódicamente el nivel inicial en función de la evolución del caso. El riesgo puede variar con el tiempo, por lo que no es una valoración única, y los cuerpos policiales deben comunicar al sistema los incidentes relevantes.
Actuación policial en la atención a la víctima
La correcta atención policial a una víctima de violencia de género exige, desde el primer contacto, la aplicación de un protocolo específico que combina la garantía de la seguridad inmediata de la víctima con la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos, debiendo los agentes actuantes recibir la denuncia en un espacio que garantice la privacidad y confidencialidad de la víctima, evitar en la medida de lo posible la reiteración innecesaria de su relato (revictimización), informarla de sus derechos conforme a la Ley Orgánica 1/2004, y proceder a la correspondiente valoración policial del riesgo a través del sistema VioGén ya estudiado. Resulta igualmente esencial una correcta documentación de todos los indicios disponibles (lesiones, testigos, comunicaciones amenazantes, antecedentes de episodios previos), dada su relevancia para la posterior valoración judicial de la solicitud de orden de protección, así como una coordinación fluida con los servicios sociales y sanitarios que puedan intervenir en la atención integral de la víctima, formando parte esta actuación coordinada de la respuesta institucional integral que la propia Ley Orgánica 1/2004 pretende garantizar frente a este fenómeno, y constituyendo una de las funciones de mayor sensibilidad y responsabilidad dentro de la actividad ordinaria de cualquier cuerpo de seguridad ciudadana.
El Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015)
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, constituye una norma general aplicable a todas las víctimas de cualquier delito, no solo a las de violencia de género, que reconoce un catálogo común de derechos de información, protección y participación en el proceso penal, entre los que se incluyen el derecho a comprender y ser comprendida en cualquier actuación que deba realizarse, el derecho a recibir información sobre el estado de la causa y el paradero del agresor, el derecho a la protección frente a un contacto no deseado con el agresor en las dependencias judiciales, y el derecho a la evaluación individualizada de sus necesidades de protección, con la finalidad de determinar qué medidas de protección específicas resultan necesarias en función de sus circunstancias personales y de la naturaleza del delito sufrido. Esta ley se aplica de forma complementaria a la Ley Orgánica 1/2004 en el caso de las víctimas de violencia de género, que se benefician así tanto del régimen específico y reforzado de esta última como del régimen general de protección de todas las víctimas de delito que establece el Estatuto de la víctima, resultando ambas normas plenamente compatibles y complementarias entre sí en su aplicación práctica a este colectivo.
Dispositivos telemáticos de control
Para reforzar las medidas de alejamiento, el ordenamiento permite que el juez ordene su control mediante dispositivos telemáticos (pulseras antimaltrato), que verifican en tiempo real el cumplimiento de la distancia fijada, con alerta inmediata a los servicios de seguridad cuando se compromete. Su base legal son las previsiones del Código Penal sobre el control de las penas de alejamiento y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre las medidas cautelares. El sistema, gestionado de forma centralizada por el Ministerio competente en igualdad y coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, exige un dispositivo emisor portado por el agresor y, en muchos casos, un receptor portado por la víctima. Permite un control más eficaz que la mera denuncia posterior de los incumplimientos, y se aplica especialmente a casos de riesgo elevado según el sistema VioGén.
La unidad de valoración forense integral
Las unidades de valoración forense integral, previstas en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/2004, son equipos multidisciplinares, integrados por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, adscritos a los Institutos de Medicina Legal, cuya función consiste en proporcionar a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y al Ministerio Fiscal una valoración técnica integral, desde una perspectiva médica, psicológica y social, tanto de la situación de la víctima y de las secuelas físicas y psicológicas derivadas de la violencia sufrida, como del propio agresor, evaluando su perfil de riesgo y su posible peligrosidad futura. Estos informes periciales especializados resultan de gran relevancia práctica tanto para la instrucción del procedimiento penal por violencia de género (valoración de las lesiones, credibilidad del relato de la víctima, secuelas psicológicas) como para la adopción de decisiones judiciales de especial trascendencia, como la determinación del régimen de visitas de los hijos menores con el progenitor investigado, o la valoración del riesgo de reincidencia del agresor de cara a la adopción o el mantenimiento de determinadas medidas cautelares, complementando así, desde una perspectiva pericial especializada, la labor de valoración del riesgo que en el ámbito específicamente policial desarrolla el sistema VioGén ya estudiado en un punto anterior de este mismo tema.
Estructura de la LO 1/2004 y principios rectores
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se estructura en un Título Preliminar (disposiciones generales: objeto y principios rectores, arts. 1 y 2), el Título I (medidas de sensibilización, prevención y detección: ámbitos educativo, publicitario y de los medios de comunicación, sanitario), el Título II (derechos de las mujeres víctimas: información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales y de Seguridad Social, derechos económicos), el Título III (tutela institucional: Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y las Unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), el Título IV (tutela penal) y el Título V (tutela judicial: Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Fiscalía, medidas judiciales de protección y seguridad). El artículo 2 enuncia los principios rectores: fortalecer las medidas de sensibilización, consagrar derechos de las mujeres víctimas, reforzar la tutela institucional, garantizar la protección social, fortalecer el marco penal y procesal y coordinar los recursos. Ha sido modificada por varias normas, entre ellas la Ley Orgánica 8/2015, el Real Decreto-ley 9/2018 (desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género) y la Ley Orgánica 8/2021.
Garantía de derechos y víctimas extranjeras
El artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2004 garantiza los derechos reconocidos en el Título II a todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Respecto de las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular, la Ley Orgánica 4/2000 (artículo 31 bis) prevé que la denuncia por violencia de género no determine la incoación de expediente sancionador por estancia irregular hasta que concluya el procedimiento penal, y permite la autorización provisional de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales una vez dictada la orden de protección o emitido informe del Ministerio Fiscal que aprecie indicios de violencia. Los agentes deben conocer esta garantía para no disuadir a las víctimas extranjeras de denunciar por miedo a las consecuencias de su situación administrativa.
Acreditación de la situación de violencia de género
La acreditación de la condición de víctima de violencia de género es necesaria para acceder a muchos derechos laborales, económicos y sociales (art. 23 de la LO 1/2004). Se produce mediante sentencia condenatoria, orden de protección o cualquier otra resolución judicial que la declare, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección. El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, amplió los medios de acreditación a los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de las Administraciones Públicas, o a otros títulos habilitantes, de modo que ya no es imprescindible haber presentado denuncia para acceder a determinados recursos asistenciales. Los títulos que acreditan la situación de víctima son importantes para determinar los derechos a los que accede cada mujer.
Tutela penal: delitos de violencia de género
La tutela penal de la LO 1/2004 modificó el Código Penal para agravar ciertas conductas cuando la víctima es la mujer pareja o expareja del autor. Maltrato ocasional (art. 153.1): menoscabo psíquico o lesión no definidos como delito, o golpear o maltratar de obra sin causar lesión, sobre la mujer que sea o haya sido pareja, con pena de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días, más privación del derecho a la tenencia de armas. Amenazas leves (art. 171.4) y coacciones leves (art. 172.2) contra la mujer pareja se castigan como delito con idéntica pena de prisión, o trabajos en beneficio de la comunidad. Violencia habitual (art. 173.2): quien habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quienes sean o hayan sido cónyuge o pareja, o sobre otras personas del propio círculo familiar o convivientes, con pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas por los delitos concretos. En las condenas por estos delitos son frecuentes las penas accesorias de alejamiento y prohibición de comunicación (arts. 48 y 57 CP), cuya imposición es obligatoria en los supuestos del artículo 57.2 CP. Desde 2015 el Código Penal contempla además la agravante de cometer el delito por razones de género (art. 22.4).
Dispensa del deber de declarar y prohibición de mediación
Dos reglas procesales tienen especial relevancia práctica. Primera: el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa del deber de declarar como testigo contra el investigado a su cónyuge o pareja y a determinados parientes. Esta dispensa, que debe advertirse al testigo, ha sido objeto de una abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos de violencia de género: la víctima que se acoge a la dispensa no declara en juicio, y la jurisprudencia ha limitado su alcance en supuestos como el de la víctima que ejerce la acusación particular o aquel en que ha declarado ya con garantías ante el juez (prueba preconstituida). Segunda: en los procesos de violencia de género está vedada la mediación (art. 87 ter.5 LOPJ), pues se entiende que no puede haber negociación entre desiguales. Ambas reglas se refieren a la importancia de documentar bien el atestado y las diligencias iniciales.
Violencia sexual y protección integral de la infancia
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley del solo sí es sí), reformó el Código Penal en materia de delitos sexuales (el consentimiento como eje del tipo, art. 178) y creó un sistema de protección que incluye los centros de crisis 24 horas, y fue modificada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Esta ley amplía el concepto de violencia contra la mujer más allá de la violencia de pareja prevista en la LO 1/2004. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), refuerza el deber de comunicación de situaciones de violencia sobre menores y la protección de los hijos de las mujeres víctimas. Para la actuación policial, el marco general se completa con el Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015) y con el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014.
Recursos de atención y protección a las víctimas
Las víctimas disponen de recursos coordinados. El teléfono 016 ofrece atención, información y asesoramiento jurídico las veinticuatro horas, gratuito y confidencial, sin que quede registrado en la factura. El 112 es el número de emergencias, que en Canarias coordina el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. El servicio ATENPRO es el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género, gestionado en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Los dispositivos de control telemático del alejamiento completan la protección de las víctimas de mayor riesgo. En Canarias existe una red de recursos de atención integral coordinada por el Instituto Canario de Igualdad y los Cabildos y Ayuntamientos, que incluye servicios de información y asesoramiento, recursos de acogida y servicios de atención psicológica. Los agentes deben conocer estos recursos para derivar a la víctima desde la primera intervención.
Guía de actuación policial en la primera intervención
La primera intervención policial ante un caso de violencia de género sigue una secuencia lógica. Primero, la seguridad inmediata: acudir sin demora al lugar, separar a las partes, prestar o solicitar asistencia sanitaria y valorar la necesidad de detener al agresor si hay flagrancia o indicios suficientes. Segundo, la atención a la víctima: recibirle declaración en un lugar que garantice su privacidad, evitar su revictimización, informarle de sus derechos (Ley 4/2015 y LO 1/2004), incluida la asistencia jurídica gratuita y la posibilidad de solicitar la orden de protección, y facilitar el acceso a los recursos asistenciales y a la atención sanitaria con parte de lesiones. Tercero, la investigación: documentar lesiones, daños, comunicaciones amenazantes, testigos y antecedentes de episodios previos, y recoger los datos del agresor y de los menores presentes. Cuarto, la valoración del riesgo y la inclusión en VioGén (VPR) y la coordinación con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. El atestado debe pasar de inmediato al Juzgado de guardia, y los delitos del art. 173.2 CP se tramitan de forma preferente, con posible encuadre en el enjuiciamiento rápido. En todo caso la actuación debe ser imparcial y respetuosa con los derechos del investigado, incluida su información de derechos y asistencia letrada.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LO 1/2004 (28 de diciembre): violencia de género = la ejercida contra la mujer por quien es o ha sido su cónyuge o pareja afectiva, aun sin convivencia; no incluye violencia de mujer a hombre, ni parejas del mismo sexo, ni violencia sexual de desconocidos (esta se rige por la LO 10/2022 y el Código Penal).
No exige convivencia ni matrimonio formalizado, solo relación de afectividad análoga a la conyugal, presente o pasada.
Derecho a asistencia jurídica gratuita inmediata desde la propia denuncia, sin esperar al reconocimiento formal del derecho por insuficiencia de recursos.
Derechos laborales: reducción/reordenación de jornada, movilidad geográfica con reserva de puesto, y suspensión de la relación laboral con reserva de puesto (6 meses, prorrogable a 18 por el juez).
Orden de protección (art. 544 ter LECrim): estatuto integral que combina medidas penales (alejamiento, prohibición de comunicación) y civiles (uso de vivienda, custodia, alimentos) en una sola resolución, y activa automáticamente derechos asistenciales.
El quebrantamiento de la medida de alejamiento (art. 468 CP) es delito autónomo aunque medie consentimiento de la víctima al contacto.
Las medidas civiles de la orden de protección deben ratificarse/modificarse en el proceso de familia correspondiente en un plazo de 30 días.
Sistema VioGén: valoración policial del riesgo (VPR) con niveles no apreciado/bajo/medio/alto/extremo; debe actualizarse periódicamente, no es una valoración única.
Dispositivos telemáticos (pulseras antimaltrato): controlan en tiempo real el cumplimiento del alejamiento, generan alerta inmediata ante incumplimiento.
Ley 4/2015, Estatuto de la víctima del delito: derechos generales de toda víctima de cualquier delito, compatibles y complementarios con la protección específica de la LO 1/2004.
Unidades de valoración forense integral: equipos multidisciplinares (médico forense + psicólogo + trabajador social) que informan al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
Orden de protección (art. 544 ter LECrim): introducida por la Ley 27/2003, de 31 de julio; audiencia en un máximo de 72 horas desde la solicitud; medidas civiles de vigencia de 30 días (más 30 días si se presenta demanda).
Acreditación de la condición de víctima (art. 23 LO 1/2004): sentencia, orden de protección, informe del Fiscal; el RDL 9/2018 añadió informes de servicios sociales y servicios especializados.
Art. 27 LO 1/2004: ayuda económica de pago único si no se superan rentas del 75% del SMI mensual (sin pagas extra) y hay especiales dificultades de empleo; distinta de la renta activa de inserción.
Quebrantamiento (art. 468 CP): el consentimiento de la víctima no exime; prisión de seis meses a un año si la víctima es del art. 173.2 CP.
Art. 153.1, 171.4 y 172.2 CP: maltrato, amenazas leves y coacciones leves con la mujer pareja se castigan como delito; art. 173.2: violencia habitual (prisión de 6 meses a 3 años).
VioGén en funcionamiento desde 2007; las policías locales se integran mediante convenio; VPR y VPER; niveles no apreciado, bajo, medio, alto y extremo.
Mediación vedada en los procesos de violencia de género (art. 87 ter.5 LOPJ).
Víctimas extranjeras en situación irregular: no se incoa expediente sancionador por estancia irregular hasta que concluya el procedimiento penal (art. 31 bis LO 4/2000).
016 (24 horas, gratuito, no figura en factura), 112 (emergencias) y ATENPRO como recursos de atención.
13 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 130 aciertos
¿Cuál de los siguientes NO es un nivel de riesgo de la valoración policial del riesgo (VPR) del sistema VioGén?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 39 de Policía Canaria?
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituye la norma de referencia en España para el abordaje integral de la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, combinando medidas de sensibilización y prevención, derechos de las víctimas en los ámbitos laboral, económico y de asistencia social, medidas de tutela institucional (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Fiscalía especializada), y medidas de tutela penal y procesal, entre ellas la orden de protección. Este tema desarrolla específicamente los derechos que la ley reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género y el aparato institucional y de valoración del riesgo que se ha construido en torno a esta ley, con especial atención al sistema VioGén como herramienta central de la actuación policial en esta materia.
Para un futuro miembro de la Policía Canaria, este tema tiene una relevancia práctica de primer orden, dado que la primera intervención policial ante un episodio de violencia de género resulta determinante tanto para la protección inmediata de la víctima como para la correcta valoración del riesgo que esta pueda seguir corriendo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 39 para el examen?
LO 1/2004 (28 de diciembre): violencia de género = la ejercida contra la mujer por quien es o ha sido su cónyuge o pareja afectiva, aun sin convivencia; no incluye violencia de mujer a hombre, ni parejas del mismo sexo, ni violencia sexual de desconocidos (esta se rige por la LO 10/2022 y el Código Penal). No exige convivencia ni matrimonio formalizado, solo relación de afectividad análoga a la conyugal, presente o pasada. Derecho a asistencia jurídica gratuita inmediata desde la propia denuncia, sin esperar al reconocimiento formal del derecho por insuficiencia de recursos. Derechos laborales: reducción/reordenación de jornada, movilidad geográfica con reserva de puesto, y suspensión de la relación laboral con reserva de puesto (6 meses, prorrogable a 18 por el juez). Orden de protección (art. 544 ter LECrim): estatuto integral que combina medidas penales (alejamiento, prohibición de comunicación) y civiles (uso de vivienda, custodia, alimentos) en una sola resolución, y activa automáticamente derechos asistenciales. El quebrantamiento de la medida de alejamiento (art. 468 CP) es delito autónomo aunque medie consentimiento de la víctima al contacto. Las medidas civiles de la orden de protección deben ratificarse/modificarse en el proceso de familia correspondiente en un plazo de 30 días. Sistema VioGén: valoración policial del riesgo (VPR) con niveles no apreciado/bajo/medio/alto/extremo; debe actualizarse periódicamente, no es una valoración única. Dispositivos telemáticos (pulseras antimaltrato): controlan en tiempo real el cumplimiento del alejamiento, generan alerta inmediata ante incumplimiento. Ley 4/2015, Estatuto de la víctima del delito: derechos generales de toda víctima de cualquier delito, compatibles y complementarios con la protección específica de la LO 1/2004. Unidades de valoración forense integral: equipos multidisciplinares (médico forense + psicólogo + trabajador social) que informan al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Orden de protección (art. 544 ter LECrim): introducida por la Ley 27/2003, de 31 de julio; audiencia en un máximo de 72 horas desde la solicitud; medidas civiles de vigencia de 30 días (más 30 días si se presenta demanda). Acreditación de la condición de víctima (art. 23 LO 1/2004): sentencia, orden de protección, informe del Fiscal; el RDL 9/2018 añadió informes de servicios sociales y servicios especializados. Art. 27 LO 1/2004: ayuda económica de pago único si no se superan rentas del 75% del SMI mensual (sin pagas extra) y hay especiales dificultades de empleo; distinta de la renta activa de inserción. Quebrantamiento (art. 468 CP): el consentimiento de la víctima no exime; prisión de seis meses a un año si la víctima es del art. 173.2 CP. Art. 153.1, 171.4 y 172.2 CP: maltrato, amenazas leves y coacciones leves con la mujer pareja se castigan como delito; art. 173.2: violencia habitual (prisión de 6 meses a 3 años). VioGén en funcionamiento desde 2007; las policías locales se integran mediante convenio; VPR y VPER; niveles no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Mediación vedada en los procesos de violencia de género (art. 87 ter.5 LOPJ). Víctimas extranjeras en situación irregular: no se incoa expediente sancionador por estancia irregular hasta que concluya el procedimiento penal (art. 31 bis LO 4/2000). 016 (24 horas, gratuito, no figura en factura), 112 (emergencias) y ATENPRO como recursos de atención.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 13 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 544 bis y 544 ter).
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 22.4, 48, 57, 153, 171, 172, 173.2, 468).
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 87 ter).
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (art. 31 bis).
Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género (Canarias).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.