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Tema 5. El Gobierno: composición y funciones.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

El Título IV de la Constitución (arts. 97 a 107) regula el Gobierno y la Administración. El artículo 97 CE atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1), y responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108). El Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso mediante la investidura del art. 99, dirige la acción del Gobierno y responde, junto con los demás miembros, solidariamente ante el Congreso. El Gobierno se rige por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

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Composición y estatuto de los miembros del Gobierno

El artículo 98.1 CE fija la composición del Gobierno: Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (la Ley 50/1997, del Gobierno, desarrolla su organización, competencias y funcionamiento). El art. 98.2 atribuye al Presidente la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. El art. 98.3 y 98.4 regulan el estricto régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, que no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. El artículo 99 CE regula el proceso de investidura: tras cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales, el Rey, previa consulta con los representantes de los grupos políticos, propone un candidato a Presidente del Gobierno, que expone su programa ante el Congreso y solicita la confianza; en primera votación se exige mayoría absoluta, y en segunda votación (48 horas después), mayoría simple; si transcurridos dos meses ningún candidato obtuviese la confianza, el Rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones.

Funciones del Gobierno (art. 97 CE)

El artículo 97 CE atribuye al Gobierno cuatro grandes funciones: dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva; y ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. La potestad reglamentaria se materializa en Reales Decretos del Presidente del Gobierno o acordados en Consejo de Ministros y Órdenes Ministeriales; los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos tienen rango de ley (arts. 86 y 82-85 CE) y no son meros reglamentos. Conforme al art. 24 de la Ley 50/1997, las decisiones del Gobierno adoptan la forma de Real Decreto-ley, Real Decreto Legislativo, Real Decreto del Presidente del Gobierno, Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, Acuerdo del Consejo de Ministros, Orden de Comisión Delegada u Orden Ministerial, con el orden jerárquico que fija esa norma. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución (rechazo de cuestión de confianza, prosperar una moción de censura), o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101 CE); el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones que fije la ley (Ley 50/1997).

El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno, presidido por el Presidente y compuesto por los Vicepresidentes y Ministros (la Ley 50/1997 admite la asistencia de Secretarios de Estado cuando sean convocados). Sus funciones, conforme a la Ley del Gobierno, incluyen aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso o, en su caso, al Senado; aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos; acordar la negociación y firma de Tratados internacionales; nombrar y separar a los altos cargos de la Administración General del Estado, entre otras. Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos de coordinación entre distintos Ministerios en asuntos que afectan a varios departamentos, creadas, modificadas y suprimidas por real decreto con arreglo a la Ley 50/1997.

Relaciones Gobierno-Cortes Generales: responsabilidad política

El Título V de la Constitución (arts. 108 a 116) regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El art. 108 CE consagra la responsabilidad solidaria del Gobierno ante el Congreso de los Diputados por su gestión política. Los dos mecanismos que hacen efectiva esa responsabilidad son la cuestión de confianza (art. 112, planteada por el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o una declaración de política general, aprobada por mayoría simple) y la moción de censura (art. 113, de carácter constructivo: debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia y ser aprobada por mayoría absoluta, propuesta al menos por la décima parte de los Diputados). El art. 116 CE regula los estados de alarma, excepción y sitio, desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981: el estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso, que puede autorizar su prórroga; el estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso; y el estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.

Los Secretarios de Estado: naturaleza y funciones

Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado (art. 55 LRJSP), directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específico de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno; no son, sin embargo, miembros del Gobierno en sentido estricto conforme al art. 98.1 CE (que solo comprende al Presidente, Vicepresidentes y Ministros), sino altos cargos de la AGE con rango inmediatamente inferior al de Ministro, nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro o del Presidente. Actúan bajo la dirección de su Ministro respectivo, y pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros cuando sean convocados para informar, aunque sin voto (Ley 50/1997). Esta distinción es relevante para el examen: el Gobierno del art. 98 CE es un órgano de composición tasada y reducida, mientras que la estructura ministerial completa incluye numerosos escalones directivos que no integran el Gobierno.

La Administración consultiva: el Consejo de Estado (art. 107 CE)

El artículo 107 CE configura al Consejo de Estado como el supremo órgano consultivo del Gobierno, cuya ley orgánica (Ley Orgánica 3/1980) regulará su composición y competencia. Su dictamen, preceptivo en los asuntos que la ley determina (anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados internacionales, proyectos de decretos legislativos, reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes (reglamentos ejecutivos), expedientes de revisión de oficio de actos administrativos nulos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía igual o superior a 50.000 euros, entre otros) y facultativo en el resto, no es en general vinculante para el órgano consultante, salvo en los casos en que la ley expresamente le atribuya ese carácter. Existen también órganos consultivos autonómicos equivalentes que, en algunas Comunidades Autónomas, sustituyen al Consejo de Estado en los asuntos de competencia autonómica (en Canarias, el Consejo Consultivo de Canarias, previsto en el Estatuto de Autonomía).

La potestad reglamentaria y la jerarquía de las disposiciones administrativas

La potestad reglamentaria que el art. 97 CE atribuye al Gobierno se ejerce, de acuerdo con la Ley 50/1997, mediante Reales Decretos del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros (los de mayor rango, para las materias más relevantes) y Órdenes Ministeriales (que aprueba cada Ministro en el ámbito de su propio Departamento). Los reglamentos no pueden regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir la Constitución o las leyes, ni vulnerar el principio de jerarquía normativa; ningún reglamento puede vulnerar preceptos de otro de jerarquía superior (art. 128 Ley 39/2015), y las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general (inderogabilidad singular de los reglamentos, art. 37 Ley 39/2015); las que lo hagan son nulas. Se distinguen los reglamentos ejecutivos (desarrollan una ley previa) de los reglamentos independientes u organizativos (regulan materias de organización interna sin desarrollar directamente una ley), estos últimos con mayor margen para el Gobierno pero siempre sujetos al principio de legalidad.

El Gobierno en funciones: límites de actuación

El artículo 21 de la Ley 50/1997 regula el régimen del Gobierno en funciones, que se produce en los supuestos del art. 101 CE (celebración de elecciones generales, pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente) hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. El Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cualesquiera otras medidas; el Presidente en funciones no podrá proponer al Rey la disolución de las Cámaras ni plantear la cuestión de confianza, y no podrá proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo (art. 21.4). Además, el Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado (art. 21.5). Esta figura busca garantizar la continuidad de la acción administrativa ordinaria sin condicionar las decisiones políticas del Gobierno que resulte de las nuevas Cortes o del nuevo proceso de investidura.

El control judicial de los actos del Gobierno

El artículo 106.1 CE somete a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. La jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998) conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Gobierno y de la Administración; corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el conocimiento en única instancia de los recursos contra Reales Decretos y disposiciones generales del Consejo de Ministros o de sus Comisiones Delegadas. Existe, no obstante, la categoría doctrinal y jurisprudencial de los llamados actos políticos o de dirección política (por ejemplo, la disolución de las Cortes, el nombramiento de altos cargos de confianza política, la política exterior), tradicionalmente excluidos del control jurisdiccional de fondo en cuanto a su oportunidad, aunque sí son revisables sus elementos reglados (competencia, procedimiento) y sus eventuales efectos sobre derechos fundamentales, conforme al art. 2.a) de la LJCA, que somete al control de los Tribunales la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones, cualquiera que sea la naturaleza del acto del Gobierno.

La responsabilidad penal y civil del Presidente y los demás miembros del Gobierno (art. 102 CE)

El artículo 102.1 CE establece que la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cuanto órgano aforado. El art. 102.2 exige, si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, que sea planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo (una garantía procesal reforzada frente a acusaciones políticamente motivadas en esas materias especialmente sensibles). El art. 102.3 dispone que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del propio artículo, es decir, el Presidente y los Ministros no pueden ser indultados por estos delitos. Fuera de estos supuestos tasados, la responsabilidad penal ordinaria de los miembros del Gobierno se exige conforme al régimen general de aforamiento ante la Sala Penal del TS.

Relaciones de colaboración entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias

La Ley 40/2015 (arts. 140 y siguientes) y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias regulan los principios y técnicas de colaboración entre la AGE y las Comunidades Autónomas: la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales por materias, las Comisiones Bilaterales de Cooperación (existe una Comisión Bilateral Estado-Canarias) y los convenios de colaboración. En el caso canario, esta relación tiene además una singularidad histórica: el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, garantizado por la Disposición Adicional Tercera de la Constitución (que exige informe previo de la Comunidad Autónoma para su modificación) y por el Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre), exige un cauce permanente de diálogo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias. Esta colaboración es también relevante en materia de seguridad y coordinación policial, donde el Delegado del Gobierno en Canarias actúa como principal interlocutor territorial de la AGE con las autoridades autonómicas.

Estructura ministerial: Ministerios con y sin cartera

La estructura del Gobierno, fijada por Real Decreto de reestructuración de los departamentos ministeriales al inicio de cada legislatura o tras una remodelación, distingue entre Ministros titulares de un Departamento ministerial (con estructura orgánica, presupuesto y personal propios) y, más excepcionalmente, Ministros sin cartera, a quienes se les puede encomendar la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales sin la titularidad de un Departamento (figura prevista en la Ley 50/1997). Cada Ministerio se organiza internamente, según el modelo de la Ley 40/2015, en Secretarías de Estado (en su caso), Subsecretaría (siempre presente, responsable de los servicios comunes), Secretaría General Técnica, Direcciones Generales y Subdirecciones Generales, ordenados jerárquicamente y con competencias delimitadas por Real Decreto de estructura orgánica básica del Departamento.

Los altos cargos de la Administración General del Estado: régimen general

La Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, define como tales al Presidente y los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y asimilados, entre otros. Les impone un exigente régimen de incompatibilidades (dedicación absoluta al puesto, prohibición de actividades privadas relacionadas con su cargo durante el ejercicio del mismo y durante los dos años posteriores al cese, bajo el control de la Oficina de Conflictos de Intereses), la obligación de formular declaraciones de actividades, bienes y derechos patrimoniales, y de intereses, y un código de buen gobierno que concreta los principios éticos y de conducta que deben observar en el ejercicio de sus funciones. Este régimen busca preservar la objetividad e imparcialidad de la actuación administrativa exigida por el art. 103.1 CE.

El principio de objetividad de la Administración Pública (art. 103.1 CE)

El artículo 103.1 CE, que abre el capítulo relativo a la Administración Pública dentro del Título IV, dispone que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El art. 103.2 dispone que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. El art. 103.3 remite a la ley el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio del derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones; este último apartado es la base constitucional directa del acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria mediante convocatoria pública basada en mérito y capacidad.

Iniciativa legislativa del Gobierno: los proyectos de ley (art. 88 CE)

El artículo 88 CE dispone que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. A diferencia de las proposiciones de ley (iniciativa parlamentaria, popular o autonómica), los proyectos de ley suelen constituir el grueso de la producción legislativa ordinaria, al concentrar el Gobierno la capacidad técnica necesaria para preparar textos normativos complejos; deben ir acompañados, conforme a la normativa de buena regulación (Ley 50/1997 y Ley 39/2015), de una memoria del análisis de impacto normativo (Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre) que valore su necesidad, oportunidad e impacto económico, presupuestario y de género.

La coordinación de la política de seguridad: el Consejo de Seguridad Nacional

En el ejercicio de la dirección de la política interior que le atribuye el art. 97 CE, el Gobierno cuenta con órganos de coordinación estratégica en materia de seguridad, entre ellos el Consejo de Seguridad Nacional, creado por la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente del Gobierno, como órgano colegiado del Gobierno en materia de Seguridad Nacional, encargado de asistirle en la dirección de la política de Seguridad Nacional y en la gestión de situaciones de crisis. Este marco estatal de coordinación se conecta con la estructura autonómica de seguridad (el sistema canario de seguridad y emergencias, con el CECOES 1-1-2 como su instrumento operativo central), de modo que la seguridad pública, aunque de titularidad estatal como competencia exclusiva (art. 149.1.29 CE), exige mecanismos de coordinación multinivel entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

El refrendo de los actos del Gobierno frente al refrendo de los actos del Rey

Conviene distinguir los actos del Gobierno de los actos del Rey. Los actos del Rey (art. 62 CE) necesitan siempre refrendo (art. 64 CE) para ser válidos, y el refrendante asume la responsabilidad, conforme a la inviolabilidad regia del art. 56.3 CE. Cuando un Real Decreto es acordado en Consejo de Ministros, el Rey lo expide (art. 62.f CE) y el decreto es refrendado por el Ministro proponente o por el Presidente del Gobierno (art. 64.1 CE); la decisión sustantiva y la responsabilidad corresponden al Gobierno desde su origen, sin margen de intervención regia. Los actos propios del Gobierno que no revisten forma de Real Decreto (Acuerdos del Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales) no precisan intervención del Rey. Trampa de examen: el refrendo corresponde al Presidente del Gobierno y a los Ministros competentes, salvo los dos actos del art. 99 que refrenda el Presidente del Congreso.

Diferencias entre función ejecutiva y potestad reglamentaria en la actividad del Gobierno

El art. 97 CE distingue conceptualmente entre función ejecutiva y potestad reglamentaria, aunque ambas se ejercen por el mismo órgano. La función ejecutiva consiste en dirigir la Administración Pública y hacer cumplir las leyes mediante actos administrativos concretos y singulares (nombramientos, autorizaciones, resoluciones de expedientes, ejecución del gasto público, dirección de la política exterior y de defensa). La potestad reglamentaria, en cambio, consiste en dictar normas jurídicas de carácter general (los reglamentos), subordinadas a la ley pero con eficacia general erga omnes, distinta de los actos administrativos singulares. Esta distinción tiene consecuencias prácticas: los reglamentos se impugnan mediante el recurso contencioso-administrativo indirecto (a través de la impugnación de los actos de aplicación) o directo ante los Tribunales, mientras que los actos administrativos singulares del Gobierno se recurren siguiendo las reglas generales de agotamiento de la vía administrativa cuando proceda, o directamente en vía contenciosa cuando provienen del Consejo de Ministros.

El Vicepresidente o los Vicepresidentes del Gobierno: naturaleza y funciones

El art. 98.1 CE prevé la existencia de Vicepresidentes del Gobierno "en su caso", es decir, como órgano de existencia potestativa y no necesaria: puede haber uno, varios o ninguno, según decida el Presidente al configurar su Gobierno. Cuando existen, la Ley 50/1997 les atribuye, además de las funciones que en su caso les encomiende el Presidente, la de suplir a este en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad; si hay más de un Vicepresidente, la prelación entre ellos la fija el propio Real Decreto de nombramiento o de estructura del Gobierno. Es frecuente que un Vicepresidente ostente simultáneamente la titularidad de un Ministerio (Vicepresidencia "con cartera"), aunque también puede configurarse sin responsabilidad ministerial directa, dedicado a la coordinación de la acción de Gobierno en un área determinada.

La responsabilidad patrimonial derivada de la actividad del Gobierno como Administración

Cuando el Gobierno actúa como cúspide de la Administración General del Estado (por ejemplo, mediante un Real Decreto que causa un daño a un particular, o a través de la actividad material de los servicios públicos estatales), le resulta aplicable el régimen general de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas de los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015: los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, no exista fuerza mayor y no se tenga el deber jurídico de soportarla. Este régimen es distinto del específico de responsabilidad por error judicial del art. 121 CE (aplicable al Poder Judicial) y del régimen de responsabilidad penal y política de los arts. 102 y 108 CE (aplicable a los propios miembros del Gobierno en su condición de tales), constituyendo así tres vías de exigencia de responsabilidad claramente diferenciadas en su fundamento y procedimiento.

El Presidente del Gobierno: elección, atribuciones y suplencia

El Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados mediante la investidura del art. 99 CE y nombrado por el Rey. Tiene un estatuto reforzado dentro del Gobierno: dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros (art. 98.2), propone al Rey el nombramiento y cese de los Ministros (arts. 100 y 62.e), puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza (art. 112), puede proponer la disolución de las Cámaras (art. 115) y la convocatoria de referéndum consultivo (art. 92), puede interponer recurso de inconstitucionalidad (art. 162.1.a) y refrenda los actos del Rey (art. 64). Es responsable políticamente ante el Congreso y no puede ser cesado individualmente por este salvo mediante moción de censura. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, es suplido por los Vicepresidentes según el orden de prelación y, en su defecto, por los Ministros según el orden de precedencia (Ley 50/1997). Hasta la fecha solo ha prosperado una moción de censura, la de junio de 2018.

Otros preceptos del Título IV: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, audiencia y responsabilidad (arts. 104 a 106 CE)

El art. 104.1 CE encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y el art. 104.2 remite a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos (Ley Orgánica 2/1986). El art. 105 CE remite a la ley la regulación de la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas que les afecten, del acceso a los archivos y registros administrativos (salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas) y del procedimiento de los actos administrativos con audiencia del interesado cuando proceda. El art. 106.2 reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Moción de censura y cuestión de confianza: comparación

Ambos instrumentos hacen efectiva la responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso, pero difieren. La cuestión de confianza (art. 112 CE) la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o una declaración de política general; se entiende otorgada por mayoría simple de los Diputados. Si el Congreso niega su confianza, el Gobierno presenta su dimisión al Rey y se procede a la designación de nuevo Presidente conforme al art. 99 (art. 114.1). La moción de censura (art. 113 CE) la presentan los Diputados, al menos una décima parte, debe incluir un candidato y exige mayoría absoluta; no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y durante los dos primeros se pueden presentar mociones alternativas. Si prospera, el candidato propuesto se entiende investido de la confianza de la Cámara y el Rey lo nombra Presidente (art. 114.2). Si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones (art. 113.4). Trampa de examen: en la cuestión de confianza basta la mayoría simple, y en la moción de censura se exige la mayoría absoluta.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 97 CE: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
  • Art. 98.1 CE: Gobierno = Presidente + Vicepresidentes (en su caso) + Ministros + demás miembros que establezca la ley (Ley 50/1997, del Gobierno).
  • Art. 99 CE: investidura con mayoría absoluta en primera votación, mayoría simple en segunda (48h después); disolución automática si no hay investidura en 2 meses.
  • Art. 101 CE: el Gobierno cesa tras elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, o dimisión/fallecimiento del Presidente; continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
  • Art. 112 CE: cuestión de confianza, mayoría simple. Art. 113 CE: moción de censura constructiva, mayoría absoluta, con candidato alternativo.
  • Art. 116 CE y LO 4/1981: alarma (Gobierno, 15 días, cuenta al Congreso), excepción (Gobierno con autorización previa del Congreso), sitio (declarado por el Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno).
  • Los Secretarios de Estado NO son miembros del Gobierno del art. 98.1 CE, aunque sean órganos superiores de la AGE.
  • Art. 107 CE: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (LO 3/1980); su dictamen suele ser preceptivo pero no vinculante.
  • Art. 102 CE: responsabilidad criminal del Presidente y Ministros ante la Sala de lo Penal del TS; por traición o delitos contra la seguridad del Estado, exige iniciativa de 1/4 del Congreso y aprobación por mayoría absoluta; sin indulto posible.
  • Art. 21 Ley 50/1997: el Gobierno en funciones limita su gestión al despacho ordinario y no puede disolver Cámaras, plantear cuestión de confianza ni convocar referéndum consultivo.
  • Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
  • Art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (jurisdicción contencioso-administrativa, Ley 29/1998).
  • Art. 88 CE: los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros y se remiten al Congreso con exposición de motivos y antecedentes.
  • Art. 98.3 CE: los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, ni otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil.
  • Art. 114 CE: si el Congreso niega la confianza, el Gobierno dimite; si prospera la moción de censura, el candidato propuesto se entiende investido.
  • Art. 21 Ley 50/1997: el Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Presupuestos ni presentar proyectos de ley, y su Presidente no puede proponer disolución, cuestión de confianza ni referéndum.
  • Art. 105 CE: audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones, acceso a archivos y registros, procedimiento de los actos administrativos.
  • Art. 106.2 CE: indemnización por toda lesión consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor; Ley 40/2015, arts. 32 a 37.
  • Art. 104 CE: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del Gobierno y protegen el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana (LO 2/1986).
  • Ley 3/2015: alto cargo de la AGE, dedicación absoluta, incompatibilidad posterior de dos años para actividades privadas relacionadas con el cargo, control por la Oficina de Conflictos de Intereses.
  • Real Decreto 931/2017: Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompaña a los proyectos de ley y a los reglamentos.
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Según el artículo 98.3 de la Constitución, los miembros del Gobierno no podrán ejercer:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Policía Canaria?

El Título IV de la Constitución (arts. 97 a 107) regula el Gobierno y la Administración. El artículo 97 CE atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1), y responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108). El Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso mediante la investidura del art. 99, dirige la acción del Gobierno y responde, junto con los demás miembros, solidariamente ante el Congreso. El Gobierno se rige por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Art. 97 CE: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Art. 98.1 CE: Gobierno = Presidente + Vicepresidentes (en su caso) + Ministros + demás miembros que establezca la ley (Ley 50/1997, del Gobierno). Art. 99 CE: investidura con mayoría absoluta en primera votación, mayoría simple en segunda (48h después); disolución automática si no hay investidura en 2 meses. Art. 101 CE: el Gobierno cesa tras elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, o dimisión/fallecimiento del Presidente; continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Art. 112 CE: cuestión de confianza, mayoría simple. Art. 113 CE: moción de censura constructiva, mayoría absoluta, con candidato alternativo. Art. 116 CE y LO 4/1981: alarma (Gobierno, 15 días, cuenta al Congreso), excepción (Gobierno con autorización previa del Congreso), sitio (declarado por el Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno). Los Secretarios de Estado NO son miembros del Gobierno del art. 98.1 CE, aunque sean órganos superiores de la AGE. Art. 107 CE: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (LO 3/1980); su dictamen suele ser preceptivo pero no vinculante. Art. 102 CE: responsabilidad criminal del Presidente y Ministros ante la Sala de lo Penal del TS; por traición o delitos contra la seguridad del Estado, exige iniciativa de 1/4 del Congreso y aprobación por mayoría absoluta; sin indulto posible. Art. 21 Ley 50/1997: el Gobierno en funciones limita su gestión al despacho ordinario y no puede disolver Cámaras, plantear cuestión de confianza ni convocar referéndum consultivo. Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (jurisdicción contencioso-administrativa, Ley 29/1998). Art. 88 CE: los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros y se remiten al Congreso con exposición de motivos y antecedentes. Art. 98.3 CE: los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, ni otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil. Art. 114 CE: si el Congreso niega la confianza, el Gobierno dimite; si prospera la moción de censura, el candidato propuesto se entiende investido. Art. 21 Ley 50/1997: el Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Presupuestos ni presentar proyectos de ley, y su Presidente no puede proponer disolución, cuestión de confianza ni referéndum. Art. 105 CE: audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones, acceso a archivos y registros, procedimiento de los actos administrativos. Art. 106.2 CE: indemnización por toda lesión consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor; Ley 40/2015, arts. 32 a 37. Art. 104 CE: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del Gobierno y protegen el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana (LO 2/1986). Ley 3/2015: alto cargo de la AGE, dedicación absoluta, incompatibilidad posterior de dos años para actividades privadas relacionadas con el cargo, control por la Oficina de Conflictos de Intereses. Real Decreto 931/2017: Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompaña a los proyectos de ley y a los reglamentos.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, 1978 (BOE-A-1978-31229), Títulos IV y V, arts. 97 a 116
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
  • Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional
  • Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo

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