Tema 36. El sumario: objeto. Principales diligencias sumariales. Procedimiento abreviado: ámbito, objeto y competencia. Actuación policial. Procedimiento para enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Actuación policial. Delitos leves.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
Este tema completa el estudio de la organización del proceso penal español abordando los distintos procedimientos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal según la gravedad del delito: el sumario, propio de los delitos más graves y con sus principales diligencias de investigación; el procedimiento abreviado, aplicable a la mayoría de los delitos menos graves y de frecuente instrucción policial; el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, pensado para dar una respuesta ágil a la delincuencia flagrante o de sencilla acreditación; y el juicio por delitos leves, heredero de las antiguas faltas. En todos estos procedimientos, la actuación policial inicial (atestado, diligencias urgentes, detención, puesta a disposición judicial) resulta determinante para que el procedimiento pueda tramitarse por la vía más ágil posible.
Comprender las diferencias entre estos cuatro cauces procesales —y, sobre todo, saber en qué supuestos resulta procedente cada uno de ellos— constituye un contenido de aplicación práctica diaria para cualquier agente que instruya un atestado, pues de la correcta calificación inicial de los hechos depende en gran medida la celeridad con la que se resuelva el asunto.
El sumario es la fase de instrucción propia del procedimiento ordinario por delitos graves, regulado en el Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882). El artículo 299 lo define: constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. Su objeto es, por tanto, determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento. Se instruye por el Juzgado de Instrucción, que dirige la investigación, ordena las diligencias y resuelve las peticiones de las partes. Régimen de publicidad: como regla, las partes personadas pueden tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en las diligencias; excepcionalmente, si el delito es público, el juez puede declarar el sumario total o parcialmente secreto para todas las partes personadas mediante auto, por tiempo no superior a un mes y con el levantamiento obligatorio al menos diez días antes de la conclusión del sumario (art. 302, redacción dada por la LO 13/2015). Concluida la instrucción, el sumario se eleva a la Audiencia Provincial competente para el enjuiciamiento, donde se celebrará el juicio oral con oralidad, publicidad, contradicción e inmediación.
Fases del procedimiento ordinario por delitos graves
El procedimiento ordinario por delitos graves se estructura en tres fases. 1) Sumario o instrucción: el Juzgado de Instrucción practica las diligencias; si de ellas resultan indicios racionales de criminalidad contra una persona determinada, dicta auto de procesamiento (art. 384), que la convierte en procesado, y la fase termina con el auto de conclusión del sumario (art. 622), tras el cual se elevan las actuaciones a la Audiencia Provincial. 2) Fase intermedia: ante la Audiencia Provincial se da traslado a las partes, que califican provisionalmente los hechos en sus escritos de calificación proponiendo la prueba de que intenten valerse, y el órgano judicial resuelve entre abrir el juicio oral o decretar el sobreseimiento (libre o provisional, arts. 637 y 641). 3) Juicio oral: se practica la prueba con todas las garantías y se dicta sentencia, que se valora en conciencia (art. 741). Esta separación entre el órgano instructor (Juzgado de Instrucción) y el sentenciador (Audiencia Provincial) es una de las garantías del procedimiento por delitos graves, reservado a los delitos con pena privativa de libertad superior a nueve años.
La diligencia de declaración del investigado
La declaración del investigado (denominado tradicionalmente imputado, y procesado cuando existe auto de procesamiento) es una de las diligencias más relevantes de la instrucción. La persona a quien se atribuye la participación en los hechos es oída por el instructor con las garantías inherentes a su condición: derecho a ser informada de los hechos que se le atribuyen, a guardar silencio total o parcial, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, y a la asistencia de abogado. Se distingue de la declaración testifical en que el investigado no presta juramento o promesa de decir verdad ni incurre en responsabilidad por falso testimonio si falta a la verdad en su defensa, como reflejo del derecho de defensa y del principio nemo tenetur se ipsum accusare. La información de derechos y la presencia efectiva de letrado son requisitos esenciales de validez: su omisión puede determinar la nulidad de la declaración y su inutilizabilidad como prueba. Si el investigado está detenido, sus derechos se enumeran en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en el procedimiento abreviado la asistencia letrada es exigible desde la detención o desde que resulte la imputación de un delito contra persona determinada (art. 767).
La diligencia de declaración de testigos
La declaración testifical es el medio de prueba personal por excelencia en el proceso penal: una persona ajena al hecho enjuiciado, o que ha tenido conocimiento directo o indirecto de él, relata lo que le consta. A diferencia del investigado, el testigo tiene el deber de comparecer (art. 410) y de decir verdad bajo apercibimiento de responsabilidad penal por falso testimonio en causa criminal (art. 458 del Código Penal). Existen excepciones: están dispensados de declarar los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, y los hermanos y colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil (art. 416.1), dispensa que debe advertirse al testigo; y no pueden ser obligados a declarar quienes estén sujetos a secreto profesional o de oficio en los términos de los arts. 416.2 y 417 (por ejemplo, el abogado respecto de los hechos revelados por su cliente, o los ministros de culto respecto de lo conocido en el ejercicio de su ministerio). La declaración prestada en instrucción tiene, con carácter general, un valor meramente preparatorio y debe reproducirse en el juicio oral para ser valorada como prueba de cargo. Son excepciones la prueba preconstituida (diligencias de imposible repetición, practicadas con contradicción y control judicial) y la prueba anticipada, admitidas cuando exista riesgo fundado de que el testigo no pueda comparecer al juicio (enfermedad grave, ausencia previsible del territorio nacional) y, de modo reforzado, la declaración de víctimas menores o vulnerables, que se practica en fase de instrucción con grabación para evitar su reiteración.
La prueba pericial en el sumario
La prueba pericial consiste en el informe emitido por una o varias personas que poseen conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos especializados, sobre hechos o circunstancias relevantes para el proceso cuya apreciación exige esos conocimientos específicos de los que carece, con carácter general, el órgano instructor o juzgador, resultando de aplicación de la máxima frecuencia en la instrucción penal (informes de autopsia, análisis toxicológicos, informes de balística, tasaciones, informes psiquiátricos o psicológicos, entre otros muchos). Los peritos pueden ser designados por el propio instructor de entre los que integran los cuerpos oficiales correspondientes (médicos forenses, técnicos de policía científica) o, en su caso, a instancia de las partes cuando estas propongan la práctica de una pericial de parte, debiendo en todo caso el perito actuar con objetividad e imparcialidad, emitiendo su dictamen conforme a las reglas de su ciencia o arte, y pudiendo ser sometido a contradicción tanto durante la instrucción (mediante la posibilidad de las partes de formular preguntas o solicitar aclaraciones) como, de forma más plena, durante el acto del juicio oral, donde el perito debe ratificar y, en su caso, ampliar o aclarar su informe sometiéndose al interrogatorio de todas las partes.
La diligencia de careo
El careo (arts. 451 a 455 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) es una diligencia de aplicación excepcional y subsidiaria: consiste en confrontar directamente a dos o más personas (testigos entre sí, o un testigo con el investigado) cuyas declaraciones resultan contradictorias en un extremo relevante, para intentar esclarecer la discrepancia. Solo procede cuando no exista otro medio de comprobación, dado el riesgo de tensión e intimidación entre los careados. Por ello la jurisprudencia y la práctica judicial restringen su uso, especialmente con víctimas especialmente vulnerables (menores, víctimas de violencia de género o de delitos contra la libertad sexual), respecto de las que la normativa de protección de víctimas ordena evitar el contacto con el investigado y la victimización secundaria (Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito).
La inspección ocular y reconstrucción de hechos
La inspección ocular es la diligencia mediante la cual el instructor, habitualmente auxiliado por los servicios de policía científica, examina directamente el lugar donde se han producido los hechos investigados, así como los objetos, vestigios o efectos relacionados con ellos, con la finalidad de fijar de forma inmediata y objetiva su estado antes de que puedan alterarse por el simple transcurso del tiempo o por la intervención de terceros, resultando esta diligencia de práctica particularmente urgente en los delitos contra las personas de mayor gravedad, donde la correcta preservación de la escena del crimen resulta determinante para el éxito de toda la investigación posterior. Junto a la inspección ocular, la reconstrucción de hechos consiste en la reproducción, en el propio lugar de los hechos o en condiciones similares, de la secuencia de acontecimientos relatada por los testigos o por el propio investigado, con la finalidad de verificar su plausibilidad y de detectar posibles contradicciones o incoherencias en los relatos ofrecidos. Ambas diligencias exigen una meticulosa documentación gráfica y escrita (fotografías, planos, croquis, actas descriptivas) que permita su posterior valoración por el órgano judicial y, en su caso, su presentación como prueba documental o pericial en el acto del juicio oral.
La entrada y registro domiciliario
La entrada y registro en un domicilio afecta al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). Según el propio precepto constitucional, solo cabe entrar o registrar con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. Fuera de estos casos es necesaria resolución judicial motivada (auto), que debe identificar el domicilio, los hechos que motivan la medida y su finalidad, conforme al principio de proporcionalidad. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la diligencia en los arts. 545 y siguientes (el art. 545 reproduce la inviolabilidad del domicilio). El registro se practica en presencia del interesado o de su representante legítimo; si no fuere hallado o no quisiere concurrir ni nombrar representante, en presencia de un familiar mayor de edad y, a falta de este, de dos testigos vecinos, con asistencia en todo caso del Letrado de la Administración de Justicia (art. 569), que levanta acta de lo actuado y de los efectos intervenidos. En los supuestos de investigación de bandas armadas o elementos terroristas, la ley permite el registro sin mandamiento judicial con comunicación inmediata al juez (art. 553, cuya vigencia es excepcional). El incumplimiento de los requisitos y garantías puede determinar la nulidad de la diligencia y, por la doctrina del fruto del árbol envenenado (art. 11.1 LOPJ), la de las pruebas derivadas directamente de ella.
El procedimiento abreviado: ámbito de aplicación
El procedimiento abreviado se regula en el Libro IV, Título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 757 y siguientes) y es el cauce ordinario para el enjuiciamiento de la mayoría de los delitos. Según el artículo 757 se aplica a los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Quedan fuera los delitos que tienen un procedimiento propio: el procedimiento ordinario por delitos graves (pena superior a nueve años), el procedimiento ante el Tribunal del Jurado (Ley Orgánica 5/1995) para los delitos que la ley le atribuye, y el proceso de menores (Ley Orgánica 5/2000). Es más ágil que el ordinario, pero mantiene las garantías esenciales: una fase de instrucción (diligencias previas) a cargo del Juzgado de Instrucción, una fase intermedia y una fase de enjuiciamiento a cargo del Juzgado de lo Penal o de la Audiencia Provincial, según la pena solicitada. Una característica fundamental frente al sumario es que no existe auto de procesamiento: la persona a quien se atribuye el hecho es investigado desde que se le imputa, y el art. 775 obliga al juez a informarle inmediatamente de sus derechos.
Competencia objetiva en el procedimiento abreviado
La competencia objetiva para el enjuiciamiento de los delitos tramitados por el procedimiento abreviado se reparte según la pena en abstracto (art. 14.3 LECrim). Conocen los Juzgados de lo Penal de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, con multa de cualquier cuantía o con otras penas de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años. Conocen las Audiencias Provinciales de los delitos cuya pena exceda de esos límites sin sobrepasar los nueve años, y del resto de delitos que no se atribuyan a otro órgano. La instrucción corresponde siempre al Juzgado de Instrucción (en materia de violencia sobre la mujer, al Juzgado de Violencia sobre la Mujer; en delitos de la competencia de la Audiencia Nacional, a los Juzgados Centrales de Instrucción). Esta distribución determina también los recursos: la sentencia del Juzgado de lo Penal es apelable ante la Audiencia Provincial (art. 790); la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial es apelable ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (art. 846 ter, introducido por la Ley 41/2015), sin perjuicio del posterior recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los supuestos legalmente previstos.
Las diligencias previas
Las diligencias previas son la fase de instrucción del procedimiento abreviado (art. 774 y siguientes), equivalente al sumario del procedimiento ordinario, con idéntico objeto (determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas participantes y el órgano competente) pero con tramitación menos formalista. Se incoan por auto del Juzgado de Instrucción, normalmente a partir de un atestado policial, una denuncia o una querella, y el juez puede ordenar cuantas diligencias estime necesarias, incluida la declaración del investigado (art. 775, que exige informarle de los hechos, de sus derechos y designar domicilio a efectos de notificaciones). Practicadas las diligencias, el juez adopta una de las resoluciones del artículo 779: sobreseimiento (libre o provisional) si el hecho no es delito o no hay indicios suficientes; remisión a otro órgano si se considera incompetente; o, si el hecho constituye delito comprendido en el artículo 757, auto de continuación del procedimiento por los trámites del abreviado (el llamado auto de transformación), que a su vez acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. Las diligencias urgentes del enjuiciamiento rápido no son una consecuencia de las previas: se incoan directamente por el Juzgado de guardia cuando concurren los requisitos del artículo 795, y solo se transforman en previas si la instrucción resulta compleja.
Actuación policial en el procedimiento abreviado
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es determinante en la fase inicial del procedimiento abreviado, pues es habitualmente el atestado el que pone en marcha las diligencias previas. La Policía Judicial, como auxiliar de los Jueces y del Ministerio Fiscal (arts. 282 y siguientes), debe practicar las primeras diligencias de prevención: asegurar la escena, recoger y custodiar vestigios e instrumentos (inspección técnico-ocular), identificar a víctimas y testigos, tomarles declaración, y detener cuando proceda. Debe además dar cuenta inmediata de los hechos a la autoridad judicial y fiscal (art. 284). El atestado (arts. 292 y 770) recoge las diligencias practicadas, las declaraciones recibidas y las circunstancias observadas. Su valor es el de denuncia (art. 297): las declaraciones recogidas en él no son prueba de cargo por sí mismas, salvo la ratificación de los agentes en juicio, y las diligencias de imposible reproducción (por ejemplo, la inspección ocular o las pruebas de alcoholemia) pueden ser valoradas como prueba preconstituida si se practicaron con las garantías legales. El artículo 771 detalla los deberes de la Policía Judicial en el abreviado: informar de sus derechos a las víctimas y perjudicados, informar a los detenidos de sus derechos y de la imputación (art. 520), recibir declaraciones, citar a los investigados no detenidos para su comparecencia ante el Juzgado y, cuando el delito entre en el ámbito del enjuiciamiento rápido, practicar las citaciones y comunicaciones propias de este procedimiento.
El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos
El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos se regula en los artículos 795 a 803 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (introducido por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, y la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria), dentro del Libro IV. Es una modalidad acelerada del procedimiento abreviado: da una respuesta judicial ágil a delitos de instrucción sencilla y comisión frecuente, y favorece la sentencia de conformidad en pocos días desde la comisión de los hechos. Sus fases son tres: diligencias urgentes de la Policía Judicial (atestado, derechos del detenido, citaciones), diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia (declaraciones, periciales sencillas, calificación) y, si no hay conformidad, juicio ante el Juzgado de lo Penal, que debe celebrarse en un plazo muy breve. El detenido no puede permanecer bajo custodia policial más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, setenta y dos horas (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim); en la práctica, la puesta a disposición del juez de guardia es mucho más rápida.
Requisitos de aplicación del enjuiciamiento rápido
El artículo 795.1 exige requisitos acumulativos. a) Que se trate de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía. b) Que el proceso penal se incoe en virtud de atestado policial. c) Que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia, o la haya citado para comparecer ante él por tener la consideración de denunciado en el atestado. d) Que concurra alguna de estas circunstancias: 1.ª que se trate de delitos flagrantes (el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido, lo que incluye al sorprendido en el momento o inmediatamente después, con efectos o instrumentos que permitan presumir su participación); 2.ª que se trate de alguno de los delitos enumerados: lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual cometidos contra las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal; hurto; robo; hurto y robo de uso de vehículos; delitos contra la seguridad vial; delitos de daños del artículo 263; delitos contra la salud pública del artículo 368, inciso segundo, del Código Penal (los de sustancias que no causan grave daño a la salud); y delitos contra la propiedad intelectual e industrial; 3.ª que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumiblemente sencilla. Concurriendo estos requisitos, el Juzgado de guardia incoa diligencias urgentes.
Actuación policial ante delitos flagrantes
La flagrancia es uno de los presupuestos habituales del enjuiciamiento rápido. El artículo 795.1.1.ª la define como el delito que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente o delincuentes sean sorprendidos. La doctrina del Tribunal Constitucional (por ejemplo la STC 341/1993) la descompone en tres notas: inmediatez temporal (el delito se está cometiendo o se acaba de cometer), inmediatez personal (el delincuente se encuentra en el lugar de los hechos o cerca de él, en relación con los objetos o instrumentos del delito, de modo que su participación resulta evidente) y necesidad urgente de intervención policial para poner fin a la situación delictiva, evitar la huida o recoger los efectos. La detención en flagrante delito puede ser practicada por cualquier persona (art. 490.2), no solo por los agentes de la autoridad, que además tienen la obligación de detener (art. 492); el particular que detiene debe entregar sin dilación al detenido a la autoridad o agente más próximo o al juez (art. 496). La flagrancia legitima además la entrada en domicilio sin autorización judicial (art. 18.2 CE). La Policía Judicial que practica la detención debe informar al detenido por escrito, en lenguaje comprensible, de los hechos que se le atribuyen y de sus derechos (art. 520).
Diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia
Las diligencias urgentes son las actuaciones de instrucción practicadas conforme al enjuiciamiento rápido. El Juzgado de guardia, recibido el atestado y tras practicar las diligencias estrictamente necesarias (declaración del investigado asistido de letrado, examen de testigos y víctima, informes periciales sencillos como el médico forense o el de valoración de daños), decide el destino del procedimiento. Puede acordar el sobreseimiento si el hecho no es delito o no hay autor conocido; transformar las diligencias urgentes en previas del abreviado ordinario si la instrucción resulta más compleja de lo previsto; o continuar por el cauce rápido, dando lugar a la acusación en el propio Juzgado de guardia y, si hay conformidad, a sentencia inmediata, o a la remisión al Juzgado de lo Penal para celebrar el juicio oral en breve plazo. En esta fase el Juzgado de guardia actúa como filtro esencial: debe garantizar que la celeridad no merme las garantías del investigado ni conduzca a una instrucción insuficiente.
La conformidad del investigado
Dentro del enjuiciamiento rápido, cuando la acusación y el investigado (asistido por su abogado) alcanzan un acuerdo sobre los hechos y la pena, el Juzgado de guardia puede dictar sentencia de conformidad en el mismo acto, sin celebrar juicio contradictorio (art. 801). Así se obtiene una resolución firme en un plazo brevísimo desde los hechos. La conformidad exige que la pena solicitada no exceda de los límites legales (en la conformidad ante el Juzgado de guardia, pena de prisión no superior a tres años, o pena de otra naturaleza de hasta diez años), que el investigado la preste de forma libre e informada con asesoramiento de abogado, y que el juez la homologue verificando que los hechos son constitutivos del delito y que la pena es ajustada a Derecho; si lo estima contrario a Derecho o gravemente perjudicial, el procedimiento continúa por el cauce ordinario hasta el juicio oral. Cuando la conformidad se logra en el Juzgado de guardia, la ley prevé una reducción de la pena solicitada (la reducción de un tercio del art. 801). En el procedimiento abreviado ordinario también cabe conformidad (art. 787), pero con otros límites: pena solicitada que no exceda de seis años de prisión. Esta distinción de umbrales (3 y 6 años) es un clásico de examen.
Los delitos leves: concepto tras la reforma de 2015
Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que suprimió el Libro III del Código Penal, las antiguas faltas desaparecieron: unas se transformaron en delitos leves (integrados en el Libro II) y otras se despenalizaron o remitieron al ámbito administrativo. Conforme al artículo 13.3 del Código Penal, son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. El catálogo de penas leves está en el artículo 33.4 e incluye, entre otras, la multa de hasta tres meses, la localización permanente de un día a tres meses, los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días, y determinadas privaciones de derechos de corta duración. Si la pena, por su extensión, pudiera incluirse a la vez entre las leves y las menos graves, el delito se considera leve (art. 13.4). Los delitos leves prescriben al año (art. 131.1 CP). Ejemplos habituales: hurto de cuantía no superior a 400 euros (art. 234.2), estafa de cuantía no superior a 400 euros (art. 249), daños de cuantía no superior a 400 euros (art. 263.1), lesión leve (art. 147.2), maltrato de obra sin causar lesión (art. 147.3), y amenazas, coacciones e injurias o vejaciones injustas de carácter leve.
Procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos leves
El enjuiciamiento de los delitos leves se rige por el Libro VI, Título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 962 y siguientes), con un procedimiento muy simplificado: no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, el juicio es oral y suele concluir en una única comparecencia, y el Ministerio Fiscal no interviene cuando el delito leve solo es perseguible a instancia del agraviado (art. 969). El proceso puede iniciarse por denuncia, atestado o de oficio. La Policía Judicial que tenga noticia de un delito leve cuyo autor esté identificado y domiciliado, y cuya persecución no exija querella, citará al denunciante, al ofendido, al denunciado y a los testigos para comparecer ante el Juzgado de guardia, dando lugar al juicio inmediato por delito leve (art. 962), que permite resolver en un solo acto cuando es posible la celebración inmediata. Si no procede el juicio inmediato, se sigue el trámite general previsto en los arts. 964 y siguientes, o se archivan las actuaciones si no hay indicios. Frente a la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. El delito leve de injurias y vejaciones injustas, en particular, solo se persigue mediante denuncia de la persona agraviada.
Competencia para el conocimiento de los delitos leves
La competencia para el conocimiento y fallo de los delitos leves corresponde, con carácter general, a los Juzgados de Instrucción (art. 14.1 LECrim), que asumen así tanto la investigación como el enjuiciamiento, excepción a la regla general de separación entre instrucción y enjuiciamiento, justificada por su escasa complejidad. Existen excepciones: en materia de violencia sobre la mujer, la competencia corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer en los términos del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las sentencias dictadas en el juicio por delitos leves son recurribles en apelación ante la Audiencia Provincial, con algunas especialidades de plazo y tramitación. El Código Penal deja en el ámbito administrativo (Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana) muchas conductas antes tipificadas como faltas.
Clasificación de los procedimientos penales por razón de la gravedad
Esquema de memoria de los cauces de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según la pena en abstracto. Procedimiento ordinario (sumario): delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años. Procedimiento abreviado: delitos con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o con otras penas de distinta naturaleza cualquiera que sea su cuantía o duración. Enjuiciamiento rápido: variante del abreviado para delitos con pena de prisión no superior a cinco años (u otras penas hasta diez años), incoados por atestado con detenido o citado y concurriendo flagrancia, delito de la lista legal o instrucción sencilla. Juicio por delitos leves: infracciones castigadas con pena leve. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995) para los delitos que le atribuye la ley, con independencia de la pena, y proceso de menores (LO 5/2000) para menores de dieciocho años y mayores de catorce. Un error frecuente es creer que el sumario es sinónimo de procedimiento abreviado; el abreviado no tiene auto de procesamiento ni sumario, sino diligencias previas.
Iniciación del proceso: denuncia, querella y atestado
El proceso penal por delitos públicos se inicia de oficio, por denuncia, por querella o por atestado. La denuncia (art. 259 y siguientes) es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento del juez, del fiscal o de la Policía un hecho con apariencia delictiva; quien presencie la perpetración de un delito público tiene el deber de denunciarlo inmediatamente (art. 259), y están especialmente obligados quienes, por razón de su cargo, profesión u oficio, tengan noticia de él (art. 262), con las excepciones de los arts. 261 y 263 (por ejemplo, los parientes próximos del delincuente, los abogados y procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones de sus clientes, o los ministros de culto respecto de lo conocido en el ejercicio de su ministerio). La querella es el acto formal por el que se ejercita la acción penal y requiere postulación mediante abogado y procurador. El atestado es el documento en el que la Policía Judicial recoge las diligencias practicadas. Según el artículo 297 los atestados tienen el valor de denuncia, y las declaraciones prestadas en ellos se consideran meras manifestaciones que han de ser reproducidas en el juicio oral. La Policía Judicial debe dar cuenta inmediata de lo averiguado a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal (art. 284), y practica las diligencias de prevención hasta que intervenga la autoridad judicial.
Plazo de la instrucción y principios de la investigación
El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción de la Ley 41/2015, fija un plazo máximo de doce meses para la instrucción desde la incoación de la causa, que el juez puede prorrogar por períodos iguales o inferiores a seis meses mediante auto motivado, a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes, si concurren razones que lo justifiquen. Si la causa se declara compleja, el plazo inicial es de dieciocho meses, prorrogable hasta otros dieciocho. Transcurrido el plazo sin prórroga, el juez debe concluir la instrucción. Además, toda medida de investigación que afecte a derechos fundamentales exige resolución judicial y respeta los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Este plazo se aplica tanto al sumario como a las diligencias previas.
Diligencias de comprobación del delito y de identificación del delincuente
Dentro de las diligencias sumariales de investigación se distinguen varios grupos. Comprobación del delito (cuerpo del delito, arts. 326 y siguientes): consiste en recoger y conservar los vestigios, huellas, armas, instrumentos y efectos del delito, describir el lugar de los hechos (inspección ocular, con documentación gráfica y planimétrica) y asegurar la cadena de custodia para que los indicios mantengan su valor probatorio. Cuando el delito deja huellas, el juez debe procurar su recogida y conservación, con la colaboración de la Policía científica y de peritos. Identidad del delincuente y circunstancias personales: comprende la identificación del investigado, la rueda de reconocimiento (reconocimiento en fila) y las diligencias para determinar sus condiciones personales (edad, antecedentes, domicilio), relevantes para la determinación de la competencia, la responsabilidad penal y las medidas cautelares. Diligencias periciales (arts. 456 y siguientes): el juez ordena el informe pericial cuando para conocer o apreciar un hecho sean necesarios conocimientos científicos o artísticos. Diligencias de declaración: investigado y testigos. Diligencias de entrada y registro y de intervención de las comunicaciones, que afectan a derechos fundamentales y requieren autorización judicial.
Diligencias de investigación tecnológica y otras medidas de injerencia
La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular las diligencias de investigación tecnológica (arts. 588 bis a y siguientes): interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos electrónicos, utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización, registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y registros remotos sobre equipos informáticos. Los principios rectores son especialidad (la medida debe relacionarse con un delito concreto), idoneidad, excepcionalidad y necesidad, y proporcionalidad. Su autorización exige resolución judicial motivada. La interceptación telefónica tiene una duración inicial máxima de tres meses, prorrogable por períodos sucesivos de igual duración hasta un máximo de dieciocho meses (art. 588 bis e). Además existen otras medidas: el agente encubierto (art. 282 bis), que actúa bajo identidad supuesta con autorización judicial o del Ministerio Fiscal, para investigar la delincuencia organizada, y la entrega vigilada (art. 263 bis). Una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales carece de efecto (art. 11.1 LOPJ).
La detención y los derechos del detenido
La detención preventiva (arts. 489 a 501) no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso un máximo de setenta y dos horas, tras las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (art. 17.2 CE; art. 520.1). Pueden detener los agentes de la autoridad en los supuestos del art. 492 y cualquier persona en los casos del art. 490 (delito flagrante, evadido o rebelde). Los derechos del detenido se enumeran en el artículo 520.2: ser informado por escrito, de forma inmediata y comprensible, de los hechos que se le imputan y de las razones de la privación de libertad; derecho a guardar silencio y a no declarar si no quiere; derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; derecho a asistencia letrada; derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee el hecho de la detención y el lugar de custodia; derecho a ser asistido gratuitamente de intérprete si no comprende el castellano; derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal; y derecho a conocer los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad de la detención. Todo detenido puede promover el procedimiento de habeas corpus (Ley Orgánica 6/1984), que el juez debe resolver en un plazo máximo de veinticuatro horas.
Medidas cautelares personales: libertad provisional y prisión provisional
Dentro de las medidas cautelares personales, la prisión provisional (arts. 502 a 519) es la más grave y excepcional. Para decretarla, el artículo 503 exige: que conste en la causa la existencia de un hecho que presente caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión (o inferior si el investigado tiene antecedentes penales no cancelados por delito doloso); que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto; y que se persiga alguno de los fines legales: asegurar la presencia del investigado en el proceso, evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba, evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, o evitar el riesgo de reiteración delictiva. Se adopta mediante auto, previa comparecencia con presencia del Ministerio Fiscal, de las partes y del abogado del investigado (art. 505). Su duración máxima, cuando la pena es igual o inferior a tres años, es de un año, prorrogable seis meses más; si la pena excede de tres años, es de dos años, prorrogable otros dos (art. 504.2). Como alternativas menos gravosas existen la libertad provisional con o sin fianza, la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer periódicamente y las medidas de protección de la víctima (orden de alejamiento, art. 544 bis y orden de protección, art. 544 ter).
Desarrollo del procedimiento abreviado: fases y plazos
Tras el auto de continuación del procedimiento abreviado (art. 779.1.4.ª), se abre la fase intermedia. El Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas disponen de un plazo común de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento (art. 780). Abierto el juicio oral, se da traslado a los acusados para que, en el plazo de diez días, presenten su escrito de defensa (art. 784). El juez de instrucción dicta auto de apertura del juicio oral (art. 783) y remite la causa al órgano competente para el enjuiciamiento (Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial), que dictará auto sobre la admisión de pruebas y señalará la fecha del juicio. En el juicio oral rigen la oralidad, publicidad, contradicción e inmediación; antes de la práctica de la prueba cabe la conformidad (art. 787, pena solicitada que no exceda de seis años). El juez de lo Penal dicta sentencia en los cinco días siguientes a la finalización del juicio (art. 789). Contra la sentencia del Juzgado de lo Penal cabe apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de diez días (art. 790). La sentencia de la Audiencia Provincial en primera instancia se recurre en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (art. 846 ter), y contra las sentencias dictadas en apelación cabe, en los casos previstos, casación ante el Tribunal Supremo.
Fases y actuación policial en el enjuiciamiento rápido
Primera fase: diligencias urgentes de la Policía Judicial (arts. 796 y 797). La Policía instruye atestado con carácter urgente y, si hay detenido, lo pone a disposición del Juzgado de guardia en el menor tiempo posible. Si no hay detenido pero el investigado es denunciado, lo cita para comparecer en el día y hora que se le indique, con las advertencias legales sobre su derecho a la asistencia de abogado y las consecuencias de la incomparecencia. La Policía cita también a la víctima, a los testigos y a los peritos, les informa de sus derechos, y solicita, cuando sean precisos, los informes periciales y de valoración (médico forense, tasación de daños). También debe remitir al Juzgado cuantos datos permitan a las partes ejercitar sus derechos (domicilios, antecedentes). Segunda fase: diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia (arts. 797 a 800), con la declaración del investigado, de la víctima y de los testigos, la calificación inmediata por el Ministerio Fiscal y las acusaciones, y la apertura del juicio oral. Tercera fase: si no se dicta sentencia de conformidad, el Juzgado de guardia remite las actuaciones al Juzgado de lo Penal para la celebración del juicio, que debe tener lugar en un plazo muy breve, con sentencia en pocos días (arts. 802 y 803).
El proceso por aceptación de decreto
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, introdujo el proceso por aceptación de decreto (arts. 803 bis a y siguientes): una vía simplificada para delitos de menor entidad en los que el Ministerio Fiscal, concluidas sus diligencias de investigación, propone mediante decreto una pena reducida (por ejemplo de multa, trabajos en beneficio de la comunidad o privación de derechos de corta duración), cuya aceptación por el investigado, asistido de abogado, permite al juez de instrucción convalidar el decreto y darle valor de sentencia firme sin celebrar juicio. Se aplica a delitos castigados con penas no privativas de libertad y sin acusación particular. Constituye una manifestación del principio de oportunidad reglada y de la celeridad penal. Los detalles de requisitos y plazos conviene contrastarlos con la ley vigente.
Los delitos leves y la actuación policial
La Policía debe distinguir entre delitos leves y simples infracciones administrativas, porque las consecuencias procesales son distintas. Ante un delito leve, la Policía Judicial redacta el atestado o la denuncia correspondiente y, si procede, cita a las partes para el juicio inmediato por delito leve en el Juzgado de guardia (art. 962). No siempre es necesaria la detención: el delito leve, con carácter general, no justifica la detención salvo en casos como el delito leve flagrante cuando la detención se estima necesaria para evitar la huida o proteger a la víctima. Conviene recordar que determinados delitos leves (injurias y vejaciones injustas leves, por ejemplo) solo se persiguen a instancia del agraviado. Al tramitarse ante el Juzgado de Instrucción, la Policía debe poner especial cuidado en consignar los datos identificativos, domicilios y medios de contacto de las partes para facilitar las citaciones y evitar que el procedimiento fracase por incomparecencias.
Reorganización judicial y denominaciones: los tribunales de instancia
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reorganizado la planta judicial mediante la implantación de los tribunales de instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales por secciones dentro de un órgano colegiado (por ejemplo, las secciones de instrucción, penal, de violencia sobre la mujer), con una implantación por fases hasta completarse a finales de 2025. Este cambio es sobre todo organizativo y no altera el reparto funcional de competencias entre instrucción y enjuiciamiento estudiado en el tema. Por ello, y para el examen, se mantiene la terminología tradicional (Juzgado de Instrucción, Juzgado de lo Penal, Audiencia Provincial). Se recomienda a quien prepare la oposición verificar en la convocatoria si se pregunta por la nueva denominación y consultar el calendario concreto de implantación en Canarias.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Sumario: fase de instrucción del procedimiento ordinario por delitos graves; separación entre instructor (Juzgado de Instrucción) y sentenciador (Audiencia Provincial).
Procedimiento abreviado: aplicable a delitos con pena privativa de libertad no superior a 9 años; su fase de instrucción se llama diligencias previas (no sumario).
Enjuiciamiento rápido: delitos con pena no superior a 5 años + incoación por atestado con detenido/citado + delito de instrucción sencilla (lista legal: lesiones, hurto, robo, seguridad vial, violencia doméstica...).
Flagrancia: inmediatez temporal + inmediatez personal + necesidad urgente de intervención; permite la detención por cualquier persona, no solo agentes.
Diligencias urgentes: tramitación ante el Juzgado de guardia dentro del enjuiciamiento rápido; puede acabar en juicio de conformidad inmediato o remisión al Juzgado de lo Penal.
Delitos leves (art. 13.3 CP, tras LO 1/2015): sustituyen a las antiguas faltas; se enjuician en un procedimiento simplificado, con el propio Juzgado de Instrucción como órgano de enjuiciamiento y fallo (excepción a la separación instructor/sentenciador).
Declaración del investigado: no obligado a decir verdad, derecho a no autoincriminarse. Declaración de testigo: obligación de decir verdad bajo pena de falso testimonio.
Entrada y registro domiciliario: exige resolución judicial motivada salvo flagrancia o consentimiento; su infracción puede anular la prueba obtenida y la derivada de ella.
El careo es diligencia excepcional y subsidiaria, especialmente restringida con víctimas vulnerables (menores, violencia de género, delitos sexuales).
Art. 299 LECrim: definición de sumario (actuaciones para preparar el juicio y averiguar el delito, su calificación y la culpabilidad, asegurando personas y responsabilidades pecuniarias).
Secreto del sumario (art. 302): solo en delitos públicos, mediante auto, por tiempo no superior a un mes y se alza al menos diez días antes de la conclusión del sumario. No confundir con la regla general de publicidad interna para las partes.
Procesamiento (art. 384): solo en el procedimiento ordinario. En el abreviado no existe auto de procesamiento; se habla de investigado y de diligencias previas.
Plazos clave del abreviado: 10 días para el escrito de acusación (art. 780), 10 días para el de defensa (art. 784), 5 días para dictar sentencia (art. 789), 10 días para apelar la sentencia del Juzgado de lo Penal (art. 790).
Umbrales de conformidad: 6 años de prisión en el abreviado (art. 787); 3 años de prisión en el Juzgado de guardia dentro del enjuiciamiento rápido (art. 801).
Competencia de enjuiciamiento en el abreviado: Juzgado de lo Penal hasta 5 años de prisión (u otras penas hasta 10 años); Audiencia Provincial por encima, hasta los 9 años de prisión.
Recursos: sentencia del Juzgado de lo Penal, apelación ante la Audiencia Provincial; sentencia de la Audiencia Provincial en primera instancia, apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ (art. 846 ter) y, en su caso, casación ante el Tribunal Supremo.
Enjuiciamiento rápido (art. 795): requisitos acumulativos (pena hasta 5 años; atestado; detenido o citado ante el Juzgado de guardia) y una de tres: flagrancia, delito de lista legal o instrucción sencilla.
El atestado tiene valor de denuncia (art. 297): las declaraciones en él recogidas no son prueba de cargo por sí solas; deben ratificarse en el juicio oral.
Detención: máximo 72 horas (art. 17.2 CE, art. 520.1 LECrim); habeas corpus se resuelve en 24 horas.
Prisión provisional (art. 503): pena de máximo igual o superior a 2 años de prisión, indicios de responsabilidad y fin legal (asegurar presencia, evitar ocultación de pruebas, protección de la víctima, reiteración delictiva).
Intervención telefónica: duración inicial de 3 meses, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 18 meses (art. 588 bis e).
Delitos leves: pena leve (art. 13.3 CP); si la pena puede ser leve o menos grave, se considera leve (art. 13.4); prescriben al año (art. 131.1 CP); competencia del Juzgado de Instrucción; abogado no preceptivo.
Diligencias de imposible repetición (por ejemplo, la inspección técnico-ocular) pueden valorarse como prueba preconstituida si se practicaron con las garantías legales y se ratifican en juicio por quienes intervinieron.
13 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 130 aciertos
El plazo máximo de la detención preventiva, según el artículo 17.2 de la Constitución, es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 36 de Policía Canaria?
Este tema completa el estudio de la organización del proceso penal español abordando los distintos procedimientos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal según la gravedad del delito: el sumario, propio de los delitos más graves y con sus principales diligencias de investigación; el procedimiento abreviado, aplicable a la mayoría de los delitos menos graves y de frecuente instrucción policial; el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, pensado para dar una respuesta ágil a la delincuencia flagrante o de sencilla acreditación; y el juicio por delitos leves, heredero de las antiguas faltas. En todos estos procedimientos, la actuación policial inicial (atestado, diligencias urgentes, detención, puesta a disposición judicial) resulta determinante para que el procedimiento pueda tramitarse por la vía más ágil posible.
Comprender las diferencias entre estos cuatro cauces procesales —y, sobre todo, saber en qué supuestos resulta procedente cada uno de ellos— constituye un contenido de aplicación práctica diaria para cualquier agente que instruya un atestado, pues de la correcta calificación inicial de los hechos depende en gran medida la celeridad con la que se resuelva el asunto.
¿Qué hay que memorizar del Tema 36 para el examen?
Sumario: fase de instrucción del procedimiento ordinario por delitos graves; separación entre instructor (Juzgado de Instrucción) y sentenciador (Audiencia Provincial). Procedimiento abreviado: aplicable a delitos con pena privativa de libertad no superior a 9 años; su fase de instrucción se llama diligencias previas (no sumario). Enjuiciamiento rápido: delitos con pena no superior a 5 años + incoación por atestado con detenido/citado + delito de instrucción sencilla (lista legal: lesiones, hurto, robo, seguridad vial, violencia doméstica...). Flagrancia: inmediatez temporal + inmediatez personal + necesidad urgente de intervención; permite la detención por cualquier persona, no solo agentes. Diligencias urgentes: tramitación ante el Juzgado de guardia dentro del enjuiciamiento rápido; puede acabar en juicio de conformidad inmediato o remisión al Juzgado de lo Penal. Delitos leves (art. 13.3 CP, tras LO 1/2015): sustituyen a las antiguas faltas; se enjuician en un procedimiento simplificado, con el propio Juzgado de Instrucción como órgano de enjuiciamiento y fallo (excepción a la separación instructor/sentenciador). Declaración del investigado: no obligado a decir verdad, derecho a no autoincriminarse. Declaración de testigo: obligación de decir verdad bajo pena de falso testimonio. Entrada y registro domiciliario: exige resolución judicial motivada salvo flagrancia o consentimiento; su infracción puede anular la prueba obtenida y la derivada de ella. El careo es diligencia excepcional y subsidiaria, especialmente restringida con víctimas vulnerables (menores, violencia de género, delitos sexuales). Art. 299 LECrim: definición de sumario (actuaciones para preparar el juicio y averiguar el delito, su calificación y la culpabilidad, asegurando personas y responsabilidades pecuniarias). Secreto del sumario (art. 302): solo en delitos públicos, mediante auto, por tiempo no superior a un mes y se alza al menos diez días antes de la conclusión del sumario. No confundir con la regla general de publicidad interna para las partes. Procesamiento (art. 384): solo en el procedimiento ordinario. En el abreviado no existe auto de procesamiento; se habla de investigado y de diligencias previas. Plazos clave del abreviado: 10 días para el escrito de acusación (art. 780), 10 días para el de defensa (art. 784), 5 días para dictar sentencia (art. 789), 10 días para apelar la sentencia del Juzgado de lo Penal (art. 790). Umbrales de conformidad: 6 años de prisión en el abreviado (art. 787); 3 años de prisión en el Juzgado de guardia dentro del enjuiciamiento rápido (art. 801). Competencia de enjuiciamiento en el abreviado: Juzgado de lo Penal hasta 5 años de prisión (u otras penas hasta 10 años); Audiencia Provincial por encima, hasta los 9 años de prisión. Recursos: sentencia del Juzgado de lo Penal, apelación ante la Audiencia Provincial; sentencia de la Audiencia Provincial en primera instancia, apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ (art. 846 ter) y, en su caso, casación ante el Tribunal Supremo. Enjuiciamiento rápido (art. 795): requisitos acumulativos (pena hasta 5 años; atestado; detenido o citado ante el Juzgado de guardia) y una de tres: flagrancia, delito de lista legal o instrucción sencilla. El atestado tiene valor de denuncia (art. 297): las declaraciones en él recogidas no son prueba de cargo por sí solas; deben ratificarse en el juicio oral. Detención: máximo 72 horas (art. 17.2 CE, art. 520.1 LECrim); habeas corpus se resuelve en 24 horas. Prisión provisional (art. 503): pena de máximo igual o superior a 2 años de prisión, indicios de responsabilidad y fin legal (asegurar presencia, evitar ocultación de pruebas, protección de la víctima, reiteración delictiva). Intervención telefónica: duración inicial de 3 meses, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 18 meses (art. 588 bis e). Delitos leves: pena leve (art. 13.3 CP); si la pena puede ser leve o menos grave, se considera leve (art. 13.4); prescriben al año (art. 131.1 CP); competencia del Juzgado de Instrucción; abogado no preceptivo. Diligencias de imposible repetición (por ejemplo, la inspección técnico-ocular) pueden valorarse como prueba preconstituida si se practicaron con las garantías legales y se ratifican en juicio por quienes intervinieron.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 13 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Libros II, IV y VI; especialmente arts. 17, 259-297, 299-302, 324, 384, 488-520, 545-569, 588 bis a y ss., 622, 757-803, 962-977).
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 13, 33, 131).
Constitución Española de 1978 (arts. 17, 18, 24).
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la LECrim sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y de modificación del procedimiento abreviado.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal (supresión de las faltas).
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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