Tema 18. Las Instituciones de la Unión Europea: el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia. Canarias en la Unión Europea. Fuentes del Derecho Comunitario.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
España es Estado miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986, tras la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. El funcionamiento institucional de la UE se rige por el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), reformados en profundidad por el Tratado de Lisboa (firmado en 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), que dotó a la Unión de personalidad jurídica (art. 47 TUE). Tras la salida del Reino Unido (31 de enero de 2020), la Unión cuenta con veintisiete Estados miembros. Las instituciones, enumeradas en el art. 13 TUE, son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Canarias, como región ultraperiférica (RUP) reconocida en el art. 349 TFUE, goza de un régimen especial dentro de la UE. El tema comprende además las fuentes del Derecho de la Unión, sus principios de aplicación (primacía y efecto directo) y los principios de competencia (atribución, subsidiariedad y proporcionalidad).
El Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea
El Consejo Europeo (art. 15 TUE) está formado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, junto con su Presidente y el Presidente de la Comisión; define las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión, sin ejercer función legislativa. Su Presidente es elegido por el propio Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, renovable una vez; no puede ejercer un mandato nacional. El Consejo Europeo se reúne al menos dos veces por semestre y, por regla general, adopta sus decisiones por consenso. El Consejo de la Unión Europea (o Consejo, art. 16 TUE), distinto del anterior, está formado por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, con composición variable según la materia tratada (Consejo de Asuntos Generales, de Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas, etc.); ejerce, conjuntamente con el Parlamento Europeo, las funciones legislativa y presupuestaria, así como funciones de definición de políticas y de coordinación. Salvo disposición en contrario de los Tratados, el Consejo se pronuncia por mayoría cualificada, que se alcanza (art. 16.4 TUE) con el voto favorable de al menos el 55 % de los miembros del Consejo que representen como mínimo a quince de ellos y a Estados miembros que reúnan al menos el 65 % de la población de la Unión; la minoría de bloqueo debe incluir al menos cuatro miembros del Consejo. Algunas materias sensibles (política exterior y de seguridad común, fiscalidad, adhesión de nuevos Estados) requieren unanimidad. El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) prepara los trabajos del Consejo. Su presidencia rota semestralmente entre los Estados miembros, salvo la de Asuntos Exteriores, presidida de forma permanente por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada con la aprobación del Presidente de la Comisión, preside el Consejo de Asuntos Exteriores y es vicepresidente de la Comisión. Conviene no confundir el Consejo Europeo (Jefes de Estado o de Gobierno, orientaciones políticas, sin función legislativa) con el Consejo de la Unión Europea (ministros, función legislativa y presupuestaria) ni con el Consejo de Europa (organización internacional ajena a la UE).
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea
El Parlamento Europeo (art. 14 TUE) representa a los ciudadanos de la Unión, es elegido por sufragio universal directo cada cinco años (las últimas elecciones se celebraron en junio de 2024 y el Parlamento cuenta con 720 diputados, 61 de ellos españoles; el límite máximo fijado por los Tratados es de setecientos cincuenta más el Presidente), y ejerce, conjuntamente con el Consejo, las funciones legislativa y presupuestaria, así como funciones de control político y consultivas; elige al Presidente de la Comisión Europea, por mayoría de los miembros que lo componen, a propuesta del Consejo Europeo y teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas. Tiene su sede formal en Estrasburgo (sesiones plenarias) con actividad también en Bruselas (comisiones) y Luxemburgo (Secretaría General). La Comisión Europea (art. 17 TUE) es la institución que promueve el interés general de la Unión: tiene el cuasi-monopolio de la iniciativa legislativa (propone los actos legislativos que luego aprueban Parlamento y Consejo), vela por la aplicación de los Tratados y del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia, ejecuta el presupuesto y gestiona los programas, y ejerce funciones de coordinación, ejecución y gestión conforme a los Tratados; está compuesta en la práctica por un nacional de cada Estado miembro (incluidos su Presidente y el Alto Representante, que es también Vicepresidente de la Comisión), con un mandato de cinco años. El Presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento; el Colegio de Comisarios se somete en bloque a un voto de aprobación del Parlamento y es nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, art. 19 TUE), con sede en Luxemburgo, garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. Comprende el Tribunal de Justicia propiamente dicho (un juez por Estado miembro, asistido por Abogados Generales) y el Tribunal General (competente en primera instancia sobre determinados recursos, con dos jueces por Estado miembro desde 2019); los Tratados prevén además la posibilidad de crear tribunales especializados. Sus funciones principales incluyen resolver recursos por incumplimiento contra los Estados miembros (arts. 258 y 259 TFUE, interpuestos por la Comisión o por otro Estado, con posibilidad de sanciones pecuniarias conforme al art. 260), controlar la legalidad de los actos de las instituciones europeas mediante el recurso de anulación (art. 263 TFUE), sancionar la inactividad mediante el recurso por omisión (art. 265), y resolver las cuestiones prejudiciales (art. 267 TFUE) que le plantean los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la interpretación del Derecho de la Unión o la validez de los actos de sus instituciones, mecanismo esencial para garantizar la aplicación uniforme del Derecho europeo en todos los Estados miembros. No debe confundirse con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), órgano del Consejo de Europa, organización internacional distinta de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo. Los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno están obligados a plantear la cuestión prejudicial cuando se suscite una duda de interpretación, salvo que exista una interpretación previa del Tribunal (doctrina del acto aclarado) o la respuesta sea evidente (acto claro).
Canarias como región ultraperiférica y fuentes del Derecho de la Unión
El artículo 349 TFUE reconoce a Canarias, junto con Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín, las Azores y Madeira, la condición de región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, en atención a su gran distancia, insularidad, reducida superficie, relieve y clima difíciles y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su desarrollo. Esa condición permite al Consejo adoptar medidas específicas orientadas a fijar las condiciones de aplicación de los Tratados en estas regiones, incluidas políticas comunes en materia aduanera y comercial, fiscal, de zonas francas, agrícola, pesquera, de ayudas de Estado y de acceso a los fondos estructurales, lo que sustenta buena parte del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario (con instrumentos como la Reserva para Inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria). Canarias forma parte del territorio aduanero de la Unión, pero queda fuera del territorio del IVA y de determinados impuestos especiales armonizados, por lo que se aplica en las islas el Impuesto General Indirecto Canario. En cuanto a las fuentes del Derecho de la Unión, se distingue el Derecho originario (los Tratados y sus Protocolos y Anexos, la Carta de los Derechos Fundamentales con el mismo valor jurídico que los Tratados, y los principios generales del Derecho) y el Derecho derivado (art. 288 TFUE), integrado por los Reglamentos (alcance general, obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro, sin necesidad de transposición), las Directivas (obligan al Estado destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios, y exigen transposición mediante norma interna), las Decisiones (obligatorias en todos sus elementos; si designan destinatarios, solo para estos) y las Recomendaciones y Dictámenes, que no son vinculantes. Los actos adoptados mediante procedimiento legislativo son actos legislativos (art. 289 TFUE); además existen actos delegados (art. 290) y actos de ejecución (art. 291).
Los principios de primacía y de efecto directo del Derecho de la Unión
El principio de primacía, de construcción jurisprudencial por el Tribunal de Justicia desde la célebre sentencia Costa contra ENEL (1964), establece que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, incluido el de rango constitucional en lo relativo a las materias de competencia de la Unión, de modo que el juez nacional debe inaplicar, en el caso concreto, cualquier norma interna que contradiga el Derecho europeo directamente aplicable, sin necesidad de esperar a su derogación formal por el legislador. El principio de efecto directo permite que determinadas normas del Derecho de la Unión (los Reglamentos siempre, y las Directivas en determinadas condiciones cuando no han sido transpuestas correctamente o en plazo, y solo en su efecto vertical a favor del particular frente al Estado) puedan ser invocadas directamente por los particulares ante los tribunales nacionales, sin necesidad de intermediación de una norma interna de desarrollo, constituyendo ambos principios (primacía y efecto directo) el fundamento de la eficacia real del Derecho de la Unión Europea en el ordenamiento interno de cada Estado miembro. El efecto directo fue afirmado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Van Gend en Loos (1963). Cuando un Estado no transpone correctamente una Directiva, los particulares pueden además reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados (sentencia Francovich, 1991). La Directiva carece de efecto directo horizontal: no puede invocarse frente a otro particular. En España, el Tribunal Constitucional (Declaración 1/2004, de 13 de diciembre) distinguió entre la primacía del Derecho de la Unión, que opera en el ámbito de las competencias cedidas con base en el art. 93 CE, y la supremacía de la Constitución, que se mantiene como norma suprema del ordenamiento interno.
El Tribunal de Cuentas Europeo y el Banco Central Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo (art. 285 TFUE), con sede en Luxemburgo, fiscaliza las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión, así como de todo organismo creado por ella, en la medida en que el acto constitutivo no excluya dicha fiscalización, examinando la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizando la buena gestión financiera, y elabora un informe anual que se transmite a las demás instituciones y se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea; no debe confundirse con el Tribunal de Cuentas español (art. 136 CE), órgano estatal distinto. El Banco Central Europeo (art. 282 TFUE), con sede en Fráncfort, junto con los bancos centrales nacionales de los Estados que han adoptado el euro (entre ellos España), forma el Eurosistema, y su misión principal es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, gozando de independencia respecto de las instituciones políticas de la Unión y de los Gobiernos de los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones y en la gestión de sus finanzas. Desde el 1 de enero de 2026 forman parte de la zona euro veintiún Estados miembros.
El procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea
El procedimiento legislativo ordinario (art. 294 TFUE), antes llamado de codecisión, es el procedimiento habitual para la aprobación de la mayor parte de la legislación europea: la Comisión presenta una propuesta legislativa, que debe ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de la Unión Europea, en condiciones de igualdad, pudiendo ambas instituciones introducir enmiendas en un proceso que puede requerir hasta dos lecturas y, en caso de desacuerdo persistente, un Comité de Conciliación paritario para alcanzar un texto conjunto; si no se logra acuerdo en ninguna de estas fases, el acto legislativo se considera no adoptado. Existen también procedimientos legislativos especiales, en los que el Parlamento Europeo tiene un papel más limitado (de mera consulta o de aprobación, sin capacidad de enmienda) frente al Consejo, reservados a determinadas materias tasadas por los propios Tratados (fiscalidad, algunos aspectos de política social, entre otras). Tras la propuesta de la Comisión, el procedimiento puede concluir en primera lectura si Parlamento y Consejo alcanzan un acuerdo, que suele prepararse en negociaciones informales tripartitas (diálogos tripartitos o «trílogos»); en segunda lectura se requiere la aprobación del Parlamento por mayoría de los miembros que lo componen, y el Comité de Conciliación dispone de seis semanas (prorrogables) para aprobar un proyecto común. La Iniciativa Ciudadana Europea (art. 11.4 TUE) permite a un millón de ciudadanos, nacionales de al menos una cuarta parte de los Estados miembros, invitar a la Comisión a presentar una propuesta en ámbitos de su competencia.
La ciudadanía europea: derechos reconocidos por los Tratados
Los artículos 20 a 25 TFUE reconocen la ciudadanía de la Unión, que se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla, atribuida a toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. Los ciudadanos de la Unión gozan, entre otros, del derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado; del derecho a la protección diplomática y consular de cualquier Estado miembro en terceros países en que su propio Estado no esté representado; y del derecho de petición ante el Parlamento Europeo y de recurso ante el Defensor del Pueblo Europeo. Este catálogo se completa con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en el año 2000 y dotada del mismo valor jurídico que los Tratados desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (art. 6.1 TUE). La ciudadanía europea comprende también el derecho a dirigirse a las instituciones en cualquiera de las lenguas de los Tratados y el derecho de acceso a los documentos de las instituciones, y complementa, sin sustituir, la ciudadanía nacional.
El espacio de libertad, seguridad y justicia y la cooperación policial europea
El Título V del TFUE regula el espacio de libertad, seguridad y justicia, ámbito de especial relevancia para el temario de esta oposición por su conexión con la actividad policial: incluye la cooperación judicial en materia civil y penal, y la cooperación policial (arts. 87 a 89 TFUE), que abarca la recogida, almacenamiento, tratamiento e intercambio de información pertinente entre las autoridades policiales de los Estados miembros, la formación conjunta y el intercambio de personal, equipo e investigación forense y criminológica, y técnicas comunes de investigación de formas graves de delincuencia organizada. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), con sede en La Haya, apoya y refuerza la actuación de las autoridades policiales de los Estados miembros y su cooperación mutua en la prevención y lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia que lesionen un interés común objeto de una política de la Unión, aunque sin disponer de facultades ejecutivas propias de detención o investigación directa en el territorio de los Estados miembros, que siguen correspondiendo a las policías nacionales. Frontera y asilo: el Código de fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399) regula el cruce de fronteras y los controles; el Sistema de Entradas y Salidas (EES) registra electrónicamente los cruces de nacionales de terceros países; y el Pacto sobre Migración y Asilo, adoptado en 2024 mediante varios reglamentos, es de aplicación desde junio de 2026. Eurojust coordina la cooperación judicial penal y la Fiscalía Europea (EPPO) investiga y persigue los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión.
Los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE)
El artículo 5 TUE ordena el ejercicio de las competencias de la Unión conforme a tres principios. El principio de atribución (5.1 y 5.2) implica que la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que estos determinan, de modo que toda competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Estados miembros. El principio de subsidiariedad (5.3) exige que, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervenga solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni en el ámbito central ni en el regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. El principio de proporcionalidad (5.4) exige que el contenido y la forma de la acción de la Unión no excedan de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Los Parlamentos nacionales de los Estados miembros velan por el respeto del principio de subsidiariedad mediante un mecanismo de control político previsto en el Protocolo correspondiente. Las competencias de la Unión se clasifican (arts. 2 a 6 TFUE) en exclusivas (unión aduanera, normas de competencia necesarias para el mercado interior, política monetaria de los Estados del euro, conservación de los recursos biológicos marinos y política comercial común), compartidas (mercado interior, política social, cohesión, agricultura y pesca, medio ambiente, transportes, energía, espacio de libertad, seguridad y justicia, entre otras) y de apoyo, coordinación o complemento (salud, industria, cultura, turismo, educación, protección civil y cooperación administrativa). En el control de subsidiariedad, los Parlamentos nacionales disponen de ocho semanas para emitir un dictamen motivado sobre un proyecto legislativo; si los dictámenes representan al menos un tercio de los votos atribuidos a los Parlamentos (un cuarto en el espacio de libertad, seguridad y justicia), la Comisión debe revisar su propuesta («tarjeta amarilla»).
El presupuesto de la Unión Europea
El presupuesto de la Unión Europea se financia con recursos propios (derechos de aduana sobre importaciones de terceros países, una parte del IVA recaudado por los Estados miembros según una base armonizada, aportaciones de los Estados miembros calculadas en función de su Renta Nacional Bruta, que constituyen el recurso principal, y otros recursos como el basado en residuos de envases de plástico no reciclados), y se enmarca en un Marco Financiero Plurianual (el vigente cubre 2021-2027), que fija los límites máximos de gasto por grandes categorías durante un periodo de varios años (habitualmente siete), aprobado por el Consejo por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo. El presupuesto anual es aprobado conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, siguiendo un procedimiento específico distinto del procedimiento legislativo ordinario (art. 314 TFUE), y su ejecución corresponde principalmente a la Comisión, bajo el control del Tribunal de Cuentas Europeo y, políticamente, del propio Parlamento Europeo (aprobación de la gestión o «descargo» presupuestario). Como respuesta a la crisis de la COVID-19, el instrumento Next Generation EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiaron planes nacionales de recuperación, entre ellos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con vigencia hasta 2026.
Los fondos estructurales y de inversión europeos: relevancia para Canarias
La política de cohesión de la Unión Europea se instrumenta principalmente a través de los fondos de cohesión territorial: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa, a los que se suman en el periodo 2021-2027 el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y, dentro de la política agrícola común, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Su objetivo es reducir las disparidades de desarrollo entre las regiones europeas. Canarias, en su condición de región ultraperiférica (art. 349 TFUE), se beneficia además de una asignación adicional dentro de los fondos de cohesión y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEICAN), programa que aplica en las islas el régimen POSEI (Reglamento (UE) nº 228/2013, en el marco de la política agrícola común) para compensar los sobrecostes de la lejanía e insularidad en la agricultura y el abastecimiento de productos esenciales. El Reglamento (CEE) nº 1911/91 integró a Canarias plenamente en la Comunidad en 1991, con las particularidades del REF.
Diferencia entre el Consejo de Europa y las instituciones de la Unión Europea
Es un error frecuente de examen confundir el Consejo de Europa con el Consejo Europeo o el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de Europa es una organización internacional distinta e independiente de la Unión Europea, creada en 1949, con sede en Estrasburgo, integrada por cuarenta y seis Estados miembros, un número más amplio que el de la Unión (incluye Estados europeos no miembros de la UE), cuyo principal instrumento normativo es el Convenio Europeo de Derechos Humanos (firmado en Roma en 1950; España lo ratificó en 1979) y cuyo órgano jurisdiccional es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que resuelve demandas individuales o interestatales por violación de los derechos reconocidos en dicho Convenio. Ni el Consejo de Europa ni el TEDH forman parte de la estructura institucional de la Unión Europea regulada por el TUE y el TFUE, aunque la propia Unión, tras el Tratado de Lisboa, debe adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6.2 TUE), adhesión que aún no se ha culminado.
España en la Unión Europea: adhesión y evolución
España firmó el Tratado de Adhesión a las entonces Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985, convirtiéndose en Estado miembro con efectos desde el 1 de enero de 1986, junto con Portugal, en el marco de la llamada ampliación ibérica. Esta adhesión exigió, entre otras adaptaciones normativas internas, la habilitación constitucional del art. 93 CE (ya estudiado en el tema de las Cortes Generales) para la cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a una organización internacional. España forma parte de la zona euro desde su creación (moneda física en circulación desde el 1 de enero de 2002) y del espacio Schengen de libre circulación de personas, sin controles en las fronteras interiores entre los Estados participantes, sin perjuicio de los controles específicos de acceso aplicables en los puertos y aeropuertos canarios por su condición de frontera exterior marítima y aérea de la Unión. España presidió el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. La Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) defiende en Bruselas la posición del Estado, y las Comunidades Autónomas participan en la formación de la posición española a través de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) y de las Conferencias Sectoriales; el Estatuto de Autonomía de Canarias recoge la participación de Canarias en los asuntos europeos y su condición de RUP.
El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo
Junto a las instituciones principales, la Unión Europea cuenta con órganos consultivos de composición representativa: el Comité de las Regiones (art. 300 y 305 TFUE), integrado por representantes de los entes regionales y locales de los Estados miembros (que en el caso español incluyen representación de las Comunidades Autónomas), que emite dictámenes preceptivos o facultativos sobre propuestas legislativas que afecten a los intereses regionales y locales, dando voz institucional a este nivel de gobierno dentro del proceso legislativo europeo; y el Comité Económico y Social Europeo (arts. 301 a 304 TFUE), integrado por representantes de las organizaciones de empresarios, trabajadores y otros sectores representativos de la sociedad civil, que emite dictámenes consultivos sobre las materias económicas y sociales de la Unión. Ninguno de los dos órganos tiene capacidad decisoria vinculante, cumpliendo una función de representación de intereses y de legitimación social y territorial del proceso normativo europeo. España cuenta con veintiún miembros en el Comité de las Regiones.
El Defensor del Pueblo Europeo
El Defensor del Pueblo Europeo (arts. 24 y 228 TFUE), elegido por el Parlamento Europeo para la duración de la legislatura, está facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión, o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, con excepción del Tribunal de Justicia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Las reclamaciones deben presentarse en un plazo de dos años desde que se tuvo conocimiento de los hechos. Investiga estas reclamaciones y, si aprecia mala administración, presenta el caso a la institución afectada, que dispone de un plazo para comunicar su opinión, y elabora finalmente un informe dirigido al Parlamento Europeo y a la institución interesada. Es la figura equivalente, en el ámbito de las instituciones europeas, al Defensor del Pueblo estatal y al Diputado del Común canario en sus respectivos ámbitos territoriales.
La cooperación reforzada como mecanismo de flexibilidad
El artículo 20 TUE y los arts. 326 a 334 TFUE regulan la cooperación reforzada, mecanismo que permite a un grupo de al menos nueve Estados miembros avanzar en la integración europea en un ámbito determinado de competencia no exclusiva de la Unión, cuando no resulte posible alcanzar los objetivos perseguidos por la Unión en su conjunto en un plazo razonable, quedando dicha cooperación abierta en todo momento a todos los demás Estados miembros que deseen incorporarse, con autorización del Consejo como último recurso, tras comprobar que los objetivos no pueden alcanzarse en un plazo razonable por la Unión en su conjunto. Es el instrumento jurídico que ha permitido, por ejemplo, avances en materia de patente unitaria, de ley aplicable al divorcio, de regímenes económicos matrimoniales y la creación de la Fiscalía Europea (EPPO), sin necesidad de la participación de la totalidad de los veintisiete Estados miembros.
El control democrático del Parlamento Europeo sobre la Comisión
El Parlamento Europeo ejerce un control político reforzado sobre la Comisión Europea, en un esquema que recuerda, salvando las distancias, a la relación Gobierno-Parlamento en un sistema parlamentario nacional: elige al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo, aprueba en bloque, mediante voto de investidura, al Colegio de Comisarios en su conjunto, y puede aprobar una moción de censura contra la Comisión (art. 234 TFUE), que exige mayoría de dos tercios de los votos emitidos y mayoría de los miembros que integran el Parlamento; su aprobación obliga a los miembros de la Comisión a dimitir colectivamente de sus funciones. Este control refuerza la legitimidad democrática de la Comisión, institución que, a diferencia del Consejo (representación de los Gobiernos nacionales), responde ante la única institución de la Unión elegida por sufragio universal directo de los ciudadanos europeos.
Las agencias descentralizadas de la Unión Europea: Frontex y Europol
La Unión Europea cuenta con numerosas agencias descentralizadas, con sede propia y personalidad jurídica diferenciada, especializadas en materias técnicas concretas, entre las que destacan, por su relevancia para el ámbito de la seguridad y las fronteras, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex, con sede en Varsovia, regulada por el Reglamento (UE) 2019/1896), que apoya a los Estados miembros en la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión (particularmente relevante para España por la condición de Canarias como frontera exterior marítima meridional de la Unión, ruta migratoria atlántica de especial intensidad, en la que Frontex ha desarrollado operaciones conjuntas en aguas próximas a Canarias), y Europol (La Haya), ya analizada, en materia de cooperación policial contra la delincuencia grave y organizada. Ambas agencias apoyan y coordinan a las autoridades nacionales, entre ellas potencialmente el Cuerpo General de la Policía Canaria en el ejercicio de sus funciones, sin sustituir ni desplazar la competencia primaria de los Estados miembros sobre el control de sus propias fronteras y la seguridad pública en su territorio. Otras agencias de interés para el ámbito policial son Eurojust (La Haya), la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL, Budapest), la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA, La Valeta) y la Agencia europea de gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud (eu-LISA, Tallin).
Evolución de los Tratados y construcción europea
La integración europea comenzó con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París, 1951) y se consolidó con los Tratados de Roma de 1957 (Comunidad Económica Europea y Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom). El Tratado de Maastricht (1992, en vigor en 1993) creó la Unión Europea y sus tres pilares; los Tratados de Ámsterdam (1997) y Niza (2001) la reformaron; y el Tratado de Lisboa (firmado en diciembre de 2007 y en vigor el 1 de diciembre de 2009) suprimió la estructura de pilares, atribuyó personalidad jurídica a la Unión, reforzó los poderes del Parlamento Europeo, creó la figura del Presidente estable del Consejo Europeo y del Alto Representante, y otorgó a la Carta de los Derechos Fundamentales el mismo valor jurídico que los Tratados. La Unión se fundamenta en los valores del art. 2 TUE (dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos). El art. 50 TUE regula la retirada voluntaria de un Estado miembro, ejercida por el Reino Unido, que dejó de ser miembro el 31 de enero de 2020. La Euratom sigue siendo una Comunidad jurídicamente distinta.
El Derecho de la Unión y el ordenamiento español: transposición y control
El art. 93 CE autoriza la atribución del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a una organización internacional mediante ley orgánica; el Estado garantiza el cumplimiento de los tratados y de las resoluciones de las organizaciones internacionales titulares de la cesión. Las Directivas se transponen por normas internas (ley, real decreto-ley, real decreto o norma autonómica según la materia y el reparto de competencias), siendo responsables del cumplimiento del Derecho de la Unión todos los poderes públicos, incluidas las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado frente a la Unión. La Comisión, como guardiana de los Tratados, puede iniciar el procedimiento de infracción por incumplimiento, que puede conducir al Tribunal de Justicia y a sanciones económicas. Los jueces y tribunales españoles son jueces ordinarios del Derecho de la Unión: aplican directamente los reglamentos y las directivas con efecto directo, inaplican las normas internas contrarias y pueden o deben plantear cuestiones prejudiciales.
Cuadro de instituciones y órganos: sede, composición y función
Parlamento Europeo: Estrasburgo (plenos), Bruselas y Luxemburgo; representa a los ciudadanos; función legislativa y presupuestaria con el Consejo, control político, elige al Presidente de la Comisión. Consejo Europeo: Bruselas; Jefes de Estado o de Gobierno; impulso político; sin función legislativa. Consejo de la UE: Bruselas; ministros; legisla y aprueba el presupuesto con el Parlamento; coordina políticas. Comisión Europea: Bruselas; un comisario por Estado; iniciativa legislativa, guardiana de los Tratados, ejecución del presupuesto. Tribunal de Justicia de la UE: Luxemburgo; garantiza el respeto del Derecho; incumplimiento, anulación, omisión y cuestión prejudicial. Banco Central Europeo: Fráncfort; política monetaria de la zona euro; estabilidad de precios. Tribunal de Cuentas Europeo: Luxemburgo; fiscaliza ingresos y gastos de la Unión. Órganos consultivos: Comité de las Regiones y Comité Económico y Social, ambos en Bruselas. Criterio de memoria: todas las instituciones políticas están en Bruselas, salvo el pleno del Parlamento (Estrasburgo) y las instituciones jurisdiccionales y de control (Luxemburgo) o financieras (Fráncfort).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
España, Estado miembro de la UE desde el 1-ene-1986 (Tratado de Adhesión firmado el 12-jun-1985). Marco institucional: TUE y TFUE, reformados por el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1-dic-2009); 27 Estados miembros tras el Brexit (31-ene-2020).
Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno, orientaciones políticas) ≠ Consejo de la UE (ministros, función legislativa junto al Parlamento).
Parlamento Europeo: elección directa cada 5 años (720 diputados; 61 españoles), función legislativa y presupuestaria compartida con el Consejo, elige al Presidente de la Comisión y puede censurarla.
Comisión Europea: iniciativa legislativa casi exclusiva, guardiana de los Tratados, ejecuta el presupuesto.
TJUE (Luxemburgo): recursos por incumplimiento, recurso de anulación, cuestión prejudicial; distinto del TEDH (Consejo de Europa, Estrasburgo).
Art. 349 TFUE: Canarias es región ultraperiférica (RUP), con régimen especial que sustenta el REF; fuentes UE: Derecho originario (Tratados) y derivado (Reglamentos, Directivas, Decisiones).
Primacía (sentencia Costa/ENEL, 1964) y efecto directo: fundamentos de la eficacia real del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno.
Tribunal de Cuentas Europeo (fiscaliza las cuentas de la UE) y Banco Central Europeo (estabilidad de precios en la zona euro) son instituciones distintas del Tribunal de Cuentas y el Banco de España nacionales.
Art. 5 TUE: atribución (límite de competencias UE), subsidiariedad (la UE actúa si el objetivo se logra mejor a su escala) y proporcionalidad (no exceder lo necesario).
Arts. 87-89 TFUE: cooperación policial europea; Europol apoya a las policías nacionales sin facultades ejecutivas propias de detención en los Estados miembros.
POSEICAN: programa específico por la lejanía e insularidad de Canarias (régimen POSEI, Reglamento (UE) nº 228/2013), complementario de los fondos de cohesión ordinarios.
El Consejo de Europa (Estrasburgo, 1949) y el TEDH NO son instituciones de la Unión Europea; son una organización internacional distinta.
Mayoría cualificada en el Consejo (art. 16.4 TUE): 55 % de los Estados (al menos 15) que representen el 65 % de la población; minoría de bloqueo: al menos cuatro Estados.
Procedimiento de infracción: arts. 258-260 TFUE (incumplimiento); recurso de anulación: art. 263; omisión: art. 265; cuestión prejudicial: art. 267.
Directiva: obliga en cuanto al resultado y exige transposición; no tiene efecto directo horizontal. Reglamento: directamente aplicable. Decisión: obligatoria para sus destinatarios. Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes.
Competencias de la UE (arts. 2-6 TFUE): exclusivas, compartidas y de apoyo; control de subsidiariedad por Parlamentos nacionales (8 semanas; tarjeta amarilla: un tercio de los votos).
Moción de censura al Colegio de Comisarios (art. 234 TFUE): dos tercios de los votos emitidos y mayoría de los miembros del Parlamento.
Cooperación reforzada: mínimo nueve Estados miembros (art. 20 TUE); ejemplo: Fiscalía Europea (EPPO) y patente unitaria.
Consejo de Europa: 46 Estados, sede en Estrasburgo, TEDH; NO es una institución de la UE.
Canarias: parte del territorio aduanero de la UE, pero fuera del territorio del IVA; se aplica el IGIC; mecanismos REF: RIC y ZEC.
Defensor del Pueblo Europeo: reclamaciones por mala administración en el plazo de dos años; excluye la función jurisdiccional del Tribunal de Justicia.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál es la sede de las sesiones plenarias del Parlamento Europeo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 18 de Policía Canaria?
España es Estado miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986, tras la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. El funcionamiento institucional de la UE se rige por el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), reformados en profundidad por el Tratado de Lisboa (firmado en 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), que dotó a la Unión de personalidad jurídica (art. 47 TUE). Tras la salida del Reino Unido (31 de enero de 2020), la Unión cuenta con veintisiete Estados miembros. Las instituciones, enumeradas en el art. 13 TUE, son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Canarias, como región ultraperiférica (RUP) reconocida en el art. 349 TFUE, goza de un régimen especial dentro de la UE. El tema comprende además las fuentes del Derecho de la Unión, sus principios de aplicación (primacía y efecto directo) y los principios de competencia (atribución, subsidiariedad y proporcionalidad).
¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?
España, Estado miembro de la UE desde el 1-ene-1986 (Tratado de Adhesión firmado el 12-jun-1985). Marco institucional: TUE y TFUE, reformados por el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1-dic-2009); 27 Estados miembros tras el Brexit (31-ene-2020). Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno, orientaciones políticas) ≠ Consejo de la UE (ministros, función legislativa junto al Parlamento). Parlamento Europeo: elección directa cada 5 años (720 diputados; 61 españoles), función legislativa y presupuestaria compartida con el Consejo, elige al Presidente de la Comisión y puede censurarla. Comisión Europea: iniciativa legislativa casi exclusiva, guardiana de los Tratados, ejecuta el presupuesto. TJUE (Luxemburgo): recursos por incumplimiento, recurso de anulación, cuestión prejudicial; distinto del TEDH (Consejo de Europa, Estrasburgo). Art. 349 TFUE: Canarias es región ultraperiférica (RUP), con régimen especial que sustenta el REF; fuentes UE: Derecho originario (Tratados) y derivado (Reglamentos, Directivas, Decisiones). Primacía (sentencia Costa/ENEL, 1964) y efecto directo: fundamentos de la eficacia real del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno. Tribunal de Cuentas Europeo (fiscaliza las cuentas de la UE) y Banco Central Europeo (estabilidad de precios en la zona euro) son instituciones distintas del Tribunal de Cuentas y el Banco de España nacionales. Art. 5 TUE: atribución (límite de competencias UE), subsidiariedad (la UE actúa si el objetivo se logra mejor a su escala) y proporcionalidad (no exceder lo necesario). Arts. 87-89 TFUE: cooperación policial europea; Europol apoya a las policías nacionales sin facultades ejecutivas propias de detención en los Estados miembros. POSEICAN: programa específico por la lejanía e insularidad de Canarias (régimen POSEI, Reglamento (UE) nº 228/2013), complementario de los fondos de cohesión ordinarios. El Consejo de Europa (Estrasburgo, 1949) y el TEDH NO son instituciones de la Unión Europea; son una organización internacional distinta. Mayoría cualificada en el Consejo (art. 16.4 TUE): 55 % de los Estados (al menos 15) que representen el 65 % de la población; minoría de bloqueo: al menos cuatro Estados. Procedimiento de infracción: arts. 258-260 TFUE (incumplimiento); recurso de anulación: art. 263; omisión: art. 265; cuestión prejudicial: art. 267. Directiva: obliga en cuanto al resultado y exige transposición; no tiene efecto directo horizontal. Reglamento: directamente aplicable. Decisión: obligatoria para sus destinatarios. Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes. Competencias de la UE (arts. 2-6 TFUE): exclusivas, compartidas y de apoyo; control de subsidiariedad por Parlamentos nacionales (8 semanas; tarjeta amarilla: un tercio de los votos). Moción de censura al Colegio de Comisarios (art. 234 TFUE): dos tercios de los votos emitidos y mayoría de los miembros del Parlamento. Cooperación reforzada: mínimo nueve Estados miembros (art. 20 TUE); ejemplo: Fiscalía Europea (EPPO) y patente unitaria. Consejo de Europa: 46 Estados, sede en Estrasburgo, TEDH; NO es una institución de la UE. Canarias: parte del territorio aduanero de la UE, pero fuera del territorio del IVA; se aplica el IGIC; mecanismos REF: RIC y ZEC. Defensor del Pueblo Europeo: reclamaciones por mala administración en el plazo de dos años; excluye la función jurisdiccional del Tribunal de Justicia.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), arts. 2, 5, 13 a 19, 20, 47 y 50
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada), arts. 20-25, 87-89, 228, 234, 258-267, 285, 288-291, 294, 314 y 349
Constitución Española, art. 93
Reglamento (CEE) nº 1911/91 del Consejo, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias
Reglamento (UE) nº 228/2013 (régimen POSEI)
Reglamento (UE) 2019/1896, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas
Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre
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