Tema 34. Delitos contra la seguridad colectiva: tráfico ilícito de drogas y seguridad vial. Delitos contra la administración pública. Delitos contra el orden público.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
Este tema reúne tres bloques de la parte especial del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) de gran trascendencia para la actividad diaria de la Policía Canaria: los delitos contra la seguridad colectiva (en particular los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, arts. 359 a 378, y los delitos contra la seguridad vial, arts. 379 a 385 ter), los delitos contra la Administración pública (Título XIX: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación) y los delitos contra el orden público (Título XXII: atentado, resistencia y desobediencia, desórdenes públicos, tenencia y tráfico de armas y explosivos, organizaciones y grupos criminales y terrorismo).
Son tipos de aplicación constante en la actuación policial, especialmente los de seguridad vial y el atentado. Su correcta calificación exige manejar con precisión cifras y umbrales (velocidad superior en 60 u 80 km/h, tasas penales de alcohol de 0,60 mg/l en aire espirado y 1,2 g/l en sangre, penas del atentado, plazos del cohecho) y distinguir figuras próximas (atentado frente a resistencia y desobediencia; infracción administrativa frente a delito; organización frente a grupo criminal). Conviene conocer también las reformas recientes: LO 2/2019 (imprudencia en la conducción), LO 1/2019 y LO 2/2015 (terrorismo) y LO 14/2022, que derogó el delito de sedición y reformó la malversación.
Delitos contra la seguridad colectiva: estructura del Título XVII
El Título XVII del Libro II, "De los delitos contra la seguridad colectiva", agrupa delitos que ponen en peligro bienes jurídicos de carácter supraindividual y se estructura, entre otros, en: delitos de riesgo catastrófico (estragos, arts. 346 y siguientes, y delitos relativos a energía nuclear y radiaciones), incendios (arts. 351 y siguientes), delitos contra la salud pública (arts. 359 a 378, que comprenden el tráfico de drogas) y delitos contra la seguridad vial (arts. 379 a 385 ter).
Los delitos contra la salud pública protegen la salud colectiva (art. 43 CE) frente al riesgo derivado de la elaboración y comercialización de sustancias nocivas, medicamentos y productos químicos, y del tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Los delitos contra la seguridad vial protegen la seguridad del tráfico y, mediatamente, la vida y la integridad de los usuarios de las vías. Todos ellos son, en su mayoría, delitos de peligro (abstracto o concreto) y no exigen un resultado lesivo.
Marco internacional y administrativo del tráfico de drogas: Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas y Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Las listas de sustancias fiscalizadas son las de esos convenios y la legislación española de estupefacientes y psicotrópicos.
Tráfico de drogas: el tipo básico (art. 368 CP)
Art. 368 CP: los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines. Es un tipo de formulación amplia, delito de peligro abstracto contra la salud pública, que no exige ánimo de lucro ni que llegue a producirse el consumo por terceros. Las conductas típicas incluyen cultivar, elaborar, transportar, vender, regalar, intermediar o poseer con fines de tráfico.
Penas: si se trata de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito; en los demás casos, prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo. Tipo atenuado: los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado, atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable, salvo que concurra alguna circunstancia de los arts. 369 bis o 370.
Posesión y consumo. La posesión para el propio consumo no es delito (es atípica penalmente), sin perjuicio de su sanción administrativa si es en lugares públicos (art. 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana: infracción grave, multa de 601 a 30.000 euros). La jurisprudencia distingue entre tenencia para consumo y para tráfico por indicios: cantidad (superior a la que correspondería a un consumo propio de pocos días), fraccionamiento en dosis, posesión de básculas, material de corte o envoltorios, dinero fraccionado, anotaciones de ventas, ausencia de consumo acreditado y circunstancias del lugar. Consumo compartido: se admite como atípico en un círculo cerrado de consumidores habituales y determinados, con consumo inmediato en lugar cerrado, sin trascendencia a terceros y con cantidad reducida. El autoconsumo del cultivo, en las mismas condiciones restringidas, no es delito.
Distinción entre sustancias que causan grave daño y las que no lo causan
La diferencia penológica del art. 368 depende de si la sustancia causa o no grave daño a la salud. Es una cuestión valorada por los tribunales con apoyo en informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se consideran de grave daño, entre otras, la heroína, la cocaína (en sus formas de clorhidrato y base), las anfetaminas y derivados (incluidos los de síntesis como el MDMA o "éxtasis") y el LSD. Se considera que no causan grave daño el hachís y la marihuana (derivados del cannabis), así como, según el caso, otras sustancias de menor riesgo.
Cantidad de notoria importancia (art. 369.1.5.ª): criterio jurisprudencial de referencia basado en el múltiplo de la dosis media diaria de un consumidor habitual (aproximadamente quinientas dosis), según los umbrales fijados por acuerdos del Tribunal Supremo y los informes del Instituto Nacional de Toxicología. La cantidad se calcula sobre la sustancia pura y no sobre el peso bruto, de ahí la importancia del análisis de pureza. La pena concreta depende, además, de la cantidad, la pureza, el papel del acusado y las circunstancias personales; por eso la calificación de la sustancia determina el marco penal desde el primer momento de la instrucción del atestado.
La determinación de la naturaleza de la sustancia y de su peso y pureza se acredita mediante prueba pericial (análisis del Instituto Nacional de Toxicología o servicios de Sanidad), con cadena de custodia documentada desde la intervención hasta la remisión al laboratorio.
Tipos agravados del tráfico de drogas (arts. 369, 369 bis y 370 CP)
Art. 369.1: se imponen las penas superiores en grado a las del art. 368 y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga cuando concurra alguna de estas circunstancias: el culpable es autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obra en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio; el culpable participa en otras actividades organizadas o cuya ejecución se ve facilitada por la comisión del delito; los hechos son realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados; las sustancias se facilitan a menores de 18 años, a personas con discapacidad o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación; la cantidad es de notoria importancia; los hechos se realizan en centros docentes, centros, establecimientos o unidades militares, establecimientos penitenciarios o centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades; y otras circunstancias previstas en el precepto.
Art. 369 bis: organización delictiva. Quienes pertenezcan a una organización delictiva dedicada a estos fines son castigados con prisión de nueve a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si las sustancias causan grave daño a la salud, y de cuatro años y seis meses a diez años en los demás casos; los jefes, administradores o encargados de la organización reciben las penas superiores en grado.
Art. 370: hiperagravación (pena superior en uno o dos grados) cuando se utilice a menores de 18 años o personas con discapacidad para cometer estos delitos; cuando los culpables sean jefes, administradores o encargados de las organizaciones; y cuando las conductas sean de extrema gravedad, que el propio precepto concreta en los supuestos de cantidad que exceda notablemente de la de notoria importancia, utilización de buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico, o simulación de operaciones de comercio internacional entre empresas. Esta última circunstancia, relativa al transporte marítimo y aéreo, es la que se aplica de forma característica en las operaciones de narcotráfico desarrolladas en el entorno atlántico y archipelágico canario.
Otros preceptos relevantes en materia de drogas y medios de investigación
Art. 371: fabricación, transporte, distribución o tráfico de equipos, materiales o sustancias (precursores) a sabiendas de que van a destinarse al cultivo, producción o fabricación ilícitos de drogas. Art. 372: inhabilitación especial para los profesionales (facultativos, farmacéuticos y otros) que, abusando de su profesión, realicen estas conductas. Art. 373: provocación, conspiración y proposición. Art. 374: comiso de las drogas, de los bienes e instrumentos y de las ganancias procedentes del delito. Art. 376: atenuación para quien haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y colabore activamente con las autoridades para impedir la producción del delito, obtener pruebas o impedir la actuación de organizaciones; permite imponer la pena inferior en uno o dos grados.
Medios de investigación (LECrim): entrega vigilada (art. 263 bis) para permitir que las remesas ilícitas circulen bajo control, y agente encubierto (art. 282 bis), supuestos que requieren autorización judicial o del Ministerio Fiscal en los términos de la ley. Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados (Ley 17/2003, de 29 de mayo), que destina los bienes decomisados a programas de prevención, asistencia y lucha contra el tráfico.
Actuación policial: la intervención de drogas exige acta de ocupación, pesaje, prueba de campo, precintado y cadena de custodia, y la puesta a disposición judicial del detenido en los plazos legales; el tráfico es de persecución de oficio. En vía administrativa, el art. 36.16 de la LO 4/2015 sanciona el consumo o la tenencia ilícitos de drogas en lugares públicos aunque no estén destinadas al tráfico.
Delitos contra la seguridad vial: conducción a velocidad excesiva (art. 379.1 CP)
El Capítulo IV del Título XVII (arts. 379 a 385 ter) regula los delitos contra la seguridad vial. Los preceptos de los arts. 379 a 381 se aplican a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores.
Art. 379.1 (exceso de velocidad): el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente. Penas alternativas: prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Es un delito de peligro abstracto basado en un criterio objetivo (el exceso), cuya prueba se apoya en cinemómetros homologados y verificados (con aplicación de los márgenes de error reglamentarios) y en la identificación del conductor.
Conducción bajo la influencia de alcohol o drogas y con tasas superiores a las penales (art. 379.2 CP)
Art. 379.2, primer inciso: se castiga con las mismas penas del apartado 1 (prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, más privación del derecho a conducir de uno a cuatro años) al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. Este tipo exige acreditar que la sustancia ha influido en las facultades psicofísicas del conductor y, por tanto, en su capacidad de conducción, lo que se prueba mediante la combinación de la prueba de detección y de elementos externos (síntomas, conducción irregular, resultado de las pruebas de coordinación y la valoración del agente). Es un delito de peligro, presunto o abstracto, en el que la afectación se acredita mediante prueba, no se presume.
Art. 379.2, segundo inciso: en todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. En este supuesto basta la superación objetiva del umbral, sin necesidad de acreditar influencia en la conducción. Las tasas penales son las mismas para todos los conductores: no se reducen a la mitad para profesionales o noveles, cuya menor tasa permitida es solo de carácter administrativo.
Pruebas: las de detección alcohólica se practican con etilómetros oficialmente autorizados y verificados; se realiza una segunda prueba de contraste tras un intervalo mínimo de diez minutos desde la primera, y el conductor puede solicitar análisis de sangre u otros análogos, a su costa si el resultado es positivo (Reglamento General de Circulación, RD 1428/2003, arts. 20 y siguientes). Respecto de las drogas, se emplean pruebas indiciarias de saliva y, de resultar positivas, la prueba de contraste en laboratorio; la mera presencia de drogas en el organismo es infracción administrativa muy grave (texto refundido de la Ley de Tráfico, Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre), mientras que el delito exige influencia acreditada.
Tasas administrativas frente a tasas penales y procedimiento de las diligencias
Tasas administrativas (Reglamento General de Circulación): 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro de sangre para conductores en general; 0,15 miligramos por litro de aire espirado o 0,3 gramos por litro de sangre para los conductores profesionales (transporte de mercancías de más de 3.500 kg de masa máxima, de viajeros, de mercancías peligrosas, servicios de urgencia, transporte escolar, etc.) y para los conductores durante los dos años siguientes a la obtención del permiso. La superación de estas tasas sin llegar a las penales constituye infracción administrativa muy grave (con pérdida de puntos y multa) y no delito, salvo que se acredite influencia en la conducción (art. 379.2, primer inciso).
Tasas penales: 0,60 mg/l en aire espirado y 1,2 g/l en sangre, iguales para todos los conductores. Error frecuente: aplicar a las tasas penales la reducción de profesionales y noveles, que solo opera en la esfera administrativa.
Procedimiento. Los delitos contra la seguridad vial se instruyen normalmente mediante el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (LECrim, arts. 795 y siguientes): flagrancia, pena que no exceda de cinco años y instrucción sencilla, con atestado policial, citación ante el Juzgado de Guardia y posibilidad de conformidad con reducción de un tercio de la pena (art. 801 LECrim). El atestado debe recoger: identificación y filiación, hora y lugar, descripción del vehículo, síntomas observados, advertencia al conductor de sus derechos y de las consecuencias de negarse a las pruebas, resultados con numeración de las pruebas, ticket del etilómetro, certificado de verificación del aparato y contraste.
La conducción temeraria y sus formas agravadas (arts. 380, 381 y 382 CP)
Art. 380.1 (conducción temeraria): el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Pena: prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de uno a seis años. Exige dos elementos acumulativos: temeridad manifiesta (infracción grave de las normas de tráfico que revela un desprecio patente por la seguridad vial) y peligro concreto, es decir, riesgo real para personas determinadas o determinables, no un mero riesgo abstracto. Art. 380.2: se considerará, en todo caso, manifiestamente temeraria la conducción en que concurran las circunstancias del exceso de velocidad del art. 379.1 o de la tasa penal de alcohol del art. 379.2, inciso segundo. Es decir, la presunción de temeridad opera cuando, además del peligro concreto, concurren esas circunstancias; no basta cualquier infracción.
Art. 381 (conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás): prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir de seis a diez años. Si no se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir de seis a diez años.
Art. 382 (concurso con resultado lesivo): cuando con los hechos de los arts. 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo previsto, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil. Art. 382 bis (introducido por la LO 2/2019): abandono voluntario del lugar del accidente por el conductor que, sin concurrir riesgo propio o de terceros, lo abandona tras causar un accidente con víctimas (consultar su redacción exacta). Además, la omisión del deber de socorro del art. 195 se aplica a quien no auxilia a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave.
Conducción y resultado imprudente: tras la LO 2/2019, de 1 de marzo, los homicidios y lesiones por imprudencia grave cometidos con vehículo a motor tienen tipos específicos (arts. 142, 142 bis, 152 y 152 bis) con penas superiores y privación del derecho a conducir.
La negativa a someterse a las pruebas de detección (art. 383 CP)
Art. 383: el conductor que, requerido por el agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
Se trata de un delito autónomo, de mera actividad y de omisión propia, que no depende de que el conductor condujera efectivamente bajo los efectos del alcohol o las drogas. Tiene pena propia, no equivalente a la de los delitos del art. 379. Elementos: a) conductor de vehículo (puede ser también el implicado en un accidente o en un control, o con indicios de infracción); b) requerimiento formal del agente de la autoridad; c) negativa clara, que puede ser expresa o tácita (maniobras obstructivas reiteradas); d) conocimiento de la obligación y de las consecuencias, para lo que es necesaria la advertencia del agente.
Recomendaciones para la actuación y el atestado: requerir de forma clara y comprensible, advertir expresamente de que la negativa constituye delito, reiterar el requerimiento y, si persiste, consignar con detalle las circunstancias, los testigos y el horario. En los supuestos de conductores de vehículos no sometidos a prueba por razones médicas justificadas (heridas, intoxicación grave) deberá constar la imposibilidad real.
La conducción sin permiso o licencia (art. 384 CP)
Art. 384: se castiga con prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, a quien condujere un vehículo de motor o ciclomotor: 1.º en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente; 2.º tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial; 3.º sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. La misma pena rige para las tres modalidades.
Prueba: en la pérdida de puntos, la resolución administrativa firme que declara la pérdida de vigencia notificada al interesado; en la privación judicial, la resolución judicial y su notificación; en el supuesto de no haber obtenido nunca permiso, la certificación negativa del Registro de Conductores. La jurisprudencia exige el conocimiento por el conductor de la privación o de la pérdida de vigencia. Hay que distinguir los supuestos que son solo infracciones administrativas, como conducir con el permiso caducado o no portarlo.
Penas accesorias y consecuencias: la privación del derecho a conducir (art. 47 CP) y la pérdida de puntos que, conforme a la normativa de tráfico, se asocia a la condena firme por estos delitos. Los agentes deben verificar el estado del permiso a través de las bases de datos de la Dirección General de Tráfico.
Creación de grave riesgo para la circulación (art. 385 CP)
Art. 385: el que originare un grave riesgo para la circulación mediante alguna de estas conductas: 1.ª colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio; 2.ª no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo. Se castiga con pena de prisión o de multa, según el precepto (consúltese su literal para la cuantía exacta). Es un delito de peligro concreto que puede cometer cualquier persona, no solo un conductor, y la segunda modalidad es un delito de omisión propia: la obligación de restablecer la seguridad de la vía puede derivar de una obra, un accidente o una retirada de señalización.
Art. 385 bis: el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos de este capítulo se considera instrumento del delito a efectos del comiso (arts. 127 y 128). Art. 385 ter: en los delitos de los arts. 379, 383, 384 y concordantes, el juez puede rebajar en un grado la pena de prisión cuando, por las circunstancias del hecho y las personales del autor, no resulte peligro para la vida o integridad de las personas (consultar su redacción exacta).
Autoridad, funcionario público y Título XIX: delitos contra la Administración pública
El Título XIX del Libro II, "Delitos contra la Administración Pública" (arts. 404 a 445), protege el correcto funcionamiento de las funciones públicas, la objetividad e imparcialidad en el servicio a los intereses generales (art. 103 CE) y la probidad de los empleados públicos. Sus capítulos son, en síntesis: prevaricación (404 a 406); abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos (407 a 409); desobediencia y denegación de auxilio (410 a 412); infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (413 a 418); cohecho (419 a 427 bis); tráfico de influencias (428 a 431); malversación (432 a 435 bis); fraudes y exacciones ilegales (436 a 438); negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios (439 a 444); corrupción en las transacciones comerciales internacionales (445, derogado y reubicado en el art. 286 ter).
Conceptos. Autoridad (art. 24.1 CP): el que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia; en todo caso, los miembros del Congreso, Senado, Asambleas Legislativas, Parlamento Europeo y los funcionarios del Ministerio Fiscal. Funcionario público (art. 24.2 CP): todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Agentes de la autoridad: a efectos del art. 7 de la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de estos cuerpos tienen en el ejercicio de sus funciones el carácter de agentes de la autoridad. La Policía Canaria, como cuerpo de policía autonómica, forma parte de dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los funcionarios son, a la vez, sujetos activos de estos delitos y, en muchos casos, víctimas o sujetos pasivos en los delitos de orden público.
La prevaricación administrativa (art. 404 CP)
Art. 404: la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a quince años. Elementos: a) autor: autoridad o funcionario público competente para dictar la resolución; b) resolución, es decir, acto administrativo con contenido decisorio que afecta a derechos o intereses de terceros (no un simple informe o propuesta sin eficacia resolutoria); c) asunto administrativo; d) arbitrariedad: la resolución no tiene justificación razonable y supone una contradicción patente y grosera con el ordenamiento, de modo que su injusticia es evidente para quien tiene conocimientos jurídicos mínimos; e) dolo: "a sabiendas", que excluye la imprudencia.
Doctrina del Tribunal Supremo: la prevaricación no sanciona cualquier ilegalidad, sino la arbitrariedad flagrante (ilegalidad "evidente, patente, flagrante y clamorosa"). El control ordinario de legalidad corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y el Derecho penal se reserva para los supuestos más graves (principio de intervención mínima). Es compatible la prevaricación con la omisión cuando existe deber de resolver. Distinta de la prevaricación judicial (arts. 446 y siguientes) y de la prevaricación en nombramientos (arts. 405 y 406).
Omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia, denegación de auxilio y revelación de secretos (arts. 408, 410 a 412 y 417 CP)
Art. 408: la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurre en inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Es especialmente relevante para los agentes policiales, que tienen el deber de poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos delictivos de que tengan conocimiento y de detener a los presuntos responsables en los supuestos legales.
Art. 410.1 (desobediencia de autoridad o funcionario): las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurren en multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Art. 412: denegación de auxilio, esto es, el funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de justicia u otro servicio público (multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años).
Arts. 413 a 416: infidelidad en la custodia de documentos (sustracción, destrucción, inutilización u ocultación de documentos confiados por razón del cargo). Art. 417: la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados incurre en multa y en inhabilitación especial; si de la revelación resulta grave daño para la causa pública o para un tercero, la pena es de prisión y mayor inhabilitación. Art. 418: aprovechamiento de secreto o información privilegiada. En el ámbito policial, la revelación de datos reservados de investigaciones o de los ficheros policiales es especialmente grave.
El cohecho: pasivo y activo (arts. 419 a 427 bis CP)
Cohecho pasivo: la autoridad o funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere o solicitare dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o aceptare ofrecimiento o promesa. Art. 419: para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito: prisión de tres a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido. El art. 420 recoge el supuesto de acto injusto relativo al cargo que no constituya delito, con penas inferiores; el art. 421, el de que se abstenga de un acto que debiera practicar o lo retrase injustificadamente; y el art. 422 (cohecho pasivo impropio), la admisión de dádiva o regalo ofrecido en consideración al cargo o función, con penas menores. Art. 423: se aplica a jurados, árbitros, peritos y administradores concursales según lo previsto.
Cohecho activo (art. 424): el particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida. Si el particular entrega la dádiva atendiendo a la solicitud del funcionario, se le impone la misma pena de prisión que a este (art. 424.2).
Art. 426: queda exento de pena el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación, antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos. Art. 427: lo dispuesto en los artículos anteriores es aplicable a funcionarios de otros Estados y de organizaciones internacionales. Ambas modalidades son delitos autónomos: el cohecho pasivo y el activo se consuman con la solicitud, ofrecimiento o aceptación, sin necesidad de que se realice el acto.
El tráfico de influencias (arts. 428 a 431 CP)
Art. 428: el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Pena: prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años; si se obtiene el beneficio perseguido, las penas se imponen en su mitad superior. Art. 429: el particular que influyere en un funcionario o autoridad prevaliéndose de manera manifiesta de su relación personal, con las mismas penas de prisión y multa. Art. 430: ofrecerse a realizar tales conductas solicitando de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptando ofrecimiento o promesa (prisión de seis meses a un año).
Diferencias. Con la prevaricación: el autor del tráfico de influencias presiona a quien debe resolver, pero no es él quien dicta la resolución; el funcionario influido que dicte una resolución injusta responderá, en su caso, por prevaricación. Con el cohecho: en el tráfico de influencias el núcleo es el ejercicio abusivo de una posición de superioridad o de relación para influir, sin que sea imprescindible dádiva al influido; ambos delitos pueden concurrir. Es un delito que no exige que la resolución llegue a dictarse.
La malversación (arts. 432 a 435 bis CP) y la reforma de 2022
La malversación sanciona al funcionario o autoridad que lesiona el patrimonio público confiado a su gestión. La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, reformó estos delitos. Art. 432: malversación por apropiación, esto es, la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga el patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas. Se prevén agravaciones por la cuantía del perjuicio (con umbrales de 50.000 y 250.000 euros en la redacción vigente, a contrastar) y por el grave daño o entorpecimiento del servicio público. Art. 432 bis: uso privado del patrimonio público sin ánimo de apropiación definitiva, con penas inferiores a las de la apropiación. Las penas incluyen prisión, multa e inhabilitación (especial o absoluta según la gravedad) y la reparación del daño. Los umbrales y las penas exactas deben consultarse en el texto vigente.
Rasgos: la autoridad o funcionario debe tener a su cargo el patrimonio público por razón de sus funciones; la reparación o reintegro posterior no excluye el delito, aunque puede operar como atenuante. El concepto de patrimonio público comprende caudales y efectos.
Otros delitos de funcionarios relacionados: fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438), como la exigencia de derechos no debidos; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios (art. 439, funcionario que se interesa en un contrato en que debe intervenir; art. 441, actividades profesionales o de asesoramiento incompatibles; art. 442, uso de secreto o información privilegiada con ánimo de beneficio económico).
Delitos contra el orden público: estructura del Título XXII y derogación de la sedición
El Título XXII del Libro II, "Delitos contra el orden público" (arts. 538 a 580 bis), protege la paz pública entendida como el normal desarrollo de la convivencia ciudadana. Capítulos: atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y resistencia y desobediencia (arts. 550 a 556); desórdenes públicos (arts. 557 a 562); tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (arts. 563 a 570); organizaciones y grupos criminales (arts. 570 bis a 570 quater); organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo (arts. 571 a 580 bis).
Novedad: la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, derogó los delitos de sedición (antiguos arts. 544 a 549) y reformó los desórdenes públicos. Los hechos antes constitutivos de sedición se reconducen, según su gravedad, a los desórdenes públicos del Capítulo III (en particular al art. 557 bis agravado) o a otros delitos como el atentado. Sigue tipificada la rebelión (arts. 472 y siguientes) y la reforma mantuvo los delitos contra el orden constitucional.
Este título se relaciona con la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (infracciones leves, graves y muy graves), de modo que ante un mismo hecho debe valorarse siempre si alcanza la entidad del delito o debe sancionarse en vía administrativa (principio non bis in idem).
El delito de atentado (arts. 550 y siguientes CP)
Art. 550.1: son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se consideran actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Pena (art. 550.2): prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad, y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos (agentes de la autoridad y funcionarios públicos). Se imponen, además, las penas que correspondan por los resultados lesivos producidos.
Condición de agente de la autoridad: los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agentes de la autoridad (art. 7.1 de la LO 2/1986), incluidos los de la Policía Canaria y los de las Policías Locales. Elementos: a) sujeto pasivo cualificado; b) actuación en ejercicio de las funciones propias del cargo o con ocasión de ellas (también cuando el agente está de paso o fuera de servicio y es agredido por su condición); c) conducta activa: agresión, acometimiento, o violencia/intimidación grave que opone resistencia grave; d) dolo, que incluye el conocimiento de la condición de agente (identificación o evidencia por el uniforme).
Tipos agravados (arts. 551 y 552): penas superiores en los casos de uso de armas u otros medios peligrosos, de acometimiento o de resultados lesivos, entre otras circunstancias previstas; consultar la redacción vigente de los preceptos. Distinciones: el atentado exige actividad (agresión, violencia, intimidación grave); la resistencia pasiva y la desobediencia no grave no son atentado.
Resistencia y desobediencia a la autoridad (art. 556 CP) y relación con la LO 4/2015
Art. 556.1: los que, sin estar comprendidos en el art. 550, resistieren a la autoridad o a sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
Es un tipo residual respecto del atentado: la resistencia es pasiva o menos intensa (por ejemplo, forcejear sin agresión grave para evitar una detención), y la desobediencia es la negativa terminante a cumplir un mandato legítimo y expreso de una autoridad o agente en el ámbito de su competencia, cuando es grave. Requisitos de la desobediencia: mandato claro y preciso, competencia del emisor, legalidad del mandato, conocimiento por el destinatario y negativa persistente o reiterada, con requerimiento previo y advertencia de las consecuencias.
Frontera con la vía administrativa: la LO 4/2015 sanciona como infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse y la alegación de datos falsos en procesos de identificación (art. 36.6), y como infracción leve las faltas de respeto y consideración hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad (art. 37.4), cuando no sean constitutivas de delito. La despenalización de la antigua falta de desacato por la LO 1/2015 (con la supresión del Libro III) trasladó a la vía administrativa las ofensas leves.
Los desórdenes públicos (arts. 557 a 561 CP)
Art. 557.1: serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder si los hechos fueran constitutivos de otros delitos. Art. 557.2: las mismas penas para quienes, actuando sobre una multitud o en nombre de ella, la inciten a la comisión de los actos anteriores o refuercen su disposición. Art. 557 bis: tipos agravados con penas de prisión superiores (según redacción vigente tras la LO 14/2022), entre otras circunstancias, cuando se porten armas u otros instrumentos peligrosos, se utilicen sustancias explosivas o inflamables, se actúe en una situación de peligro para las personas o en manifestaciones o reuniones numerosas con violencia, o se cometan prevaliéndose de la condición de autoridad.
Art. 557 ter: los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación grave de su actividad normal (prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses). Art. 558: perturbación grave del orden en la audiencia de un tribunal, en actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegios electorales, oficinas o establecimientos públicos, centros docentes o con ocasión de espectáculos deportivos o culturales. Art. 559: distribución o difusión pública de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alteraciones del orden público o refuercen la decisión de llevarlas a cabo. Art. 560: daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, telegráfica o telefónica. Art. 561: afirmar falsamente o simular la existencia de un aviso de bomba u otro peligro para la integridad de las personas, provocando movilización de servicios de emergencia (prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses).
Distinción: el delito exige actuación en grupo o amparado en él y alteración efectiva del orden público con violencia sobre personas o cosas, bloqueos peligrosos o invasión de instalaciones; la mera concurrencia, la manifestación pacífica o los incidentes aislados sin esa entidad son infracciones administrativas o no son infracción (LO 9/1983 del derecho de reunión; LO 4/2015).
Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos (arts. 563 a 570 CP)
Art. 563: la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas se castiga con prisión de uno a tres años. Art. 564: la tenencia de armas de fuego reglamentadas sin la licencia o permiso necesarios se castiga con penas distintas según se trate de armas cortas (la pena es superior) o armas largas (inferior). Arts. 565 a 567: fabricación, comercialización, reparación, tráfico, importación, transporte y depósito de armas, municiones o explosivos sin la autorización exigida, con penas más severas para armas de guerra y explosivos y cuando se pertenece a una organización. Art. 568: depósito de armas de guerra o químicas, o de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, con penas elevadas. Art. 570: provocación, conspiración y proposición para delinquir.
Relación con el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero): su clasificación en categorías determina qué armas requieren licencia o autorización y cuáles están prohibidas. Solo los supuestos de mayor gravedad (armas prohibidas, ausencia total de autorización, explosivos, organización) son delitos; el resto de incumplimientos se sanciona en vía administrativa conforme a la LO 4/2015 (arts. 35 a 37, que contienen las infracciones relativas a armas, con sanción específica para su tenencia, uso y transporte).
Organizaciones y grupos criminales (arts. 570 bis a 570 quater CP)
Art. 570 bis: se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Penas: los que promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren la organización, prisión de cuatro a ocho años si tuviera por finalidad cometer delitos graves, y de tres a seis años en los demás casos; los que participaren activamente o formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo, prisión de dos a cinco años si tuvieran por finalidad cometer delitos graves y de uno a tres años en los demás casos. Se prevén agravaciones por la naturaleza de la organización (uso de armas o explosivos, de violencia, etc.).
Art. 570 ter: grupo criminal es la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de delitos leves. Sus penas son inferiores a las de la organización, graduadas según la gravedad de los delitos que se proponga cometer. Art. 570 quater: disolución de la organización o grupo y consecuencias accesorias del art. 129 y del art. 33.7 CP, comiso y reincidencia internacional.
Rasgos: son delitos autónomos, que se castigan con independencia de los delitos concretos cometidos, con los que concurren; el bien jurídico es la peligrosidad añadida de la estructura estable. Distinción: la organización exige estabilidad o indefinición temporal y reparto de funciones; el grupo criminal no precisa esa estructura, aunque sí concierto. La mera coautoría o codelincuencia ocasional no basta para considerar que existe un grupo.
Delitos de terrorismo: elementos y principales preceptos (arts. 571 a 580 bis CP)
Tras la reforma de la LO 2/2015, de 30 de marzo (en materia de delitos de terrorismo), y la LO 1/2019, de 20 de febrero (que traspuso la Directiva (UE) 2017/541), el Capítulo VII del Título XXII regula las organizaciones y grupos terroristas y los delitos de terrorismo (arts. 571 a 580 bis). Art. 573.1: se consideran delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra el patrimonio histórico, de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, y la comisión de determinados delitos informáticos, cuando se lleven a cabo con alguna de estas finalidades: subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
Figuras principales: arts. 571 y 572 (organizaciones y grupos terroristas: promoción, dirección y pertenencia); art. 573 bis (penas de los delitos con finalidad terrorista, con prisión permanente revisable cuando se causa la muerte); art. 574 y siguientes (estragos y otros delitos con finalidad terrorista); art. 575 (obtención o posesión de material con fines terroristas y adiestramiento pasivo); art. 576 (financiación del terrorismo); art. 577 (colaboración, captación, reclutamiento, adoctrinamiento y adiestramiento); art. 578 (enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo o de sus autores y humillación a las víctimas); art. 579 (difusión de mensajes de incitación, provocación, conspiración y proposición); art. 579 bis (penas accesorias e inhabilitación); art. 580 (reincidencia internacional); art. 580 bis (responsabilidad de las personas jurídicas).
Competencia: la Audiencia Nacional (Juzgados Centrales de Instrucción y Sala de lo Penal) conoce, con carácter general, de los delitos de terrorismo. Los especialistas en investigación son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil; la Policía Canaria colabora en la prevención, detección y puesta a disposición en su ámbito territorial. La detención en delitos de terrorismo se rige por reglas especiales de la LECrim (arts. 509 y 520 bis).
Desacato y faltas de respeto: frontera entre el delito y la infracción administrativa
La antigua falta de desacato (faltas del Libro III) desapareció con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que suprimió el Libro III del Código Penal. Las ofensas de entidad leve se reconducen a la vía administrativa: art. 37.4 de la LO 4/2015, que tipifica como infracción leve las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando no sean constitutivas de infracción penal. Las conductas más graves se reconducen al delito: atentado (art. 550) cuando hay agresión, acometimiento, intimidación grave o violencia que opone resistencia grave; resistencia o desobediencia grave (art. 556); y, en su caso, injurias o amenazas.
Criterios prácticos de calificación: 1) ¿hay acometimiento, agresión o violencia/intimidación graves? Sí: atentado. 2) ¿hay oposición física no agresiva, o negativa grave y persistente a un mandato legítimo? Sí: resistencia o desobediencia grave del art. 556. 3) ¿hay desobediencia o resistencia no graves, negativa a identificarse o datos falsos? Infracción grave del art. 36.6 de la LO 4/2015. 4) ¿meras expresiones de falta de respeto? Infracción leve del art. 37.4 de la LO 4/2015. La clasificación influye de forma decisiva en el contenido del atestado o denuncia (diligencias a la autoridad judicial o propuesta de sanción gubernativa). Señalamiento: la valoración depende de las circunstancias concretas y de la prueba de la actuación del agente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 368 CP: tráfico de drogas. Grave daño (heroína, cocaína, anfetaminas, MDMA, LSD): prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo; resto (cannabis): prisión de 1 a 3 años y multa del tanto al duplo. Posible pena inferior en grado por escasa entidad.
La posesión para consumo propio es atípica penalmente, pero el consumo o la tenencia en lugares públicos son infracción grave de la LO 4/2015 (art. 36.16). El consumo compartido exige círculo cerrado de consumidores habituales, consumo inmediato y cantidad reducida.
Art. 369 (agravantes): notoria importancia (criterio jurisprudencial de unas 500 dosis medias diarias), menores, centros docentes o penitenciarios, funcionarios o profesionales. Art. 369 bis: organización delictiva (9 a 12 años si grave daño). Art. 370: utilización de buques o aeronaves, menores o jefes de organización.
Art. 379.1 CP: velocidad superior en 60 km/h en vía urbana o 80 km/h en vía interurbana a la permitida. Pena: prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
Art. 379.2 CP: dos modalidades: conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (exige acreditar influencia) y conducir con más de 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre (basta la tasa). Las tasas penales no se reducen a la mitad para profesionales o noveles.
Tasas administrativas: 0,25 mg/l aire (0,5 g/l sangre) en general; 0,15 mg/l aire (0,3 g/l sangre) profesionales y noveles (2 primeros años). Superarlas sin llegar a las penales es infracción, no delito, salvo influencia acreditada.
Art. 380 CP (conducción temeraria): temeridad manifiesta + peligro concreto; prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir de 1 a 6 años. Art. 381: manifiesto desprecio por la vida de los demás, prisión de 2 a 5 años y privación de 6 a 10 años.
Art. 383 CP: negativa a las pruebas de alcohol o drogas, delito autónomo: prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. No equivale a la pena del art. 379.
Art. 384 CP: tres modalidades con la misma pena (prisión 3 a 6 meses, multa 12 a 24 meses o TBC 31 a 90 días): pérdida total de puntos, privación judicial del permiso y no haber obtenido nunca permiso.
Art. 385 CP: grave riesgo para la circulación (obstáculos, sustancias deslizantes, señalización, no restablecer la seguridad de la vía); lo puede cometer quien no conduce. La pena es de prisión o multa, no la misma del art. 380.
Art. 404 CP (prevaricación administrativa): resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia; inhabilitación especial de 9 a 15 años; exige arbitrariedad flagrante, no basta la mera ilegalidad.
Cohecho pasivo (funcionario) y activo (particular): delitos autónomos. Art. 419: prisión de 3 a 6 años e inhabilitación de 7 a 12 años. Art. 426: exención del particular que denuncia antes de abrirse el procedimiento y en un plazo no superior a dos meses.
Tráfico de influencias (arts. 428 a 430): prevalimiento de situación personal o jerárquica para conseguir una resolución que genere beneficio económico; prisión de 6 meses a 2 años; no exige dádiva al influido.
Malversación: reformada por la LO 14/2022 (art. 432 apropiación, art. 432 bis uso privado, con agravaciones por el valor del perjuicio). El art. 295 y la sedición están derogados; la sedición (arts. 544 a 549) fue derogada por la LO 14/2022.
Art. 550 CP (atentado): agresión, acometimiento o violencia/intimidación grave con resistencia grave a autoridad, agentes o funcionarios en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Pena: 1 a 4 años y multa si es contra autoridad; 6 meses a 3 años en los demás casos.
Art. 556 CP: resistencia o desobediencia grave sin las notas del atentado; prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. La desobediencia o resistencia no graves son infracción de la LO 4/2015 (art. 36.6); las faltas de respeto, infracción leve (art. 37.4).
Desórdenes públicos (art. 557): actuar en grupo, con fin de atentar contra la paz pública, causando lesiones, daños, obstaculizando vías con peligro o invadiendo instalaciones; prisión de 6 meses a 3 años.
Armas: art. 563 (armas prohibidas), prisión de 1 a 3 años; art. 564 (armas de fuego reglamentadas sin licencia, distinta pena según sean cortas o largas).
Organización criminal (art. 570 bis): más de dos personas, estable o por tiempo indefinido, reparto concertado de tareas; grupo criminal (art. 570 ter): más de dos personas sin esas notas. Ambos son delitos autónomos y concurren con los delitos-fin.
Terrorismo (arts. 571 y siguientes, tras LO 2/2015 y LO 1/2019): delito grave de la lista del art. 573 + finalidad terrorista (subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar una organización internacional o provocar terror). Competencia general de la Audiencia Nacional.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Para que exista el delito de conducción temeraria del art. 380 CP es imprescindible que concurran:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 34 de Policía Canaria?
Este tema reúne tres bloques de la parte especial del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) de gran trascendencia para la actividad diaria de la Policía Canaria: los delitos contra la seguridad colectiva (en particular los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, arts. 359 a 378, y los delitos contra la seguridad vial, arts. 379 a 385 ter), los delitos contra la Administración pública (Título XIX: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación) y los delitos contra el orden público (Título XXII: atentado, resistencia y desobediencia, desórdenes públicos, tenencia y tráfico de armas y explosivos, organizaciones y grupos criminales y terrorismo).
Son tipos de aplicación constante en la actuación policial, especialmente los de seguridad vial y el atentado. Su correcta calificación exige manejar con precisión cifras y umbrales (velocidad superior en 60 u 80 km/h, tasas penales de alcohol de 0,60 mg/l en aire espirado y 1,2 g/l en sangre, penas del atentado, plazos del cohecho) y distinguir figuras próximas (atentado frente a resistencia y desobediencia; infracción administrativa frente a delito; organización frente a grupo criminal). Conviene conocer también las reformas recientes: LO 2/2019 (imprudencia en la conducción), LO 1/2019 y LO 2/2015 (terrorismo) y LO 14/2022, que derogó el delito de sedición y reformó la malversación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 34 para el examen?
Art. 368 CP: tráfico de drogas. Grave daño (heroína, cocaína, anfetaminas, MDMA, LSD): prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo; resto (cannabis): prisión de 1 a 3 años y multa del tanto al duplo. Posible pena inferior en grado por escasa entidad. La posesión para consumo propio es atípica penalmente, pero el consumo o la tenencia en lugares públicos son infracción grave de la LO 4/2015 (art. 36.16). El consumo compartido exige círculo cerrado de consumidores habituales, consumo inmediato y cantidad reducida. Art. 369 (agravantes): notoria importancia (criterio jurisprudencial de unas 500 dosis medias diarias), menores, centros docentes o penitenciarios, funcionarios o profesionales. Art. 369 bis: organización delictiva (9 a 12 años si grave daño). Art. 370: utilización de buques o aeronaves, menores o jefes de organización. Art. 379.1 CP: velocidad superior en 60 km/h en vía urbana o 80 km/h en vía interurbana a la permitida. Pena: prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Art. 379.2 CP: dos modalidades: conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (exige acreditar influencia) y conducir con más de 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre (basta la tasa). Las tasas penales no se reducen a la mitad para profesionales o noveles. Tasas administrativas: 0,25 mg/l aire (0,5 g/l sangre) en general; 0,15 mg/l aire (0,3 g/l sangre) profesionales y noveles (2 primeros años). Superarlas sin llegar a las penales es infracción, no delito, salvo influencia acreditada. Art. 380 CP (conducción temeraria): temeridad manifiesta + peligro concreto; prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir de 1 a 6 años. Art. 381: manifiesto desprecio por la vida de los demás, prisión de 2 a 5 años y privación de 6 a 10 años. Art. 383 CP: negativa a las pruebas de alcohol o drogas, delito autónomo: prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. No equivale a la pena del art. 379. Art. 384 CP: tres modalidades con la misma pena (prisión 3 a 6 meses, multa 12 a 24 meses o TBC 31 a 90 días): pérdida total de puntos, privación judicial del permiso y no haber obtenido nunca permiso. Art. 385 CP: grave riesgo para la circulación (obstáculos, sustancias deslizantes, señalización, no restablecer la seguridad de la vía); lo puede cometer quien no conduce. La pena es de prisión o multa, no la misma del art. 380. Art. 404 CP (prevaricación administrativa): resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia; inhabilitación especial de 9 a 15 años; exige arbitrariedad flagrante, no basta la mera ilegalidad. Cohecho pasivo (funcionario) y activo (particular): delitos autónomos. Art. 419: prisión de 3 a 6 años e inhabilitación de 7 a 12 años. Art. 426: exención del particular que denuncia antes de abrirse el procedimiento y en un plazo no superior a dos meses. Tráfico de influencias (arts. 428 a 430): prevalimiento de situación personal o jerárquica para conseguir una resolución que genere beneficio económico; prisión de 6 meses a 2 años; no exige dádiva al influido. Malversación: reformada por la LO 14/2022 (art. 432 apropiación, art. 432 bis uso privado, con agravaciones por el valor del perjuicio). El art. 295 y la sedición están derogados; la sedición (arts. 544 a 549) fue derogada por la LO 14/2022. Art. 550 CP (atentado): agresión, acometimiento o violencia/intimidación grave con resistencia grave a autoridad, agentes o funcionarios en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Pena: 1 a 4 años y multa si es contra autoridad; 6 meses a 3 años en los demás casos. Art. 556 CP: resistencia o desobediencia grave sin las notas del atentado; prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. La desobediencia o resistencia no graves son infracción de la LO 4/2015 (art. 36.6); las faltas de respeto, infracción leve (art. 37.4). Desórdenes públicos (art. 557): actuar en grupo, con fin de atentar contra la paz pública, causando lesiones, daños, obstaculizando vías con peligro o invadiendo instalaciones; prisión de 6 meses a 3 años. Armas: art. 563 (armas prohibidas), prisión de 1 a 3 años; art. 564 (armas de fuego reglamentadas sin licencia, distinta pena según sean cortas o largas). Organización criminal (art. 570 bis): más de dos personas, estable o por tiempo indefinido, reparto concertado de tareas; grupo criminal (art. 570 ter): más de dos personas sin esas notas. Ambos son delitos autónomos y concurren con los delitos-fin. Terrorismo (arts. 571 y siguientes, tras LO 2/2015 y LO 1/2019): delito grave de la lista del art. 573 + finalidad terrorista (subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar una organización internacional o provocar terror). Competencia general de la Audiencia Nacional.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 17, 18, 43 y 103
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444): arts. 359 a 385 ter (salud pública y seguridad vial), 404 a 445 (Administración pública) y 538 a 580 bis (orden público)
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 (supresión del Libro III y de las faltas)
Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 en materia de delitos de terrorismo
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotores
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra el orden público y de malversación
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, arts. 35 a 37
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 7
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882): arts. 263 bis, 282 bis, 520 bis, 795 y siguientes y 801
Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.