El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127) regula el Poder Judicial. El artículo 117.1 proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (art. 117.3), configurados según los principios de unidad jurisdiccional y exclusividad, con prohibición de los Tribunales de excepción (art. 117.5 y 117.6). El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), regulado en el art. 122 CE, y la LOPJ determina la constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales. La organización judicial se articula en cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) con el Tribunal Supremo en la cúspide, salvo en materia de garantías constitucionales, y la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido los Tribunales de Instancia.
Principios constitucionales de la función jurisdiccional
El artículo 117 CE consagra varios principios estructurales. La unidad jurisdiccional (117.5) es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, y la ley regula el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio; queda así proscrita la jurisdicción de excepción, pues el art. 117.6 prohíbe los Tribunales de excepción. El principio de exclusividad (117.3 y 117.4) implica que solo los Juzgados y Tribunales previstos por la ley ejercen la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), y que no ejercerán más funciones que esas y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Los Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley (117.1); la inamovilidad implica que no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley (117.2). La responsabilidad de los jueces puede ser penal, civil y disciplinaria, en los términos de la LOPJ. El art. 118 impone el deber de cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes, así como de prestar la colaboración requerida por Jueces y Tribunales. Trampa de examen: la independencia judicial convive con la responsabilidad; son principios complementarios, no excluyentes.
Organización judicial: órdenes jurisdiccionales y estructura territorial
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), desarrolla la organización judicial (art. 122.1 CE). A efectos judiciales, el territorio se divide en municipios, partidos judiciales, provincias y Comunidades Autónomas. Existen cuatro órdenes jurisdiccionales ordinarios: civil, penal, contencioso-administrativo y social, además de la jurisdicción militar. En el escalón de base están los Juzgados (de Primera Instancia, de Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria y de Paz, entre otros), sobre los que se superponen las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia (uno por Comunidad Autónoma, que culminan la organización judicial en su territorio sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, art. 152.1 CE), la Audiencia Nacional (con competencia en todo el territorio para determinadas materias) y el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE). El Presidente del Tribunal Supremo, que lo es también del CGPJ, es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ (art. 123.2). El Tribunal Supremo se organiza en cinco Salas: Primera (Civil), Segunda (Penal), Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (Militar). Novedad: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce los Tribunales de Instancia, que agrupan en secciones los antiguos Juzgados unipersonales de cada partido judicial con una implantación progresiva; las competencias materiales (civil, penal, etc.) se mantienen.
El Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE)
El artículo 122 CE configura al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el órgano de gobierno del Poder Judicial. La LOPJ determina su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Conforme al art. 122.3 CE, el Consejo estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (elegidos según los términos que establezca la ley orgánica), cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. El CGPJ fue renovado en julio de 2024 tras un largo periodo con el mandato vencido. El Ministerio Fiscal, por su parte, no ejerce potestad jurisdiccional: el art. 124 CE le encomienda la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, dirigido por el Fiscal General del Estado y sometido a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lo define como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.
El Jurado y la acción popular
El artículo 125 CE reconoce que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. La institución del Jurado se desarrolla mediante la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, que atribuye su enjuiciamiento a determinados delitos (homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros tasados por la ley); el Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado de la Audiencia Provincial que lo preside). El art. 126 CE atribuye a la Policía Judicial la función de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca, dependiendo de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito. El art. 127 CE dispone que los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y que la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de Jueces, Magistrados y Fiscales y el régimen de incompatibilidades, que deberá asegurar su total independencia.
Principio de gratuidad de la justicia y asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE)
El artículo 119 CE dispone que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Se desarrolla mediante la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que reconoce este derecho a las personas físicas que carezcan de recursos suficientes conforme a los umbrales económicos legales (vinculados al IPREM), y de forma automática a determinados colectivos (víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, entre otros) con independencia de sus recursos. El reconocimiento del derecho corresponde a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, e incluye la exención de tasas y depósitos judiciales, la asistencia de abogado y la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador del turno de oficio. Esta gratuidad no equivale a la ausencia de coste real (que asume el erario público mediante el sistema de turno de oficio y el pago a los profesionales designados), sino a la eliminación de la barrera económica en el acceso a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.
Publicidad de las actuaciones y motivación de las resoluciones (art. 120 CE)
El artículo 120.1 CE proclama que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento (por ejemplo, para proteger la intimidad de menores o víctimas de determinados delitos). El art. 120.2 dispone que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. El art. 120.3 exige que las sentencias sean siempre motivadas y se pronuncien en audiencia pública; la motivación es una exigencia derivada también del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues permite conocer las razones de la decisión y controlar su corrección jurídica, tanto por las partes como, en vía de recurso, por los tribunales superiores. La falta de motivación, o una motivación arbitraria o irrazonable, puede dar lugar a la nulidad de la resolución y, en su caso, a un recurso de amparo por vulneración del art. 24.1 CE.
Responsabilidad del Estado por error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE)
El artículo 121 CE reconoce que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Se trata de un supuesto específico de responsabilidad patrimonial de la Administración (distinto del régimen general de la Ley 40/2015), regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige en el caso del error judicial una previa resolución judicial que expresamente lo reconozca (obtenida mediante una acción de error judicial, que debe ejercitarse en el plazo de tres meses desde que pudo ejercitarse, ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, o del Tribunal Superior de Justicia según los casos), mientras que el funcionamiento anormal (dilaciones indebidas, pérdida de documentación procesal, incumplimiento de plazos, etc.) puede reclamarse directamente ante el Ministerio de Justicia sin necesidad de esa previa declaración judicial.
El Tribunal Constitucional: naturaleza y diferencia con el Poder Judicial (Título IX CE)
El Tribunal Constitucional (TC) se regula en el Título IX de la Constitución (arts. 159 a 165), separado sistemáticamente del Título VI dedicado al Poder Judicial. El TC no forma parte del Poder Judicial: es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica (LO 2/1979, de 3 de octubre). Aunque ejerce una función jurisdiccional en sentido amplio, su naturaleza es la de un órgano constitucional autónomo, distinto de los Juzgados y Tribunales ordinarios que integran el Poder Judicial bajo el gobierno del CGPJ. Según el art. 164 CE, las sentencias del TC se publican en el BOE con los votos particulares, tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas; las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. El Presidente del TC es nombrado por el Rey entre sus miembros, a propuesta del Pleno, por un periodo de tres años (art. 160 CE).
Composición y nombramiento del Tribunal Constitucional (art. 159 CE)
El artículo 159.1 CE fija en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El art. 159.2 exige que sean nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. El art. 159.3 fija su mandato en nueve años, renovándose por terceras partes cada tres. El art. 159.4 declara la incompatibilidad del cargo de Magistrado del TC con todo mandato representativo, cargo político o administrativo, ejercicio de funciones directivas en partidos políticos o sindicatos, empleo al servicio de los mismos, ejercicio de la carrera judicial y fiscal, y cualquier actividad profesional o mercantil, reforzando así su independencia.
Competencias del Tribunal Constitucional (art. 161 CE)
El artículo 161.1 CE atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (declarando, en su caso, la nulidad de los preceptos impugnados); del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE, en los casos y formas que la ley establezca; de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre sí; y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. El art. 161.2 permite al Gobierno impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas; la impugnación produce la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses. El art. 163 CE regula la cuestión de inconstitucionalidad, planteada por un órgano judicial cuando considere, en un proceso concreto, que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución. El art. 95.2 permite el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, reformó la LOTC para reforzar la ejecución de las resoluciones del Tribunal.
El Ministerio Fiscal: Estatuto Orgánico y principios de actuación
El Ministerio Fiscal se regula, en desarrollo del art. 124 CE, por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE): la unidad de actuación implica que el Ministerio Fiscal actúa como una institución única bajo la dirección del Fiscal General del Estado, y la dependencia jerárquica que cada Fiscal está sujeto a las instrucciones del superior, sin perjuicio de su derecho a formular objeciones motivadas. El Ministerio Fiscal es especialmente relevante en la fase de instrucción penal, donde interviene en las diligencias de investigación practicadas por la Policía Judicial.
El Fiscal General del Estado: nombramiento y cese
El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE), entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, previa comparecencia de la persona propuesta ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Dirige el Ministerio Fiscal y ostenta su representación, e imparte las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución; las instrucciones sobre asuntos concretos deben darse por escrito y de forma motivada. Entre las causas de su cese figura el cese del Gobierno que lo propuso, lo que ha suscitado un debate recurrente sobre las garantías de independencia de la institución frente al Poder Ejecutivo.
La Policía Judicial (art. 126 CE y arts. 29-30 LOFCS)
El artículo 126 CE atribuye a la Policía Judicial la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente, dependiendo, en estas funciones, de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal, en los términos que la ley establezca. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrolla esta previsión en su capítulo sobre la Policía Judicial (arts. 29 y siguientes) y el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, regula la Policía Judicial. La doctrina distingue entre las funciones de Policía Judicial en sentido genérico, que corresponden a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando actúan en auxilio de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, y las Unidades de Policía Judicial en sentido específico, integradas por personal especializado con dependencia funcional de Jueces, Tribunales y Fiscalía en las concretas investigaciones que se les encomiendan, sin perjuicio de su dependencia orgánica del respectivo Cuerpo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 282) fija el contenido material de la función: averiguar los delitos públicos, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger los efectos, instrumentos y pruebas del delito cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
Relación entre la Policía Judicial y el Cuerpo General de la Policía Canaria
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), como cuerpo de policía de la Comunidad Autónoma, ejerce funciones de colaboración con la Policía Judicial en los términos que establecen la LOFCS y la normativa autonómica de desarrollo. En esa función, sus miembros actúan bajo la dependencia funcional de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal en las diligencias concretas que se les encomienden, sin perjuicio de su dependencia orgánica y jerárquica del Gobierno de Canarias. En la práctica, esto se traduce en el deber de auxilio y colaboración con Jueces, Tribunales y Fiscalía en la investigación de hechos delictivos detectados en el ejercicio de sus funciones, la instrucción de atestados y su remisión a la autoridad judicial competente, y la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conforme a la LOFCS. Se recomienda al opositor consultar en el temario oficial el alcance exacto de las funciones de Policía Judicial reconocidas al CGPC por su ley reguladora.
Los Tribunales Superiores de Justicia
El artículo 152.1 CE, para las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 151, prevé la culminación de la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma por un Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo; previsión que la LOPJ generalizó a todas las Comunidades Autónomas, existiendo así un TSJ en cada una de ellas (el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria y Salas desdobladas también en Santa Cruz de Tenerife). El TSJ se organiza en Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, y culmina la organización judicial en el territorio autonómico en todos los órdenes jurisdiccionales, sin perjuicio del recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los casos que la ley prevé. Corresponde también al TSJ conocer, en su Sala de lo Civil y Penal, de las causas contra Diputados autonómicos, miembros del Gobierno autonómico y determinados altos cargos por razón de aforamiento.
La Audiencia Nacional: competencias específicas
La Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional con sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional, creado por el Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, e incorporado después a la LOPJ. Se estructura en Salas de lo Penal (con una Sala de Apelación creada por la Ley Orgánica 1/2009), de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, además de Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Su Sala de lo Penal conoce, entre otros, de los delitos de terrorismo, los cometidos por bandas armadas u organizaciones criminales de proyección territorial superior a una Comunidad Autónoma, el narcotráfico a gran escala, la falsificación de moneda, los delitos económicos con especial trascendencia o repercusión y determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional cuya competencia corresponde a los tribunales españoles. Su naturaleza especializada y de competencia nacional, y no territorial, la distingue del resto de órganos jurisdiccionales ordinarios organizados por partidos judiciales y provincias.
La carrera judicial: ingreso, categorías y especialidades
La LOPJ regula la Carrera Judicial, integrada por tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez. El ingreso ordinario se produce mediante oposición libre entre licenciados o graduados en Derecho, seguida de un curso teórico y práctico de selección en la Escuela Judicial del CGPJ; existe también el acceso por la categoría de Magistrado mediante concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Los Jueces y Magistrados están organizados según el escalafón, se rigen por el principio de inamovilidad (art. 117.2 CE) y su régimen de nombramientos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario corresponde al CGPJ. Los órganos unipersonales (Juzgados) están servidos por un Juez o Magistrado; los órganos colegiados (Audiencias Provinciales, TSJ, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) están servidos por Magistrados.
El Letrado de la Administración de Justicia y la Oficina Judicial
El Letrado de la Administración de Justicia (denominación introducida por la Ley Orgánica 7/2015, en sustitución de la anterior de Secretario Judicial) constituye un Cuerpo Superior Jurídico, único de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, que ejerce la fe pública judicial (dan fe, con plenitud de efectos, de las actuaciones procesales que se realicen en el Tribunal o ante él), impulsan formalmente el procedimiento y dictan las resoluciones procesales que la ley les atribuye (diligencias de ordenación, decretos), y dirigen la Oficina Judicial en el aspecto técnico-procesal. La Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales, estructurada en Servicios Comunes Procesales (que prestan apoyo a varios órganos judiciales) y Unidades Procesales de Apoyo Directo (adscritas a un único órgano judicial concreto).
La jurisdicción militar: ámbito y límites (art. 117.5 CE)
El artículo 117.5 CE, al proclamar el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, admite una única excepción: la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Esta previsión se desarrolla mediante la Ley Orgánica 4/1987, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, y la Ley Orgánica 2/1989, Procesal Militar; el Juzgados Togados Militares, los Tribunales Militares Territoriales, el Tribunal Militar Central y la Sala Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo integran esta jurisdicción especializada. Trampa de examen: la jurisdicción militar es una jurisdicción especial constitucionalmente admitida (no una jurisdicción de excepción prohibida), pero su ámbito de aplicación es estrictamente el castrense; fuera de él (y del estado de sitio), los delitos cometidos por militares se enjuician por la jurisdicción ordinaria, igual que los cometidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de naturaleza civil (Cuerpo Nacional de Policía, policías autonómicas y locales), que no están sujetos a fuero militar. El Código Penal Militar vigente es la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre.
Diferencias entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria
La jurisdicción contenciosa es la actividad jurisdiccional propiamente dicha: resuelve un conflicto entre partes con intereses contrapuestos mediante un proceso que culmina en una resolución con fuerza de cosa juzgada. La jurisdicción voluntaria (regulada actualmente por la Ley 15/2015, de 2 de julio) comprende, en cambio, todos aquellos expedientes que requieren la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil sin que exista controversia entre partes determinadas (por ejemplo, la declaración de herederos abintestato sin oposición, ciertas autorizaciones judiciales, o la conciliación); la propia Ley 15/2015 atribuye buena parte de estos expedientes, en determinados supuestos, a otros operadores jurídicos como Notarios y Registradores, además de a los Letrados de la Administración de Justicia, en un proceso de progresiva desjudicialización de estas materias no contenciosas.
Competencia judicial: objetiva, funcional y territorial; órganos del orden penal
La competencia determina qué órgano concreto debe conocer de cada asunto. La competencia objetiva atiende a la materia y, en su caso, a la cuantía o a la gravedad de la pena; la funcional se refiere a los recursos y a la ejecución (el órgano que conoce en primera instancia, el que resuelve la apelación o la casación); y la territorial determina el partido judicial o el territorio. En el orden penal, los Juzgados de Instrucción instruyen las causas y conocen y fallan los delitos leves; los Juzgados de lo Penal enjuician los delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con otras penas de hasta diez años (art. 14.3 LECrim); las Audiencias Provinciales enjuician los delitos más graves y resuelven los recursos de apelación contra las sentencias de los Juzgados de lo Penal; los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen de la instrucción y, en su caso, del fallo de los delitos y delitos leves de su competencia; los Juzgados de Menores conocen de los hechos cometidos por menores de dieciocho años y mayores de catorce (Ley Orgánica 5/2000); y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria controlan la ejecución de las penas privativas de libertad. La Sala Segunda del Tribunal Supremo conoce, entre otros asuntos, de las causas contra aforados (Diputados, Senadores, miembros del Gobierno, etc.). Los procedimientos penales ordinarios se tramitan por el procedimiento abreviado (delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años) o por el sumario ordinario (superior a nueve años), sin perjuicio del juicio ante el Tribunal del Jurado y del enjuiciamiento rápido de determinados delitos flagrantes.
Recursos y composición de los órganos judiciales
Contra las resoluciones judiciales proceden, según el caso, recursos ordinarios (reposición y revisión, apelación y queja) y extraordinarios (casación, recurso extraordinario por infracción procesal y revisión de sentencias firmes). La apelación permite un segundo examen del asunto por el tribunal superior, y la casación se limita a la correcta aplicación del Derecho por el Tribunal Supremo (o, en ciertos casos, por los Tribunales Superiores de Justicia) y a la unificación de doctrina. Los Juzgados son unipersonales; las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo son colegiados y actúan por Salas y Secciones. Las resoluciones judiciales adoptan la forma de providencias, autos y sentencias, según su contenido; la sentencia resuelve definitivamente el pleito. El principio de cosa juzgada impide reabrir lo resuelto por sentencia firme, y la ejecución de lo juzgado forma parte de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE). Trampa de examen: la audiencia pública y la motivación son obligatorias en las sentencias (art. 120.3 CE), pero no todas las resoluciones judiciales requieren los mismos requisitos formales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 117.1 CE: la justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Principios de unidad jurisdiccional (117.5) y exclusividad (117.3-117.4); proscrita la jurisdicción de excepción; única excepción admitida: jurisdicción militar en ámbito castrense y estado de sitio.
Cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social; culminan en el Tribunal Supremo (art. 123 CE).
El CGPJ (art. 122 CE) es el órgano de gobierno del Poder Judicial: Presidente del TS + 20 vocales (12 jueces/magistrados, 8 juristas elegidos por 3/5 del Congreso y Senado), mandato de 5 años.
El Ministerio Fiscal (art. 124 CE) no ejerce potestad jurisdiccional y actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeto a legalidad e imparcialidad (el EOMF lo integra con autonomía funcional en el Poder Judicial); lo dirige el Fiscal General del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.
Art. 125 CE: acción popular y participación ciudadana mediante el Jurado (LO 5/1995) y los tribunales consuetudinarios y tradicionales.
El Tribunal Constitucional (Título IX CE, arts. 159-165) NO forma parte del Poder Judicial; 12 miembros, mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3.
TC: recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo (derechos del art. 53.2 CE), conflictos de competencia Estado-CCAA, cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE), control previo de tratados (art. 95).
Art. 121 CE: responsabilidad del Estado por error judicial (requiere declaración judicial previa) y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
Art. 126 CE + arts. 29-30 LOFCS: Policía Judicial genérica (todas las FCS) vs. Unidades Orgánicas de Policía Judicial (solo CNP y Guardia Civil); el CGPC ejerce funciones de Policía Judicial genérica.
El TSJ de Canarias culmina la organización judicial en el archipiélago; la Audiencia Nacional tiene competencia estatal en terrorismo, delitos económicos graves y narcotráfico a gran escala.
Art. 119 CE: gratuidad de la justicia para quienes acrediten insuficiencia de recursos (Ley 1/1996).
Art. 117.6 CE: se prohíben los Tribunales de excepción; art. 117.5: unidad jurisdiccional, con la jurisdicción militar como única excepción en el ámbito estrictamente castrense y en estado de sitio.
Art. 123 CE: el Tribunal Supremo es el órgano superior en todos los órdenes salvo en garantías constitucionales; su Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ.
Art. 127 CE: Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos ni desempeñar otros cargos públicos.
Art. 164 CE: las sentencias del TC no admiten recurso; las que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos y el Presidente del TC dura tres años (art. 160).
Tribunal del Jurado (LO 5/1995): nueve jurados y un Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial.
LO 1/2025, de 2 de enero: Tribunales de Instancia, que agrupan los Juzgados unipersonales de cada partido judicial en secciones.
Juzgados de lo Penal: delitos hasta cinco años de privación de libertad (u otras penas hasta diez); Audiencias Provinciales: los más graves.
Letrados de la Administración de Justicia (LO 7/2015): fe pública judicial y dirección técnico-procesal de la Oficina Judicial.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Quién nombra al Fiscal General del Estado conforme al artículo 124.4 CE?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Policía Canaria?
El Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127) regula el Poder Judicial. El artículo 117.1 proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (art. 117.3), configurados según los principios de unidad jurisdiccional y exclusividad, con prohibición de los Tribunales de excepción (art. 117.5 y 117.6). El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), regulado en el art. 122 CE, y la LOPJ determina la constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales. La organización judicial se articula en cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) con el Tribunal Supremo en la cúspide, salvo en materia de garantías constitucionales, y la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido los Tribunales de Instancia.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Art. 117.1 CE: la justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Principios de unidad jurisdiccional (117.5) y exclusividad (117.3-117.4); proscrita la jurisdicción de excepción; única excepción admitida: jurisdicción militar en ámbito castrense y estado de sitio. Cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social; culminan en el Tribunal Supremo (art. 123 CE). El CGPJ (art. 122 CE) es el órgano de gobierno del Poder Judicial: Presidente del TS + 20 vocales (12 jueces/magistrados, 8 juristas elegidos por 3/5 del Congreso y Senado), mandato de 5 años. El Ministerio Fiscal (art. 124 CE) no ejerce potestad jurisdiccional y actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeto a legalidad e imparcialidad (el EOMF lo integra con autonomía funcional en el Poder Judicial); lo dirige el Fiscal General del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Art. 125 CE: acción popular y participación ciudadana mediante el Jurado (LO 5/1995) y los tribunales consuetudinarios y tradicionales. El Tribunal Constitucional (Título IX CE, arts. 159-165) NO forma parte del Poder Judicial; 12 miembros, mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3. TC: recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo (derechos del art. 53.2 CE), conflictos de competencia Estado-CCAA, cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE), control previo de tratados (art. 95). Art. 121 CE: responsabilidad del Estado por error judicial (requiere declaración judicial previa) y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Art. 126 CE + arts. 29-30 LOFCS: Policía Judicial genérica (todas las FCS) vs. Unidades Orgánicas de Policía Judicial (solo CNP y Guardia Civil); el CGPC ejerce funciones de Policía Judicial genérica. El TSJ de Canarias culmina la organización judicial en el archipiélago; la Audiencia Nacional tiene competencia estatal en terrorismo, delitos económicos graves y narcotráfico a gran escala. Art. 119 CE: gratuidad de la justicia para quienes acrediten insuficiencia de recursos (Ley 1/1996). Art. 117.6 CE: se prohíben los Tribunales de excepción; art. 117.5: unidad jurisdiccional, con la jurisdicción militar como única excepción en el ámbito estrictamente castrense y en estado de sitio. Art. 123 CE: el Tribunal Supremo es el órgano superior en todos los órdenes salvo en garantías constitucionales; su Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ. Art. 127 CE: Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos ni desempeñar otros cargos públicos. Art. 164 CE: las sentencias del TC no admiten recurso; las que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos y el Presidente del TC dura tres años (art. 160). Tribunal del Jurado (LO 5/1995): nueve jurados y un Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial. LO 1/2025, de 2 de enero: Tribunales de Instancia, que agrupan los Juzgados unipersonales de cada partido judicial en secciones. Juzgados de lo Penal: delitos hasta cinco años de privación de libertad (u otras penas hasta diez); Audiencias Provinciales: los más graves. Letrados de la Administración de Justicia (LO 7/2015): fe pública judicial y dirección técnico-procesal de la Oficina Judicial.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, 1978 (BOE-A-1978-31229), Título VI (arts. 117 a 127), Título IX (arts. 159 a 165) y art. 152.1
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
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