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Tema 6. La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público: objeto y ámbito de aplicación. Órganos administrativos: competencia. Órganos colegiados. Órganos superiores de la Administración General del Estado. Órganos territoriales: Delegados de Gobierno, Subdelegados de Gobierno, y Directores Insulares. La Administración General del Estado en el exterior.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), es la norma básica que regula la organización y el funcionamiento interno de las Administraciones Públicas españolas, separando esta vertiente organizativa de la relación de las Administraciones con los ciudadanos, que quedó residenciada en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. El tema recorre los conceptos nucleares de la organización administrativa —órgano, competencia, delegación, avocación, encomienda de gestión, órganos colegiados— y desciende después a la organización concreta de la Administración General del Estado, tanto en sus órganos centrales (Ministros, Secretarios de Estado, órganos directivos) como en su organización periférica (Delegados y Subdelegados del Gobierno, Directores Insulares) y exterior (Embajadas, Representaciones Permanentes, Oficinas Consulares). Se trata de un tema de Derecho Administrativo puro, de gran densidad conceptual y muy transversal, puesto que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se integra precisamente dentro de esta organización administrativa estatal, cuyas técnicas de atribución y alteración de la competencia (delegación, avocación, encomienda de gestión) son de aplicación cotidiana en el funcionamiento de cualquier órgano administrativo, incluidas las propias Inspecciones Provinciales de Trabajo.

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Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: objeto y estructura

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tiene por objeto establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Surge, junto con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, de la voluntad de sistematizar y ordenar la regulación de las Administraciones Públicas, separando la vertiente organizativa interna (LRJSP) de la vertiente relacional con los ciudadanos y del procedimiento administrativo (Ley 39/2015), dando así continuidad, con notables novedades, a la antigua Ley 30/1992. La LRJSP se estructura en un título preliminar y varios títulos dedicados sucesivamente al sector público institucional, a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, a las relaciones interadministrativas, y al funcionamiento electrónico del sector público, entre otras materias.

Ámbito subjetivo de aplicación: el sector público institucional

El art. 2 de la LRJSP delimita su ámbito subjetivo de aplicación, comprendiendo la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional. Este último, definido con detalle en el art. 84 de la propia ley, integra cualquier organismo público y entidad de derecho público vinculado o dependiente de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas a la ley en los términos que esta establezca, y las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la LRJSP. Dentro del sector público institucional estatal se distinguen, entre otros, los organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios y las fundaciones del sector público, cada uno con un régimen jurídico de creación, funcionamiento y control diferenciado en función de su naturaleza y de las funciones que tiene encomendadas.

Principios generales de actuación de las Administraciones Públicas (art. 3)

El art. 3 de la LRJSP enumera los principios generales que deben presidir la actuación de las Administraciones Públicas: servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas, y, en sus relaciones con los ciudadanos, actuación de acuerdo con el principio de eficacia y con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Estos principios operan tanto como criterios interpretativos generales de toda la ley como como parámetros de control de la legalidad de la actuación administrativa.

Concepto de órgano administrativo

El art. 5.1 de la LRJSP define los órganos administrativos como las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Esta definición pone el acento en dos elementos alternativos: bien la capacidad de producir efectos jurídicos externos (frente a terceros ajenos a la propia Administración), bien el carácter preceptivo de su intervención en un procedimiento, aunque no produzca por sí misma efectos externos directos, como sucede con determinados informes preceptivos internos. El órgano administrativo se distingue así de la mera unidad administrativa, entendida esta como los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas, que no tienen atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros ni actuación preceptiva, sino que se configuran como divisiones y subdivisiones internas para la distribución de competencias de un órgano. El órgano administrativo es, por tanto, la unidad organizativa dotada de competencia propia, mientras que la unidad administrativa es un concepto más amplio y de contenido puramente organizativo interno.

Creación de órganos administrativos: requisitos

El art. 5.2 de la LRJSP establece los requisitos que deben concurrir para la válida creación de cualquier órgano administrativo: la determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica; la delimitación de sus funciones y competencias; y la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Estos tres requisitos son cumulativos, de modo que la ausencia de cualquiera de ellos impide considerar válidamente creado el órgano correspondiente, y responden a la finalidad de garantizar la racionalidad organizativa de las Administraciones Públicas, evitando la proliferación de órganos sin dotación presupuestaria suficiente o sin una delimitación clara de sus competencias, que generaría disfunciones, duplicidades o vacíos competenciales. La norma añade, además, que no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos, reforzando así el principio de racionalización administrativa y de eficiencia en la asignación de recursos públicos que preside toda la LRJSP.

La competencia administrativa: concepto e irrenunciabilidad

La competencia administrativa es el conjunto de atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico confiere a un órgano administrativo determinado para el ejercicio válido y eficaz de la potestad correspondiente. El art. 8.1 de la LRJSP proclama el principio de irrenunciabilidad de la competencia: la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución, avocación o encomienda de gestión previstos legalmente. Este principio de irrenunciabilidad significa que el órgano competente no puede voluntariamente desprenderse de su competencia ni abstenerse de ejercerla, ni tampoco puede transferirla a otro órgano al margen de las técnicas expresamente habilitadas por la propia ley, precisamente porque la competencia no se atribuye en interés del titular del órgano sino en función del interés público que dicho órgano está llamado a servir. La irrenunciabilidad no impide, sin embargo, que la propia ley habilite mecanismos de flexibilización en el ejercicio de la competencia, como las técnicas de alteración estudiadas a continuación, todas ellas de interpretación restrictiva por constituir excepciones a la regla general.

Criterios de atribución de competencia: jerárquico, territorial y material

La competencia administrativa se atribuye y delimita conforme a tres criterios clásicos que operan de forma combinada. El criterio material o funcional (ratione materiae) distribuye las competencias en función de la naturaleza de los asuntos o materias sobre los que versa la actuación administrativa, dando lugar a la especialización de los distintos órganos y Departamentos ministeriales por sectores de actividad. El criterio territorial (ratione loci) distribuye las competencias en función del ámbito geográfico sobre el que despliega sus efectos la actuación administrativa, diferenciando entre órganos centrales, de ámbito estatal, y órganos periféricos o territoriales, de ámbito autonómico o provincial, como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. El criterio jerárquico (ratione gradus) distribuye las competencias dentro de una misma materia y ámbito territorial en función del nivel jerárquico del órgano de que se trate, atribuyendo a los órganos superiores las decisiones de mayor trascendencia y a los órganos inferiores las de carácter más ejecutivo o de gestión ordinaria. La combinación de estos tres criterios permite determinar con precisión, en cada caso concreto, cuál es el órgano administrativo objetivamente competente.

Técnicas de alteración de la competencia: la delegación

La delegación, regulada en el art. 9 de la LRJSP, es la técnica en cuya virtud los órganos de las diferentes Administraciones Públicas pueden delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas. La delegación no supone, a diferencia de otras técnicas, una transferencia de la titularidad de la competencia, que sigue correspondiendo al órgano delegante, sino únicamente de su ejercicio material, de modo que las resoluciones dictadas por delegación se consideran a todos los efectos dictadas por el órgano delegante, si bien deben hacer constar expresamente esta circunstancia. La LRJSP excluye de la delegación determinadas materias, como los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas; la adopción de disposiciones de carácter general; los asuntos que hayan de resolverse mediante acto que revista forma de Reglamento; la resolución de recursos en los órganos que hayan dictado el acto objeto de recurso; y las materias en que así lo determine una norma con rango de ley.

La avocación

La avocación, regulada en el art. 10 de la LRJSP, es la técnica inversa a la delegación, en cuya virtud los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. La avocación se realiza mediante acuerdo motivado, que debe ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte, y contra dicho acuerdo no cabe recurso independiente, sin perjuicio de que pueda impugnarse el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. La avocación tiene carácter excepcional y de aplicación restrictiva, limitada a un asunto concreto y determinado, sin que pueda utilizarse como mecanismo permanente de asunción de competencias ajenas, lo que la distingue estructuralmente de la delegación, de vocación más estable.

La delegación de firma

La delegación de firma, regulada en el art. 12 de la LRJSP, es una técnica distinta de la delegación de competencias propiamente dicha, en cuya virtud los titulares de los órganos administrativos pueden, en materias de su competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados por la propia ley. La diferencia esencial respecto de la delegación de competencias es que la delegación de firma no altera en absoluto la competencia del órgano delegante, que sigue siendo el único responsable jurídico del acto, limitándose el órgano delegado a suscribir materialmente el documento en nombre de aquel; por ello, en las resoluciones y actos firmados por delegación no es necesario hacer constar esta circunstancia. La LRJSP excluye expresamente la posibilidad de delegar la firma en las resoluciones de carácter sancionador, dada la especial trascendencia y las garantías reforzadas que exige el ejercicio de la potestad sancionadora, en la que resulta particularmente relevante identificar con precisión al órgano que efectivamente adopta y asume la decisión final.

La encomienda de gestión

La encomienda de gestión, regulada en el art. 11 de la LRJSP, permite a los órganos de las Administraciones Públicas encomendar a otros órganos de la misma o de distinta Administración, o a las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquellas, la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, sin que ello suponga cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. Se trata, por tanto, de una técnica que afecta exclusivamente a la ejecución material de determinadas actividades, no a la competencia decisoria propiamente dicha, que permanece en todo caso en el órgano encomendante, quien es el único legitimado para dictar los actos administrativos que correspondan sobre la base del trabajo material realizado por el órgano encomendado. Cuando la encomienda se realiza entre órganos de distinta Administración, debe formalizarse mediante la firma del correspondiente convenio.

La delegación interorgánica y en órganos no jerárquicamente dependientes

El art. 9 de la LRJSP permite expresamente la delegación de competencias no solo entre órganos vinculados por una relación de jerarquía, sino también en favor de otros órganos de la misma Administración aun cuando no sean jerárquicamente dependientes del órgano delegante, así como en Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquella, ampliando así el ámbito de aplicación de esta técnica respecto de una concepción más restrictiva basada exclusivamente en la relación jerárquica. Esta posibilidad de delegación interorgánica horizontal, es decir, entre órganos situados en un mismo nivel jerárquico o sin relación de dependencia directa entre sí, exige en todo caso la aceptación por el órgano delegado, salvo que se trate de delegación de competencias atribuidas a órganos dependientes, en cuyo caso se presume aceptada tácitamente. Cuando la delegación se realiza en órganos no jerárquicamente dependientes del delegante, la ley precisa además que la avocación de dicho asunto corresponde en exclusiva al propio órgano delegante, no a otros órganos jerárquicamente superiores respecto del órgano delegado, particularidad relevante para determinar correctamente el régimen de reversión de la competencia delegada.

La suplencia de los titulares de los órganos administrativos

La suplencia, regulada en el art. 13 de la LRJSP, es la técnica que permite cubrir de forma temporal las ausencias de los titulares de los órganos administrativos, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación, sin necesidad de acudir a un procedimiento formal de designación de un nuevo titular. La suplencia se ejerce por quien designe el órgano competente para el nombramiento del titular del órgano suplido; si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa, entre los titulares de órganos dependientes de este. A diferencia de la delegación, que exige un acto expreso de delegación referido a competencias concretas y por un cierto período, la suplencia opera de forma automática ante la mera concurrencia de la circunstancia que impide al titular ejercer sus funciones (vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación), sin que sea necesaria una atribución específica de competencias, puesto que quien suple ejerce la totalidad de las competencias del órgano suplido mientras dure la circunstancia impeditiva, no necesitando tampoco hacer constar tal condición en los actos y resoluciones que dicte.

La coordinación administrativa

La coordinación administrativa es uno de los principios generales de actuación reconocidos en el art. 3 de la LRJSP, que ordena a las distintas Administraciones Públicas actuar de acuerdo con dicho principio, junto con los de cooperación y colaboración, en sus relaciones recíprocas. A diferencia de la cooperación, que se basa en la voluntariedad y en el acuerdo entre Administraciones situadas en un plano de igualdad, y de la colaboración, que se refiere al deber genérico de ayuda mutua en el ejercicio de las propias competencias, la coordinación implica un cierto grado de dirección o superior posición de la Administración que coordina respecto de las coordinadas, dirigida a asegurar la coherencia de las actuaciones de las diversas Administraciones Públicas afectadas por una misma política pública o sector material, evitando contradicciones y disfunciones. En el ámbito de la organización territorial del Estado, la coordinación se manifiesta de forma particularmente intensa en la función que el art. 154 CE y la propia LRJSP atribuyen al Delegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, quien dirige la Administración General del Estado en el territorio y la coordina, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad Autónoma.

Los órganos colegiados: concepto y régimen jurídico

Los órganos colegiados son aquellos órganos administrativos que se crean, rigen y actúan con sujeción a lo previsto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la LRJSP (arts. 15 a 24), y a las normas que regulen su organización, funcionamiento y actuación, y que se caracterizan por estar integrados por una pluralidad de personas físicas, a diferencia de los órganos unipersonales cuya titularidad corresponde a una sola persona. La LRJSP distingue entre los órganos colegiados propiamente dichos, cuyos miembros representan exclusivamente a la propia Administración que los ha creado, y los órganos colegiados de composición mixta, en los que participan también organizaciones representativas de intereses sociales, u otros miembros en representación de otras Administraciones Públicas. Los órganos colegiados pertenecientes a la Administración General del Estado deben inscribirse en el correspondiente registro de órganos colegiados, y su regulación supletoria por la LRJSP se aplica en defecto de normas específicas contenidas en el acto o norma de creación de cada órgano colegiado concreto, resultando de aplicación directa las reglas legales sobre convocatoria, quórum de constitución y adopción de acuerdos, y actas.

Funcionamiento de los órganos colegiados: convocatoria, quórum y actas

El funcionamiento de los órganos colegiados exige, conforme a los arts. 17 y 18 de la LRJSP, una convocatoria realizada por su Presidente, con indicación del orden del día, cursada con la antelación suficiente y acompañada, en su caso, de la documentación necesaria para la deliberación de los asuntos. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere, salvo que la norma de creación disponga otra cosa, la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario, o de quienes les suplan, y de la mitad, al menos, de sus miembros, exigiéndose además la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les suplan, para la válida constitución del órgano. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos, correspondiendo al Presidente el voto de calidad para dirimir los empates, salvo que la norma de creación disponga lo contrario. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levanta acta por el Secretario, que debe especificar necesariamente los asistentes, el orden del día, las circunstancias de lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

El Presidente y el Secretario de los órganos colegiados

El Presidente del órgano colegiado, regulado en el art. 19 de la LRJSP, ostenta, entre otras, las funciones de ostentar la representación del órgano, acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas, dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos, cuando así lo prevea la norma de creación, y asegurar el cumplimiento de las leyes. El Secretario, regulado en el art. 16 de la LRJSP, puede ser un miembro del propio órgano colegiado o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente que no sea miembro de aquel, y le corresponden funciones tales como asistir a las reuniones con voz pero sin voto si no es miembro del órgano colegiado, efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente, recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones, y expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. Ambos cargos son esenciales para la válida constitución y funcionamiento del órgano colegiado.

Órganos superiores de la AGE: Ministros y Secretarios de Estado

El art. 55 de la LRJSP distingue, dentro de la organización de la Administración General del Estado, entre órganos superiores y órganos directivos. Los órganos superiores son los Ministros y los Secretarios de Estado, y se caracterizan por establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y por fijar los objetivos y prioridades de su actuación, sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos. Los Ministros, titulares de los distintos Departamentos ministeriales, son órganos superiores de la Administración y, simultáneamente, miembros del Gobierno, condición esta última regulada en el ámbito constitucional (Título IV CE) y en la Ley del Gobierno; en cuanto órganos de la Administración, ejercen la potestad reglamentaria mediante Órdenes Ministeriales, la jefatura superior de todo el personal del Departamento y la resolución de los recursos y demás asuntos que les correspondan. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración responsables de la dirección y coordinación de las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, así como de la propia gestión de los servicios comunes dependientes de aquellas, actuando bajo la dirección del titular del Departamento correspondiente.

Órganos directivos de la AGE: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales

El art. 55 de la LRJSP califica como órganos directivos de la Administración General del Estado a los Subsecretarios y Secretarios Generales, los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales, y los Subdirectores Generales, a los que corresponde el desarrollo y ejecución de los proyectos, objetivos o resoluciones fijados por los órganos superiores. El Subsecretario, presente en cada Ministerio, ostenta la representación ordinaria del Departamento, dirige los servicios comunes, ejerce las competencias correspondientes a dichos servicios comunes, y asume, por delegación del Ministro, la presidencia de la Junta de Contratación, entre otras funciones administrativas generales. Los Secretarios Generales, cuando existen, tienen atribuidas competencias específicas sobre un sector de actividad determinado, con rango de Subsecretario. Los Directores Generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio, y les corresponde proponer proyectos para conseguir los objetivos fijados por el órgano superior o directivo del que dependan, así como su dirección y supervisión. Los Subdirectores Generales, finalmente, son los órganos directivos encargados de la ejecución de proyectos concretos dentro de un ámbito de organización determinado.

Los Ministerios: estructura departamental

La Administración General del Estado se organiza en Ministerios, Departamentos en cuya cabecera se sitúa el correspondiente Ministro, que agrupan las distintas funciones administrativas por sectores de actividad, conforme al principio de división departamental que preside la organización ministerial. La creación, modificación y supresión de los Ministerios corresponde al Presidente del Gobierno, mediante Real Decreto, en ejercicio de su facultad de organización de la Administración General del Estado y de configuración de la estructura del propio Gobierno, tal como reconoce la Ley del Gobierno. La estructura orgánica básica de cada Ministerio, con sus órganos superiores y directivos, se aprueba mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro correspondiente, dando lugar así a los reales decretos de estructura orgánica de cada Departamento, que desarrollan con detalle las competencias de cada órgano directivo. Junto a los Ministerios con cartera, dotados de estructura administrativa propia, pueden existir también Ministros sin cartera, a quienes se les atribuye la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales sin la titularidad de un Departamento ministerial específico.

Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas: naturaleza y funciones

Las Delegaciones del Gobierno son los órganos de la Administración General del Estado, con rango de Subsecretaría, a través de las cuales el Gobierno de la Nación dirige la Administración General del Estado en el territorio de cada Comunidad Autónoma, en la forma que se determine, y la coordina, cuando proceda, con la Administración propia de cada Comunidad, de conformidad con el mandato constitucional del art. 154 CE. Su regulación se contiene en la LRJSP y en su normativa de desarrollo, correspondiéndoles funciones tales como la comunicación e información entre las Administraciones Públicas estatal, autonómica y local; la información a los ciudadanos sobre los diferentes programas y actividades de la Administración General del Estado en el territorio; el mantenimiento de las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales; y, con carácter general, el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma que no estén expresamente atribuidas a otro órgano, incluidas las relativas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuanto servicio periférico integrado en dicha estructura.

Los Delegados del Gobierno: nombramiento y dependencia

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son nombrados y separados libremente por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, y tienen su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. Ostentan la representación del Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria que corresponde al delegado territorial en su ámbito de actuación, y dependen orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, correspondiéndoles la dirección y supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos situados en su territorio, la información a los ciudadanos, el mantenimiento de las relaciones de coordinación con la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello a través de los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en su ámbito territorial. Dependen funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia en el ejercicio de las competencias respectivas.

Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias

Existen Subdelegaciones del Gobierno en cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno correspondiente. Los Subdelegados del Gobierno son nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación, conforme a los criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales pertenecientes a cuerpos y escalas clasificados como Subgrupo A1, correspondiéndoles, bajo la dirección y supervisión del Delegado del Gobierno, funciones como la dirección de los servicios integrados de la Administración General del Estado en la provincia, la coordinación de los servicios no integrados, la información y tramitación de expedientes relativos a asuntos de dicha Administración, o el mantenimiento de las relaciones de comunicación, cooperación y coordinación con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales situadas en su ámbito territorial. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales no existen Subdelegaciones del Gobierno diferenciadas, asumiendo el propio Delegado del Gobierno las funciones que en las Comunidades pluriprovinciales corresponden al Subdelegado.

Los Directores Insulares de la Administración General del Estado

En las islas donde no radique la sede de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, existen Directores Insulares de la Administración General del Estado, nombrados por el correspondiente Delegado del Gobierno también mediante el sistema de libre designación entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas del Subgrupo A1, con las funciones que reglamentariamente se determinen dentro de su ámbito insular específico. Esta figura, propia de los archipiélagos balear y canario, permite proyectar la representación y los servicios de la Administración General del Estado en aquellas islas que, dentro de una Comunidad Autónoma insular, no cuentan con la sede de la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno, garantizando así una presencia administrativa estatal adecuada en todo el territorio insular, evitando que los ciudadanos de dichas islas se vean obligados a desplazarse a la isla donde radica la sede principal para la realización de gestiones o la obtención de información sobre los servicios de la Administración General del Estado. El Director Insular actúa bajo la dependencia jerárquica del Delegado o, en su caso, del Subdelegado del Gobierno del que dependa territorialmente.

La Administración General del Estado en el exterior: Embajadas y Misiones Diplomáticas

La organización de la Administración General del Estado en el exterior se rige por la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, complementaria en este ámbito específico de la LRJSP, y se estructura fundamentalmente a través de las Misiones Diplomáticas, que representan a España ante uno o varios Estados, o ante una Conferencia u Organización Internacional. Dentro de las Misiones Diplomáticas, la Embajada es la Misión Diplomática Permanente de carácter ordinario que un Estado mantiene ante otro Estado con el que sostiene relaciones diplomáticas, encabezada por el correspondiente Embajador, que es el Jefe de dicha Misión y el más alto representante de España en el Estado receptor, encargado de dirigir y coordinar la actividad de todos los órganos y unidades de la Administración General del Estado y del resto del sector público estatal en el exterior radicados en su demarcación, sin perjuicio de las competencias específicas de las Oficinas Consulares. Junto a las Embajadas ordinarias, pueden existir también Misiones Diplomáticas Especiales, de carácter temporal, enviadas para tratar de asuntos determinados.

Las Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales

La Ley 2/2014 regula las Representaciones Permanentes como el tipo de Misión Diplomática que España mantiene ante una Organización Internacional de la que forma parte, o ante alguno de sus órganos, con carácter estable y permanente, a través de la cual se canaliza la participación española en el funcionamiento ordinario de dicha organización. Las Representaciones Permanentes más relevantes en la práctica corresponden a la participación de España ante Organizaciones internacionales de especial trascendencia, como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras, y están encabezadas por un Representante Permanente, con rango equivalente al de Embajador. Junto a las Representaciones Permanentes, la ley prevé también las Delegaciones, que son las Misiones Diplomáticas de carácter temporal que España envía para participar en reuniones o conferencias internacionales concretas, o en los órganos de una Organización Internacional en los que España participa sin ostentar la condición de miembro de pleno derecho.

Las Oficinas Consulares

Las Oficinas Consulares son los órganos de la Administración General del Estado en el exterior encargados de ejercer las funciones consulares, de contenido esencialmente distinto al de la representación política y diplomática propia de las Embajadas: protección de los intereses del Estado español y de sus ciudadanos, expedición de pasaportes y documentación, tramitación de asuntos de nacionalidad, Registro Civil consular, asistencia a los nacionales en el extranjero, funciones notariales y de fe pública en determinados supuestos, y colaboración en la promoción de las relaciones económicas, culturales y científicas entre España y el Estado receptor, entre otras muchas funciones reguladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y en la Ley 2/2014. Existen distintas categorías de Oficinas Consulares, fundamentalmente los Consulados Generales y los Consulados, cuya circunscripción territorial se establece por Orden del Ministerio competente en materia de Asuntos Exteriores; en aquellas demarcaciones donde no existe Oficina Consular, las funciones consulares pueden ser asumidas por la propia Embajada, dado que la condición de Jefe de Misión Diplomática y la de Jefe de Oficina Consular pueden concurrir excepcionalmente en la misma persona.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LRJSP separa la organización interna de las Administraciones Públicas (esta ley) de sus relaciones con los ciudadanos y el procedimiento administrativo (Ley 39/2015).
  • El sector público institucional (art. 84 LRJSP) incluye organismos públicos, entidades de derecho privado vinculadas, y universidades públicas (régimen específico y supletorio de la LRJSP).
  • Órgano administrativo (art. 5.1 LRJSP): unidad con efectos jurídicos frente a terceros o actuación de carácter preceptivo; distinto de la mera unidad administrativa interna.
  • Creación válida de un órgano exige tres requisitos cumulativos: forma de integración/dependencia jerárquica, delimitación de funciones y competencias, y dotación presupuestaria.
  • La competencia es irrenunciable (art. 8 LRJSP), salvo delegación, sustitución, avocación o encomienda de gestión, únicas técnicas legalmente habilitadas.
  • Delegación: transfiere el ejercicio, no la titularidad; las resoluciones se imputan al órgano delegante, debiendo constar la delegación. Materias no delegables tasadas por el art. 9 LRJSP.
  • Avocación (art. 10 LRJSP): técnica inversa a la delegación, mediante acuerdo motivado, notificado antes o junto a la resolución; en delegación entre órganos no jerárquicos, solo avoca el delegante.
  • Delegación de firma (art. 12 LRJSP): no altera la competencia ni exige constancia en el acto; prohibida en resoluciones sancionadoras.
  • Encomienda de gestión (art. 11 LRJSP): solo actividad material o técnica, no la competencia decisoria; entre distintas Administraciones exige convenio.
  • Suplencia (art. 13 LRJSP): opera automáticamente por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación; no exige hacerla constar en los actos dictados.
  • Los tres criterios clásicos de atribución de competencia son material, territorial y jerárquico.
  • Órgano colegiado: quórum general mínimo de la mitad de los miembros, más presencia obligatoria de Presidente y Secretario (o quienes les suplan) para la válida constitución.
  • Órganos superiores de la AGE (art. 55 LRJSP): Ministros y Secretarios de Estado. Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.
  • La creación, modificación y supresión de Ministerios corresponde al Presidente del Gobierno mediante Real Decreto; la estructura orgánica de cada Ministerio se aprueba por Real Decreto del Consejo de Ministros.
  • Las Delegaciones del Gobierno en las CCAA tienen rango de Subsecretaría y dirigen y coordinan la AGE en el territorio (art. 154 CE).
  • El Delegado del Gobierno es nombrado y separado libremente por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.
  • Los Subdelegados del Gobierno se nombran por libre designación del Delegado entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1; no existen en Comunidades uniprovinciales.
  • Los Directores Insulares actúan en islas sin sede de Delegación o Subdelegación (Baleares y Canarias), nombrados por el Delegado del Gobierno.
  • La Ley 2/2014, de Acción y Servicio Exterior del Estado, regula Embajadas (Misiones Diplomáticas Permanentes), Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales y Oficinas Consulares.
  • Las funciones consulares (pasaportes, Registro Civil consular, protección de nacionales) son distintas de las funciones diplomáticas de representación política propias de la Embajada.
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La delegación de competencias, regulada en el art. 9 LRJSP:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Inspector Trabajo?

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), es la norma básica que regula la organización y el funcionamiento interno de las Administraciones Públicas españolas, separando esta vertiente organizativa de la relación de las Administraciones con los ciudadanos, que quedó residenciada en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. El tema recorre los conceptos nucleares de la organización administrativa —órgano, competencia, delegación, avocación, encomienda de gestión, órganos colegiados— y desciende después a la organización concreta de la Administración General del Estado, tanto en sus órganos centrales (Ministros, Secretarios de Estado, órganos directivos) como en su organización periférica (Delegados y Subdelegados del Gobierno, Directores Insulares) y exterior (Embajadas, Representaciones Permanentes, Oficinas Consulares). Se trata de un tema de Derecho Administrativo puro, de gran densidad conceptual y muy transversal, puesto que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se integra precisamente dentro de esta organización administrativa estatal, cuyas técnicas de atribución y alteración de la competencia (delegación, avocación, encomienda de gestión) son de aplicación cotidiana en el funcionamiento de cualquier órgano administrativo, incluidas las propias Inspecciones Provinciales de Trabajo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

La LRJSP separa la organización interna de las Administraciones Públicas (esta ley) de sus relaciones con los ciudadanos y el procedimiento administrativo (Ley 39/2015). El sector público institucional (art. 84 LRJSP) incluye organismos públicos, entidades de derecho privado vinculadas, y universidades públicas (régimen específico y supletorio de la LRJSP). Órgano administrativo (art. 5.1 LRJSP): unidad con efectos jurídicos frente a terceros o actuación de carácter preceptivo; distinto de la mera unidad administrativa interna. Creación válida de un órgano exige tres requisitos cumulativos: forma de integración/dependencia jerárquica, delimitación de funciones y competencias, y dotación presupuestaria. La competencia es irrenunciable (art. 8 LRJSP), salvo delegación, sustitución, avocación o encomienda de gestión, únicas técnicas legalmente habilitadas. Delegación: transfiere el ejercicio, no la titularidad; las resoluciones se imputan al órgano delegante, debiendo constar la delegación. Materias no delegables tasadas por el art. 9 LRJSP. Avocación (art. 10 LRJSP): técnica inversa a la delegación, mediante acuerdo motivado, notificado antes o junto a la resolución; en delegación entre órganos no jerárquicos, solo avoca el delegante. Delegación de firma (art. 12 LRJSP): no altera la competencia ni exige constancia en el acto; prohibida en resoluciones sancionadoras. Encomienda de gestión (art. 11 LRJSP): solo actividad material o técnica, no la competencia decisoria; entre distintas Administraciones exige convenio. Suplencia (art. 13 LRJSP): opera automáticamente por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación; no exige hacerla constar en los actos dictados. Los tres criterios clásicos de atribución de competencia son material, territorial y jerárquico. Órgano colegiado: quórum general mínimo de la mitad de los miembros, más presencia obligatoria de Presidente y Secretario (o quienes les suplan) para la válida constitución. Órganos superiores de la AGE (art. 55 LRJSP): Ministros y Secretarios de Estado. Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales. La creación, modificación y supresión de Ministerios corresponde al Presidente del Gobierno mediante Real Decreto; la estructura orgánica de cada Ministerio se aprueba por Real Decreto del Consejo de Ministros. Las Delegaciones del Gobierno en las CCAA tienen rango de Subsecretaría y dirigen y coordinan la AGE en el territorio (art. 154 CE). El Delegado del Gobierno es nombrado y separado libremente por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno se nombran por libre designación del Delegado entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1; no existen en Comunidades uniprovinciales. Los Directores Insulares actúan en islas sin sede de Delegación o Subdelegación (Baleares y Canarias), nombrados por el Delegado del Gobierno. La Ley 2/2014, de Acción y Servicio Exterior del Estado, regula Embajadas (Misiones Diplomáticas Permanentes), Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales y Oficinas Consulares. Las funciones consulares (pasaportes, Registro Civil consular, protección de nacionales) son distintas de las funciones diplomáticas de representación política propias de la Embajada.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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