Tema 33. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS): Funciones. La transparencia y acceso a la información en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado constituye el instrumento técnico y operativo a través del cual se hace efectivo, en el ámbito estatal, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas por la Ley 19/2013 y la canalización de las solicitudes de acceso a la información pública, mientras que las Unidades de Información de Transparencia (UITs), constituidas en cada Ministerio y organismo público, son las piezas organizativas internas encargadas de coordinar la tramitación de dichas solicitudes y de alimentar de contenido actualizado el propio Portal. Junto a este modelo estatal, el carácter básico de buena parte de la Ley 19/2013 ha dado lugar a un ecosistema normativo e institucional propio en cada Comunidad Autónoma y en el ámbito de la Administración Local, con sus propios portales de transparencia, y en ocasiones con sus propios órganos de garantía autonómicos.
Conocer el funcionamiento práctico del Portal de Transparencia estatal, la organización interna de las UITs y las particularidades del régimen de transparencia en el nivel autonómico y local resulta relevante no solo desde la perspectiva de la propia obligación de transparencia que afecta a cualquier órgano administrativo, incluida la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino también como instrumento de acceso a información pública que puede resultar de utilidad en el ejercicio de sus funciones de control.
El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado: concepto y regulación
El artículo 10 de la Ley 19/2013 crea el Portal de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refiere la propia ley, así como aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, elaborándose a estos efectos criterios de reutilización de la información en él contenida. El Portal de Transparencia se concibe como un instrumento centralizado y de acceso público, gratuito y sin necesidad de identificación, que integra en un único punto de acceso la información objeto de publicidad activa de la Administración General del Estado y de los organismos públicos, entidades y sociedades vinculadas o dependientes de esta, evitando así la dispersión que supondría que cada organismo publicara su información en su propia página web sin ningún criterio común de estructuración o accesibilidad. Su puesta en marcha se completó mediante sucesivas resoluciones e instrucciones técnicas internas dictadas para su implementación por el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actualmente no es posible confirmar con precisión absoluta si existe un único real decreto de desarrollo específico del propio Portal, distinto del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno —aprobado primero por el Real Decreto 919/2014 y, en la actualidad, por el Real Decreto 615/2024—, por lo que esta referencia normativa concreta debe verificarse de forma independiente antes de su uso en un examen), habiéndose ido incorporando progresivamente nuevos conjuntos de datos (contratos, convenios, subvenciones, altos cargos, normativa en tramitación) conforme a un calendario de despliegue progresivo desde su puesta en funcionamiento en diciembre de 2014, coincidiendo con la entrada en vigor de las obligaciones de publicidad activa para la Administración General del Estado.
Contenidos del Portal de Transparencia
El Portal de Transparencia estructura sus contenidos siguiendo, en gran medida, la misma sistemática tripartita establecida en los artículos 6 a 8 de la Ley 19/2013 para la publicidad activa. En el bloque de información institucional, organizativa y de planificación se recogen los organigramas de cada departamento ministerial y organismo público, la normativa que les resulta de aplicación, los planes y programas anuales y plurianuales con sus indicadores de seguimiento y evaluación, y las cartas de servicios. En el bloque de información de relevancia jurídica se publican los proyectos normativos en tramitación, con sus correspondientes memorias de impacto, así como las directrices e instrucciones que tengan repercusión jurídica para los ciudadanos. En el bloque de información económica, presupuestaria y estadística se recoge la ejecución de los contratos públicos, los convenios suscritos, las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe y beneficiarios, los presupuestos de cada departamento con información sobre su grado de cumplimiento y las retribuciones percibidas por los altos cargos y máximos responsables de las entidades del sector público estatal. El Portal permite además la descarga de conjuntos de datos en formatos reutilizables (open data), en coherencia con la normativa sobre reutilización de la información del sector público.
Estructura y funcionamiento del Portal de Transparencia
Desde el punto de vista técnico, el Portal de Transparencia se estructura en dos grandes áreas funcionales diferenciadas: de un lado, un área de consulta directa de la información de publicidad activa, organizada por Ministerios, organismos y áreas temáticas, con motores de búsqueda que permiten al ciudadano localizar la información relevante sin necesidad de formular una solicitud de acceso; y de otro lado, un módulo específico para la tramitación electrónica de las solicitudes de acceso a la información pública que no se encuentre ya publicada, integrado con los sistemas de identificación electrónica de la Administración General del Estado (Cl@ve y certificado electrónico, fundamentalmente) para garantizar la trazabilidad de las solicitudes y su correcta atribución al órgano competente para resolver. El Portal incorpora asimismo un buscador de solicitudes de acceso ya resueltas y de las respuestas dadas por la Administración (en la medida en que no afecten a datos personales del solicitante ni a información protegida), promoviendo la reutilización de respuestas ya proporcionadas ante solicitudes de contenido similar formuladas por otros ciudadanos, y un canal de estadísticas de utilización y de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los distintos sujetos obligados, empleado habitualmente como fuente para los informes anuales del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las Unidades de Información de Transparencia (UITs): creación y adscripción
Las Unidades de Información de Transparencia (UITs) son las unidades administrativas constituidas en cada Ministerio, organismo público y entidad del sector público estatal con la finalidad de coordinar internamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, tanto en materia de publicidad activa como de gestión de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública. Su creación responde a la necesidad práctica de contar con un punto de referencia interno, especializado en la aplicación de la normativa de transparencia, dentro de cada organización administrativa, dado que la gestión de las solicitudes de acceso exige con frecuencia coordinar a distintas unidades internas que puedan poseer la información solicitada, ninguna de las cuales tendría, por sí sola, una visión completa de la totalidad de la información en poder del organismo. Las UITs suelen adscribirse orgánicamente a las Subsecretarías o a las unidades de organización y de régimen interior de cada Ministerio u organismo, dado el carácter transversal de sus funciones, que exigen relacionarse con la práctica totalidad de las unidades directivas del departamento. Su implantación, impulsada inicialmente mediante instrucciones y directrices técnicas del entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha ido consolidando y homogeneizando progresivamente, si bien su denominación y ubicación orgánica concreta puede presentar variaciones entre los distintos departamentos ministeriales.
Funciones de las UITs: tramitación de solicitudes de acceso y coordinación de la publicidad activa
Las Unidades de Información de Transparencia desempeñan dos grandes bloques de funciones. En materia de derecho de acceso, reciben y registran las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten en relación con el ámbito de su Ministerio u organismo, verifican el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 17 de la Ley 19/2013, identifican las unidades administrativas internas que puedan poseer la información solicitada y les requieren su remisión o su informe, coordinan la elaboración de la propuesta de resolución dentro del plazo legal de un mes (prorrogable), y en su caso, gestionan los trámites de audiencia a terceros afectados cuando la información pudiera afectar a derechos o intereses de estos. En materia de publicidad activa, las UITs identifican, en colaboración con las unidades directivas competentes por razón de la materia, la información que debe ser objeto de publicación conforme a los artículos 6 a 8 de la Ley 19/2013, coordinan su actualización periódica en el Portal de Transparencia, y velan por el cumplimiento de los estándares de calidad, accesibilidad y reutilización de dicha información. Estas funciones de coordinación interna resultan esenciales para garantizar una respuesta homogénea y dentro de plazo del conjunto de la Administración General del Estado frente a las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013.
La coordinación de las UITs con el órgano competente para resolver
Aunque las UITs desempeñan un papel central en la instrucción y coordinación del procedimiento de acceso a la información pública, la competencia para dictar la resolución expresa que ponga fin al procedimiento corresponde, conforme a las normas de atribución de competencias de cada Ministerio u organismo, al órgano directivo u órgano superior que tenga legalmente atribuida dicha competencia (habitualmente la Subsecretaría del departamento, o el órgano directivo equivalente en cada organismo público), y no a la propia UIT, que actúa como órgano de apoyo técnico e instructor, pero no decisorio, del procedimiento. Esta distinción entre función instructora (UIT) y función resolutoria (órgano competente) resulta coherente con el reparto competencial ordinario de la organización administrativa y garantiza que la resolución final, con plenos efectos jurídicos frente al solicitante, sea dictada por la autoridad legalmente habilitada para ello. La coordinación entre ambos niveles exige, en la práctica, protocolos internos de tramitación que fijen los plazos internos de cada fase del procedimiento (recepción y registro por la UIT, obtención de la información de las unidades poseedoras, elaboración de la propuesta de resolución, remisión al órgano competente para su firma y notificación al interesado), de manera que el conjunto del procedimiento pueda completarse dentro del plazo máximo de un mes que establece con carácter general el artículo 20.1 de la Ley 19/2013.
El procedimiento interno de tramitación de solicitudes a través de las UITs
El procedimiento interno de tramitación de una solicitud de acceso a través de las UITs se inicia, con carácter general, con la recepción de la solicitud (bien directamente por la UIT, bien reasignada a esta desde el registro general del Ministerio u organismo), seguida de un primer análisis sobre la competencia del propio departamento para resolverla y sobre la eventual concurrencia de alguna causa de inadmisión del artículo 18 de la Ley 19/2013 que permita archivar la solicitud sin necesidad de recabar la información de fondo. Superado este primer filtro, la UIT identifica y requiere a la unidad o unidades directivas que puedan poseer la información solicitada, fijando un plazo interno breve para su respuesta que permita cumplir el plazo legal global de un mes; recibida la información o el informe de dichas unidades, la UIT valora, junto con estas y, en su caso, con la asesoría jurídica del departamento, la eventual concurrencia de alguno de los límites del artículo 14 o de la protección de datos del artículo 15, y elabora la correspondiente propuesta de resolución (estimatoria total, estimatoria parcial con acceso parcial, o desestimatoria motivada), que se eleva al órgano competente para su firma y posterior notificación electrónica al solicitante a través del Portal de Transparencia o de los medios de notificación generales de la Ley 39/2015.
La transparencia en las Comunidades Autónomas: normativa propia autonómica
Al amparo de sus competencias de autoorganización y en desarrollo del carácter básico de buena parte de la Ley 19/2013, todas las Comunidades Autónomas han aprobado su propia legislación de transparencia, ya sea mediante leyes autonómicas específicas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (siguiendo, en muchos casos, la estructura y denominación de la ley estatal), ya sea integrando estas materias en leyes de participación ciudadana o de buen gobierno de contenido más amplio. Estas leyes autonómicas, en el ejercicio legítimo de su competencia de desarrollo normativo, han introducido con frecuencia mejoras respecto del estándar mínimo estatal: ampliación del ámbito subjetivo de aplicación a determinadas entidades no cubiertas por la ley estatal, refuerzo del contenido de la publicidad activa con nuevos conjuntos de información obligatoria, reducción del plazo de resolución de las solicitudes de acceso, articulación de un régimen de silencio positivo en lugar del negativo previsto en la ley estatal, o creación de sanciones específicas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los propios empleados públicos autonómicos. Esta pluralidad normativa autonómica, si bien enriquece el conjunto del sistema de garantías de transparencia en España, exige un ejercicio de identificación cuidadosa de la norma aplicable en cada caso concreto, en función del sujeto obligado y de la Administración competente.
Los portales de transparencia autonómicos
Siguiendo el modelo del Portal de Transparencia estatal, todas las Comunidades Autónomas han desarrollado su propio portal de transparencia, en el que publican la información de publicidad activa correspondiente a su propia Administración, a sus organismos autónomos y entidades del sector público autonómico, y a través del cual tramitan igualmente las solicitudes de acceso a la información pública que se les dirijan. Estos portales autonómicos presentan, en general, una estructura de contenidos similar a la del portal estatal, organizada en los mismos tres grandes bloques de información institucional, jurídica y económico-presupuestaria previstos en la Ley 19/2013, aunque con diferencias en el grado de desarrollo, en la usabilidad de sus interfaces y en el nivel de detalle y actualización de la información publicada, diferencias que son objeto de evaluación periódica por parte de organizaciones independientes especializadas en el análisis del cumplimiento de las obligaciones de transparencia (índices de transparencia autonómica). Algunas Comunidades Autónomas han optado por integrar en su propio portal, además de la información de la Administración autonómica propiamente dicha, la correspondiente a las Entidades Locales de su territorio que no dispongan de medios propios suficientes para gestionar su propio portal, mediante fórmulas de colaboración o de puesta a disposición de plataformas comunes, especialmente en el caso de municipios de menor tamaño poblacional.
Los consejos o comisionados de transparencia autonómicos
Al igual que en el ámbito estatal existe el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, numerosas Comunidades Autónomas han creado sus propios órganos autonómicos de garantía del derecho de acceso a la información pública, con denominaciones variadas según el territorio (Consejo de Transparencia, Comisionado de Transparencia, Consejo de Transparencia y Participación, entre otras), a los que corresponde resolver las reclamaciones que se interpongan frente a las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública por la Administración autonómica y, en su caso, por las Entidades Locales de su territorio, cuando estas no cuenten con un órgano de garantía propio y hayan suscrito el correspondiente convenio de colaboración con el órgano autonómico. Estos órganos autonómicos de garantía, cuando existen, desempeñan en su ámbito territorial una función equivalente a la que corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, incluyendo la resolución de reclamaciones con plena independencia funcional, la adopción de recomendaciones dirigidas a los sujetos obligados de su ámbito y la elaboración de informes o memorias anuales dirigidas al Parlamento autonómico correspondiente. En aquellas Comunidades Autónomas que no han creado un órgano de garantía propio, la competencia para resolver las reclamaciones de acceso frente a la Administración autonómica puede, en determinados casos, recaer en el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración.
La transparencia en las Entidades Locales: obligaciones de publicidad activa
Las Entidades Locales están incluidas expresamente en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013 (art. 2.1.a), lo que determina que estén sujetas, con independencia de su tamaño y de sus medios organizativos, a las mismas obligaciones generales de publicidad activa y de garantía del derecho de acceso previstas para el resto de Administraciones públicas, sin perjuicio de las adaptaciones que resulten necesarias en atención al principio de proporcionalidad y a la realidad de la Administración Local española, caracterizada por una enorme heterogeneidad entre grandes municipios y pequeñas entidades con escasos medios materiales y personales. Esta obligación general de publicidad activa se refuerza, además, por lo dispuesto en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, tras su reforma por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que introdujo obligaciones específicas de publicidad de determinada información económico-financiera de las Entidades Locales, en coherencia con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La aplicación práctica de estas obligaciones a los municipios de menor tamaño ha planteado dificultades notables por la falta de medios técnicos y humanos suficientes, lo que ha llevado a numerosas Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas a poner a disposición de estos municipios plataformas comunes de portal de transparencia y asistencia técnica para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Los portales de transparencia municipales y provinciales
Los municipios y provincias, en cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, deben disponer de un portal o sede electrónica en el que se publique la información exigida por la Ley 19/2013 y, en su caso, por la normativa autonómica de desarrollo aplicable en su territorio, información que debe mantenerse actualizada y ser accesible de forma clara y estructurada para los ciudadanos. Los grandes municipios y las Diputaciones Provinciales suelen contar con portales de transparencia propios y de desarrollo tecnológico avanzado, con capacidad para publicar información desagregada por áreas de gobierno, ejercicios presupuestarios y series históricas, mientras que los municipios de menor tamaño recurren con frecuencia a plataformas de portal de transparencia proporcionadas por su Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular correspondiente, o por la Comunidad Autónoma, mediante convenios de colaboración que permiten estandarizar y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones sin necesidad de un desarrollo tecnológico propio. Estas plataformas comunes proporcionadas por las Diputaciones incorporan habitualmente indicadores normalizados de transparencia (siguiendo, entre otros, los modelos desarrollados por organizaciones como Transparencia Internacional España), que permiten tanto a los propios municipios autoevaluar su grado de cumplimiento como a la ciudadanía comparar el nivel de transparencia entre distintas Entidades Locales de un mismo ámbito provincial o autonómico.
Particularidades de la transparencia en municipios de pequeño tamaño
Los municipios de pequeño tamaño, especialmente aquellos con población inferior a los mil o cinco mil habitantes, presentan particularidades relevantes en la aplicación práctica del régimen de transparencia, derivadas de sus limitados medios personales y técnicos, que en muchos casos no cuentan siquiera con personal funcionario especializado en la materia. Para paliar estas dificultades, buena parte de la normativa autonómica de transparencia incorpora previsiones específicas de asistencia técnica obligatoria por parte de las Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares a los municipios de su territorio con población inferior a un determinado umbral, en aplicación del principio de asistencia recogido con carácter general en la legislación de régimen local (art. 36 de la Ley 7/1985) y reforzado específicamente en materia de transparencia. Esta asistencia se materializa, en la práctica, en la puesta a disposición de plataformas tecnológicas comunes de portal de transparencia, en la elaboración de modelos y plantillas normalizadas de publicidad activa, y en el asesoramiento directo para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que puedan recibir estos municipios, dada la escasa frecuencia con que estas se presentan en las entidades locales de menor tamaño y la consiguiente falta de experiencia práctica de su personal en la tramitación de este tipo de procedimientos, a diferencia de lo que ocurre en las grandes ciudades y en la propia Administración General del Estado.
La colaboración entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal y los órganos autonómicos equivalentes
La coexistencia de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de ámbito estatal y de distintos órganos autonómicos de garantía en aquellas Comunidades Autónomas que los han creado exige mecanismos de colaboración y de coordinación entre ambos niveles, para evitar disfunciones y garantizar la coherencia interpretativa del conjunto del sistema de transparencia español. Esta colaboración se articula, entre otros cauces, a través de la celebración de convenios específicos entre el Consejo estatal y las Comunidades Autónomas o Entidades Locales que no dispongan de órgano de garantía propio, atribuyendo al Consejo estatal la competencia para resolver las reclamaciones de acceso frente a la actuación de dichas Administraciones territoriales; y a través de encuentros periódicos y de intercambio de criterios interpretativos entre el Consejo estatal y los distintos órganos autonómicos equivalentes, orientados a homogeneizar, en la medida de lo posible, la aplicación práctica de conceptos jurídicos indeterminados comunes a toda la legislación de transparencia (como los límites del derecho de acceso o las causas de inadmisión), pese a la existencia de regulaciones autonómicas propias y, en ocasiones, divergentes en aspectos concretos. Esta red de colaboración interinstitucional, aunque carece de un marco jurídico unificado específico más allá de los convenios puntuales, resulta esencial para la eficacia global del sistema español de garantía del derecho de acceso a la información pública.
El derecho de acceso a la información pública en el ámbito local
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública frente a las Entidades Locales se rige por las mismas reglas generales previstas en la Ley 19/2013 (legitimación universal, ausencia de necesidad de motivación, límites tasados, plazo de un mes prorrogable, posibilidad de reclamación ante el órgano de garantía competente), con la particularidad organizativa de que, en los municipios de menor tamaño que carecen de una unidad administrativa especializada equivalente a las UITs estatales, la tramitación de las solicitudes suele recaer directamente en la Secretaría del Ayuntamiento o en el personal habilitado de carácter nacional (Secretario-Interventor), que asume estas funciones junto con el resto de las que legalmente tiene atribuidas en materia de fe pública y asesoramiento jurídico. La resolución de la solicitud corresponde, conforme a las reglas generales de distribución de competencias en el régimen local, al Alcalde o al órgano en quien este hubiera delegado dicha competencia, siendo la resolución susceptible de reclamación ante el órgano autonómico de garantía competente o, en su defecto, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, cuando la Comunidad Autónoma correspondiente haya suscrito el oportuno convenio de colaboración para la atribución de esta competencia respecto de las Entidades Locales de su territorio que carezcan de órgano propio.
La transparencia económico-financiera y presupuestaria de las Entidades Locales
Junto a las obligaciones generales de publicidad activa impuestas por la Ley 19/2013, las Entidades Locales están sujetas a un régimen reforzado de transparencia económico-financiera derivado de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (Ley Orgánica 2/2012), que exige la publicación periódica de información relativa a la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto, así como del periodo medio de pago a proveedores, información que debe remitirse igualmente al Ministerio de Hacienda a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, y que en gran medida se hace pública también a través del Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. Esta transparencia económico-financiera reforzada responde a la especial atención que el ordenamiento presta al control del gasto público local tras la crisis de deuda pública sufrida por numerosos ayuntamientos españoles, complementando así la transparencia general de la actividad pública prevista en la Ley 19/2013 con una transparencia específica orientada al control de la disciplina fiscal y presupuestaria de este nivel de Administración, de especial interés para los ciudadanos, los órganos de control externo (Tribunal de Cuentas y órganos de control externo autonómicos) y las instituciones europeas en el marco de la supervisión de la estabilidad presupuestaria del conjunto de las Administraciones públicas españolas.
El régimen de reutilización de la información del sector público en relación con la transparencia
La reutilización de la información del sector público, regulada con carácter general en la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público (modificada para incorporar la Directiva europea sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público), guarda una estrecha relación funcional con el régimen de transparencia de la Ley 19/2013, aunque persigue una finalidad distinta: mientras que la transparencia se orienta al control democrático y al escrutinio de la actividad pública, la reutilización busca facilitar el aprovechamiento económico y social de la información generada o custodiada por el sector público, permitiendo su explotación por terceros (empresas, desarrolladores, investigadores) para la creación de productos y servicios de valor añadido. No obstante esta diferencia de finalidad, ambos regímenes se refuerzan mutuamente en la práctica: la propia Ley 19/2013 exige que la información objeto de publicidad activa se publique, en la medida de lo posible, en formatos reutilizables, y el Portal de Transparencia y los portales autonómicos y locales incorporan habitualmente catálogos de datos abiertos (open data) que permiten la descarga masiva y estructurada de la información pública, constituyendo así un punto de confluencia práctico entre la política de transparencia y la política de apertura de datos públicos que las distintas Administraciones vienen desarrollando de forma paralela desde hace más de una década.
Los índices e indicadores externos de evaluación de la transparencia
El cumplimiento efectivo de las obligaciones de transparencia por parte de las distintas Administraciones públicas españolas es objeto de evaluación periódica por parte de organizaciones independientes de la sociedad civil, entre las que destaca especialmente Transparencia Internacional España, que elabora desde hace más de una década distintos índices de transparencia (el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos -ITA-, el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas -INCAU-, y el Índice de Transparencia de las Diputaciones -ITD-, entre otros), basados en indicadores estandarizados que valoran el grado de cumplimiento de las obligaciones legales de publicidad activa y la calidad y accesibilidad de la información publicada en los respectivos portales de transparencia. Estos índices, aunque carecen de valor jurídico vinculante y no sustituyen a la función de garantía que corresponde legalmente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a los órganos autonómicos equivalentes, cumplen una función relevante de presión social y de estímulo a la mejora continua de las Administraciones públicas evaluadas, generando en muchos casos una sana competencia entre entidades de similar naturaleza por mejorar su posición relativa en dichos rankings. Junto a estos índices de origen español, España es también objeto de evaluación en el marco de indicadores internacionales de transparencia y buen gobierno elaborados por organizaciones como la propia Transparencia Internacional a nivel global, u organismos de la Unión Europea y de la OCDE en sus informes periódicos sobre gobernanza pública.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Portal de Transparencia (art. 10 Ley 19/2013) depende del Ministerio de la Presidencia; es gratuito, de acceso público y sin necesidad de identificación para consultar información de publicidad activa.
El Portal se estructura en los mismos 3 bloques de la publicidad activa: institucional/organizativa, jurídica, y económico-presupuestaria/estadística, con datos descargables en formatos reutilizables (open data).
El Portal integra un módulo de tramitación electrónica de solicitudes de acceso, con identificación vía Cl@ve o certificado electrónico, y un buscador de solicitudes ya resueltas.
Las Unidades de Información de Transparencia (UITs) se crean en cada Ministerio/organismo para coordinar internamente publicidad activa y tramitación de solicitudes de acceso; suelen adscribirse a Subsecretarías.
Las UITs son órgano INSTRUCTOR, no decisorio: identifican y requieren a las unidades que poseen la información y elaboran la propuesta de resolución, pero la resolución la firma el órgano competente (habitualmente la Subsecretaría).
El procedimiento interno vía UIT: recepción/filtro de inadmisión, requerimiento a unidades poseedoras, valoración de límites (art. 14) y protección de datos (art. 15), propuesta de resolución, firma y notificación, todo dentro del plazo legal de 1 mes.
Todas las CCAA tienen su propia ley de transparencia, que puede AMPLIAR (nunca rebajar) el estándar mínimo estatal: más sujetos obligados, más contenido de publicidad activa, plazos más cortos, o silencio positivo.
Los portales de transparencia autonómicos replican la estructura tripartita estatal; algunas CCAA integran también la información de Entidades Locales sin medios propios.
Muchas CCAA han creado su propio Consejo/Comisionado de Transparencia; donde no existe, la reclamación puede resolverla el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal mediante convenio.
Las Entidades Locales están incluidas en el art. 2.1.a) de la Ley 19/2013: mismas obligaciones de publicidad activa y acceso que el resto de Administraciones, reforzadas por la Ley 7/1985 (tras la reforma de la Ley 27/2013) en materia económico-financiera.
Los municipios pequeños suelen usar plataformas comunes de portal de transparencia proporcionadas por Diputaciones/Cabildos/Consejos Insulares o CCAA, con asistencia técnica obligatoria (art. 36 Ley 7/1985).
En municipios sin unidad especializada, la tramitación de solicitudes de acceso suele recaer en la Secretaría del Ayuntamiento (Secretario-Interventor); resuelve el Alcalde o su delegado.
La transparencia económico-financiera local se refuerza con la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria: publicación de ejecución presupuestaria, deuda, regla de gasto y periodo medio de pago a proveedores.
La reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) es un régimen distinto pero complementario de la transparencia: busca el aprovechamiento económico/social de los datos, no solo el control democrático.
Transparencia Internacional España elabora índices no vinculantes (ITA de ayuntamientos, INCAU de CCAA, ITD de diputaciones) que evalúan el cumplimiento real de las obligaciones de transparencia.
El Estatuto vigente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (RD 615/2024) coexiste con la regulación específica del Portal de Transparencia, que tiene su origen reglamentario en el RD 919/2014.
La colaboración entre el Consejo estatal y los órganos autonómicos se articula mediante convenios y el intercambio de criterios interpretativos comunes sobre límites y causas de inadmisión.
El real decreto que regula de forma específica y exclusiva el desarrollo técnico del Portal de Transparencia (distinto del Estatuto del Consejo, hoy RD 615/2024) no está confirmado con precisión documental — su despliegue se completó mediante resoluciones e instrucciones técnicas internas; verificar antes de examen.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Los municipios de pequeño tamaño, con escasos medios técnicos y personales, suelen cumplir sus obligaciones de portal de transparencia mediante:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 33 de Inspector Trabajo?
El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado constituye el instrumento técnico y operativo a través del cual se hace efectivo, en el ámbito estatal, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas por la Ley 19/2013 y la canalización de las solicitudes de acceso a la información pública, mientras que las Unidades de Información de Transparencia (UITs), constituidas en cada Ministerio y organismo público, son las piezas organizativas internas encargadas de coordinar la tramitación de dichas solicitudes y de alimentar de contenido actualizado el propio Portal. Junto a este modelo estatal, el carácter básico de buena parte de la Ley 19/2013 ha dado lugar a un ecosistema normativo e institucional propio en cada Comunidad Autónoma y en el ámbito de la Administración Local, con sus propios portales de transparencia, y en ocasiones con sus propios órganos de garantía autonómicos.
Conocer el funcionamiento práctico del Portal de Transparencia estatal, la organización interna de las UITs y las particularidades del régimen de transparencia en el nivel autonómico y local resulta relevante no solo desde la perspectiva de la propia obligación de transparencia que afecta a cualquier órgano administrativo, incluida la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino también como instrumento de acceso a información pública que puede resultar de utilidad en el ejercicio de sus funciones de control.
¿Qué hay que memorizar del Tema 33 para el examen?
El Portal de Transparencia (art. 10 Ley 19/2013) depende del Ministerio de la Presidencia; es gratuito, de acceso público y sin necesidad de identificación para consultar información de publicidad activa. El Portal se estructura en los mismos 3 bloques de la publicidad activa: institucional/organizativa, jurídica, y económico-presupuestaria/estadística, con datos descargables en formatos reutilizables (open data). El Portal integra un módulo de tramitación electrónica de solicitudes de acceso, con identificación vía Cl@ve o certificado electrónico, y un buscador de solicitudes ya resueltas. Las Unidades de Información de Transparencia (UITs) se crean en cada Ministerio/organismo para coordinar internamente publicidad activa y tramitación de solicitudes de acceso; suelen adscribirse a Subsecretarías. Las UITs son órgano INSTRUCTOR, no decisorio: identifican y requieren a las unidades que poseen la información y elaboran la propuesta de resolución, pero la resolución la firma el órgano competente (habitualmente la Subsecretaría). El procedimiento interno vía UIT: recepción/filtro de inadmisión, requerimiento a unidades poseedoras, valoración de límites (art. 14) y protección de datos (art. 15), propuesta de resolución, firma y notificación, todo dentro del plazo legal de 1 mes. Todas las CCAA tienen su propia ley de transparencia, que puede AMPLIAR (nunca rebajar) el estándar mínimo estatal: más sujetos obligados, más contenido de publicidad activa, plazos más cortos, o silencio positivo. Los portales de transparencia autonómicos replican la estructura tripartita estatal; algunas CCAA integran también la información de Entidades Locales sin medios propios. Muchas CCAA han creado su propio Consejo/Comisionado de Transparencia; donde no existe, la reclamación puede resolverla el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal mediante convenio. Las Entidades Locales están incluidas en el art. 2.1.a) de la Ley 19/2013: mismas obligaciones de publicidad activa y acceso que el resto de Administraciones, reforzadas por la Ley 7/1985 (tras la reforma de la Ley 27/2013) en materia económico-financiera. Los municipios pequeños suelen usar plataformas comunes de portal de transparencia proporcionadas por Diputaciones/Cabildos/Consejos Insulares o CCAA, con asistencia técnica obligatoria (art. 36 Ley 7/1985). En municipios sin unidad especializada, la tramitación de solicitudes de acceso suele recaer en la Secretaría del Ayuntamiento (Secretario-Interventor); resuelve el Alcalde o su delegado. La transparencia económico-financiera local se refuerza con la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria: publicación de ejecución presupuestaria, deuda, regla de gasto y periodo medio de pago a proveedores. La reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) es un régimen distinto pero complementario de la transparencia: busca el aprovechamiento económico/social de los datos, no solo el control democrático. Transparencia Internacional España elabora índices no vinculantes (ITA de ayuntamientos, INCAU de CCAA, ITD de diputaciones) que evalúan el cumplimiento real de las obligaciones de transparencia. El Estatuto vigente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (RD 615/2024) coexiste con la regulación específica del Portal de Transparencia, que tiene su origen reglamentario en el RD 919/2014. La colaboración entre el Consejo estatal y los órganos autonómicos se articula mediante convenios y el intercambio de criterios interpretativos comunes sobre límites y causas de inadmisión. El real decreto que regula de forma específica y exclusiva el desarrollo técnico del Portal de Transparencia (distinto del Estatuto del Consejo, hoy RD 615/2024) no está confirmado con precisión documental — su despliegue se completó mediante resoluciones e instrucciones técnicas internas; verificar antes de examen.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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