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Tema 31. La administración electrónica. Marco normativo general. Principios jurídicos de la administración electrónica. Derecho de los administrados ante la administración electrónica. La firma electrónica.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

La Administración electrónica designa el conjunto de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la actividad administrativa con la finalidad de mejorar la eficacia, la transparencia y la accesibilidad de los servicios públicos, sustituyendo progresivamente el soporte papel por el soporte electrónico como medio ordinario de relación entre los ciudadanos y las Administraciones públicas y entre estas entre sí. Su marco normativo actual se articula fundamentalmente sobre la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que integraron y generalizaron como régimen ordinario lo que la anterior Ley 11/2007 había establecido como un derecho de los ciudadanos de ejercicio progresivo, completándose con los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad y con el Reglamento europeo eIDAS en materia de identificación electrónica y servicios de confianza. El dominio de esta materia resulta imprescindible en la actualidad para cualquier empleado público, y en particular para los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cuya actividad se apoya crecientemente en sistemas electrónicos de gestión de expedientes, notificación y comunicación con los sujetos inspeccionados, así como en el acceso telemático a bases de datos de otras Administraciones.

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La Administración electrónica: concepto y evolución normativa

La Administración electrónica puede definirse como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las Administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes del personal, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos, y reforzar el apoyo a las políticas públicas. Su evolución normativa en España atraviesa tres grandes hitos. El primero, la Ley 30/1992, que ya contemplaba tímidamente el uso de medios electrónicos e informáticos, sin un desarrollo sistemático. El segundo, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), que por primera vez reconoció el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas como un derecho de ejercicio progresivo (aunque con la obligación correlativa de la Administración de disponer de los medios técnicos necesarios), dejando la opción electrónica como una alternativa voluntaria al papel. El tercero y actual, la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que dieron un paso decisivo al configurar lo electrónico como el medio normal y preferente de actuación de las Administraciones públicas (no ya una mera alternativa), generalizando la tramitación electrónica del procedimiento administrativo común y estableciendo la obligación de relacionarse electrónicamente para determinados sujetos, en un proceso de transformación digital que persigue una Administración íntegramente electrónica en su funcionamiento interno y en sus relaciones externas.

Marco normativo: Ley 39/2015 y Ley 40/2015

El marco normativo vigente de la Administración electrónica se articula sobre la distribución de materias operada por la reforma de 2015, que sustituyó a la antigua Ley 30/1992 y a la Ley 11/2007 por dos leyes de contenido diferenciado. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la vertiente externa de la Administración electrónica, esto es, las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones públicas en el marco del procedimiento administrativo: el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente (arts. 13 y 14), los registros electrónicos (art. 16), los sistemas de identificación y firma (arts. 9 a 11), las notificaciones electrónicas (arts. 41 a 43) y el expediente administrativo electrónico (art. 70), entre otras materias. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula por su parte la vertiente interna e interadministrativa: el funcionamiento electrónico del sector público (Título Preliminar, Capítulo V, arts. 38 a 46), incluyendo la sede electrónica, el punto de acceso general electrónico, el archivo electrónico único, los sistemas de identificación y firma de las Administraciones públicas (sello electrónico, actuación administrativa automatizada), y la interoperabilidad entre Administraciones. Esta distribución dual, aunque diferenciada en dos leyes, responde a una concepción unitaria de la transformación digital de la actividad administrativa, en la que ambas normas se complementan y remiten recíprocamente.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), aprobado inicialmente por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, en desarrollo de la entonces vigente Ley 11/2007, y mantenido en su vigencia y desarrollo bajo el marco de la Ley 40/2015 (art. 156), comprende el conjunto de criterios y recomendaciones de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deben ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad, entendida como la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. El ENI se articula en torno a distintas dimensiones de la interoperabilidad: organizativa (coordinación de procesos entre distintas Administraciones), semántica (comprensión unívoca y estructurada de la información intercambiada) y técnica (relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información). Entre sus instrumentos más relevantes se encuentran las Normas Técnicas de Interoperabilidad, que desarrollan aspectos concretos como el documento electrónico, el expediente electrónico, la digitalización de documentos, la política de firma electrónica o el modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales, constituyendo la base técnica que hace posible que un ciudadano no tenga que aportar ante una Administración documentos que obren ya en poder de otra.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), actualmente regulado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que sustituyó al originario Real Decreto 3/2010, tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permiten una protección adecuada de la información tratada y de los servicios prestados por las entidades de su ámbito de aplicación, de manera que se garantice la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, permitiendo el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. El ENS se estructura en torno a un conjunto de principios básicos (seguridad como proceso integral, gestión de riesgos, prevención, reacción y recuperación, líneas de defensa, reevaluación periódica y diferenciación de responsabilidades) y de requisitos mínimos de seguridad de obligado cumplimiento (organización e implantación del proceso de seguridad, análisis y gestión de riesgos, gestión de personal, profesionalidad, autorización y control de los accesos, protección de las instalaciones, adquisición de productos de seguridad, seguridad por defecto, integridad y actualización del sistema, protección de la información almacenada y en tránsito, prevención ante otros sistemas de información interconectados, registro de la actividad y detección de código dañino, incidentes de seguridad, continuidad de la actividad y mejora continua del proceso de seguridad). Su cumplimiento es exigible a todas las Administraciones públicas y resulta esencial para la confianza en cualquier trámite de Administración electrónica.

Principios jurídicos de la Administración electrónica: neutralidad tecnológica, accesibilidad y simplificación administrativa

NOTA DE REVISIÓN: el art. 156.2 de la Ley 40/2015 regula, en realidad, el Esquema Nacional de Seguridad, no estos principios. Los principios de neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso técnico, accesibilidad universal y diseño para todos, y simplificación administrativa, fueron formulados originariamente en el art. 4 de la ya derogada Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y siguen inspirando en la práctica el modelo español de Administración electrónica (incluido su desarrollo mediante el ENI y el ENS), pero no se ha podido localizar con certeza el precepto vigente de la Ley 39/2015 o de la Ley 40/2015 que los recoja hoy de forma expresa y conjunta; esta referencia debe verificarse de forma independiente antes de su uso en un examen. Entre estos principios destacan el de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas, que garantiza la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado; el de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos, con objeto de que todas las personas, incluidas las de edad avanzada y las que tengan algún tipo de discapacidad, puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad; y el de simplificación administrativa, por el cual se debe reducir de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa, e impulsando la utilización de medios electrónicos para simplificar los procedimientos internos, así como incorporar herramientas de colaboración entre Administraciones.

El principio de proporcionalidad en la exigencia de garantías de seguridad

NOTA DE REVISIÓN: como se indica en el punto anterior, el art. 156.2 de la Ley 40/2015 regula el Esquema Nacional de Seguridad y no contiene literalmente este principio de proporcionalidad, cuya formulación procede de la misma tradición normativa (art. 4 de la derogada Ley 11/2007) que los principios de neutralidad tecnológica, accesibilidad y simplificación; no se ha podido confirmar el precepto vigente exacto que lo recoja hoy en estos términos, por lo que debe verificarse antes de su uso en un examen. Conforme a este principio, solo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones, así como a la naturaleza de los datos y de las materias afectadas, debiendo la Administración utilizar preferentemente aquellos medios o sistemas de identificación y autenticación que impongan menos carga a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, proporcionales a la finalidad y objeto del servicio de que se trate. Este principio evita la sobrerregulación y el exceso de exigencias técnicas o formales que pudieran dificultar de forma injustificada el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ponderando el nivel de seguridad exigible en función de la sensibilidad de la información tratada y la relevancia jurídica del trámite: no exige el mismo nivel de identificación electrónica una simple consulta de información pública que la presentación de un recurso administrativo con efectos jurídicos vinculantes, ni la formalización de un contrato administrativo de elevada cuantía. Este principio de proporcionalidad conecta directamente con las categorías de sistemas de identificación y firma electrónica (simple, avanzada, cualificada) previstas tanto en la normativa española como en el Reglamento eIDAS, que gradúan el nivel de garantía exigido en función del riesgo asociado a cada actuación electrónica concreta.

El derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (art. 13 Ley 39/2015)

El artículo 13.a) de la Ley 39/2015 reconoce, dentro del catálogo general de derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas, el derecho a comunicarse con las Administraciones públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración, formulando así con carácter general el derecho de los ciudadanos a elegir el canal electrónico en sus relaciones con la Administración. Este derecho general se desarrolla y matiza específicamente en el artículo 14 de la propia ley, que consagra el binomio derecho-obligación de relacionarse electrónicamente: como regla general, las personas físicas tienen derecho a elegir, en todo momento, si se comunican con las Administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas (art. 14.1). El derecho a elegir el canal de comunicación incluye la posibilidad de modificar posteriormente dicha opción, y su reverso es el correlativo deber de la Administración de facilitar el ejercicio de este derecho, mediante la puesta a disposición de los medios de identificación electrónica adecuados y de las oficinas de asistencia en materia de registros previstas en el artículo 16.4 para quienes, teniendo derecho a elegir, opten no obstante por la vía electrónica y precisen de asistencia técnica para ello.

Los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14 Ley 39/2015)

El artículo 14.2 de la Ley 39/2015 enumera los sujetos que, en todo caso, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (incluyendo notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; y los empleados de las Administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. El artículo 14.3 habilita además a las Administraciones públicas para establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Esta obligación electrónica es directamente relevante para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dado que sus sujetos inspeccionados son en su inmensa mayoría personas jurídicas.

El registro electrónico general y los registros electrónicos de cada Administración

El artículo 16 de la Ley 39/2015 regula el funcionamiento de los registros administrativos, disponiendo que cada Administración dispondrá de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos, pudiendo también las Administraciones crear registros electrónicos propios de determinados órganos o para la recepción de solicitudes referidas a materias específicas, en cuyo caso el registro electrónico general debe funcionar como un portal que permita el acceso a estos otros registros. Los registros electrónicos permiten la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, considerándose a efectos de cómputo de plazos el registro electrónico único por cada Administración pública, sujeto a las reglas de cómputo previstas en el artículo 31 (con relevancia práctica de las declaraciones de días inhábiles a efectos de dicho cómputo). Además del registro electrónico general de cada Administración, el artículo 16.4 admite la presentación de documentos a través de otros medios: los registros electrónicos de cualquier Administración pública u organismo vinculado o dependiente; las oficinas de Correos; las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; y las oficinas de asistencia en materia de registros, garantizando así múltiples canales de entrada, tanto electrónicos como presenciales asistidos por funcionarios, para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

El archivo electrónico único

El artículo 17 de la Ley 39/2015 dispone que cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable, debiendo los documentos electrónicos que formen parte de un expediente administrativo conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, no siendo posible la eliminación de ningún documento electrónico que forme parte de un procedimiento administrativo salvo en los supuestos previstos en la normativa reguladora en materia de archivos, cuando ello resulte necesario y proporcionado y bajo la responsabilidad del titular del órgano administrativo que lo hubiese autorizado. El artículo 17.2 añade que los documentos electrónicos deben conservarse aunque el procedimiento haya finalizado, para garantizar el respeto de los derechos de terceros o de intereses jurídicos amparados, en el contexto en que se hubiesen producido, y garantizar la posibilidad de su reproducción con calidad suficiente. Este archivo electrónico único constituye la base sobre la que se articula la interoperabilidad archivística entre Administraciones y la sustitución progresiva del archivo tradicional en papel, siendo compatible con la coexistencia de archivos físicos de expedientes anteriores a la generalización del expediente electrónico.

La sede electrónica y su régimen jurídico

El artículo 38 de la Ley 40/2015 define la sede electrónica como aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias, a través de la cual los ciudadanos pueden acceder a la información, servicios y trámites disponibles. Se caracteriza por estar sujeta a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, debiendo cada Administración garantizar la identificación de la sede electrónica mediante un certificado de sede electrónica o de sello electrónico, así como el establecimiento de sus condiciones e instrumentos de creación (art. 38.3). La creación de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de ella, debiendo disponer de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras cuando sean necesarias. La sede electrónica se corresponde, en el modelo español de Administración electrónica, con la ventanilla o mostrador virtual a través del cual el ciudadano accede a los trámites electrónicos concretos de cada Administración, siendo el equivalente digital de las oficinas de atención al público en el modelo tradicional presencial.

El punto de acceso general electrónico de la Administración

El artículo 13.a) de la Ley 39/2015 hace referencia al Punto de Acceso General electrónico de la Administración, concebido como un portal de acceso, de carácter general, a través del cual los ciudadanos puedan, con independencia de la Administración competente, acceder a la información pública, así como al estado de tramitación de los procedimientos que le afecten, con independencia del órgano administrativo específico ante el que se hubiera iniciado el procedimiento. Este punto de acceso general se configura como el elemento vertebrador del modelo de Administración electrónica orientado al ciudadano, en el que este no necesita conocer de antemano cuál es el órgano u organismo público concreto competente para su gestión, ni identificar la sede electrónica particular donde se encuentra el trámite, sino que puede acceder a través de una única puerta de entrada que redirige o integra la información y los servicios de todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de una misma Administración. En el ámbito de la Administración General del Estado, este Punto de Acceso General se materializa a través del portal administracion.gob.es, que actúa como pasarela común a las sedes electrónicas de los distintos Ministerios y organismos públicos estatales, entre ellos los correspondientes a la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los sistemas de identificación de los interesados: firma electrónica, Cl@ve y certificado electrónico

Los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015 regulan los sistemas de identificación y de firma que los interesados pueden utilizar para relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas, distinguiendo funcionalmente entre identificación (acreditar quién es el sujeto) y firma (además de identificarlo, manifestar su voluntad y consentimiento respecto del contenido de un documento concreto), si bien en la práctica muchos sistemas cumplen ambas funciones simultáneamente. Entre los sistemas admitidos se encuentran los sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica o de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación; los sistemas de clave concertada, como el sistema Cl@ve, que no exigen la posesión de un certificado electrónico sino el registro previo del usuario mediante un procedimiento que garantiza su identidad, permitiéndole posteriormente identificarse mediante clave de acceso concertada, con o sin un código de verificación adicional; y cualesquiera otros sistemas que las Administraciones públicas consideren válidos, en los términos y condiciones que se establezcan, siempre que quede garantizada la identidad del interesado. El artículo 10 admite, para determinados trámites de menor trascendencia jurídica, sistemas de firma electrónica no criptográfica, como la firma manuscrita digitalizada, siempre que se garantice su autenticidad, si bien esta última modalidad ha ido perdiendo protagonismo frente a los sistemas de identificación centralizados y de mayor robustez técnica.

La firma electrónica: concepto y clases (simple, avanzada y cualificada)

El Reglamento (UE) n.º 910/2014 (eIDAS) define la firma electrónica como los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar, distinguiendo tres niveles de firma según su grado de fiabilidad y de garantías jurídicas. La firma electrónica simple es el género, que solo exige la vinculación de unos datos electrónicos a la manifestación de voluntad de una persona, sin exigencias técnicas adicionales, y cuyo valor probatorio queda sujeto a la valoración libre por parte de los tribunales o de la Administración conforme a las reglas generales. La firma electrónica avanzada es aquella que cumple los requisitos de estar vinculada al firmante de manera única, permitir la identificación del firmante, haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar bajo su control exclusivo, y estar vinculada con los datos firmados de tal modo que cualquier modificación posterior de estos sea detectable. La firma electrónica cualificada es una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firma electrónica y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica, siendo la única que el Reglamento eIDAS equipara jurídicamente en todos sus efectos a la firma manuscrita, y la única cuyo reconocimiento transfronterizo entre Estados miembros de la Unión Europea es obligatorio para todos ellos.

El certificado electrónico y los prestadores de servicios de confianza

El certificado electrónico es un documento electrónico expedido por un prestador de servicios de confianza que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad, constituyendo el soporte técnico habitual sobre el que se construye la firma electrónica avanzada o cualificada. El Reglamento eIDAS distingue entre certificados electrónicos simples y certificados electrónicos cualificados, siendo estos últimos los expedidos por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumplen los requisitos establecidos en el propio Reglamento (identificación presencial o equivalente del titular, contenido mínimo obligatorio, período de validez, entre otros). Los prestadores de servicios de confianza son las personas físicas o jurídicas que prestan uno o varios servicios de confianza, ya sea como prestadores cualificados o no cualificados; los prestadores cualificados están sometidos a un régimen de supervisión reforzado por parte del organismo supervisor nacional (en España, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), que garantiza el cumplimiento continuado de los requisitos exigidos por el Reglamento eIDAS y por la normativa nacional de desarrollo, y su inclusión en la correspondiente lista de confianza (Trusted List) nacional y europea. En España, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), a través de su entidad de certificación CERES, es uno de los principales prestadores cualificados de servicios de confianza, expidiendo certificados electrónicos de persona física, de representante y de sede electrónica, entre otros.

El sistema Cl@ve

Cl@ve es la plataforma común del sector público estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica de los ciudadanos, creada con la finalidad de ofrecer a estos un punto de acceso único y sencillo a los servicios electrónicos de las Administraciones públicas, evitando la dispersión y complejidad derivada de la coexistencia de múltiples sistemas de identificación propios de cada organismo. Cl@ve integra distintos niveles de identificación adaptados a la naturaleza del trámite, ordenados de menor a mayor nivel de seguridad: Cl@ve PIN, un sistema de contraseña de validez muy limitada en el tiempo, orientado a usuarios que acceden esporádicamente a determinados servicios; Cl@ve Permanente, un sistema de usuario y contraseña duradera, reforzado mediante un código de verificación adicional enviado al teléfono móvil del usuario, adecuado para el acceso frecuente a servicios electrónicos con un nivel de seguridad medio-alto; y la posibilidad de utilizar Cl@ve Firma, que permite realizar firmas electrónicas de documentos mediante certificados centralizados custodiados por la propia plataforma, sin necesidad de que el ciudadano disponga de un certificado electrónico propio instalado en su dispositivo. El registro en el sistema Cl@ve puede realizarse de forma presencial, en las oficinas de registro habilitadas, mediante videollamada o de forma telemática si el ciudadano ya dispone de un certificado electrónico o DNI electrónico, integrando así distintas vías de acceso al sistema en función de las circunstancias y necesidades de cada usuario.

Los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: sello electrónico y código seguro de verificación

El artículo 41 de la Ley 40/2015 define la actuación administrativa automatizada como todo acto o actuación realizado íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo sin intervención directa de un empleado público, exigiendo que se establezca previamente el órgano competente para las especificaciones, programación, mantenimiento y control de calidad del sistema, así como el órgano responsable a efectos de impugnación. El artículo 42 regula los sistemas de firma para dicha actuación administrativa automatizada, que comprenden el sello electrónico de Administración pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en un certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica (art. 42.a), y el código seguro de verificación (CSV), vinculado a la Administración pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, que permite en todo caso comprobar la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente (art. 42.b); este último sistema, de amplia utilización práctica, permite generar documentos con un código alfanumérico único que, introducido en la sede electrónica de la Administración emisora, posibilita verificar su autenticidad e integridad sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados por parte del ciudadano receptor del documento. Junto a ello, el artículo 40 regula, con carácter más general y no limitado a la actuación automatizada, la identificación de las Administraciones públicas mediante sello electrónico. Sello electrónico y CSV constituyen mecanismos de identificación de las Administraciones públicas, distintos de la firma electrónica del personal a su servicio, propia de las actuaciones administrativas no automatizadas (art. 43 Ley 40/2015).

La copia auténtica y la digitalización de documentos

El artículo 27 de la Ley 39/2015 regula la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones públicas, disponiendo que tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido, exigiendo, cuando se trate de una copia electrónica de un documento en soporte papel, que la digitalización se realice de acuerdo con los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en la correspondiente Norma Técnica de Interoperabilidad de digitalización de documentos, incorporando los correspondientes metadatos asociados que garanticen su autenticidad e integridad. El artículo 27.3 dispone además que las Administraciones públicas pueden obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los interesados, con su misma validez y eficacia a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y conservación del documento imagen, pudiendo estos disponer la destrucción de los documentos originales en soporte papel, salvo que la normativa de aplicación exija su mantenimiento con determinadas cautelas de custodia. Este régimen permite avanzar hacia una Administración sin papel, garantizando al mismo tiempo la fuerza probatoria de los documentos digitalizados en condiciones equivalentes a las de los originales en soporte físico.

El expediente administrativo electrónico

El artículo 70 de la Ley 39/2015 define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, disponiendo expresamente que los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita, que garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma, y su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. El precepto excluye expresamente del expediente electrónico la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones públicas, salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. La configuración electrónica del expediente permite su tramitación simultánea por distintos órganos y su acceso remoto por los interesados, transformando radicalmente la gestión documental respecto del tradicional expediente en papel.

La notificación electrónica y la comparecencia en sede electrónica

Los artículos 41 a 43 de la Ley 39/2015 regulan las notificaciones administrativas, estableciendo que, con carácter general, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado esté obligado a recibirlas por esta vía conforme al artículo 14. Las notificaciones por medios electrónicos se practican, según el artículo 43, mediante comparecencia en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única de la Administración u organismo actuante, a través de la correspondiente dirección electrónica habilitada o mediante ambos sistemas, considerándose practicada la notificación en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Con la finalidad de facilitar que el interesado tenga conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones, la Administración debe enviar avisos de notificación, siempre que sea posible, a través de un dispositivo electrónico o de una dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, si bien la falta de práctica de este aviso no impide que la notificación sea considerada plenamente válida. Este régimen de notificación electrónica reviste especial relevancia en el procedimiento sancionador laboral y de Seguridad Social, dada la obligación electrónica generalizada de las personas jurídicas.

El Reglamento eIDAS de la Unión Europea

El Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (conocido por su acrónimo eIDAS, electronic IDentification, Authentication and trust Services), constituye la norma marco de la Unión Europea en esta materia, directamente aplicable en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición por tratarse de un reglamento comunitario. Su finalidad es reforzar la confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior, proporcionando una base común para lograr interacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las empresas y las Administraciones públicas, y aumentando la eficacia de los servicios electrónicos públicos y privados, del comercio electrónico y de las transacciones electrónicas en la Unión. El Reglamento regula dos grandes bloques de materias: la identificación electrónica, estableciendo un sistema de reconocimiento mutuo transfronterizo de los sistemas de identificación electrónica notificados por los Estados miembros, clasificados en tres niveles de seguridad (bajo, sustancial y alto); y los servicios de confianza, entre los que se incluyen la firma electrónica, el sello electrónico (para personas jurídicas), el sello de tiempo electrónico, el servicio de entrega electrónica certificada y la autenticación de sitios web, estableciendo para cada uno de ellos un régimen jurídico de eficacia probatoria y de reconocimiento transfronterizo cuando alcanzan la categoría de "cualificados".

La reforma eIDAS2: el Reglamento (UE) 2024/1183 y la Cartera Europea de Identidad Digital

El Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo modifica el Reglamento eIDAS original para establecer el marco europeo de identidad digital (conocido como eIDAS2), cuya principal novedad es la creación de la Cartera Europea de Identidad Digital (European Digital Identity Wallet, EUDI Wallet): una aplicación que cada Estado miembro debe poner a disposición de sus ciudadanos, residentes y empresas para que puedan identificarse electrónicamente, almacenar atributos y documentos (identidad, títulos, permisos u otros) y firmar electrónicamente, con reconocimiento transfronterizo obligatorio en toda la Unión y bajo el control exclusivo del propio usuario. El despliegue de la Cartera se está completando de forma progresiva mediante actos de ejecución técnicos de la Comisión Europea (especificaciones comunes, interoperabilidad, seguridad) y pilotos a gran escala con participación de varios Estados miembros, entre ellos España; a la fecha de esta revisión no puede confirmarse con precisión absoluta en qué fecha exacta estará desplegada con plena disponibilidad en todos los Estados miembros, por lo que este dato debe verificarse de forma independiente antes de su uso en un examen, sin perjuicio de que la existencia del Reglamento (UE) 2024/1183 y el objetivo de la Cartera Europea de Identidad Digital constituyen ya un dato consolidado y exigible.

El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021)

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que desarrolla reglamentariamente, en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, las previsiones de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 relativas al funcionamiento electrónico: el registro electrónico general y los registros electrónicos de cada organismo, las oficinas de asistencia en materia de registros, la sede electrónica y las sedes electrónicas asociadas, el archivo electrónico único, los sistemas de identificación y firma tanto de los interesados como de la propia Administración, y la actuación administrativa automatizada. Este Reglamento sustituyó, en lo que resultaba incompatible, a la normativa reglamentaria anterior dictada en desarrollo de la ya derogada Ley 11/2007, constituyendo actualmente la norma de detalle de referencia para la operativa diaria de la Administración electrónica estatal, de aplicación directamente relevante para los órganos y unidades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su condición de organismo integrado en la Administración General del Estado.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Ley 11/2007 (LAECSP) fue la primera en reconocer el acceso electrónico como derecho de ejercicio progresivo; la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 lo convierten en el medio NORMAL y preferente.
  • Distribución de materias: Ley 39/2015 regula la vertiente externa (relación ciudadano-Administración); Ley 40/2015 regula la vertiente interna e interadministrativa (sede electrónica, funcionamiento del sector público).
  • El ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad, RD 4/2010) regula la interoperabilidad organizativa, semántica y técnica entre sistemas de información de las Administraciones.
  • El ENS (Esquema Nacional de Seguridad, actualmente RD 311/2022, que sustituyó al RD 3/2010) fija principios básicos y requisitos mínimos de seguridad de la información y los servicios electrónicos.
  • Principios de neutralidad tecnológica, accesibilidad universal, simplificación administrativa y proporcionalidad en las garantías de seguridad: de raíz en el art. 4 de la derogada Ley 11/2007; no se ha podido confirmar el precepto vigente exacto de la Ley 39/2015 o la Ley 40/2015 que los recoja hoy en bloque (el art. 156.2 Ley 40/2015 solo define el ENS) — verificar antes de examen.
  • El art. 13.a) Ley 39/2015 reconoce el derecho general a comunicarse electrónicamente vía el Punto de Acceso General; el art. 14 desarrolla el binomio derecho/obligación de relacionarse electrónicamente.
  • Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 LPAC): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados obligatoriamente, empleados públicos (por razón de su condición) y representantes de obligados.
  • El registro electrónico general (art. 16 LPAC) permite presentar documentos 24h/365 días; también cabe presentar en Correos, oficinas consulares y oficinas de asistencia en materia de registros.
  • El archivo electrónico único (art. 17 LPAC) conserva los documentos de procedimientos finalizados garantizando autenticidad, integridad y consulta futura.
  • La sede electrónica (art. 38 Ley 40/2015) es la 'ventanilla virtual' de cada Administración; el Punto de Acceso General electrónico integra el acceso a todas las sedes de una Administración.
  • Sistemas de identificación de interesados (arts. 9-10 LPAC): certificados electrónicos cualificados, sistemas de clave concertada (Cl@ve) y otros sistemas admitidos por cada Administración.
  • Firma electrónica, 3 niveles (Reglamento eIDAS): simple (sin requisitos técnicos), avanzada (vinculada únicamente al firmante, bajo su control exclusivo) y cualificada (basada en certificado cualificado y dispositivo cualificado; única equiparada a la firma manuscrita en toda la UE).
  • El certificado electrónico vincula datos de verificación de firma a un firmante; los prestadores CUALIFICADOS de servicios de confianza están sujetos a supervisión reforzada (en España, la FNMT-RCM/CERES es el principal).
  • Cl@ve tiene 3 modalidades: Cl@ve PIN (uso esporádico, validez limitada), Cl@ve Permanente (usuario+contraseña+código SMS) y Cl@ve Firma (firma con certificado centralizado custodiado por la plataforma).
  • La actuación administrativa automatizada (art. 41 Ley 40/2015) es aquella realizada íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público; sus sistemas de firma (art. 42 Ley 40/2015) son el sello electrónico y el código seguro de verificación (CSV), que permite comprobar la integridad de un documento en la sede electrónica; el art. 40 regula, de forma más general, la identificación de las Administraciones mediante sello electrónico.
  • Las copias digitalizadas por la Administración (art. 27 LPAC) tienen la consideración de copia auténtica si se ajustan al ENI y a la Norma Técnica de digitalización correspondiente.
  • El expediente administrativo electrónico (art. 70 LPAC) se forma por agregación ordenada de documentos con índice numerado; excluye información auxiliar (borradores, notas internas) salvo informes preceptivos.
  • Notificación electrónica (art. 43 LPAC): se entiende practicada al acceder al contenido; se entiende RECHAZADA si pasan 10 días naturales sin acceder, salvo imposibilidad técnica acreditada.
  • El Reglamento eIDAS (UE 910/2014) es de aplicación directa en toda la UE; regula identificación electrónica (3 niveles: bajo, sustancial, alto) y servicios de confianza (firma, sello electrónico, sello de tiempo, entrega certificada, autenticación web).
  • La obligación electrónica generalizada de las personas jurídicas es especialmente relevante para la Inspección de Trabajo, dado que sus sujetos inspeccionados son mayoritariamente empresas.
  • El Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS2) crea la Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet), de despliegue progresivo mediante actos de ejecución de la Comisión; su fecha exacta de disponibilidad plena no está confirmada con precisión y debe verificarse antes de examen.
  • El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que desarrolla en detalle la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 (sede electrónica, registros, archivo único, identificación y firma) para la AGE.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

El Reglamento (UE) 2024/1183, que modifica el Reglamento eIDAS (conocido como eIDAS2), introduce como principal novedad:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 31 de Inspector Trabajo?

La Administración electrónica designa el conjunto de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la actividad administrativa con la finalidad de mejorar la eficacia, la transparencia y la accesibilidad de los servicios públicos, sustituyendo progresivamente el soporte papel por el soporte electrónico como medio ordinario de relación entre los ciudadanos y las Administraciones públicas y entre estas entre sí. Su marco normativo actual se articula fundamentalmente sobre la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que integraron y generalizaron como régimen ordinario lo que la anterior Ley 11/2007 había establecido como un derecho de los ciudadanos de ejercicio progresivo, completándose con los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad y con el Reglamento europeo eIDAS en materia de identificación electrónica y servicios de confianza. El dominio de esta materia resulta imprescindible en la actualidad para cualquier empleado público, y en particular para los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cuya actividad se apoya crecientemente en sistemas electrónicos de gestión de expedientes, notificación y comunicación con los sujetos inspeccionados, así como en el acceso telemático a bases de datos de otras Administraciones.

¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?

La Ley 11/2007 (LAECSP) fue la primera en reconocer el acceso electrónico como derecho de ejercicio progresivo; la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 lo convierten en el medio NORMAL y preferente. Distribución de materias: Ley 39/2015 regula la vertiente externa (relación ciudadano-Administración); Ley 40/2015 regula la vertiente interna e interadministrativa (sede electrónica, funcionamiento del sector público). El ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad, RD 4/2010) regula la interoperabilidad organizativa, semántica y técnica entre sistemas de información de las Administraciones. El ENS (Esquema Nacional de Seguridad, actualmente RD 311/2022, que sustituyó al RD 3/2010) fija principios básicos y requisitos mínimos de seguridad de la información y los servicios electrónicos. Principios de neutralidad tecnológica, accesibilidad universal, simplificación administrativa y proporcionalidad en las garantías de seguridad: de raíz en el art. 4 de la derogada Ley 11/2007; no se ha podido confirmar el precepto vigente exacto de la Ley 39/2015 o la Ley 40/2015 que los recoja hoy en bloque (el art. 156.2 Ley 40/2015 solo define el ENS) — verificar antes de examen. El art. 13.a) Ley 39/2015 reconoce el derecho general a comunicarse electrónicamente vía el Punto de Acceso General; el art. 14 desarrolla el binomio derecho/obligación de relacionarse electrónicamente. Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 LPAC): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados obligatoriamente, empleados públicos (por razón de su condición) y representantes de obligados. El registro electrónico general (art. 16 LPAC) permite presentar documentos 24h/365 días; también cabe presentar en Correos, oficinas consulares y oficinas de asistencia en materia de registros. El archivo electrónico único (art. 17 LPAC) conserva los documentos de procedimientos finalizados garantizando autenticidad, integridad y consulta futura. La sede electrónica (art. 38 Ley 40/2015) es la 'ventanilla virtual' de cada Administración; el Punto de Acceso General electrónico integra el acceso a todas las sedes de una Administración. Sistemas de identificación de interesados (arts. 9-10 LPAC): certificados electrónicos cualificados, sistemas de clave concertada (Cl@ve) y otros sistemas admitidos por cada Administración. Firma electrónica, 3 niveles (Reglamento eIDAS): simple (sin requisitos técnicos), avanzada (vinculada únicamente al firmante, bajo su control exclusivo) y cualificada (basada en certificado cualificado y dispositivo cualificado; única equiparada a la firma manuscrita en toda la UE). El certificado electrónico vincula datos de verificación de firma a un firmante; los prestadores CUALIFICADOS de servicios de confianza están sujetos a supervisión reforzada (en España, la FNMT-RCM/CERES es el principal). Cl@ve tiene 3 modalidades: Cl@ve PIN (uso esporádico, validez limitada), Cl@ve Permanente (usuario+contraseña+código SMS) y Cl@ve Firma (firma con certificado centralizado custodiado por la plataforma). La actuación administrativa automatizada (art. 41 Ley 40/2015) es aquella realizada íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público; sus sistemas de firma (art. 42 Ley 40/2015) son el sello electrónico y el código seguro de verificación (CSV), que permite comprobar la integridad de un documento en la sede electrónica; el art. 40 regula, de forma más general, la identificación de las Administraciones mediante sello electrónico. Las copias digitalizadas por la Administración (art. 27 LPAC) tienen la consideración de copia auténtica si se ajustan al ENI y a la Norma Técnica de digitalización correspondiente. El expediente administrativo electrónico (art. 70 LPAC) se forma por agregación ordenada de documentos con índice numerado; excluye información auxiliar (borradores, notas internas) salvo informes preceptivos. Notificación electrónica (art. 43 LPAC): se entiende practicada al acceder al contenido; se entiende RECHAZADA si pasan 10 días naturales sin acceder, salvo imposibilidad técnica acreditada. El Reglamento eIDAS (UE 910/2014) es de aplicación directa en toda la UE; regula identificación electrónica (3 niveles: bajo, sustancial, alto) y servicios de confianza (firma, sello electrónico, sello de tiempo, entrega certificada, autenticación web). La obligación electrónica generalizada de las personas jurídicas es especialmente relevante para la Inspección de Trabajo, dado que sus sujetos inspeccionados son mayoritariamente empresas. El Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS2) crea la Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet), de despliegue progresivo mediante actos de ejecución de la Comisión; su fecha exacta de disponibilidad plena no está confirmada con precisión y debe verificarse antes de examen. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que desarrolla en detalle la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 (sede electrónica, registros, archivo único, identificación y firma) para la AGE.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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