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Tema 26. Los recursos administrativos: objeto y clases. Interposición, efectos y resolución. Recurso de alzada, potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

El sistema de recursos administrativos es la manifestación más característica de la autotutela revisora de la Administración: la posibilidad de que sea la propia Administración, y no directamente un juez, quien revise en primer término la legalidad y oportunidad de sus propios actos antes de que el particular pueda acudir a la vía jurisdiccional. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula en su Título V, Capítulo II (arts. 112 a 126) tres recursos ordinarios —alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión—, cada uno con objeto, órgano competente, plazos y efectos propios, además de prever la posibilidad de sustituirlos por fórmulas de conciliación, mediación o arbitraje cuando una norma específica lo habilite. Conocer con precisión los requisitos de interposición, los plazos de resolución y los efectos del silencio administrativo en cada recurso resulta esencial para el ejercicio de la función inspectora, ya que buena parte de los actos dictados en el procedimiento sancionador y liquidatorio de la Seguridad Social (actas de infracción y de liquidación, requerimientos) son susceptibles de impugnación en vía administrativa antes de acceder, en su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa.

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Los recursos administrativos: concepto y fundamento en la autotutela revisora

El recurso administrativo es el medio de impugnación que la ley reconoce a quien resulte interesado en un procedimiento para instar de la propia Administración autora de un acto la revisión de su legalidad u oportunidad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Su fundamento último se encuentra en la autotutela administrativa: como consecuencia de la presunción de validez y la ejecutividad inmediata de los actos administrativos (arts. 39 y 98 Ley 39/2015), el ordenamiento exige que sea la propia Administración quien, en un primer momento, reconsidere sus decisiones a instancia del afectado, antes de que un órgano judicial pueda entrar a controlarlas. Esta autotutela se denomina "revisora" o "de segundo grado" para distinguirla de la autotutela declarativa (dictar y ejecutar el acto) y de la ejecutiva (ejecutarlo forzosamente). Los recursos administrativos cumplen así una doble función: constituyen una garantía para el ciudadano, que dispone de una vía gratuita, rápida y sin necesidad de abogado ni procurador para corregir posibles errores, y son a la vez un mecanismo de autocontrol interno de la Administración. Se diferencian de otras vías de revisión de oficio (arts. 106 y 107 LPAC, nulidad y lesividad) en que aquí es el propio interesado quien insta la revisión, no la Administración por propia iniciativa. Además, como regla general, agotar la vía administrativa mediante estos recursos —o dejar transcurrir el plazo sin recurrir cuando el acto no la agota— es presupuesto procesal necesario para poder interponer después el recurso contencioso-administrativo (art. 25 de la Ley 29/1998).

Actos susceptibles de recurso administrativo

Son susceptibles de recurso administrativo, con carácter general, las resoluciones administrativas y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (art. 112.1 Ley 39/2015). Se trata de los llamados "actos de trámite cualificados", que aunque no pongan fin al procedimiento, por sus efectos gravosos se equiparan a estos efectos a las resoluciones. Quedan fuera del recurso los actos de trámite ordinarios (por ejemplo, la simple apertura de un periodo de prueba o una diligencia de ordenación) precisamente porque no causan ese perjuicio cualificado, sin perjuicio de que las alegaciones sobre ellos puedan reproducirse al recurrir la resolución final. En el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, son recurribles en vía administrativa, entre otros, las resoluciones sancionadoras derivadas de actas de infracción, las resoluciones de actas de liquidación de cuotas, y los requerimientos de la Inspección cuando tengan sustantividad propia y produzcan efectos jurídicos directos frente al interesado. La jurisprudencia exige, en todo caso, que el acto impugnado sea un verdadero acto administrativo (manifestación de voluntad, juicio, deseo o conocimiento de un órgano de la Administración en ejercicio de una potestad administrativa), quedando excluidos los meros actos políticos o de gobierno y las actuaciones materiales sin cobertura jurídica formal, frente a las cuales procede, en su caso, el recurso contra la vía de hecho.

Los actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 114 Ley 39/2015)

El artículo 114 de la Ley 39/2015 enumera qué actos agotan la vía administrativa, cuestión determinante porque frente a ellos solo cabe recurso potestativo de reposición o, directamente, recurso contencioso-administrativo, mientras que frente a los actos que no la agotan procede el recurso de alzada. Ponen fin a la vía administrativa: a) las resoluciones de los recursos de alzada; b) las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 112.2 (conciliación, mediación y arbitraje); c) las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario; d) los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; e) la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial; f) la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4; g) las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. En el ámbito de la Administración General del Estado, agotan también la vía administrativa las resoluciones de los Ministros y Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, así como las de los órganos superiores de los organismos públicos vinculados o dependientes cuando así lo establezcan sus estatutos. Determinar correctamente si un acto agota o no la vía administrativa condiciona todo el itinerario impugnatorio posterior, incluido el plazo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Clases de recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión

El artículo 112.1 de la Ley 39/2015 configura un sistema cerrado de tres recursos administrativos ordinarios frente a las resoluciones y actos de trámite cualificados. El recurso de alzada procede contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, se resuelve por el órgano superior jerárquico al que dictó el acto y es obligatorio agotarlo (o dejarlo transcurrir) antes de acudir a la vía contenciosa. El recurso potestativo de reposición se interpone, en su caso, ante el mismo órgano que dictó el acto que agota la vía administrativa; es potestativo porque el interesado puede optar por acudir directamente al contencioso-administrativo sin interponerlo, pero si lo interpone no podrá acudir a la vía judicial hasta que sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación presunta. El recurso extraordinario de revisión, por su carácter excepcional, solo procede contra actos firmes en vía administrativa (es decir, contra los que ya no cabe ningún recurso ordinario, ni siquiera ante los tribunales por haber transcurrido el plazo) y únicamente por las causas tasadas del artículo 125. A estos tres recursos se añade la posibilidad, prevista en el artículo 112.2, de sustituir el recurso de alzada y el de reposición por procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas, cuando una disposición legal o convencional así lo prevea expresamente para un sector concreto de la actividad administrativa.

Requisitos generales de interposición de los recursos

Toda interposición de un recurso administrativo exige cumplir un conjunto de requisitos subjetivos, objetivos y formales. Subjetivamente, es preciso ostentar la condición de interesado en el procedimiento, esto es, titular de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por el acto (art. 4 Ley 39/2015), y tener capacidad de obrar conforme al artículo 3. Objetivamente, el acto debe ser recurrible (resolución o acto de trámite cualificado, no firme por vía administrativa salvo que se trate del recurso extraordinario de revisión) y el recurso debe interponerse dentro de plazo. Formalmente, el artículo 115 exige que el escrito de recurso contenga: el nombre y apellidos del recurrente y, en su caso, de su representante; identificación del acto que se recurre y razón de su impugnación; lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y del lugar señalado a efectos de notificaciones; órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación; y las demás particularidades exigidas, en su caso, por disposiciones específicas. El escrito puede presentarse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo, ante cualquier otro órgano administrativo señalado en el artículo 16.4 (registros electrónicos generales, oficinas de correos, representaciones diplomáticas, oficinas de asistencia en materia de registros) o ante las oficinas correspondientes previstas en la normativa reguladora del acceso electrónico. La falta de alguno de estos requisitos puede subsanarse, salvo el relativo al plazo de interposición, que es un requisito improrrogable de orden público.

El error en la calificación del recurso

El artículo 115.2 de la Ley 39/2015 recoge un principio antiformalista propio del Derecho Administrativo: el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Esta previsión responde al principio pro actione y a la naturaleza no técnica de muchos recurrentes, que carecen de asistencia letrada obligatoria en vía administrativa. En consecuencia, si un ciudadano interpone lo que denomina "recurso de alzada" contra un acto que en realidad agota la vía administrativa (y frente al que solo cabría recurso de reposición o directamente el contencioso-administrativo), la Administración debe reconducir de oficio el escrito hacia el cauce procedimental correcto, tramitándolo conforme a las normas del recurso que efectivamente proceda según su objeto, en lugar de inadmitirlo por el mero error en la denominación. Del mismo modo, cuando el escrito no exprese la calificación del recurso o exista duda razonable sobre cuál se pretende, el órgano instructor debe atender a la verdadera naturaleza y finalidad de la pretensión deducida por el interesado, remitiéndolo, si fuera preciso, al órgano competente para su resolución. Esta regla no ampara, sin embargo, el incumplimiento de otros requisitos sustantivos, como el plazo de interposición o la legitimación, que deben concurrir con independencia de cuál sea la denominación empleada en el escrito.

Plazos de interposición de los recursos administrativos

Los plazos de interposición varían según el recurso, pero comparten una estructura común: el cómputo distingue entre notificación expresa del acto y silencio administrativo. Para el recurso de alzada (art. 122), el plazo es de un mes si el acto fuera expreso, contado desde el día siguiente a su notificación o publicación; si el acto no fuera expreso (silencio), el plazo será de tres meses y se contará desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Para el recurso potestativo de reposición (art. 124), rige la misma regla: un mes desde la notificación si el acto es expreso, o tres meses desde que se produzcan los efectos del silencio en caso contrario. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos para quien no recurrió, sin que quepa su reapertura salvo por la vía extraordinaria de revisión y solo por las causas tasadas del artículo 125. Estos plazos son de caducidad, improrrogables y no susceptibles de ampliación ni de suspensión, salvo las excepciones legalmente previstas (por ejemplo, la ampliación de plazos administrativos por razones de fuerza mayor declaradas por el Gobierno). El cómputo se rige, en lo no dicho expresamente, por las reglas generales de los artículos 30 y 31 de la Ley 39/2015 sobre cómputo de plazos por meses y días hábiles.

Efectos de la interposición del recurso: la no suspensión de la ejecución como regla general

El artículo 117.1 de la Ley 39/2015 establece como regla general que la interposición de cualquier recurso administrativo no suspende la ejecución del acto impugnado, en coherencia con el principio de ejecutividad inmediata de los actos administrativos (art. 98) y con la presunción de validez que estos ostentan mientras no se declare su invalidez (art. 39.1). Esta regla es consecuencia directa de la autotutela ejecutiva de la Administración: si la mera interposición de un recurso paralizase automáticamente la eficacia del acto, se vaciaría de contenido la potestad de autotutela y se incentivaría el recurso como mera táctica dilatoria. No obstante, esta regla general de no suspensión admite excepciones tanto legales como acordadas caso por caso por el órgano competente para resolver el recurso (art. 117.2), que puede suspender de oficio o a instancia del recurrente, previa ponderación razonada entre el interés público o de terceros y el perjuicio que la ejecución causaría al recurrente. La regla de no suspensión tiene especial trascendencia práctica en materia sancionadora laboral y de Seguridad Social, donde la interposición de un recurso de alzada contra una resolución sancionadora no impide, en principio, que la Administración inicie las actuaciones de recaudación en vía ejecutiva de la sanción, salvo que se solicite y obtenga expresamente la suspensión cautelar, lo que convierte a esta última en un trámite de gran relevancia práctica para el interesado.

La suspensión cautelar de la ejecución del acto recurrido

Frente a la regla general de no suspensión, el artículo 117.2 de la Ley 39/2015 permite al órgano competente para resolver el recurso suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución impugnada, tales como la exigencia de garantía suficiente (aval, depósito) para responder de los perjuicios que pudieran derivarse. El artículo 117.3 introduce una garantía adicional a favor del recurrente: si transcurren treinta días desde que la solicitud de suspensión hubiera tenido entrada en el registro del órgano competente sin que este haya dictado resolución expresa al respecto, la suspensión se entenderá otorgada por silencio administrativo positivo. Esta previsión, excepcional dentro del régimen general del silencio (mayoritariamente negativo en materia de recursos), busca evitar que la inactividad de la Administración perjudique al recurrente que ha planteado fundadamente la suspensión. La suspensión acordada se mantiene, en principio, hasta que se dicte y notifique la resolución del recurso o, en su caso, hasta que el órgano judicial competente se pronuncie sobre las medidas cautelares en la vía contenciosa.

El recurso de alzada: objeto y órgano competente para resolver

El recurso de alzada, regulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, es el recurso ordinario por excelencia dentro de la organización administrativa jerarquizada. Su objeto son las resoluciones y los actos de trámite cualificados que no pongan fin a la vía administrativa, siempre que se dicten por un órgano que tenga un superior jerárquico al que quepa dirigirse. El órgano competente para resolver es precisamente ese superior jerárquico del que dictó el acto impugnado; cuando el órgano que dictó el acto dependa jerárquicamente de otro, el recurso de alzada se interpondrá ante este, aunque el escrito, conforme al artículo 121.2, puede presentarse indistintamente ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo. Cuando el órgano inferior y el superior pertenecen a Administraciones distintas (relación de tutela, no de jerarquía), no cabe recurso de alzada salvo que una norma con rango de ley lo establezca expresamente. En el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el recurso de alzada resulta especialmente relevante frente a determinadas resoluciones de órganos periféricos o provinciales que no agotan la vía administrativa por existir un órgano superior en la propia estructura autonómica o estatal (por ejemplo, frente a resoluciones de Jefaturas de Inspección o de órganos directivos intermedios, cuando el acto recurrido no proceda de la autoridad que agota dicha vía).

Plazo de resolución del recurso de alzada y efectos del silencio

El artículo 122.2 de la Ley 39/2015 fija en tres meses el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada, contado desde su interposición. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto excepcional en que el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, en cuyo caso se entenderá estimado el recurso si, llegado el plazo de resolución, el órgano competente no dictase resolución expresa sobre el mismo (art. 24.1, párrafo tercero, en relación con el 122.2 in fine). Esta regla del silencio positivo "en cadena" busca evitar que la Administración perpetúe indefinidamente el silencio negativo inicial mediante un segundo silencio en vía de recurso. En todo caso, la obligación de la Administración de dictar resolución expresa no desaparece por el hecho de haberse producido el silencio (art. 21.1 LPAC), de modo que la resolución tardía sigue siendo exigible y vinculante mientras no se haya acudido a la vía contencioso-administrativa. Contra la resolución de un recurso de alzada, expresa o presunta, no cabe ningún otro recurso administrativo ordinario, salvo el extraordinario de revisión en los casos tasados del artículo 125, quedando abierta directamente la vía del recurso contencioso-administrativo.

El recurso potestativo de reposición: carácter potestativo y compatibilidad con la vía contencioso-administrativa

El recurso de reposición, regulado en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que pone fin a la vía administrativa, y se caracteriza legalmente por su naturaleza potestativa: el interesado puede optar libremente entre interponerlo o acudir directamente al recurso contencioso-administrativo (art. 123.1). Esta libertad de elección tiene, no obstante, un efecto vinculante una vez ejercida: si el interesado decide interponer el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta por silencio (art. 123.2), evitando así la simultaneidad de ambas vías sobre el mismo acto. La finalidad de este recurso es ofrecer al órgano autor del acto una última oportunidad de reconsiderar su propia decisión antes de que intervenga un tercero imparcial (el órgano jurisdiccional), lo que en la práctica tiene una eficacia estimatoria limitada, dado que es el mismo órgano quien debe revisar su propio criterio. Se diferencia del recurso de alzada en que no exige relación de jerarquía (se dirige al mismo órgano, no a uno superior) y en que solo procede frente a actos que ya agotan la vía administrativa. Frente a la resolución de un recurso de reposición no cabe ningún otro recurso administrativo ordinario, salvo el extraordinario de revisión.

Plazo de resolución del recurso de reposición

El artículo 124.2 de la Ley 39/2015 establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes, sensiblemente más breve que el previsto para el recurso de alzada (tres meses), en coherencia con la menor complejidad que en teoría reviste la reconsideración por el mismo órgano que dictó el acto, sin necesidad de elevar el expediente a un órgano superior. Transcurrido dicho plazo de un mes sin que recaiga y se notifique resolución expresa, se entenderá desestimado el recurso por silencio administrativo, quedando abierta desde ese momento la vía del recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del deber de la Administración de resolver expresamente aun fuera de plazo (art. 21.1 LPAC). Contra la resolución de un recurso de reposición, sea expresa o presunta, no cabrá ya ningún otro recurso administrativo ordinario, pudiendo el interesado interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, salvo, excepcionalmente, el recurso extraordinario de revisión si concurriese alguna de las causas tasadas del artículo 125 una vez el acto haya devenido firme. En materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas y en determinados procedimientos tributarios, este plazo breve de un mes obliga a los órganos gestores a una tramitación especialmente ágil del recurso, dado el elevado número de reclamaciones que suelen plantearse frente a actos de efectos masivos.

El recurso extraordinario de revisión: causas tasadas (art. 125 Ley 39/2015)

El recurso extraordinario de revisión, regulado en el artículo 125 de la Ley 39/2015, constituye una vía excepcional de impugnación frente a actos administrativos firmes, es decir, actos contra los que ya no cabe ningún recurso ordinario ni acción judicial por haber transcurrido los plazos correspondientes. Su carácter extraordinario exige que solo pueda fundarse en alguna de las cuatro causas tasadas legalmente, sin que quepa invocar motivos distintos ni utilizarlo como cauce para reabrir debates ya zanjados por simple disconformidad con el fondo del asunto. Las causas son: a) que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. La interpretación jurisprudencial de estas causas es muy restrictiva, exigiendo que el error de hecho sea patente, claro e inequívoco, y que los documentos aportados sean realmente nuevos y desconocidos al tiempo de dictarse la resolución, para evitar que este recurso se convierta en una vía encubierta de reapertura general de expedientes firmes.

Plazos para interponer el recurso extraordinario de revisión según la causa

El artículo 126 de la Ley 39/2015 diferencia los plazos de interposición del recurso extraordinario de revisión según la causa invocada, reflejando la distinta naturaleza de cada supuesto. Cuando se invoque la causa primera (error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente), el plazo es de cuatro años, contado desde la notificación de la resolución impugnada; este plazo, sensiblemente más largo, se justifica porque el error debe deducirse del propio expediente, sin depender de un hecho sobrevenido ajeno al interesado. Cuando se invoquen las causas segunda, tercera o cuarta (aparición de documentos esenciales, falsedad de documentos o testimonios declarada judicialmente, o resolución dictada como consecuencia de un delito), el plazo es de tres meses, contado desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial firme quedó firme, respectivamente. Estos plazos son también de caducidad y, transcurridos sin haberse interpuesto el recurso, el acto deviene inatacable incluso por esta vía extraordinaria. El artículo 125.3 añade una causa adicional de inadmisión a trámite: se inadmitirán a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente, cuando no se fundamenten en alguna de las causas previstas, cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales, o cuando se aleguen hechos, documentos o argumentos que no guarden relación alguna con las causas tasadas del artículo 125.1.

El órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión

Conforme al artículo 125.2 de la Ley 39/2015, el órgano competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión es el mismo órgano administrativo que dictó el acto firme que se recurre, a diferencia del recurso de alzada, en que resuelve un órgano superior. Esta atribución de competencia se justifica porque el objeto del recurso no es tanto reconsiderar el juicio jurídico del órgano (como en la reposición o la alzada), sino corregir una situación sobrevenida o descubierta que vicia de raíz la resolución firme: un error de hecho patente, la aparición de documentos esenciales, la falsedad probada de pruebas o la comisión de un delito. En determinados supuestos, y en función de la organización administrativa concreta, la ley puede exigir que, con carácter previo a la resolución, se recabe el dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, dada la naturaleza excepcional de este recurso y la firmeza del acto que se pretende revisar; dicho dictamen resulta preceptivo cuando el recurso se admite a trámite y no concurre ninguna de las causas de inadmisión del artículo 125.3. La resolución que se dicte pondrá fin, en todo caso, a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso contencioso-administrativo directamente ante el orden jurisdiccional correspondiente.

Las reclamaciones económico-administrativas como vía especial

Junto al sistema general de recursos de la Ley 39/2015, el ordenamiento prevé vías especiales de impugnación en determinadas materias, entre las que destacan las reclamaciones económico-administrativas reguladas en la Ley 58/2003, General Tributaria, y su reglamento de desarrollo. Estas reclamaciones sustituyen, en el ámbito tributario, al recurso de alzada y al de reposición ordinarios, y son resueltas por órganos especializados con funciones cuasi-jurisdiccionales: los Tribunales Económico-Administrativos (el Tribunal Económico-Administrativo Central, TEAC, y los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales, TEAR y TEAL), integrados en el Ministerio de Hacienda pero dotados de independencia funcional respecto de los órganos de gestión y recaudación cuyos actos revisan. Frente a los actos de liquidación de cuotas de la Seguridad Social y a las resoluciones sancionadoras derivadas de actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no rige, en cambio, esta vía económico-administrativa, sino el sistema ordinario de recursos de la Ley 39/2015 (fundamentalmente el recurso de alzada), dado que la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, aunque próxima a la tributaria, mantiene su propio régimen jurídico en la Ley General de la Seguridad Social y sus reglamentos de recaudación. Las reclamaciones económico-administrativas, al igual que los recursos ordinarios, agotan la vía administrativa y son requisito previo, salvo excepciones, para acceder al recurso contencioso-administrativo.

Los procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje (art. 112.2 Ley 39/2015)

El artículo 112.2 de la Ley 39/2015 abre la posibilidad de que las leyes sustituyan el recurso de alzada y el potestativo de reposición, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la propia ley reconoce a los interesados en los procedimientos administrativos. Se trata de una previsión de carácter potestativo para el legislador sectorial, que únicamente puede activarse mediante ley y no por vía reglamentaria, y que responde a la búsqueda de mecanismos de resolución de conflictos más ágiles, técnicos o especializados que el recurso administrativo ordinario en determinadas materias (por ejemplo, en materia de competencia, de propiedad industrial, de defensa de la competencia o en el ámbito de las relaciones laborales colectivas, donde tradicionalmente han existido sistemas de conciliación y mediación extrajudicial). La ley que establezca estos procedimientos alternativos debe determinar con precisión su alcance, el órgano u órgano colegiado competente, y las garantías equivalentes a las del recurso ordinario que sustituyen, de modo que el interesado no vea mermadas sus posibilidades reales de defensa frente a la actuación administrativa. Estos procedimientos, cuando existan, también agotan la vía administrativa a los efectos del posterior acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La pluralidad de recursos administrativos en materia tributaria y de personal

El artículo 120 de la Ley 39/2015 prevé un mecanismo de economía procedimental para los supuestos en que un mismo órgano deba resolver una pluralidad de recursos sustancialmente iguales, derivados de un mismo acto administrativo o de actos de idéntico contenido: en tales casos, el órgano competente podrá acordar de forma motivada la tramitación y resolución conjunta de todos ellos. Este supuesto se produce con frecuencia en materia de personal (por ejemplo, cuando numerosos aspirantes a un proceso selectivo recurren simultáneamente las mismas bases de la convocatoria o una misma resolución de exclusión colectiva) y en materia tributaria y de Seguridad Social (cuando un elevado número de sujetos obligados recurre liquidaciones o actas basadas en un mismo criterio interpretativo de la Administración, por ejemplo tras un cambio de doctrina sobre la cotización de un determinado concepto retributivo). La acumulación no exige el consentimiento de los recurrentes ni afecta a la individualidad de cada recurso a efectos de plazos o de legitimación, pero permite dictar una resolución de fundamentación común, referida a los argumentos jurídicos compartidos, sin perjuicio de resolver también las cuestiones específicas de cada expediente. Esta técnica resulta especialmente útil para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando una misma actuación inspectora (por ejemplo, una campaña sectorial) genera múltiples actas con idéntico fundamento jurídico frente a distintos sujetos responsables.

La resolución del recurso: extensión y prohibición de la reformatio in peius

El artículo 119 de la Ley 39/2015 regula el contenido de la resolución de los recursos administrativos, estableciendo dos reglas esenciales sobre su extensión. En primer lugar, la resolución debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del expediente, aunque no hayan sido alegadas expresamente por estos; si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, debe someterlas previamente a estos mediante un trámite de audiencia por plazo no superior a diez días, para no causarles indefensión (art. 119.2). En segundo lugar, y como garantía fundamental del recurrente, el artículo 119.3 consagra la prohibición de la reformatio in peius: en ningún caso el órgano competente para resolver el recurso podrá agravar la situación inicial del recurrente, es decir, no puede la resolución del recurso empeorar la posición jurídica de quien recurrió respecto de la que tenía antes de interponerlo. Esta prohibición protege el derecho a recurrir sin temor a que el ejercicio de esa facultad se vuelva contraproducente, y solo cede si la Administración inicia, al margen del propio recurso, un procedimiento distinto (por ejemplo, de revisión de oficio) para corregir la situación en sentido más gravoso, con las garantías propias de ese procedimiento autónomo. Estas reglas se aplican por igual a los tres recursos ordinarios (alzada, reposición y revisión) y a los procedimientos sustitutivos del artículo 112.2.

La notificación defectuosa de la resolución y su incidencia en el cómputo del plazo para recurrir

La correcta práctica de la notificación del acto administrativo resulta determinante para el ejercicio del derecho a recurrir, puesto que el plazo de interposición de los recursos ordinarios (un mes para la alzada y la reposición si el acto es expreso) se computa desde el día siguiente a dicha notificación. Cuando la notificación omite alguno de los requisitos exigidos por el artículo 40.2 de la Ley 39/2015 (indicación del carácter definitivo o no del acto en vía administrativa, expresión de los recursos procedentes, órgano ante el que interponerlos y plazo para hacerlo), rige la regla especial del artículo 40.3: la notificación defectuosa solo produce efectos, y por tanto solo empieza a correr el plazo de recurso, desde que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance del acto, o desde que interponga el recurso que considere procedente. Esta regla protege al interesado frente a notificaciones incompletas que pudieran inducirle a error sobre sus posibilidades de impugnación, y tiene especial relevancia práctica en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando una resolución sancionadora se notifica sin la preceptiva indicación de los recursos procedentes, supuesto en el que el plazo de alzada no comienza a correr hasta que el interesado acredite el conocimiento real del contenido de la resolución.

El recurso especial en materia de contratación pública: una vía singular frente al régimen general

Junto al sistema general de recursos administrativos de la Ley 39/2015, la legislación de contratos del sector público (actualmente la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) prevé, para determinados contratos de valor superior a ciertos umbrales y respecto de determinados actos del procedimiento de licitación y adjudicación, un recurso especial en materia de contratación, de carácter potestativo y sustitutivo de los recursos administrativos ordinarios, que se resuelve por órganos especializados e independientes: en el ámbito estatal, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), y en el ámbito autonómico, los órganos equivalentes que cada Comunidad Autónoma haya constituido o, en su defecto, el propio TACRC mediante convenio. Este recurso especial se caracteriza por su rapidez (plazos abreviados de interposición y resolución), por la posibilidad de solicitar la suspensión automática de la tramitación del expediente de contratación en determinados supuestos, y por agotar la vía administrativa, siendo su resolución directamente recurrible en vía contencioso-administrativa. Se trata de un ejemplo paradigmático de los procedimientos sustitutivos a que se refiere el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, que permite sustituir el recurso de alzada y el de reposición por otros cauces de impugnación especializados cuando una ley así lo establezca para un sector concreto de la actividad administrativa.

La relación entre los recursos administrativos y la revisión de oficio: líneas de deslinde

Conviene distinguir con precisión los recursos administrativos regulados en el Título V, Capítulo II, de la Ley 39/2015, de los procedimientos de revisión de oficio regulados en el Capítulo I del mismo Título (revisión de disposiciones y actos nulos, declaración de lesividad de actos anulables, revocación y rectificación de errores). La diferencia esencial radica en quién insta la revisión y en el presupuesto temporal de la misma: los recursos administrativos son instados por el interesado afectado por el acto, dentro de los plazos de caducidad legalmente establecidos, mientras que la revisión de oficio es iniciada por la propia Administración, por iniciativa propia o a solicitud de interesado en determinados supuestos, y puede proyectarse sobre actos ya firmes que no fueron recurridos a tiempo o cuyos recursos ya fueron resueltos. Ambas vías pueden, no obstante, confluir: cuando un acto es firme por no haber sido recurrido en plazo, la única vía para obtener su revisión posterior (fuera del recurso extraordinario de revisión, limitado a las causas tasadas del art. 125) es instar de la Administración que inicie, si concurren los presupuestos legales, un procedimiento de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho (art. 106 LPAC) o, si el acto fuera meramente anulable, que la propia Administración lo declare lesivo para el interés público y lo impugne ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante el proceso de lesividad (art. 107 LPAC, en relación con el art. 43 LJCA).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El fundamento de los recursos administrativos es la autotutela revisora de la Administración: revisa ella misma sus actos antes de que intervenga un juez.
  • Son recurribles las resoluciones y los actos de trámite cualificados (art. 112.1): los que deciden el fondo, impiden continuar el procedimiento, o causan indefensión o perjuicio irreparable.
  • El art. 114 LPAC enumera los actos que agotan la vía administrativa: resoluciones de alzada, actos de órganos sin superior jerárquico, responsabilidad patrimonial, entre otros.
  • Solo hay tres recursos administrativos ordinarios: alzada (no agota vía), reposición potestativo (agota vía) y extraordinario de revisión (actos firmes, causas tasadas).
  • El art. 112.2 permite sustituir alzada y reposición por conciliación, mediación o arbitraje, siempre que una ley lo habilite expresamente.
  • El error en la calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter (art. 115.2): principio antiformalista.
  • Plazo de interposición de alzada y reposición: 1 mes si el acto es expreso, 3 meses si es por silencio.
  • Regla general: la interposición del recurso NO suspende la ejecución del acto (art. 117.1), salvo suspensión cautelar acordada.
  • La suspensión cautelar procede si hay perjuicios de imposible o difícil reparación, o si se alega una causa de nulidad de pleno derecho (art. 47.1).
  • Si transcurren 30 días sin resolver sobre la suspensión solicitada, esta se entiende otorgada por silencio positivo (art. 117.3).
  • El recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico del órgano que dictó el acto; plazo de resolución: 3 meses, silencio negativo (salvo alzada contra silencio, que es positivo).
  • El recurso de reposición es potestativo: si se interpone, no se puede acudir al contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresa o presuntamente.
  • Plazo de resolución de la reposición: 1 mes, transcurrido el cual se entiende desestimado por silencio negativo.
  • El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra actos FIRMES y por 4 causas tasadas del art. 125: error de hecho, documentos esenciales sobrevenidos, documentos/testimonios falsos declarados por sentencia firme, o resolución dictada por delito.
  • Plazo del recurso extraordinario de revisión: 4 años si se invoca la causa de error de hecho; 3 meses para las otras tres causas.
  • El órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión es el MISMO que dictó el acto firme (a diferencia de la alzada).
  • Las reclamaciones económico-administrativas (Ley 58/2003) son una vía especial que sustituye a alzada/reposición en materia tributaria, resuelta por TEAC/TEAR/TEAL; NO se aplica a las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social.
  • El art. 120 LPAC permite acumular la tramitación y resolución de recursos sustancialmente iguales derivados de un mismo acto o de actos de idéntico contenido.
  • La resolución del recurso debe decidir todas las cuestiones planteadas y las derivadas del expediente, con audiencia previa de 10 días si se introducen cuestiones nuevas (art. 119.2).
  • Rige la prohibición de la reformatio in peius (art. 119.3): el recurso nunca puede agravar la situación del recurrente respecto de la que tenía antes de recurrir.
  • La notificación defectuosa que omite recursos, órgano o plazo no hace correr el plazo de impugnación hasta que el interesado demuestre conocer el acto o recurra (art. 40.3 LPAC).
  • El recurso especial en materia de contratación pública (Ley 9/2017) sustituye a los recursos ordinarios para determinados contratos y se resuelve por órganos especializados como el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
  • Los recursos administrativos (instados por el interesado, con plazo de caducidad) se distinguen de la revisión de oficio (instada por la propia Administración sobre actos firmes, arts. 106-107 LPAC).
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Pregunta 1 de 100 aciertos

Conforme al art. 112.1 de la Ley 39/2015, además de las resoluciones, ¿qué actos de trámite son recurribles?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 26 de Inspector Trabajo?

El sistema de recursos administrativos es la manifestación más característica de la autotutela revisora de la Administración: la posibilidad de que sea la propia Administración, y no directamente un juez, quien revise en primer término la legalidad y oportunidad de sus propios actos antes de que el particular pueda acudir a la vía jurisdiccional. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula en su Título V, Capítulo II (arts. 112 a 126) tres recursos ordinarios —alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión—, cada uno con objeto, órgano competente, plazos y efectos propios, además de prever la posibilidad de sustituirlos por fórmulas de conciliación, mediación o arbitraje cuando una norma específica lo habilite. Conocer con precisión los requisitos de interposición, los plazos de resolución y los efectos del silencio administrativo en cada recurso resulta esencial para el ejercicio de la función inspectora, ya que buena parte de los actos dictados en el procedimiento sancionador y liquidatorio de la Seguridad Social (actas de infracción y de liquidación, requerimientos) son susceptibles de impugnación en vía administrativa antes de acceder, en su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?

El fundamento de los recursos administrativos es la autotutela revisora de la Administración: revisa ella misma sus actos antes de que intervenga un juez. Son recurribles las resoluciones y los actos de trámite cualificados (art. 112.1): los que deciden el fondo, impiden continuar el procedimiento, o causan indefensión o perjuicio irreparable. El art. 114 LPAC enumera los actos que agotan la vía administrativa: resoluciones de alzada, actos de órganos sin superior jerárquico, responsabilidad patrimonial, entre otros. Solo hay tres recursos administrativos ordinarios: alzada (no agota vía), reposición potestativo (agota vía) y extraordinario de revisión (actos firmes, causas tasadas). El art. 112.2 permite sustituir alzada y reposición por conciliación, mediación o arbitraje, siempre que una ley lo habilite expresamente. El error en la calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter (art. 115.2): principio antiformalista. Plazo de interposición de alzada y reposición: 1 mes si el acto es expreso, 3 meses si es por silencio. Regla general: la interposición del recurso NO suspende la ejecución del acto (art. 117.1), salvo suspensión cautelar acordada. La suspensión cautelar procede si hay perjuicios de imposible o difícil reparación, o si se alega una causa de nulidad de pleno derecho (art. 47.1). Si transcurren 30 días sin resolver sobre la suspensión solicitada, esta se entiende otorgada por silencio positivo (art. 117.3). El recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico del órgano que dictó el acto; plazo de resolución: 3 meses, silencio negativo (salvo alzada contra silencio, que es positivo). El recurso de reposición es potestativo: si se interpone, no se puede acudir al contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresa o presuntamente. Plazo de resolución de la reposición: 1 mes, transcurrido el cual se entiende desestimado por silencio negativo. El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra actos FIRMES y por 4 causas tasadas del art. 125: error de hecho, documentos esenciales sobrevenidos, documentos/testimonios falsos declarados por sentencia firme, o resolución dictada por delito. Plazo del recurso extraordinario de revisión: 4 años si se invoca la causa de error de hecho; 3 meses para las otras tres causas. El órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión es el MISMO que dictó el acto firme (a diferencia de la alzada). Las reclamaciones económico-administrativas (Ley 58/2003) son una vía especial que sustituye a alzada/reposición en materia tributaria, resuelta por TEAC/TEAR/TEAL; NO se aplica a las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social. El art. 120 LPAC permite acumular la tramitación y resolución de recursos sustancialmente iguales derivados de un mismo acto o de actos de idéntico contenido. La resolución del recurso debe decidir todas las cuestiones planteadas y las derivadas del expediente, con audiencia previa de 10 días si se introducen cuestiones nuevas (art. 119.2). Rige la prohibición de la reformatio in peius (art. 119.3): el recurso nunca puede agravar la situación del recurrente respecto de la que tenía antes de recurrir. La notificación defectuosa que omite recursos, órgano o plazo no hace correr el plazo de impugnación hasta que el interesado demuestre conocer el acto o recurra (art. 40.3 LPAC). El recurso especial en materia de contratación pública (Ley 9/2017) sustituye a los recursos ordinarios para determinados contratos y se resuelve por órganos especializados como el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Los recursos administrativos (instados por el interesado, con plazo de caducidad) se distinguen de la revisión de oficio (instada por la propia Administración sobre actos firmes, arts. 106-107 LPAC).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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