Ver esquema

Tema 1. Constitución española de 1978. Valores superiores y principios constitucionales. Principios rectores de la política social y económica. Derechos Fundamentales y libertades públicas. Protección de los derechos y garantías constitucionales. La estructura del Estado español.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, fruto de un proceso constituyente basado en el consenso entre las principales fuerzas políticas surgidas de las elecciones de 1977. Este tema es el pórtico de todo el temario de organización del Estado: fija los valores superiores (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), configura España como un Estado social y democrático de Derecho, y articula el catálogo de derechos y libertades —con distinto grado de protección según su ubicación sistemática— junto con sus garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales. Para el temario de Inspector de Trabajo y Seguridad Social tiene una relevancia doble: de un lado es materia clásica y muy preguntada en el examen A1 de acceso a la función pública; de otro, buena parte de la actuación inspectora se apoya directamente en derechos fundamentales (libertad sindical, derecho de huelga, tutela judicial efectiva) y en principios rectores como el art. 40 CE, que ordena a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Conviene dominar con precisión la numeración articulada, pues es el aspecto que con más frecuencia distingue las respuestas correctas de las erróneas.

← Ver el índice completo del temario

Proceso constituyente de 1977-1978

Tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977, primeras democráticas desde 1936, el Congreso de los Diputados constituyó una Comisión de Asuntos Constitucionales y una Ponencia encargada de redactar el anteproyecto, integrada por siete miembros —los llamados «padres de la Constitución»— en representación de las principales fuerzas parlamentarias: UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular y minoría catalana. El anteproyecto se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes en enero de 1978 y fue objeto de un intenso debate y de numerosas enmiendas en Comisión y Pleno del Congreso, y después en el Senado. Ante las discrepancias entre los textos aprobados por ambas Cámaras, se constituyó una Comisión Mixta Congreso-Senado que elaboró el texto definitivo, aprobado por el Pleno de ambas Cámaras el 31 de octubre de 1978. El texto fue sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978, con un resultado ampliamente favorable, sancionado por el Rey el 27 de diciembre y publicado en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor. El rasgo definitorio de todo el proceso fue la búsqueda del consenso entre fuerzas ideológicamente muy distintas, lo que explica el carácter abierto y en ocasiones ambiguo de algunos preceptos, deliberadamente remitidos a un ulterior desarrollo legislativo.

Estructura de la Constitución: título preliminar, títulos I a X, disposiciones

La CE se abre con un Preámbulo sin valor normativo directo, pero con función orientadora en la interpretación del texto, y consta de 169 artículos organizados en un Título Preliminar (arts. 1 a 9, con los principios estructurales del Estado) y diez títulos numerados: Título I, De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10 a 55); Título II, De la Corona (arts. 56 a 65); Título III, De las Cortes Generales (arts. 66 a 96); Título IV, Del Gobierno y de la Administración (arts. 97 a 107); Título V, De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108 a 116); Título VI, Del Poder Judicial (arts. 117 a 127); Título VII, Economía y Hacienda (arts. 128 a 136); Título VIII, De la Organización Territorial del Estado (arts. 137 a 158); Título IX, Del Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165); y Título X, De la reforma constitucional (arts. 166 a 169). Cierran el texto cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Esta estructura, de lo general (valores y principios) a lo particular (órganos y su reforma), es la que sigue habitualmente el propio temario de oposición.

Valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE): libertad, justicia, igualdad, pluralismo político

El art. 1.1 CE proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. A diferencia de los principios y de los derechos concretos, los valores superiores actúan como criterio hermenéutico fundamental: informan la totalidad del ordenamiento jurídico y sirven al Tribunal Constitucional como parámetro de interpretación de las restantes normas, incluidas las propias normas constitucionales. La libertad se proyecta tanto en su vertiente individual (derechos del Título I) como en la colectiva (autonomía de los pueblos de España); la justicia opera como valor y como fin de la organización judicial; la igualdad se despliega en su doble dimensión formal (art. 14) y material o real (art. 9.2); y el pluralismo político reconoce la legitimidad de la diversidad ideológica y la existencia de partidos políticos (art. 6) como expresión del pluralismo. Estos valores no son meras declaraciones programáticas sino que tienen eficacia jurídica directa y vinculan a todos los poderes públicos, constituyendo el fundamento axiológico de todo el edificio constitucional.

España como Estado social y democrático de Derecho

La fórmula del art. 1.1 CE condensa tres dimensiones que se combinan en el modelo constitucional español. Como Estado de Derecho, España se rige por el imperio de la ley, el principio de legalidad, la separación de poderes y el sometimiento de la Administración y de los poderes públicos al control judicial. Como Estado social, el texto constitucional no se limita a reconocer libertades formales sino que asume un papel activo en la corrección de las desigualdades y en la garantía de condiciones materiales mínimas de vida, lo que se traduce en los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52) y en la intervención pública en la economía (Título VII). Como Estado democrático, la legitimidad del poder deriva de la soberanía popular (art. 1.2), se articula mediante sufragio universal y reconoce el pluralismo político como valor superior. Esta triple caracterización es el marco en el que deben interpretarse tanto los derechos fundamentales como las competencias de intervención de los poderes públicos en materia laboral y de Seguridad Social, ámbito natural de actuación de la Inspección de Trabajo.

La soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2 CE)

El art. 1.2 CE establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esta declaración supone la superación definitiva de cualquier fundamento de legitimidad ajeno a la voluntad popular —ya sea dinástico, religioso o de otra naturaleza— y consagra al pueblo español, considerado como una unidad indivisible, como titular único y exclusivo de la soberanía. De este principio derivan consecuencias jurídicas de primer orden: todos los poderes del Estado —Corona, Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial— son poderes constituidos, es decir, creados y limitados por la propia Constitución, y ninguno de ellos puede reclamar para sí una legitimidad superior o independiente de la que le confiere el pueblo a través del texto constitucional. La expresión de esta soberanía se canaliza institucionalmente a través del sufragio universal para la elección de las Cortes Generales y de las instituciones representativas territoriales, así como mediante los mecanismos de democracia directa previstos en la propia Constitución, como el referéndum. El principio de soberanía nacional es, además, uno de los elementos que la doctrina considera parte del núcleo intangible del modelo constitucional.

La forma política del Estado: la Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE)

El art. 1.3 CE dispone que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. La fórmula combina dos elementos: la Jefatura del Estado, de carácter hereditario y vitalicio, encarnada en la Corona (Título II CE), y el sistema parlamentario, en el que el Gobierno emana de la confianza del Congreso de los Diputados y responde políticamente ante él. A diferencia de las monarquías absolutas o incluso de las monarquías constitucionales del siglo XIX, en la Monarquía parlamentaria española el Rey reina pero no gobierna: carece de poder de decisión política efectiva, sus funciones son fundamentalmente representativas, simbólicas, arbitrales y moderadoras (art. 56 CE), y todos sus actos, salvo excepciones tasadas, requieren refrendo, que traslada la responsabilidad al órgano refrendante. El verdadero centro de decisión política reside en el binomio Cortes Generales-Gobierno, sometido este último al control parlamentario. Esta configuración diferencia a España de las repúblicas parlamentarias únicamente en la forma de provisión de la Jefatura del Estado (hereditaria frente a electiva), no en el reparto material del poder político.

Principios del art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad

El art. 9.3 CE garantiza un catálogo cerrado de principios que actúan como límites al ejercicio de todo poder público. El principio de legalidad implica el sometimiento de los poderes públicos al Derecho. La jerarquía normativa ordena las fuentes del ordenamiento de forma que la norma de rango inferior no puede contradecir a la de rango superior (Constitución, leyes orgánicas y ordinarias, normas con rango de ley, reglamentos), bajo sanción de nulidad. La publicidad de las normas exige su publicación oficial como condición de eficacia y conocimiento general. La irretroactividad afecta específicamente a las disposiciones sancionadoras no favorables y a las restrictivas de derechos individuales, de modo que, a contrario, sí cabe la retroactividad de las normas sancionadoras favorables. La seguridad jurídica es un principio de síntesis que garantiza la certeza y previsibilidad del ordenamiento. El principio de responsabilidad de los poderes públicos conecta con la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exige que toda actuación esté motivada y responda a criterios objetivos, proscribiendo el capricho o la falta de justificación razonable, especialmente relevante en el control judicial de la discrecionalidad administrativa.

La Constitución como norma jurídica suprema

La CE de 1978 no es un mero documento político-programático sino la norma jurídica suprema del ordenamiento español, dotada de aplicabilidad directa e inmediata y de fuerza vinculante para todos los poderes públicos y los ciudadanos (art. 9.1 CE). De su condición de norma suprema derivan varias consecuencias: su primacía sobre cualquier otra norma, de modo que ninguna disposición ni acto contrario a ella puede considerarse válido; su eficacia derogatoria respecto de todas las normas anteriores que se le opongan, proclamada expresamente en la disposición derogatoria; la existencia de un sistema de control de constitucionalidad, concentrado en el Tribunal Constitucional, tanto de las leyes (recurso y cuestión de inconstitucionalidad) como, indirectamente, de los actos de los poderes públicos que vulneren derechos fundamentales (recurso de amparo); y unos procedimientos de reforma agravados respecto de los de una ley ordinaria (Título X), que garantizan su rigidez frente a mayorías coyunturales. Esta supremacía normativa convive con la aplicación directa de muchos de sus preceptos por los jueces y tribunales ordinarios, sin necesidad de mediación legislativa, especialmente en materia de derechos fundamentales.

Título I: de los derechos y deberes fundamentales

El Título I de la CE, el más extenso del texto constitucional (arts. 10 a 55), regula los derechos y deberes fundamentales de las personas. Se estructura en cinco capítulos: el Capítulo I, De los españoles y los extranjeros (arts. 11 a 13), regula la nacionalidad y la posición jurídica de los extranjeros; el Capítulo II, Derechos y libertades (arts. 14 a 38), es el núcleo del Título y se subdivide a su vez en la Sección 1ª, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 a 29), y la Sección 2ª, De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38); el Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52); el Capítulo IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54); y el Capítulo V, De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). El art. 10.1 abre el Título proclamando la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social.

Distinción entre la Sección 1ª y la Sección 2ª del Capítulo II del Título I

Dentro del Capítulo II del Título I, la Constitución distingue dos secciones con un régimen de protección claramente distinto. La Sección 1ª (arts. 15 a 29) agrupa los derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto, y goza del máximo nivel de garantía: su desarrollo exige ley orgánica (art. 81.1), su tutela puede reclamarse ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2), y su reforma exige el procedimiento agravado del art. 168. La Sección 2ª (arts. 30 a 38) recoge otros derechos y deberes de los ciudadanos —como el derecho a la propiedad, la libertad de empresa o el derecho al trabajo— que, sin dejar de ser fundamentales en sentido amplio, tienen un régimen de protección más atenuado: basta la ley ordinaria para su desarrollo, no exige el mismo despliegue de garantías reforzadas y, con la única excepción de la objeción de conciencia del art. 30.2 (a la que se extiende el recurso de amparo por remisión expresa), no son susceptibles de amparo constitucional. Esta distinción sistemática es una de las más preguntadas en el examen.

Derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29 CE)

La Sección 1ª del Capítulo II del Título I enumera, entre otros, los siguientes derechos: el derecho a la vida y a la integridad física y moral, con abolición de la pena de muerte (art. 15); la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16); el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17); el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (art. 18); la libertad de residencia y circulación (art. 19); la libertad de expresión y de información (art. 20); el derecho de reunión (art. 21); el derecho de asociación (art. 22); el derecho de participación política y el acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad (art. 23); el derecho a la tutela judicial efectiva y las garantías procesales (art. 24); el principio de legalidad penal (art. 25); la prohibición de tribunales de honor en el ámbito civil y de la Administración militar (art. 26); el derecho a la educación y la libertad de enseñanza (art. 27); la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28), de singular relevancia para la actuación inspectora; y el derecho de petición (art. 29).

Principios rectores de la política social y económica (Capítulo III, arts. 39 a 52 CE)

El Capítulo III del Título I recoge un catálogo de principios rectores que orientan la actuación de todos los poderes públicos hacia fines de contenido social y económico. Entre ellos figuran la protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos (art. 39); la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico y una distribución equitativa de la renta, así como una política orientada al pleno empleo (art. 40.1); de forma destacada para la Inspección de Trabajo, el mandato a los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas (art. 40.2); el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos (art. 41); la atención sanitaria y social de los emigrantes (art. 42); el derecho a la protección de la salud (art. 43); el acceso a la cultura (art. 44); el derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45); la conservación del patrimonio histórico (art. 46); el derecho a una vivienda digna (art. 47); políticas de juventud (art. 48); atención a personas con discapacidad (art. 49); a la tercera edad (art. 50); defensa de consumidores (art. 51); y organización de las profesiones (art. 52).

Diferencia de exigibilidad entre derechos fundamentales y principios rectores (art. 53 CE)

El art. 53 CE establece un régimen de garantías escalonado en función de la ubicación sistemática de cada derecho. Conforme al art. 53.1, los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio. El art. 53.2 refuerza la protección de los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15 a 29), reconociéndoles un procedimiento judicial preferente y sumario y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En cambio, el art. 53.3 dispone que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores del Capítulo III informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Es decir, los principios rectores carecen de eficacia directa autónoma y de exigibilidad judicial inmediata: su virtualidad jurídica depende de su desarrollo legislativo, a diferencia de los derechos fundamentales, directamente invocables ante los tribunales.

Garantías normativas de los derechos: reserva de ley y respeto al contenido esencial

El art. 53.1 CE consagra dos garantías normativas frente al legislador que pretenda regular el ejercicio de los derechos y libertades del Capítulo II del Título I. La primera es la reserva de ley: solo mediante norma con rango de ley puede regularse el ejercicio de estos derechos, quedando excluida la remisión directa al reglamento para su desarrollo esencial, sin perjuicio de que la ley pueda habilitar desarrollos reglamentarios de detalle. Para los derechos de la Sección 1ª (arts. 15 a 29) y la objeción de conciencia (art. 30.2), esta reserva se refuerza exigiendo ley orgánica (art. 81.1 CE), que requiere mayoría absoluta del Congreso en la votación final sobre el conjunto del proyecto. La segunda garantía es el respeto al contenido esencial: la ley que regule el ejercicio de un derecho no puede desnaturalizarlo ni vaciarlo de sustancia, debiendo preservar aquel núcleo de facultades sin el cual el derecho sería irreconocible como tal, según la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional. Ambas garantías actúan como límite frente al propio legislador y son fiscalizables mediante el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad.

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

El recurso de amparo es la garantía jurisdiccional específica y de carácter subsidiario que protege frente a violaciones de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29), así como la objeción de conciencia del art. 30.2, según los arts. 53.2 y 161.1.b) CE. Está regulado con detalle en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se trata de un recurso subsidiario y extraordinario, lo que significa que solo puede interponerse una vez agotada la vía judicial previa procedente (el llamado procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios), y que no constituye una tercera instancia para revisar la aplicación del Derecho ordinario, sino exclusivamente para reparar vulneraciones directas de los derechos fundamentales tutelables. Pueden interponerlo la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Puede dirigirse contra disposiciones, actos jurídicos o simples vías de hecho de los poderes públicos, ya sean del Estado, de las Comunidades Autónomas o de cualquier otra entidad pública, e incluso, en determinados supuestos, contra resoluciones judiciales.

El recurso de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad es el instrumento de control abstracto de constitucionalidad de las leyes y disposiciones normativas con rango de ley, regulado en los arts. 161.1.a) y 162.1.a) CE. Su finalidad es depurar el ordenamiento jurídico de normas contrarias a la Constitución, con independencia de que exista o no un litigio concreto en el que aplicarlas. Están legitimados para interponerlo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, y los órganos colegiados ejecutivos y, en su caso, las Asambleas de las Comunidades Autónomas, estas últimas cuando la norma impugnada pueda afectar a su propio ámbito de autonomía. El plazo general para su interposición es de tres meses desde la publicación oficial de la norma impugnada, si bien existe un plazo especial de nueve meses para determinados supuestos de impugnación de leyes por parte de ciertos sujetos legitimados cuando medien negociaciones previas. La sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional produce la declaración de inconstitucionalidad y, en su caso, la nulidad de la norma, con efectos generales (erga omnes) desde su publicación en el BOE, sin perjuicio del respeto a la cosa juzgada.

La tutela judicial de los derechos fundamentales: procedimiento preferente y sumario

El art. 53.2 CE ordena que cualquier ciudadano pueda recabar la tutela de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. La preferencia implica que estos procesos tienen prioridad de tramitación sobre los demás asuntos del órgano judicial; la sumariedad conlleva la simplificación y aceleración de los trámites procesales, para dar una respuesta judicial rápida frente a vulneraciones de derechos fundamentales. Este mandato constitucional se ha desarrollado en cada uno de los órdenes jurisdiccionales: así, en el orden contencioso-administrativo, la Ley 29/1998 reguladora de dicha Jurisdicción prevé un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales; en el orden social, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contempla una modalidad procesal específica de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, de especial trascendencia práctica para la actuación de la Inspección de Trabajo en materia de libertad sindical, no discriminación o garantía de indemnidad. Esta vía judicial ordinaria debe agotarse, en su caso, antes de acceder al recurso de amparo constitucional.

El Defensor del Pueblo como garantía institucional

El art. 54 CE crea la figura del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Su régimen se desarrolla en la Ley Orgánica 3/1981. Se trata de una garantía institucional de carácter no jurisdiccional, complementaria de las garantías judiciales: el Defensor del Pueblo no dicta resoluciones vinculantes ni puede anular actos administrativos, sino que actúa mediante una «magistratura de persuasión», formulando recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las Administraciones Públicas, que estas no están jurídicamente obligadas a seguir, aunque sí a responder motivadamente. Elabora un informe anual que presenta ante las Cortes Generales, y puede presentar informes extraordinarios sobre asuntos de especial gravedad. Está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo, incluso en defensa de derechos de terceros, lo que refuerza su papel como institución de garantía del Título I.

La suspensión de derechos y libertades: estados de alarma, excepción y sitio

El art. 55 CE, en relación con el art. 116 CE y su desarrollo mediante la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé tres situaciones excepcionales de distinta intensidad. El estado de alarma, declarado por el Gobierno mediante decreto, con dación de cuenta al Congreso, por un plazo máximo de quince días salvo prórroga autorizada por la Cámara, no permite suspender derechos fundamentales, sino únicamente limitarlos o condicionar su ejercicio. El estado de excepción, que exige autorización previa del Congreso de los Diputados por un plazo máximo de treinta días prorrogable por otros treinta, sí permite la suspensión de determinados derechos: libertad y seguridad, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, libertad de circulación y residencia, libertad de expresión, derecho de reunión y manifestación, y el derecho de huelga y de adopción de medidas de conflicto colectivo. El estado de sitio, declarado por el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno ante situaciones de insurrección o amenaza grave a la soberanía o integridad territorial, permite además la suspensión de garantías adicionales, como las relativas a la detención preventiva.

Estructura territorial del Estado: el Estado autonómico (Título VIII CE)

El Título VIII de la CE (arts. 137 a 158) configura la organización territorial del Estado español, estructurado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas ellas dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El llamado «Estado autonómico» es un modelo de descentralización política singular en el Derecho comparado, situado entre el Estado unitario centralizado y el Estado federal, que se caracteriza por la ausencia de un mapa territorial cerrado en el propio texto constitucional (principio dispositivo) y por la existencia de niveles competenciales distintos entre las Comunidades Autónomas, especialmente en el diseño originario. Este modelo se articula mediante los Estatutos de Autonomía, normas institucionales básicas de cada Comunidad, y mediante los mecanismos de distribución competencial de los arts. 148 y 149 CE, que se desarrollan con detalle en el bloque de temas dedicado específicamente a la organización autonómica. La Administración Local, por su parte, se rige por el principio de autonomía municipal y provincial garantizado en los arts. 140 y 141 CE, sin perjuicio de que su régimen jurídico básico corresponda establecerlo al Estado.

Principios de unidad, autonomía y solidaridad (art. 2 CE)

El art. 2 CE, situado en el Título Preliminar, constituye la clave de bóveda del modelo territorial español al conjugar tres principios en tensión dialéctica. El principio de unidad proclama que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; se trata de un límite infranqueable que impide cualquier proceso de secesión al margen de los cauces constitucionales y que el Tribunal Constitucional ha calificado como presupuesto de la propia existencia de la Constitución. El principio de autonomía reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación, fundamento jurídico del proceso de creación de las Comunidades Autónomas y de sus Estatutos. El principio de solidaridad, finalmente, exige la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones, proyectándose después en instrumentos concretos como el Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE) o la prohibición de privilegios económicos o sociales entre Comunidades Autónomas (art. 138.2 CE). Los tres principios deben interpretarse de forma conjunta y equilibrada.

División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial

La Constitución de 1978 recoge el clásico principio de separación de poderes, formulado por Montesquieu, adaptándolo a la forma de gobierno parlamentaria propia de la Monarquía parlamentaria española. El poder legislativo reside en las Cortes Generales (Título III), formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, que representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. El poder ejecutivo corresponde al Gobierno (Título IV), que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. El poder judicial (Título VI) se atribuye en exclusiva a Juzgados y Tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con sometimiento único al imperio de la ley. A diferencia de la separación rígida propia de los sistemas presidencialistas, en el modelo parlamentario español legislativo y ejecutivo mantienen una relación de fusión relativa a través del vínculo de confianza parlamentaria, mientras que el poder judicial permanece netamente separado e independiente de los otros dos.

La Corona como Jefatura del Estado

El art. 56 CE, que abre el Título II, atribuye al Rey la Jefatura del Estado, definiéndolo como símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. La Corona es hereditaria, transmitiéndose conforme al orden regular de sucesión establecido en el art. 57 CE, y su titular ostenta la dignidad de Rey de España, pudiendo utilizar los demás títulos que correspondan a la Corona. La figura regia se caracteriza jurídicamente por la inviolabilidad y la irresponsabilidad de la persona del Rey, cuyos actos requieren siempre refrendo, así como por el carácter esencialmente simbólico, representativo y arbitral de sus funciones, desprovistas de capacidad de decisión política autónoma, en coherencia con la definición de España como Monarquía parlamentaria del art. 1.3 CE. El estudio detallado de la Corona, sus funciones y el refrendo se aborda en el tema específico dedicado a esta institución.

Procedimientos de reforma constitucional: ordinario y agravado (arts. 167 y 168 CE)

El Título X de la CE prevé dos procedimientos de reforma constitucional de distinta rigidez, en función de la materia afectada. El procedimiento ordinario del art. 167 CE se aplica a cualquier reforma no sometida al art. 168, y exige la aprobación del proyecto por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo entre Congreso y Senado, se constituye una Comisión Mixta paritaria que presenta un texto a votar por ambas Cámaras, y si aun así no se logra la mayoría de tres quintos, el Congreso, por mayoría de dos tercios, puede aprobar la reforma siempre que el Senado la hubiera aprobado por mayoría absoluta; una vez aprobada, la reforma se somete a referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación. El procedimiento agravado del art. 168 CE se reserva para la revisión total de la Constitución o para la reforma parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, o al Título II (la Corona): exige la aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara, la disolución inmediata de las Cortes, la ratificación de la decisión y el estudio del nuevo texto por las Cámaras electas, su aprobación por mayoría de dos tercios de ambas, y un referéndum de ratificación obligatorio.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La CE de 1978 tiene 169 artículos, un Preámbulo sin valor normativo, un Título Preliminar (arts. 1-9), diez títulos y disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.
  • Los cuatro valores superiores del art. 1.1 CE son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; no confundirlos con los principios del art. 9.3.
  • España es Estado social y democrático de Derecho: combina Estado de Derecho, Estado social y Estado democrático.
  • La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2), no en la Nación como entidad abstracta separada del pueblo.
  • La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3): el Rey reina pero no gobierna.
  • El art. 9.3 recoge siete garantías: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas, seguridad jurídica, responsabilidad y interdicción de la arbitrariedad.
  • El Título I distingue Sección 1ª (arts. 15-29, máxima protección) de Sección 2ª (arts. 30-38, protección ordinaria) dentro del Capítulo II.
  • Solo los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª (arts. 15-29), más la objeción de conciencia (art. 30.2), tienen recurso de amparo.
  • Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) no son directamente exigibles ante los tribunales, solo conforme a las leyes que los desarrollen (art. 53.3).
  • El art. 40.2 CE obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo: fundamento constitucional directo de la Inspección de Trabajo.
  • El desarrollo de los derechos de la Sección 1ª y la objeción de conciencia exige ley orgánica (art. 81.1 CE).
  • El recurso de amparo es subsidiario: exige agotar antes la vía judicial ordinaria preferente y sumaria del art. 53.2.
  • El recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo general de tres meses desde la publicación de la norma; están legitimados el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, el Defensor del Pueblo y, en su ámbito, las CCAA.
  • El Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54 CE), regulado por LO 3/1981, sin poder de anulación de actos (magistratura de persuasión).
  • Existen tres estados excepcionales: alarma (Gobierno, no suspende derechos, solo los limita), excepción (autoriza el Congreso, sí suspende ciertos derechos) y sitio (declara el Congreso por mayoría absoluta).
  • El art. 2 CE combina unidad de la Nación, derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, y solidaridad entre ellas.
  • La reforma constitucional ordinaria (art. 167) exige 3/5 de cada Cámara; la agravada (art. 168), para el Título Preliminar, la Sección 1ª del Cap. II del Título I o el Título II, exige 2/3, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.
  • El proceso constituyente culminó con el referéndum del 6 de diciembre de 1978 y la entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978.
  • La Constitución tiene eficacia derogatoria directa sobre las normas preconstitucionales contrarias a ella (disposición derogatoria).
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 110 aciertos

La Constitución Española de 1978 consta de un Título Preliminar y:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Inspector Trabajo?

La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, fruto de un proceso constituyente basado en el consenso entre las principales fuerzas políticas surgidas de las elecciones de 1977. Este tema es el pórtico de todo el temario de organización del Estado: fija los valores superiores (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), configura España como un Estado social y democrático de Derecho, y articula el catálogo de derechos y libertades —con distinto grado de protección según su ubicación sistemática— junto con sus garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales. Para el temario de Inspector de Trabajo y Seguridad Social tiene una relevancia doble: de un lado es materia clásica y muy preguntada en el examen A1 de acceso a la función pública; de otro, buena parte de la actuación inspectora se apoya directamente en derechos fundamentales (libertad sindical, derecho de huelga, tutela judicial efectiva) y en principios rectores como el art. 40 CE, que ordena a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Conviene dominar con precisión la numeración articulada, pues es el aspecto que con más frecuencia distingue las respuestas correctas de las erróneas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

La CE de 1978 tiene 169 artículos, un Preámbulo sin valor normativo, un Título Preliminar (arts. 1-9), diez títulos y disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Los cuatro valores superiores del art. 1.1 CE son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; no confundirlos con los principios del art. 9.3. España es Estado social y democrático de Derecho: combina Estado de Derecho, Estado social y Estado democrático. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2), no en la Nación como entidad abstracta separada del pueblo. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3): el Rey reina pero no gobierna. El art. 9.3 recoge siete garantías: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas, seguridad jurídica, responsabilidad y interdicción de la arbitrariedad. El Título I distingue Sección 1ª (arts. 15-29, máxima protección) de Sección 2ª (arts. 30-38, protección ordinaria) dentro del Capítulo II. Solo los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª (arts. 15-29), más la objeción de conciencia (art. 30.2), tienen recurso de amparo. Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) no son directamente exigibles ante los tribunales, solo conforme a las leyes que los desarrollen (art. 53.3). El art. 40.2 CE obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo: fundamento constitucional directo de la Inspección de Trabajo. El desarrollo de los derechos de la Sección 1ª y la objeción de conciencia exige ley orgánica (art. 81.1 CE). El recurso de amparo es subsidiario: exige agotar antes la vía judicial ordinaria preferente y sumaria del art. 53.2. El recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo general de tres meses desde la publicación de la norma; están legitimados el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, el Defensor del Pueblo y, en su ámbito, las CCAA. El Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54 CE), regulado por LO 3/1981, sin poder de anulación de actos (magistratura de persuasión). Existen tres estados excepcionales: alarma (Gobierno, no suspende derechos, solo los limita), excepción (autoriza el Congreso, sí suspende ciertos derechos) y sitio (declara el Congreso por mayoría absoluta). El art. 2 CE combina unidad de la Nación, derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, y solidaridad entre ellas. La reforma constitucional ordinaria (art. 167) exige 3/5 de cada Cámara; la agravada (art. 168), para el Título Preliminar, la Sección 1ª del Cap. II del Título I o el Título II, exige 2/3, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio. El proceso constituyente culminó con el referéndum del 6 de diciembre de 1978 y la entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. La Constitución tiene eficacia derogatoria directa sobre las normas preconstitucionales contrarias a ella (disposición derogatoria).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

Mientras tanto, practica con tests gratis de Inspector Trabajo.

Empieza gratis ahora