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Tema 19. La potestad administrativa: concepto y características. Clasificación de las potestades administrativas. La discrecionalidad administrativa y su control: la potestad discrecional. Los conceptos jurídicos indeterminados. El interés general y la desviación de poder.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

La potestad administrativa es la técnica jurídica a través de la cual el ordenamiento atribuye a la Administración un poder de actuación genérico sobre un determinado ámbito de la realidad, en desarrollo del principio de vinculación positiva a la ley. Este tema estudia el concepto y los caracteres de la potestad, su clasificación (regladas y discrecionales, entre otras), y presta especial atención a la discrecionalidad administrativa y a las técnicas jurisprudenciales y doctrinales de control de esta, entre las que destacan el control de los elementos reglados, los principios generales del Derecho, la desviación de poder y los conceptos jurídicos indeterminados. Se trata de una de las construcciones más sofisticadas del Derecho Administrativo, pues concilia la necesidad de dejar a la Administración un margen de apreciación técnica y de oportunidad con la exigencia constitucional de control judicial pleno de toda su actuación (art. 106.1 CE).

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Concepto de potestad administrativa

La potestad administrativa es un poder jurídico de carácter genérico, atribuido por el ordenamiento a la Administración Pública, que le habilita para imponer decisiones a terceros modificando situaciones jurídicas ajenas, incluso sin el consentimiento de estos, en orden a la satisfacción de un interés general concreto. Se trata de una construcción teórica desarrollada por Santi Romano y trasladada al Derecho español por García de Enterría, que la contrapone conceptualmente al derecho subjetivo: mientras este nace de una relación jurídica concreta con un sujeto pasivo determinado y un objeto específico, la potestad no tiene un sujeto pasivo predeterminado ni un objeto específico previo a su ejercicio, sino que se proyecta genéricamente sobre un sector de la realidad social, generando frente a ella no una obligación en sentido técnico, sino un estado de sujeción en quienes quedan sometidos a su ejercicio. La potestad no deriva de una relación jurídica previa entre la Administración y el ciudadano, sino directamente del ordenamiento jurídico, que es la única fuente posible de las potestades administrativas, en coherencia con el principio de vinculación positiva a la ley: sin previa atribución normativa no existe potestad, y toda actuación administrativa carente de la correspondiente cobertura legal incurre en un vicio de incompetencia determinante, según los casos, de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad.

Diferencia entre potestad y derecho subjetivo

La distinción entre potestad y derecho subjetivo constituye una de las aportaciones más relevantes de la dogmática administrativa contemporánea. El derecho subjetivo presupone una relación jurídica ya constituida entre dos sujetos determinados, con un objeto específico (una prestación concreta) y frente a un sujeto pasivo igualmente determinado que soporta un deber correlativo y exigible; nace normalmente de un negocio jurídico, de un hecho o de la atribución directa de una norma a favor de un sujeto individualizado, y es, en principio, transmisible, renunciable y susceptible de prescripción o caducidad si no se ejercita. La potestad, en cambio, es un poder abstracto y genérico que no presupone relación jurídica previa alguna: se proyecta sobre un ámbito de actuación indeterminado a priori (todos los administradores sometidos a la potestad sancionadora, todos los ciudadanos sometidos a la potestad tributaria) y solo al ejercitarse sobre un supuesto de hecho concreto genera una relación jurídica singular. Frente a la potestad no existe un deber jurídico en sentido técnico por parte de quienes quedan sometidos a ella, sino una simple sujeción: un estado de sometimiento al eventual ejercicio de aquella. Además, las potestades son, por su origen legal, inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles, a diferencia de los derechos subjetivos patrimoniales, que en general sí admiten transmisión y pueden extinguirse por el no uso.

Características de la potestad: origen legal, carácter genérico, inalienabilidad e irrenunciabilidad

Las potestades administrativas presentan una serie de notas características que las diferencian de otras posiciones jurídicas. Su origen es siempre legal: no pueden nacer de un contrato, de un acto unilateral de la propia Administración ni de la costumbre, sino exclusivamente de una norma con rango de ley (o de una norma que a su vez encuentre respaldo último en una habilitación legal), en coherencia con el principio de vinculación positiva. Tienen carácter genérico y abstracto, pues se proyectan sobre un sector o ámbito de actuación sin sujeto pasivo ni objeto predeterminados, a diferencia del derecho subjetivo. Son inalienables e intransmisibles: la Administración titular de una potestad no puede cederla, enajenarla ni transferirla a otro sujeto (público o privado) por su propia voluntad, sin perjuicio de las técnicas de traslación de competencias expresamente autorizadas por la ley (delegación, encomienda de gestión, descentralización), que no suponen enajenación de la titularidad sino traslado del ejercicio. Son irrenunciables: la Administración no puede renunciar libremente al ejercicio de sus potestades, porque estas se le atribuyen no en su propio interés sino en el del interés general que debe servir, lo que conecta con el principio de indisponibilidad de la competencia (art. 8 Ley 40/2015). Y son, en general, imprescriptibles, pues su titularidad no se pierde por el mero transcurso del tiempo sin ejercitarla, sin perjuicio de que la prescripción sí pueda afectar a acciones concretas derivadas de su ejercicio.

Clasificación de las potestades: de supremacía general y especial

Una primera gran clasificación distingue las potestades según la relación de sujeción en que se encuentran los destinatarios. Las potestades de supremacía general son aquellas que la Administración ejerce sobre la generalidad de los ciudadanos, en cuanto tales, sin que medie entre ellos y la Administración una relación jurídica específica o cualificada; son el ejemplo característico la potestad tributaria, la potestad sancionadora general, la potestad de policía o la potestad expropiatoria, que pueden proyectarse sobre cualquier ciudadano que se encuentre en el supuesto de hecho previsto por la norma. Las potestades de supremacía especial, en cambio, se ejercen sobre sujetos que mantienen con la Administración una relación jurídica específica y reforzada, de mayor intensidad que la relación de sujeción general (funcionarios públicos, internos penitenciarios, alumnos de centros públicos, concesionarios de servicios o dominio público, contratistas de la Administración); esta relación especial legitima un grado de intervención administrativa más intenso (potestad disciplinaria sobre los funcionarios, régimen de intervención sobre concesionarios) que no sería admisible frente a un ciudadano cualquiera. La categoría de las relaciones de sujeción especial, de origen alemán, ha sido objeto de importantes matizaciones por la jurisprudencia constitucional, que ha rechazado que la existencia de esa relación reforzada pueda excepcionar las garantías esenciales del principio de legalidad, especialmente en materia sancionadora (STC 61/1990 y posteriores).

Potestades regladas y potestades discrecionales

La clasificación más trascendente de las potestades administrativas, por sus consecuencias en orden al control judicial, es la que distingue entre potestades regladas y discrecionales. En las potestades regladas, la norma predetermina de forma completa y agotadora todos los elementos de la actuación administrativa (el supuesto de hecho que la desencadena, el órgano competente, el procedimiento a seguir y el contenido de la decisión), de modo que, verificado el presupuesto fáctico previsto por la norma, la Administración está obligada a dictar una única solución posible, sin margen de apreciación: la aplicación de la norma se reduce a una operación de subsunción lógica del caso concreto en el supuesto abstracto legal. En las potestades discrecionales, por el contrario, la norma no predetermina de forma completa el contenido de la decisión, sino que deja a la Administración un margen de apreciación para elegir, entre varias soluciones igualmente justas y conformes a Derecho, la que estime más oportuna en atención al interés general concreto que debe satisfacer; ese margen puede referirse a si se actúa o no (discrecionalidad de decisión), a cuándo se actúa (discrecionalidad temporal) o a cómo se actúa (discrecionalidad de elección entre varias alternativas). Conviene precisar que no existen, en la práctica, potestades íntegramente discrecionales: todas conservan siempre elementos reglados (competencia, procedimiento, existencia del fin de interés general), lo que constituye precisamente la base de su control jurisdiccional.

Potestades innovativas y conservativas

Otra clasificación doctrinal distingue las potestades según su función respecto del ordenamiento jurídico existente. Las potestades innovativas son aquellas cuyo ejercicio produce una alteración del ordenamiento jurídico, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas nuevas; es el caso paradigmático de la potestad reglamentaria (que crea normas jurídicas nuevas) y, en cierta medida, de potestades como la expropiatoria (que extingue el derecho de propiedad de un sujeto y lo transforma en un derecho de crédito indemnizatorio) o la organizativa (que crea o suprime órganos y entes). Las potestades conservativas o de tutela, en cambio, no crean situaciones jurídicas nuevas, sino que se limitan a comprobar, declarar, proteger o hacer respetar situaciones jurídicas ya preexistentes en el ordenamiento; son ejemplos característicos la potestad de comprobación e inspección (verificar el cumplimiento de obligaciones ya establecidas por la norma, como hace la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), la potestad certificante (dar fe de hechos o situaciones ya existentes) o la potestad de ejecución forzosa (hacer efectivo lo ya declarado en un acto previo). Esta distinción, aunque menos determinante en sus consecuencias jurídicas que la de potestades regladas/discrecionales, resulta útil para comprender la diversidad funcional de las potestades administrativas y su distinto grado de incidencia sobre el ordenamiento y sobre las situaciones jurídicas de los ciudadanos.

La potestad reglamentaria, sancionadora, expropiatoria, tributaria y de policía

El ordenamiento atribuye a la Administración un catálogo amplio y diverso de potestades, cada una con su régimen jurídico propio. La potestad reglamentaria (art. 97 CE) habilita a determinados órganos administrativos para dictar normas jurídicas de rango inferior a la ley, siempre subordinadas a esta. La potestad sancionadora permite a la Administración imponer sanciones a los administrados que incurran en las infracciones tipificadas por el ordenamiento, sometida a los principios y garantías del Título Preliminar, Capítulo III, de la Ley 40/2015 (legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad) y, en el ámbito sociolaboral, canalizada a través de la LISOS y de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo. La potestad expropiatoria faculta a la Administración para privar a un particular de sus bienes o derechos por causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización (art. 33.3 CE y Ley de Expropiación Forzosa de 1954). La potestad tributaria habilita para el establecimiento y exigencia de tributos, sometida a la reserva de ley del art. 31.3 CE. La potestad de policía, en fin, en su sentido clásico y más amplio, engloba el conjunto de técnicas de intervención administrativa sobre la actividad de los ciudadanos en garantía del orden público, la seguridad, la salubridad o el correcto desarrollo de las relaciones de trabajo, mediante autorizaciones, órdenes, prohibiciones y actividades de comprobación, entre las que se sitúa la propia función inspectora en materia laboral y de Seguridad Social.

La discrecionalidad administrativa: concepto

La discrecionalidad administrativa es el margen de apreciación que el ordenamiento jurídico deja a la Administración para, ante un mismo supuesto de hecho, optar entre varias soluciones igualmente válidas y conformes a Derecho, en función de criterios de oportunidad, conveniencia técnica o interés general que la propia norma no predetermina por completo. No debe confundirse discrecionalidad con arbitrariedad: mientras la arbitrariedad supone una decisión carente de toda justificación objetiva, contraria a la razón o adoptada por mero capricho (proscrita por el art. 9.3 CE), la discrecionalidad es una técnica jurídica legítima, querida y otorgada por el propio ordenamiento, que confía a la Administración -por su cercanía a los hechos, su capacitación técnica o la necesidad de valorar circunstancias cambiantes- la elección entre alternativas todas ellas justas desde el punto de vista del Derecho. La discrecionalidad se justifica por la imposibilidad práctica de que el legislador prevea de antemano todas las circunstancias posibles de cada caso concreto y por la conveniencia de dotar a la Administración de la flexibilidad necesaria para adaptar su actuación a las particularidades de cada supuesto, sin que ello suponga una zona exenta de control: como se verá, la discrecionalidad no equivale a inmunidad jurisdiccional, pues siempre subsisten elementos reglados y límites jurídicos (fin, hechos determinantes, principios generales) susceptibles de fiscalización por los Tribunales.

Elementos reglados presentes en toda potestad discrecional: competencia, procedimiento y fin

Como puso de relieve la doctrina francesa e italiana, y asumió tempranamente García de Enterría en España, no existen potestades absolutamente discrecionales: incluso las de mayor amplitud de apreciación conservan siempre determinados elementos reglados por el ordenamiento, que constituyen precisamente el punto de apoyo del control jurisdiccional. En primer lugar, la existencia misma de la potestad y la competencia del órgano que la ejercita están siempre regladas: ninguna norma atribuye discrecionalidad sobre si un órgano es o no competente, de modo que la incompetencia siempre es fiscalizable en su integridad. En segundo lugar, el procedimiento a través del cual debe ejercitarse la potestad está igualmente reglado: aunque el contenido de la decisión sea discrecional, los trámites, plazos y garantías del procedimiento (audiencia, informes preceptivos, motivación) deben respetarse siempre, y su omisión vicia el acto con independencia de lo acertado que sea su contenido. En tercer lugar, el fin de la potestad está reglado: toda potestad se otorga siempre para la consecución de un fin de interés público concreto (el que corresponda según la norma atributiva), de manera que su ejercicio para un fin distinto -aunque también sea de interés general, y con mayor razón si es privado- constituye desviación de poder, vicio autónomo que determina la anulabilidad del acto (art. 48.1 Ley 39/2015 y art. 70.2 LJCA), con independencia de que el contenido de la decisión fuera, en abstracto, una de las opciones discrecionalmente posibles.

Técnicas de control de la discrecionalidad a través de los elementos reglados del acto

La técnica más clásica y consolidada de control judicial de la discrecionalidad consiste, precisamente, en fiscalizar el ejercicio de la potestad a través de sus elementos reglados, sin necesidad de entrar a valorar el acierto u oportunidad de la decisión discrecional en sí misma, que queda reservada a la Administración. El control de la competencia permite anular cualquier acto discrecional dictado por un órgano manifiestamente incompetente. El control del procedimiento permite anular la decisión cuando se ha omitido un trámite esencial (informe preceptivo, audiencia al interesado) capaz de haber influido en el sentido de la resolución. El control del fin (o desviación de poder) permite anular la decisión cuando, pese a respetar aparentemente la legalidad formal, se constata que la potestad se ha ejercido para un fin distinto del previsto por la norma que la atribuye. El control de los hechos determinantes permite verificar que los hechos sobre los que se asienta la decisión discrecional existen realmente y son ciertos, pues la discrecionalidad se proyecta sobre la valoración u oportunidad de la decisión, nunca sobre la realidad material de los hechos, que es siempre plenamente revisable por los Tribunales (STS de gran relevancia en esta materia desde los años setenta). Estas técnicas permiten un control judicial riguroso sin que los Tribunales sustituyan a la Administración en la elección entre las alternativas igualmente válidas que a esta corresponde adoptar.

El control por los principios generales del Derecho: proporcionalidad, buena fe y confianza legítima

Junto al control a través de los elementos reglados, la jurisprudencia ha desarrollado un control más intenso de la discrecionalidad basado en los principios generales del Derecho, hoy en gran medida positivizados en el art. 3 de la Ley 40/2015. El principio de proporcionalidad exige que la medida discrecional adoptada sea adecuada al fin perseguido, necesaria (no exista otra alternativa menos gravosa igualmente eficaz) y proporcionada en sentido estricto (que las ventajas para el interés general superen los sacrificios impuestos a los derechos o intereses afectados); tiene especial relevancia en materia sancionadora y de policía administrativa. El principio de buena fe impone a la Administración un comportamiento leal, coherente y exento de dobleces en sus relaciones con los administrados. El principio de confianza legítima, de origen en el Derecho alemán y comunitario, protege las expectativas razonables generadas en los ciudadanos por la actuación previa, reiterada o inequívoca de la Administración, de modo que un cambio de criterio brusco y sin justificación razonable puede resultar contrario a Derecho aun cuando la nueva decisión sea, en sí misma, discrecionalmente correcta. Estos principios operan como límites externos a la discrecionalidad, permitiendo anular decisiones formalmente ajustadas a la legalidad reglada pero que incurren en un ejercicio desproporcionado, desleal o contradictorio con la confianza generada, sin que ello suponga sustituir el juicio de oportunidad de la Administración.

La desviación de poder (art. 70.2 LJCA): ejercicio de potestades para fines distintos a los previstos

La desviación de poder es el vicio que se produce cuando la Administración ejerce una potestad, respetando aparentemente todos los requisitos formales de competencia y procedimiento, para la consecución de un fin distinto de aquel para el cual el ordenamiento se la atribuyó. El art. 70.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, define expresamente la desviación de poder como "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico", y la configura como motivo autónomo de anulación del acto o disposición impugnados. El fin distinto puede ser un fin privado (favorecer o perjudicar a una persona determinada), un fin público pero ajeno a la potestad concreta ejercitada (utilizar la potestad sancionadora para recaudar fondos, o una potestad urbanística para fines fiscales o de mero enriquecimiento municipal) o incluso un fin político partidista. La prueba de la desviación de poder es notoriamente difícil, pues exige acreditar la verdadera intención del órgano decisor, normalmente no explicitada; la jurisprudencia admite por ello la prueba de presunciones, a partir de indicios objetivos y concordantes (proximidad temporal sospechosa, ausencia de motivación coherente con el fin declarado, contradicciones en el expediente). Declarada la desviación de poder, el acto es anulable conforme al art. 48.1 de la Ley 39/2015, que la menciona expresamente como una de las causas de anulabilidad, con independencia de que el resto del acto respete la legalidad formal.

Los conceptos jurídicos indeterminados: concepto y diferencia con la discrecionalidad

Los conceptos jurídicos indeterminados son términos empleados por las normas jurídicas cuyo contenido y extensión no aparecen precisados de forma exhaustiva y cerrada en el propio precepto, sino que remiten a una realidad cuya delimitación exige un margen de apreciación en el momento de su aplicación ("utilidad pública", "interés general", "buena fe", "justiprecio", "urgencia", "riesgo grave e inminente" en materia de prevención de riesgos laborales, "situación de necesidad"). La aportación decisiva de García de Enterría consiste en distinguir esta técnica de la discrecionalidad propiamente dicha: mientras en la discrecionalidad existen varias soluciones igualmente justas entre las que la Administración puede elegir libremente en función de criterios de oportunidad, en los conceptos jurídicos indeterminados solo existe una solución justa en cada caso concreto, aunque su determinación exija un proceso de interpretación y valoración de los hechos que no es mecánico ni automático. La aparente indeterminación del concepto en abstracto (su formulación genérica en la norma) se resuelve siempre, al aplicarlo a un supuesto de hecho concreto, en una única solución correcta desde el punto de vista jurídico, de modo que la aplicación del concepto jurídico indeterminado es una operación de interpretación jurídica, no de libre elección política o de oportunidad, y por ello plenamente revisable por los Tribunales sin las limitaciones propias del control de la discrecionalidad.

La estructura del concepto jurídico indeterminado: zona de certeza positiva, negativa y halo de incertidumbre

La doctrina alemana, asumida por García de Enterría, describe la estructura lógica de todo concepto jurídico indeterminado mediante tres zonas concéntricas. La zona de certeza positiva comprende aquellos supuestos en los que resulta indiscutible que el concepto es aplicable (nadie duda de que una emergencia con riesgo vital inminente para la salud de los trabajadores constituye un "riesgo grave e inminente"). La zona de certeza negativa comprende los supuestos en los que resulta igualmente indiscutible que el concepto no es aplicable (una simple molestia leve sin ningún riesgo objetivo no puede calificarse de riesgo grave e inminente). Entre ambas zonas de certeza existe un halo de incertidumbre o zona gris, en la que la aplicabilidad del concepto resulta dudosa y exige un juicio de apreciación técnica o valorativa por parte del órgano llamado a aplicarlo, a partir de las circunstancias concretas del caso. Es precisamente en este halo de incertidumbre donde se concentra la dificultad práctica de la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, y donde con mayor frecuencia surge la controversia y, en su caso, el control judicial posterior; sin embargo, y esta es la clave de la construcción doctrinal, incluso en esa zona de incertidumbre existe siempre, según esta tesis, una única solución jurídicamente correcta, que los Tribunales pueden y deben revisar plenamente, sin que la Administración disponga de un margen de libre apreciación equiparable al de la discrecionalidad.

El control judicial pleno de los conceptos jurídicos indeterminados

La consecuencia práctica más relevante de la distinción entre discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados es el diferente alcance del control judicial en uno y otro caso. Frente a la discrecionalidad, los Tribunales solo pueden controlar los elementos reglados y los límites externos (fin, hechos, principios generales), pero no pueden sustituir a la Administración en la elección entre las alternativas igualmente válidas, pues ello invadiría el núcleo de la potestad discrecional y la reserva constitucional de la función ejecutiva. Frente a los conceptos jurídicos indeterminados, en cambio, el control judicial es pleno e íntegro: puesto que solo existe una solución justa, los Tribunales pueden y deben revisar en su totalidad si la Administración ha acertado o no al aplicar el concepto al caso concreto, sustituyendo si es preciso el criterio administrativo por el propio, sin que exista un ámbito reservado a la libre apreciación de la Administración. Esta construcción doctrinal, aunque muy influyente y comúnmente asumida en la formación jurídica, ha sido objeto de matizaciones jurisprudenciales, especialmente cuando la aplicación del concepto exige una elevada especialización técnica (los llamados conceptos jurídicos indeterminados de contenido técnico), en cuyo caso los Tribunales, aun revisando plenamente la legalidad de la decisión, suelen mostrar cierta deferencia hacia la apreciación técnica especializada de la Administración, sin que ello equivalga a reconocer una discrecionalidad en sentido propio.

El interés general como fin de toda actuación administrativa

El interés general constituye el fin último y la causa de toda potestad administrativa, en coherencia con el mandato del art. 103.1 CE, que impone a la Administración servir con objetividad los intereses generales. Toda norma que atribuye una potestad a la Administración lo hace en función de un interés general concreto y determinado (la seguridad y salud de los trabajadores, la recaudación tributaria justa, la ordenación racional del territorio, la protección del medio ambiente), y ese fin específico -no un interés general genérico e indiferenciado- es el que marca el límite del ejercicio legítimo de cada potestad. La desviación de poder, precisamente, consiste en la utilización de una potestad para un fin distinto del que corresponde a esa potestad en concreto, aunque el fin perseguido fuera también, en abstracto, de interés general (por ejemplo, emplear la potestad sancionadora laboral con una finalidad meramente recaudatoria, ajena a la función tuitiva y de garantía del cumplimiento del ordenamiento social que le es propia). El interés general opera así como un elemento reglado transversal a todas las potestades, cuyo control por los Tribunales no exige entrar en la valoración de oportunidad de la decisión, sino simplemente verificar la coherencia entre el fin perseguido realmente por el órgano decisor y el fin que el ordenamiento asignó a la potestad ejercitada.

La motivación como técnica de control de la discrecionalidad

La motivación de los actos administrativos, además de ser una exigencia general de forma con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva y en la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), constituye una técnica esencial de control de la discrecionalidad. El art. 35.1.i de la Ley 39/2015 exige expresamente la motivación de los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como de aquellos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. La motivación cumple una doble función en este ámbito: de un lado, obliga a la Administración a explicitar las razones fácticas y jurídicas que sustentan su decisión, lo que facilita el control de los hechos determinantes y del fin realmente perseguido; de otro lado, permite al ciudadano y, en su caso, al juez, reconstruir el iter lógico seguido por la Administración para verificar que la elección discrecional se ha movido dentro de los límites del ordenamiento (proporcionalidad, racionalidad, coherencia con el interés general que justifica la potestad). La falta de motivación de un acto discrecional no convierte automáticamente la decisión en arbitraria, pero impide su control efectivo y puede determinar, según los casos, su anulabilidad por defecto de motivación (art. 48.1 Ley 39/2015) al equivaler, en la práctica, a una decisión no fundada objetivamente.

El control de los hechos determinantes

La técnica del control de los hechos determinantes, desarrollada tempranamente por la jurisprudencia contencioso-administrativa española a partir de los años setenta, parte de la premisa de que la discrecionalidad administrativa se proyecta exclusivamente sobre el juicio de oportunidad o conveniencia de la decisión, nunca sobre la realidad material de los hechos que sirven de presupuesto a esa decisión. Los hechos son siempre plenamente revisables por los Tribunales, con independencia del carácter reglado o discrecional de la potestad ejercitada: si la Administración basa su decisión discrecional en unos hechos que no existen, que son distintos de los reales o que están erróneamente calificados, el acto es anulable, no porque el juez sustituya la apreciación discrecional de la Administración, sino porque la premisa fáctica sobre la que se asienta toda la decisión es incorrecta, y una decisión -por discrecional que sea- construida sobre hechos falsos o inexistentes no puede considerarse ajustada a Derecho. Esta técnica ha resultado especialmente eficaz en el control de sanciones administrativas (verificar si los hechos imputados realmente ocurrieron y están debidamente probados), de la potestad expropiatoria (existencia real de la causa de utilidad pública) y, en general, de cualquier potestad cuyo ejercicio dependa de la previa constatación de un presupuesto fáctico, sin que ello suponga en ningún caso una intromisión en el núcleo de oportunidad reservado a la Administración.

La discrecionalidad técnica y su control jurisdiccional

La discrecionalidad técnica es una categoría específica, propia de aquellos supuestos en los que la Administración debe emitir un juicio de valor fundado en conocimientos especializados que solo poseen quienes cuentan con la cualificación técnica correspondiente (calificación de exámenes por tribunales de oposiciones, valoración de méritos por comisiones de selección, informes técnicos de organismos especializados, valoraciones periciales en materia medioambiental o sanitaria). La jurisprudencia ha reconocido tradicionalmente en estos casos una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación de los órganos técnicos especializados, derivada de su composición por expertos y de la aplicación de criterios estrictamente técnicos ajenos a la libre voluntad de la Administración, lo que en la práctica limita la intensidad del control judicial sobre el fondo del juicio técnico en sí mismo. No obstante, esta presunción no es absoluta: los Tribunales pueden y deben controlar siempre los aspectos reglados (composición correcta del órgano, procedimiento seguido, motivación suficiente), los hechos determinantes, y pueden desvirtuar la presunción de certeza mediante prueba en contrario que acredite un error manifiesto, una desviación de los criterios técnicos aplicables o una actuación arbitraria; la jurisprudencia más reciente tiende a reforzar las exigencias de motivación de los juicios técnicos, precisamente para permitir un control judicial más efectivo y evitar que la etiqueta de "discrecionalidad técnica" se convierta en un espacio inmune a la fiscalización jurisdiccional.

La autolimitación de la discrecionalidad mediante circulares e instrucciones

Las circulares e instrucciones son documentos internos mediante los cuales los órganos administrativos superiores dirigen la actuación de los órganos jerárquicamente inferiores, fijando criterios interpretativos o de aplicación de las normas que deben seguirse en el ejercicio de las potestades atribuidas, incluidas las discrecionales; su régimen general se recoge en el art. 6 de la Ley 40/2015. Aunque no constituyen fuentes del Derecho en sentido estricto (no son reglamentos, carecen de eficacia ad extra directa y no son directamente impugnables en vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir los actos dictados en aplicación de las mismas), las circulares e instrucciones cumplen una función relevante de autolimitación de la discrecionalidad administrativa: al predeterminar de antemano los criterios que la Administración seguirá en el ejercicio de una potestad discrecional, generan una vinculación de hecho del propio órgano emisor y de los órganos inferiores destinatarios, en aplicación del principio de igualdad (art. 14 CE) y de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE): si la Administración se aparta sin justificación de los criterios fijados en sus propias instrucciones para casos sustancialmente iguales, incurre en una discriminación o arbitrariedad revisable judicialmente. Esta autolimitación conecta directamente con el principio de confianza legítima y con la exigencia de motivación reforzada de los actos que se aparten del criterio seguido en actuaciones precedentes (art. 35.1.c Ley 39/2015).

Diferencia entre potestad administrativa y competencia

La potestad y la competencia son conceptos estrechamente relacionados pero no idénticos, y conviene no confundirlos al estudiar la actuación de la Administración. La potestad es el poder jurídico abstracto y genérico que el ordenamiento atribuye a las Administraciones Públicas como tales, consideradas en su conjunto, para actuar sobre un determinado sector de la realidad (la potestad sancionadora, la potestad expropiatoria, la potestad reglamentaria). La competencia, en cambio, es la medida concreta de esa potestad que corresponde a cada órgano administrativo singular dentro de la organización: el conjunto de funciones y atribuciones que, dentro de una potestad genérica ya existente en el ordenamiento, las normas organizativas reparten entre los distintos órganos de una misma Administración, en razón de la materia, el territorio o la jerarquía. Dicho de otro modo, la potestad responde a la pregunta de qué puede hacer la Administración en abstracto, y la competencia a la pregunta de qué órgano concreto, dentro de esa Administración, puede ejercitarla en el caso singular. Por eso puede existir una potestad perfectamente atribuida a una Administración (por ejemplo, la potestad sancionadora laboral) y, sin embargo, un acto concreto dictado en su ejercicio puede resultar inválido por incompetencia, si lo dicta un órgano distinto del que tiene atribuida esa concreta porción de la potestad. La competencia, a diferencia de la potestad, se concreta siempre en un órgano determinado, es irrenunciable e indisponible (art. 8 Ley 40/2015) y su ejercicio por quien no la tiene atribuida constituye, según los casos, nulidad de pleno derecho o anulabilidad (arts. 47.1.b y 48.1 Ley 39/2015).

La reducción de la discrecionalidad a cero

La doctrina alemana, recibida también por la jurisprudencia española, ha elaborado la figura de la reducción de la discrecionalidad a cero para describir aquellos supuestos excepcionales en los que, aunque la norma atributiva de la potestad configure en abstracto un margen de apreciación discrecional, las circunstancias concretas del caso son de tal entidad que, en la práctica, solo una de las alternativas teóricamente posibles resulta conforme a Derecho, de modo que la discrecionalidad, pese a existir en abstracto, se agota o reduce a cero en el caso concreto. El ejemplo más característico se produce en materia de intervención administrativa ante riesgos graves e inminentes para la salud o la seguridad: aunque la norma habilitante conceda a la Administración un margen de apreciación sobre si procede o no adoptar una medida de intervención, cuando el riesgo es de tal gravedad e inminencia que cualquier alternativa distinta de actuar resultaría manifiestamente irracional o desproporcionada, la discrecionalidad inicial se convierte, en ese supuesto concreto, en una obligación reglada de actuar en un único sentido posible. La relevancia práctica de esta construcción reside en que permite a los Tribunales, en casos extremos, imponer a la Administración no solo la anulación de una decisión discrecional incorrecta, sino la obligación de dictar una decisión de contenido positivo y determinado, superando así la limitación clásica según la cual el control de la discrecionalidad se agota en la simple anulación, sin que el juez pueda sustituir por sí mismo el contenido de la decisión que en principio corresponde adoptar a la Administración.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La potestad es un poder jurídico genérico, sin sujeto pasivo ni objeto predeterminados, que genera sujeción (no obligación) en quienes quedan sometidos a ella; el derecho subjetivo presupone una relación jurídica concreta ya constituida.
  • Las potestades son de origen exclusivamente legal, genéricas, inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles.
  • Las potestades de supremacía general afectan a cualquier ciudadano; las de supremacía especial exigen una relación jurídica reforzada previa (funcionarios, concesionarios), sin que ello excepcione las garantías esenciales del principio de legalidad, especialmente en materia sancionadora.
  • En las potestades regladas la norma predetermina íntegramente la decisión (subsunción); en las discrecionales deja un margen para elegir entre varias soluciones igualmente justas.
  • No existen potestades absolutamente discrecionales: competencia, procedimiento y fin son siempre elementos reglados, aunque el contenido de la decisión no lo sea.
  • La desviación de poder (art. 70.2 LJCA) es el ejercicio de una potestad para un fin distinto del previsto por el ordenamiento, y determina la anulabilidad del acto (art. 48.1 Ley 39/2015), incluso si el fin perseguido también fuera de interés general.
  • Los conceptos jurídicos indeterminados (utilidad pública, riesgo grave e inminente) tienen una única solución justa en cada caso, frente a la pluralidad de soluciones válidas propia de la discrecionalidad; por ello su control judicial es pleno, sin las limitaciones del control de la discrecionalidad.
  • La estructura del concepto jurídico indeterminado se describe en tres zonas: certeza positiva, certeza negativa y halo de incertidumbre, donde se concentra la dificultad aplicativa.
  • El control judicial de la discrecionalidad se articula mediante los elementos reglados (competencia, procedimiento, fin), los principios generales del Derecho (proporcionalidad, buena fe, confianza legítima) y el control de los hechos determinantes.
  • El control de los hechos determinantes verifica siempre la realidad material de los hechos, con independencia del carácter reglado o discrecional de la potestad; la discrecionalidad se proyecta solo sobre el juicio de oportunidad, nunca sobre la existencia de los hechos.
  • La discrecionalidad técnica goza de una presunción de certeza o razonabilidad derivada de la especialización del órgano, pero admite prueba en contrario y exige motivación suficiente para permitir su control.
  • La motivación (art. 35.1 Ley 39/2015) es exigencia expresa de los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales y de los que se aparten del criterio de actuaciones precedentes, y constituye una técnica esencial de control de la discrecionalidad.
  • Las circulares e instrucciones (art. 6 Ley 40/2015) no son fuentes del Derecho ni son directamente recurribles, pero autolimitan de hecho la discrecionalidad administrativa por el principio de igualdad e interdicción de la arbitrariedad.
  • El interés general es el fin reglado y transversal de toda potestad; el control de la desviación de poder verifica la coherencia entre el fin realmente perseguido y el fin específico que el ordenamiento asignó a esa potestad concreta.
  • Existen potestades innovativas (crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, como la reglamentaria o la expropiatoria) y potestades conservativas o de tutela (comprueban o hacen respetar situaciones ya existentes, como la potestad de comprobación e inspección).
  • La potestad es el poder genérico atribuido a la Administración como tal; la competencia es su reparto concreto entre los órganos de esa Administración (materia, territorio, jerarquía), y es irrenunciable e indisponible (art. 8 Ley 40/2015).
  • La reducción de la discrecionalidad a cero se produce cuando, en el caso concreto, solo una de las alternativas discrecionalmente posibles resulta conforme a Derecho, convirtiendo la discrecionalidad abstracta en una obligación reglada de actuar en un único sentido.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Según el tema, ¿qué elementos permanecen siempre reglados incluso en las potestades de mayor amplitud discrecional?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 19 de Inspector Trabajo?

La potestad administrativa es la técnica jurídica a través de la cual el ordenamiento atribuye a la Administración un poder de actuación genérico sobre un determinado ámbito de la realidad, en desarrollo del principio de vinculación positiva a la ley. Este tema estudia el concepto y los caracteres de la potestad, su clasificación (regladas y discrecionales, entre otras), y presta especial atención a la discrecionalidad administrativa y a las técnicas jurisprudenciales y doctrinales de control de esta, entre las que destacan el control de los elementos reglados, los principios generales del Derecho, la desviación de poder y los conceptos jurídicos indeterminados. Se trata de una de las construcciones más sofisticadas del Derecho Administrativo, pues concilia la necesidad de dejar a la Administración un margen de apreciación técnica y de oportunidad con la exigencia constitucional de control judicial pleno de toda su actuación (art. 106.1 CE).

¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?

La potestad es un poder jurídico genérico, sin sujeto pasivo ni objeto predeterminados, que genera sujeción (no obligación) en quienes quedan sometidos a ella; el derecho subjetivo presupone una relación jurídica concreta ya constituida. Las potestades son de origen exclusivamente legal, genéricas, inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles. Las potestades de supremacía general afectan a cualquier ciudadano; las de supremacía especial exigen una relación jurídica reforzada previa (funcionarios, concesionarios), sin que ello excepcione las garantías esenciales del principio de legalidad, especialmente en materia sancionadora. En las potestades regladas la norma predetermina íntegramente la decisión (subsunción); en las discrecionales deja un margen para elegir entre varias soluciones igualmente justas. No existen potestades absolutamente discrecionales: competencia, procedimiento y fin son siempre elementos reglados, aunque el contenido de la decisión no lo sea. La desviación de poder (art. 70.2 LJCA) es el ejercicio de una potestad para un fin distinto del previsto por el ordenamiento, y determina la anulabilidad del acto (art. 48.1 Ley 39/2015), incluso si el fin perseguido también fuera de interés general. Los conceptos jurídicos indeterminados (utilidad pública, riesgo grave e inminente) tienen una única solución justa en cada caso, frente a la pluralidad de soluciones válidas propia de la discrecionalidad; por ello su control judicial es pleno, sin las limitaciones del control de la discrecionalidad. La estructura del concepto jurídico indeterminado se describe en tres zonas: certeza positiva, certeza negativa y halo de incertidumbre, donde se concentra la dificultad aplicativa. El control judicial de la discrecionalidad se articula mediante los elementos reglados (competencia, procedimiento, fin), los principios generales del Derecho (proporcionalidad, buena fe, confianza legítima) y el control de los hechos determinantes. El control de los hechos determinantes verifica siempre la realidad material de los hechos, con independencia del carácter reglado o discrecional de la potestad; la discrecionalidad se proyecta solo sobre el juicio de oportunidad, nunca sobre la existencia de los hechos. La discrecionalidad técnica goza de una presunción de certeza o razonabilidad derivada de la especialización del órgano, pero admite prueba en contrario y exige motivación suficiente para permitir su control. La motivación (art. 35.1 Ley 39/2015) es exigencia expresa de los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales y de los que se aparten del criterio de actuaciones precedentes, y constituye una técnica esencial de control de la discrecionalidad. Las circulares e instrucciones (art. 6 Ley 40/2015) no son fuentes del Derecho ni son directamente recurribles, pero autolimitan de hecho la discrecionalidad administrativa por el principio de igualdad e interdicción de la arbitrariedad. El interés general es el fin reglado y transversal de toda potestad; el control de la desviación de poder verifica la coherencia entre el fin realmente perseguido y el fin específico que el ordenamiento asignó a esa potestad concreta. Existen potestades innovativas (crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, como la reglamentaria o la expropiatoria) y potestades conservativas o de tutela (comprueban o hacen respetar situaciones ya existentes, como la potestad de comprobación e inspección). La potestad es el poder genérico atribuido a la Administración como tal; la competencia es su reparto concreto entre los órganos de esa Administración (materia, territorio, jerarquía), y es irrenunciable e indisponible (art. 8 Ley 40/2015). La reducción de la discrecionalidad a cero se produce cuando, en el caso concreto, solo una de las alternativas discrecionalmente posibles resulta conforme a Derecho, convirtiendo la discrecionalidad abstracta en una obligación reglada de actuar en un único sentido.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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