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Tema 18. La relación jurídico-administrativa. El administrado. Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos: Concepto y diferencia. Clasificación de los derechos públicos subjetivos. Colaboración del administrado con la Administración.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

La relación jurídico-administrativa es el vínculo regulado por el Derecho Administrativo que se establece entre la Administración Pública, actuando revestida de sus potestades, y los administrados, portadores de derechos, deberes e intereses jurídicamente protegidos. Este tema estudia los elementos de esa relación, la figura del administrado o interesado y su capacidad de obrar, y la distinción -de enorme trascendencia práctica en el acceso a los recursos y al proceso contencioso-administrativo- entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. Se abordan también la clasificación de los derechos públicos subjetivos y los deberes de colaboración del administrado con la Administración, con particular atención al deber de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los derechos reconocidos en el art. 13 de la Ley 39/2015.

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Concepto de relación jurídico-administrativa

La relación jurídico-administrativa es aquella relación social regulada por el Derecho Administrativo en la que interviene, al menos, una Administración Pública actuando en ejercicio de potestades administrativas, y de la que derivan derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. Se diferencia de la relación jurídico-privada en que uno de los sujetos -la Administración- ocupa una posición de superioridad jurídica derivada de sus prerrogativas de autotutela, sin que ello suponga arbitrariedad, pues esa posición está siempre tasada y controlada por el ordenamiento. Puede tratarse de relaciones bilaterales (Administración-administrado, como en un procedimiento sancionador o de concesión de una ayuda), plurilaterales (con pluralidad de interesados) o incluso interadministrativas (entre distintas Administraciones Públicas, sometidas también a reglas específicas de relación como el deber de colaboración y cooperación del art. 3.1.k y Título III de la Ley 40/2015). La relación jurídico-administrativa puede nacer de un acto administrativo unilateral (una sanción, una autorización), de un contrato administrativo, de la ley directamente (relaciones ex lege, como las obligaciones tributarias) o de un hecho jurídico (un accidente que genera responsabilidad patrimonial). Su estudio permite sistematizar los sujetos, el objeto y el contenido de las posiciones jurídicas que el Derecho Administrativo atribuye a la Administración y a los particulares.

Elementos de la relación jurídico-administrativa: sujetos, objeto y contenido

Toda relación jurídico-administrativa se compone de tres elementos estructurales. Los sujetos son, de un lado, la Administración Pública (o una pluralidad de Administraciones, en relaciones interadministrativas) actuando en ejercicio de potestades públicas, y de otro, el administrado o interesado, que puede ser una persona física, jurídica, un grupo sin personalidad (comunidades de bienes, uniones temporales) o incluso otra Administración cuando actúa despojada de sus potestades exorbitantes, como sujeto pasivo frente a otra Administración superior. El objeto de la relación es el bien, la actividad, la prestación o el comportamiento sobre el que recaen los derechos y obligaciones de las partes: puede ser una prestación de dar (pago de una subvención), de hacer (prestar un servicio) o de no hacer (abstenerse de una actividad prohibida). El contenido de la relación está integrado por el conjunto de derechos, potestades, deberes, obligaciones, cargas y sujeciones que el ordenamiento atribuye recíprocamente a cada sujeto: frente a la potestad de la Administración se sitúa la sujeción del administrado (no un derecho subjetivo, sino un estado de sometimiento al ejercicio legítimo de aquella); frente al derecho subjetivo del administrado se sitúa el deber correlativo de la Administración de satisfacerlo. El estudio de estos tres elementos permite calificar jurídicamente cada situación concreta y determinar el régimen de garantías aplicable.

El administrado o interesado: concepto

El administrado es, en términos generales, toda persona física o jurídica que se relaciona con la Administración Pública sometida al Derecho Administrativo, ya sea porque promueve un procedimiento, porque resulta afectada por su resultado o porque, sin haber iniciado el procedimiento, tiene un interés legítimo en él. La Ley 39/2015 emplea preferentemente el término más técnico de "interesado", que define en su art. 4: se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. El art. 4.2 añade que las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. La condición de interesado no se identifica necesariamente con la de destinatario del acto: cabe ser interesado sin ser el destinatario directo (por ejemplo, un vecino afectado por una licencia urbanística concedida a un tercero), lo que amplía notablemente el círculo de sujetos legitimados para intervenir en el procedimiento y, después, para recurrir.

La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas

La capacidad de obrar es la aptitud para realizar por sí mismo actos con eficacia jurídica ante la Administración. El art. 3 de la Ley 39/2015 establece un criterio más amplio que el Derecho civil común: tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela (salvo el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate). Esta ampliación responde a la necesidad de facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración en ámbitos donde el ordenamiento reconoce capacidad de autodeterminación a los menores (por ejemplo, derechos laborales de los menores emancipados o con autorización para trabajar). Además de las personas físicas y jurídicas, la Ley 39/2015 (art. 3, en relación con el art. 4) reconoce capacidad de obrar a determinados entes sin personalidad jurídica cuando una ley así lo declare expresamente (uniones temporales de empresas, comunidades de bienes, herencias yacentes), en la medida en que constituyan una organización o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

La representación de los interesados en el procedimiento administrativo

Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, con quien se entenderán las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. La Ley 39/2015 regula la representación con criterios flexibles: para los actos de mero trámite se presume la representación; para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, es necesario acreditar la representación por cualquier medio válido en Derecho que dejar constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal, o a través de los registros electrónicos de apoderamientos de cada Administración. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impide que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. La Administración puede recabar de oficio la comprobación de la representación por medio de los registros electrónicos correspondientes. Esta regulación pretende equilibrar la seguridad jurídica en la actuación por representación con el principio antiformalista y de facilitación del ejercicio de derechos que inspira toda la Ley 39/2015.

Los derechos públicos subjetivos: concepto

El derecho subjetivo público, o derecho público subjetivo, es el poder jurídico concreto e individualizado que el ordenamiento reconoce a un sujeto frente a la Administración, en cuya virtud puede exigir de esta una determinada conducta (positiva o negativa) y cuyo incumplimiento le faculta para reaccionar ante los órganos administrativos y, en su caso, ante los Tribunales, obteniendo una satisfacción específica de su pretensión. A diferencia del interés legítimo, el derecho subjetivo exige una norma que atribuya de forma clara y determinada esa posición de ventaja a un sujeto concreto, de modo que la Administración se encuentra en una posición de deber jurídico correlativo (dar, hacer o no hacer) frente a ese titular específico. El reconocimiento de un derecho subjetivo comporta consecuencias procesales relevantes: legitima para exigir el cumplimiento específico de la prestación debida (y no solo la anulación del acto contrario), permite en muchos casos solicitar la ejecución forzosa a través de la propia Administración e incluso, en vía judicial, obtener una sentencia de condena a una prestación concreta, y no solo meramente anulatoria. Ejemplos característicos de derechos subjetivos frente a la Administración son el derecho a la percepción de una pensión ya reconocida, el derecho de propiedad frente a una expropiación irregular, o el derecho del funcionario a percibir sus retribuciones.

Los intereses legítimos: concepto y evolución jurisprudencial

El interés legítimo es una posición jurídica de ventaja, más amplia y menos intensa que el derecho subjetivo, que consiste en la relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de manera que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto, para el interesado, sin necesidad de que este ostente un derecho subjetivo previamente reconocido por una norma. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha ido ampliando progresivamente el concepto de interés legítimo, superando la restrictiva noción decimonónica del "interés directo", hasta configurarlo como una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión que le reporte cualquier beneficio o utilidad, incluso de naturaleza moral, profesional o económica indirecta. Esta evolución ha sido determinante para ampliar el acceso a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues el interés legítimo es el criterio general de legitimación activa tanto en el procedimiento administrativo (art. 4 Ley 39/2015) como en el proceso contencioso-administrativo (art. 19 LJCA). El interés legítimo puede ser individual (propio y exclusivo de un sujeto) o colectivo (compartido por una pluralidad de sujetos organizados, como una asociación o un sindicato, en defensa de intereses comunes a sus miembros).

Diferencia entre derecho subjetivo e interés legítimo

La distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo, aunque doctrinalmente matizada, conserva relevancia práctica. El derecho subjetivo supone una atribución normativa específica a favor de un sujeto determinado, que genera un deber correlativo y exigible en la Administración; su titular puede pretender no solo la anulación de la actuación contraria sino el reconocimiento y satisfacción efectiva de una situación jurídica individualizada (por ejemplo, el pago de una cantidad, el reconocimiento de una categoría profesional). El interés legítimo, en cambio, no exige esa atribución normativa individualizada: basta con que la anulación del acto o disposición impugnados reporte un beneficio o evite un perjuicio cierto al interesado, aunque este no sea titular de un derecho subjetivo previamente reconocido (por ejemplo, el interés del aspirante suspendido en que se anule la convocatoria de un proceso selectivo irregular). Ambas categorías coinciden, sin embargo, en su tutela procesal: la Ley 39/2015 (art. 4) y la LJCA (art. 19.1.a) reconocen legitimación tanto a los titulares de derechos subjetivos como de intereses legítimos, equiparando así -a efectos de acceso al procedimiento y al proceso- ambas posiciones jurídicas, aunque el contenido y alcance de la pretensión que se puede formular (de condena o meramente anulatoria) puede variar según se trate de uno u otro.

Los intereses simples o de mera legalidad

El interés simple, también llamado interés de mera legalidad, es aquel que ostenta cualquier ciudadano en que la Administración actúe conforme al ordenamiento jurídico, sin que su anulación le reporte un beneficio o perjuicio cierto, específico y diferenciado del que corresponde a la generalidad de los ciudadanos. Se trata del interés genérico en la buena marcha de la Administración, común a toda la colectividad, que en el Derecho español, a diferencia de otros ordenamientos que admiten con mayor amplitud la acción popular, no basta por sí solo para legitimar la impugnación de actos y disposiciones administrativas: el ordenamiento exige, con carácter general, la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo cualificado (art. 19.1.a LJCA), reservando la acción pública -que sí permite accionar sobre la base de un mero interés en la legalidad, sin necesidad de acreditar un beneficio específico- a supuestos tasados en los que una norma la reconoce expresamente (art. 19.1.h LJCA), como ocurre en materia de urbanismo, costas, patrimonio histórico o medio ambiente. La distinción entre interés simple e interés legítimo resulta, por tanto, decisiva para determinar quién puede acceder al procedimiento administrativo y a la tutela judicial, evitando una legitimación indiscriminada que colapsaría el funcionamiento de la Administración y de los Tribunales.

Los intereses colectivos y difusos

Los intereses colectivos son aquellos que corresponden a un grupo de personas más o menos determinado, unido por un vínculo jurídico o de hecho (una asociación, un colegio profesional, un sindicato, una comunidad de propietarios), y cuya defensa se atribuye normalmente a la organización que los agrupa y representa, en cuanto titular de un interés legítimo colectivo distinto de la simple suma de los intereses individuales de sus miembros; el art. 4.2 de la Ley 39/2015 reconoce expresamente esta legitimación colectiva a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales. Los intereses difusos, en cambio, corresponden a una pluralidad indeterminada de sujetos que no están organizados ni vinculados entre sí (los consumidores en general, la colectividad de vecinos de una ciudad afectados por la contaminación), lo que dificulta especialmente su defensa individual y explica que el ordenamiento articule fórmulas específicas de tutela: legitimación de asociaciones de consumidores y usuarios, acción popular en materias como el urbanismo o el medio ambiente, y mecanismos de participación pública en la elaboración de disposiciones generales (información pública, consultas previas). En el ámbito de la Inspección de Trabajo, los intereses colectivos de los trabajadores encuentran cauce, entre otros instrumentos, en la legitimación reconocida a los sindicatos y en la propia actuación de oficio de la Inspección como garante del interés general en el cumplimiento del ordenamiento social.

Clasificación de los derechos públicos subjetivos: derechos de libertad, de prestación y políticos

La doctrina clásica (siguiendo en gran medida a Jellinek y su teoría de los status) clasifica los derechos públicos subjetivos atendiendo a la posición del individuo frente al Estado. Los derechos de libertad (status libertatis) son aquellos que garantizan al ciudadano un ámbito de autonomía exento de la injerencia de los poderes públicos, correspondiendo a la Administración un deber esencialmente negativo de abstención y respeto (libertad de expresión, de circulación, de empresa, inviolabilidad del domicilio); su ejercicio frente a la Administración se traduce en el derecho a que esta no interfiera salvo habilitación legal expresa y proporcionada. Los derechos de prestación (status civitatis o status positivus) son aquellos en cuya virtud el ciudadano puede exigir de la Administración una actuación positiva, una prestación material o jurídica (derecho a la educación, a la salud, a percibir una pensión, a la tramitación de un procedimiento); son característicos del Estado social (art. 1.1 CE) y han experimentado un notable desarrollo con la expansión de la Administración prestacional. Los derechos políticos o de participación (status activae civitatis) permiten al ciudadano intervenir en la formación de la voluntad de los poderes públicos (derecho de sufragio, de petición, de participación en asuntos públicos del art. 23 CE, de acceso a cargos y funciones públicas). A esta clasificación tripartita se añaden hoy los derechos de participación procedimental (audiencia, información, acceso al expediente), propios y específicos del Derecho Administrativo contemporáneo.

La legitimación activa en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso-administrativo

La legitimación activa determina quién puede válidamente iniciar, intervenir o impugnar en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial. En el procedimiento administrativo, el art. 4 de la Ley 39/2015 reconoce la condición de interesado -y por tanto legitimación- a los promotores del procedimiento, a los titulares de derechos que puedan verse afectados y a los titulares de intereses legítimos, individuales o colectivos, que se personen antes de la resolución definitiva. En el proceso contencioso-administrativo, el art. 19.1 LJCA sigue un criterio equivalente: están legitimadas las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo, las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos afectados o legalmente habilitados para la defensa de derechos e intereses colectivos, la Administración autora de un acto que pretenda demandar su propia anulación (lesividad), y quien ejercite la acción popular en los casos expresamente previstos por la ley. Esta homogeneidad de criterios entre la vía administrativa y la judicial responde a la lógica de que quien tuvo legitimación para intervenir en el procedimiento debe, en principio, conservarla para recurrir en vía administrativa y, agotada esta, para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa, garantizando así la continuidad del control de la actuación administrativa a lo largo de todo el itinerario de garantías del ciudadano.

Los deberes del administrado frente a la Administración

Frente a los derechos del administrado, el ordenamiento le impone también determinados deberes y cargas en sus relaciones con la Administración Pública. Entre los deberes generales cabe citar el deber de veracidad en las declaraciones y comunicaciones dirigidas a la Administración (cuya infracción puede acarrear responsabilidad, incluida la penal en casos de falsedad), el deber de colaborar facilitando la información y documentación que la Administración precise en el ejercicio de sus potestades de comprobación e inspección, el deber de comparecencia cuando sea legalmente requerido, y el deber de soportar las cargas tributarias y las obligaciones específicas derivadas de la actividad que se desarrolla (licencias, autorizaciones, comunicaciones previas). En el ámbito sociolaboral, los sujetos obligados (empresarios, trabajadores por cuenta propia, entidades gestoras y colaboradoras) están sujetos a deberes específicos de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: exhibir la documentación laboral y de Seguridad Social requerida, facilitar el acceso a los centros de trabajo, comparecer ante el inspector actuante y no obstruir su labor, bajo pena de incurrir en infracción por obstrucción a la labor inspectora. Estos deberes no son meras cargas unilaterales, sino el correlato lógico de las potestades de comprobación que el ordenamiento atribuye a la Administración para verificar el cumplimiento de la legalidad y proteger, en última instancia, el propio interés general y los derechos de terceros.

La colaboración y participación ciudadana en la actuación administrativa

El principio de participación ciudadana en los asuntos públicos, con fundamento en el art. 9.2 y en el art. 23.1 CE, se proyecta sobre la actuación administrativa a través de diversas técnicas. En el procedimiento de elaboración de normas, la Ley 39/2015 (art. 133) y la Ley 50/1997, del Gobierno (art. 26), prevén la consulta pública previa, la audiencia e información pública y la publicación del proyecto normativo, permitiendo a los ciudadanos, organizaciones y asociaciones formular observaciones antes de su aprobación. En el procedimiento administrativo singular, la participación se articula mediante el trámite de información pública (art. 83 Ley 39/2015), que permite a cualquier persona, sea o no interesada, formular alegaciones dentro del plazo señalado, sin que ello le confiera por sí solo la condición de interesado salvo que aporte datos que muestren un interés legítimo propio. Existen además cauces de colaboración institucionalizada, como los órganos consultivos con participación de agentes sociales (Consejo Económico y Social, mesas de diálogo social), los consejos de participación sectorial, y las fórmulas de colaboración social en la gestión administrativa reguladas en la normativa de Seguridad Social. Esta participación no sustituye a la potestad decisoria de la Administración, que conserva la responsabilidad última de la decisión, pero enriquece el acierto técnico y la legitimación democrática de la actuación administrativa.

El deber de colaboración con la Inspección y las Administraciones Públicas

El deber de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social constituye una manifestación cualificada del deber general de colaboración de los ciudadanos con la Administración, reforzado por la naturaleza de orden público de la normativa sociolaboral cuya vigilancia se encomienda a este cuerpo. La Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y su normativa de desarrollo imponen a los sujetos responsables (empresarios, trabajadores autónomos, entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social, y en general cualquier persona obligada por las normas de orden social) el deber de comparecer, aportar datos, exhibir documentos, permitir el acceso a los centros y lugares de trabajo, y no obstaculizar de forma alguna la labor de comprobación e investigación de los funcionarios actuantes. Este deber de colaboración se extiende también a otras Administraciones y organismos públicos, que están obligados a facilitar a la Inspección cuanta información y documentación sea necesaria para el ejercicio de la función inspectora, en aplicación del principio general de cooperación interadministrativa (art. 141 Ley 40/2015). El incumplimiento de estos deberes de colaboración por parte de los sujetos obligados constituye una infracción autónoma tipificada en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), independiente de las infracciones sustantivas que la actuación inspectora pretendiera comprobar, reforzando así la eficacia de la función inspectora como garantía del cumplimiento del ordenamiento social.

La obligación de facilitar información y documentación a la Administración

Vinculada al deber general de colaboración, existe una obligación específica de los ciudadanos y entidades de facilitar a la Administración la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones, ya sea a requerimiento expreso en el curso de un procedimiento (aportación de pruebas, subsanación de solicitudes) o de forma proactiva cuando una norma sectorial así lo impone (obligaciones de declaración, comunicación o registro). En el marco del principio de simplificación administrativa que inspira la Ley 39/2015, esta obligación se ha visto modulada por el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración (art. 28.2 y 28.3 Ley 39/2015), correspondiendo en tal caso a la propia Administración recabarlos de oficio o por medios electrónicos, salvo oposición expresa del interesado o cuando una ley especial exija su aportación. No obstante, esta facilitación no exime al ciudadano de su deber de colaboración cuando la Administración, en ejercicio de potestades de comprobación e inspección, requiera información que solo el propio administrado puede aportar (documentación interna de la empresa, libros de matrícula de personal, registros de jornada), deber cuyo incumplimiento puede constituir, como se ha señalado, una infracción autónoma en el ámbito del orden social.

El derecho de petición (art. 29 CE) como forma de relación con la Administración

El derecho de petición, reconocido en el art. 29 CE a todos los españoles, individual y colectivamente, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley, constituye una de las formas más antiguas de relación entre el ciudadano y los poderes públicos, y se desarrolla actualmente por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. Se caracteriza por permitir a cualquier persona dirigirse a las Administraciones Públicas y a otros poderes en relación con cualquier asunto de interés general, particular, individual o colectivo, sin necesidad de ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimo específico, lo que lo diferencia netamente de la solicitud iniciadora de un procedimiento administrativo ordinario: mientras esta última se sustancia por el cauce del procedimiento correspondiente y genera un derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo, la petición graciable solo genera el deber de la Administración de acusar recibo, de declarar su admisión o inadmisión motivadamente, y de comunicar al peticionario, en el plazo de tres meses, la decisión adoptada, sin que exista obligación de acceder a lo solicitado ni de proporcionar una resolución sobre el fondo del asunto planteado. Los miembros de las Fuerzas e Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

La acción pública en determinadas materias: urbanismo y medio ambiente

La acción pública constituye una excepción legal al criterio general de legitimación basado en el derecho subjetivo o el interés legítimo, al permitir a cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar un interés cualificado, exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales el cumplimiento de la legislación en determinadas materias de especial trascendencia colectiva. El art. 19.1.h de la LJCA reconoce legitimación a quien ejercite la acción popular en los casos en que esta sea reconocida expresamente por la ley. Los supuestos más característicos son el urbanismo (la legislación estatal y autonómica de suelo reconoce tradicionalmente acción pública para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales la observancia de la legislación y de los instrumentos de planeamiento urbanístico), el medio ambiente (con particular desarrollo tras la incorporación del Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, que reconoce acción pública en materia de responsabilidad medioambiental y en determinados procedimientos de evaluación ambiental), el patrimonio histórico-artístico y, en algunos ordenamientos autonómicos, la costa. La acción pública se fundamenta en la especial relevancia del bien jurídico protegido, cuya defensa no puede quedar exclusivamente en manos de quienes ostenten un interés particular, sino que se abre a la colectividad en su conjunto como garantía reforzada de legalidad, sin perjuicio de que su ejercicio deba ajustarse a las reglas procedimentales y procesales ordinarias.

Los derechos de los ciudadanos reconocidos en el art. 13 de la Ley 39/2015

El art. 13 de la Ley 39/2015 recoge un catálogo de derechos que corresponden a quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, con independencia de que ostenten o no la condición de interesados en un procedimiento concreto. Entre ellos destacan: el derecho a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico y a través de otros registros; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos; a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; a acceder a la información pública, archivos y registros de acuerdo con la Constitución y la legislación de transparencia; a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos; a exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente; a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica; a la protección de datos de carácter personal; y, en general, cualesquiera otros derechos reconocidos por la Constitución y las leyes. Estos derechos, de carácter transversal y aplicable a cualquier relación con la Administración, se distinguen de los derechos específicos de los interesados en el procedimiento administrativo (art. 53 Ley 39/2015), aunque ambos catálogos se complementan y refuerzan mutuamente en la construcción de un estatuto jurídico completo del ciudadano frente a la Administración.

El derecho a no aportar documentos ya presentados ante la Administración

El art. 28 de la Ley 39/2015 desarrolla, dentro del catálogo de derechos de los interesados, el principio de no duplicidad documental, íntimamente conectado con el principio de simplificación administrativa y con la interoperabilidad entre Administraciones. Conforme a su apartado 2, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que el interesado se oponga a ello expresamente. La propia Administración actuante debe recabar tales documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas habilitados al efecto, salvo que exista oposición expresa del interesado o que una ley especial exija su aportación (art. 28.3). El apartado 3 añade además que las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. El apartado 5 dispone que se presume que la consulta u obtención de estos documentos por la Administración es autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo en ese caso solicitar el consentimiento correspondiente. Este derecho constituye una de las manifestaciones más prácticas del principio antiburocrático de la Ley 39/2015.

El principio de buena fe y de confianza legítima en las relaciones entre el administrado y la Administración

El principio de buena fe y el principio de confianza legítima, hoy positivizados expresamente en el art. 3.1.e) de la Ley 40/2015 como principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, constituyen límites materiales que modulan el ejercicio de las potestades administrativas en beneficio de la posición jurídica del administrado. La buena fe exige a ambas partes de la relación jurídico-administrativa un comportamiento leal, coherente y desprovisto de artificios o reservas mentales, proscribiendo el ejercicio de derechos o potestades de forma contraria a los propios actos anteriores (doctrina de los actos propios) o con abuso manifiesto de la posición de superioridad que ostenta la Administración. El principio de confianza legítima, de origen en la jurisprudencia alemana y recibido tempranamente por el TJUE como principio general del Derecho de la Unión, protege específicamente las expectativas razonables y fundadas que un administrado haya podido generarse a partir de actuaciones previas, consentidas o toleradas por la Administración (informaciones, prácticas reiteradas, actos propios), de modo que esta no pueda modificar de forma brusca e imprevisible su criterio sin arbitrar mecanismos adecuados de transición o, en su caso, de indemnización, cuando ello suponga defraudar una confianza objetivamente fundada en la razonabilidad del comportamiento administrativo anterior. Ambos principios, aunque no equivalen a un derecho subjetivo a la inmutabilidad de la actuación administrativa -la Administración puede modificar legítimamente sus criterios por razones de interés general, motivándolo adecuadamente-, sí operan como un parámetro reforzado de control de la discrecionalidad y como posible fundamento de responsabilidad patrimonial (art. 32 Ley 40/2015) cuando la ruptura de la confianza legítima cause un daño antijurídico al administrado.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La relación jurídico-administrativa exige que uno de los sujetos sea una Administración Pública actuando en ejercicio de potestades, lo que la diferencia de una relación jurídico-privada ordinaria.
  • Sus elementos son sujetos (Administración y administrado), objeto (prestación, bien o comportamiento) y contenido (derechos, potestades, deberes y sujeciones recíprocos).
  • El art. 4 de la Ley 39/2015 define como interesados a quienes promueven el procedimiento, a quienes pueden verse afectados por él sin haberlo iniciado, y a quienes se personan defendiendo un interés legítimo antes de la resolución definitiva.
  • El art. 3 de la Ley 39/2015 amplía la capacidad de obrar civil ordinaria reconociendo capacidad a los menores para el ejercicio de derechos que el ordenamiento les permite ejercitar sin asistencia.
  • La falta o insuficiencia de acreditación de la representación es subsanable en un plazo de diez días (o superior si las circunstancias lo requieren) sin perjuicio de tener por realizado el acto.
  • El derecho subjetivo exige atribución normativa individualizada y genera un deber correlativo exigible, incluida en su caso una pretensión de condena; el interés legítimo basta con que la anulación del acto reporte un beneficio o evite un perjuicio cierto.
  • La jurisprudencia ha ampliado progresivamente el interés legítimo, superando el antiguo criterio restrictivo del "interés directo".
  • El interés simple o de mera legalidad no legitima, por sí solo, para recurrir en España, salvo en los supuestos tasados de acción pública (art. 19.1.h LJCA).
  • Los intereses colectivos corresponden a un grupo organizado (asociaciones, sindicatos) y los difusos a una pluralidad indeterminada de sujetos no organizados; el art. 4.2 Ley 39/2015 reconoce legitimación colectiva a asociaciones representativas.
  • La clasificación clásica de Jellinek distingue derechos de libertad (abstención de la Administración), de prestación (exigir una actuación positiva) y políticos (participación en la formación de la voluntad pública).
  • La legitimación activa es homogénea entre el procedimiento administrativo (art. 4 Ley 39/2015) y el proceso contencioso-administrativo (art. 19 LJCA): derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo.
  • Los sujetos obligados tienen un deber reforzado de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (exhibir documentación, permitir el acceso a centros de trabajo, comparecer), cuyo incumplimiento es infracción autónoma en la LISOS.
  • El principio de participación ciudadana se articula mediante la consulta pública previa y la información pública en la elaboración de normas (arts. 133 y 26 Ley 39/2015) y el trámite de información pública en procedimientos singulares (art. 83 Ley 39/2015).
  • El derecho de petición (art. 29 CE, LO 4/2001) no exige derecho subjetivo ni interés legítimo, y solo genera el deber de acusar recibo, admitir o inadmitir motivadamente, y comunicar la decisión en tres meses, sin obligación de resolver sobre el fondo.
  • La acción pública es una excepción legal a la legitimación ordinaria, reconocida en materias tasadas como urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico, al amparo del art. 19.1.h LJCA.
  • El art. 13 de la Ley 39/2015 reconoce un catálogo de derechos generales de cualquier persona con capacidad de obrar ante la Administración, distinto del catálogo específico de derechos del interesado en el procedimiento (art. 53 Ley 39/2015).
  • El art. 28 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho a no aportar documentos ya presentados o elaborados por otra Administración, que esta debe recabar de oficio salvo oposición expresa del interesado o exigencia legal especial.
  • Se presume autorizada la consulta de datos y documentos por la Administración (art. 28.5 Ley 39/2015), salvo oposición expresa constatada en el expediente o exigencia legal de consentimiento expreso.
  • Buena fe y confianza legítima (art. 3.1.e Ley 40/2015): protegen las expectativas razonables generadas por actuaciones previas de la Administración; no impiden que esta cambie de criterio por interés general motivado, pero su ruptura injustificada puede fundamentar responsabilidad patrimonial.
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Conforme al art. 28 de la Ley 39/2015, los interesados:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 18 de Inspector Trabajo?

La relación jurídico-administrativa es el vínculo regulado por el Derecho Administrativo que se establece entre la Administración Pública, actuando revestida de sus potestades, y los administrados, portadores de derechos, deberes e intereses jurídicamente protegidos. Este tema estudia los elementos de esa relación, la figura del administrado o interesado y su capacidad de obrar, y la distinción -de enorme trascendencia práctica en el acceso a los recursos y al proceso contencioso-administrativo- entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. Se abordan también la clasificación de los derechos públicos subjetivos y los deberes de colaboración del administrado con la Administración, con particular atención al deber de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los derechos reconocidos en el art. 13 de la Ley 39/2015.

¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?

La relación jurídico-administrativa exige que uno de los sujetos sea una Administración Pública actuando en ejercicio de potestades, lo que la diferencia de una relación jurídico-privada ordinaria. Sus elementos son sujetos (Administración y administrado), objeto (prestación, bien o comportamiento) y contenido (derechos, potestades, deberes y sujeciones recíprocos). El art. 4 de la Ley 39/2015 define como interesados a quienes promueven el procedimiento, a quienes pueden verse afectados por él sin haberlo iniciado, y a quienes se personan defendiendo un interés legítimo antes de la resolución definitiva. El art. 3 de la Ley 39/2015 amplía la capacidad de obrar civil ordinaria reconociendo capacidad a los menores para el ejercicio de derechos que el ordenamiento les permite ejercitar sin asistencia. La falta o insuficiencia de acreditación de la representación es subsanable en un plazo de diez días (o superior si las circunstancias lo requieren) sin perjuicio de tener por realizado el acto. El derecho subjetivo exige atribución normativa individualizada y genera un deber correlativo exigible, incluida en su caso una pretensión de condena; el interés legítimo basta con que la anulación del acto reporte un beneficio o evite un perjuicio cierto. La jurisprudencia ha ampliado progresivamente el interés legítimo, superando el antiguo criterio restrictivo del "interés directo". El interés simple o de mera legalidad no legitima, por sí solo, para recurrir en España, salvo en los supuestos tasados de acción pública (art. 19.1.h LJCA). Los intereses colectivos corresponden a un grupo organizado (asociaciones, sindicatos) y los difusos a una pluralidad indeterminada de sujetos no organizados; el art. 4.2 Ley 39/2015 reconoce legitimación colectiva a asociaciones representativas. La clasificación clásica de Jellinek distingue derechos de libertad (abstención de la Administración), de prestación (exigir una actuación positiva) y políticos (participación en la formación de la voluntad pública). La legitimación activa es homogénea entre el procedimiento administrativo (art. 4 Ley 39/2015) y el proceso contencioso-administrativo (art. 19 LJCA): derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo. Los sujetos obligados tienen un deber reforzado de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (exhibir documentación, permitir el acceso a centros de trabajo, comparecer), cuyo incumplimiento es infracción autónoma en la LISOS. El principio de participación ciudadana se articula mediante la consulta pública previa y la información pública en la elaboración de normas (arts. 133 y 26 Ley 39/2015) y el trámite de información pública en procedimientos singulares (art. 83 Ley 39/2015). El derecho de petición (art. 29 CE, LO 4/2001) no exige derecho subjetivo ni interés legítimo, y solo genera el deber de acusar recibo, admitir o inadmitir motivadamente, y comunicar la decisión en tres meses, sin obligación de resolver sobre el fondo. La acción pública es una excepción legal a la legitimación ordinaria, reconocida en materias tasadas como urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico, al amparo del art. 19.1.h LJCA. El art. 13 de la Ley 39/2015 reconoce un catálogo de derechos generales de cualquier persona con capacidad de obrar ante la Administración, distinto del catálogo específico de derechos del interesado en el procedimiento (art. 53 Ley 39/2015). El art. 28 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho a no aportar documentos ya presentados o elaborados por otra Administración, que esta debe recabar de oficio salvo oposición expresa del interesado o exigencia legal especial. Se presume autorizada la consulta de datos y documentos por la Administración (art. 28.5 Ley 39/2015), salvo oposición expresa constatada en el expediente o exigencia legal de consentimiento expreso. Buena fe y confianza legítima (art. 3.1.e Ley 40/2015): protegen las expectativas razonables generadas por actuaciones previas de la Administración; no impiden que esta cambie de criterio por interés general motivado, pero su ruptura injustificada puede fundamentar responsabilidad patrimonial.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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