Tema 3. La organización de los Poderes en la Constitución española de 1978. Estudio especial de la Corona. Las funciones del Rey en la Constitución española de 1978. El refrendo.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
Este tema desarrolla, de una parte, el principio de división de poderes tal y como se articula en la Constitución de 1978 dentro de una forma de gobierno de Monarquía parlamentaria, y de otra, con especial detalle, la institución de la Corona: su naturaleza jurídica, el orden sucesorio, la Regencia y la tutela, y el catálogo tasado de funciones que la Constitución atribuye al Rey. El estudio se cierra con el refrendo, mecanismo que traslada la responsabilidad de los actos regios a los órganos que los refrendan y que es la pieza técnica que hace compatible la irresponsabilidad del Rey con el principio democrático.
Es un tema clásico de Derecho Constitucional, de contenido muy cerrado y objetivo (numeración de artículos del Título II, sujetos del refrendo, actos exentos), lo que lo convierte en fuente frecuente de preguntas de precisión en el examen A1. Aunque la Corona tiene una proyección práctica menor sobre la actividad ordinaria de la Inspección de Trabajo, su dominio es indispensable para entender el reparto constitucional de poderes en el que se inserta toda la organización administrativa posterior.
El principio de separación de poderes en la Constitución
La Constitución de 1978 organiza el poder del Estado conforme al clásico principio de separación de poderes, atribuyendo la función legislativa a las Cortes Generales, la función ejecutiva al Gobierno y la función judicial a Juzgados y Tribunales, cada una regulada en un título distinto (III, IV y VI, respectivamente). Se trata, no obstante, de una separación atenuada y no rígida, propia de las formas de gobierno parlamentarias: el Gobierno nace de la confianza del Congreso de los Diputados y responde solidariamente ante él de su gestión política, de modo que legislativo y ejecutivo mantienen vínculos de colaboración, control recíproco y dependencia funcional (moción de censura, cuestión de confianza, disolución de las Cámaras). El poder judicial, por el contrario, permanece como un poder estrictamente separado e independiente de los otros dos, sin relación de confianza ni de control político, sometido únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE), lo que constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y de la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos frente a cualquier poder, incluidos los otros dos poderes del Estado.
Poder legislativo: las Cortes Generales
El Título III de la Constitución atribuye a las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado, la representación del pueblo español, y les asigna el ejercicio de la potestad legislativa del Estado, la aprobación de sus Presupuestos Generales, el control de la acción del Gobierno y las demás competencias que les atribuye la Constitución. Son, por tanto, un órgano bicameral, si bien de bicameralismo imperfecto o asimétrico, dado el predominio funcional del Congreso de los Diputados sobre el Senado, tanto en el procedimiento legislativo ordinario como, de forma muy destacada, en la investidura del Presidente del Gobierno y en el control político del Ejecutivo, funciones estas últimas en las que el Senado carece de intervención directa. Las Cortes Generales son inviolables (art. 66.3 CE) y gozan de autonomía normativa (Reglamentos parlamentarios propios de cada Cámara), presupuestaria y de autogobierno respecto de su personal, como manifestación del respeto a la separación de poderes frente a una eventual injerencia del Ejecutivo o del Poder Judicial en su funcionamiento interno.
Poder ejecutivo: el Gobierno
El Título IV de la Constitución (arts. 97 a 107) regula el Gobierno, órgano constitucional al que corresponde dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE). El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley, y dirige su acción de forma colegiada a través del Consejo de Ministros, respondiendo solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados, sin perjuicio de la responsabilidad individual de cada uno de sus miembros por su gestión propia. El Gobierno constituye la cúspide de la organización de la Administración Pública, de modo que el estudio de la Ley 40/2015 y de la organización de la Administración General del Estado (Ministros, Secretarios de Estado, órganos directivos) parte precisamente de la posición constitucional del Gobierno como órgano director de toda la Administración.
Poder judicial: Juzgados y Tribunales
El Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127) atribuye en exclusiva a Juzgados y Tribunales determinados por las leyes el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan (art. 117.3 CE). Los jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE), garantías que protegen su independencia frente a los otros poderes del Estado y frente a presiones externas de cualquier naturaleza. El gobierno del Poder Judicial no corresponde al Ejecutivo, sino a un órgano constitucional específico, el Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE), precisamente para blindar la independencia judicial frente a cualquier injerencia gubernamental en el estatuto de jueces y magistrados. El estudio detallado de la organización judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el propio Consejo General del Poder Judicial se desarrolla en el tema específico dedicado al Poder Judicial.
La Corona: naturaleza y regulación en el Título II CE
El Título II de la Constitución (arts. 56 a 65) regula la Corona, institución que ostenta la Jefatura del Estado español y que se configura como una Monarquía hereditaria y vitalicia. Se trata de un título breve pero de gran densidad jurídica, que regula sucesivamente la naturaleza y funciones del Rey (art. 56), el orden de sucesión (art. 57), el estatuto del consorte y de la Reina consorte (art. 58), la Regencia (art. 59), la tutela del Rey menor (art. 60), el juramento del Rey y del Príncipe heredero (art. 61), las funciones del Rey (arts. 62 y 63), el refrendo (art. 64) y la dotación económica de la Casa Real (art. 65). A diferencia de otros títulos constitucionales que regulan órganos colegiados o pluripersonales, la Corona es un órgano unipersonal, cuyo titular no es elegido sino que accede al cargo por vía hereditaria, lo que exige una regulación jurídica particularmente precisa de su posición institucional, sus límites de actuación y las garantías de su irresponsabilidad política.
El Rey como Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia
El art. 56.1 CE define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Esta caracterización combina una dimensión simbólica —el Rey representa la continuidad histórica y la unidad del Estado por encima de la alternancia de los gobiernos y de la pluralidad territorial y política—, una dimensión arbitral y moderadora —de naturaleza más política que jurídica, sin capacidad decisoria propia, que se ejerce mediante el consejo, la estimulación y la advertencia a los demás poderes del Estado en el ejercicio de sus funciones de representación—, y una dimensión estrictamente jurídica, limitada a las funciones tasadas que la propia Constitución y las leyes le atribuyen expresamente, sin que quepa reconocerle poderes implícitos o residuales más allá de los enumerados.
La sucesión a la Corona: orden sucesorio (art. 57 CE)
El art. 57.1 CE establece que la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica, y que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Esta preferencia del varón sobre la mujer en igual grado, pese a haber sido objeto de propuestas de reforma para introducir la igualdad de género en la sucesión, sigue siendo en la actualidad el texto vigente del precepto, al no haberse llegado a tramitar ninguna reforma constitucional en tal sentido. El art. 57.3 CE prevé que, extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
La Regencia
La Regencia es la institución constitucional que suple al Rey en el ejercicio de sus funciones cuando este es menor de edad o cuando queda inhabilitado para el ejercicio de su autoridad y esta imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales. Conforme al art. 59 CE, en caso de minoría de edad del Rey, ejercerá inmediatamente la Regencia el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución; para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey, lo que evidencia que quien ostenta la Regencia no sustituye la titularidad de la Corona, sino únicamente el ejercicio material de sus funciones durante el período correspondiente.
La tutela del Rey menor de edad
El art. 60 CE regula la tutela del Rey menor, distinta de la Regencia en cuanto que aquella atiende al cuidado y educación de la persona del Rey menor de edad, mientras que la Regencia se ocupa del ejercicio de sus funciones institucionales. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiere nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, si bien no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. El precepto añade una garantía de neutralidad institucional al disponer que el ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política, precaución dirigida a evitar que la formación y educación del futuro monarca quede condicionada por intereses partidistas concretos durante su minoría de edad.
Inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey (art. 56.3 CE)
El art. 56.3 CE proclama que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Esta doble garantía constituye el correlato lógico del carácter hereditario, vitalicio y no electivo de la Jefatura del Estado: puesto que el Rey no es elegido ni responde políticamente ante ningún órgano representativo, no puede tampoco ser sometido a responsabilidad jurídica —ni civil, ni penal, ni política— por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. La inviolabilidad implica además la imposibilidad de dirigir contra el Rey ninguna acción judicial, ni siquiera ante los tribunales ordinarios, por actuaciones realizadas en su condición de Jefe del Estado. Esta irresponsabilidad no supone, sin embargo, que los actos del Rey queden desprovistos de todo control: el mismo art. 56.3 CE añade que sus actos estarán siempre refrendados, en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 relativo al nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa.
Funciones del Rey en relación con las Cortes Generales: sanción y promulgación de leyes, convocatoria de elecciones, disolución de las Cámaras
El art. 62 CE atribuye al Rey, entre otras, diversas funciones en relación con las Cortes Generales. Le corresponde sancionar y promulgar las leyes en el plazo de quince días desde su aprobación definitiva por las Cortes (art. 62.a, en relación con el art. 91 CE), acto de naturaleza reglada y no discrecional, que no supone un veto regio sino un trámite formal de perfeccionamiento de la ley. Le corresponde asimismo convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución (art. 62.b), función que ejerce siempre a propuesta del Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros (art. 115 CE), sin que quepa la disolución durante la vigencia de un estado de excepción o sitio, ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, salvo lo dispuesto en el art. 99 CE para el caso de investidura fallida. Además convoca a referéndum en los casos previstos en la Constitución (art. 62.c), siempre por propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
Funciones del Rey en relación con el Gobierno: propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno
El art. 62 CE atribuye igualmente al Rey funciones en relación con el Gobierno. Le corresponde proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución (art. 62.d), proceso regulado con detalle en el art. 99 CE: tras cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, que debe someterse a la investidura del Congreso mediante mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda votación, celebrada cuarenta y ocho horas después de la primera. Le corresponde también nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente (art. 62.e). En ambos casos se trata de actos formalmente regios pero materialmente reglados, condicionados por la previa decisión política del Congreso o del propio Presidente del Gobierno.
Funciones del Rey en las relaciones internacionales: acreditación de embajadores y manifestación del consentimiento del Estado
El art. 63 CE atribuye al Rey un conjunto de funciones en el ámbito de las relaciones internacionales, coherentes con su condición de más alta representación del Estado español en dicho ámbito (art. 56.1 CE). Le corresponde acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante él (art. 63.1). Le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes (art. 63.2), función que se ejerce siempre previa autorización de las Cortes Generales en los supuestos del art. 94 CE (tratados de carácter político o militar, que afecten a la integridad territorial o a derechos fundamentales, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública, o que supongan modificación o derogación de una ley). Le corresponde, finalmente, declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales (art. 63.3), función de contenido hoy meramente residual dado el marco constitucional y las obligaciones internacionales de España en materia de seguridad colectiva.
El mando supremo de las Fuerzas Armadas
El art. 62.h CE atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, previsión que debe interpretarse en el marco general de la Corona como institución desprovista de capacidad de decisión política autónoma: se trata de un mando de naturaleza simbólica y representativa, no de un mando efectivo u operativo sobre las Fuerzas Armadas, cuya dirección real corresponde al Gobierno, y en particular al Ministerio de Defensa, en el ejercicio de la función ejecutiva que le atribuye el art. 97 CE. Esta atribución simbólica conecta con la función arbitral y moderadora del Rey del art. 56.1 CE y con su papel de símbolo de la unidad del Estado, proyectado en este caso sobre la institución militar, garantizando la subordinación de las Fuerzas Armadas a un poder ajeno a la disputa partidista cotidiana. En todo caso, cualquier acto regio relativo a las Fuerzas Armadas que tuviera trascendencia jurídica externa requeriría el correspondiente refrendo del Presidente del Gobierno o del Ministro de Defensa, conforme a las reglas generales del art. 64 CE.
El derecho de gracia
El art. 62.i CE atribuye al Rey el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. El derecho de gracia se instrumenta fundamentalmente a través de la institución del indulto, regulada en una ley preconstitucional de 1870 aún vigente en lo esencial, que permite la remisión total o parcial de la pena impuesta por sentencia firme, o su conmutación por otra menos grave, por razones de justicia, equidad o utilidad pública. Se trata, al igual que el resto de funciones regias, de un acto formalmente atribuido al Rey pero materialmente decidido por el Gobierno, puesto que el indulto se concede mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, previo expediente instruido al efecto e informe del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal; el Rey se limita a la firma formal del decreto, que en todo caso requiere el preceptivo refrendo del Ministro de Justicia, quien asume la responsabilidad jurídica y política de la decisión. La prohibición constitucional expresa de indultos generales busca evitar el uso de esta figura como amnistía encubierta.
El Alto Patronazgo de las Reales Academias
El art. 62.j CE atribuye al Rey el Alto Patronazgo de las Reales Academias, función de contenido esencialmente honorífico y representativo que carece de trascendencia jurídica material y que no requiere el ejercicio de potestad alguna de dirección o control sobre estas instituciones, dedicadas al cultivo, fomento e investigación en diversos ámbitos científicos, artísticos y culturales (como la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia o la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, entre otras). Esta función se sitúa en la misma línea que otras funciones representativas y simbólicas del Rey, vinculadas a su papel de símbolo de la unidad y permanencia del Estado y de vínculo institucional con las tradiciones culturales de la nación, y no comparte la naturaleza jurídico-política de las funciones reguladas en los apartados anteriores del mismo art. 62 CE, en la medida en que no implica intervención alguna en el funcionamiento de otros poderes del Estado ni decisión política de fondo alguna, por lo que su ejercicio no plantea especiales problemas de refrendo o de responsabilidad.
El refrendo: concepto y naturaleza jurídica
El refrendo es la institución jurídica, regulada en el art. 64 CE, en cuya virtud los actos del Rey son autorizados mediante la firma de otra autoridad, que de esta manera asume la responsabilidad jurídica y política de dichos actos, dado que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3 CE). El refrendo cumple así una doble función: de un lado, es requisito de validez del acto regio, careciendo de eficacia jurídica cualquier acto del Rey no refrendado, salvo las excepciones expresamente previstas; de otro, es la técnica que traslada la responsabilidad del acto desde el Rey, irresponsable, hacia el órgano refrendante, que sí puede ser objeto de control político y jurídico. Se trata de una institución de raíz histórica en el constitucionalismo monárquico, que en el modelo español contemporáneo permite hacer compatibles la pervivencia de una Jefatura del Estado hereditaria con los principios propios de un régimen democrático y parlamentario, en el que todo poder debe estar sometido a algún tipo de responsabilidad y control.
Sujetos que refrendan los actos del Rey: Presidente del Gobierno, Ministros, Presidente del Congreso
El art. 64 CE determina quiénes están habilitados para refrendar los actos del Rey. Con carácter general, los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, siendo esta la regla ordinaria aplicable a la mayor parte de las funciones del art. 62 CE. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, así como la disolución prevista en el art. 99 CE (disolución automática de las Cámaras cuando, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso), serán refrendados por el Presidente del Congreso, siendo este el único supuesto en que el refrendo corresponde a una autoridad parlamentaria y no al Ejecutivo, precisamente porque en ese momento no existe todavía un Presidente del Gobierno en funciones plenas que pueda asumir dicho refrendo. Esta atribución diferenciada del refrendo pone de manifiesto que la institución no es un mero formalismo, sino que responde a un reparto material de responsabilidad coherente con la naturaleza de cada acto regio concreto.
Efectos del refrendo: traslado de la responsabilidad al órgano refrendante
El efecto jurídico esencial del refrendo, conforme al art. 64.2 CE, es que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, trasladando así íntegramente la responsabilidad jurídica y política del acto regio hacia el órgano o autoridad refrendante. Esta consecuencia es el correlato necesario de la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey proclamada en el art. 56.3 CE: si el Rey no puede ser sometido a responsabilidad por sus actos, es preciso que exista siempre otro sujeto que sí pueda serlo, para evitar que determinadas decisiones formalmente atribuidas a la Corona queden desprovistas de todo control jurídico o político. Además de este efecto de imputación de responsabilidad, el refrendo constituye un requisito de validez del propio acto regio: sin refrendo, salvo las excepciones tasadas del art. 65.2 CE, el acto del Rey carece de eficacia jurídica y no despliega efectos frente a terceros, lo que en la práctica supone que ninguna decisión regia de trascendencia jurídica puede adoptarse sin la previa conformidad del órgano llamado a refrendarla, reforzando así el carácter estrictamente reglado de las funciones del Rey.
Actos del Rey exentos de refrendo: distribución de la Casa Real
El art. 65.2 CE establece la única excepción expresa a la exigencia general de refrendo de los actos del Rey, al disponer que el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Esta previsión se enmarca en el art. 65 CE, dedicado a la Casa del Rey, y responde a la idea de que la organización interna de dicha Casa —el conjunto de servicios que rodean y asisten personalmente al Jefe del Estado en el ejercicio de sus funciones de representación— pertenece al ámbito estrictamente doméstico y personal de la institución regia, sin trascendencia política externa que justifique la intervención de un órgano refrendante. Se trata de la única quiebra al principio general de que ningún acto del Rey puede producir efectos jurídicos sin refrendo, por lo que su interpretación debe ser estricta, limitada exclusivamente al nombramiento y cese del personal de la Casa Real, sin que quepa extenderla por analogía a ningún otro ámbito de actuación regia, todos los cuales permanecen sujetos a la exigencia general de refrendo del art. 64 CE.
La Casa Real y su presupuesto
El art. 65.1 CE dispone que el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. Esta previsión garantiza la independencia económica de la Corona respecto de asignaciones puntuales o discrecionales del Gobierno, al fijarse la dotación mediante una partida global consignada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuya distribución interna corresponde en exclusiva al propio Rey, sin necesidad de refrendo ni de rendición de cuentas pormenorizada ante otros poderes del Estado en cuanto a dicha distribución interna, más allá de los controles generales de transparencia y fiscalización que se han ido reforzando en los últimos años mediante normativa de desarrollo e instrucciones internas de la propia Casa de S.M. el Rey. La Casa del Rey es el organismo que, con la organización que libremente establezca el Monarca, tiene a su cargo el servicio de la Alta Institución que representa y la asistencia protocolaria, administrativa y de cualquier otro orden al Jefe del Estado, tanto español como extranjero.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La separación de poderes en la CE es atenuada entre legislativo y ejecutivo (confianza parlamentaria) pero estricta respecto del poder judicial.
El Gobierno se compone de Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (art. 98 CE).
La Corona se regula en el Título II (arts. 56 a 65 CE): naturaleza y funciones (56), sucesión (57), consorte (58), Regencia (59), tutela (60), juramento (61), funciones (62-63), refrendo (64) y Casa Real (65).
El orden sucesorio del art. 57.1 CE sigue vigente con preferencia del varón sobre la mujer en igual grado; no se ha reformado la Constitución en este punto.
La Regencia se ejerce siempre en nombre del Rey, por minoría de edad o inhabilitación reconocida por las Cortes; puede ser designada por las Cortes (1, 3 o 5 personas) si no hay pariente llamado.
La tutela del Rey menor (cuidado y educación) es distinta de la Regencia (ejercicio de funciones); ambos cargos solo pueden acumularse en el padre, madre o ascendientes directos.
El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3 CE); sus actos requieren siempre refrendo salvo la excepción del art. 65.2.
La sanción y promulgación de leyes por el Rey es un acto reglado, en el plazo de 15 días desde la aprobación definitiva por las Cortes.
La propuesta de disolución de las Cámaras corresponde exclusivamente al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad (art. 115 CE).
La propuesta de candidato a Presidente del Gobierno y su nombramiento son actos regios refrendados excepcionalmente por el Presidente del Congreso, no por el Presidente del Gobierno.
Los tratados internacionales de los tipos del art. 94 CE requieren previa autorización de las Cortes Generales antes de que el Rey manifieste el consentimiento del Estado.
El mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62.h) es simbólico; la dirección efectiva corresponde al Gobierno.
El derecho de gracia (indulto) no puede autorizar indultos generales; se concede por Real Decreto en Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Justicia.
El Alto Patronazgo de las Reales Academias es una función meramente honorífica sin trascendencia jurídico-política.
El refrendo (art. 64 CE) es requisito de validez del acto regio y traslada la responsabilidad al órgano refrendante.
La regla general de refrendo es Presidente del Gobierno y/o Ministros competentes; la excepción es el Presidente del Congreso (propuesta/nombramiento de Presidente del Gobierno y disolución del art. 99).
El único acto del Rey exento de refrendo es el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2 CE).
La dotación de la Casa Real es una cantidad global de los Presupuestos Generales del Estado que el Rey distribuye libremente (art. 65.1 CE).
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Pregunta 1 de 100 aciertos
La separación de poderes en la Constitución de 1978 es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Inspector Trabajo?
Este tema desarrolla, de una parte, el principio de división de poderes tal y como se articula en la Constitución de 1978 dentro de una forma de gobierno de Monarquía parlamentaria, y de otra, con especial detalle, la institución de la Corona: su naturaleza jurídica, el orden sucesorio, la Regencia y la tutela, y el catálogo tasado de funciones que la Constitución atribuye al Rey. El estudio se cierra con el refrendo, mecanismo que traslada la responsabilidad de los actos regios a los órganos que los refrendan y que es la pieza técnica que hace compatible la irresponsabilidad del Rey con el principio democrático.
Es un tema clásico de Derecho Constitucional, de contenido muy cerrado y objetivo (numeración de artículos del Título II, sujetos del refrendo, actos exentos), lo que lo convierte en fuente frecuente de preguntas de precisión en el examen A1. Aunque la Corona tiene una proyección práctica menor sobre la actividad ordinaria de la Inspección de Trabajo, su dominio es indispensable para entender el reparto constitucional de poderes en el que se inserta toda la organización administrativa posterior.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
La separación de poderes en la CE es atenuada entre legislativo y ejecutivo (confianza parlamentaria) pero estricta respecto del poder judicial. El Gobierno se compone de Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (art. 98 CE). La Corona se regula en el Título II (arts. 56 a 65 CE): naturaleza y funciones (56), sucesión (57), consorte (58), Regencia (59), tutela (60), juramento (61), funciones (62-63), refrendo (64) y Casa Real (65). El orden sucesorio del art. 57.1 CE sigue vigente con preferencia del varón sobre la mujer en igual grado; no se ha reformado la Constitución en este punto. La Regencia se ejerce siempre en nombre del Rey, por minoría de edad o inhabilitación reconocida por las Cortes; puede ser designada por las Cortes (1, 3 o 5 personas) si no hay pariente llamado. La tutela del Rey menor (cuidado y educación) es distinta de la Regencia (ejercicio de funciones); ambos cargos solo pueden acumularse en el padre, madre o ascendientes directos. El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3 CE); sus actos requieren siempre refrendo salvo la excepción del art. 65.2. La sanción y promulgación de leyes por el Rey es un acto reglado, en el plazo de 15 días desde la aprobación definitiva por las Cortes. La propuesta de disolución de las Cámaras corresponde exclusivamente al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad (art. 115 CE). La propuesta de candidato a Presidente del Gobierno y su nombramiento son actos regios refrendados excepcionalmente por el Presidente del Congreso, no por el Presidente del Gobierno. Los tratados internacionales de los tipos del art. 94 CE requieren previa autorización de las Cortes Generales antes de que el Rey manifieste el consentimiento del Estado. El mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62.h) es simbólico; la dirección efectiva corresponde al Gobierno. El derecho de gracia (indulto) no puede autorizar indultos generales; se concede por Real Decreto en Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Justicia. El Alto Patronazgo de las Reales Academias es una función meramente honorífica sin trascendencia jurídico-política. El refrendo (art. 64 CE) es requisito de validez del acto regio y traslada la responsabilidad al órgano refrendante. La regla general de refrendo es Presidente del Gobierno y/o Ministros competentes; la excepción es el Presidente del Congreso (propuesta/nombramiento de Presidente del Gobierno y disolución del art. 99). El único acto del Rey exento de refrendo es el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2 CE). La dotación de la Casa Real es una cantidad global de los Presupuestos Generales del Estado que el Rey distribuye libremente (art. 65.1 CE).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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