Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
El tema desarrolla el Poder Judicial desde su regulación constitucional en el Título VI de la CE (arts. 117 a 127) hasta su desarrollo en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con especial atención al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Es un tema de máxima actualidad en esta convocatoria porque la organización territorial de la Justicia española ha cambiado de forma estructural: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sustituyó, con efectos desde el 31 de diciembre de 2025, los antiguos Juzgados unipersonales (de Instrucción, de lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Violencia sobre la Mujer, de lo Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social) por un único Tribunal de Instancia por partido judicial, organizado internamente en Secciones especializadas por materia (arts. 84 a 96 LOPJ), sin que este cambio afecte a las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo.
Para el Inspector de Trabajo y Seguridad Social este tema tiene un interés reforzado, dado que buena parte de la actividad inspectora culmina, en caso de conflicto, ante el orden jurisdiccional social, hoy organizado como Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, y dado que el conocimiento preciso de la nueva arquitectura judicial es indispensable para no arrastrar en el examen la terminología y la estructura anteriores a la reforma.
El Poder Judicial en el Título VI de la Constitución
El Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127) regula el Poder Judicial, configurándolo como un poder del Estado ejercido por Juzgados y Tribunales, sometido en exclusiva al imperio de la ley e independiente de los otros dos poderes clásicos. El precepto de apertura, el art. 117.1 CE, proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta fórmula combina la legitimación democrática de la función judicial (emana del pueblo) con su ejercicio formal en nombre del Jefe del Estado, y enuncia las cuatro notas características del estatuto judicial: independencia frente a injerencias externas, inamovilidad como garantía frente a remociones arbitrarias, responsabilidad por el ejercicio de la función y sometimiento exclusivo a la ley. El Título VI se completa con la regulación del principio de unidad jurisdiccional y de exclusividad (art. 117.3 a 117.5), el Ministerio Fiscal (art. 124), la participación popular mediante el Jurado (art. 125), la Policía Judicial (art. 126) y el Consejo General del Poder Judicial (art. 122).
El principio de unidad jurisdiccional
El art. 117.5 CE consagra el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, lo que significa que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado se atribuye en exclusiva a los órganos integrados en el Poder Judicial del Estado, sin que puedan existir jurisdicciones especiales o de excepción al margen de dicha organización unitaria, salvo las excepciones tasadas por la propia Constitución. El propio precepto reconoce como única excepción constitucionalmente admitida la jurisdicción militar, cuyo ejercicio se circunscribe estrictamente al ámbito castrense y a los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. El principio de unidad jurisdiccional excluye igualmente la existencia de tribunales de excepción, proscritos expresamente en el art. 117.6 CE, así como cualquier forma de jurisdicción corporativa o gremial ajena a la organización judicial ordinaria. Este principio no impide, sin embargo, la especialización de órganos judiciales por razón de la materia dentro de la propia organización judicial ordinaria, como sucede con las Secciones especializadas del actual Tribunal de Instancia.
El principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional
El art. 117.3 CE dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Este principio de exclusividad opera en una doble dirección: en sentido positivo, únicamente los órganos integrados en el Poder Judicial pueden ejercer la función jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado, sin que otros poderes públicos —Administración, Legislativo— puedan asumir dicha función; en sentido negativo, los Juzgados y Tribunales no ejercen más funciones que las estrictamente jurisdiccionales y las que expresamente se les atribuyan en garantía de cualquier derecho (art. 117.4 CE), como el Registro Civil mientras no se complete su desjudicialización, o determinadas funciones de jurisdicción voluntaria. Este principio constituye una garantía esencial frente a la Administración, cuyos actos y disposiciones están siempre sujetos a control por los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que la propia Administración pueda erigirse en juez de sus propios actos con efectos jurisdiccionales.
Garantías de la independencia judicial: inamovilidad e incompatibilidades
La independencia judicial, proclamada en el art. 117.1 CE, se articula a través de un conjunto de garantías concretas desarrolladas en la LOPJ. La inamovilidad implica que los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley, lo que impide su remoción discrecional por el Gobierno o por cualquier otra autoridad y constituye la garantía estructural más importante frente a presiones externas sobre el ejercicio de la función jurisdiccional. El régimen de incompatibilidades impide a Jueces y Magistrados en activo desempeñar otros cargos públicos, afiliarse a partidos políticos o sindicatos, o ejercer actividades profesionales o mercantiles incompatibles con su función, salvo la docencia o investigación jurídica y determinadas actividades literarias, científicas o artísticas, con la finalidad de preservar su imparcialidad y su desvinculación de intereses ajenos a la función judicial. A estas garantías se suman la responsabilidad disciplinaria tasada, exigible únicamente conforme al procedimiento y por las causas previstas en la LOPJ, y el estatuto retributivo, que impide la fijación de retribuciones vinculadas a resultados o rendimiento que pudieran condicionar la independencia de criterio.
La Ley Orgánica del Poder Judicial: objeto y estructura
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), desarrolla el mandato constitucional del Título VI, regulando con detalle la organización y funcionamiento de Juzgados y Tribunales, el estatuto de Jueces y Magistrados, el gobierno del Poder Judicial a través del Consejo General del Poder Judicial, el personal al servicio de la Administración de Justicia y otros aspectos institucionales. La LOPJ ha sido objeto de sucesivas reformas de gran calado, entre las que destaca en esta convocatoria la operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que ha reestructurado por completo la planta judicial de primera instancia, sustituyendo los antiguos Juzgados unipersonales por el Tribunal de Instancia como órgano judicial único de ámbito de partido judicial, organizado en Secciones especializadas, con efectos desde el 31 de diciembre de 2025. La LOPJ se estructura en un Título Preliminar y varios Libros dedicados sucesivamente a la organización territorial y órganos judiciales, a la planta y demarcación, al gobierno del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal, al estatuto de Jueces y Magistrados, y al personal al servicio de la Administración de Justicia.
Organización territorial de la Administración de Justicia: Juzgados de Paz, de Primera Instancia e Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo
La organización judicial española se asienta sobre las demarcaciones de municipio, partido judicial, provincia, Comunidad Autónoma y todo el territorio nacional. En el escalón más próximo al ciudadano, los antiguos Juzgados de Paz han sido sustituidos, en los municipios donde no tenga su sede un Tribunal de Instancia, por las Oficinas de Justicia en el Municipio, que amplían de forma notable el catálogo de servicios y gestiones que venían prestando los Juzgados de Paz (entre ellos, trámites por medios telemáticos), si bien al frente de cada Oficina sigue estando la figura del Juez de Paz, y su secretaría se nutre del personal del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2025, implantada de forma escalonada a lo largo de 2025 (fases el 1 de julio, el 1 de octubre y, de forma definitiva, el 31 de diciembre de ese año), sustituyó los antiguos Juzgados unipersonales de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de Violencia sobre la Mujer y de lo Mercantil por un único Tribunal de Instancia por cada partido judicial (art. 84 LOPJ), que se organiza internamente en Secciones especializadas por materia (arts. 85 a 96 LOPJ), dirigido por un Presidente de dicho Tribunal. Por encima de este nuevo Tribunal de Instancia, la estructura permanece inalterada: las Audiencias Provinciales conocen fundamentalmente en apelación y de determinadas causas penales en primera instancia; los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma; la Audiencia Nacional tiene competencias especializadas de ámbito estatal; y el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
Los órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social
La LOPJ organiza el ejercicio de la potestad jurisdiccional en cuatro órdenes jurisdiccionales, en función de la naturaleza de las pretensiones que conocen. El orden civil es el orden jurisdiccional común o general, que conoce de las materias que le son propias y de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional, actuando como orden residual. El orden penal conoce de las causas y juicios criminales, con la excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. El orden contencioso-administrativo conoce de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. El orden social, de especial relevancia para la Inspección de Trabajo, conoce de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como de las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral. Con la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, estos cuatro órdenes se administran, en el escalón de instancia, a través de las correspondientes Secciones especializadas del Tribunal de Instancia.
El Ministerio Fiscal
El art. 124 CE configura el Ministerio Fiscal como el órgano encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad, principios estos últimos que matizan la dependencia jerárquica interna, garantizando que la actuación del fiscal se ajuste siempre a la ley y no a criterios de oportunidad política. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Su régimen orgánico y funcional se contiene en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/1981, distinto de la LOPJ, si bien ambas normas guardan una estrecha relación de complementariedad en la ordenación del sistema de Administración de Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza y regulación constitucional (art. 122 CE)
El art. 122.2 CE crea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el órgano de gobierno del Poder Judicial, cuya Ley Orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Su creación responde a la necesidad de sustraer el gobierno interno de la carrera judicial —nombramientos, ascensos, régimen disciplinario— de cualquier injerencia del Poder Ejecutivo, como garantía institucional de la independencia judicial proclamada en el art. 117.1 CE: de este modo, la Administración de Justicia cuenta con un órgano de autogobierno propio, ajeno a la estructura jerárquica de la Administración General del Estado y a la dirección política del Gobierno. El CGPJ no ejerce función jurisdiccional alguna —esta corresponde en exclusiva a Jueces y Magistrados integrados en Juzgados y Tribunales—, sino exclusivamente funciones de gobierno y administración del estatuto de la carrera judicial, por lo que no debe confundirse con un órgano jurisdiccional ni con un Tribunal Supremo administrativo de los jueces.
Composición del CGPJ: Presidente y veinte vocales
El art. 122.3 CE dispone que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos veinte vocales, doce deben ser Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, y los ocho restantes son elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, cuatro por cada Cámara, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión. Esta composición mixta pretende combinar la representación de la propia carrera judicial con la legitimidad democrática que aporta la intervención de las Cortes Generales, sin que ello suponga en ningún caso atribuir al CGPJ funciones jurisdiccionales, que permanecen reservadas en exclusiva a Jueces y Magistrados. El mandato de cinco años de los vocales, no coincidente necesariamente con las legislaturas de las Cortes Generales, busca dotar al órgano de una cierta estabilidad institucional frente a los cambios de mayoría parlamentaria.
El sistema de elección de los vocales del CGPJ
El sistema de elección de los veinte vocales del CGPJ ha sido objeto de sucesivas reformas legales desde la aprobación de la LOPJ en 1985, en el marco del debate sobre el modelo de designación que mejor garantiza tanto la legitimidad democrática del órgano como la independencia de la carrera judicial frente a una eventual politización. El sistema de elección parlamentaria por mayoría de tres quintos de todos los vocales (los doce de procedencia judicial y los ocho juristas), a razón de la mitad por cada Cámara, procede ya de la propia LOPJ de 1985 y fue precisado después por la Ley Orgánica 2/2001 (que generalizó dicha mayoría reforzada de tres quintos en ambas Cámaras) y por la Ley Orgánica 4/2013 (que simplificó el sistema de presentación de candidaturas judiciales mediante el aval de veinticinco compañeros o de una asociación profesional). La Ley Orgánica 4/2021 no modificó este procedimiento de elección: se limitó a restringir las facultades de nombramiento de altos cargos judiciales de un CGPJ en funciones por expiración de su mandato. A fecha de esta revisión sigue vigente el sistema de elección parlamentaria por mayoría de tres quintos de los veinte vocales; no obstante, dado que ha sido objeto de intenso debate político e institucional (incluidas recomendaciones europeas para que los vocales judiciales sean elegidos por sus pares), conviene verificar en fuentes oficiales actualizadas si se ha producido alguna reforma legal posterior sobre el procedimiento concreto de elección.
Funciones del CGPJ: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario
El art. 122.2 CE atribuye al CGPJ, en particular, las funciones de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados, funciones que la LOPJ desarrolla y completa con otras competencias de gobierno del Poder Judicial. En materia de nombramientos, corresponde al CGPJ la propuesta o el nombramiento directo de determinados cargos judiciales de especial relevancia, como las Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, de Audiencias Provinciales o del propio Tribunal de Instancia, así como de los Magistrados del Tribunal Supremo, y la resolución de los concursos de traslado dentro de la carrera judicial. La función de inspección permite al CGPJ supervisar el funcionamiento de Juzgados y Tribunales para verificar el correcto desempeño de la función jurisdiccional y detectar disfunciones organizativas. El régimen disciplinario habilita al CGPJ para instruir y resolver los expedientes disciplinarios contra Jueces y Magistrados por las faltas tipificadas en la LOPJ, con las correspondientes garantías procedimentales. Además de estas funciones nucleares, el CGPJ elabora un informe anual sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y Tribunales, que eleva a las Cortes Generales.
El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ
El Presidente del Tribunal Supremo ostenta al mismo tiempo, por atribución constitucional expresa (art. 123.2 y 122.3 CE), la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial, acumulando así la más alta representación judicial del Estado con la presidencia del órgano de gobierno de la carrera judicial. Es elegido por el propio Pleno del Consejo General del Poder Judicial, con la mayoría reforzada que establece la LOPJ, entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en su profesión, y su nombramiento se formaliza mediante Real Decreto del Rey. Como Presidente del Tribunal Supremo, preside la Sala de Gobierno de dicho Tribunal y ostenta la representación del Poder Judicial en su conjunto; como Presidente del CGPJ, dirige las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente de este órgano, y ejerce las funciones de representación institucional del Consejo. Esta doble condición explica que, en el ordenamiento español, no exista una figura separada de Presidente del Tribunal Supremo distinta de quien preside el órgano de gobierno judicial, a diferencia de otros modelos comparados.
La carrera judicial: ingreso y categorías
La LOPJ organiza la carrera judicial en tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez, correspondiendo el acceso a esta última categoría, la de ingreso, a quienes superan la oposición y el curso de selección correspondiente organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y la Escuela Judicial. El ingreso en la carrera judicial se produce, con carácter general, mediante oposición libre entre quienes sean licenciados o graduados en Derecho, seguida de un curso teórico y práctico de selección en la Escuela Judicial; junto a esta vía ordinaria, la LOPJ prevé también el acceso por la categoría de Magistrado mediante concurso entre juristas de reconocida competencia con determinados años de ejercicio profesional (el llamado cuarto turno), como vía complementaria de acceso a la carrera judicial que no exige superar la oposición libre. El ascenso dentro de la carrera judicial, de la categoría de Juez a la de Magistrado y de esta a la de Magistrado del Tribunal Supremo, se produce conforme a los criterios de antigüedad y méritos previstos en la LOPJ, y corresponde al CGPJ la resolución de los correspondientes procedimientos de provisión de plazas y ascensos.
El Jurado como forma de participación popular en la Administración de Justicia
El art. 125 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. Este mandato constitucional se desarrolla mediante la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, que atribuye a un Jurado compuesto por ciudadanos legos en Derecho, seleccionados aleatoriamente entre el censo electoral, la función de emitir veredicto sobre la culpabilidad o inocencia del acusado en determinados delitos tasados por la propia ley (fundamentalmente delitos contra las personas, cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, contra el honor, o de incendios, entre otros), correspondiendo después a un Magistrado-Presidente, miembro de la carrera judicial, dictar la sentencia sobre la base de dicho veredicto, imponiendo en su caso la pena correspondiente. Se trata de la principal manifestación de la participación popular directa en la Administración de Justicia, distinta de la acción popular, que permite a cualquier ciudadano ejercitar la acción penal sin necesidad de ser perjudicado por el delito.
La responsabilidad del Estado por error judicial
El art. 121 CE establece que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Se trata de un supuesto específico de responsabilidad patrimonial de la Administración, distinto del régimen general aplicable a la actuación administrativa ordinaria, que exige un procedimiento particular desarrollado en la LOPJ: para el error judicial, es preciso obtener previamente una decisión judicial que reconozca expresamente dicho error, mediante una acción de revisión o de declaración específica; para el funcionamiento anormal, no es necesaria dicha declaración previa, bastando con acreditar el funcionamiento anormal y el nexo causal con el daño producido. En ambos casos, la reclamación de la correspondiente indemnización se dirige ante el Ministerio de Justicia, siguiendo el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, y su denegación es recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, no ante el orden civil ni el social, lo que constituye una peculiaridad frecuentemente objeto de examen.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita
El art. 119 CE reconoce que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Este derecho se desarrolla en la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que reconoce a las personas físicas y, en determinados supuestos, a determinadas personas jurídicas sin ánimo de lucro, el derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador, la exención del pago de tasas judiciales cuando existan, la exención de depósitos necesarios para la interposición de recursos, y la asistencia pericial gratuita en determinados casos, entre otros beneficios, previa acreditación de insuficiencia de recursos económicos conforme a los umbrales legalmente establecidos. En el orden social, de especial interés para la actuación de la Inspección de Trabajo por su relación con los litigios laborales, las personas trabajadoras gozan de un régimen de gratuidad reforzado, con reconocimiento automático del beneficio de justicia gratuita en determinados supuestos, sin necesidad de acreditar previamente la insuficiencia de recursos económicos en todos los casos previstos en la legislación procesal laboral.
El principio de publicidad de las actuaciones judiciales
El art. 120 CE establece tres garantías procesales de gran relevancia: las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento; el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. El principio de publicidad cumple una doble función: de un lado, actúa como garantía individual del justiciable frente a una justicia secreta o arbitraria; de otro, constituye un mecanismo de control social sobre la actuación de Jueces y Tribunales, permitiendo que la ciudadanía pueda conocer y fiscalizar el modo en que se administra justicia en su nombre. Las excepciones a la publicidad, siempre de interpretación restrictiva, se justifican por razones de orden público, protección de la intimidad de las partes, especialmente en procesos que afectan a menores, o protección de otros derechos e intereses legítimos tasados por la ley procesal correspondiente. La motivación de las sentencias, por su parte, es una exigencia derivada también del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
La cosa juzgada
La cosa juzgada es el efecto jurídico propio de las resoluciones judiciales firmes, es decir, aquellas frente a las que no cabe recurso alguno, ordinario ni extraordinario, ya sea porque se han agotado todos los previstos legalmente o porque ha transcurrido el plazo para interponerlos sin haberlo hecho. La doctrina distingue tradicionalmente entre la cosa juzgada formal, que impide que la resolución pueda ser modificada o revisada dentro del propio proceso en que se dictó, dotándola de firmeza dentro de ese procedimiento concreto; y la cosa juzgada material, que despliega sus efectos fuera del proceso en que se dictó la resolución, impidiendo que pueda sustanciarse un nuevo proceso posterior sobre el mismo objeto entre las mismas partes (efecto negativo o excluyente) y vinculando a los tribunales de procesos posteriores conexos al contenido de lo ya resuelto (efecto positivo o prejudicial). La cosa juzgada es una manifestación directa del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE y de la propia función jurisdiccional del art. 117.3 CE, garantizando la definitividad de las decisiones judiciales frente a la posibilidad de reapertura indefinida de los litigios ya resueltos.
La potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
El art. 117.3 CE define la potestad jurisdiccional como la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Esta fórmula pone de manifiesto que la función jurisdiccional no se agota en el momento de dictar la resolución (juzgar), sino que se extiende también a garantizar su cumplimiento efectivo (ejecutar lo juzgado), incluyendo la facultad de adoptar cuantas medidas sean necesarias para la efectividad de las resoluciones, incluso frente a la resistencia del obligado. La ejecución de las resoluciones judiciales firmes corresponde en todo caso al Juzgado o Tribunal que hubiera conocido del asunto en primera o única instancia, salvo las excepciones legalmente previstas, y comprende tanto la ejecución de sentencias de condena de contenido patrimonial (embargo y realización de bienes) como la ejecución de sentencias de condena de hacer, no hacer o dar cosa determinada, pudiendo llegarse, en su caso, a la imposición de multas coercitivas o a la deducción de testimonio por un eventual delito de desobediencia. Esta atribución constitucional impide que otros poderes públicos puedan paralizar o dejar sin efecto la ejecución de una resolución judicial firme.
Las Salas de Gobierno de los Tribunales
La LOPJ atribuye funciones de gobierno interno de determinados órganos judiciales a las llamadas Salas de Gobierno, constituidas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, integradas por su Presidente, que las preside, y por Presidentes de Sala y Magistrados, en la composición y con las funciones que determina la LOPJ. Las Salas de Gobierno ejercen funciones de gobierno interno de dichos órganos, distintas de las funciones jurisdiccionales propiamente dichas, tales como la aprobación de las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones, la fijación de los turnos de guardia, la elaboración de propuestas de modificación de la planta judicial, la resolución de determinados permisos y licencias de Jueces y Magistrados, o el ejercicio de determinadas facultades disciplinarias de primer grado, sin perjuicio de las competencias superiores del CGPJ en esta materia. Se trata, por tanto, de órganos de autogobierno judicial de ámbito más reducido que el propio CGPJ, que actúan como una suerte de correa de transmisión entre la organización territorial concreta de cada Tribunal y el órgano central de gobierno del Poder Judicial.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 117.1 CE resume el estatuto judicial en cuatro notas: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento único al imperio de la ley.
Unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE): única excepción constitucional expresa es la jurisdicción militar en el ámbito castrense; prohibidos los tribunales de excepción (art. 117.6 CE).
Exclusividad (art. 117.3 y 117.4 CE): solo Juzgados y Tribunales juzgan y ejecutan lo juzgado; pueden además ejercer funciones no jurisdiccionales expresamente atribuidas en garantía de derechos.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sustituyó, en implantación escalonada completada el 31 de diciembre de 2025, los Juzgados unipersonales por un Tribunal de Instancia único por partido judicial, organizado en Secciones especializadas (arts. 84-96 LOPJ); los antiguos Juzgados de Paz fueron sustituidos por las Oficinas de Justicia en el Municipio (con un Juez de Paz al frente).
Tras la reforma, las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo mantienen su estructura y no se ven afectados.
Los cuatro órdenes jurisdiccionales son civil (común/residual), penal, contencioso-administrativo y social; este último es el de mayor interés para la Inspección de Trabajo.
El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sujeto siempre a legalidad e imparcialidad (art. 124 CE); su Fiscal General es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.
El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122 CE), sin funciones jurisdiccionales propias.
Composición del CGPJ: Presidente del Tribunal Supremo (que lo preside) más 20 vocales por 5 años: 12 de la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, 4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado.
El sistema de elección parlamentaria de los 20 vocales por mayoría de 3/5 en cada Cámara procede de la LOPJ de 1985 (precisado por LO 2/2001 y LO 4/2013); la LO 4/2021 solo restringió los nombramientos de un CGPJ en funciones, no el sistema de elección. Verificar cualquier cambio legal posterior antes del examen.
Funciones nucleares del CGPJ: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados (art. 122.2 CE).
El Presidente del Tribunal Supremo preside también el CGPJ (no existen dos personas distintas para ambos cargos).
La carrera judicial tiene tres categorías: Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo; el ingreso ordinario es por oposición libre y curso en la Escuela Judicial, y existe una vía de acceso directo a Magistrado por el cuarto turno.
El Jurado (art. 125 CE, LO 5/1995) conoce solo de los delitos tasados por la ley; el veredicto lo emite el Jurado y la sentencia la dicta un Magistrado-Presidente.
La responsabilidad del Estado por error judicial (art. 121 CE) exige declaración judicial previa del error; el funcionamiento anormal no la exige; la reclamación se sustancia ante el Ministerio de Justicia y es revisable en el orden contencioso-administrativo.
El art. 119 CE reconoce la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos; los trabajadores tienen un régimen reforzado en el orden social.
El art. 120 CE exige publicidad de las actuaciones (salvo excepciones legales), procedimiento predominantemente oral y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
La cosa juzgada formal opera dentro del mismo proceso; la cosa juzgada material despliega efecto excluyente (no cabe nuevo proceso) y efecto prejudicial o positivo sobre procesos conexos posteriores.
Las Salas de Gobierno (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia) ejercen funciones de gobierno interno distintas de las jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias superiores del CGPJ.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, el Tribunal de Instancia sustituyó a los antiguos Juzgados unipersonales. ¿Qué órganos NO se vieron afectados por esta reforma, manteniendo su estructura?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Inspector Trabajo?
El tema desarrolla el Poder Judicial desde su regulación constitucional en el Título VI de la CE (arts. 117 a 127) hasta su desarrollo en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con especial atención al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Es un tema de máxima actualidad en esta convocatoria porque la organización territorial de la Justicia española ha cambiado de forma estructural: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sustituyó, con efectos desde el 31 de diciembre de 2025, los antiguos Juzgados unipersonales (de Instrucción, de lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Violencia sobre la Mujer, de lo Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social) por un único Tribunal de Instancia por partido judicial, organizado internamente en Secciones especializadas por materia (arts. 84 a 96 LOPJ), sin que este cambio afecte a las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo.
Para el Inspector de Trabajo y Seguridad Social este tema tiene un interés reforzado, dado que buena parte de la actividad inspectora culmina, en caso de conflicto, ante el orden jurisdiccional social, hoy organizado como Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, y dado que el conocimiento preciso de la nueva arquitectura judicial es indispensable para no arrastrar en el examen la terminología y la estructura anteriores a la reforma.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
El art. 117.1 CE resume el estatuto judicial en cuatro notas: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento único al imperio de la ley. Unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE): única excepción constitucional expresa es la jurisdicción militar en el ámbito castrense; prohibidos los tribunales de excepción (art. 117.6 CE). Exclusividad (art. 117.3 y 117.4 CE): solo Juzgados y Tribunales juzgan y ejecutan lo juzgado; pueden además ejercer funciones no jurisdiccionales expresamente atribuidas en garantía de derechos. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sustituyó, en implantación escalonada completada el 31 de diciembre de 2025, los Juzgados unipersonales por un Tribunal de Instancia único por partido judicial, organizado en Secciones especializadas (arts. 84-96 LOPJ); los antiguos Juzgados de Paz fueron sustituidos por las Oficinas de Justicia en el Municipio (con un Juez de Paz al frente). Tras la reforma, las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo mantienen su estructura y no se ven afectados. Los cuatro órdenes jurisdiccionales son civil (común/residual), penal, contencioso-administrativo y social; este último es el de mayor interés para la Inspección de Trabajo. El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sujeto siempre a legalidad e imparcialidad (art. 124 CE); su Fiscal General es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122 CE), sin funciones jurisdiccionales propias. Composición del CGPJ: Presidente del Tribunal Supremo (que lo preside) más 20 vocales por 5 años: 12 de la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, 4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado. El sistema de elección parlamentaria de los 20 vocales por mayoría de 3/5 en cada Cámara procede de la LOPJ de 1985 (precisado por LO 2/2001 y LO 4/2013); la LO 4/2021 solo restringió los nombramientos de un CGPJ en funciones, no el sistema de elección. Verificar cualquier cambio legal posterior antes del examen. Funciones nucleares del CGPJ: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados (art. 122.2 CE). El Presidente del Tribunal Supremo preside también el CGPJ (no existen dos personas distintas para ambos cargos). La carrera judicial tiene tres categorías: Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo; el ingreso ordinario es por oposición libre y curso en la Escuela Judicial, y existe una vía de acceso directo a Magistrado por el cuarto turno. El Jurado (art. 125 CE, LO 5/1995) conoce solo de los delitos tasados por la ley; el veredicto lo emite el Jurado y la sentencia la dicta un Magistrado-Presidente. La responsabilidad del Estado por error judicial (art. 121 CE) exige declaración judicial previa del error; el funcionamiento anormal no la exige; la reclamación se sustancia ante el Ministerio de Justicia y es revisable en el orden contencioso-administrativo. El art. 119 CE reconoce la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos; los trabajadores tienen un régimen reforzado en el orden social. El art. 120 CE exige publicidad de las actuaciones (salvo excepciones legales), procedimiento predominantemente oral y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública. La cosa juzgada formal opera dentro del mismo proceso; la cosa juzgada material despliega efecto excluyente (no cabe nuevo proceso) y efecto prejudicial o positivo sobre procesos conexos posteriores. Las Salas de Gobierno (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia) ejercen funciones de gobierno interno distintas de las jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias superiores del CGPJ.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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