Tema 32. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba su estatuto. Funciones.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, constituye la norma que, por primera vez en el ordenamiento español, reconoce con carácter general el derecho de cualquier persona a acceder a la información en poder de las Administraciones públicas y del resto del sector público, y que impone a estas un conjunto de obligaciones de publicidad activa y de buen gobierno. La ley se estructura en tres títulos: transparencia de la actividad pública (publicidad activa y derecho de acceso a la información pública), buen gobierno, y la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano independiente encargado de promover la transparencia, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar el derecho de acceso.
El Estatuto de dicho Consejo, aprobado inicialmente por Real Decreto 919/2014 y sustituido más recientemente por el Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, actualiza su organización y funcionamiento manteniendo su naturaleza de organismo público con personalidad jurídica propia dotado de independencia funcional plena respecto de las Administraciones públicas. El conocimiento de esta materia es relevante para cualquier empleado público, en la medida en que la Ley 19/2013 les afecta tanto en su condición de sujetos obligados a la publicidad activa como en su eventual condición de solicitantes del derecho de acceso a la información pública.
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: objeto y estructura
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tiene por objeto, conforme a su artículo 1, ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. La ley se estructura en tres títulos: el Título I, "Transparencia de la actividad pública", que a su vez se divide en un capítulo de disposiciones generales sobre ámbito de aplicación, un capítulo sobre publicidad activa y un capítulo sobre el derecho de acceso a la información pública; el Título II, "Buen gobierno", que establece los principios de actuación de los altos cargos y el régimen de infracciones y sanciones aplicable a su incumplimiento; y el Título III, que regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, su naturaleza, composición y funciones. La norma responde a una demanda social de mayor control y escrutinio ciudadano sobre la actividad de los poderes públicos, situándose en la línea de las legislaciones de transparencia más avanzadas de nuestro entorno europeo e internacional, y ha sido posteriormente desarrollada y complementada por numerosas leyes autonómicas de transparencia que, respetando el carácter básico de buena parte de su contenido, han introducido en ocasiones obligaciones y garantías adicionales en sus respectivos ámbitos territoriales.
Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013
El artículo 2 de la Ley 19/2013 delimita su ámbito subjetivo de aplicación, que resulta muy amplio y comprende, en primer lugar, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades que integran la Administración Local, y las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. Se extiende, en segundo lugar, a los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas. Comprende, en tercer lugar, a las corporaciones de derecho público (Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio) en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo; a la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Finalmente, se extiende también a las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria, las fundaciones del sector público y las asociaciones constituidas por Administraciones, organismos y entidades del artículo 2, así como a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, y a las entidades privadas perceptoras de subvenciones públicas en cuantía superior a los umbrales establecidos.
La publicidad activa: concepto y contenidos mínimos institucionales, organizativos, jurídicos y económicos
El Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013 (arts. 5 a 11) regula la publicidad activa, entendida como la obligación de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación de hacer pública, de forma periódica y actualizada, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, sin necesidad de que medie solicitud alguna por parte de los ciudadanos, a diferencia del derecho de acceso, que exige petición individualizada. El artículo 5.4 exige que esta información se publique en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible para los interesados, y preferiblemente en formatos reutilizables. El contenido mínimo de la publicidad activa se organiza en tres bloques: información institucional, organizativa y de planificación (funciones, normativa aplicable, estructura organizativa, planes y programas anuales y plurianuales, con sus objetivos concretos y grado de cumplimiento, art. 6); información de relevancia jurídica (directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos, anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos cuya iniciativa corresponda al sujeto obligado, memorias e informes conformantes de los expedientes de elaboración de los textos normativos, art. 7); e información económica, presupuestaria y estadística (contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales, retribuciones de altos cargos, declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales, art. 8).
Los límites al derecho de acceso a la información pública (art. 14)
El artículo 14.1 de la Ley 19/2013 establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para determinados bienes o intereses tasados legalmente: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la protección del medio ambiente. La aplicación de estos límites, conforme al artículo 14.2, no es automática, sino que debe ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, y debe atender a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. La existencia de un límite no impide, en su caso, el acceso parcial a aquella parte de la información que no se vea afectada por el límite invocado. Esta configuración de los límites como conceptos jurídicos indeterminados sujetos a ponderación caso por caso ha generado una amplia doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su aplicación práctica.
La protección de datos personales como límite al acceso (art. 15)
El artículo 15 de la Ley 19/2013 regula de forma específica la protección de datos personales como límite singularizado al derecho de acceso, dado el carácter constitucionalmente protegido de este derecho fundamental (art. 18.4 CE) y su distinta naturaleza técnica respecto de los demás límites del artículo 14. El precepto distingue varios supuestos: cuando la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen amonestación pública), el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a la solicitud de acceso; cuando la información contuviera datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, se concederá el acceso salvo que prevalezca la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos; y en los demás casos en que la información contuviera datos de carácter personal, se otorgará el acceso previa ponderación razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados, atendiendo a criterios como el menor perjuicio a los afectados, el menor tiempo transcurrido y la finalidad del acceso, entre otros que establece el propio artículo 15.3.
El derecho de acceso a la información pública: titulares y procedimiento
El artículo 12 de la Ley 19/2013 reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados en la propia ley, sin necesidad de motivar la solicitud ni de acreditar un interés legítimo. El artículo 13 define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho de acceso puede ejercitarse a partir de los dieciocho años de edad, y su ejercicio no está condicionado a la existencia de un interés personal ni directo, a diferencia de lo que ocurría con el acceso a archivos y registros previsto tradicionalmente en la legislación de procedimiento administrativo para los interesados en un procedimiento concreto. Este carácter universal y no cualificado del derecho de acceso constituye una de las principales novedades de la Ley 19/2013 respecto del régimen anterior, en el que el acceso a la documentación administrativa quedaba, con carácter general, reservado a quienes ostentaran la condición de interesados en el correspondiente expediente, salvo excepciones puntuales relativas a archivos históricos.
La solicitud de acceso: forma, contenido y plazo de resolución
El artículo 17 de la Ley 19/2013 regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso, que se inicia mediante la presentación de la correspondiente solicitud, dirigida al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información, por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto y, en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada, sin que sea exigible la motivación de la solicitud, si bien el solicitante puede exponer, si lo desea, los motivos por los que solicita la información, que podrán ser tenidos en cuenta a efectos de la resolución. El artículo 20.1 fija el plazo máximo para resolver y notificar la resolución en un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, plazo que podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo, régimen de silencio negativo que ha sido objeto de crítica doctrinal por su falta de coherencia con la finalidad última de la propia ley, orientada a maximizar el acceso a la información pública.
Las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso
El artículo 18 de la Ley 19/2013 enumera las causas por las que se puede inadmitir a trámite una solicitud de acceso, sin necesidad de entrar a valorar el fondo del asunto: que se refiera a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; que se refiera a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas; que se refiera a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; que se dirija a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; que sea manifiestamente repetitiva o tenga un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. En estos casos, conforme al artículo 18.2, el órgano competente debe comunicar al solicitante, en un plazo máximo de treinta días, la causa de inadmisión y el órgano que, en su caso, considere competente para conocer de su solicitud. La aplicación de estas causas de inadmisión, en particular la relativa a la información auxiliar o de apoyo y la referida a la necesidad de reelaboración, ha sido objeto de una interpretación restrictiva por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para evitar que se utilicen como cauce para vaciar de contenido efectivo el derecho de acceso reconocido con carácter general.
El acceso parcial a la información
El artículo 16 de la Ley 19/2013 regula el acceso parcial a la información, previendo que en los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 o de la causa de inadmisión relativa a la protección de datos personales del artículo 15 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite o la causa de inadmisión, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido, debiendo en todo caso indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. Esta técnica del acceso parcial, o "tachado" (redaction, en la terminología comparada), permite compatibilizar el máximo alcance posible del derecho de acceso con la protección efectiva de los bienes jurídicos que fundamentan los límites legales, evitando que la presencia de un dato protegido puntual dentro de un documento extenso determine la denegación total del acceso a toda la información contenida en él. La aplicación práctica de este mecanismo exige un ejercicio de ponderación por parte del órgano competente para resolver, que debe identificar con precisión qué partes concretas de la información deben omitirse por afectar a un límite legal, y motivar dicha decisión, siendo la resolución que acuerde el acceso parcial, al igual que cualquier otra resolución en materia de acceso, susceptible de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El artículo 24 de la Ley 19/2013 configura la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como una vía específica y sustitutiva de los recursos administrativos ordinarios, de carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública. El plazo para interponer esta reclamación es de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El procedimiento de tramitación de la reclamación, regulado reglamentariamente, se ajusta a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, y debe resolverse en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada por silencio administrativo. La resolución del Consejo, que agota la vía administrativa, es directamente recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando la solicitud de acceso a la información hubiera sido gestionada por una Comunidad Autónoma o Entidad Local, la competencia para conocer de la reclamación corresponderá al órgano equivalente al Consejo de Transparencia que determine la correspondiente normativa autonómica, o al propio Consejo estatal cuando dicha Administración no disponga de un órgano específico y haya suscrito el correspondiente convenio de colaboración con este.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: naturaleza jurídica
El artículo 33 de la Ley 19/2013 crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como un organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la entonces vigente Ley 6/1997 (actualmente encuadrable en la Ley 40/2015), con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que se encuentra adscrito orgánicamente al Ministerio competente en la materia, pero que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus funciones, sin sujeción a instrucciones jerárquicas en el desempeño de sus funciones de garantía del derecho de acceso y de promoción de la transparencia. Tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en la ley, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno recogidas en el Título II de la propia ley. Su naturaleza de autoridad administrativa independiente lo emparenta con otros organismos de garantía de derechos y de supervisión sectorial del ordenamiento español (como la Agencia Española de Protección de Datos), respondiendo esta configuración institucional a la necesidad de asegurar que el control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las Administraciones públicas se ejerza por un órgano ajeno a la propia estructura jerárquica de estas, dotado de garantías de imparcialidad e independencia frente a eventuales presiones políticas o administrativas.
El Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, aprueba el vigente Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sustituyendo al Estatuto anterior (aprobado por Real Decreto 919/2014), en desarrollo de la habilitación reglamentaria prevista en el artículo 39.2 de la Ley 19/2013 (el art. 40 de la Ley 19/2013 regula, en realidad, las relaciones del Consejo con las Cortes Generales). El Estatuto desarrolla la organización interna, el funcionamiento y las competencias del Consejo, precisando su naturaleza como organismo público dotado de personalidad jurídica propia y de plena independencia orgánica y funcional respecto de cualquier Administración pública en el ejercicio de sus competencias, sin que su Presidencia ni el resto de sus órganos puedan recibir instrucciones de ninguna autoridad pública en el desempeño de sus funciones. El nuevo Estatuto mantiene la estructura básica de órganos ya prevista con anterioridad (Presidencia y Comisión de Transparencia y Buen Gobierno), pero actualiza determinados aspectos relativos a su funcionamiento, régimen de personal y estructura administrativa de apoyo, dotando al Consejo de una estructura de subdirecciones especializadas (entre ellas, en materia de transparencia, en la tramitación de reclamaciones frente a la Administración General del Estado y en las reclamaciones referidas a Comunidades Autónomas y Entidades Locales con las que exista convenio de colaboración) y de una Secretaría General de apoyo administrativo al conjunto del organismo.
Composición y órganos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se estructura, conforme a su Ley de creación y a su Estatuto vigente, en dos órganos principales: la Presidencia del Consejo y la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. A ellos se suma la estructura administrativa de apoyo, integrada por una Secretaría General y las correspondientes subdirecciones especializadas por razón de la materia (publicidad activa, tramitación de reclamaciones estatales, tramitación de reclamaciones autonómicas y locales conveniadas), con un cuerpo de personal funcionario propio de aproximadamente una treintena de efectivos dedicados a las labores de instrucción, tramitación y resolución de las reclamaciones y de supervisión de las obligaciones de publicidad activa. Esta doble estructura, de un órgano unipersonal (la Presidencia) y un órgano colegiado (la Comisión), permite combinar la agilidad decisoria necesaria para resolver el elevado número de reclamaciones de acceso que recibe el Consejo con la participación institucional de distintos sectores implicados en la política de transparencia (representantes de las Administraciones territoriales, del Parlamento y de la sociedad civil) a través de la Comisión, dotando al organismo de una legitimidad reforzada en el ejercicio de sus funciones consultivas y de recomendación en materia de buen gobierno.
La Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
La Presidencia es el órgano unipersonal de dirección del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con rango de Subsecretaría, nombrada por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de adscripción, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia de la persona propuesta ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. La persona titular de la Presidencia ejerce sus funciones con plena independencia, sin estar sujeta a instrucción alguna en el desempeño de las funciones que legalmente tiene atribuidas, entre las que se encuentran la representación del Consejo, la resolución de las reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información, la adopción de recomendaciones y criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, y la elaboración de la memoria anual del Consejo, que debe remitirse a las Cortes Generales. El mandato de la Presidencia tiene una duración determinada (fijada en cinco años, no renovable, conforme al diseño original de la ley), garantizándose así una cierta estabilidad institucional frente a los cambios de gobierno, y su cese solo puede producirse por las causas tasadas legalmente (renuncia, expiración del mandato, incapacidad o incompatibilidad sobrevenida, condena por delito doloso, incumplimiento grave de sus obligaciones), reforzando así su independencia funcional frente a eventuales presiones políticas.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno es el órgano colegiado del Consejo, presidido por la persona titular de la Presidencia del propio organismo, e integrado por representantes de distintas instituciones y ámbitos relacionados con la transparencia: un Diputado, en representación del Congreso de los Diputados; un Senador, en representación del Senado; un representante del Tribunal de Cuentas; un representante del Defensor del Pueblo; un representante de la Agencia Española de Protección de Datos; un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o del órgano competente en materia de función pública; y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Un representante de la Administración Local, propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias, no es miembro permanente de la Comisión, sino que puede ser convocado, junto con los organismos autonómicos equivalentes, a la reunión anual de coordinación que esta debe celebrar al menos una vez al año. Sus funciones principales consisten en la aprobación del anteproyecto de presupuesto del organismo, la elaboración de recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de la ley, y la aprobación del plan y de la memoria anual de actividades del Consejo. Esta composición plural, con representación de distintos poderes e instituciones del Estado y de las Administraciones territoriales, dota a la Comisión de una perspectiva transversal en el impulso de la política de transparencia, complementando el carácter más ejecutivo y resolutivo que corresponde a la Presidencia en la tramitación individualizada de las reclamaciones de acceso.
Funciones del Consejo: adopción de recomendaciones y resolución de reclamaciones
El artículo 38 de la Ley 19/2013 enumera las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre las que destacan, en su vertiente de garantía del derecho de acceso, la resolución de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, actuando en este ámbito con una función cuasi-jurisdiccional de revisión de la actividad de los sujetos obligados. En su vertiente de promoción de la transparencia, el Consejo adopta recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley, asesora en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a los distintos sujetos obligados que se lo soliciten, promueve la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo en estas materias, colabora, en su caso, con órganos de naturaleza análoga en el desarrollo de la política de transparencia, y elabora una memoria anual de actividades que debe remitir a las Cortes Generales. El Consejo puede también instar el inicio del correspondiente procedimiento sancionador en materia de buen gobierno cuando de sus actuaciones se derivaran indicios racionales de una infracción, y evaluar el grado de aplicación de la ley, con especial referencia a la información en materia de publicidad activa.
La función consultiva del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Además de sus funciones resolutorias en materia de reclamaciones y de sus funciones de promoción de la transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desempeña una función consultiva relevante, tanto respecto de los sujetos obligados por la Ley 19/2013 como, en determinados supuestos, respecto de las Cortes Generales y del Gobierno en la elaboración de disposiciones normativas relacionadas con la transparencia. Esta función consultiva se materializa en la emisión de informes preceptivos, aunque no vinculantes, sobre los anteproyectos de normas estatales que desarrollen la propia Ley 19/2013 o que incidan de forma sustancial en su contenido, así como en la absolución de consultas planteadas por los sujetos obligados sobre la interpretación y aplicación concreta de las obligaciones de publicidad activa o del derecho de acceso a la información pública. A través de esta función consultiva y de la elaboración de guías y criterios interpretativos de aplicación general, el Consejo contribuye a la uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de los distintos sujetos obligados, función especialmente relevante en un contexto de coexistencia entre la legislación básica estatal y las numerosas leyes autonómicas de transparencia, que en ocasiones introducen matices o ampliaciones respecto del régimen estatal común, generando la necesidad de una interpretación armonizadora del conjunto del sistema.
El régimen de buen gobierno: principios de actuación de los altos cargos
El Título II de la Ley 19/2013 (arts. 25 a 28) establece el régimen de buen gobierno, aplicable a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales puedan aprobar su propia normativa de desarrollo en este ámbito. El artículo 26 enumera un extenso catálogo de principios de actuación, distinguiendo entre principios generales (actuación con transparencia, ejercicio de las funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público) y principios de actuación propiamente dichos (desempeño de sus funciones con austeridad, no aceptación de regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas, gestión de los recursos públicos con austeridad y eficiencia, y rendición de cuentas de sus decisiones y actuaciones). Estos principios de buen gobierno no son meramente programáticos, sino que su incumplimiento constituye el presupuesto de las infracciones tipificadas en el artículo 29 de la propia ley, cuya sanción corresponde al órgano competente conforme al procedimiento y régimen sancionador aplicable a cada Administración.
Infracciones y sanciones en materia de buen gobierno
El artículo 29 de la Ley 19/2013 tipifica las infracciones en materia de conflicto de intereses (por remisión a la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado) y las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, clasificándolas en muy graves, graves y leves atendiendo a la relevancia y trascendencia de la conducta. Entre las infracciones muy graves se encuentran, por ejemplo, el incumplimiento de la obligación de formular la declaración de actividades o la de bienes y derechos patrimoniales cuando se hubieran incumplido los requerimientos realizados, la gestión económico-presupuestaria contraria a los principios de eficiencia y economía y que suponga un perjuicio grave para la Hacienda Pública, o la administración de los recursos con manifiesta negligencia. Las sanciones aplicables, reguladas en el artículo 30, incluyen la destitución en los cargos de alto nivel que ocupe el sancionado, así como su no nombramiento como alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años; la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente; y la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico correspondiente de la resolución sancionadora, con expresión del nombre y apellidos del infractor y de la infracción cometida, medida de publicidad que refuerza el efecto disuasorio de la sanción a través del reproche público de la conducta.
La relación entre la Ley 19/2013 y las normas autonómicas de transparencia
La Ley 19/2013 tiene el carácter de legislación básica del Estado en aquellos preceptos que así se establecen en su disposición final octava (dictados al amparo, principalmente, del artículo 149.1.1ª, 13ª y 18ª de la Constitución), lo que determina que las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias de autoorganización y de desarrollo legislativo, hayan aprobado sus propias leyes autonómicas de transparencia, que en muchos casos amplían el ámbito subjetivo de aplicación, refuerzan el contenido de la publicidad activa, reducen los plazos de resolución de las solicitudes de acceso o crean sus propios órganos de garantía autonómicos (comisionados o consejos de transparencia autonómicos), siempre respetando el contenido básico mínimo garantizado por la ley estatal. Esta coexistencia normativa plantea la necesidad de determinar, en cada caso concreto, cuál es la norma aplicable (estatal o autonómica) en función del sujeto obligado de que se trate y de su ámbito competencial, así como cuál es el órgano de garantía competente para conocer de las reclamaciones frente a las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información (el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, o el órgano autonómico equivalente, cuando este exista y sea competente), rigiendo en todo caso el principio de que la normativa autonómica no puede rebajar el nivel de garantía y de contenido mínimo establecido por la legislación básica estatal.
La ausencia de un reglamento general de desarrollo de los Títulos I y II
A diferencia de lo que ha ocurrido con el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (desarrollado reglamentariamente primero por el Real Decreto 919/2014 y, en la actualidad, por el Real Decreto 615/2024), los Títulos I (transparencia de la actividad pública) y II (buen gobierno) de la Ley 19/2013 han carecido durante largo tiempo de un reglamento general de desarrollo a nivel estatal que concrete aspectos procedimentales no resueltos directamente por la propia ley, lo que ha llevado a que buena parte de su aplicación práctica se apoye en los criterios interpretativos, recomendaciones y guías elaboradas por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como en la doctrina sentada por este y por los tribunales al resolver reclamaciones y recursos concretos. Esta circunstancia explica la relevancia práctica de los criterios del Consejo (publicados en su página web y recopilados en guías temáticas) como fuente de interpretación de referencia para la aplicación cotidiana de la ley por los distintos sujetos obligados, incluidas las Unidades de Información de Transparencia, más allá del texto estrictamente literal de la norma.
La doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de los límites y las causas de inadmisión
Los tribunales del orden contencioso-administrativo, y en particular el Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación planteados frente a sentencias dictadas en materia de acceso a la información pública, han consolidado una doctrina de interpretación favorable al acceso (pro actione o in dubio pro transparencia), conforme a la cual los límites del artículo 14 y las causas de inadmisión del artículo 18 de la Ley 19/2013 deben interpretarse de forma restrictiva, exigiendo una ponderación razonada y motivada caso por caso que acredite un perjuicio real, concreto y no meramente hipotético al bien jurídico protegido, y no una aplicación automática o genérica del límite o de la causa de inadmisión invocada por el sujeto obligado. Esta doctrina jurisprudencial, que confirma en lo sustancial el criterio ya mantenido con anterioridad por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en sus resoluciones, resulta de aplicación relevante también en el ámbito de la actividad de inspección y control (uno de los límites expresamente contemplados en el art. 14.1.e), de manera que la mera invocación de que la información solicitada se refiere a actuaciones de inspección no basta, por sí sola, para denegar el acceso sin motivar el perjuicio concreto que su divulgación ocasionaría a la función inspectora.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 19/2013 tiene 3 títulos: I Transparencia (publicidad activa + derecho de acceso), II Buen gobierno, III Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Ámbito subjetivo (art. 2): AGE, CCAA, Entidades Locales, Seguridad Social, organismos públicos, corporaciones de derecho público, órganos constitucionales (en su actividad sujeta a Derecho Administrativo), sociedades públicas, partidos políticos, sindicatos y patronales, y entidades privadas perceptoras de subvenciones relevantes.
Publicidad activa (arts. 5-11): obligación de publicar información SIN necesidad de solicitud, en 3 bloques: institucional/organizativa, jurídica y económico-presupuestaria.
Límites al derecho de acceso (art. 14): seguridad nacional, defensa, seguridad pública, investigación de ilícitos, funciones de inspección y control, intereses económicos, secreto profesional, entre otros; deben aplicarse de forma justificada y proporcionada.
Los datos personales especialmente protegidos (ideología, salud, origen racial...) solo se acceden con consentimiento expreso del afectado o si ya eran públicos (art. 15).
El derecho de acceso (art. 12) es universal: cualquier persona, sin motivar la solicitud ni acreditar interés legítimo, desde los 18 años.
Plazo de resolución de la solicitud de acceso: 1 mes, prorrogable por otro mes si el volumen/complejidad lo exige (art. 20); transcurrido el plazo, silencio NEGATIVO (desestimatorio).
Causas de inadmisión (art. 18): información en elaboración, información auxiliar/de apoyo (notas, borradores), necesidad de reelaboración, solicitud repetitiva o abusiva.
El acceso parcial (art. 16) permite entregar la información omitiendo solo la parte afectada por un límite o por protección de datos, salvo que resulte una información distorsionada.
La reclamación ante el Consejo de Transparencia (art. 24) es potestativa y sustituye a los recursos administrativos ordinarios; plazo 1 mes para interponerla, 3 meses para resolverla (silencio desestimatorio).
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 33) es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena independencia funcional, sin sujeción a instrucciones de ninguna Administración.
El RD 615/2024, de 2 de julio, aprueba el Estatuto vigente del Consejo, sustituyendo al RD 919/2014; mantiene la estructura de Presidencia + Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, con una estructura de subdirecciones especializadas y un cuerpo de personal de en torno a 30 efectivos.
La Presidencia es un órgano unipersonal (rango de Subsecretaría), nombrada por el Gobierno tras comparecencia ante el Congreso, con mandato de duración determinada y ejercicio con plena independencia.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno es el órgano colegiado, con representantes del Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, AEPD, función pública estatal y FEMP.
Funciones principales del Consejo (art. 38): resolver reclamaciones de acceso, adoptar recomendaciones, asesorar a sujetos obligados, elaborar memoria anual para las Cortes Generales, y función consultiva sobre anteproyectos normativos.
El régimen de buen gobierno (arts. 25-28) se aplica a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos: principios de transparencia, dedicación, austeridad, no aceptación de regalos y rendición de cuentas.
Las infracciones de buen gobierno (art. 29) se clasifican en muy graves, graves y leves; las sanciones (art. 30) incluyen destitución, inhabilitación de 5 a 10 años y publicación en el BOE del nombre del infractor.
La Ley 19/2013 es básica (art. 149.1.1ª, 13ª y 18ª CE); las CCAA pueden ampliar (nunca rebajar) el contenido mínimo mediante sus propias leyes autonómicas de transparencia y sus propios órganos de garantía.
Cuando una CCAA/Entidad Local no tiene órgano de garantía propio y ha suscrito convenio, la reclamación la resuelve el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.
Los Títulos I y II de la Ley 19/2013 han carecido de un reglamento general de desarrollo estatal; su aplicación práctica se apoya en gran medida en los criterios y guías del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Doctrina jurisprudencial (Tribunal Supremo): los límites del art. 14 y las causas de inadmisión del art. 18 se interpretan de forma RESTRICTIVA (favorable al acceso), exigiendo motivar un perjuicio real y concreto, no una aplicación automática.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013 tiene, frente a las resoluciones en materia de acceso a la información, carácter:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 32 de Inspector Trabajo?
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, constituye la norma que, por primera vez en el ordenamiento español, reconoce con carácter general el derecho de cualquier persona a acceder a la información en poder de las Administraciones públicas y del resto del sector público, y que impone a estas un conjunto de obligaciones de publicidad activa y de buen gobierno. La ley se estructura en tres títulos: transparencia de la actividad pública (publicidad activa y derecho de acceso a la información pública), buen gobierno, y la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano independiente encargado de promover la transparencia, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar el derecho de acceso.
El Estatuto de dicho Consejo, aprobado inicialmente por Real Decreto 919/2014 y sustituido más recientemente por el Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, actualiza su organización y funcionamiento manteniendo su naturaleza de organismo público con personalidad jurídica propia dotado de independencia funcional plena respecto de las Administraciones públicas. El conocimiento de esta materia es relevante para cualquier empleado público, en la medida en que la Ley 19/2013 les afecta tanto en su condición de sujetos obligados a la publicidad activa como en su eventual condición de solicitantes del derecho de acceso a la información pública.
¿Qué hay que memorizar del Tema 32 para el examen?
La Ley 19/2013 tiene 3 títulos: I Transparencia (publicidad activa + derecho de acceso), II Buen gobierno, III Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ámbito subjetivo (art. 2): AGE, CCAA, Entidades Locales, Seguridad Social, organismos públicos, corporaciones de derecho público, órganos constitucionales (en su actividad sujeta a Derecho Administrativo), sociedades públicas, partidos políticos, sindicatos y patronales, y entidades privadas perceptoras de subvenciones relevantes. Publicidad activa (arts. 5-11): obligación de publicar información SIN necesidad de solicitud, en 3 bloques: institucional/organizativa, jurídica y económico-presupuestaria. Límites al derecho de acceso (art. 14): seguridad nacional, defensa, seguridad pública, investigación de ilícitos, funciones de inspección y control, intereses económicos, secreto profesional, entre otros; deben aplicarse de forma justificada y proporcionada. Los datos personales especialmente protegidos (ideología, salud, origen racial...) solo se acceden con consentimiento expreso del afectado o si ya eran públicos (art. 15). El derecho de acceso (art. 12) es universal: cualquier persona, sin motivar la solicitud ni acreditar interés legítimo, desde los 18 años. Plazo de resolución de la solicitud de acceso: 1 mes, prorrogable por otro mes si el volumen/complejidad lo exige (art. 20); transcurrido el plazo, silencio NEGATIVO (desestimatorio). Causas de inadmisión (art. 18): información en elaboración, información auxiliar/de apoyo (notas, borradores), necesidad de reelaboración, solicitud repetitiva o abusiva. El acceso parcial (art. 16) permite entregar la información omitiendo solo la parte afectada por un límite o por protección de datos, salvo que resulte una información distorsionada. La reclamación ante el Consejo de Transparencia (art. 24) es potestativa y sustituye a los recursos administrativos ordinarios; plazo 1 mes para interponerla, 3 meses para resolverla (silencio desestimatorio). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 33) es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena independencia funcional, sin sujeción a instrucciones de ninguna Administración. El RD 615/2024, de 2 de julio, aprueba el Estatuto vigente del Consejo, sustituyendo al RD 919/2014; mantiene la estructura de Presidencia + Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, con una estructura de subdirecciones especializadas y un cuerpo de personal de en torno a 30 efectivos. La Presidencia es un órgano unipersonal (rango de Subsecretaría), nombrada por el Gobierno tras comparecencia ante el Congreso, con mandato de duración determinada y ejercicio con plena independencia. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno es el órgano colegiado, con representantes del Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, AEPD, función pública estatal y FEMP. Funciones principales del Consejo (art. 38): resolver reclamaciones de acceso, adoptar recomendaciones, asesorar a sujetos obligados, elaborar memoria anual para las Cortes Generales, y función consultiva sobre anteproyectos normativos. El régimen de buen gobierno (arts. 25-28) se aplica a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos: principios de transparencia, dedicación, austeridad, no aceptación de regalos y rendición de cuentas. Las infracciones de buen gobierno (art. 29) se clasifican en muy graves, graves y leves; las sanciones (art. 30) incluyen destitución, inhabilitación de 5 a 10 años y publicación en el BOE del nombre del infractor. La Ley 19/2013 es básica (art. 149.1.1ª, 13ª y 18ª CE); las CCAA pueden ampliar (nunca rebajar) el contenido mínimo mediante sus propias leyes autonómicas de transparencia y sus propios órganos de garantía. Cuando una CCAA/Entidad Local no tiene órgano de garantía propio y ha suscrito convenio, la reclamación la resuelve el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal. Los Títulos I y II de la Ley 19/2013 han carecido de un reglamento general de desarrollo estatal; su aplicación práctica se apoya en gran medida en los criterios y guías del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Doctrina jurisprudencial (Tribunal Supremo): los límites del art. 14 y las causas de inadmisión del art. 18 se interpretan de forma RESTRICTIVA (favorable al acceso), exigiendo motivar un perjuicio real y concreto, no una aplicación automática.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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