Tema 27. El recurso contencioso-administrativo. Naturaleza, extensión y límites. Procedimiento. Sentencias y su ejecución. Recursos contra las sentencias.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
El recurso contencioso-administrativo es el instrumento procesal a través del cual los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo controlan la legalidad de la actuación de las Administraciones públicas, dando efectividad al mandato del artículo 106.1 de la Constitución. Se regula fundamentalmente en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), que ha sido objeto de sucesivas reformas, entre ellas la introducida por la Ley Orgánica 7/2015 en materia de recurso de casación. A ello se suma la reforma de la planta judicial operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por Secciones de lo Contencioso-Administrativo integradas en un Tribunal de Instancia único por partido judicial, en un proceso de implantación progresiva cuyo calendario definitivo conviene verificar en cada momento, sin que ello altere las competencias materiales que la LJCA atribuía a aquellos juzgados.
Para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el conocimiento de este recurso es imprescindible porque constituye la vía última de control judicial de las resoluciones sancionadoras y liquidatorias que agotan la vía administrativa, así como de los reglamentos y disposiciones generales en materia laboral y de Seguridad Social.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo: fundamento constitucional (art. 106.1 CE)
El artículo 106.1 de la Constitución española dispone que "los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican". Este precepto constitucionaliza el control judicial pleno de la Administración, cerrando el círculo del Estado de Derecho: frente a la autotutela administrativa (declarativa, ejecutiva y revisora), que permite a la Administración crear, ejecutar y revisar sus propios actos, se erige un control jurisdiccional externo e independiente que garantiza que dicha actuación se ajusta al ordenamiento jurídico y a los fines de interés general que la justifican. El precepto se completa con el artículo 24.1 CE, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, aplicable también frente a la Administración, y con el artículo 103.1 CE, que somete a la Administración pública "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". De este triple fundamento constitucional deriva el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, uno de los cuatro órdenes jurisdiccionales que integran el Poder Judicial español junto al civil, penal y social (art. 9 LOPJ), especializado en el enjuiciamiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
La Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), sustituyó a la anterior Ley de 27 de diciembre de 1956 y constituye la norma procesal básica de este orden jurisdiccional. Se estructura en un título preliminar y ocho títulos que regulan sucesivamente: la extensión y límites de la jurisdicción y los órganos que la integran (Título I); las partes (Título II); el objeto del recurso (Título III); el procedimiento, incluyendo el procedimiento ordinario y el abreviado, las medidas cautelares y la extensión de efectos de sentencias (Título IV); la sentencia y otros modos de terminación del proceso (Título V); los recursos contra providencias, autos y sentencias, con especial atención al recurso de casación (Título VI); la ejecución de sentencias (Título VII); y las disposiciones adicionales, transitorias y finales. La ley se inspira en principios como la unidad jurisdiccional, la ampliación del control a la inactividad y a la vía de hecho de la Administración (superando el modelo revisor puro), la potenciación de las medidas cautelares y la introducción de un procedimiento abreviado para asuntos de menor cuantía o complejidad. Ha sido modificada en numerosas ocasiones, destacando la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, que introdujo el actual recurso de casación basado en el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
Naturaleza del recurso contencioso-administrativo como revisor de la actuación administrativa
Tradicionalmente, el recurso contencioso-administrativo se configuraba bajo la Ley de 1956 como un proceso de naturaleza esencialmente "revisora", equiparable a una segunda instancia sobre lo ya decidido en vía administrativa, en el que el juez se limitaba a confirmar o anular el acto impugnado. La Ley 29/1998 rompe con esa concepción estrictamente revisora y configura el proceso contencioso-administrativo como un verdadero proceso entre partes, en el que se ejercitan pretensiones (no meros recursos contra un acto) y en el que el objeto no se limita al acto administrativo, sino que se extiende a las disposiciones generales, a la inactividad de la Administración y a las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. No obstante, conserva rasgos de su naturaleza revisora en la medida en que, como regla general, el objeto del proceso viene predeterminado por la previa actuación administrativa (el acto, la disposición o la inactividad) sobre la que se pronuncia el tribunal, y en que el interesado debe haber agotado, cuando proceda, la vía administrativa previa. La jurisprudencia y la doctrina describen así el proceso contencioso-administrativo como un proceso "declarativo" en el que se juzgan pretensiones de las partes en relación con una actuación administrativa preexistente, combinando elementos objetivos (control de legalidad) y subjetivos (tutela de derechos e intereses legítimos).
Extensión y límites de la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 1 y 2 LJCA)
El artículo 1.1 de la LJCA delimita positivamente el ámbito de este orden jurisdiccional, atribuyéndole el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. El apartado 2 extiende esta jurisdicción a los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial de los órganos constitucionales (Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo) y de las Asambleas Legislativas autonómicas, así como, en su caso, del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, el artículo 2 amplía la jurisdicción, mediante una cláusula de extensión positiva, a determinadas cuestiones que en puridad no serían "actuación administrativa" en sentido estricto pero que la ley atribuye expresamente a este orden: la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones en los actos políticos del Gobierno, los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de otros contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público, los actos de gestión de personal al servicio de la Administración de Justicia, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, y la actuación de la Administración electoral, entre otras materias tasadas.
Actos excluidos del control contencioso-administrativo
Frente a la amplitud del ámbito positivo, el artículo 3 de la LJCA excluye expresamente determinadas materias del conocimiento de este orden jurisdiccional: las cuestiones atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública; el recurso contencioso-disciplinario militar; los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración; y la resolución de los recursos regulados en la legislación electoral contra los actos de las Juntas Electorales de ámbito inferior al Estado y contra las resoluciones que dichas Juntas adopten en el ámbito de su competencia respecto de los actos de las Administraciones referidas al proceso electoral. A ello se suma la doctrina tradicional sobre los actos políticos o de dirección política del Gobierno strictu sensu (relaciones internacionales, defensa nacional, convocatoria de referéndum), que quedan excluidos del control de fondo, si bien la propia LJCA (art. 2.a) somete a control jurisdiccional sus elementos reglados y las indemnizaciones que puedan proceder, matizando así la tradicional inmunidad absoluta de este tipo de actos y garantizando que ningún ámbito de la actuación pública quede completamente exento de control judicial en lo que respecta a la legalidad de sus elementos reglados.
Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa: Juzgados y Salas
La planta orgánica del orden contencioso-administrativo, regulada en la LOPJ y en el Título I de la LJCA, se estructura en varios niveles. En el nivel superior, la Sala Tercera del Tribunal Supremo conoce, entre otras materias, de los recursos de casación y de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno. La Audiencia Nacional, a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, conoce en primera o única instancia de los recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado en determinadas materias y contra disposiciones generales del mismo rango, además de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, que conocen de recursos contra actos de órganos centrales de la Administración General del Estado de menor rango y de determinadas autoridades y organismos de ámbito estatal. Los Tribunales Superiores de Justicia, a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, conocen en única o primera instancia de los actos de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales de su territorio, y resuelven los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia. Por último, en el ámbito local, la reforma de la planta judicial operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sustituye los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, como órganos unipersonales independientes, por Secciones de lo Contencioso-Administrativo integradas en el Tribunal de Instancia único existente en cada partido judicial, en un proceso de implantación progresiva cuya fecha exacta de despliegue completo conviene comprobar antes del examen; estas Secciones asumen las mismas competencias materiales que antes correspondían a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (arts. 8 y 9 LJCA), sin que la reforma haya alterado el reparto competencial por razón de la materia, sino únicamente la estructura orgánica en la que se integran los órganos judiciales unipersonales de este orden.
Las partes en el proceso contencioso-administrativo: legitimación activa y pasiva
El artículo 19 de la LJCA regula la legitimación activa, reconociendo capacidad para recurrir a las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo, entendido este último en sentido amplio como cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida, sin exigir la titularidad de un derecho subjetivo estricto. También están legitimadas las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos afectados o legalmente habilitados para la defensa de derechos e intereses legítimos colectivos; el Ministerio Fiscal, cuando lo determine la ley; y, en un régimen singular, la propia Administración autora de un acto puede impugnarlo mediante el proceso de lesividad tras haberlo declarado previamente lesivo para el interés público (art. 43 LJCA, en relación con el art. 107 Ley 39/2015). La legitimación pasiva corresponde a la Administración autora de la actuación impugnada y, en su caso, a las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente (los llamados codemandados o interesados directamente afectados, típicamente en materia de personal o de contratación cuando existan terceros beneficiados por el acto impugnado). La representación y defensa en juicio de las Administraciones públicas corresponde a los servicios jurídicos propios o, en el caso de la Administración General del Estado, a la Abogacía del Estado.
Objeto del recurso: actos, disposiciones generales, inactividad y vía de hecho
El artículo 25 de la LJCA delimita el objeto del recurso contencioso-administrativo, que puede dirigirse contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Junto a esta impugnación de actos y disposiciones, la LJCA de 1998 amplió decisivamente el objeto del recurso a dos manifestaciones de la actuación administrativa tradicionalmente excluidas del control judicial bajo la ley anterior: la inactividad material de la Administración (arts. 29 y 32) y la vía de hecho (art. 30), superando así el modelo estrictamente revisor centrado en el acto administrativo expreso. Esta ampliación responde a la constatación de que la lesión de derechos e intereses legítimos por parte de la Administración no se produce únicamente mediante actos formales, sino también mediante omisiones (el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales de contenido prestacional) y mediante actuaciones materiales carentes de toda cobertura o procedimiento formal, frente a las cuales el ciudadano necesitaba igualmente un cauce procesal específico de protección jurisdiccional.
El recurso contra la inactividad de la Administración
El artículo 29 de la LJCA regula el recurso contra la inactividad material de la Administración, distinguiendo dos supuestos. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración su cumplimiento; si en el plazo de tres meses desde la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad (art. 29.1). Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes, los afectados pueden solicitar su ejecución y, si no se lleva a efecto en el plazo de un mes desde la solicitud, pueden formular recurso contencioso-administrativo (art. 29.2). Este recurso frente a la inactividad tiene enorme relevancia práctica frente a supuestos de pasividad administrativa que no se traducen en un acto denegatorio expreso ni en silencio negativo asimilable a un acto presunto, sino en la simple omisión de una actuación material o prestacional debida, y su sentencia estimatoria puede condenar a la Administración a realizar la prestación omitida en los términos exactos en que estuviera establecida.
El recurso contra la vía de hecho
El artículo 30 de la LJCA regula el recurso contra la vía de hecho, entendida como aquella actuación material de la Administración que carece por completo de cobertura jurídica formal, bien por ausencia total de acto administrativo previo que la ampare, bien porque la actuación excede manifiestamente de los límites del acto que en su caso la habilitaría. En estos casos, el interesado puede requerir previamente a la Administración actuante, intimando su cesación; si dicha intimación no fuera atendida dentro del décimo día siguiente a la presentación del requerimiento, podrá deducirse directamente recurso contencioso-administrativo, si bien el interesado también puede prescindir del requerimiento previo y formular directamente el recurso (art. 46.3). Se trata de un cauce procesal especialmente ágil, coherente con la urgencia que suele caracterizar estas situaciones (por ejemplo, el desalojo material de un inmueble, la ocupación de una finca o la ejecución de una obra sin título habilitante), y que puede acompañarse de la solicitud de medidas cautelarísimas para la inmediata cesación de la actuación material. La sentencia que estime el recurso puede declarar contraria a Derecho la actuación, ordenar el cese de la misma y, en su caso, disponer las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada perturbada por la vía de hecho, incluida la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Plazos de interposición del recurso contencioso-administrativo
El artículo 46 de la LJCA fija en dos meses el plazo general para interponer el recurso contencioso-administrativo, contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto (art. 46.1, en relación con el silencio negativo). En el recurso contra la inactividad, el plazo es de dos meses desde el día siguiente al vencimiento de los plazos de tres meses o un mes previstos en el artículo 29; en el recurso contra la vía de hecho, el plazo es de diez días si se hubiera formulado requerimiento previo, o de veinte días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho si no se hubiera formulado dicho requerimiento (art. 46.3). Estos plazos son de caducidad y su cómputo se realiza conforme a las reglas generales de cómputo de plazos por meses y días, siendo su incumplimiento causa de inadmisibilidad del recurso apreciable incluso de oficio por el propio órgano jurisdiccional en cualquier momento del proceso.
El procedimiento ordinario: interposición, emplazamiento, demanda, contestación, prueba y vista o conclusiones
El procedimiento ordinario, regulado en el Capítulo I del Título IV de la LJCA, se articula en las siguientes fases. Primero, la interposición del recurso mediante un escrito reducido a citar el acto o disposición objeto de impugnación (art. 45), tras lo cual el órgano jurisdiccional requiere a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo y ordena su emplazamiento, así como el de los posibles codemandados (art. 48-49). Recibido el expediente, se da traslado al recurrente para que formule la demanda en el plazo de veinte días, en la que ha de concretar con claridad y precisión las pretensiones que deduce y, en su caso, los motivos en que las funde (art. 56). Formulada la demanda, se da traslado a la Administración y a los codemandados para contestarla en igual plazo (art. 54). Tras la contestación, se abre, si se solicita y es procedente, el periodo de prueba, con plazo no superior a treinta días para su práctica (art. 60), tras el cual las partes pueden formular conclusiones escritas o, si el tribunal lo estima necesario o alguna parte lo solicita, se celebra vista oral (art. 62). Concluido el trámite, el pleito queda visto para sentencia, que deberá dictarse en los plazos legalmente previstos, ajustándose el tribunal, en todo caso, al principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto.
El procedimiento abreviado
El artículo 78 de la LJCA regula el procedimiento abreviado, aplicable por razón de la cuantía (asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros) y en determinadas materias con independencia de la cuantía, como cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas (salvo las referidas al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera), extranjería y determinadas materias de inadmisión de peticiones de asilo político. Se caracteriza por su tramitación oral y concentrada: tras la interposición y remisión del expediente, se convoca directamente a las partes a una vista, en la que el actor fija definitivamente su pretensión y los hechos en que la funda, la Administración demandada contesta y, en la misma vista, se practica la prueba que se hubiera propuesto y admitido, formulándose finalmente las conclusiones orales, tras lo cual el juez dicta sentencia en el plazo de diez días. Este procedimiento resulta especialmente relevante en materia de personal, por lo que buena parte de las controversias en las que puede verse implicada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su condición de empleador público (o los propios funcionarios inspectores frente a actos de personal) sustancian sus recursos por esta vía más ágil y concentrada, competencia por regla general de las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo: el periculum in mora
El Capítulo II del Título IV de la LJCA (arts. 129 a 136) regula las medidas cautelares, que pueden solicitarse en cualquier estado del proceso y adoptar cualquier forma o contenido idóneo para asegurar la efectividad de la sentencia (no limitadas ya a la mera suspensión del acto, como ocurría bajo la legislación anterior). El artículo 130 establece el criterio central para su adopción: la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (el clásico periculum in mora), previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, y podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero. Se exige, además, una ponderación implícita del fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), aunque la LJCA no lo mencione expresamente como requisito autónomo, siendo un criterio de uso frecuente en la práctica jurisprudencial para reforzar o descartar la procedencia de la medida. El tribunal puede exigir la prestación de caución o garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar (art. 133). Estas medidas resultan especialmente relevantes en materia sancionadora laboral y de Seguridad Social, donde la suspensión cautelar de la ejecutividad de una sanción o de una liquidación de cuotas puede solicitarse tanto en vía administrativa como, posteriormente, en el propio proceso contencioso-administrativo.
La sentencia contencioso-administrativa: inadmisibilidad, desestimación y estimación
El artículo 68 de la LJCA prevé que la sentencia pronunciará alguno de los siguientes fallos: la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones, cuando concurra alguna de las causas tasadas del artículo 69 (falta de jurisdicción o competencia, falta de legitimación, haberse interpuesto el recurso contra actos no susceptibles de impugnación, recaer sobre cosa juzgada, o haber caducado el plazo de interposición); la desestimación del recurso, cuando se ajuste a Derecho la disposición, acto o actuación impugnada; o la estimación del recurso, en todo o en parte, cuando el tribunal aprecie una infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, cometida por la actuación impugnada. La sentencia debe pronunciarse sobre todas las cuestiones controvertidas en el proceso, respetando el principio de congruencia con las pretensiones deducidas y los motivos de impugnación aducidos, sin poder incurrir en incongruencia extra petita, citra petita ni ultra petita, salvo el examen de cuestiones de orden público apreciables de oficio (como la propia jurisdicción o la caducidad del recurso). La sentencia se dicta y notifica en la forma ordinaria, siendo susceptible, según el órgano que la dicte y la materia, de recurso de apelación o de casación conforme a lo dispuesto en el Título VI de la LJCA.
Efectos de la sentencia: anulación total o parcial y reconocimiento de situación jurídica individualizada
El artículo 71 de la LJCA precisa el contenido que puede tener la sentencia estimatoria. Cuando la sentencia estime el recurso contencioso-administrativo, según proceda, declarará no ser conformes a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido, o dispondrá la cesación o modificación de la actuación impugnada; si se hubiera pretendido el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la sentencia reconocerá dicha situación y adoptará cuantas medidas sean necesarias para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios cuando proceda. Este reconocimiento de situación jurídica individualizada distingue el proceso contencioso-administrativo moderno del antiguo recurso meramente anulatorio de la Ley de 1956, permitiendo al tribunal ir más allá de la simple declaración de nulidad del acto para condenar a la Administración a hacer efectivo un derecho concreto del recurrente (por ejemplo, el reconocimiento de una retribución, la readmisión en un puesto de trabajo o el abono de una cantidad). No obstante, el propio artículo 71.2 establece un límite importante: los tribunales no pueden determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen, ni pueden determinar el contenido discrecional de los actos anulados, respetando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria y de la discrecionalidad administrativa.
La ejecución de sentencias: la obligación de cumplimiento por la Administración
El artículo 103 de la LJCA establece el principio general de que la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo, y que las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen, sin que las Administraciones públicas, autoridades y funcionarios puedan crear obstáculos que impidan o retrasen su cumplimiento. El artículo 104 regula el procedimiento: una vez firme la sentencia, se comunica en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, para que la lleve a puro y debido efecto en el plazo de dos meses; transcurrido este plazo sin que se haya procedido a su ejecución, cualquiera de las partes puede instar su ejecución forzosa. Este deber de cumplimiento se conecta con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, un derecho especialmente sensible frente a la Administración por su posición de poder y por la tentación, en ocasiones constatada, de dilatar o resistir el cumplimiento de fallos judiciales desfavorables mediante cauces formalmente legales pero materialmente obstruccionistas.
La ejecución forzosa y las medidas ante el incumplimiento
Ante el incumplimiento por la Administración de una sentencia firme, la LJCA arbitra un conjunto de medidas de ejecución forzosa, reguladas fundamentalmente en los artículos 108 a 112. Cuando la Administración realizare alguna actividad que contraríe los pronunciamientos de la sentencia, el tribunal puede adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad, incluyendo la posibilidad de declarar radicalmente nulos los actos y disposiciones dictados en fraude de ejecución de sentencias con la finalidad de eludirlos (art. 103.4). Si la Administración no cumple con la exactitud de sus términos y en el plazo previsto, el juez o tribunal, a instancia de la parte interesada, adopta, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, y puede llegar a imponer multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del tribunal, así como deducir el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder (art. 112). El artículo 108.2 prevé, además, la posibilidad de sustitución de la voluntad de la Administración cuando la sentencia condene a esta a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, permitiendo al tribunal, si la Administración no lo hiciere en el plazo fijado, adoptar las medidas necesarias para que el fallo alcance su efectividad, sin que la Administración pueda ampararse en su propia inactividad para eludir el cumplimiento de lo resuelto judicialmente.
El recurso de apelación
El recurso de apelación, regulado en los artículos 80 a 85 de la LJCA, es el recurso ordinario que permite una segunda instancia sobre lo resuelto en primera instancia por los órganos unipersonales de este orden jurisdiccional (las actuales Secciones de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo). El artículo 81 delimita qué sentencias son apelables: con carácter general, todas las dictadas por dichos órganos unipersonales, salvo las recaídas en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros y determinadas materias de personal excluidas expresamente. Son competentes para conocer de la apelación las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando la sentencia apelada provenga de una Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, o la Audiencia Nacional, cuando provenga de un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. El recurso de apelación permite un examen pleno de las cuestiones de hecho y de derecho planteadas en la instancia (efecto devolutivo pleno), pudiendo el tribunal de apelación confirmar, revocar o modificar la sentencia apelada, sin que quepa, salvo excepciones tasadas, la introducción de nuevas pretensiones no planteadas en primera instancia. Contra la sentencia dictada en apelación, en principio, no cabe ya recurso de apelación, pudiendo caber, en su caso y si concurren los presupuestos legales, recurso de casación.
El recurso de casación ante el Tribunal Supremo: el interés casacional objetivo
El recurso de casación, profundamente reformado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y regulado en los artículos 86 a 93 de la LJCA, tiene por finalidad la formación de jurisprudencia, y no la mera corrección de la sentencia recurrida en interés de las partes. El artículo 88 exige, como presupuesto para su admisión, que el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, concepto jurídico indeterminado que la propia ley concreta mediante presunciones (por ejemplo, cuando la sentencia fije doctrina contradictoria con otros tribunales, cuando afecte a un gran número de situaciones o trascienda del caso concreto, o cuando resuelva un debate que verse sobre normas en las que se sustente la razón de decidir de sentencias contradictorias) y mediante causas de inadmisión. La admisión del recurso corresponde a una Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que mediante auto motivado precisa las cuestiones concretas que presentan ese interés casacional y sobre las que debe pronunciarse la sentencia (art. 90.4), quedando el pronunciamiento del Tribunal Supremo limitado, en principio, a esas cuestiones seleccionadas, aunque puede extenderse a otras necesariamente relacionadas con ellas. Este modelo, inspirado en el recurso de amparo constitucional y en sistemas de casación selectiva de derecho comparado, ha reducido notablemente el número de asuntos admitidos, priorizando la función unificadora de doctrina del Tribunal Supremo sobre su función de mera revisión de sentencias.
El recurso de revisión en el orden contencioso-administrativo
El recurso de revisión, regulado en los artículos 102 a 102 bis de la LJCA (que remiten en gran medida a la regulación general de la Ley de Enjuiciamiento Civil), constituye una vía extraordinaria de impugnación de sentencias firmes, análoga en su lógica al recurso extraordinario de revisión en vía administrativa, aunque con sus propias causas y plazos. Procede la revisión de una sentencia firme cuando, con posterioridad a ella, se recobraren documentos decisivos no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiere dictado; cuando la sentencia se hubiera dictado en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya falsedad se reconociese o declarase después; cuando la sentencia se hubiera dictado en virtud de prueba testifical o pericial y los testigos o peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia; o cuando se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. Es competente para conocer de este recurso, en todo caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con independencia de cuál haya sido el órgano que dictó la sentencia firme cuya revisión se pretende, y el plazo general para interponerlo es de cinco años desde la fecha de publicación de la sentencia impugnada, con un plazo adicional de tres meses desde el descubrimiento de los documentos o el reconocimiento o declaración de la falsedad.
El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales
Los artículos 114 a 122 bis de la LJCA regulan un procedimiento especial, preferente y sumario, para la protección de los derechos fundamentales de la persona susceptibles de amparo constitucional, cuando la lesión provenga de la actuación de una Administración pública sujeta al Derecho Administrativo. Su carácter preferente implica que estos recursos se tramitan con prioridad sobre cualquier otro, dada la singular relevancia de los bienes jurídicos en juego; su carácter sumario se traduce en una reducción sustancial de los plazos ordinarios del procedimiento (por ejemplo, el plazo de interposición es de diez días, frente a los dos meses generales, y los plazos para formular demanda y contestación se acortan considerablemente). El objeto de este procedimiento se limita estrictamente a la vulneración del derecho fundamental invocado, sin extenderse a otras cuestiones de legalidad ordinaria que, en su caso, deberán plantearse por el cauce del procedimiento ordinario o abreviado correspondiente. Agotada la vía judicial contencioso-administrativa sin obtener satisfacción, y cumplidos los restantes requisitos de admisibilidad, queda abierta la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del mismo derecho fundamental.
La cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA)
El artículo 27 de la LJCA regula la cuestión de ilegalidad, mecanismo procesal que permite coordinar el control de legalidad de los reglamentos cuando distintos órganos judiciales resultan competentes, respectivamente, para conocer de un acto dictado en aplicación de un reglamento y para anular directamente ese mismo reglamento. Cuando un Juzgado o una Sala de lo Contencioso-Administrativo que no sea competente para conocer de un recurso directo contra una disposición general llegue a la conclusión, al resolver sobre un acto fundado en dicha disposición, de que esta no se ajusta a Derecho, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra aquella, en lugar de limitarse a aplicar el criterio de ilegalidad únicamente al caso concreto que está enjuiciando mediante la técnica de la inaplicación. Esta figura evita que distintos órganos judiciales mantengan criterios contradictorios sobre la validez de una misma disposición general y permite unificar el pronunciamiento sobre su legalidad en el órgano jerárquicamente competente para depurar el ordenamiento jurídico mediante su anulación con efectos generales (erga omnes), a diferencia de la mera inaplicación al caso concreto, cuyos efectos se limitan al proceso en que se produce.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 106.1 CE es el fundamento constitucional del control judicial de la Administración: los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
La Ley 29/1998 (LJCA) es la norma procesal básica del orden contencioso-administrativo; reformada en profundidad por la LO 7/2015 en materia de casación.
El proceso contencioso-administrativo ya no es un mero 'recurso revisor' del acto: es un proceso entre partes en el que se ejercitan pretensiones.
El art. 1 LJCA atribuye a este orden el conocimiento de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo y de las disposiciones generales de rango inferior a la ley.
El art. 2 LJCA amplía la jurisdicción a materias tasadas: derechos fundamentales, responsabilidad patrimonial, contratos administrativos, personal de la Administración de Justicia, entre otras.
Quedan excluidos: materias civiles/penales/sociales, recurso contencioso-disciplinario militar, conflictos de jurisdicción y ciertos actos de las Juntas Electorales (art. 3 LJCA).
IMPORTANTE (reforma en curso de implantación): la LO 1/2025, de 2 de enero, sustituye los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por Secciones de lo Contencioso-Administrativo integradas en un Tribunal de Instancia único por partido judicial, sin cambiar las competencias materiales de los arts. 8-9 LJCA; conviene verificar la fecha exacta de despliegue completo antes del examen.
La legitimación activa exige derecho o interés legítimo (art. 19 LJCA); la Administración puede recurrir sus propios actos mediante el proceso de lesividad.
El objeto del recurso incluye actos, disposiciones generales, la inactividad de la Administración (art. 29 LJCA) y la vía de hecho (art. 30 LJCA).
Recurso contra inactividad: exige reclamación previa y espera de 3 meses (prestación) o 1 mes (ejecución de acto firme) antes de recurrir.
Recurso contra vía de hecho: requerimiento previo (10 días para responder) o recurso directo (20 días desde el inicio de la actuación).
Plazo general de interposición: 2 meses si el acto es expreso; 6 meses si es por silencio (art. 46 LJCA).
El procedimiento ordinario consta de: interposición, reclamación del expediente, demanda, contestación, prueba y vista/conclusiones.
El procedimiento abreviado se aplica a asuntos de cuantía ≤ 30.000 euros y, con independencia de la cuantía, a la mayoría de cuestiones de personal; es oral y concentrado en una vista.
Las medidas cautelares (arts. 129-136 LJCA) se rigen por el criterio del periculum in mora: proceden cuando la ejecución haría perder su finalidad legítima al recurso.
La sentencia puede ser de inadmisibilidad, desestimatoria o estimatoria (total o parcial); la estimatoria puede reconocer una situación jurídica individualizada y condenar a indemnizar (art. 71 LJCA).
Los tribunales NO pueden sustituir el contenido discrecional de los actos anulados ni redactar los preceptos reglamentarios en sustitución de los anulados (art. 71.2 LJCA).
La ejecución de sentencias corresponde en exclusiva a los órganos del orden contencioso-administrativo (art. 103 LJCA); cabe ejecución forzosa con multas coercitivas ante el incumplimiento de la Administración.
El recurso de apelación (arts. 80-85 LJCA) procede contra sentencias de los órganos unipersonales, salvo cuantía ≤ 30.000 euros; lo resuelven los TSJ o la Audiencia Nacional.
El recurso de casación (reforma LO 7/2015) exige interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; la admisión corresponde a la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo mediante auto motivado.
El recurso de revisión contra sentencias firmes tiene causas tasadas (documentos recobrados, falsedad, cohecho) y un plazo general de 5 años; siempre lo resuelve el Tribunal Supremo.
El procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales (arts. 114-122 bis LJCA) es preferente y sumario, con plazos muy reducidos (10 días para interponer el recurso).
La cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA) permite a un órgano no competente para el recurso directo contra un reglamento plantear ante el órgano competente la ilegalidad de este, con efectos erga omnes, frente a la mera inaplicación al caso concreto.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
Conforme al art. 71.2 de la LJCA, los tribunales contencioso-administrativos:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 27 de Inspector Trabajo?
El recurso contencioso-administrativo es el instrumento procesal a través del cual los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo controlan la legalidad de la actuación de las Administraciones públicas, dando efectividad al mandato del artículo 106.1 de la Constitución. Se regula fundamentalmente en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), que ha sido objeto de sucesivas reformas, entre ellas la introducida por la Ley Orgánica 7/2015 en materia de recurso de casación. A ello se suma la reforma de la planta judicial operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por Secciones de lo Contencioso-Administrativo integradas en un Tribunal de Instancia único por partido judicial, en un proceso de implantación progresiva cuyo calendario definitivo conviene verificar en cada momento, sin que ello altere las competencias materiales que la LJCA atribuía a aquellos juzgados.
Para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el conocimiento de este recurso es imprescindible porque constituye la vía última de control judicial de las resoluciones sancionadoras y liquidatorias que agotan la vía administrativa, así como de los reglamentos y disposiciones generales en materia laboral y de Seguridad Social.
¿Qué hay que memorizar del Tema 27 para el examen?
El art. 106.1 CE es el fundamento constitucional del control judicial de la Administración: los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. La Ley 29/1998 (LJCA) es la norma procesal básica del orden contencioso-administrativo; reformada en profundidad por la LO 7/2015 en materia de casación. El proceso contencioso-administrativo ya no es un mero 'recurso revisor' del acto: es un proceso entre partes en el que se ejercitan pretensiones. El art. 1 LJCA atribuye a este orden el conocimiento de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo y de las disposiciones generales de rango inferior a la ley. El art. 2 LJCA amplía la jurisdicción a materias tasadas: derechos fundamentales, responsabilidad patrimonial, contratos administrativos, personal de la Administración de Justicia, entre otras. Quedan excluidos: materias civiles/penales/sociales, recurso contencioso-disciplinario militar, conflictos de jurisdicción y ciertos actos de las Juntas Electorales (art. 3 LJCA). IMPORTANTE (reforma en curso de implantación): la LO 1/2025, de 2 de enero, sustituye los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por Secciones de lo Contencioso-Administrativo integradas en un Tribunal de Instancia único por partido judicial, sin cambiar las competencias materiales de los arts. 8-9 LJCA; conviene verificar la fecha exacta de despliegue completo antes del examen. La legitimación activa exige derecho o interés legítimo (art. 19 LJCA); la Administración puede recurrir sus propios actos mediante el proceso de lesividad. El objeto del recurso incluye actos, disposiciones generales, la inactividad de la Administración (art. 29 LJCA) y la vía de hecho (art. 30 LJCA). Recurso contra inactividad: exige reclamación previa y espera de 3 meses (prestación) o 1 mes (ejecución de acto firme) antes de recurrir. Recurso contra vía de hecho: requerimiento previo (10 días para responder) o recurso directo (20 días desde el inicio de la actuación). Plazo general de interposición: 2 meses si el acto es expreso; 6 meses si es por silencio (art. 46 LJCA). El procedimiento ordinario consta de: interposición, reclamación del expediente, demanda, contestación, prueba y vista/conclusiones. El procedimiento abreviado se aplica a asuntos de cuantía ≤ 30.000 euros y, con independencia de la cuantía, a la mayoría de cuestiones de personal; es oral y concentrado en una vista. Las medidas cautelares (arts. 129-136 LJCA) se rigen por el criterio del periculum in mora: proceden cuando la ejecución haría perder su finalidad legítima al recurso. La sentencia puede ser de inadmisibilidad, desestimatoria o estimatoria (total o parcial); la estimatoria puede reconocer una situación jurídica individualizada y condenar a indemnizar (art. 71 LJCA). Los tribunales NO pueden sustituir el contenido discrecional de los actos anulados ni redactar los preceptos reglamentarios en sustitución de los anulados (art. 71.2 LJCA). La ejecución de sentencias corresponde en exclusiva a los órganos del orden contencioso-administrativo (art. 103 LJCA); cabe ejecución forzosa con multas coercitivas ante el incumplimiento de la Administración. El recurso de apelación (arts. 80-85 LJCA) procede contra sentencias de los órganos unipersonales, salvo cuantía ≤ 30.000 euros; lo resuelven los TSJ o la Audiencia Nacional. El recurso de casación (reforma LO 7/2015) exige interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; la admisión corresponde a la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo mediante auto motivado. El recurso de revisión contra sentencias firmes tiene causas tasadas (documentos recobrados, falsedad, cohecho) y un plazo general de 5 años; siempre lo resuelve el Tribunal Supremo. El procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales (arts. 114-122 bis LJCA) es preferente y sumario, con plazos muy reducidos (10 días para interponer el recurso). La cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA) permite a un órgano no competente para el recurso directo contra un reglamento plantear ante el órgano competente la ilegalidad de este, con efectos erga omnes, frente a la mera inaplicación al caso concreto.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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