Tema 17. Concepto de Derecho Administrativo. Caracteres del Derecho Administrativo. Concepto de Administración Pública. El principio de legalidad: manifestaciones y base constitucional.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
El Derecho Administrativo es la rama del Derecho público que regula la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como sus relaciones con los ciudadanos cuando actúan investidas de potestades públicas. Se configura como un Derecho estatutario, es decir, un Derecho propio y específico de un sujeto singular -la Administración- que actúa con prerrogativas exorbitantes respecto del Derecho privado (autotutela, presunción de validez, ejecutividad) pero también sometido a controles y garantías reforzadas en favor del administrado. Este tema aborda su concepto, caracteres y evolución, el concepto de Administración Pública en sus vertientes subjetiva y objetiva, y el principio de legalidad como eje vertebrador de toda la actuación administrativa, con fundamento directo en los arts. 9.3 y 103.1 de la Constitución Española (CE).
Concepto de Derecho Administrativo como Derecho estatutario de las Administraciones Públicas
La doctrina mayoritaria, siguiendo a García de Enterría y Fernández, define el Derecho Administrativo como el Derecho propio y específico de las Administraciones Públicas, esto es, un Derecho estatutario que se aplica a un sujeto determinado -la Administración- en cuanto tal, y no como un Derecho regulador de una materia o actividad concreta. Frente a las concepciones que lo definían por el objeto (Derecho de la función administrativa) o por la relación jurídica (Derecho de las relaciones entre Administración y administrados), la tesis estatutaria pone el acento en el sujeto: solo es Derecho Administrativo el que tiene como parte a una Administración Pública actuando revestida de su condición de poder público, sometida a un régimen jurídico exorbitante del Derecho común, con privilegios (autotutela, presunción de legalidad, ejecutividad) y, correlativamente, con sujeciones y controles (principio de legalidad, control judicial, responsabilidad patrimonial) que no existen en las relaciones entre particulares. Esta concepción explica por qué la Administración puede actuar también sometida al Derecho privado (Derecho Administrativo cuando actúa iure imperii, Derecho privado cuando actúa iure gestionis, aunque siempre con un núcleo de Derecho público indisponible: competencia, procedimiento, control). El Derecho Administrativo es, por tanto, el Derecho común y ordinario de las Administraciones Públicas, de aplicación preferente frente al Derecho civil o mercantil cuando la Administración actúa como poder público.
Caracteres del Derecho Administrativo: Derecho público, común y general
El Derecho Administrativo presenta tres caracteres esenciales. Es, en primer lugar, Derecho público, porque regula relaciones en las que interviene un sujeto -la Administración- dotado de potestades exorbitantes y de prerrogativas de autotutela que rompen la igualdad típica de las relaciones jurídico-privadas; el interés general que persigue la Administración justifica ese régimen especial. En segundo lugar, es Derecho común de las Administraciones Públicas, en el sentido de que no es un Derecho excepcional o de segundo grado respecto del Derecho civil, sino el ordenamiento propio y ordinario de la actividad administrativa; el Código Civil no actúa como supletorio general, y de hecho es el propio Derecho Administrativo el que remite puntualmente al Derecho privado cuando lo estima oportuno. En tercer lugar, es un Derecho general, porque no se limita a un sector concreto de la actividad administrativa (urbanismo, función pública, contratos) sino que aporta una teoría general aplicable transversalmente a toda la actuación de cualquier Administración: teoría del acto administrativo, del procedimiento, de la potestad, de la responsabilidad patrimonial, de los bienes públicos, etc. Estos tres caracteres explican la autonomía científica y didáctica del Derecho Administrativo frente a otras ramas jurídicas y justifican la existencia de una Parte General común a todos los sectores de intervención administrativa.
Evolución histórica del Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo surge históricamente ligado a la Revolución Francesa y al principio de separación de poderes, cuando se sustrae a la Administración del control de los tribunales ordinarios (para evitar que el Poder Judicial, heredero de los parlements del Antiguo Régimen, interfiriera en la acción de gobierno) y se crea una jurisdicción especial, el Consejo de Estado, que termina generando un cuerpo de reglas jurídicas propio y distinto del Derecho civil. En España, el proceso es paralelo aunque con matices: las Leyes de Santamaría de Paredes y la construcción decimonónica del contencioso-administrativo (Ley Santamaría de Paredes de 1888, reformada en 1894) sientan las bases de una jurisdicción revisora de la actuación administrativa. El gran salto cualitativo se produce en el siglo XX con la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, que consolidan un sistema de garantías frente a la Administración inspirado en el principio de legalidad. La Constitución de 1978 culmina esta evolución al constitucionalizar los principios de actuación administrativa (art. 103 CE) y el control judicial pleno de la Administración (art. 106 CE), y da paso más tarde a la Ley 30/1992 y, en la actualidad, a las Leyes 39/2015 y 40/2015, que separan procedimiento y organización.
Concepto de Administración Pública en sentido subjetivo y objetivo
El término Administración Pública admite una doble acepción. En sentido subjetivo u orgánico, la Administración Pública es una organización, un conjunto de entes públicos personificados (Administración General del Estado, Administraciones autonómicas, Entidades locales y su sector público institucional) que actúan bajo la dirección del Gobierno correspondiente y desarrollan la función ejecutiva. Es el sentido que emplea el art. 103.1 CE cuando habla de "la Administración Pública" como organización. En sentido objetivo o funcional, Administración Pública equivale a función administrativa, es decir, a una determinada actividad o forma de actuación jurídica (dictar actos, elaborar reglamentos, prestar servicios) con independencia de qué órgano o poder la realice; así, cuando el Poder Legislativo o el Poder Judicial contratan personal o gestionan sus medios materiales están ejerciendo función administrativa en sentido objetivo, sujeta en gran medida a las mismas reglas y controles del Derecho Administrativo. Esta distinción explica que exista un Derecho Administrativo aplicable, con matices, a los órganos constitucionales (Cortes Generales, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Casa Real) en su actividad puramente instrumental o de gestión, sin que ello suponga considerarlos Administración Pública en sentido subjetivo. El concepto subjetivo es el que recoge y desarrolla el art. 2 de la Ley 39/2015 y el art. 2 de la Ley 40/2015 al delimitar el ámbito de aplicación de ambas leyes.
La Administración Pública como organización servicial (art. 103.1 CE)
El art. 103.1 CE proclama que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales". Esta cláusula, de enorme trascendencia dogmática, define a la Administración como una organización servicial, esto es, instrumental y vicarial: no tiene fines propios distintos de los que la comunidad política le asigna, sino que su razón de ser es la satisfacción del interés general definido por el ordenamiento jurídico y, en último término, por la voluntad popular expresada a través de las leyes. El adjetivo "objetividad" exige que la Administración actúe con imparcialidad, neutralidad política y ausencia de arbitrariedad, sirviendo a todos los ciudadanos por igual y no a intereses particulares, partidistas o del propio aparato burocrático. Esta caracterización servicial diferencia a la Administración del Gobierno (que sí tiene una dirección política propia, art. 97 CE) y fundamenta institutos como la imparcialidad de los funcionarios, el régimen de incompatibilidades, las causas de abstención y recusación, y el control judicial pleno de toda la actuación administrativa (art. 106.1 CE). El mismo art. 103.1 CE añade que la Administración actúa "de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho", enlazando así el carácter servicial con el principio de legalidad.
Principios constitucionales de actuación administrativa: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
El art. 103.1 CE enumera cinco principios de organización y funcionamiento de la Administración. La eficacia es un principio finalista que exige que la actuación administrativa consiga realmente los objetivos de interés general perseguidos, con el mejor aprovechamiento posible de los medios disponibles; inspira institutos como la simplificación administrativa o la administración electrónica. La jerarquía es un principio organizativo interno que ordena los órganos administrativos en una relación de superioridad-subordinación, atribuyendo al superior potestades de dirección, impulso, inspección y resolución de conflictos de competencia sobre el inferior. La descentralización supone el traspaso de competencias desde un ente territorial a otro distinto y dotado de personalidad jurídica propia (del Estado a las Comunidades Autónomas o a las Entidades locales), de modo que la competencia pasa a ejercerse con autonomía por el ente descentralizado. La desconcentración, en cambio, opera dentro de un mismo ente: consiste en trasladar la titularidad o el ejercicio de una competencia de un órgano superior a otro inferior dentro de la misma organización, sin crear un nuevo sujeto de derecho (art. 8 Ley 40/2015 exige norma con rango de ley o reglamento, según el caso). La coordinación, finalmente, busca la actuación integrada de las diversas Administraciones y de los distintos órganos de una misma Administración, evitando contradicciones y duplicidades mediante técnicas como los planes conjuntos, las conferencias sectoriales o los convenios.
El principio de legalidad administrativa: fundamento constitucional (arts. 9.3 y 103.1 CE)
El principio de legalidad es la piedra angular del Derecho Administrativo y del Estado de Derecho, y encuentra un doble anclaje constitucional. El art. 9.3 CE garantiza, con carácter general para todos los poderes públicos, "el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". El art. 103.1 CE, específicamente referido a la Administración Pública, exige que esta actúe "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". Esta fórmula es más amplia que una simple sujeción a la ley formal: comprende el sometimiento a todo el ordenamiento jurídico (Constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, principios generales del Derecho, jurisprudencia consolidada). El principio de legalidad implica que toda actuación administrativa debe encontrar cobertura en el ordenamiento jurídico, que ningún acto de la Administración puede contradecir una norma de rango superior, y que corresponde a los Tribunales controlar la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican (art. 106.1 CE). Constituye, además, un límite frente a la arbitrariedad y un instrumento de garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos frente al poder público.
El principio de legalidad como vinculación positiva y negativa
La doctrina distingue dos formas de entender la vinculación de los poderes públicos a la ley. La vinculación negativa (propia del ámbito de los particulares y, en parte, de la actividad legislativa) implica que el sujeto puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe expresamente: la ley actúa como límite externo a una libertad que se presume. La vinculación positiva, en cambio, exige que toda actuación cuente con una habilitación previa y expresa del ordenamiento: el sujeto solo puede hacer aquello para lo que la ley le apodera, de modo que la ley no es un límite externo sino el fundamento mismo de la actuación. La Administración Pública española se rige, según la posición doctrinal mayoritaria (Santamaría Pastor, García de Enterría), por el criterio de la vinculación positiva: toda potestad administrativa necesita una atribución legal previa (principio de atribución o de habilitación legal), de manera que sin norma habilitante la Administración carece de competencia para actuar, so pena de incurrir en un vicio de nulidad de pleno derecho por incompetencia (art. 47.1.b Ley 39/2015). Este criterio se opone al modelo de vinculación negativa que rige, con matices, la actuación de los particulares en el ejercicio de su libertad general de actuación (art. 10.1 CE), para quienes rige el principio de que todo lo no prohibido está permitido.
La doctrina de la vinculación positiva de la Administración a la Ley
La construcción teórica de la vinculación positiva se atribuye clásicamente a la escuela alemana (Otto Mayer) y fue asumida en España por García de Enterría, quien la formuló mediante la técnica de la "atribución legal previa de potestades": la Administración no tiene una capacidad jurídica general como los sujetos privados, sino que su actuación se articula siempre a través de potestades tasadas y previamente conferidas por el ordenamiento (potestad expropiatoria, sancionadora, reglamentaria, de policía, etc.). Sin esa atribución previa, cualquier actuación administrativa es inválida, porque el ordenamiento jurídico no opera para la Administración como un límite frente a una capacidad genérica, sino como la fuente misma de la que emana cada facultad concreta de actuación. Frente a esta tesis clásica, un sector doctrinal más moderno matiza que la vinculación positiva no exige una habilitación específica para cada acto, sino una cobertura legal genérica del ámbito de actuación (competencia genérica más habilitación de fin), permitiendo cierto margen de apreciación cuando la Administración actúa dentro de su esfera competencial ordinaria (por ejemplo, actos de organización interna o de gestión patrimonial). En todo caso, la vinculación positiva sigue siendo el presupuesto que explica por qué la falta de norma atributiva de competencia da lugar a la nulidad de pleno derecho (art. 47.1.b Ley 39/2015) y no a una simple irregularidad.
El principio de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho
La expresión constitucional "sometimiento pleno a la ley y al Derecho" (art. 103.1 CE) tiene un significado técnico preciso: distingue entre la ley, en sentido formal (las normas emanadas del poder legislativo y las disposiciones con rango de ley), y el Derecho, en un sentido más amplio que engloba la Constitución, los tratados internacionales, los principios generales del Derecho (buena fe, confianza legítima, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad), la costumbre y, según un sector doctrinal, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Esta fórmula amplía el canon de control de la actuación administrativa más allá de la mera legalidad formal: la Administración puede infringir el Derecho (y por tanto actuar de forma inválida) aunque no vulnere ninguna ley concreta, si contraviene un principio general reconocido por el ordenamiento. El adjetivo "pleno" refuerza además que no existen ámbitos de la actividad administrativa exentos de control jurídico: ni siquiera los llamados actos políticos o de gobierno escapan por completo al control judicial, pues sus elementos reglados (competencia, procedimiento, indemnizaciones) siguen siendo revisables. El sometimiento pleno a la Ley y al Derecho es, en definitiva, el reverso jurídico del principio de eficacia: la Administración debe ser eficaz, pero solo dentro de los cauces que el Derecho le marca.
Manifestaciones del principio de legalidad: reserva de ley, jerarquía normativa y control judicial
El principio de legalidad se proyecta en tres grandes manifestaciones prácticas. La primera es la reserva de ley, que impide que determinadas materias (derechos fundamentales, tributos, sanciones, organización de instituciones básicas del Estado) puedan ser reguladas por una norma de rango inferior a la ley, garantizando así que las decisiones más trascendentes para los ciudadanos sean adoptadas por el órgano de mayor legitimidad democrática, el Parlamento. La segunda es el principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE y art. 1.2 Código Civil), que ordena las fuentes del Derecho de forma escalonada -Constitución, leyes, reglamentos- de modo que ninguna norma inferior puede contradecir a una superior, so pena de nulidad; dentro de los propios reglamentos rige además una jerarquía entre disposiciones de distinto rango (Real Decreto, Orden Ministerial, Resolución). La tercera manifestación es el control judicial pleno de la Administración, atribuido con carácter general a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), que fiscaliza la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican, incluyendo el control de la discrecionalidad a través de sus elementos reglados y de los principios generales del Derecho. Estas tres manifestaciones convierten el principio de legalidad de una declaración programática en un mecanismo efectivo de garantía frente al poder público.
La Administración como persona jurídica
Cada Administración Pública actúa dotada de personalidad jurídica propia y única, lo que constituye uno de los rasgos técnicos más característicos del Derecho Administrativo español. El art. 3.4 de la Ley 40/2015 dispone expresamente que cada una de las Administraciones Públicas (la General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de ellas) actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Esto significa que, aunque una Administración se organice internamente en multitud de órganos, ministerios, consejerías o unidades, todos ellos carecen de personalidad jurídica propia y actúan en nombre y por cuenta de la persona jurídica única que es, por ejemplo, el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente; los actos de cualquier órgano se imputan jurídicamente a esa única persona. Distinto es el caso de los entes instrumentales del sector público institucional (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, sociedades mercantiles públicas), a los que la ley sí reconoce personalidad jurídica diferenciada de la Administración matriz, precisamente para dotarlos de autonomía de gestión, aunque siempre vinculados o dependientes de ella. La personalidad jurídica única de cada Administración territorial es la que permite hablar con propiedad de "la" Administración General del Estado como sujeto de derechos y obligaciones, capaz de comparecer en juicio y de responder patrimonialmente.
Personificación de las Administraciones Públicas: General del Estado, Autonómica y Local
El ordenamiento español reconoce personalidad jurídica propia a tres niveles territoriales de Administración Pública, conforme al art. 2 de la Ley 40/2015. La Administración General del Estado (AGE) es la organización que, bajo la dirección del Gobierno de la Nación, desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de competencia estatal, estructurada en servicios centrales (Ministerios) y servicios periféricos (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno) y con proyección exterior. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas son las organizaciones que, bajo la dirección de los respectivos Consejos de Gobierno, ejercen las competencias asumidas estatutariamente, cada una con su propia personalidad jurídica diferenciada de la del Estado. Las Entidades que integran la Administración Local -Municipios, Provincias, Islas en los archipiélagos balear y canario, y demás entidades locales reconocidas por la legislación de régimen local (comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades)- gozan igualmente de personalidad jurídica propia y de autonomía para la gestión de sus intereses, garantizada constitucionalmente por los arts. 137, 140 y 141 CE. A estas tres Administraciones territoriales se suma, en cada caso, su correspondiente sector público institucional (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y demás entes instrumentales), que, aunque dotado de personalidad jurídica propia, se encuentra siempre vinculado o dependiente de la Administración matriz que lo crea y tutela.
El sector público institucional (Ley 40/2015)
El art. 2.2 de la Ley 40/2015 define el sector público institucional como el conjunto de organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones territoriales. En el ámbito estatal comprende, entre otros, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios adscritos, las fundaciones del sector público estatal, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas. Cada una de estas figuras responde a una lógica organizativa distinta: los organismos autónomos se rigen íntegramente por Derecho Administrativo y realizan actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios; las entidades públicas empresariales combinan Derecho público (potestades administrativas, régimen presupuestario) y Derecho privado (régimen de personal y contratación, salvo excepciones); las autoridades administrativas independientes gozan de un régimen reforzado de independencia funcional respecto del Gobierno (CNMC, CNMV, Banco de España); las sociedades mercantiles estatales se rigen por el Derecho privado salvo en las materias en que les sea de aplicación normativa presupuestaria, contable o de control. La Ley 40/2015 introdujo, frente a la anterior dispersión normativa, un régimen común de creación, transformación y extinción de estos entes, sometido a un principio de racionalización organizativa y de necesidad, sostenibilidad financiera y eficiencia (art. 81 Ley 40/2015).
Diferencia entre Administración Pública y Poder Ejecutivo o Gobierno
Aunque en el lenguaje corriente se identifican con frecuencia, Gobierno y Administración Pública son conceptualmente distintos. El Gobierno (art. 97 CE) es un órgano constitucional, de composición política y carácter representativo, que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes; sus miembros (Presidente, Vicepresidentes, Ministros) ostentan responsabilidad política ante las Cortes Generales. La Administración Pública, en cambio, es una organización servicial, profesionalizada, permanente y jerarquizada, que actúa bajo la dirección del Gobierno pero sin la naturaleza política de este: sus integrantes (funcionarios y personal laboral) están sometidos a un régimen de objetividad, imparcialidad y neutralidad política (art. 103.3 CE), y no cesan con los cambios de Gobierno. La relación entre ambos es de dirección: el Gobierno dirige la Administración (art. 97 CE), pero la Administración, en cuanto organización, subsiste con independencia de qué Gobierno la dirija en cada momento. Esta distinción explica por qué los actos del Gobierno como órgano colegiado (decisiones estrictamente políticas, actos de relación con otros órganos constitucionales) no siempre son actos administrativos plenamente fiscalizables, mientras que los actos de la Administración, incluidos los dictados por el propio Consejo de Ministros en el ejercicio de función administrativa, sí están sometidos al control pleno de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El principio de autotutela administrativa: declarativa y ejecutiva
La autotutela es el privilegio, propio y característico de la Administración Pública, en virtud del cual esta puede tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, sin necesidad de acudir previamente a un juez, a diferencia de los particulares, que están sometidos al principio de heterotutela judicial (nadie puede hacerse justicia por su propia mano). La autotutela declarativa consiste en la capacidad de la Administración de declarar unilateralmente lo que es Derecho en el caso concreto mediante sus actos administrativos, que gozan de presunción de validez y son eficaces desde que se dictan (art. 39 Ley 39/2015), invirtiendo la carga de accionar: no es la Administración quien debe demandar al particular para que se reconozca la validez de su decisión, sino el particular quien debe recurrir el acto si no está conforme, y mientras no lo haga con éxito el acto despliega todos sus efectos. La autotutela ejecutiva o ejecutoria añade un paso más: permite a la Administración llevar a la práctica, incluso de forma forzosa y sin intervención judicial previa, lo declarado en sus actos, mediante los medios de ejecución forzosa del art. 100 Ley 39/2015 (apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas). Ambas manifestaciones de la autotutela se fundamentan en la necesidad de garantizar la eficacia inmediata de la actuación administrativa en defensa del interés general, y encuentran su contrapeso en el control judicial posterior y en la posibilidad de suspensión cautelar del acto.
El control judicial de la Administración: la jurisdicción contencioso-administrativa
El art. 106.1 CE establece que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. Este control se articula institucionalmente a través del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, regulado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), que constituye el contrapeso necesario a los privilegios de autotutela de la Administración: si esta puede declarar y ejecutar por sí misma sus decisiones sin acudir previamente al juez, es indispensable que exista después un control judicial pleno y efectivo, conforme también exige el art. 24.1 CE (tutela judicial efectiva). El objeto del recurso contencioso-administrativo comprende la actividad de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la ley, los actos expresos y presuntos, la inactividad de la Administración y las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. El control judicial no se limita a los elementos reglados del acto, sino que se extiende, a través de técnicas como el control de los conceptos jurídicos indeterminados, la desviación de poder (art. 70.2 LJCA) o los principios generales del Derecho, a fiscalizar también el ejercicio de potestades discrecionales, sin que ello suponga sustituir a la Administración en la elección entre las alternativas igualmente válidas que el ordenamiento le reconoce.
El Derecho Administrativo como garantía de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración
El Derecho Administrativo cumple una doble función, aparentemente contradictoria pero en realidad complementaria: por un lado, atribuye a la Administración potestades y prerrogativas exorbitantes (autotutela, presunción de validez, ejecutividad, expropiación) que no existen en las relaciones entre particulares, precisamente para permitirle servir con eficacia al interés general; por otro lado, articula un sistema de garantías y controles que limitan y encauzan esas potestades en beneficio de los ciudadanos, evitando la arbitrariedad. Entre estas garantías destacan: el principio de legalidad y de reserva de ley, que exige habilitación normativa previa para toda actuación; el procedimiento administrativo, que asegura la participación del interesado y el acierto de la decisión (audiencia, motivación, informes); el sistema de recursos administrativos y el control judicial posterior a través de la jurisdicción contencioso-administrativa; el instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que garantiza la indemnidad patrimonial de los ciudadanos frente a los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos (arts. 32 y siguientes Ley 40/2015); y el reconocimiento de un catálogo de derechos de los interesados en el procedimiento (art. 13 Ley 39/2015). Esta doble dimensión -de poder y de garantía- es la que permite calificar al Derecho Administrativo, en la tradición del Estado de Derecho, como el Derecho de la libertad frente al poder, en la célebre formulación de García de Enterría.
Fuentes del Derecho Administrativo: la Ley, el Reglamento, los principios generales del Derecho y la costumbre
El sistema de fuentes del Derecho Administrativo se articula, con carácter general, conforme al esquema del art. 1 del Código Civil, con las adaptaciones propias de este sector del ordenamiento. La Constitución ocupa la cúspide, como norma suprema directamente aplicable. La Ley, en sus distintas modalidades (orgánica, ordinaria, decreto-ley, decreto legislativo), constituye la fuente primaria y directa, expresión de la voluntad popular a través del Parlamento. El Reglamento es la fuente propia y más característica del Derecho Administrativo, dictado por la propia Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria (art. 97 CE), siempre subordinado a la ley y sometido al principio de jerarquía normativa e inderogabilidad singular (art. 37 Ley 39/2015). Los principios generales del Derecho cumplen una triple función -informadora del ordenamiento, supletoria en ausencia de norma y directamente normativa cuando se invocan ante los tribunales- y tienen especial relevancia en Derecho Administrativo (proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica), muchos de ellos hoy positivizados en el art. 3 de la Ley 40/2015. La costumbre tiene una presencia muy residual, dado el peso del principio de legalidad y la vinculación positiva de la Administración, aunque se admite en ámbitos muy concretos (usos y costumbres locales, aprovechamientos comunales). La jurisprudencia, sin ser fuente formal, complementa el ordenamiento (art. 1.6 Código Civil) y tiene un papel decisivo en la construcción del Derecho Administrativo.
Relaciones entre el Derecho Administrativo y otras ramas del ordenamiento jurídico
El Derecho Administrativo, pese a su autonomía como Derecho estatutario, mantiene relaciones estrechas con otras ramas del ordenamiento. Con el Derecho Constitucional, del que recibe sus principios estructurales básicos (organización territorial del poder, derechos fundamentales, principio de legalidad, control judicial), hasta el punto de que gran parte del Derecho Administrativo actual es Derecho constitucional aplicado o desarrollado. Con el Derecho Civil, que actúa en ocasiones como Derecho supletorio en materias no reguladas específicamente (contratos, bienes, obligaciones), y con el que comparte instituciones que el Derecho Administrativo ha adaptado a sus propios fines (representación, plazos, invalidez de los actos jurídicos). Con el Derecho Penal, en la medida en que ciertas conductas administrativas gravemente ilícitas son también constitutivas de delito (prevaricación, cohecho, malversación), y porque el Derecho Administrativo sancionador comparte con el Derecho Penal los principios esenciales de la potestad punitiva del Estado (legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, non bis in idem), aunque con matices propios recogidos en la Ley 40/2015. Con el Derecho Procesal, a través de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula el control judicial de la Administración. Y, cada vez con mayor intensidad, con el Derecho de la Unión Europea, fuente directa de numerosas instituciones y principios (proporcionalidad, confianza legítima, buena administración) incorporados al Derecho interno.
El derecho a una buena administración (art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea)
El derecho a una buena administración, reconocido en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que goza, desde el Tratado de Lisboa, del mismo valor jurídico que los Tratados, ex art. 6.1 TUE), comprende, en su formulación originaria, el derecho de toda persona a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, e incluye manifestaciones concretas como el derecho a ser oída antes de que se adopte en su contra una medida individual desfavorable, el derecho de acceso al expediente que le concierna, la obligación de motivar las decisiones adoptadas, y el derecho a obtener reparación por los daños causados por las instituciones o sus agentes. Aunque su formulación literal se dirige, en sentido estricto, a las instituciones y órganos de la Unión y no directamente a las Administraciones de los Estados miembros (a diferencia de otros derechos de la Carta, aplicables a estas últimas cuando apliquen Derecho de la Unión, conforme al art. 51 de la propia Carta), la jurisprudencia del TJUE y buena parte de la doctrina española han ido reconociendo en el principio de buena administración una proyección de alcance más general, próxima a un auténtico principio general del Derecho Administrativo, que informa también la interpretación de las garantías procedimentales reconocidas al interesado en la Ley 39/2015 (motivación, audiencia, resolución en plazo razonable), reforzando así la dimensión de garantía del ciudadano frente a la mera eficacia que, como se ha visto, caracteriza también al Derecho Administrativo contemporáneo.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Derecho Administrativo es Derecho estatutario: se define por el sujeto (la Administración actuando como poder público), no por la materia ni por la relación jurídica.
Es Derecho público, común (no excepcional respecto al civil) y general (aporta una teoría aplicable a todos los sectores de la acción administrativa).
Administración Pública en sentido subjetivo = organización; en sentido objetivo = función administrativa, ejercitable también por otros poderes del Estado en su vertiente instrumental.
El art. 103.1 CE define a la Administración como organización servicial que actúa con objetividad al servicio de los intereses generales.
Los cinco principios del art. 103.1 CE son eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; jerarquía y desconcentración operan dentro de un mismo ente, descentralización entre entes distintos.
El principio de legalidad tiene doble anclaje: art. 9.3 CE (con carácter general) y art. 103.1 CE (sometimiento pleno a la ley y al Derecho, referido específicamente a la Administración).
La Administración española se rige por el criterio de vinculación positiva a la ley: necesita habilitación previa y expresa para actuar (frente a la vinculación negativa de los particulares).
La falta de norma atributiva de competencia (vulneración de la vinculación positiva) determina la nulidad de pleno derecho del acto por incompetencia manifiesta (art. 47.1.b Ley 39/2015).
"Ley y Derecho" en el art. 103.1 CE es más amplio que la ley formal: incluye Constitución, tratados, principios generales del Derecho y, para un sector doctrinal, jurisprudencia consolidada.
El principio de legalidad se manifiesta en reserva de ley, jerarquía normativa (art. 9.3 CE) y control judicial pleno (art. 106.1 CE).
Cada Administración territorial tiene personalidad jurídica única (art. 3.4 Ley 40/2015); los órganos internos carecen de personalidad propia y sus actos se imputan a esa persona jurídica única.
Existen tres Administraciones territoriales con personalidad propia: General del Estado, Autonómica y Local (arts. 137, 140 y 141 CE).
El sector público institucional (art. 2.2 Ley 40/2015) agrupa a los entes instrumentales (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público) vinculados o dependientes de la Administración matriz, con personalidad jurídica propia diferenciada de esta.
Gobierno (art. 97 CE, órgano político con responsabilidad ante las Cortes) y Administración (organización servicial, profesionalizada, neutral) son conceptos distintos, aunque el primero dirige a la segunda.
La autotutela declarativa permite a la Administración declarar el Derecho por sí misma mediante actos con presunción de validez (art. 39 Ley 39/2015); la autotutela ejecutiva permite ejecutarlos forzosamente sin acudir previamente al juez (art. 100 Ley 39/2015).
El control judicial de la Administración corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998), como contrapeso necesario a la autotutela, y se extiende también al control de la discrecionalidad y a la desviación de poder (art. 70.2 LJCA).
El Derecho Administrativo tiene una doble dimensión de poder (potestades exorbitantes) y de garantía (procedimiento, recursos, responsabilidad patrimonial, control judicial) frente a los ciudadanos.
El Reglamento es la fuente más característica y propia del Derecho Administrativo, siempre subordinado a la ley (principio de jerarquía normativa e inderogabilidad singular, art. 37 Ley 39/2015).
Los principios generales del Derecho (proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica) están hoy en gran parte positivizados en el art. 3 Ley 40/2015.
El Derecho Administrativo mantiene relaciones de dependencia con el Derecho Constitucional, de supletoriedad puntual con el Derecho Civil, de afinidad principial con el Derecho Penal (potestad sancionadora) y de creciente influencia con el Derecho de la Unión Europea.
Derecho a una buena administración (art. 41 Carta de Derechos Fundamentales de la UE, mismo valor que los Tratados desde Lisboa): comprende ser oído, acceso al expediente, motivación y plazo razonable; dirigido en sentido estricto a las instituciones de la UE, con proyección como principio general sobre las garantías del interesado en la Ley 39/2015.
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El art. 103.1 CE exige que la Administración Pública actúe con sometimiento pleno a:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 17 de Inspector Trabajo?
El Derecho Administrativo es la rama del Derecho público que regula la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como sus relaciones con los ciudadanos cuando actúan investidas de potestades públicas. Se configura como un Derecho estatutario, es decir, un Derecho propio y específico de un sujeto singular -la Administración- que actúa con prerrogativas exorbitantes respecto del Derecho privado (autotutela, presunción de validez, ejecutividad) pero también sometido a controles y garantías reforzadas en favor del administrado. Este tema aborda su concepto, caracteres y evolución, el concepto de Administración Pública en sus vertientes subjetiva y objetiva, y el principio de legalidad como eje vertebrador de toda la actuación administrativa, con fundamento directo en los arts. 9.3 y 103.1 de la Constitución Española (CE).
¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?
El Derecho Administrativo es Derecho estatutario: se define por el sujeto (la Administración actuando como poder público), no por la materia ni por la relación jurídica. Es Derecho público, común (no excepcional respecto al civil) y general (aporta una teoría aplicable a todos los sectores de la acción administrativa). Administración Pública en sentido subjetivo = organización; en sentido objetivo = función administrativa, ejercitable también por otros poderes del Estado en su vertiente instrumental. El art. 103.1 CE define a la Administración como organización servicial que actúa con objetividad al servicio de los intereses generales. Los cinco principios del art. 103.1 CE son eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; jerarquía y desconcentración operan dentro de un mismo ente, descentralización entre entes distintos. El principio de legalidad tiene doble anclaje: art. 9.3 CE (con carácter general) y art. 103.1 CE (sometimiento pleno a la ley y al Derecho, referido específicamente a la Administración). La Administración española se rige por el criterio de vinculación positiva a la ley: necesita habilitación previa y expresa para actuar (frente a la vinculación negativa de los particulares). La falta de norma atributiva de competencia (vulneración de la vinculación positiva) determina la nulidad de pleno derecho del acto por incompetencia manifiesta (art. 47.1.b Ley 39/2015). "Ley y Derecho" en el art. 103.1 CE es más amplio que la ley formal: incluye Constitución, tratados, principios generales del Derecho y, para un sector doctrinal, jurisprudencia consolidada. El principio de legalidad se manifiesta en reserva de ley, jerarquía normativa (art. 9.3 CE) y control judicial pleno (art. 106.1 CE). Cada Administración territorial tiene personalidad jurídica única (art. 3.4 Ley 40/2015); los órganos internos carecen de personalidad propia y sus actos se imputan a esa persona jurídica única. Existen tres Administraciones territoriales con personalidad propia: General del Estado, Autonómica y Local (arts. 137, 140 y 141 CE). El sector público institucional (art. 2.2 Ley 40/2015) agrupa a los entes instrumentales (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público) vinculados o dependientes de la Administración matriz, con personalidad jurídica propia diferenciada de esta. Gobierno (art. 97 CE, órgano político con responsabilidad ante las Cortes) y Administración (organización servicial, profesionalizada, neutral) son conceptos distintos, aunque el primero dirige a la segunda. La autotutela declarativa permite a la Administración declarar el Derecho por sí misma mediante actos con presunción de validez (art. 39 Ley 39/2015); la autotutela ejecutiva permite ejecutarlos forzosamente sin acudir previamente al juez (art. 100 Ley 39/2015). El control judicial de la Administración corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998), como contrapeso necesario a la autotutela, y se extiende también al control de la discrecionalidad y a la desviación de poder (art. 70.2 LJCA). El Derecho Administrativo tiene una doble dimensión de poder (potestades exorbitantes) y de garantía (procedimiento, recursos, responsabilidad patrimonial, control judicial) frente a los ciudadanos. El Reglamento es la fuente más característica y propia del Derecho Administrativo, siempre subordinado a la ley (principio de jerarquía normativa e inderogabilidad singular, art. 37 Ley 39/2015). Los principios generales del Derecho (proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica) están hoy en gran parte positivizados en el art. 3 Ley 40/2015. El Derecho Administrativo mantiene relaciones de dependencia con el Derecho Constitucional, de supletoriedad puntual con el Derecho Civil, de afinidad principial con el Derecho Penal (potestad sancionadora) y de creciente influencia con el Derecho de la Unión Europea. Derecho a una buena administración (art. 41 Carta de Derechos Fundamentales de la UE, mismo valor que los Tratados desde Lisboa): comprende ser oído, acceso al expediente, motivación y plazo razonable; dirigido en sentido estricto a las instituciones de la UE, con proyección como principio general sobre las garantías del interesado en la Ley 39/2015.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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