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Tema 21. El acto jurídico y el acto administrativo. Concepto del acto administrativo. Elementos. Clasificación de los actos administrativos. Actos de gestión y de gobierno.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

El acto administrativo constituye la categoría central y más estudiada de la parte general del Derecho Administrativo, en cuanto instrumento jurídico ordinario a través del cual la Administración declara su voluntad, juicio, deseo o conocimiento en el ejercicio de una potestad administrativa. Este tema aborda el concepto de acto jurídico y su especificación en el acto administrativo, los elementos que lo integran (subjetivos, objetivos y formales), y las múltiples clasificaciones doctrinales que permiten sistematizar la enorme variedad de actos que la Administración dicta en su actividad ordinaria: favorables y de gravamen, definitivos y de trámite, expresos y presuntos, simples y complejos. Se dedica también atención a la controvertida figura de los actos políticos o de gobierno y a la distinción entre acto administrativo, contrato administrativo y actos de gestión sujetos al Derecho privado.

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Concepto de acto jurídico y su distinción del acto administrativo

El acto jurídico, en sentido general, es toda manifestación de voluntad, de juicio, de deseo o de conocimiento realizada por un sujeto de derecho de la que el ordenamiento hace derivar efectos jurídicos, con independencia de que ese sujeto sea un particular o un poder público. El acto administrativo es una especie cualificada dentro del género más amplio de los actos jurídicos, caracterizada por dos notas que lo distinguen de los actos jurídico-privados: de un lado, procede de una Administración Pública actuando en el ejercicio de una potestad administrativa (no de cualquier sujeto ni en cualquier condición, pues los actos de la Administración sujetos a Derecho privado, aunque procedan de ella, no son actos administrativos en sentido técnico); de otro lado, se somete a un régimen jurídico exorbitante y específico, distinto del común aplicable a los negocios jurídicos privados, caracterizado por la presunción de validez, la ejecutividad inmediata, el procedimiento formalizado de elaboración y un sistema propio y tasado de invalidez (nulidad de pleno derecho y anulabilidad, arts. 47 y 48 Ley 39/2015), frente al régimen general de ineficacia de los negocios jurídicos privados regulado en el Código Civil. Esta distinción tiene una enorme trascendencia práctica, pues determina el régimen jurídico aplicable (Derecho Administrativo o Derecho privado) y el orden jurisdiccional competente para conocer de los litigios que puedan suscitarse.

Concepto de acto administrativo: declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento

Siguiendo la definición clásica, mayoritariamente aceptada en la doctrina española (Garrido Falla, Zanobini), el acto administrativo es toda declaración de voluntad, de juicio, de deseo o de conocimiento realizada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, sujeta al Derecho Administrativo y susceptible de producir efectos jurídicos sobre terceros. La declaración de voluntad es la modalidad más frecuente, y comprende las decisiones administrativas que imponen, autorizan, deniegan o resuelven algo (una sanción, una autorización, la resolución de un procedimiento). La declaración de juicio comprende los actos en los que la Administración se limita a valorar o calificar una situación sin imponer una obligación directa (calificaciones, informes con eficacia externa, dictámenes vinculantes). La declaración de deseo comprende las propuestas o peticiones que un órgano dirige a otro dentro del propio ámbito administrativo. La declaración de conocimiento comprende los actos certificantes, mediante los cuales la Administración da fe de un hecho o situación (certificados, inscripciones registrales, diligencias). Esta clasificación de Zanobini, aunque criticada por su carácter descriptivo más que estrictamente conceptual, sigue siendo de gran utilidad didáctica para ilustrar la variedad de manifestaciones que puede revestir la actividad jurídica unilateral de la Administración.

Elementos subjetivos del acto administrativo: el órgano competente

El elemento subjetivo del acto administrativo se refiere al sujeto que lo dicta: necesariamente una Administración Pública, actuando siempre a través de la persona física titular del órgano competente, cuya voluntad se imputa jurídicamente a la persona jurídica pública correspondiente (Estado, Comunidad Autónoma, Entidad local). La competencia es el elemento subjetivo más relevante desde el punto de vista de la validez del acto: se define como el conjunto de potestades, funciones y atribuciones que el ordenamiento jurídico confiere a un órgano administrativo concreto, y su ejercicio por el órgano correspondiente constituye un requisito esencial e indisponible del acto administrativo. La competencia puede clasificarse por razón de la materia (ratione materiae), del territorio (ratione loci) y de la jerarquía o grado (ratione gradus), y es siempre irrenunciable, se ejerce precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos legalmente previstos de delegación, sustitución, avocación o encomienda de gestión (art. 8 Ley 40/2015). La incompetencia del órgano que dicta el acto constituye uno de los vicios de mayor gravedad, determinando la nulidad de pleno derecho cuando es manifiesta y por razón de la materia o del territorio (art. 47.1.b Ley 39/2015), o la simple anulabilidad cuando se trata de incompetencia jerárquica no manifiesta, susceptible de convalidación (art. 52.3 Ley 39/2015).

Elementos objetivos: presupuesto de hecho, causa, fin y contenido

Los elementos objetivos del acto administrativo son aquellos referidos a su sustancia o materia, con independencia del sujeto que lo dicta o de la forma que reviste. El presupuesto de hecho es la situación fáctica, prevista de forma abstracta por la norma atributiva de la potestad, cuya concurrencia en el caso concreto habilita y, en su caso, obliga a la Administración a actuar (la comisión de una infracción para la potestad sancionadora, la existencia de una necesidad pública para la expropiatoria); su inexistencia o su calificación errónea vicia el acto por defecto en los hechos determinantes. La causa es la razón jurídica que justifica la producción de los efectos del acto, esto es, la relación de coherencia entre el fin perseguido por la norma habilitante y el contenido concreto de la decisión adoptada; su ausencia o su desviación (cuando el acto se dicta para un fin distinto del previsto) constituye desviación de poder. El fin es el objetivo de interés público concreto que el ordenamiento asigna a la potestad ejercitada, elemento siempre reglado en toda potestad, incluso en las de mayor discrecionalidad. El contenido es aquello que el acto dispone, ordena, declara o certifica: puede ser un contenido necesario (el mínimo exigido por la norma para que el acto cumpla su función típica) y un contenido eventual o accesorio (condiciones, términos, modos que la Administración puede añadir dentro de los límites legales).

Elementos formales: procedimiento y forma de manifestación

Los elementos formales del acto administrativo comprenden, de un lado, el procedimiento a través del cual se elabora y adopta la decisión, y de otro, la forma externa mediante la cual esa decisión se exterioriza y se comunica a sus destinatarios. El procedimiento constituye un elemento esencial del acto administrativo, hasta el punto de que su omisión total y absoluta determina la nulidad de pleno derecho de lo actuado (art. 47.1.e Ley 39/2015): a diferencia de los negocios jurídicos privados, que en general se perfeccionan por el mero consentimiento, el acto administrativo exige siempre un cauce formal previo -iniciación, instrucción, resolución- que garantiza el acierto de la decisión y los derechos de los interesados (audiencia, informes, motivación). La forma de manifestación se refiere al modo en que el contenido de la voluntad administrativa se exterioriza; la regla general en el Derecho español, conforme al art. 36.1 de la Ley 39/2015, es la forma escrita, preferentemente por medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia (por ejemplo, señales de tráfico, órdenes verbales de la policía en situaciones de urgencia, o acuerdos adoptados oralmente en el seno de órganos colegiados, siempre que quede constancia de su contenido y efectos, art. 36.3 Ley 39/2015).

Clasificación por su contenido: actos favorables y actos de gravamen

Una de las clasificaciones de mayor trascendencia práctica distingue los actos administrativos según los efectos que producen sobre la esfera jurídica de su destinatario. Los actos favorables o ampliativos son aquellos que amplían el patrimonio jurídico del destinatario, reconociéndole un derecho, una facultad o una situación jurídica ventajosa que antes no tenía (una autorización, una subvención, un nombramiento, el reconocimiento de una pensión); su régimen jurídico se caracteriza por una mayor estabilidad y protección: solo pueden ser dejados sin efecto por la propia Administración a través de cauces especialmente garantistas (revisión de oficio de actos nulos, art. 106 Ley 39/2015; declaración de lesividad y posterior impugnación judicial de actos anulables, art. 107 Ley 39/2015), sin que quepa su libre revocación. Los actos de gravamen o desfavorables son aquellos que restringen, limitan o extinguen derechos, o imponen una obligación, carga o sanción al destinatario (una sanción, una orden, la denegación de una solicitud, la expropiación); su régimen jurídico es más flexible en cuanto a su eliminación por la propia Administración, que puede revocarlos libremente en cualquier momento, en beneficio del interesado, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1 Ley 39/2015).

Actos declarativos de derechos y actos de gravamen

Dentro de la categoría de los actos favorables, la doctrina distingue especialmente los actos declarativos de derechos, esto es, aquellos que reconocen o declaran a favor de su destinatario una situación jurídica de la que ya era, en cierto modo, potencial titular conforme al ordenamiento (el reconocimiento de una pensión ya causada, la homologación de un título), frente a los actos constitutivos, que crean ex novo una situación jurídica que antes no existía en absoluto (el otorgamiento de una concesión demanial, el nombramiento de un funcionario). Esta distinción tiene relevancia práctica en materia de invalidez y de revisión de oficio, pues el nivel de protección reforzada que la Ley 39/2015 dispensa a los actos favorables (arts. 106 a 109) se aplica, con matices, tanto a los declarativos como a los constitutivos de derechos, en la medida en que ambos generan en su destinatario una legítima confianza y una situación jurídica consolidada digna de protección frente a la revisión unilateral de la Administración. Los actos de gravamen, en cambio, al no generar esa misma confianza legítima en el destinatario -que normalmente no desea su mantenimiento sino precisamente su eliminación-, están sujetos a un régimen de revocabilidad mucho más flexible (art. 109.1 Ley 39/2015), sin las garantías reforzadas de la revisión de oficio.

Actos definitivos y actos de trámite

Los actos definitivos o resolutorios son aquellos que ponen fin al procedimiento administrativo, resolviendo sobre el fondo de las cuestiones planteadas, y constituyen la manifestación más acabada de la voluntad administrativa; son, por regla general, los únicos susceptibles de recurso administrativo y contencioso-administrativo autónomo. Los actos de trámite son aquellos que se dictan a lo largo de la tramitación del procedimiento, con una función meramente instrumental o preparatoria de la resolución final (acuerdos de iniciación, requerimientos de subsanación, apertura de un periodo de prueba, informes, propuestas de resolución), y que, por regla general, no son directamente recurribles de forma autónoma, conforme al art. 112.1 de la Ley 39/2015, salvo que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos; en tales casos, excepcionalmente, se equiparan a efectos impugnatorios a los actos definitivos, dada la gravedad de sus efectos sobre la esfera jurídica del interesado. Esta distinción responde a la lógica de evitar una fragmentación excesiva del control judicial y administrativo del procedimiento, concentrando la posibilidad de recurso en el momento de la resolución final, salvo cuando el acto de trámite tenga, por su entidad, una virtualidad equivalente a la de un acto definitivo.

Actos que ponen fin a la vía administrativa

Los actos que ponen fin a la vía administrativa son aquellos frente a los cuales ya no cabe interponer recurso de alzada, sino directamente recurso potestativo de reposición o, sin necesidad de este, recurso contencioso-administrativo. El art. 114 de la Ley 39/2015 enumera los supuestos en que un acto pone fin a la vía administrativa: las resoluciones de los recursos de alzada; las resoluciones de los procedimientos de impugnación previstos en el art. 112.2; las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario; los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; y las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, entre otras previstas expresamente. La determinación de qué actos ponen fin a la vía administrativa tiene una enorme trascendencia práctica, pues marca el momento a partir del cual el interesado puede acceder directamente a la tutela judicial: mientras un acto no agote la vía administrativa (siendo susceptible de recurso de alzada ante el superior jerárquico), no cabe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo que se trate del supuesto de silencio administrativo en la resolución del recurso de alzada, en cuyo caso el interesado puede optar entre esperar la resolución expresa o entender desestimado el recurso por silencio y acudir a la vía judicial.

Actos expresos y actos presuntos

Los actos expresos son aquellos en los que la Administración exterioriza formalmente su voluntad mediante una resolución escrita (o, excepcionalmente, verbal) que resuelve de forma explícita sobre el fondo del asunto planteado, cumpliendo así la obligación general de resolver que impone el art. 21.1 de la Ley 39/2015 en todos los procedimientos. Los actos presuntos son aquellos que se producen por efecto de la ley, ante el silencio de la Administración transcurrido el plazo máximo para resolver sin que esta haya dictado y notificado resolución expresa; en tal caso, el ordenamiento atribuye al silencio, según los supuestos, un valor estimatorio (silencio positivo, regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado conforme al art. 24 Ley 39/2015) o desestimatorio (silencio negativo, en los supuestos tasados legalmente exceptuados). Aunque tradicionalmente se hablaba de "acto presunto" para ambas modalidades de silencio, la doctrina y la propia Ley 39/2015 (arts. 24 y 25) reservan hoy con mayor rigor esa denominación al silencio positivo, que sí genera un verdadero acto administrativo con plenos efectos, mientras que el silencio negativo se configura más bien como una ficción legal de efectos exclusivamente procesales, que abre la vía de recurso sin que exista propiamente una declaración de voluntad administrativa equiparable a un acto en sentido estricto.

Actos simples y actos complejos

Los actos simples son aquellos que emanan de la voluntad de un único órgano administrativo, ya sea unipersonal (el titular de una Dirección General) o colegiado (un Consejo de Administración, un Jurado), constituyendo la modalidad más frecuente de acto administrativo. Los actos complejos son aquellos que resultan de la concurrencia de las voluntades de dos o más órganos administrativos, distintos entre sí, que deben coincidir y fundirse en una única declaración de voluntad para que el acto se perfeccione (por ejemplo, ciertos nombramientos que requieren la propuesta de un órgano y la aprobación de otro, o los acuerdos que exigen el refrendo o la conformidad de varios departamentos ministeriales); en el acto complejo las voluntades concurrentes se integran en una sola declaración jurídicamente unitaria, de modo que el vicio de cualquiera de las voluntades parciales que lo integran vicia el acto complejo en su conjunto. Distinto del acto complejo es el acto colegiado propiamente dicho, dictado por un único órgano de composición plural (un Tribunal calificador, una Comisión), cuya voluntad se forma internamente por el juego de las reglas de deliberación y votación (quórum, mayorías), pero que jurídicamente constituye la declaración de voluntad de un solo órgano, y no la concurrencia de varias voluntades de órganos distintos como sucede en el acto complejo en sentido estricto.

Actos administrativos generales y actos singulares

Los actos singulares son aquellos dirigidos a uno o varios destinatarios perfectamente identificados o identificables en el momento de dictarse el acto (una sanción impuesta a una empresa concreta, el nombramiento de un funcionario), constituyendo la modalidad más común y característica del acto administrativo. Los actos administrativos generales son aquellos dirigidos a una pluralidad indeterminada de destinatarios, no identificados individualmente en el momento de dictarse el acto, aunque sí determinables por referencia a criterios objetivos (todos los aspirantes a un proceso selectivo, todos los titulares de un determinado tipo de licencia, los usuarios de un servicio público); a pesar de esta generalidad subjetiva, y como ya se ha explicado al distinguirlos del Reglamento, los actos administrativos generales no tienen naturaleza normativa, sino meramente aplicativa, y se agotan con su ejecución respecto de los destinatarios concretos a los que van dirigidos, sin incorporarse de forma permanente al ordenamiento jurídico. Ejemplos característicos de actos administrativos generales son las convocatorias de procesos selectivos o de subvenciones, las órdenes de precios o de racionamiento en situaciones excepcionales, y las instrucciones de tráfico dirigidas a la generalidad de los usuarios de una vía en un momento determinado; todos ellos, pese a dirigirse a una pluralidad de sujetos, se rigen por el régimen jurídico propio de los actos administrativos y no por el de las disposiciones de carácter general.

Los actos políticos o de gobierno: concepto y control jurisdiccional (art. 2.a LJCA)

Los actos políticos o de gobierno son aquellos que, procediendo del Gobierno, se caracterizan por incidir directamente en la dirección política del Estado, expresando una decisión de oportunidad política de la más alta relevancia constitucional, más que la simple aplicación técnica del ordenamiento a un caso concreto (la disolución de las Cámaras, la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, el nombramiento y cese de altos cargos de naturaleza estrictamente política, las relaciones internacionales del Estado). El art. 2.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atribuye expresamente a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes en relación con estos actos, sean cuales fueren los motivos aducidos, lo que supone reconocer que ni siquiera los actos de gobierno gozan de una inmunidad absoluta frente al control judicial: aunque su núcleo de oportunidad política escapa al control jurisdiccional (por respeto a la separación de poderes y a la naturaleza esencialmente política, no jurídica, de la decisión), sus elementos reglados y su incidencia sobre derechos fundamentales o sobre indemnizaciones patrimoniales quedan siempre sujetos a control pleno, coherentemente con el mandato de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho del art. 103.1 CE.

Elementos reglados de los actos de gobierno susceptibles de control

Aun reconociendo la existencia de un núcleo de discrecionalidad política inmune al control jurisdiccional en los actos de gobierno, la jurisprudencia y el propio art. 2.a) LJCA identifican una serie de aspectos siempre susceptibles de fiscalización judicial. En primer lugar, la competencia del órgano que dicta el acto de gobierno: la Constitución y las leyes determinan siempre qué órgano (el Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno) puede adoptar cada tipo de decisión política, y ese elemento es plenamente revisable. En segundo lugar, el procedimiento seguido para su adopción, cuando la Constitución o la ley exijan trámites concretos (por ejemplo, la autorización previa del Congreso de los Diputados para determinadas decisiones internacionales, o el procedimiento específico para la declaración de los estados excepcionales previsto en la Ley Orgánica 4/1981). En tercer lugar, y muy especialmente, la afectación de derechos fundamentales: si un acto de gobierno, en su ejecución material, lesiona derechos fundamentales de los ciudadanos, esa afectación es siempre revisable con independencia de la naturaleza política de la decisión de fondo. En cuarto lugar, las indemnizaciones patrimoniales que pudieran derivarse de la ejecución del acto de gobierno, conforme al régimen general de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (art. 32 y siguientes Ley 40/2015), quedan también sujetas a control judicial pleno, con independencia de la legitimidad política de la decisión que las origina.

Los actos de gestión y su diferencia con los actos de autoridad

Los actos de autoridad, también llamados actos de imperio o iure imperii, son aquellos en los que la Administración actúa revestida de sus potestades exorbitantes de Derecho público, imponiendo unilateralmente su voluntad a los administrados sin necesidad de su consentimiento (sanciones, expropiaciones, órdenes, autorizaciones), y constituyen el acto administrativo en sentido propio y estricto, sujeto íntegramente al Derecho Administrativo y a sus garantías características (autotutela, presunción de validez, control contencioso-administrativo). Los actos de gestión, en cambio, son aquellos en los que la Administración actúa despojada de sus potestades exorbitantes, situándose en un plano de igualdad, o cuasi igualdad, con los particulares, típicamente en el ámbito de la gestión de su patrimonio privado (arrendamiento de un bien patrimonial no afecto a un uso o servicio público, compraventa de bienes muebles ordinarios) o de determinadas relaciones laborales de su personal no funcionarial; estos actos se rigen, en gran medida, por el Derecho privado, y los litigios que de ellos deriven corresponden, según los casos, al orden jurisdiccional civil o social, y no al contencioso-administrativo, salvo en cuanto a los denominados actos separables de preparación y adjudicación, que siguen sujetos a Derecho Administrativo. Esta distinción, de raíz clásica en la doctrina francesa e italiana, ha perdido parte de su nitidez con la expansión del Derecho Administrativo a ámbitos antes considerados de gestión privada, pero conserva utilidad para determinar el régimen jurídico y jurisdiccional aplicable.

La distinción entre acto administrativo y contrato administrativo

El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad de la Administración, que produce efectos jurídicos con independencia de la voluntad o del consentimiento del destinatario, quien se encuentra en una posición de sujeción frente a la decisión administrativa (sin perjuicio de su derecho a recurrirla). El contrato administrativo, en cambio, es un acuerdo bilateral de voluntades entre la Administración y un contratista particular, que nace del consentimiento de ambas partes y genera obligaciones recíprocas para ambas, regulado con carácter general por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. A pesar de esta diferencia estructural esencial -unilateralidad frente a bilateralidad-, ambas figuras comparten un mismo sustrato de Derecho público, en la medida en que el contrato administrativo, precisamente por afectar a intereses generales, atribuye a la Administración contratante una serie de prerrogativas exorbitantes propias del Derecho público (potestad de interpretación unilateral del contrato, de modificación por razones de interés público, de resolución anticipada, de imposición de penalidades), muy próximas en su naturaleza a las potestades que sustentan el acto administrativo unilateral. Esta cercanía explica la técnica de los actos separables, que aísla dentro del iter contractual aquellas decisiones de naturaleza propiamente unilateral y administrativa (preparación, adjudicación, interpretación, modificación, resolución) del núcleo estrictamente contractual del cumplimiento y ejecución de las prestaciones pactadas.

Los actos administrativos plúrimos

Los actos administrativos plúrimos son aquellos que, dictados formalmente como un único acto, contienen en realidad una pluralidad de decisiones individualizadas, cada una de ellas referida a un destinatario o supuesto de hecho distinto y perfectamente separable de los demás, aunque se agrupen en un solo documento por razones de economía procedimental (por ejemplo, la resolución conjunta de una convocatoria de subvenciones que concede o deniega la ayuda a cada uno de los solicitantes, o el acuerdo único que resuelve simultáneamente varios expedientes sancionadores acumulados por conexión). A diferencia del acto administrativo general, en el que existe una única decisión con pluralidad de destinatarios indiferenciados, en el acto plúrimo existen tantas decisiones jurídicamente autónomas como destinatarios, de modo que la validez o invalidez de cada una de ellas es independiente de las restantes: la eventual anulación de la decisión referida a un destinatario concreto no afecta, en principio, a la validez de las decisiones referidas a los demás destinatarios contenidas en el mismo documento formal. Esta autonomía se proyecta también sobre el régimen de recursos: cada interesado puede recurrir únicamente la parte del acto plúrimo que le afecta directamente, sin necesidad de impugnar la totalidad del documento, y el plazo de recurso se computa de forma independiente para cada destinatario desde que se le practica la notificación individualizada correspondiente.

La forma escrita como regla general de los actos administrativos (art. 36 Ley 39/2015)

El art. 36.1 de la Ley 39/2015 establece que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia, consagrando así la forma escrita, hoy preferentemente electrónica, como regla general del Derecho Administrativo español. Esta exigencia de forma escrita responde a razones de seguridad jurídica (facilita la prueba del contenido exacto del acto), de garantía para el interesado (permite conocer con precisión el alcance de la decisión y los recursos procedentes) y de control (facilita la fiscalización administrativa y judicial posterior de la actuación administrativa). No obstante, la propia norma admite excepciones cuando la naturaleza del acto exija o permita otra forma: así, el art. 36.2 se refiere a los actos administrativos que se produzcan mediante actuación automatizada, y el art. 36.3 admite expresamente que, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del acto la autoridad de la que procede; en el caso de los órganos colegiados, las resoluciones adoptadas de forma verbal en las correspondientes sesiones se recogerán en el acta de la sesión, sin perjuicio de la validez del acuerdo desde su adopción.

Los actos administrativos electrónicos

El acto administrativo electrónico es aquel que la Administración produce, gestiona, notifica o archiva utilizando medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos, categoría que la Ley 39/2015 configura ya no como excepción sino como la modalidad ordinaria y preferente de actuación administrativa, en desarrollo del principio de administración electrónica y del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (arts. 12 a 17 Ley 39/2015). Dentro de esta categoría cobran especial relevancia los actos administrativos automatizados, definidos por el art. 41 de la Ley 40/2015 como aquellos dictados por las Administraciones Públicas en el marco de un procedimiento administrativo por cualquier órgano de la Administración Pública, en el ejercicio de sus competencias, sin intervención directa de un empleado público, mediante sistemas de información adecuadamente programados de antemano; para garantizar su validez, la ley exige que se establezca previamente el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información, así como para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema, debiendo indicarse además el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. Los actos electrónicos, incluidos los automatizados, gozan de la misma presunción de validez y eficacia jurídica que los actos tradicionales en soporte papel, siempre que respeten las garantías de autenticidad, integridad y conservación exigidas por la normativa de administración electrónica.

Los actos separables en la contratación administrativa

La técnica de los actos separables, de construcción jurisprudencial ya clásica y hoy plenamente consolidada en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, permite descomponer el conjunto de decisiones que rodean la vida de un contrato administrativo en dos bloques de naturaleza jurídica diferenciada. Por un lado, los actos preparatorios y de adjudicación del contrato (elaboración de los pliegos, aprobación del expediente de contratación, selección del contratista, adjudicación) tienen naturaleza propiamente administrativa y unilateral, se dictan en ejercicio de una potestad administrativa y están sujetos íntegramente al Derecho Administrativo, siendo recurribles a través del recurso especial en materia de contratación (para los contratos sujetos a regulación armonizada y otros supuestos legalmente previstos) o del recurso administrativo ordinario, y en último término ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por otro lado, el propio contrato, una vez perfeccionado, y su cumplimiento y ejecución material, se rigen por las reglas específicas de la contratación administrativa e, incluso en algunos aspectos, supletoriamente por el Derecho privado, sin perjuicio de que las decisiones que la Administración adopte durante la ejecución en uso de sus prerrogativas exorbitantes (interpretación, modificación, resolución, imposición de penalidades) sigan calificándose igualmente como actos administrativos separables, sujetos también al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, a diferencia de las controversias estrictamente relativas al cumplimiento de las prestaciones pactadas.

Actos recepticios y no recepticios

Los actos administrativos pueden clasificarse también según la necesidad o no de que su contenido sea puesto en conocimiento de un destinatario concreto para desplegar eficacia. Los actos recepticios son aquellos cuya eficacia frente al interesado queda condicionada a su notificación, de modo que, aunque el acto exista y sea válido desde que se dicta, no produce efectos frente a su destinatario hasta que este lo conoce formalmente a través de la correspondiente notificación (art. 39.2 Ley 39/2015); constituyen la inmensa mayoría de los actos administrativos de contenido singular, pues no resultaría razonable que una decisión que afecta a una persona concreta pudiera desplegar efectos frente a ella sin que llegara a su conocimiento. Los actos no recepticios, en cambio, despliegan su eficacia desde el momento mismo en que se dictan, o desde su publicación general, sin necesidad de una comunicación individualizada a cada uno de sus destinatarios; es el caso típico de los actos administrativos generales (una convocatoria de oposiciones, una orden de precios) y, con mayor razón, de los reglamentos, cuya eficacia se vincula a su publicación oficial y no a la notificación personal a cada uno de los innumerables sujetos a los que, en abstracto, puede llegar a afectar. Esta distinción tiene relevancia práctica para determinar el momento inicial del cómputo de los plazos de impugnación en cada caso.

Los actos de las Autoridades Administrativas Independientes

Las Autoridades Administrativas Independientes (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Banco de España en sus funciones de supervisión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otras) constituyen entes públicos dotados de un régimen de independencia funcional reforzada respecto del Gobierno, precisamente para garantizar la neutralidad técnica de su actuación en sectores especialmente sensibles a la influencia política (regulación de mercados, supervisión financiera, defensa de la competencia). Los actos que dictan estas autoridades en ejercicio de sus potestades (resoluciones sancionadoras, autorizaciones, requerimientos de información) son, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, auténticos actos administrativos, sujetos al régimen común de la Ley 39/2015 (elementos, invalidez, motivación) y fiscalizables por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que su particular régimen de independencia orgánica altere en nada la calificación jurídica de su actividad jurídica unilateral como acto administrativo en sentido técnico. La singularidad de estas entidades reside, por tanto, no en la naturaleza de los actos que dictan, sino en su posición institucional: sus órganos rectores gozan de un mandato de duración determinada no coincidente con el ciclo político, de causas tasadas de cese, y de un régimen reforzado de incompatibilidades, precisamente para blindar su actuación frente a instrucciones o injerencias del Gobierno, al que normalmente no están jerárquicamente subordinadas, sin perjuicio del control de legalidad que sobre sus actos ejercen en todo caso los Tribunales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El acto administrativo es una especie del género acto jurídico, caracterizada por proceder de una Administración en ejercicio de una potestad administrativa y someterse a un régimen exorbitante propio (presunción de validez, ejecutividad, invalidez tasada).
  • La clasificación de Zanobini distingue actos de declaración de voluntad, de juicio, de deseo y de conocimiento (estos últimos, los actos certificantes).
  • La competencia (elemento subjetivo) es irrenunciable y su infracción manifiesta por razón de materia o territorio determina nulidad de pleno derecho (art. 47.1.b Ley 39/2015); la incompetencia jerárquica no manifiesta es simplemente anulable y convalidable (art. 52.3).
  • Los elementos objetivos son presupuesto de hecho, causa, fin y contenido; el fin es siempre reglado, incluso en las potestades más discrecionales, y su desviación constituye desviación de poder.
  • La omisión total y absoluta del procedimiento determina nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e Ley 39/2015); la forma escrita, preferentemente electrónica, es la regla general (art. 36.1 Ley 39/2015), admitiéndose la forma oral con constancia posterior.
  • Los actos favorables solo pueden dejarse sin efecto por la Administración mediante revisión de oficio (art. 106) o declaración de lesividad (art. 107); los actos de gravamen son libremente revocables en beneficio del interesado (art. 109.1 Ley 39/2015).
  • Los actos de trámite no son recurribles autónomamente salvo que decidan el fondo, hagan imposible continuar el procedimiento, o produzcan indefensión o perjuicio irreparable (art. 112.1 Ley 39/2015).
  • El art. 114 de la Ley 39/2015 enumera los actos que ponen fin a la vía administrativa: resoluciones de recursos de alzada, resoluciones de órganos sin superior jerárquico, acuerdos y convenios finalizadores, y resoluciones de responsabilidad patrimonial, entre otros.
  • Solo el silencio positivo genera un verdadero acto administrativo (acto presunto en sentido propio); el silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales que abre la vía de recurso.
  • El acto complejo resulta de la fusión de voluntades de varios órganos distintos en una sola declaración; el acto colegiado, aunque se forma por deliberación y votación interna, es jurídicamente la voluntad de un único órgano.
  • El acto administrativo general, pese a dirigirse a una pluralidad indeterminada de destinatarios, no tiene naturaleza normativa: se agota con su aplicación y no se incorpora de forma permanente al ordenamiento, a diferencia del Reglamento.
  • Los actos políticos o de gobierno (art. 2.a LJCA) no son inmunes al control judicial: sus elementos reglados (competencia, procedimiento), la afectación de derechos fundamentales y las indemnizaciones procedentes son siempre revisables.
  • Los actos de autoridad (iure imperii) están sujetos al Derecho Administrativo y a la jurisdicción contencioso-administrativa; los actos de gestión (iure gestionis) se rigen por Derecho privado y corresponden, según los casos, al orden civil o social.
  • El acto administrativo es unilateral; el contrato administrativo es bilateral, aunque atribuye a la Administración prerrogativas exorbitantes (interpretación, modificación, resolución) que se articulan mediante la técnica de los actos separables.
  • En el acto plúrimo cada decisión individualizada agrupada en un mismo documento es jurídicamente autónoma: su invalidez o su recurso no afecta a las decisiones referidas a los demás destinatarios, y el plazo de recurso corre de forma independiente para cada uno.
  • El acto administrativo automatizado (art. 41 Ley 40/2015) exige la previa definición del órgano competente para las especificaciones y control de calidad del sistema, y del órgano responsable a efectos de impugnación, y goza de la misma presunción de validez que un acto ordinario.
  • Los actos separables de preparación y adjudicación de un contrato administrativo (pliegos, adjudicación) son actos administrativos sujetos al Derecho Administrativo y recurribles en vía administrativa y contencioso-administrativa, frente al núcleo estrictamente contractual del cumplimiento de las prestaciones.
  • El acto recepticio no despliega eficacia frente al destinatario hasta su notificación (art. 39.2 Ley 39/2015); el acto no recepticio (actos generales, reglamentos) despliega eficacia desde su publicación, sin notificación individualizada.
  • Los actos de las Autoridades Administrativas Independientes (CNMC, Banco de España) son actos administrativos ordinarios sujetos a la Ley 39/2015 y a la jurisdicción contencioso-administrativa; su singularidad es orgánica (independencia del Gobierno), no la naturaleza jurídica de sus actos.
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Conforme a la clasificación de Zanobini sobre el contenido de la declaración administrativa, ¿qué tipo de declaración realiza la Administración cuando da fe de un hecho mediante una inscripción registral o un certificado?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 21 de Inspector Trabajo?

El acto administrativo constituye la categoría central y más estudiada de la parte general del Derecho Administrativo, en cuanto instrumento jurídico ordinario a través del cual la Administración declara su voluntad, juicio, deseo o conocimiento en el ejercicio de una potestad administrativa. Este tema aborda el concepto de acto jurídico y su especificación en el acto administrativo, los elementos que lo integran (subjetivos, objetivos y formales), y las múltiples clasificaciones doctrinales que permiten sistematizar la enorme variedad de actos que la Administración dicta en su actividad ordinaria: favorables y de gravamen, definitivos y de trámite, expresos y presuntos, simples y complejos. Se dedica también atención a la controvertida figura de los actos políticos o de gobierno y a la distinción entre acto administrativo, contrato administrativo y actos de gestión sujetos al Derecho privado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?

El acto administrativo es una especie del género acto jurídico, caracterizada por proceder de una Administración en ejercicio de una potestad administrativa y someterse a un régimen exorbitante propio (presunción de validez, ejecutividad, invalidez tasada). La clasificación de Zanobini distingue actos de declaración de voluntad, de juicio, de deseo y de conocimiento (estos últimos, los actos certificantes). La competencia (elemento subjetivo) es irrenunciable y su infracción manifiesta por razón de materia o territorio determina nulidad de pleno derecho (art. 47.1.b Ley 39/2015); la incompetencia jerárquica no manifiesta es simplemente anulable y convalidable (art. 52.3). Los elementos objetivos son presupuesto de hecho, causa, fin y contenido; el fin es siempre reglado, incluso en las potestades más discrecionales, y su desviación constituye desviación de poder. La omisión total y absoluta del procedimiento determina nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e Ley 39/2015); la forma escrita, preferentemente electrónica, es la regla general (art. 36.1 Ley 39/2015), admitiéndose la forma oral con constancia posterior. Los actos favorables solo pueden dejarse sin efecto por la Administración mediante revisión de oficio (art. 106) o declaración de lesividad (art. 107); los actos de gravamen son libremente revocables en beneficio del interesado (art. 109.1 Ley 39/2015). Los actos de trámite no son recurribles autónomamente salvo que decidan el fondo, hagan imposible continuar el procedimiento, o produzcan indefensión o perjuicio irreparable (art. 112.1 Ley 39/2015). El art. 114 de la Ley 39/2015 enumera los actos que ponen fin a la vía administrativa: resoluciones de recursos de alzada, resoluciones de órganos sin superior jerárquico, acuerdos y convenios finalizadores, y resoluciones de responsabilidad patrimonial, entre otros. Solo el silencio positivo genera un verdadero acto administrativo (acto presunto en sentido propio); el silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales que abre la vía de recurso. El acto complejo resulta de la fusión de voluntades de varios órganos distintos en una sola declaración; el acto colegiado, aunque se forma por deliberación y votación interna, es jurídicamente la voluntad de un único órgano. El acto administrativo general, pese a dirigirse a una pluralidad indeterminada de destinatarios, no tiene naturaleza normativa: se agota con su aplicación y no se incorpora de forma permanente al ordenamiento, a diferencia del Reglamento. Los actos políticos o de gobierno (art. 2.a LJCA) no son inmunes al control judicial: sus elementos reglados (competencia, procedimiento), la afectación de derechos fundamentales y las indemnizaciones procedentes son siempre revisables. Los actos de autoridad (iure imperii) están sujetos al Derecho Administrativo y a la jurisdicción contencioso-administrativa; los actos de gestión (iure gestionis) se rigen por Derecho privado y corresponden, según los casos, al orden civil o social. El acto administrativo es unilateral; el contrato administrativo es bilateral, aunque atribuye a la Administración prerrogativas exorbitantes (interpretación, modificación, resolución) que se articulan mediante la técnica de los actos separables. En el acto plúrimo cada decisión individualizada agrupada en un mismo documento es jurídicamente autónoma: su invalidez o su recurso no afecta a las decisiones referidas a los demás destinatarios, y el plazo de recurso corre de forma independiente para cada uno. El acto administrativo automatizado (art. 41 Ley 40/2015) exige la previa definición del órgano competente para las especificaciones y control de calidad del sistema, y del órgano responsable a efectos de impugnación, y goza de la misma presunción de validez que un acto ordinario. Los actos separables de preparación y adjudicación de un contrato administrativo (pliegos, adjudicación) son actos administrativos sujetos al Derecho Administrativo y recurribles en vía administrativa y contencioso-administrativa, frente al núcleo estrictamente contractual del cumplimiento de las prestaciones. El acto recepticio no despliega eficacia frente al destinatario hasta su notificación (art. 39.2 Ley 39/2015); el acto no recepticio (actos generales, reglamentos) despliega eficacia desde su publicación, sin notificación individualizada. Los actos de las Autoridades Administrativas Independientes (CNMC, Banco de España) son actos administrativos ordinarios sujetos a la Ley 39/2015 y a la jurisdicción contencioso-administrativa; su singularidad es orgánica (independencia del Gobierno), no la naturaleza jurídica de sus actos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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